República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00234-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sanidad Militar
Tema: reajuste de la asignación básica del personal civil de la Dirección General de
Sanidad Militar según Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 2 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Verónica Lucía Otero López solicitó la nulidad del acto administrativo
mediante el cual la entidad accionada le negó el reconocimiento y pago de la
asignación básica conforme a lo previsto en la Ley 352 de 1997 y Decreto 3062 de
1997. En esta providencia se confirmará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda, por cuanto desde el 27 de octubre de 2009, fecha
en la que la demandante fue incorporada a la planta de personal del Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, en el cargo de servidor
misional en Sanidad Militar, código 2-2, grado 16, pasó a devengar la remuneración
fijada por el Gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del sector
defensa.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Verónica Lucía Otero López, por conducto de apoderado, presentó
1
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General
de Sanidad Militar, según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que
a continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del Oficio núm. 13228
/ MDNCOGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH 1.10 del 26 de julio de 2019, por
medio del cual la entidad accionada negó el reconocimiento y pago del reajuste
salarial de conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
demandada reconocer y pagar a la señora Verónica Lucía Otero López, como
personal civil de la planta de personal del sector defensa, la asignación básica
salarial prevista en el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997. Para tal
efecto, pidió que se apliquen las escalas salariales establecidas para los empleados
de la Rama Ejecutiva del orden nacional en los cargos del nivel profesional,
conforme a los decretos 600 de 2007, 643 de 2008, 708 de 2009, 1374 de 2010,
1031 de 2011, 853 de 2012, 1029 de 2013, 199 de 2014, 1101 de 2015, 229 de
2016, 999 de 2017, 330 de 2018 y 1011 de 2019.
4. Como consecuencia de lo anterior, solicitó la reliquidación de las
prestaciones sociales acorde con los nuevos valores previstos para la asignación
básica, y la indexación de las sumas. Asimismo, que se dé cumplimiento al fallo
según el artículo 192 del CPACA; y se condene en costas a la parte vencida.
2.1.2. Hechos
5. La Sala los sintetiza así:
6. La señora Verónica Lucía Otero López ingresó a laborar en el Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares el día 1 de marzo de 1996, mediante acta de posesión
2836 en el cargo de profesional especializado grado 3010-14. Luego, tomó posesión
como líder de sistemas integrados de gestión de la Dirección de Sanidad Naval del
Ministerio de Defensa.
7. El 18 de julio de 2019 solicitó a la Dirección General de Sanidad Militar el
reconocimiento y pago de su asignación básica salarial de conformidad con la Ley
352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, esto es, el que rige para los empleados de
la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.
1 El 28 de enero de 2020. Ver Samai, gestión en otros despachos, documento «
4ED_02ACTAREPARTOJUZGADO».
2 Samai, gestión en otros despachos, documento «13ED_11SUBSANACIONDEMANDA».
2
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
8. En atención a lo anterior, la Dirección General de Sanidad Militar profirió el
Oficio núm. 13228 / MDNCOGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH 1.10 del 26 de
julio de 2019 a través del cual negó lo solicitado.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Del Decreto 1214 de 1990, los artículos 1, 2 y 4.
Del Decreto 1301 de 1994, los artículos 1, 35, 36, 87 y 88.
Ley 352 de 1997.
Del Decreto 3062 de 1997, los artículos 2 y 3.
De la Ley 5 de 1998, los artículos 1, 2 y 3.
Del Decreto 1792 de 2000, los artículos 1, 3, 7, 10, 11 y 114.
Del Decreto 92 de 2007, los artículos 1, 2, 3, 21 y 23.
Decreto 2727 de 2010.
9. Advirtió que los cambios en la naturaleza jurídica de los empleados de la
Dirección de Sanidad del Ministerio de Defensa habrían dado lugar a una aplicación
errónea del régimen salarial, con afectación de los principios de igualdad y
favorabilidad laboral. Según la demanda, a Verónica Lucía Otero López solo se le
ha reconocido la asignación básica prevista para el personal civil del Ministerio de
Defensa, sin incluir los emolumentos correspondientes a los servidores sometidos
al régimen de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Por ello, la parte actora sostuvo
que se desconocieron la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997.
10. Destacó el marco constitucional y legal que atribuye al Congreso y al
Gobierno nacional la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, con fundamento en el artículo 150.19, literal e) de la
Constitución y en la Ley 4 de 1992. En ese contexto, explicó que el Decreto 1214
de 1990 reguló al personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional,
mientras que el Decreto 1301 de 1994, expedido con base en la Ley 100 de 1993,
organizó el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y dispuso para su personal
un régimen salarial distinto del previsto para el personal civil del Ministerio de
Defensa.
11. Indicó que la Ley 352 de 1997 derogó el Decreto 1301 de 1994, reorganizó
el Sistema de Salud y ordenó incorporar el personal del Instituto de Salud a las
plantas del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional. Además, precisó que
dicha ley preservó el régimen salarial que cobijaba a ese personal y que el numeral
6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997 indicó que a esos empleados debía
aplicárseles el régimen salarial de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Con apoyo
en la jurisprudencia del Consejo de Estado del 26 de octubre de 20173, concluyó
3 La decisión a la que hace referencia es la proferida con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez,
dentro del expediente con radicado «201404335 01».
3
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
que ese es el régimen aplicable al personal de salud de las Fuerzas Militares
vinculado o incorporado después del Decreto 1301 de 1994, por lo que el acto
acusado estaría falsamente motivado.
2.2. Contestación de la demanda
12. La Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar4 se
opuso a las pretensiones de la demanda. La entidad sostuvo, en esencia, que a la
señora Verónica Lucía Otero López se le ha pagado la asignación básica que
corresponde a su vinculación como personal civil del sector defensa y no la prevista
para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, porque su situación
jurídica está regida por un régimen especial aplicable al Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
13. Afirmó que, aun si se admitiera la procedencia de algún reconocimiento, las
acreencias salariales y prestacionales reclamadas estarían prescritas, pues la
actora dejó de percibir la suma que considera debida desde 2009 y no promovió la
reclamación correspondiente de forma oportuna. Por ello, adujo que cualquier
diferencia salarial, mesadas o prestaciones sociales causadas quedaron afectadas
por el paso del tiempo.
14. El ente ministerial expuso el marco normativo que, a su juicio, demuestra la
existencia de un régimen propio para el personal civil vinculado al Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares. Para ello, recorrió la evolución normativa desde la Ley 100
de 1993, el Decreto 1301 de 1994, la Ley 352 de 1997, la Ley 1033 de 2006, el
Decreto 092 de 2007 y el Decreto 4783 de 2008, y resaltó que dicho personal quedó
sometido a una regulación especial en materia salarial y prestacional. Añadió que
la planta de personal de la Dirección General de Sanidad Militar fue incorporada a
la planta global del Ministerio de Defensa y que, por ello, los servidores allí
vinculados no tienen derecho a la escala salarial de la Rama Ejecutiva que invoca
la demandante.
