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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00216-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00216-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 5 de octubre de 2023, que declaró la excepción de cosa juzgada y se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo, por las razones expuestas en esta sentencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: Reconocer personería al abogado Omar Trujillo Polania, identificado con la cédula de ciudadanía 1.117.507.855 y tarjeta profesional 201.792 del CSJ, para actuar como apoderado judicial de la UGPP. A su vez, aceptar la sustitución de poder a la abogada María Camila Camargo Rueda, identificada con la cédula de ciudadanía 1.090.492.389 y tarjeta profesional 340.484 del CSJ, para actuar como apoderada judicial de la entidad demandada. CUARTO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00216-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de abril de 2025

Radicación: 25000-23-42000-2021-00216-01 (2292-2024)
Demandante: Francisco Eudoro Montero Sacristán
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00216-01 (2292-2024)
Demandante: Francisco Eudoro Montero Sacristán
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Subtema 1: Cosa juzgada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 5 de octubre de 2023, que declaró
probada la excepción de cosa juzgada y se inhibió de emitir un pronunciamiento de
fondo.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra dos
actos administrativos que negaron el reconocimiento a la pensión gracia. La entidad
demandada alegó la existencia de la cosa juzgada, al argumentar que previamente se
presentó una demanda con los mismos hechos, objeto y partes. Sin embargo, el
demandante sostuvo que la primera instancia no decretó como prueba el proceso en
el que se fundamenta la supuesta cosa juzgada. Además, afirmó que, en esta ocasión,
la situación se encuentra amparada por las sentencias de unificación CE-SUJ2-011-
18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022,
proferidas con posterioridad a la finalización del primer proceso.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. El señor Francisco Eudoro Montero Sacristán, mediante apoderado judicial,
presentó demanda1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), con las
siguientes pretensiones:

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16 de marzo de 2021.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42000-2021-00216-01 (2292-2024)
Demandante: Francisco Eudoro Montero Sacristán
Demandado: UGPP

i) Se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones RDP 024110 del 23 de octubre de 2020 y RDP 029289 del 16 de
diciembre de 2020, los cuales negaron el reconocimiento del derecho a la pensión
gracia.

ii) A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la UGPP a
reconocer, liquidar y pagar su pensión gracia, teniendo en cuenta todos los factores
salariales con una cuantía del 75% desde que adquirió el estatus pensional.

iii) Igualmente, pidió que se apliquen los intereses moratorios correspondientes
conforme al artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, y se ordene el pago de las costas
procesales.

iv) Por último, solicitó que la entidad cumpla la sentencia en los términos de los
artículos 189 y 192 de la Ley 1437 de 20112.

2.1.1. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. El demandante actualmente cuenta con más de 50 años de edad.

4. Comenzó su labor como educador antes del 31 de diciembre de 1980, pues fue
vinculado como docente mediante el Decreto 3325 del 23 de agosto de 1979, expedido
por la Gobernación de Cundinamarca. Posteriormente, fue nombrado por Decreto 084
del 30 de septiembre de 1991 en el municipio de Yacopí.

5. Adicionalmente, prestó servicios como docente en el sector oficial por un período
superior a 20 años, mediante nombramientos expedidos por distintas entidades
territoriales. Debido a esas circunstancias, presentó solicitud ante la UGPP con el
propósito de obtener el reconocimiento de la pensión gracia, al alegar el cumplimiento
de los requisitos legales establecidos. No obstante, la entidad negó su petición y,
posteriormente, desestimó el recurso de apelación interpuesto.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

6. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58.
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 4 de 1966.
• Ley 91 de 1989.

7. Al desarrollar su argumentación sobre la configuración de la violación alegada, la
parte actora presentó como sustento probatorio los documentos allegados al proceso,

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Expediente digital.
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Demandante: Francisco Eudoro Montero Sacristán
Demandado: UGPP

los cuales constituyen evidencia de que ha desempeñado funciones como docente de
carácter territorial desde antes de 1980. Estos elementos acreditan la naturaleza de su
vinculación laboral, requisito indispensable para adquirir el derecho a la pensión gracia.

