República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00142-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00142-01 (3061-2022)
Demandante: Martha Cristina Altahona Ariza
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Tema: retroactivo pensional. Subtema. Ineptitud sustantiva de la demanda.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 2 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, mediante la cual declaró probada la excepción de
prescripción y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Martha Cristina Altahona Ariza solicitó la nulidad de los actos administrativos
a través de los cuales la entidad accionada le negó el reconocimiento y pago de las
mesadas pensionales no pagadas desde la fecha en la que consolidó el estatus
pensional, 6 de mayo de 2010, y aquella en la que se ordenó el pago de la pensión de
jubilación, 31 de julio de 2013.
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al declarar probada la excepción de
prescripción del derecho reclamado. Adujo que, si bien la accionante tenía derecho a
recibir el pago del retroactivo pensional por el periodo comprendido del 2 de febrero
de 2012 y el 31 de mayo de 2013, lo cierto era que se configuró el fenómeno de
prescripción trienal. Esto, comoquiera que el término para acudir a la administración
vencía el 7 de octubre de 2016, el cual comenzó a contabilizarse a partir del 7 de
octubre de 2013, fecha en la que la accionante interpuso el recurso de reposición
contra la Resolución 0675 del 20 de septiembre de 2013, que le reconoció el retroactivo
pensional por el lapso del 1 de junio de 2013 al 31 de julio del mismo año; sin embargo,
no se presentó solicitud alguna y solo se radicó la demanda hasta el 6 de noviembre
de 2019.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00142-01 (3061-2022)
Demandante: Martha Cristina Altahona Ariza
Demandado: Fonprecon
Esta Subsección confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto
a la negativa a las súplicas del presente medio de control, pero por las razones
expuestas en esta providencia, y revocará el numeral primero, para declarar probada
de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. Esto, toda vez que no se
acusaron los actos administrativos que definieron la situación jurídica de la accionante.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 6 de noviembre de 20191, la señora Martha Cristina
Altahona Ariza, por conducto de apoderada, presentó demanda laboral en contra del
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (en adelante Fonprecon), ante
la jurisdicción ordinaria, la cual declaró la falta de jurisdicción para conocer del asunto2.
En consecuencia, el expediente se remitió a esta jurisdicción, habiéndose adecuado
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyas pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho se sintetizan a continuación3.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de los actos
administrativos contenidos en el Oficio 20194000022851 del 13 de marzo de 2019 y la
Resolución 271 del 21 de mayo de 2019, mediante los cuales Fonprecon negó el pago
de las mesadas pensionales a las que tiene derecho la señora Martha Cristina
Altahona Ariza, en virtud de la Resolución 457 del 18 de julio de 2013, proferida por la
misma entidad, por el periodo comprendido entre el 6 de mayo de 2010, fecha en la
que adquirió el estatus pensional y hasta el 31 de julio de 2013.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la accionada a
reconocer y pagar las mesadas pensionales del 6 de mayo de 2010 al 31 de julio de
2013, correspondientes al retroactivo pensional dejado de pagar; sumas que se deben
reconocer de manera indexada, teniendo en cuenta los incrementos anuales e
intereses moratorios. A su vez, solicitó que se dé cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 189 a 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso—Administrativo (en adelante CPACA).
1 Se toma la fecha en la que se presentó por primera vez la demanda por el asunto objeto de controversia ante la
jurisdicción ordinaria laboral, previo al envío esta jurisdicción; fecha visible en Samai, gestión en otros despachos,
radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo 1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL
202100142.pdf(.PDF), pág. 384.
2 Auto del 19 de diciembre de 2019, proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., que
obra en Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital,
archivo 1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), pág. 386.
3 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 394 a 416.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00142-01 (3061-2022)
Demandante: Martha Cristina Altahona Ariza
Demandado: Fonprecon
2.1.2. Hechos
4. La Sala los sintetiza así:
5. Mediante la Resolución 37013 del 9 de agosto de 2007, la Caja Nacional de
Previsión Social EICE en liquidación, le reconoció a la señora Martha Cristina Altahona
Ariza una pensión gracia de jubilación.
6. Por medio de la Resolución 0108 del 25 de enero de 2012, la Dirección
Administrativa de la Cámara de Representantes le aceptó a la demandante la renuncia
al cargo de asesor IV a partir del 2 de febrero de 2012.
7. El 22 de marzo de 2012 la accionante le solicitó a Fonprecon el reconocimiento
y pago de una pensión de jubilación, por cumplir con los requisitos para el efecto.
8. En Oficio 20124000441391 del 6 de agosto de 2012, la demandada le informó
a la demandante que el tiempo de servicio prestado en calidad de docente no podía
tenerse en cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación, toda vez que
había sido contabilizado para el reconocimiento de la pensión gracia; y que, de
incluirlo, debía renunciar a esta última.
9. A través de la Resolución 1109 del 28 de diciembre de 2012, Fonprecon negó
la pensión solicitada bajo el argumento de que para acceder al reconocimiento debía
renunciar a la pensión gracia que percibía. En consecuencia, la accionante renunció a
la referida prestación, la cual fue aceptada por la UGPP mediante la Resolución RDP-
12409 del 13 de marzo de 2013, en la que se resaltó la compatibilidad entre la pensión
gracia y la pensión de jubilación.
10. Por medio de la Resolución 0457 del 18 de julio de 2013, la entidad accionada
reconoció a la demandante una pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de
1985, a partir del 6 de mayo de 2010, con efectividad a partir del retiro de nómina en
la UGPP. Sin embargo, ingresó a la nómina de pensionados el 1 de agosto de 2013.
11. Mediante la Resolución 0675 del 20 de septiembre de 2013, Fonprecon
reconoció a la accionante el valor del retroactivo pensional correspondiente de los
meses de junio y julio de 2013.