15. Finalmente, en el análisis del caso, la entidad concluyó que no existe
fundamento para reliquidar salarios, prestaciones o cesantías con base en decretos
expedidos para empleados de la Rama Ejecutiva, porque la demandante pertenece
a un régimen especial distinto. También indicó que los cargos y funciones del
personal de Sanidad Militar responden a la estructura propia del sector defensa y
que no puede acudirse a normas generales para reclamar emolumentos no
reconocidos por la legislación especial. Con base en ello, solicitó desestimar
íntegramente la demanda y no imponer condena en costas a la entidad demandada.
4 Samai, gestión en otros despachos, documento «25_CONTESTACIONDEMANDA_CONTESTACION».
4
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
2.3. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, profirió sentencia el 2 de diciembre de 20215, a través de la cual negó las
pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la parte vencida.
17. Esa corporación delimitó el problema jurídico en establecer si la señora
Verónica Lucía Otero López tenía derecho al reajuste de su asignación básica con
fundamento en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, esto es, bajo el
régimen salarial de los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional. A partir
de allí, reconstruyó la evolución normativa del personal civil y del personal de
sanidad del sector defensa, para precisar que el régimen aplicable no podía
definirse de manera abstracta, sino según el momento de vinculación y las
sucesivas incorporaciones de la servidora.
18. En esa línea, la sentencia explicó que, tras la creación del Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares mediante el Decreto 1301 de 1994, los empleados
vinculados a ese establecimiento público dejaron de regirse por las normas del
personal civil del Ministerio de Defensa y quedaron sometidos, en materia salarial,
a las reglas fijadas por el Gobierno para esa clase de servidores. Luego, con la Ley
352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, quienes fueron incorporados a las plantas
de salud del Ministerio de Defensa continuaron con el régimen que traían, y en
materia salarial pasaron a regirse por el sistema aplicable a los empleos de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.
19. No obstante, el Tribunal resaltó que ese panorama volvió a modificarse con
la Ley 1033 de 2006, el Decreto Ley 092 de 2007 y el Decreto 4783 de 2008, normas
que unificaron la administración de personal del sector defensa, introdujeron una
nueva nomenclatura y clasificación de empleos y dispusieron la incorporación de
los funcionarios a cargos equivalentes, sin desmejorar su situación salarial. Con
apoyo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente en la sentencia
de unificación SUJ-019-CE-S2 de 2019, la Sala concluyó que mientras se surtió la
incorporación a la nueva planta debía conservarse la remuneración anterior, pero
una vez ocupados los nuevos cargos equivalentes, el servidor quedaba sometido a
la escala salarial de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa.
20. Al descender al caso concreto, el Tribunal tuvo por acreditado que la
demandante ingresó el 1.º de marzo de 1996 al Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares como profesional especializado y que, posteriormente, con ocasión del
ajuste de planta derivado de la nueva nomenclatura del sector defensa, fue
incorporada desde el 27 de octubre de 2009 al cargo de servidor misional en
Sanidad Militar, código 2-2, grado 16. Esa secuencia permitió a la Sala establecer
que, aunque en una etapa anterior su régimen salarial correspondió al de la Rama
5
Samai, gestión en otros despachos, índice 26, actuación «sentencia».
5
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
Ejecutiva, su situación cambió al momento de la incorporación al nuevo cargo de la
planta global de la Dirección General de Sanidad Militar.
21. La sentencia precisó que el empleo de servidor misional en Sanidad Militar,
código 2-2, grado 16, era equivalente al de Profesional Especializado, código 2028,
grado 14, y que ambos pertenecían al nivel profesional. Sin embargo, subrayó que
esa equivalencia no significaba la permanencia indefinida del régimen salarial de la
Rama Ejecutiva. Por el contrario, desde el 27 de octubre de 2009, fecha de
incorporación al nuevo cargo, la actora quedó sometida a la escala de asignación
básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados
del Ministerio de Defensa, de conformidad con el nuevo sistema de nomenclatura y
clasificación. Por ello, el oficio que negó el reajuste no desconoció el ordenamiento
jurídico invocado por la demandante.
22. Con fundamento en esas consideraciones, el Tribunal concluyó que las
pretensiones no estaban llamadas a prosperar, porque el régimen salarial
reclamado solo resultaba aplicable hasta antes de la incorporación efectiva al nuevo
cargo equivalente dentro de la planta global del sector defensa. En consecuencia,
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas y
agencias en derecho a la parte actora.
2.4. Recurso de apelación
23. La demandante, a través de su apoderada, interpuso recurso de apelación6
contra la sentencia de primera instancia, al estimar que la decisión desconoció el
régimen salarial aplicable.
24. Como fundamento general de inconformidad, la recurrente reiteró los
argumentos expuestos en la demanda y en los alegatos de conclusión, y sostuvo
que el acto administrativo acusado —oficio del 26 de julio de 2019 expedido por la
Dirección General de Sanidad Militar— vulneró diversas disposiciones normativas.
En particular, afirmó que dicho acto negó indebidamente el reconocimiento,
liquidación, pago e indexación de salarios y prestaciones de la accionante conforme
al régimen salarial de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, pese a que, en su criterio, ese era el régimen que legalmente le
correspondía.
25. Señaló que el acto demandado incurrió en falsa motivación, porque se apoyó
en la Ley 1033 de 2006 y en los decretos 092 de 2007 y 4783 de 2008 para afirmar
que existía un nuevo régimen salarial para los funcionarios de la Dirección General
de Sanidad Militar. Según la parte actora, ninguna de esas disposiciones modificó
ni derogó el régimen especial previsto en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de
1997. Por ello, alegó que a la demandante debía aplicársele el régimen salarial
6
Samai, gestión en otros despachos, índice 29, actuación «RECIBE MEMORIALES».
6
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
consagrado en el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997, esto es, el
previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional.
26. Expuso que la errónea aplicación normativa en materia salarial vulneró los
derechos a la igualdad y a la favorabilidad laboral, pues a la peticionaria solo se le
reconoció la asignación básica aplicable al personal civil del Ministerio de Defensa,
omitiendo otros emolumentos salariales que sí perciben los empleados de la Rama
Ejecutiva. También recordó que la señora Verónica Lucía Otero López ingresó a
laborar en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares el 1 de marzo de 1996 y
luego se posesionó en la Dirección General de Sanidad Militar en 2009, de modo
que, por su fecha y forma de vinculación, consideró que debía conservar el régimen
salarial especial aplicable al personal de salud incorporado con posterioridad al
Decreto 1301 de 1994.