2.2. Contestación de la demanda

8. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y
solicitó declarar la excepción de cosa juzgada. Según la entidad demandada, el señor
Francisco Eudoro Montero Sacristán ya había interpuesto el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado 11001-33-31025-2009-00103-
00, contra las Resoluciones 46247 del 2 de octubre de 2007 y 45980 del 10 de
septiembre de 2008, expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social (en adelante
CAJANAL), mediante las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia. Sobre este proceso, señaló que el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Zipaquirá negó las pretensiones en sentencia del 25 de junio de
2012, decisión que posteriormente fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en fallo del 15 de diciembre de 2017.

9. La entidad demandada argumentó que el accionante presentó nueva solicitud de
reconocimiento de la pensión gracia, sin alegar argumentos nuevos a los expuestos
en la demanda inicial. Por esa razón, consideró que debía declararse la existencia de
cosa juzgada, al cumplirse los requisitos para su configuración. En particular, señaló
que se acreditaban los siguientes elementos: i) identidad de objeto, dado que en
ambos procesos se formularon las mismas pretensiones; ii) identidad de causa, ya que
no hubo variación en los hechos que fundamentaban las dos demandas; iii) identidad
de partes, puesto que la UGPP asumió las funciones misionales que anteriormente
correspondían a CAJANAL.

10. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad demandada sustentó que el docente tuvo una
vinculación de carácter nacional. En ese sentido, defendió la legalidad de los actos
administrativos demandados, pues fueron expedidos con base en las pruebas
obrantes en el expediente administrativo. En consecuencia, a juicio de la UGPP, se
está reclamando un derecho que nunca fue adquirido.

11.Por último, en caso de una eventual condena, pidió declarar «la prescripción de
todos y cada uno de los derechos reclamados, por el simple transcurso del tiempo, y
de manera subsidiaria, en el evento de no declararlos prescritos, deberán declararse
prescritas las mesadas causadas»3.

2.3. Sentencia de primera instancia

12.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 5 de octubre
de 2023, declaró probada la excepción de cosa juzgada formulada por la entidad
demandada y se inhibió de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda.
Además, no hubo condena en costas.

13. La primera instancia concluyó que se cumplen los requisitos para declarar la cosa
juzgada, conforme al artículo 303 de la Ley 1564 de 2012. Señaló que existía identidad
de objeto, ya que la pretensión de restablecimiento del derecho era la misma en ambos

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Samai Tribunal, índice 13. 4_RECIBEMEMORIALES.
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Demandante: Francisco Eudoro Montero Sacristán
Demandado: UGPP

procesos. A juicio del tribunal, aunque los actos demandados eran distintos, su
contenido coincidía, pues en ambos se negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia. Asimismo, destacó que ambas demandas se fundamentaban en los mismos
supuestos: el demandante acreditó 20 años de servicio como docente territorial y
cumplió 50 años, requisitos para acceder a ese derecho. Finalmente, respecto a la
identidad de partes, precisó que la UGPP es la sucesora procesal de CAJANAL.

14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la primera
instancia consideró que no había lugar a condenar en costas a la parte vencida, pues
no se evidenció que la actuación del demandante se efectuara con manifiesta carencia
de fundamento legal4.

2.4. Recurso de apelación

15. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia para que se revoque, bajo
los siguientes argumentos:

16. La sentencia incurrió en una errónea valoración fáctica al declarar probada la cosa
juzgada. Si bien existió un proceso previo entre las mismas partes, no hay evidencia
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya solicitado el expediente con
radicado 11001-33-31025-2009-00103-00, al Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Zipaquirá, para verificar los tiempos de servicio acreditados para el
pago y reconocimiento de la pensión gracia. En ese sentido, en aplicación del principio
iura novit curia, el juez de primera instancia debió decretar pruebas de oficio, pues era
fundamental considerar que en el proceso de 2009, el actor aún no se había retirado
del servicio. Además, en ese entonces, el caso aún no estaba cobijado por las
sentencias de unificación de esta Sección.

17. La UGPP solo aportó una captura de pantalla de la página de la Rama Judicial, en
la que consta que el proceso de 2009 se tramitó en segunda instancia ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Debido a esto, no fue posible analizar en detalle el
escrito de la demanda presentada en ese entonces, con el fin de determinar los
fundamentos fácticos y las pruebas obrantes en el expediente que sustentaban las
pretensiones. En consecuencia, el juez no podía emitir un pronunciamiento de fondo
sobre el problema jurídico sin conocer con certeza los hechos y pruebas en que se
fundamentaban las partes.