12. Posteriormente, la demandante solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de
una pensión gracia. Dicho reconocimiento fue objeto de debate en sede judicial, a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que definió el
Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá, en sentencia del 16 de septiembre
de 2016, en el sentido de ordenar a la UGPP el pago de una pensión gracia a partir
del 1 de junio de 2013. La decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia dictada el 29 de junio de 2017.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00142-01 (3061-2022)
Demandante: Martha Cristina Altahona Ariza
Demandado: Fonprecon
13. En cumplimiento de la anterior orden judicial, por medio de la Resolución RDP
038604 del 10 de octubre de 2017, la UGPP reconoció y ordenó el pago de una
pensión gracia a favor de la accionante.
14. El 27 de diciembre de 2017 la señora Martha Cristina Altahona Ariza solicitó a
Fonprecon el reconocimiento y pago del retroactivo pensional del 6 de mayo de 2010
al 31 de julio de 2013. Tal petición fue remitida a la UGPP, según lo anunció la misma
entidad.
15. El 24 de enero de 2018, la accionante reiteró la anterior solicitud ante la entidad
accionada, que mediante comunicación del 14 de febrero de 2018 indicó que ya se
había dado respuesta y que, además, la UGPP mediante comunicación del 12 de
febrero de 2018, informó a Fonprecon que había dado cumplimiento a los fallos
proferidos por la jurisdicción de lo contencioso—administrativo, los cuales versaban
sobre el reconocimiento de una pensión gracia y no sobre el pago del retroactivo
correspondiente a la pensión de jubilación.
16. El 27 de febrero de 2019 la demandante solicitó a la accionada el pago del
retroactivo correspondiente a las mesadas pensionales que no se habían reconocido,
causadas desde que el derecho se hizo efectivo, esto es, el 6 de mayo de 2010 hasta
el 31 de julio de 2013.
17. A través de la comunicación 20194000022851 del 13 de marzo de 2019, la
entidad demandada negó la petición anterior. Tal decisión fue confirmada mediante la
Resolución 271 del 21 de mayo de 2019, al resolver el recurso de reposición
interpuesto en su contra. El referido acto administrativo rechazó por improcedente el
recurso de apelación presentado.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
• Constitución Política, artículos 48, 53 y 83.
• Ley 100 de 1993, artículo 272.
• Ley 1437 de 2011, artículo 91.
• Decreto 816 de 2002, artículos 3, 4, 5, 6 y 7.
18. La parte demandante sostuvo que dentro del trámite administrativo de cobro del
pago retroactivo de las mesadas ha actuado de buena fe.
19. Adujo que Fonprecon a través de la Resolución 457 del 18 de julio de 2013,
reconoció una pensión de jubilación a favor de la accionante efectiva a partir del «mes
de febrero de 2010». Acto administrativo que se encuentra ejecutoriado, conforme con
el artículo 91 del CPACA; no obstante, las mesadas se comenzaron a pagar desde
agosto de 2013.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00142-01 (3061-2022)
Demandante: Martha Cristina Altahona Ariza
Demandado: Fonprecon
20. Señaló que la negativa de la entidad accionada al pago del retroactivo vulnera
el principio de respeto al acto propio en materia de derechos pensionales, estudiado
por la Corte Constitucional en la sentencia T-199 de 2018, comoquiera que en la misma
Resolución 457 de 2013 se definió la efectividad de la pensión desde «febrero de
2010».
21. Manifestó que Fonprecon no puede fundamentar la negativa al derecho
pretendido en que a la accionante se le reconoció el pago de una pensión gracia, toda
vez que este es un hecho posterior al reconocimiento de la pensión de jubilación.
22. Alegó que la decisión de la administración vulnera su derecho al mínimo vital,
en tanto no es admisible que para obtener el pago del retroactivo de las mesadas
pensionales deba renunciar nuevamente a la pensión gracia que le fue reconocida a
través de una decisión judicial, teniendo en cuenta que ambos derechos son
independientes, autónomos y compatibles.
23. Afirmó que Fonprecon, para financiar el pago de la pensión de jubilación
reconocida a la accionante con efectividad a partir del 6 de mayo de 2010, dispuso en
la Resolución 457 de 2013 que continuaría con el trámite de liquidación, emisión y
posterior cobro del bono pensional tipo C modalidad 1, y cobraría a los obligados a
«pagar dicho bono o las respectivas cuotas partes, los tiempos laborados válidos,
considerados para su liquidación y emisión, conforme a la historia laboral».
24. Precisó que, de acuerdo con lo anterior, la entidad accionada considera válida
la historia laboral de la demandante, incluidos los tiempos de servicio entre el 6 de
mayo de 2010 y el 31 de julio de «2012», percibiendo recursos para el pago de su
obligación pensional. Por ende, es incongruente que niegue el pago de las mesadas
causadas en el referido lapso.
2.2. Contestación de la demanda
25. La parte accionada se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda y
solicitó que se nieguen. Propuso las excepciones de prescripción e inexistencia de la
obligación4.
26. Resaltó que la decisión sobre el retroactivo pensional de las mesadas
pensionales del 6 de mayo de 2010 al 31 de julio de 2013, quedó en firme el 6 de
noviembre de 2013, cuando la entidad resolvió, a través de la Resolución 790 de esa
fecha, confirmar la Resolución 675 del 20 de septiembre de 2013, en la que se negó
el derecho reclamado.
4 Samai, índice 12, expediente digital, archivo 21_RECIBEMEMORIALES_ALTAHONAARI(.PDF).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00142-01 (3061-2022)
Demandante: Martha Cristina Altahona Ariza
Demandado: Fonprecon
27. Adujo que la como la petición ante la administración se presentó el 27 de
diciembre de 2017, operó el fenómeno de la prescripción, en tanto entre el 6 de
noviembre de 2013 y esta última fecha, transcurrieron más de tres años. Además, la
demanda se radicó hasta el 24 de febrero de 2021.
28. Sostuvo que la parte demandante con la petición del retroactivo pensional,
presentada el 27 de diciembre de 2017, pretende revivir términos, de manera que no
se declare la prescripción.