27. Finalmente, el recurso invocó como apoyo una sentencia del Consejo de
Estado del 26 de octubre de 2017 y la sentencia C-753 de 2008 de la Corte
Constitucional, para sostener que al personal de salud de las Fuerzas Militares
vinculado después del Decreto 1301 de 1994 le resulta aplicable el régimen salarial
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, y no el previsto para el personal civil del
Ministerio de Defensa. Con base en ello, solicitó revocar la sentencia apelada,
declarar la nulidad del oficio acusado y ordenar el reconocimiento y pago de la
asignación básica y de las demás consecuencias salariales y prestacionales
conforme a los decretos anuales expedidos para la Rama Ejecutiva, junto con la
indexación, reliquidación, intereses y costas.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
28. Asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación dictó auto
el 23 de junio de 20227, en el que admitió el recurso de apelación de la demandante
y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral
5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
29. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el
Consejo de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
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Samai, índice 4.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
3.2. Cuestión previa
30. Previo a la delimitación de los problemas jurídicos que orientarán el estudio
del asunto, la Sala considera necesario puntualizar que, estando el proceso al
despacho para sentencia (ingresó el 12 de septiembre de 2022), la apoderada de la
parte actora allegó memorial del 2 de octubre de 2023 para «precisar», unos puntos
relacionados con la controversia.
31. En dicho escrito, la parte actora sostuvo que la sentencia de primera instancia
valoró erradamente las pruebas al tomar como referencia el cargo de profesional
especializado código 2028, grado 14, que la actora ocupaba al momento de su
incorporación al Ministerio de Defensa. Afirmó que, dado que Verónica Lucía Otero
López laboró por cerca de doce años en el cargo de profesional especializado
código 3010, grado 16, este debía ser el parámetro correcto para establecer si
existió desmejora salarial, por lo que la conclusión del a quo sobre la inexistencia
de diferencia salarial sería equivocada.
32. Con fundamento en un nuevo cuadro comparativo, la memorialista asegura
que, si se toma como referente el cargo código 3010, grado 16, sí hubo una
desmejora salarial desde 2009, la cual cuantifica en $112.336.488. Por ello, solicitó
que se decrete un auto para mejor proveer a fin de que la entidad aporte la
certificación salarial de ese empleo entre 2009 y 2021 y, en consecuencia, se
revoque la sentencia apelada para ordenar el reajuste de la asignación básica de la
demandante conforme a la Ley 352 de 1997 y al Decreto 3062 de 1997. Junto con
dicho escrito adjuntó las «actas de posesión de 1 de marzo de 1996; 17 de diciembre
de 1996; 15 de enero de 1998 y de 27 de octubre de 2009».
33. Sobre esta circunstancia, conviene recordar que la oportunidad procesal para
reforzar o reiterar los argumentos en sede de segunda instancia es la presentación
de los alegatos de conclusión. Esta actuación procede cuando, una vez admitido el
recurso de apelación, la parte solicita pruebas, se decretan y estas son practicadas.
En ese escenario, se autoriza a las partes para presentar alegatos dentro del
término de 10 días, contrario a lo anterior, esto es, si no son solicitadas o practicadas
las probanzas, no habrá traslado para alegar.
34. Ahora bien, se advierte que, en el asunto de la referencia, la parte actora no
presentó solicitud probatoria dentro del término de ejecutoria de la providencia que
admitió el recurso de apelación, en los términos del inciso cuarto del artículo 212
del CPACA. En consecuencia, no se habilitó la concesión del término para presentar
alegatos de conclusión en sede de segunda instancia, con el fin de exponer
argumentos relacionados con la presente controversia.
35. En igual sentido, una vez el expediente está al despacho para fallo no existe
una oportunidad para solicitar la incorporación de material probatorio ni el decreto
de medios de convicción. Lo anterior, se advierte dado que la apoderada de la parte
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
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Militar
actora, en el escrito de referencia, apelando al «principio del derecho sustancial
sobre el formal», pidió que se profiriera auto para mejor proveer con el propósito de
allegar «certificación de los salarios percibidos en el empleo Profesional
Especializado Código 3010, Grado 16, en los años 2009 hasta 2021», pese a que
elevó tal solicitud aproximadamente un año después de que el proceso ingresara al
despacho para dictar la decisión llamada a ponerle fin al proceso.
36. Además, pasó por alto la posibilidad de formular dicha petición al interponer
el recurso de apelación y durante la ejecutoria del auto que admitió la alzada. Con
todo, la referida profesional del derecho dejó precluir las oportunidades procesales
previstas en primera instancia para aportar o solicitar pruebas, en los términos del
numeral 5 del artículo 162, y de los artículos 175, parágrafo 2, y 212 del CPACA.
37. Finalmente, para absolver los argumentos plasmados en el memorial
presentado por la apoderada, la Sala considera necesario precisar que esta decisión
no vulnera los derechos de acceso a la administración de justicia ni desconoce el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Por el contrario,
una de las garantías del debido proceso consiste, precisamente, en que las
actuaciones se surtan con observancia de los presupuestos legales, en tanto se
trata de normas de orden público que salvaguardan la seguridad jurídica de todas
las partes involucradas en la controversia. Distinto es que, por no haberse atendido
la carga procesal prevista en la norma aplicable, resulte imperioso imponer la
consecuencia jurídica que de ella se deriva.
38. Por las mismas razones, también se estima que los argumentos expuestos
con posterioridad a que el proceso pasó al despacho para fallo no pueden tenerse
en cuenta como parte de los aspectos a dilucidar en segunda instancia.
3.3. Problemas jurídicos
39. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del
Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala definir si:
40. ¿La demandante tiene derecho al reajuste de su asignación básica, conforme
a la Ley 352 de 1997 y el numeral 6.° del artículo 3.° del Decreto 3062 de 1997, con
aplicación del régimen salarial fijado por el Gobierno nacional para la Rama
Ejecutiva del orden nacional, y teniendo en cuenta que, a partir 27 de octubre de
2009, desempeñó el cargo de servidor misional en Sanidad Militar, código 2-2, grado
16 de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General
de Sanidad Militar?
41. Para resolver el problema planteado, la Sala estima pertinente realizar
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
algunas consideraciones sobre (a) el régimen normativo aplicable al personal del
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el
Decreto 1214 de 1990; y (b) el régimen salarial y prestacional del personal civil
vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, según la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado.