18. A partir de las sentencias de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018
y SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022, expuso que sí tenía derecho a la
pensión gracia. Si bien la UGPP señaló en el proceso administrativo que el solicitante
de la prestación cuenta con una certificación de vinculación nacional, este aspecto no
implica necesariamente que dicha vinculación exista.

19. Además, en el acto de nombramiento contenido en el Decreto 084 del 30 de
septiembre de 1991, se establece que la fuente de financiación para el nombramiento
del docente fue a través los Fondos Educativos Regionales (en adelante FER), un
aspecto que sí fue abordado en la sentencia de unificación de 2018, donde se explicó
que esos recursos hacen parte de las arcas de las entidades territoriales. Sin embargo,

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Samai Tribunal, índice 84.
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Demandante: Francisco Eudoro Montero Sacristán
Demandado: UGPP

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta esas reglas
jurisprudenciales5.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia.

20. Mediante auto del 26 de agosto de 20246, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. No hubo
lugar a la presentación de alegatos de conclusión porque las partes no solicitaron la
práctica de pruebas en esta instancia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21.El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de
conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.

3.2. Problemas jurídicos

22. De acuerdo con los argumentos presentados por la parte demandante, y con el fin
de determinar si se configura la excepción de cosa juzgada, la Sala se circunscribirá a
responder los siguientes problemas jurídicos:

¿Incurrió el tribunal de primera instancia en una «errónea valoración fáctica» al
declarar la existencia de cosa juzgada, sin verificar el contenido del expediente 11001-
33-31-025-2009-00103-00 del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de
Zipaquirá, ni decretar pruebas de oficio para constatar la identidad de hechos y
pretensiones entre dicho proceso y el seguido en el presente asunto?

¿Resulta admisible reexaminar el tipo de vinculación docente del demandante, con
fundamento en las sentencias de unificación CE-SUJ2-011-18 de 2018 y SUJ-030-CE-
S2-2021 de 2022, sin desconocer el carácter vinculante e inmutable de una sentencia
judicial ejecutoriada que previamente negó su pretensión de reconocimiento de la
pensión gracia?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La cosa juzgada

23. La cosa juzgada como institución jurídico-procesal otorga a las sentencias un
carácter inmutable, definitivo y vinculante, que a su vez impide a los jueces decidir
sobre una discusión que ya ha sido resuelta en otra oportunidad. Lo anterior, con el fin
de dotar de seguridad tanto al ordenamiento jurídico, como a las partes (sentencias
inter -partes), o también a la comunidad en general (fallos con efectos erga omnes).

5
Samai Tribunal, índice 87.
6
Samai, índice 5.
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Demandante: Francisco Eudoro Montero Sacristán
Demandado: UGPP

24.El artículo 303 del Código General del Proceso establece como elementos que
configuran la cosa juzgada, los siguientes: la identidad de objeto, de causa y de partes.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-774 de 2001 definió que:

[…] Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:

• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre
una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad
sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron
declarados expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen
cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada […].

25. De acuerdo con lo anterior, solo habría lugar a un nuevo análisis judicial si existen
elementos novedosos relacionados con la controversia. No obstante, los cambios
jurisprudenciales no constituyen una nueva situación que permita transgredir la cosa
juzgada. Al respecto, esta corporación en auto del 8 de septiembre de 20157, señaló
que:

[…] como ya lo ha venido sosteniendo de tiempo atrás el Consejo de Estado, el
cambio de precedentes jurisprudenciales no puede ser utilizado para quebrantar
la cosa juzgada respecto de situaciones jurídicamente consolidadas mediante
sentencias debidamente ejecutoriadas, pues se atenta de manera indebida contra
el principio de la seguridad jurídica, habiéndose explicado con suficiencia que,
para que su existencia surta los efectos deseados, el “argumento nuevo”, sea
fáctico o jurídico, debe ser anterior o contemporáneo con al (sic) trámite del
proceso, y que no hubiere sido considerado en su momento por el fallador de turno
por omisión de la parte que lo invoca […].