2.3. Sentencia de primera instancia
29. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
profirió sentencia el 2 de febrero de 2022, a través de la cual declaró probada la
excepción de prescripción, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas. La providencia se fundó en los siguientes argumentos5:
30. Manifestó que, de acuerdo con lo probado en el expediente, la demandante
consolidó su derecho a una pensión de jubilación, cuyo retroactivo solicita, el 6 de
mayo de 2010, con el cumplimiento de la edad. Por ende, a partir de ese momento
tuvo la posibilidad de no seguir laborando; no obstante, lo hizo hasta el 1 de febrero
de 2012, fecha en la que se desvinculó del servicio, cuando se le aceptó la renuncia al
cargo de asesor IV del Congreso de la República.
31. Adujo que, por razón de lo anterior, contrario a lo señalado en la demanda, el
derecho al pago de las mesadas pensionales no surgió desde el 6 de mayo de 2010,
sino a parir del día siguiente al retiro del servicio, esto es, el 2 de febrero de 2012. Ello,
máxime cuando se acreditó que se efectuaron aportes a pensión durante el periodo
comprendido del 7 de mayo de 2010 al 1 de febrero de 2012.
32. Relató que, si bien Fonprecon negó el pago del retroactivo pensional, bajo el
argumento de que la pensión de jubilación es incompatible con la pensión gracia, lo
cierto es que esa discusión fue definida por la jurisdicción de lo contencioso—
administrativo, en sentencia que tiene efectos de cosa juzgada.
33. Aclaró que el hecho de que las pensiones de jubilación y gracia hayan sido
declaradas compatibles judicialmente, no habilita a la peticionaria a solicitar el
retroactivo por el tiempo en el que aún estaba vinculada como empleada pública, el
cual pretende en el medio de control de la referencia. Esto, en tanto la pensión
ordinaria únicamente es compatible con la prestación del servicio docente, por
autorización de la Ley 91 de 1989.
34. Concluyó que la entidad accionada tenía la obligación de pagar a la demandante
el retroactivo pensional por el periodo comprendido entre el 2 de febrero de 2012 y el
5 Samai, índice 25, expediente digital, archivo 38_SENTENCIA(.PDF).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00142-01 (3061-2022)
Demandante: Martha Cristina Altahona Ariza
Demandado: Fonprecon
31 de mayo de 2013, teniendo en cuenta que fue incluida en nómina de pensionados
a partir del 1 de agosto de 2013 y, a través de la Resolución 675 del 20 de septiembre
de 2013, Fonprecon le pagó el retroactivo pensional del 1 de junio al 31 de julio de
2013.
35. En atención a la excepción de prescripción propuesta por la entidad
demandada, el Tribunal sostuvo que según se probó, la accionante interpuso recurso
de reposición contra la decisión anterior —Resolución 675 de 2013—, el 7 de octubre
de 2013, que fue resuelto por medio de la Resolución 790 del 6 de noviembre de 2013,
que la confirmó en todas sus partes.
36. Definió que ante la negativa expresa al pago pretendido, en los actos
administrativos antes mencionados, la señora Martha Cristina Altahona Ariza quedó
habilitada para acudir a esta jurisdicción a demandar las resoluciones 675 y 790 de
2013, dentro de los tres años siguientes a la fecha de presentación del recurso de
reposición contra la primera (el 7 de octubre de 2013), a más tardar el 7 de octubre de
2016, «si su intención era la de aprovechar la interrupción del término de la
prescripción», pero no fue así. Además, como no las demandó estas quedaron en
firme.
37. Precisó que las peticiones que con posterioridad presentó la accionante ante la
administración no tienen la virtualidad de revivir términos fenecidos. Y aunque se alegó
que la incompatibilidad de la pensión gracia y de la pensión de jubilación se resolvió
en las sentencias dictadas por esta jurisdicción el 16 de septiembre de 2016 y el 29 de
junio de 2017, lo cierto es que esa situación no incide en el término de prescripción
establecido en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, que se comienza a
contabilizar desde la fecha en la que el derecho se hace exigible y se interrumpe por
un lapso de tres años.
38. Resaltó que, en el caso concreto, la demandante pudo acudir a discutir la
legalidad de las resoluciones 675 del 20 de septiembre de 2013 y 790 del 6 de
noviembre de 2013, desde cuando estas le fueron notificadas; sin embargo, no lo hizo,
sino que presentó la demanda inicialmente ante la jurisdicción ordinaria laboral el 6 de
noviembre de 2019. Por tal razón, operó la prescripción extintiva del retroactivo
pensional.
39. Indicó que no condenaría en costas a la parte vencida dentro del trámite de
primera instancia, por cuanto no incurrió en conductas dilatorias o temerarias.
2.4. Recurso de apelación
40. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos6:
6 Samai, índice 28, expediente digital, archivo 40_RECIBEMEMORIALES_202100142(.PDF).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00142-01 (3061-2022)
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Demandado: Fonprecon
41. Cuestionó el razonamiento efectuado por Tribunal, quien declaró probada la
excepción de prescripción propuesta por Fonprecon, bajo el entendido de que el
término prescriptivo previsto en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 comenzaba
a contarse desde la fecha en que el derecho se hizo exigible. En criterio de la
recurrente, dicho razonamiento resulta insuficiente, por cuanto omite valorar el
proceder concreto de la entidad demandada a lo largo de toda la actuación
administrativa.
42. Explicó que la entidad accionada no solo invocó la incompatibilidad entre la
pensión gracia y la pensión de jubilación, sino que, con base en ese argumento,
condicionó la exigibilidad del derecho al retroactivo, primero a la renuncia a la pensión
gracia y, posteriormente, a la verificación de que no se hubiese efectuado el pago por
el fondo responsable de dicha prestación. Esta conducta persistió incluso después de
que la jurisdicción de lo contencioso—administrativo definiera la discusión mediante
las sentencias proferidas el 16 de septiembre de 2016 y el 29 de junio de 2017, en las
que se estableció la compatibilidad e independencia entre ambas pensiones, tanto
desde el punto de vista de su naturaleza jurídica como de las entidades previsionales
obligadas y del alcance de sus respectivas obligaciones.