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.4.1. Del régimen normativo aplicable al personal del Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto 1214 de 1990
42. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por el artículo 2488 de la Ley 100 de 1993, organizó el Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal regido por el Decreto
Ley 1214 de 1990. En desarrollo de dicha facultad, expidió el Decreto Ley 1301 de
1994, por medio del cual creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un
establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, con
autonomía administrativa y patrimonio propio (artículos 35 y siguientes). Asimismo,
dicho decreto dispuso la creación del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional (artículo 56). Así, el artículo 29 de dicha normativa indicó lo
siguiente:
ARTICULO 29. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La estructura organizacional
del SMP es la siguiente:
(…)
2. Subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
a) El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
a.1 Nivel Central.
a. 2 Nivel Regional.
b. a.2.1 Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
3. Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
8 «ARTÍCULO 248. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del
artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados desde la fecha de publicación de la presente Ley
para:
(...)
6. Facúltase al Gobierno Nacional para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la
presente Ley, organice el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el
Decreto ley [1214] de 1990, en lo atinente a:
a) Organización estructural;
b) Niveles de Atención Médica y grados de complejidad;
c) Organización funcional;
d) Régimen que incluya normas científicas y administrativas;
e) Régimen de prestación de servicios de salud.
(…)».
10
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
a) El Instituto para la Seguridad social y Bienestar de la Policía Nacional.
a.1. Nivel Central.
a.2. Nivel Regional.
(…) (Destaca la Sala)
43. En lo relativo al régimen jurídico del personal, señaló que quienes prestaran
sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional tendrían la calidad de
empleados públicos, salvo aquellos dedicados a actividades operativas de
conservación y mantenimiento.
44. En ese contexto, el régimen salarial aplicable a los empleados públicos
vinculados al referido instituto era el previsto por el Gobierno nacional para los
servidores de los establecimientos públicos del orden nacional. Por consiguiente, al
tratarse de una entidad descentralizada, tales servidores no quedaron sometidos,
en materia salarial, a las disposiciones previstas para el personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional.
45. De esta manera, los empleados públicos que, al entrar en vigor el Decreto
Ley 1301 de 1994, prestaban sus servicios en el nivel central de la estructura
organizacional, esto es, en el Ministerio de Defensa Nacional, y fueron incorporados
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, pasaron a regirse por el régimen
salarial establecido para dicho establecimiento público.
46. En otras palabras, los empleados que ya se encontraban al servicio, así como
aquellos que se vincularon posteriormente al referido Ministerio y a los institutos
mencionados quedaron sujetos al régimen salarial previsto para la respectiva
entidad9.
47. Ahora bien, en materia pensional, los empleados públicos del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional
quedaron sometidos a la Ley 100 de 199310. En cuanto a las demás prestaciones
9 «ARTICULO 88. REGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales
del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones,
viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que para esta clase de servidores establezca
el gobierno Nacional.
En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dichos organismos para efectos de
remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.
PARAGRAFO. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia el presente Decreto
se encuentren prestando servicios en el Ministerio de Defensa Nacional y que ingresen al Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al
régimen salarial establecido para la entidad respectiva».
10 ARTICULO 89. REGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional, quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones
sociales se les aplicará el Decreto Ley 2701 de 1988 y normas que lo modifiquen y adicionen.
PARAGRAFO. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, los empleados
públicos y trabajadores oficiales que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la
11
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Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
sociales, les resultaba aplicable el Decreto Ley 2701 de 1988 y las disposiciones
que lo modificaran o adicionaran. A su turno, quienes hubieren estado vinculados al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993, conservarían el régimen previsto en el Decreto 1214
de 1990.
48. Posteriormente, la Ley 352 de 1997 reestructuró el Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y derogó el Decreto Ley 1301 de 1994
(artículo 65). Además, dispuso la creación de la Dirección General de Sanidad
Militar (artículo 9) como dependencia del Comando General de las Fuerzas
Militares, con el objeto de administrar los recursos del Subsistema de Salud de las
Fuerzas Militares. Asimismo, ordenó la supresión y liquidación del Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional (artículo 53).
49. En desarrollo de esa normativa se profirió el Decreto 3062 de 1997, en el cual
se establecieron garantías específicas para los servidores que laboraban en el
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y fueron incorporados a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, o al Hospital Militar Central
según sea el caso, respetando los derechos adquiridos conforme al artículo 54 de
la Ley 352 de 1997.
50. Así, en materia prestacional, el artículo 3, numeral 4, del Decreto 3062 de
1997 dispuso que a quienes se hubieran vinculado antes de la entrada en vigor de
la Ley 100 de 1993 se les seguiría aplicando íntegramente el Título VI del Decreto
1214 de 1990, así como las normas que lo modificaran o adicionaran; en cambio, al
personal vinculado con posterioridad le resultaría aplicable la Ley 100 de 1993. A
su turno, en materia salarial, el artículo 3, numeral 6, ibidem estableció que a los
empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares que se incorporaran a las plantas de personal de salud creadas en el
Ministerio de Defensa Nacional se les aplicaría el régimen salarial previsto para los
empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional:
Artículo 2º. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que actualmente
prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares se
incorporarán a la Planta de Salud del Ministerio de Defensa Nacional o al Hospital
Militar Central según sea el caso, respetando los derechos adquiridos conforme al
artículo 54 de la Ley 352 de 1997.
Artículo 3º. La incorporación de los empleados públicos y trabajadores oficiales de
que trata el artículo 2º del presente decreto se hará teniendo en cuenta las
siguientes garantías:
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se hubieren vinculado al Ministerio de Defensa Nacional
o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán cobijados por el Título VI del
Decreto Ley 1214 de 1990.
12
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Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
(…)
4. En materia prestacional a los empleados públicos y trabajadores oficiales del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de
Personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieren vinculado
a esta Entidad antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará
aplicando en su integridad el título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
modifiquen o adicionen sobre el Régimen Prestacional y al personal vinculado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará esta disposición.
Igualmente al personal vinculado al Hospital Militar Central con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993[,] se le continuará aplicando el Régimen
Prestacional consagrado en el Decreto 2701 de 1988 y las normas que lo modifiquen
o adicionen.
(…)
6. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que
se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicará el régimen salarial
que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional.
Por su parte, las personas vinculadas al Hospital Militar Central tendrán el carácter
de empleados públicos o trabajadores oficiales conforme a las normas vigentes,
aunque en materia salarial y prestacional deberán regirse por el régimen especial
establecido por el Gobierno Nacional, todo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley 352 de 1997. (Negrillas por la Sala)
51. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1033 de 200611 y de los decretos
ley 9112 y 9213 de 2007, así como del Decreto 4783 de 2008, se unificó el régimen
de administración del personal civil vinculado a los organismos y dependencias del
sector defensa y se ajustó la planta de personal de los empleados públicos del
Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, mediante la
equivalencia de los empleos preexistentes frente a la nueva planta.