26. Ahora bien, en cuanto a los efectos de las sentencias que se dictan en procesos
que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso - administrativo, el artículo 189
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA) prevé que:

Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La
que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en
relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las
medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán
efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a

7
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 24 de marzo
de 2015. Radicado 25000-23-42-000-2013-06326-01(0619-15). M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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las cuales se haga el examen.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de
un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo
pertinente sus decretos reglamentarios.

Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del
artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa
juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos
diferentes.

[…]

La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará
a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor.

Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la
formalidad del registro de acuerdo con la ley.

[…].

3.5. Caso concreto

27.El señor Francisco Eudoro Montero Sacristán solicitó la nulidad de los actos
administrativos que le negaron el reconocimiento del derecho a la pensión gracia. En
caso de accederse a su pretensión, pidió que se ordenara el reconocimiento de dicha
prestación periódica a partir del momento en que adquirió el estatus pensional.

28. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de cosa
juzgada, ya que determinó que existía identidad de objeto, causa y partes respecto del
proceso con radicado 11001-33-31025-2009-00103-00. Concretamente, la referida
corporación señaló que había identidad de objeto, ya que ambos procesos buscaban
el reconocimiento del derecho a la pensión gracia. Además, destacó que la causa era
la misma, pues se basaban en el cumplimiento de los requisitos de 20 años de servicio
como docente territorial y 50 años de edad. Finalmente, en cuanto a la identidad de
partes, el Tribunal aclaró que la UGPP asumió el rol de CAJANAL como su sucesora
procesal.

29. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió solicitar el expediente
con radicado 11001-33-31025-2009-00103-00, necesario para verificar los tiempos de
servicio acreditados en su momento para el reconocimiento y pago de la pensión
gracia. Este aspecto, a juicio del recurrente, era fundamental, pues la UGPP solo
presentó una captura de pantalla del Sistema de Consulta de Procesos de la página
de la Rama Judicial, en la que consta que el proceso tramitado en el 2009, se
encontraba en segunda instancia ante dicho Tribunal.

30. Por último, cuestionó que la sentencia apelada no considerara lo establecido por
esta Sección en las sentencias de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018
y SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022, proferidas con posterioridad al
primer proceso.

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Demandado: UGPP

31. Como se observa, el recurso de apelación interpuesto por el demandante no
cuestiona la identidad de partes, objeto y causa establecida en la primera instancia.
Por el contrario, el demandante reprocha dos aspectos específicos, esto es, que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no consideró al analizar la cosa juzgada: i)
la omisión en la incorporación del proceso con radicado 11001-33-31025-2009-00103-
00, y ii) la falta de aplicación de las reglas de unificación establecidas en las sentencias
SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022,
proferidas con posterioridad al primer proceso.

32. Teniendo en cuenta lo anterior, y en aplicación del principio de congruencia y
justicia rogada, esta Sala se limitará a examinar únicamente estos dos argumentos.

• Sobre el decreto como prueba del proceso con radicado 11001-33-31025-
2009-00103-00

33. Tal como lo ha expuesto esta corporación, el decreto de pruebas tiene por finalidad
asegurar la incorporación de los elementos probatorios al expediente y garantizar el
derecho de contradicción8. Sin el decreto de las pruebas, resulta imposible que el
juzgador pueda ajustar los supuestos fácticos a las disposiciones jurídicas
correspondientes. Esto se debe a que es únicamente a través de la actividad
probatoria que se puede llevar la verdad de los hechos al conocimiento del juez. Por
tal razón, en virtud del principio de necesidad de la prueba9, el juez tiene vedado tomar
una decisión judicial sin valorar las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso.

34. En ese sentido, una vez analizado el expediente digital, se encuentra que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí decretó y valoró como prueba el proceso
con radicado 11001-33-31025-2009-00103-00, como pasará a explicarse:

35. En la contestación de la demanda, la UGPP se limitó a referirse a la información
disponible en la página web de la Rama Judicial sobre el proceso con radicado 11001-
33-31025-2009-00103-00. No obstante, señaló que no pudo realizar una consulta
virtual completa del expediente debido a restricciones de acceso. Por ello, en el acápite
de pruebas, solicitó oficiar a las autoridades competentes para obtener la información
requerida. Al respecto, se manifestó lo siguiente:

Me permito solicitar de manera respetuosa al H. Magistrado y que para que se
pueda estudiar la EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA se sirva, oficiar:

a) A los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRÁ, para
que se sirva allegar con destino a este proceso, copia íntegra del proceso No.
110013331025200900103, quien como partes son el señor FRANCISCO
EUDORO MONTERO SACRISTÁN y la CAJA NACIONAL DE PREVISION
SOCIAL CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN , en especial la sentencia de primera
instancia proferida el día 25 de Junio de 2012 por el Juzgado Segundo (2)
Administrativo de Descongestión del Circuito de Zipaquirá y la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007.
Radicado 25000-23-26-000-1995-01143-01(14850). M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
9
El artículo 164 de la Ley 1564 de 2012 establece el principio de la necesidad de la prueba en los siguientes
términos: «Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las
pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho».
8

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Radicación: 25000-23-42000-2021-00216-01 (2292-2024)
Demandante: Francisco Eudoro Montero Sacristán
Demandado: UGPP

Sección Segunda, Subsección “F” el día 15 de Diciembre de 2017, en donde se
confirmó la decisión apelada.

b) AL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “F”, para que se sirva allegar con destino a este
proceso, copia de la sentencia proferida dentro del proceso No.
11001333102520090010301, quien como partes son el señor FRANCISCO
EUDORO MONTERO SACRISTÁN y la CAJA NACIONAL DE PREVISION
SOCIAL CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, de fecha 15 de Diciembre de 2017,
en donde se confirmó la decisión proferida en primera instancia por el Juzgado
Segundo (2) Administrativo de Descongestión del Circuito de Zipaquirá10.

36. Según consta en el acta de la audiencia inicial celebrada el 23 de septiembre de
2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a la solicitud
probatoria de la entidad demandada y se ofició al «Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Zipaquirá, para que, en el término de 10 días, [allegara] con destino a este
proceso, copia auténtica, completa e íntegra de la demanda, y las sentencias de
primera y segunda instancia, con las respectivas constancias de notificación y
ejecutoria, del proceso con radicado 11001-33-31-025-2009-00103-00, en el que
fungió como demandante el señor Francisco Eudoro Montero Sacristán»11. Por tal
razón, mediante oficio del 26 de septiembre de 202212, el Tribunal requirió al juzgado
para que, en un término de 10 días, allegara las aludidas piezas procesales.

37. En cumplimiento de lo anterior, el Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá
allegó en copia auténtica: i) la demanda instaurada por Francisco Eudoro Montero
Sacristán contra CAJANAL el 17 de marzo de 200913; ii) la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de
Zipaquirá el 25 de junio de 2012, notificada por edicto el 29 de junio de 201214; y iii) la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F” el 15 de diciembre de 2017,
notificada mediante edicto el 23 de enero de 201815.

38. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia
de pruebas el 14 de julio de 2023, según consta en la respectiva acta16. En esa
diligencia, se dispuso:

En los términos del artículo 181 del CPACA, esta audiencia tuvo por finalidad
recaudar todas las pruebas oportunamente solicitadas y decretadas. Para el
efecto se tiene lo siguiente:

2.1. DOCUMENTAL. Se agregó a la presente actuación los documentos que
fueron allegados al expediente, a través del correo electrónico del
Despacho, cargados al expediente digitalizado en One Drive y que constan
de las respuestas a los Oficios SA-124 del 26 de septiembre, y SA-125 del 26 de
septiembre, 16 de noviembre y 19 de diciembre de 2022; y 9 de marzo y 24 de
abril de 2023 (archivos 036-037, 061, 071-072 y 076 del expediente electrónico).

10
Índice 13 Samai Tribunal. 4_RECIBEMEMORIALES. pág. 20.
11
Índice 24 Samai Tribunal.
12
Índice 26 Samai Tribunal. 13_OFICIOREQUIRIENDO.
13
Índice 28 Samai Tribunal. págs. 54 a 69.
14
Ibidem. págs. 77 a 91.
15
Ibidem. pág. 123.
16
Índice 79 Samai Tribunal.
9

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Radicación: 25000-23-42000-2021-00216-01 (2292-2024)
Demandante: Francisco Eudoro Montero Sacristán
Demandado: UGPP

Los documentos fueron decretados en la audiencia inicial realizada el 23 de
septiembre de 2022 y se admitieron como prueba, hasta donde lo permite la ley.