43. Sostuvo que, a pesar del conocimiento que Fonprecon tenía de los
mencionados pronunciamientos judiciales, persistió en su interpretación restrictiva y
continuó condicionando la exigibilidad del derecho, hasta que finalmente, mediante los
actos administrativos demandados en el presente proceso, decidió y comunicó a la
demandante que el derecho reconocido no era exigible, al considerar que el retroactivo
había sido pagado por la entidad responsable de la pensión gracia. Adujo que, de esta
manera, fue la propia entidad demandada quien le dio al reconocimiento del derecho
y a su exigibilidad la naturaleza de un acto administrativo complejo, cuya existencia
jurídica dependía de la concurrencia de múltiples voluntades y circunstancias, como lo
sostuvo la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso—
Administrativo, en sentencia del 14 de febrero de 20127.
44. Consideró que el término de prescripción previsto en los decretos 3135 de 1968
y 1848 de 1969 únicamente podía contarse a partir de «la fecha de los actos
administrativos demandados», pues fue en ese momento cuando Fonprecon decidió y
notificó formalmente a la demandante que el derecho reconocido no era exigible y por
ende no procedería a pagarlo, en tanto así lo había hecho el fondo encargado de la
pensión gracia.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
45. Mediante auto del 11 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
7 M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00142-01 (3061-2022)
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Demandado: Fonprecon
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia8.
46. La entidad accionada presentó memorial en el que adujo que compartía la
decisión del Tribunal, en cuanto a considerar que la exigibilidad del derecho pretendido
no dependía de las consideraciones de Fonprecon en la actuación administrativa.
Manifestó que la espera de la accionante para que se resolviera judicialmente el
reconocimiento de la pensión gracia no modifica el derecho al pago del retroactivo
pensional. Señaló que las resoluciones 0675 y 0790 de 2013 fueron demandadas
dentro de la oportunidad concedida por la ley9.
2.6. Ministerio Público
47. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado guardó
silencio10.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
48. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
49. La Sala advierte que los argumentos expuestos en la alzada versan sobre la
inconformidad respecto a la excepción de prescripción del derecho que dio lugar a la
negativa de las pretensiones de la demanda y, si bien el problema jurídico debería
dirigirse a resolver ese asunto, antes de ello es necesario precisar aspectos de índole
procesal, concernientes a los presupuestos para adelantar la presente controversia.
En tal sentido, corresponde a la Sala definir si:
50. ¿La demanda se dirigió contra los actos administrativos que por primera vez
negaron el retroactivo pensional pretendido? En caso negativo, ¿dicha omisión
configura la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda?
51. De no haberse configurado la excepción de inepta demanda, ¿operó la
prescripción extintiva del derecho de la accionante al pago retroactivo de las mesadas
no pagadas por la entidad accionada, durante el periodo comprendido del 2 de febrero
de 2012 al 31 de mayo de 2013?
8 Samai, índice 04, expediente digital, archivo AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.doc).
9 Samai, índice 09, expediente digital, archivo 8_MemorialWeb_Alegatos(.pdf).
10 Samai, índice 07, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00142-01 (3061-2022)
Demandante: Martha Cristina Altahona Ariza
Demandado: Fonprecon
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. De la excepción de inepta demanda
52. La excepción de ineptitud de la demanda, conforme a lo previsto en el numeral
5 del artículo 100 del Código General del Proceso, en adelante CGP, puede alegarse
únicamente, por la falta de requisitos formales o por indebida acumulación de
pretensiones.
53. Por falta de los requisitos formales: la excepción resulta procedente cuando la
demanda no cumple con los requisitos relativos a su contenido y anexos, establecidos
en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA, los cuales determinan los elementos
que debe contener el escrito, la forma de individualizar las pretensiones y los
documentos que deben acompañarlo. Se exceptúan de esta regla los anexos
señalados en los numerales 3 y 4 del artículo 166 ibidem, respecto de los cuales opera
la excepción específica contenida en el numeral 6 del artículo 100 del CGP.
54. No obstante, dichos requisitos pueden ser subsanados en el momento de la
subsanar o reformar de la demanda, como lo disponen los artículos 170 y 173 del
CPACA, en concordancia con el numeral 3 del artículo 101 del CGP o dentro del
término de traslado de la respectiva excepción, con ocasión de la modificación
introducida por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 al parágrafo segundo del artículo
175 del CPACA, en armonía con el numeral 1 del artículo 101 del CGP.
55. Por indebida acumulación de pretensiones: Esta excepción prospera por la
inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 137 y ss. y
165 del CPACA.
3.3.2. Actos administrativos sujetos de control judicial
56. El acto administrativo ha sido definido como la expresión de la voluntad de la
administración que produce efectos jurídicos, en el sentido de que crea, modifica o
extingue una situación particular o general; es decir, que: (1) constituye una
declaración unilateral de la voluntad; (2) es expedido en ejercicio de la función
administrativa; (3) encaminado a producir efectos jurídicos de manera directa sobre
una situación jurídica; y (4) conlleva la creación, modificación o extinción de una
situación jurídica general o particular, que impacta en los derechos u obligaciones de
las personas concernidas, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito»11.
57. Ahora bien, el artículo 43 del CPACA define los actos administrativos definitivos
como aquellos que deciden «directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de mayo de 2018, procedo con radicado 52001-
33-33-000-2015-00650-01 (1921-16). M. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandado: Fonprecon
imposible continuar la actuación» administrativa, ya sea porque definen la situación
jurídica en cuestión o impiden la continuación del procedimiento. Esta corporación los
ha distinguido respecto de los de trámite, preparatorios y de ejecución; los
primeros, son aquellos que dicta la administración para impulsar el respectivo
procedimiento y decidir posteriormente el fondo del asunto, los cuales en principio no
son objeto de control judicial, salvo que hagan imposible la continuación del
procedimiento administrativo12.