52. Concretamente, el Decreto Ley 091 de 2007, en su artículo 32 precisó que
las plantas de personal del sector defensa son globales y que la del Ministerio de
Defensa está compuesta por:
1. Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional: Comprende los empleos
públicos del personal civil y no uniformado asignado a la Unidad Gestión General
11
«[P]or la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no uniformados
al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades
descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan y modifican unas disposiciones de la
Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución
Política».
12
«Por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en
materia de administración de personal».
13 «Por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos de las
entidades que integran el Sector Defensa».
13
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Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
del Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares, Comandos
de Fuerza, Policía Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, Dirección
General Marítima, Justicia Penal Militar.
2. Planta de Personal de las Entidades Descentralizadas, Adscritas y Vinculadas:
Comprende los empleos públicos del personal civil y no uniformado y trabajadores
oficiales de las entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, en el entendido
que cada una de ellas tienen su planta de personal independiente.
53. De otro lado, el Decreto Ley 092 del mismo año clasificó los niveles
jerárquicos de los empleos del sector defensa como «Nivel Directivo, Nivel Asesor,
Nivel Profesional, Nivel Orientador, Nivel Técnico y Nivel Asistencial». En materia
de protección de derechos laborales, el numeral 1.º del artículo 19 ibidem, dispuso
en cuanto a la equivalencia de empleados, lo siguiente: «No podrá desmejorarse la
situación salarial de los empleados civiles no uniformados del sector defensa».
54. Aunado a lo anterior, el parágrafo transitorio del artículo 21 ordenó que «[l]os
sueldos de los empleados civiles no uniformados del Sector Defensa, se
continuarán pagando de conformidad con la nomenclatura existente a la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto, hasta tanto se ajusten las plantas de
personal, se establezcan las equivalencias de que trata el artículo anterior, y se fijen
los sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación especial».
55. Ahora bien, el Decreto 4783 de 200814 dispuso la incorporación de los
funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección
General de Sanidad Militar a los cargos equivalentes de la planta ajustada conforme
a la tabla de organización «TO», fijada en la Resolución 1453 de 2008 y, respecto
de ellos, previó que continuarían percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñaban hasta entonces, mientras permanecieran en el cargo
al cual fueron incorporados. Así lo dispuso el artículo 6:
Artículo 6°. Los funcionarios que a la fecha de la expedición del presente decreto se
encuentren prestando sus servicios en la Planta de Personal del Ministerio de
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, serán incorporados en los
cargos equivalentes de que trata el presente decreto, en un término máximo de
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su publicación y continuarán
percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que desempeñan
actualmente mientras ocupen el cargo en el que serán incorporados. (Negrillas
por la Sala)
14 «[P] el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados Públicos del Ministerio
de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan otras disposiciones».
14
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Demandante: Verónica Lucía Otero López
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Militar
3.4.2. Del régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional según la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado. Reiteración de jurisprudencia.
56. Con ocasión de las múltiples controversias suscitadas en torno al desarrollo
normativo a partir del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, la Ley 352 de 1997, el
Decreto 3062 de 1997, la Ley 1033 de 2006, el Decreto 92 de 2007 y el Decreto
4783 de 2008, esta Sección unificó su jurisprudencia a través de la sentencia SUJ-
019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 201915, y fijó las reglas que a efectos
ilustrativos se describen en el siguiente cuadro:
SUPUESTO
NORMATIVO DE LA REGLAS DE UNIFICACIÓN
VINCULACIÓN
1. En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados16 al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas por
el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden
nacional. Por lo tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano del nivel
descentralizado no se regían por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
(a) Entre la vigencia del
Decreto 1301 de 1994 y 2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto en
de la Ley 352 de 1997, la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al Instituto de
aplican las siguientes Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de
reglas: la Policía Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones les aplicaba el Decreto
2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990.
1. En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
(b) A partir de la
Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de
vigencia de la Ley 352
Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la
de 1997 los empleados
Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto
públicos que antes
3062 de 1997).
prestaban sus servicios
en el Instituto de Salud
2. En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las
de las Fuerzas Militares
Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de
y que fueron
Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de
incorporados a la planta
1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
de salud del Ministerio
modifiquen o adicionen.
de Defensa Nacional,
dejaron de pertenecer al
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les
sector descentralizado,
aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional en la Ley
y para ellos aplican las
100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo artículo
siguientes reglas:
55 de la Ley 352 de 1997).
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de diciembre
de 2019, rad. 25000-23-42-000-2016-04235-01(0901-18) SUJ-019-CE-S2-19, M.P. César Palomino Cortés.
16 Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigor del Decreto 1301 de 1994 se encontraran prestando
servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
15
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 200717 se reajustaron las
plantas de personal, se establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos con
fundamento en la nomenclatura y clasificación especial, por ello, los sueldos de los
empleados civiles no uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar con
(c) Con la Ley 1033 de base en la nueva nomenclatura.
2006 se unificó el
régimen de Los empleados civiles no uniformados del sector Defensa vinculados a la Planta de
administración de Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
personal que se aplica debieron continuar percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que
al personal civil desempeñaban a la entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen
vinculado a los el cargo en el que fueron incorporados.
Organismos y
Dependencias del 2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por
Sector Defensa. Por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
ello, los empleos especial para los empleados civiles no uniformados del sector Defensa, empezó a
públicos del personal devengar la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
civil y no uniformado civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional18.
asignados a la
Dirección General de Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo equivalente
Sanidad Militar en la planta global del sector Defensa, de acuerdo con el sistema de nomenclatura y
pertenecen a la planta clasificación de empleos, el servidor debió continuar percibiendo la remuneración
de personal del correspondiente al empleo que desempeñaba, esto es, según el régimen salarial
Ministerio de Defensa fijado por el Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
Nacional, a quienes se Orden Nacional19. Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global
les aplican las del Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
siguientes reglas: asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna modificación,
por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
Tabla 1. Reglas de unificación de la sentencia SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 2019
57. Con fundamento en las referidas reglas de unificación, se estima necesario
efectuar algunas precisiones que ha destacado la presente Subsección20. Lo
anterior, debido a que en varias providencias de esta Sección se consideró que los
empleados vinculados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, entidad
suprimida por la Ley 352 de 1997, pese a su incorporación en 2009 a la planta global
del Ministerio de Defensa Nacional, mantuvieron el derecho a que se les aplicara el
numeral 6.º del artículo 3.º del Decreto 3062 de 1997. Por consiguiente, continuaron
cobijados por el régimen salarial previsto para los empleos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del orden nacional, y no por la asignación básica fijada para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
58. No obstante, la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo
de Estado previamente referida impone, en esta materia, un marco interpretativo
distinto. En dicha providencia se precisó, entre otros aspectos, que con la entrada
en vigor del Decreto Ley 92 de 2007 se reajustaron las plantas de personal, se
17 Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
18
Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120 de
2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019
19 Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre
de 2021, rad. 25000-23-42-000-2017-05130-01(0915-21), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
establecieron las equivalencias y se fijaron las asignaciones salariales conforme a
la nomenclatura y clasificación especial allí previstas. En consecuencia, la
remuneración de los empleados civiles no uniformados del sector defensa pasó a
reconocerse con fundamento en esa nueva nomenclatura.