La presente decisión se notificó en estrados, se corrió traslado de la misma
y al no presentarse recurso alguno, la misma quedó en firme. (negrillas fuera
del texto)17.

39. En consecuencia, no es cierto, como lo aduce el recurrente, que la primera
instancia no tuvo acceso a las piezas solicitadas del proceso adelantado por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Zipaquirá. Según consta en el
expediente, dichos documentos fueron incorporados al caso y analizados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Prueba de ello es que, en su decisión, citó
expresamente un fragmento de las pretensiones de la demanda del proceso con
radicado 11001-33-31-025-2009-00103-0018, a efectos de acreditar la identidad de
objeto entre ese trámite y el actual. Además, de no ser considerados, habría sido
imposible fundamentar la identidad del objeto, causa y partes, tal como lo hizo la
primera instancia. Por lo tanto, este cargo no está llamado a prosperar.

• Sobre la cosa juzgada frente a la posterior expedición de las sentencias de
unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de
agosto de 2022

40. Como se explicó anteriormente, esta Sección del Consejo de Estado ha señalado
que el cambio de precedente jurisprudencial no puede usarse para afectar situaciones
jurídicas consolidadas, ya que se atentaría contra el principio de la seguridad jurídica19
e inmutabilidad de la sentencia judicial. En ese sentido, el precedente judicial no
constituye un hecho nuevo ni un motivo que permita a quienes ya cuentan con una
sentencia ejecutoriada acudir nuevamente a la jurisdicción. Aunque la jurisprudencia
puede cambiar con el tiempo, las providencias judiciales permanecen intactas, «pues
las mismas obedecieron a un estudio que en su momento fue válido»20.

41. Sobre el estudio de la cosa juzgada en la pensión gracia, la Subsección A de esta
Sección analizó el recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual «adujo que según el actual criterio del
Consejo de Estado, la institución de la cosa juzgada opera de forma relativa cuando
se trata de reconocimiento y reajuste pensional, comoquiera que las decisiones
judiciales tan sólo son vinculantes respecto de las mesadas que ya fueron objeto de
pronunciamiento, más no frente a las que posiblemente se causen con posterioridad a
la ejecutoria de tal providencia»21. A partir de esa argumentación, se concluyó:

[e]s relevante precisar que la posición esgrimida por el Tribunal de instancia, en el
sentido de no declarar probada la cosa juzgada, pues a su juicio este fenómeno
se presenta en el caso de marras de forma relativa, no es de recibo para la
Subsección, en consideración a que si bien es cierto mediante providencia del 7

17
Ibidem. pág. 2.
18
Al respecto ver: Índice 84 Samai Tribunal. págs. 5 a 6.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 24 de
marzo de 2015. Radicado 25000-23-42-000-2013-06326-01(0619-15). M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Auto del 26 de
octubre de 2017. Radicado 76001-23-33-000-2013-00041-01(0692-16). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 11 de
noviembre de 2021.Radicado 25000-23-42-000-2018-00634-01(5385-19). M.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 25000-23-42000-2021-00216-01 (2292-2024)
Demandante: Francisco Eudoro Montero Sacristán
Demandado: UGPP

de diciembre de 2017 se estudió la tesis de «cosa juzgada relativa», también lo
es que dicha postura se replanteó a través del auto del 9 de marzo del 2020 , en
el entendido del carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han
adquirido firmeza.

Por consiguiente, no es posible volver sobre materias ya juzgadas, a efectos
de modificarlas mediante la adopción de una nueva providencia; es decir,
debe salvaguardarse la institución de la cosa juzgada, con independencia de
que se discuta el reconocimiento de una prestación periódica, pues se trata
de una figura que goza de protección constitucional y garantiza la seguridad
jurídica en el marco de un Estado Social de Derecho (negrillas fuera del texto)22.

42. En atención a lo expuesto, el tipo de vinculación docente del demandante no puede
ser reexaminado a la luz de las sentencias de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022, pues ello implicaría
desconocer el carácter vinculante e inmutable de las sentencias judiciales
ejecutoriadas. Además, es importante indicar que esta Sección, en la sentencia de
unificación de 2018, estableció una regla expresa frente a los casos ya resueltos, así:

Las reglas de unificación consignadas en esta providencia se deben aplicar de
manera retrospectiva a todos los casos pendientes de resolución, tanto en sede
administrativa como en judicial, de conformidad con los lineamientos señalados

De igual forma, se precisa que los casos respecto de los cuales haya operado la
cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables23.