58. Por su parte, los actos preparatorios, según lo ha señalado la doctrina13, más
que impulsar la actuación administrativa, tienen por finalidad contribuir para estructurar
la decisión o el acto que la terminará. Por ello, se pueden considerar como tales los
conceptos, dictámenes, consultas, propuestas y demás actuaciones de igual
naturaleza. Estos actos no contienen órdenes ni decisiones vinculantes para el
desarrollo del procedimiento; su función es más probatoria que de impulso del
procedimiento administrativo. A su vez, pueden ser examinados por el juez de lo
contencioso-administrativo cuando impiden continuar con la actuación
administrativa14.
59. Por último, los de ejecución se circunscriben a dar cumplimiento a una decisión
judicial o administrativa, sin que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las
de la providencia judicial o el acto ejecutado.
60. En tal sentido, por regla general, los actos administrativos definitivos serían los
únicos susceptibles de control jurisdiccional por cuanto tienen la vocación de crear,
modificar o extinguir una situación jurídica particular o general, los cuales pueden ser
expresos o fictos. No obstante, los de trámite y preparatorios podrían ser demandables
en los casos excepcionales anteriormente señalados.
3.4. Hechos probados relevantes
61. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
62. La señora Martha Cristina Altahona Ariza nació el 6 de mayo de 1955, según la
copia de la cédula de ciudadanía15.
63. La demandante prestó sus servicios como docente en la Secretaría de
Educación del Distrito de Santa Marta, del 16 de junio de 1977 al 1 de agosto de 2011.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de julio de 2018, proceso con radicado
76001 23 31 000 2015 05190 01 (3625-2015). M. P. William Hernández Gómez.
13 Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto administrativo según la ley, la jurisprudencia y la doctrina.
Librería Ediciones del Profesional Ltda. 7ª Ed., 2015, pág. 327.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2018, exp.
050012333000201501359 01 (4887-2016), M. P. William Hernández Gómez.
15 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), pág. 27.
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Demandado: Fonprecon
Con licencias no remuneradas del 19 de agosto de 2004 al 19 de noviembre de 2004
y del 26 de julio de 2010 al 25 de julio de 2011. Esto, según la copia del formato único
para la expedición de certificado de historia laboral del 16 de enero de 2012 y del
certificado de información laboral del 16 de julio de 2012, emitidos ambos por la
señalada Secretaría de Educación16.
64. Mediante la Resolución 37013 del 9 de agosto de 2007, la Caja de Previsión
Social EICE (en adelante Cajanal EICE), reconoció a favor de la accionante una
pensión gracia a partir del 6 de mayo de 2005. Para el efecto se tuvo en cuenta el
tiempo de servicios prestado al «departamento del Magdalena» en calidad de docente,
del 20 de junio de 1977 al 30 de septiembre de 200617.
65. La señora Martha Cristina Altahona Ariza laboró para la Cámara de
Representantes en el cargo de asesor IV, desde el 26 de julio de 2010 hasta el 1 de
febrero de 2012; periodo en el que estuvo afiliada a Fonprecon, como fondo de
previsión social, de acuerdo con la copia del certificado laboral expedido el 10 de abril
de 2012 por la misma entidad18.
66. Por medio de la Resolución 0108 del 25 de enero de 2012, la Cámara de
Representantes le aceptó a la accionante la renuncia al cargo de asesor IV, de una
Unidad de Trabajo Legislativo, a partir del 2 de febrero de 201219.
67. El 22 de marzo de 2012, la demandante solicitó a Fonprecon el reconocimiento
y pago de una pensión de jubilación20.
68. El 6 de agosto de 2012, el referido fondo le informó a la accionante que para
poderle incluir el tiempo laborado a la Secretaría de Educación de Santa Marta debía
renunciar a la pensión gracia que percibía. Para ello, le concedió el término de un mes,
advirtiendo que una vez vencido este se decretaría el desistimiento y archivo de la
solicitud pensional21.
69. Mediante memorial radicado el 27 de agosto de 2012, la señora Martha Cristina
Altahona Ariza le informó a Fonprecon que presentó ante Cajanal EICE la renuncia a
16 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 29 a 30, 82.
17 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 55 a 57.
18 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), pág. 65.
19 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), pág. 233.
20 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 40 a 41.
21 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 86 a 89.
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Demandado: Fonprecon
la pensión gracia, como le había sido solicitado, y allegó los soportes
correspondientes22.
70. A través de la Resolución 1109 del 28 de diciembre de 2012, la entidad
demandada negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a favor de la
accionante, bajo el argumento de que no acreditó los 20 años de servicio exigidos por
la Ley 33 de 1985 para el efecto. Indicó que ese periodo debía ser «diferente del tenido
en cuenta por la Caja Nacional de Previsión Social para el reconocimiento de la
pensión gracia»23.
71. El 6 de febrero de 2013, la accionante interpuso recurso de reposición contra la
Resolución 1109 de 201224. Tal decisión fue confirmada por medio de la Resolución
1109 del 15 de marzo de 201325.
72. El mismo día, la demandante le reiteró a la UGPP la solicitud de aceptación de
la renuncia a la pensión gracia26.
73. Mediante la Resolución RDP 012409 del 13 de marzo de 2013, la UGPP revocó
la Resolución 37013 del 9 de agosto de 2007, en la cual se había reconocido una
pensión gracia a la accionante27.
74. Por medio de la Resolución 0204 del 18 de abril de 2013, Fonprecon negó la
solicitud de revocatoria directa de la Resolución 1109 del 28 de diciembre de 2012,
efectuada por la demandante28.