59. También precisó que, desde el momento en que el empleado pasó a ocupar
el cargo al cual fue incorporado en virtud del Decreto 4783 de 2008, y conforme a
la nomenclatura y clasificación especial prevista para los empleados civiles no
uniformados del sector defensa, comenzó a percibir la asignación básica
establecida por el Gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa Nacional.
60. En otras palabras, mientras se producía la incorporación al cargo equivalente
en la planta global del sector defensa, de conformidad con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor conservaba el derecho a
percibir la remuneración correspondiente al empleo que desempeñaba con
anterioridad, esto es, la fijada por el Gobierno nacional para los empleos de la Rama
Ejecutiva del poder público del orden nacional. Cumplida la incorporación al cargo
equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa Nacional, pasaba a regirse
por la escala de asignación básica prevista por el Gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados de dicha entidad.
61. Por último, la citada sentencia de unificación precisó que la Ley 1033 de 2006
no alteró el régimen prestacional, razón por la cual este continúa rigiéndose por lo
dispuesto en la Ley 352 de 1997. Bajo ese entendido, y por respeto a la seguridad
jurídica y a la fuerza vinculante del precedente allí fijado, se acoge esa orientación
jurisprudencial, habida cuenta de que la misma providencia dispuso su aplicación
obligatoria a todos los asuntos pendientes de definición en sede administrativa y
judicial, mediante acciones o medios de control ordinarios, con la única salvedad de
los casos amparados por cosa juzgada.
3.5. Hechos probados
62. Con el objeto de resolver los interrogantes planteados, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:
(a) A través de la Resolución 0114 del 1 de marzo de 1996, se incorporaron cargos
a la planta global del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, que pertenecían a
la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional,
entre estos se encontraba la señora Verónica Lucía Otero López, en el cargo de
profesional especializado código 3010-1421.
(b) Mediante acta 2836 del 1 de marzo de 1996, la señora Verónica Lucía Otero
21
Samai, gestión en otros despachos, documento «3ED_01DEMANDAYANEXOS», imagen 31.
17
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
López fue posesionada en el cargo de profesional especializado, cargo y grado
3010-14, para prestar sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares22.
(c) Por acta 1158 del 27 de octubre de 2009 la señora Verónica Lucía Otero López
tomó posesión del empleo de servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado
16, de libre nombramiento y remoción, en la planta de personal de empleados
públicos del Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar, al servicio
de la Dirección de Sanidad Armada en el Hospital Naval de Bahía Málaga, la cual
fue incorporada mediante la Resolución 1378 del 14 de octubre de 200923.
(d) El 18 de julio de 201924, la señora Verónica Lucía Otero López solicitó a la
Dirección General de Sanidad Militar el reconocimiento y pago de la asignación
básica salarial, así como la reliquidación de las prestaciones sociales derivadas de
aquella, de conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997,
aplicables a los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional. En concreto, reclamó que, en los términos del numeral 6 del artículo 3 del
Decreto 3062 de 1997, se le reconociera la remuneración equivalente a la prevista
para los empleados públicos de ese orden, conforme a los parámetros fijados por el
Gobierno nacional.
(e) Como consecuencia de lo anterior, el Grupo de Talento Humano de la Dirección
General de Sanidad Militar, a través del Oficio núm. 13228 / MDN-COGFM-JEMCO-
DIGSA-SUBAF-GRUTH 1.10 del 26 de julio de 2019, negó lo solicitado por la
peticionaria.
3.6. Análisis del caso concreto
63. En el asunto bajo análisis, la parte actora solicita la nulidad del acto
administrativo que negó el reajuste de su asignación básica de personal civil de la
Dirección General de Sanidad Militar conforme a la Ley 352 de 1997 y el Decreto
3062 de 1997. Sostuvo que su remuneración debía ser equivalente a la prevista
para los empleados públicos del orden nacional.
64. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que la señora
Verónica Lucía Otero López no tenía derecho al reajuste de su asignación básica
con fundamento en la normativa invocada, en la medida en que, aunque en una
etapa inicial estuvo sometida al régimen salarial de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, su situación jurídica se modificó con la reestructuración del sector defensa
introducida por la Ley 1033 de 2006, el Decreto Ley 092 de 2007 y el Decreto 4783
de 2008. El juez de primera instancia estableció que, tras su incorporación el 27 de
22 Samai, gestión en otros despachos, documento «3ED_01DEMANDAYANEXOS», imagen 35.
23 Samai, gestión en otros despachos, documento «3ED_01DEMANDAYANEXOS», imagen 37.
24 Samai, gestión en otros despachos, documento «3ED_01DEMANDAYANEXOS», imagen 39.
18
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
octubre de 2009 al cargo de servidor misional en sanidad militar código 2-2, grado
16, quedó sujeta a la escala salarial prevista para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa, sin que la equivalencia del nuevo empleo
con el que antes desempeñaba implicara la subsistencia del régimen anterior.
65. Inconforme con esta decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación por considerar que se desconoció el régimen salarial que, en su criterio,
amparaba a Verónica Lucía Otero López, y reiteró que el acto demandado expedido
por la Dirección General de Sanidad Militar incurrió en falsa motivación al negar el
reconocimiento, liquidación, pago e indexación de salarios y prestaciones conforme
al régimen de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
Advirtió que la Ley 1033 de 2006 y los decretos 092 de 2007 y 4783 de 2008 no
modificaron ni derogaron la Ley 352 de 1997 ni el Decreto 3062 de 1997, por lo que
debía seguir aplicándose el numeral 6 del artículo 3 de este último, debido a que se
vinculó inicialmente el 1 de marzo de 1996.
66.Para resolver los reparos formulados en el recurso de apelación, la Sala
analizará los actos de nombramiento de la demandante y establecerá el supuesto
normativo aplicable, de conformidad con las reglas de unificación fijadas por esta
Corporación.
67. En efecto, se tiene que la señora Verónica Lucía Otero López se vinculó al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, el 1 de marzo de 1996, como profesional
especializado, cargo y grado 3010-14. Lo anterior, en atención a la Resolución 0114
del 1 de marzo de 1996 y el acta de posesión 2836 de la misma fecha.