43. En este sentido, la decisión adoptada en el proceso con radicado 11001-33-31-
025-2009-00103-00 se fundamentó en el derecho vigente en su momento y, por tanto,
no puede ser objeto de revisión con base en cambios jurisprudenciales posteriores.
Además, permitir que cada modificación del precedente habilite la reapertura de casos
ya decididos generaría una incertidumbre jurídica inadmisible, dejando las situaciones
consolidadas en un estado de permanente inestabilidad. Así pues, la Sala negará este
cargo a partir de las consideraciones expuestas y, en consecuencia, confirmará la
sentencia de primera instancia.

44.Finalmente, tal como lo consideró el tribunal, la Sala debe advertir que se
configuran los elementos que constituyen la cosa juzgada, pues:

i) existe identidad de objeto, toda vez que en ambos procesos se persigue, como
pretensión de restablecimiento del derecho, el reconocimiento de la pensión
gracia. Si bien los actos administrativos demandados son distintos, por haberse
originado en reclamaciones administrativas separadas, comparten una misma
esencia: la negativa de la administración a reconocer dicha prestación periódica
al señor Francisco Eudoro Montero Sacristán;

ii) existe identidad de causa, dado que ambas demandas se fundamentan en
los mismos hechos: los servicios prestados por el señor Francisco Eudoro

22
Ibidem.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación CE-SUJ-
SII-11-2018 del 21 de junio de 2018. Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14). M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
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Radicación: 25000-23-42000-2021-00216-01 (2292-2024)
Demandante: Francisco Eudoro Montero Sacristán
Demandado: UGPP

Montero Sacristán como docente durante más de 20 años y haber alcanzado
los 50 años de edad. Asimismo, no se alegaron nuevos supuestos fácticos entre
una y otra demanda, pues en ambas se invocaron los mismos actos de
nombramiento para acreditar el tiempo de servicio requerido para adquirir el
derecho a la pensión gracia (los Decretos 3325 del 23 de agosto de 1979,
expedido por el departamento de Cundinamarca, y 084 del 30 de septiembre de
1991, expedido por el municipio de Yacopí); y

iii) existe identidad de partes, pues, tal como lo ha dicho esta corporación, «[l]a
UGPP asumió íntegramente las competencias misionales que antes eran de
Cajanal y por tanto la remplazó procesalmente»24.

3.6. Conclusión

45. A partir del análisis del caso, se concluye que ninguno de los cargos presentados
en contra de la sentencia de primera instancia tiene vocación de prosperidad. En
consecuencia, se configura la cosa juzgada entre la demanda en estudio y el medio
de control de nulidad y restablecimiento resuelto en primera instancia el 25 de junio de
2012 por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de
Zipaquirá, y en segunda instancia el 15 de diciembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones relacionadas con el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor del señor Francisco Eudoro
Montero Sacristán.

3.7. Costas

46. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario25 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.

24
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 7 de febrero de 2024. Radicado 11001-03-06-
000-2023-00748-00. M.P. María del Pilar Bahamón Falla.
25
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
12

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Demandante: Francisco Eudoro Montero Sacristán
Demandado: UGPP

3.8. Reconocimiento de personería.

47.La Sala reconocerá personería para actuar al abogado Omar Trujillo Polania para
que actúe como apoderado de la entidad demandada. A su vez, se aceptará la
sustitución del poder a la abogada María Camila Camargo Rueda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 5 de octubre de 2023, que
declaró la excepción de cosa juzgada y se inhibió de emitir un pronunciamiento de
fondo, por las razones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: Reconocer personería al abogado Omar Trujillo Polania, identificado con
la cédula de ciudadanía 1.117.507.855 y tarjeta profesional 201.792 del CSJ, para
actuar como apoderado judicial de la UGPP. A su vez, aceptar la sustitución de poder
a la abogada María Camila Camargo Rueda, identificada con la cédula de ciudadanía
1.090.492.389 y tarjeta profesional 340.484 del CSJ, para actuar como apoderada
judicial de la entidad demandada.

CUARTO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

CFG/HDG

13

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