75. A través de la Resolución 0457 del 18 de julio de 2013, la entidad accionada
reconoció a favor de la señora Martha Cristina Altahona Ariza una pensión de
jubilación, a partir del 6 de mayo de 2010, efectiva desde el retiro de nómina en la
UGPP (pensión gracia). Se dispuso que el valor de la pensión sería financiado
mediante la figura del bono pensional tipo c modalidad 1, razón por la cual Fonprecon
continuaría con el trámite de liquidación, emisión y posterior cobro de este29.
22 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 91 a 95.
23 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 110 a 118.
24 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 125 a 130.
25 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 151 a 155.
26 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 142 a 146.
27 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 160 a 163.
28 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 176 a 179.
29 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 212 a 220.
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76. Por medio de la Resolución 0675 del 20 de septiembre de 2013, la entidad
accionada reconoció a favor de la demandante el retroactivo pensional por el periodo
comprendido entre el 1 de junio de 2013 hasta el 31 de julio del mismo año 30. Tal
decisión se notificó personalmente el 24 de septiembre de 201331.
77. El 1 de agosto de 2013 la accionante ingresó a nómina de pensionados32.
78. El 7 de octubre de 2013, la demandante interpuso recurso de reposición contra
el anterior acto administrativo33. Alegó que tenía derecho al pago de la pensión de
jubilación a partir del momento en que consolidó el estatus pensional, por lo que pidió
el pago del retroactivo desde el 6 de mayo de 201034. No obstante, este se confirmó
mediante la Resolución 0790 del 6 de noviembre de 201335. Dicha decisión se notificó
personalmente día 7 del mismo mes y año36.
79. El 16 de septiembre de 2016, el Juzgado 52 Administrativo del Circuito de
Bogotá dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada
por la señora Martha Cristina Altahona Ariza en contra de la UGPP, con radicación
11001-33-35-704-2014-00092-00, profirió sentencia en la que ordenó a dicha entidad
reconocer y pagar a favor de la demandante una pensión gracia, desde el 1 de junio
de 201337. La decisión fue confirmada en el fallo del 29 de junio de 2017 dictado por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E38.
80. La UGPP dio cumplimiento a la anterior orden judicial, a través de la Resolución
RDP 038604 del 10 de octubre de 2017. En tal sentido, reconoció una pensión gracia
a la accionante, a partir del 6 de mayo de 2005, con efectos fiscales desde el 1 de junio
de 201339.
30 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 241 a 243.
31
Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), pág. 245.
32 Conforme se lee en la Resolución 0675 del 20 de septiembre de 2013, que obra en Samai, gestión en otros
despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo 1_ED_EXPEDIENTE
DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), pág. 242.
33 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), pág. 251. Fecha que además se señala en la Resolución
0790 de 2013, que resolvió el recurso de reposición, visible en Samai, gestión en otros despachos, radicación
2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo 1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL
202100142.pdf(.PDF), págs. 254.
34 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 251.
35 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 253 a 257.
36 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), pág. 257.
37 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 279 a 293.
38 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 300 a 315.
39 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 339 a 343.
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Demandado: Fonprecon
81. El 27 de diciembre de 2017, la demandante le solicitó a Fonprecon el
reconocimiento y pago del retroactivo pensional por el periodo comprendido del 6 de
mayo de 2010 al 31 de julio de 201340.
82. En Oficio 20184000001211 del 5 de enero de 2018, la accionada le informó a
demandante que la petición del pago del retroactivo pensional había sido remitida por
competencia a la UGPP, por cuanto se trataba del cumplimiento de una sentencia
proferida por el Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá, que le ordenó a esta
última el reconocimiento y pago de una pensión gracia a su favor. Señaló que en dicho
fallo no se impuso a Fonprecon carga alguna41.
83. El 24 de enero de 2018, la demandante presentó una nueva petición a la entidad
demandada en la que reiteró la solicitud del reconocimiento y pago del retroactivo
pensional por el lapso del 6 de mayo de 2010 al 31 de julio de 201342.
84. Por medio del Oficio 20184000013211 del 14 de febrero de 2018, Fonprecon le
comunicó a la accionante que la misma petición se presentó con anterioridad, y fue
resuelta con el Oficio 20184000001211 del 5 de enero de 201843.
85. El 27 de febrero de 2019, la demandante le pidió a la entidad accionada, una
vez más, el reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de jubilación por el
periodo comprendido del 6 de mayo de 2010 al 31 de julio de 2013. Además, solicitó
que se le informara si Fonprecon continuó con el trámite de liquidación, emisión y
posterior cobro del bono pensional tipo C, modalidad 1, para financiar la pensión de
jubilación reconocida, en los términos del artículo séptimo de la Resolución 0457 del
18 de julio de 201344.
86. En Oficio 20194000022851 del 13 de marzo de 2019, Fonprecon le informó a la
accionante que el pago al retroactivo requerido era improcedente, toda vez que la
pensión de jubilación fue reconocida solo hasta que se notificó el retiro de la nómina
de la pensión gracia por parte de la UGPP, dada la incompatibilidad existente entre las
dos prestaciones provenientes del erario. En razón a ello, explicó que se profirieron las
resoluciones 0457, 0675 y 0790 de 2013, las cuales se encontraban en firme, siendo
«inviable su modificación administrativa sin sustento jurídico»45.
40 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 275 a 277.
41 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), pág. 323.
42 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 324 a 326.
43 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), pág. 344.
44 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 347 a 351.
45 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 357 a 359.
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87. Adujo que el fallo que ordenó el pago de la pensión gracia no es vinculante para
la entidad; no obstante, el reconocimiento eventual del retroactivo no procede desde
la adquisición del estatus pensional, debido a que el retiro del servicio ocurrió a partir
del 1 de febrero de 2012. Finalmente, indicó que no se había emitido ni reconocido el
bono pensional, cuyos trámites de registro se encontraban detenidos, por
inconsistencias en la certificación de tiempos de la Secretaría de Educación de Santa
Marta.
88. El 29 de marzo de 2019, la demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra la anterior decisión46. Esta fue confirmada mediante la
Resolución 0271 del 21 de mayo de 201947.