68. Asimismo, se advierte que el 27 de octubre de 2009 la demandante tomó
posesión, como consta en acta 1158, del empleo de «servidor misional de sanidad
militar, código 2-2, grado 16», en la planta de personal de empleados públicos del
Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar, al servicio de la
Dirección de Sanidad Armada, incorporación que se realizó de conformidad con la
Resolución 1378 del 14 de octubre de 2009. En el referido acto de posesión se
consignó la nota: «ESTA INCORPORACIÓN NO REPRESENTA CAMBIOS EN EL
RÉGIMEN LABORAL NI PRESTACIONAL».
69. El 18 de julio de 2019, la señora Verónica Lucía Otero López solicitó el
reajuste de la asignación básica, de acuerdo con los decretos expedidos para los
empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Sin embargo, por Oficio núm.
13228 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH 1.10 del 26 de julio de 2019
se negó dicho pedimento en virtud de los siguientes argumentos:
[….]el régimen salarial aplicable a la peticionaria desde octubre de 2009 es el
previsto por el Gobierno Nacional para los servidores públicos del Sector Defensa,
y no el aplicable a la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, situación
que NO genera un desmejoramiento salarial, pues en el mes de octubre del año
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
2009 que fue la fecha en la que se realizó el cambio de nomenclatura y
equivalencias de la Planta de Personal con la nueva nomenclatura, la funcionaria
para esa fecha no devengó un salario inferior al que venía recibiendo anteriormente
con base en los Decretos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional, como quiera que su asignación salarial se mantuvo, respetando los
derechos adquiridos.
Por lo anterior, las normas que rigen su vinculación son la Ley 1033 de 2006 y el
Decreto Ley 092 de 2007, normas que como quedó, visto fueron expedidas con
plenas facultades legales y de conformidad con el ordinal 10 del artículo 150 de la
Constitución Política de Colombia y que en caso del Decreto Ley 092 de 2007,
derogó las disposiciones que le fueron contrarias, tal como dispuso el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección F en sentencia del
25 de agosto de 2017 Rad. N.°: 11001-33-35-0022-2015-00231-01.
En virtud a lo anterior, no le asiste derecho alguno al reconocimiento, liquidación,
pago e indexación de salarios y prestaciones a favor de la señora VERÓNICA LUCÍA
OTERO LÓPEZ, correspondiente al régimen salarial aplicable a los Empleados
Públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, teniendo en cuenta que la
Dirección General de Sanidad Militar pertenece a un sector especial llamado Sector
de Defensa regido por decretos salariales específicos y determinados por el
Gobierno Nacional a través de las Leyes 1033 de 2006, Decreto Ley 1792 de 2000,
Decreto Ley 092 de 2007, dado que se ha liquidado y pagado correctamente su
asignación salarial con base en los decretos salariales expedidos anualmente por el
Gobierno Nacional.
70. Ahora bien, de los argumentos expuestos se advierte que, en el presente
asunto, la controversia se circunscribe a establecer el régimen salarial aplicable al
personal civil de la Dirección General de Sanidad Militar, con ocasión de las
disposiciones que reestructuraron el sector defensa a partir de la entrada en vigor
de la Ley 1033 de 2006. En ese marco, el debate se suscita por la unificación del
régimen de administración del personal civil vinculado a los organismos y
dependencias del sector defensa y por el ajuste de la planta de personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sanidad Militar, a través de la equivalencia de los empleos preexistentes en la nueva
planta.
71. Como consecuencia de lo anterior, la demandante solicita el reconocimiento
de su asignación básica de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 3
del Decreto 3062 de 1997 que dispone que «los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporen a las
Plantas de Personal de Salud que se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se
les aplicará el régimen salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del Orden Nacional».
72. Así, en los términos del recuento normativo destacado en el acápite «3.4.1.»
de esta decisión, se itera que la Ley 352 de 1997 dispuso la derogación del Decreto
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
1301 de 1994 y, en desarrollo de la supresión del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares, dispuso la creación de la Dirección General de Sanidad Militar.
Posteriormente, el Decreto 3062 de 1997 previó, en materia salarial, que a los
empleados incorporados a las plantas de personal de salud que se crearan en el
Ministerio de Defensa Nacional les sería aplicable el régimen salarial previsto para
los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional. No obstante, con la
expedición de la Ley 1033 de 2006 y de los decretos 091 y 092 de 2007, así como
del Decreto 4783 de 2008, se unificó el régimen de administración del personal civil
del sector defensa y se modificó la planta de personal de la Dirección General de
Sanidad Militar.
73. En el caso bajo estudio, se acreditó que la señora Verónica Lucía Otero
López se vinculó inicialmente al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares en el
cargo de profesional especializado, código 3010, grado 14, desde el 1 de marzo de
1996. No obstante, con posterioridad fue incorporada, a partir del 27 de octubre de
2009, a la planta de personal reestructurada de la Dirección General de Sanidad
Militar, en el empleo de servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 16,
tal como consta en el acta 1158 de esa misma fecha. Lo anterior ocurrió en virtud
del ajuste y modificación de la estructura de personal del Ministerio de Defensa, de
conformidad con el sistema especial de nomenclatura y clasificación de empleos del
sector, aprobado mediante el Decreto 4783 de 2008.
74. En estos términos, para determinar el régimen salarial aplicable a la
demandante, a la luz de las reglas establecidas en la sentencia de unificación del
12 de diciembre de 2019 y de las particularidades acreditadas en el caso concreto,
se advierte que su incorporación, ocurrida el 27 de octubre de 2009, se produjo
cuando ya se encontraban en vigor la Ley 1033 de 200625, los decretos 091 y 092
de 2007 y el Decreto 4783 de 2008. En consecuencia, la parte actora se ubica en el
tercer supuesto normativo previsto en las referidas reglas de unificación, de
manera que, desde esa fecha, la señora Verónica Lucía Otero López pasó a
devengar la asignación básica fijada por el Gobierno nacional para los empleados
civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, por haber tomado
posesión del cargo al cual fue incorporada conforme a la nomenclatura y
clasificación especial prevista para dichos servidores.
75. Con el fin de aportar mayores elementos de juicio para la resolución del
asunto sometido a consideración de la Sala, se advierte que la presente
controversia comparte los mismos supuestos fácticos analizados en la sentencia de
unificación del 12 de diciembre de 2019, en particular, el relativo a la incorporación
al servicio misional a partir del 27 de octubre de 2009. En relación con ese aspecto,
en dicha providencia se señaló lo siguiente:
Nótese que el cargo ejercido por la demandante, servidor misional en sanidad
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18 de julio de 2006.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
Militar 2-2, 14, hace parte de la planta de personal de empleados Públicos del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, de
conformidad con el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de empleos especial
del sector defensa contemplado en los Decretos 092, 3034, 4803 de 2007 y 2127
de 2008, según el Decreto 4783 de 2008.
