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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00239-01

Fecha
24 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00239-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda – Subsección “B” en la que se negaron las pretensiones de la demanda de conformidad con lo considerado en la parte motiva. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante por las razones expuestas en la presente providencia. Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 25-000-23-42-000-2021-00239-01 (1673-2023)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00239-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

24 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C, veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25-000-23-42-000-2021-00239-01 (1673-2023)
Demandante: Omar León Vanegas
Demandado: Municipio de Fusagasugá– Secretaría de Educación.

Tema: Reconocimiento de Prima Técnica por Evaluación de Desempeño.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 18 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca- Sección Segunda – Subsección “B” en la que se negaron las
pretensiones y no se impuso condena en costas.

ANTECEDENTES

1. El señor Omar León Vanegas instauró demanda en contra del municipio de
Fusagasugá – secretaría de educación. en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin
de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo de 29 de enero de 2020 -notificado
el 20 de febrero del mismo año- y del ficto o presunto que resolvió el recurso de
apelación interpuesto contra el anterior, mediante los cuales se negó el reconocimiento
y pago de la prima técnica por evaluación de desempeño.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago
de la aludida prima desde la fecha en que se consolidó el derecho y hasta el retiro del
servicio, disponiendo su pago a futuro de conservar el beneficio según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 2164 de 1991.

4. Que, consecuente con lo anterior, se ordene reliquidar todos los salarios, primas,
bonificaciones, prestaciones y demás emolumentos salariales pagados sin el beneficio
de la prima técnica y para los cuales ésta constituya factor salarial, conforme la
sentencia proferida por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010, radicado 25000-
23-25-000-2006-0759-01 (0112-09)

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5. Que las sumas reconocidas sean indexadas conforme al IPC, que se dé
cumplimiento al fallo en el término legal y se condene en costas a la parte pasiva.

HECHOS

6. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

7. Que fue nombrado en propiedad mediante Decreto 609 de 1996 para desempeñar
el cargo de celador código 6020 grado 01, del cual tomó posesión conforme el acta
035 del 24 de abril de 1996 y al momento de su vinculación tenía la calidad de servidor
público del orden nacional vinculado al Colegio Departamental Nacionalizado “La
Aguadita” del municipio de Fusagasugá y, que antes del 4 de julio de 1997 obtuvo
calificación por desempeño en porcentaje superior al 90% razón por la cual adquirió y
consolidó el derecho a percibir la prima técnica por evaluación de desempeño.

8. Que mediante Resolución 3077 del 12 de agosto de 1997 tuvo lugar la
descentralización de la educación y la entrega al departamento de Cundinamarca, pero
ello no implicaba la pérdida del derecho a percibir la prima puesto que se había
consolidado con anterioridad.

9. Que por Resolución 2864 del 12 de diciembre de 2002 se certificó al municipio de
Fusagasugá para administrar el servicio público de educación.

10. Que, en los años subsiguientes a su traslado al orden territorial, ha obtenido
calificaciones iguales o superiores al 90%.

11. Que el 25 de noviembre de 2019, con radicado FUS2019ER005704, solicitó el
reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de desempeño, lo cual fue
negado en acto administrativo del 29 de enero de 2020, notificado el 20 de febrero de
ese año; decisión contra la cual interpuso recurso de apelación que fue resuelto
mediante acto ficto o presunto negativo.

12. Que el 23 de junio de 2020 elevó petición para obtener certificación de las
evaluaciones de desempeño de los años 1997 a 2000, certificación laboral y de
salarios y, que el 19 de julio de 2020 le contestaron que debía dirigirse al ente
educativo donde laboraba.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

13. Se indicaron como violados los artículos 2, 53 y 58 de la Constitución Política y 1,
2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 y 13 del CPACA; la Ley 43 de 1975 y los Decretos 1661 de
1991, 2164 de 1991, 1724 de 1997 y 1336 de 2003.

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14. En el concepto de la violación se adujo que con la negativa de la administración
se han desconocido las normas constitucionales que gobiernan la protección especial
del trabajo y el respeto y la garantía que el Estado debe brindar a los derechos
adquiridos, los cuales no pueden ser desconocidos por leyes posteriores y, el
precedente jurisprudencial sobre la materia. Que le resulta aplicable el régimen
prestacional de los servidores públicos del orden nacional que contempla la prima
técnica por evaluación de desempeño como un reconocimiento a quienes cumplen con
los requisitos legales para ello y, que dicho derecho no feneció con el proceso de
descentralización del servicio educativo.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

15. El 13 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección “B” admitió la demanda. El municipio de
Fusagasugá expresó que el demandante hace una interpretación errada del alcance
que tiene la prestación y considera que ostenta un cargo de formación avanzada,
siendo que en realidad se encuentra en el nivel jerárquico asistencial en el cargo de
auxiliar administrativo grado 08, el cual no puede entenderse como altamente
calificado puesto que no demanda conocimientos técnicos o científicos especializados,
requisito esencial que debe satisfacerse para obtener el reconocimiento de la prima
técnica por evaluación de desempeño y, ello, no puede suplirse con una calificación
sobresaliente, dado que, reiteró, la prebenda fue creada específicamente como
incentivo a aquellos funcionarios altamente calificados.