3.5. Caso concreto
89. Descendiendo al asunto bajo estudio, se tiene que la señora Martha Cristina
Altahona Ariza laboró para la Cámara de Representantes en el cargo de asesor IV,
desde el 26 de julio de 2010 hasta el 1 de febrero de 2012, afiliada a Fonprecon.
90. A través de la Resolución 1109 del 28 de diciembre de 2012, la entidad
demandada le negó la pensión de jubilación solicitada. Tal decisión fue confirmada por
medio de la Resolución 1109 del 15 de marzo de 2013. Esto, al considerar que no
acreditó los 20 años de servicio exigidos; los cuales, debían ser diferentes a los tenidos
en cuenta en la Resolución 37013 del 9 de agosto de 2007, mediante la cual Cajanal
EICE (hoy UGPP) le reconoció una pensión gracia.
91. En consecuencia, la accionante le solicitó a la UGPP la aceptación de la
renuncia a la pensión gracia, a la que dicha entidad accedió, en tanto la revocó en la
Resolución RDP 012409 del 13 de marzo de 2013.
92. Con posterioridad, Fonprecon, por medio de la Resolución 0457 del 18 de julio
de 2013, reconoció una pensión de jubilación a favor de la demandante, desde el 6 de
mayo de 2010 (fecha de adquisición del estatus pensional), con efectos a partir del
retiro de la nómina de la pensión gracia por parte de la UGPP; no obstante, según se
probó, la accionante ingresó a la nómina de pensionados el 1 de agosto de 2013.
93. Luego, mediante la Resolución 0675 del 20 de septiembre de 2013, el referido
fondo reconoció a la accionante el retroactivo pensional, por el periodo comprendido
del 1 de junio de 2013 al 31 de julio del mismo año; derivado del reconocimiento de la
prestación reconocida. Dicha decisión se notificó personalmente el 24 de septiembre
de 2013.
46 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 362 a 367.
47 Samai, gestión en otros despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo
1_ED_EXPEDIENTE DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), págs. 371 a 380.
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94. Inconforme con la resolución anterior, la accionante interpuso recurso de
reposición, bajo el argumento de que tenía derecho a que el retroactivo pensional se
pagara a partir del 6 de mayo de 2010, es decir, desde que adquirió el estatus
pensional. No obstante, este fue resuelto, a través de la Resolución 0790 del 6 de
noviembre de 2013, en el sentido de confirmar la decisión. El acto en mención se
notificó personalmente al día siguiente, el 7 de noviembre de 2013.
95. En este orden de ideas, se advierte que por medio de la Resolución 0675 del
20 de septiembre de 2013 y la Resolución 0790 del 6 de noviembre de 2013 —que la
confirmó—, Fonprecon decidió reconocer el pago del retroactivo pensional a favor de
la señora Martha Cristina Altahona Ariza, con ocasión de la pensión de jubilación que
le reconoció en la Resolución 0457 del 18 de julio de 2013 —con efectos desde el 1
de agosto de 2013—, por el lapso del 1 de junio al 31 de julio de 2013. Esto, una vez
se acreditó que el pago de la pensión gracia que había sido reconocida a su favor le
fue suspendido en el mes de mayo de 201348.
96. Lo anterior evidencia que la situación de la demandante respecto a las mesadas
pensionales dejadas de percibir, a las cuales afirma tiene derecho, dado el
reconocimiento de una pensión de jubilación, fue definida por Fonprecon a través de
los actos administrativos contenidos en las resoluciones 0675 del 20 de septiembre y
0790 del 6 de noviembre de 2013. Actos que se le notificaron en debida forma el 24
de septiembre y el 7 de noviembre de 2013, respectivamente; habiendo quedado en
firme el 8 del mismo mes y año —artículo 62 del CPACA49—.
97. No obstante, la Sala advierte que, si bien el objeto de la demanda de la
referencia es precisamente el reconocimiento y pago del retroactivo pensional por el
periodo comprendido del 6 de mayo de 2010 al 31 de julio de 2013, lo cierto es que las
resoluciones antes mencionadas no fueron acusadas. Sobre el particular, se observa
que los actos aquí demandados son: el Oficio 20194000022851 del 13 de marzo de
2019 y la Resolución 271 del 21 de mayo de 2019, mediante los cuales Fonprecon
reiteró la negativa del pago de las mesadas pensionales reclamadas.
98. Al respecto, conforme se describió en el acápite de hechos relevantes probados
de esta sentencia, el primero de los actos acusados es producto de la petición radicada
el 27 de febrero de 2019, por la señora Martha Cristina Altahona Ariza ante la
administración. Mientras que, el segundo es aquel mediante el cual se negó el recurso
de reposición interpuesto el 29 de marzo de 2019, contra el Oficio 20194000022851
de 2019. Recurso en el que la accionante alegó su inconformidad frente al retroactivo
48 Según se señaló en la Resolución 0675 del 20 de septiembre de 2013, visible en Samai, gestión en otros
despachos, radicación 2500023420020210014200, índice 02, expediente digital, archivo 1_ED_EXPEDIENTE
DIGITAL 202100142.pdf(.PDF), pág. 241.
49 Artículo 62. Los actos administrativos quedarán en firme:
[…]
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
[…].
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Demandante: Martha Cristina Altahona Ariza
Demandado: Fonprecon
pensional, argumentando que este debía pagársele desde el momento en el que
consolidó su estatus pensional, esto es, el 6 de mayo de 2010.
99. En este orden de ideas, se destaca que, pese a los anteriores
pronunciamientos, los actos pasibles de control judicial con el fin de obtener el
retroactivo pensional que se reclama, eran las resoluciones 0675 del 20 de septiembre
y 0790 del 6 de noviembre de 2013 que, como se explicó antes, definieron el derecho
a favor de la demandante, años antes de la expedición de los actos que ahora se
acusan. Lo anterior quiere decir que fueron esas resoluciones las que materializaron
la voluntad de la administración de crear, modificar o extinguir la situación jurídica
relativa al reconocimiento de las mesadas dejadas de pagar, pretendidas por la
accionante en el presente medio de control.