Por consiguiente, a partir del 27 de octubre de 2009, la asignación básica de la
demandante es la fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional. Dado que desde esa fecha
se posesionó en el empleo al que fue incorporada de acuerdo con la nomenclatura
y clasificación especial para los empleados civiles no uniformados del sector
defensa.
Así las cosas, antes de la referida incorporación, la actora percibía la remuneración
correspondiente al empleo que desempeñaba (profesional especializado), prevista
en el régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva
del Poder Público del Orden Nacional, respetándose la garantía contenida en el
numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997. (Negrillas por la Sala)
76. Por lo anterior, y en armonía con lo razonado en la sentencia de unificación,
criterio que resulta aplicable al presente asunto por coincidir sus supuestos fácticos,
se concluye que el 26 de octubre de 2009 fue el último día en que la demandante
desempeñó el cargo de profesional especializado, grado 14. En consecuencia, solo
hasta esa fecha le era aplicable el régimen salarial previsto en los decretos de la
Rama Ejecutiva del orden nacional.
77. Por ello, a partir del 27 de octubre de 2009, fecha en la que fue incorporada
a la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional,
Dirección General de Sanidad Militar, en el cargo de servidor misional en Sanidad
Militar, código 2-2, grado 16, equivalente al nivel asesor en los términos del artículo
11 del Decreto Ley 92 de 2007, pasó a devengar la asignación básica fijada por el
Gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, así como
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
78. Ahora bien, en la referida decisión de unificación, igualmente se examinaron
los planteamientos que suelen formularse en esta clase de asuntos respecto de las
diferencias salariales reclamadas con fundamento en la remuneración prevista para
los empleos del nivel asesor, grado 14, de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
Ese supuesto también concurre en el presente caso, pues la demandante estuvo
vinculada inicialmente al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares en el cargo de
profesional especializado, código 3010, grado 14, y posteriormente fue incorporada
al empleo de servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 16. Frente a
este escenario, la sentencia de unificación desestimó tales argumentos y sostuvo lo
siguiente:
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Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
Contrario a lo afirmado en la demanda, no es viable el pago de la asignación básica
de la actora con la remuneración fijada en los decretos salariales de la Rama
Ejecutiva del nivel nacional para el empleo de asesor grado 14, porque tal como se
indicó en el acto acusado, si bien, cambiaron la denominación, el código y el grado
del cargo de la accionante, lo cierto es que mantuvo su sueldo, “por lo tanto, no se
puede aplicar el código y el grado del sector defensa para equipararlo con el código
y el grado del Decreto de la Rama Ejecutiva del orden nacional, porque se estaría
frente a una nivelación salarial no establecida legalmente”.(Cursiva del texto)
79. En consonancia con lo anterior, se puede advertir que desde el 27 de octubre
de 2009 la señora Verónica Lucía Otero López pasó a desempeñar el empleo de
servidor misional en Sanidad Militar, ubicado en el nivel jerárquico asesor conforme
al artículo 11 del Decreto Ley 92 de 2007, esa sola circunstancia no conduce a
acoger el argumento de la apelante, según el cual la asignación salarial que debía
reconocérsele era la prevista para dicho nivel en el régimen de la Rama Ejecutiva
del orden nacional.
80. En efecto, la incorporación de la demandante a dicho cargo, en desarrollo de
la reestructuración de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional,
configuró una nueva situación laboral que excluyó la aplicación del régimen salarial
propio de la Rama Ejecutiva, según lo definido por la sentencia de unificación del
12 de diciembre de 2019. De esta manera, la asignación básica de la actora pasó a
regirse por la normativa especial expedida para los empleados civiles no
uniformados del sector defensa.
81. Aunado a lo expuesto, la Sala advierte que en el sub lite no es posible verificar
la alegada equiparación salarial en los términos propuestos por la demandante,
habida cuenta de que en la demanda no se formularon los supuestos fácticos y
jurídicos indispensables para sustentar tal pretensión, ni se allegaron en las
oportunidades legalmente previstas los medios de prueba idóneos y pertinentes
para acreditar una eventual desigualdad remunerativa en su perjuicio.
82. A ello se añade que solo un año después de que el expediente ingresó al
despacho para sentencia la demandante solicitó la práctica de dicha probanza,
orientada a realizar un eventual ejercicio de comparación entre cargos equivalentes.
En esas condiciones, no se dispone de soporte probatorio oportunamente
incorporado que permita establecer una desmejora salarial producto de las
equivalencias de empleo surgidas del proceso de unificación del régimen de
administración del personal civil vinculado a los organismos y dependencias del
sector defensa, ni de los ajustes introducidos en la planta de personal de los
empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sanidad Militar.
83. En todo caso, se recuerda que, de conformidad con el artículo 328 del CGP,
la Sala delimitó su competencia, en segunda instancia, a los argumentos expuestos
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
por la parte demandante en el recurso de apelación. En esencia, su inconformidad
se circunscribió en la interpretación de la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de
1997 al considerar aplicable para su caso, la última de estas normas. Lo anterior,
bajo la premisa de que la recurrente afirma que, por haber sido vinculada
inicialmente al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares el 1.º de marzo de 1996,
le asiste el derecho a que su régimen salarial sea el previsto anualmente por el
Gobierno nacional para los empleados de la Rama Ejecutiva del poder público. Sin
embargo, como se reiteró en esta providencia, esa discusión quedó zanjada por la
sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019.
84. En este orden de ideas, y en aplicación del precedente establecido por la
Sección, se concluye que la parte actora no tiene derecho al reajuste de la
asignación básica con fundamento en el régimen salarial previsto para los
empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, conforme al
numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997. Ello, por cuanto desde el 27 de
octubre de 2009, fecha en la que fue incorporada a la planta de personal del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, en el cargo
de servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 16, pasó a devengar la
remuneración fijada por el Gobierno nacional para los empleados civiles no
uniformados del sector defensa.
85. En virtud de estos argumentos, la Subsección confirmará el fallo de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.
3.7. Costas
86. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario26 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
26 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo; (b) el artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes
enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las
de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-
33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
3.8. Conclusión
87. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la accionante, quien se
desempeñó como servidor misional de sanidad militar, código 2-2, grado 16, no
tiene derecho al reconocimiento y pago del reajuste de la asignación básica acorde
con las escalas salariales establecidas para los empleados de la Rama Ejecutiva
del orden nacional, debido a que fue incorporada a la planta de personal del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, por lo que
su remuneración está fijada por el Gobierno nacional para los empleados civiles no
uniformados del sector defensa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia del 2 de diciembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00234-01 (2096-2022)
Demandante: Verónica Lucía Otero López
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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