100. Sobre el particular, la Sala no desconoce las especificidades del caso, descritas
en el recurso de apelación, relacionadas con las circunstancias que rodearon el
reconocimiento de la pensión de jubilación por parte de Fonprecon y el posterior pago
del retroactivo; la mayoría de ellas dirigidas a ilustrar que dicha prestación se reconoció
solo hasta cuando la demandante renunció a la pensión gracia que le había reconocido
Cajanal EICE, por el tiempo de servicio como docente oficial; sumado al posterior
reconocimiento de esa misma pensión una vez así lo ordenó esta jurisdicción en la
sentencia dictada el 16 de septiembre de 2016, por el Juzgado 52 Administrativo del
Circuito de Bogotá, confirmada el 29 de junio de 2017, por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
101. Sin embargo, se estima que los hechos descritos no incidieron en la
manifestación de la voluntad de la administración atinente al reconocimiento y pago
del retroactivo pensional que ahora se reclama, toda vez que las resoluciones 0675
del 20 de septiembre y 0790 del 6 de noviembre de 2013 —por medio de las cuales
se reconoció el retroactivo por el periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2013—, no
estuvieron supeditadas ni condicionadas al reconocimiento de la pensión gracia.
102. Lo expuesto, significa que la accionante tuvo pleno conocimiento de su situación
jurídica, esto es, de la negativa de Fonprecon a reconocer y pagarle las mesadas a las
que a su juicio tenía derecho del 6 de mayo de 2010 al 31 de julio de 2013, desde
cuando le fueron notificadas las resoluciones 0675 del 20 de septiembre y 0790 del 6
de noviembre de 2013.
103. Es más, se probó que el 7 de octubre de 2013 la señora Martha Cristina
Altahona Arisa interpuso recurso de reposición contra la primera de las resoluciones
mencionadas, aduciendo que tenía derecho al pago del retroactivo pensional desde el
6 de mayo de 2013. Lo que evidencia que, aunque se hubiese surtido
concomitantemente un trámite administrativo y judicial con ocasión a la pensión gracia,
la demandante desde el mismo momento en el que conoció la posición de Fonprecon
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Demandante: Martha Cristina Altahona Ariza
Demandado: Fonprecon
frente al pago del retroactivo pensional, ha discutido el derecho que ha considerado
tener.
104. En este orden de ideas, se destaca que como la decisión de la administración
frente a la inconformidad del pago del retroactivo pensional se definió mediante las
resoluciones 0675 del 20 de septiembre y 0790 del 6 de noviembre de 2013, debían
ser ellas los actos acusados, en los términos del artículo 138 del CPACA, y no, el Oficio
20194000022851 del 13 de marzo de 2019 y la Resolución 271 del 21 de mayo de
2019 que, aunque se pronunciaron sobre el mismo asunto, no fueron los actos
definitivos.
105. Al respecto, se precisa que el objeto de la petición en sede administrativa no
condiciona materialmente el acto que se debe demandar en sede judicial, por cuanto
este debe tratarse del acto definitivo que decide de fondo la situación objeto de la litis.
106. En este contexto, debe privilegiarse la seguridad judicial que castiga la
interposición de nuevas solicitudes como las presentadas el 27 de febrero de 2019 y
el 29 de marzo de 2019, con el único fin de revivir términos frente a una situación
consolidada con anterioridad, a partir del acto primigenio que ordenó el pago del
retroactivo pensional a favor de la señora Martha Cristina Altahona Ariza.
107. Además, no puede perderse de vista que en el presente asunto no se pide el
reconocimiento de una prestación periódica, como lo es el derecho pensional, sino el
pago de un retroactivo que se causó y que supuestamente, se dejó de pagar. Ello
quiere decir que, las solicitudes frente a este último pago no pueden presentarse
indefinidamente ante la administración, como lo hizo la demandante, quien acudió a
Fonprecon, conforme se demostró, por más de cinco veces solicitando lo mismo, esto
es, el retroactivo pensional causado del 6 de mayo de 2010 al 31 de julio de 2013.
108. Así las cosas, al resultar claro que los actos administrativos que se debían
demandar eran las resoluciones 0675 del 20 de septiembre de 2013 y 0790 del 6 de
noviembre de 2013, se considera que en el asunto en concreto se configuró la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, dada la indebida individualización de
las decisiones que negaron la acreencia reclamada —artículo 163 del CPACA—. Por
consiguiente, se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto
a la negativa a las súplicas del presente medio de control, pero por las razones
expuestas en esta providencia, motivo por el cual se revocará el numeral primero de
la parte resolutiva, para en su lugar declarar probada de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda.
109. Para finalizar, se aclara que, tratándose la inepta demanda de una excepción
previa, la Sala se abstendrá de pronunciarse frente a los reparos del recurso de alzada
sobre la declaratoria de la prescripción, bajo el entendido que esta última es una
excepción de mérito.
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Demandante: Martha Cristina Altahona Ariza
Demandado: Fonprecon
3.6. Conclusión de la decisión
110. En el caso particular, se probó la configuración de la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, toda vez que los actos acusados no fueron los actos
administrativos que definieron la situación jurídica objeto de la litis, esto es, el pago del
retroactivo pensional. Dicha situación se definió a través de las resoluciones 0675 del
20 de septiembre de 2013 y 0790 del 6 de noviembre de 2013, las cuales no se
demandaron en el presente medio de control.
3.7. Costas
111. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 50 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 2 de febrero de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta
providencia.
Segundo. Revocar el numeral primero de la sentencia impugnada, en su lugar:
50 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00142-01 (3061-2022)
Demandante: Martha Cristina Altahona Ariza
Demandado: Fonprecon
Segundo. Declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
dentro del medio de control presentado por la señora Marth Cristina Altahona Ariza en
contra del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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