16. Preciso, además, que fue la gobernación de Cundinamarca la entidad que nombró
en propiedad al demandante a través del Decreto 00609 del 29 de enero de 1996, por
tanto, no le consta que tenga la calidad de servidor público del orden nacional.

17. El 9 de junio de 2022 se ordenó correr traslado a las partes para alegar de
conclusión.

SENTENCIA APELADA

18. En sentencia del 18 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B” negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas.

19. Consideró el Tribunal que, a diferencia de lo afirmado en la demanda, el
demandante fue nombrado por la gobernación de Cundinamarca, por tanto, es un
empleado de carácter territorial y que no allegó prueba alguna que acreditara que
contaba con un nombramiento de carácter nacional previo; tampoco para demostrar la
forma en que se realizó el proceso de nacionalización y descentralización educativa
en el municipio de Fusagasugá, ni que en virtud del mismo hubiere sido incorporado
en la planta del ente territorial, ni que el nombramiento efectuado por el departamento

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obedeciera a una incorporación para así conservar los beneficios o derechos
adquiridos derivados de tal vinculación.

20. Que lo probado es que el señor León Vanegas fue vinculado por primera vez en el
cargo de celador código 6020 para desempeñarse en el Colegio Departamental
Nacionalizado “La Aguadita” del municipio de Fusagasugá. Esto es, fue nombrado en
vigencia de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, la cual establece que las vinculaciones
del personal administrativo al servicio educativo solo podrían efectuarse dentro de la
planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial, lo que permite inferir
que, para el día 29 de marzo de 1996 (fecha de nombramiento) ya se encontraba
aquella establecida y fue en esta que se realizó su nombramiento, ostentando, insistió,
la condición de territorial.

21. En tal sentido, concluyó, teniendo en cuenta que el artículo 13 del Decreto
Reglamentario 2164 de 17 de septiembre de 1991, que señaló como beneficiarios de
la prima técnica a los empleados de las entidades territoriales y de sus entes
descentralizados, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia del 19 de
marzo de 1998, resulta evidente que el demandante no tiene derecho al
reconocimiento que solicita.

RECURSO DE APELACIÓN

22. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que expresó que no
es de recibo que la vinculación es de carácter territorial porque para la fecha del
nombramiento, a saber, 29 de marzo de 1996, ni el departamento de Cundinamarca,
ni el municipio de Fusagasugá habían sido certificados por el Ministerio de Educación
para la administración de los recursos, bienes y personal del servicio de la educación,
por lo que el mismo se encontraba nacionalizado.

23. Que fue mediante la Ley 60 de 1993 que el Gobierno Nacional atribuyó la función
al Ministerio para proceder a dichas certificaciones, lo que se hizo efectivo para el
departamento de Cundinamarca a través de la Resolución 3077 del 12 de agosto de
1997 y el acta de entrega del 23 de diciembre del mismo año. Que, por ello, el
nombramiento fue antes de esa certificación y se realizó en nombre de la Nación en
virtud de la figura de delegación que le otorgó el parágrafo del artículo 1º de la Ley 43
de 1975 al gobernador de Cundinamarca. A su turno, el municipio de Fusagasugá fue
certificado en virtud de la Ley 715 de 2001 para administrar el servicio educativo.

24. Que en la sentencia se indicó que la vinculación es de orden territorial ya que el
nombramiento se realizó en vigencia de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, respecto
de lo cual precisó que dicha norma fue posterior a la Ley 60 de 1993, pero anterior a
la certificación del departamento, es decir, que produjo efectos hasta que fue recibido
el servicio educativo, esto es, hasta el 23 de diciembre de 1997 y, para el municipio
hasta el año 2002. Que prueba de ello, es el que actor fue nombrado en el año 1996

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e incorporado a la planta municipal el 12 de diciembre de 2002; pero, no hay dudas
que se encontraba vinculado a la Nación desde 1996.

25. Que se omitió analizar los Decretos 491 y 492 de 2008 y sus respectivos anexos
y, otros documentos traídos al expediente constituyéndose en una violación del debido
proceso y del principio de confianza legítima, puesto que si ello hubiere sucedido la
decisión hubiere resultado contraria.

26. Que el demandante es beneficiario del régimen de transición de los Decretos 1661
y 2164 de 1991 que establece que los servidores públicos de orden nacional que
desempeñaban un cargo en propiedad en cualquier nivel - cargo y obtuvieran
evaluaciones del desempeño iguales o superiores al 90% y no fueran acreedores de
sanciones disciplinarias, serian beneficiarios de la prima técnica por evaluación del
desempeño, con lo cual cumplía antes de la vigencia del Decreto 1724 de 1997 que
excluyó de dicho beneficio al nivel asistencial. Por tanto, así lo afirmó, no se puede
desconocer que se creó un régimen de transición “para aquellas personas que habían
consolidado el derecho, así no se la haya reconocido, con la finalidad de respetar sus
derechos adquiridos”.

27. Por último, sostuvo que no se ha incurrido en ningún supuesto para la perdida de
la prerrogativa a que se viene haciendo alusión.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

28. El 28 de marzo de 2023, se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
ministerio público no emitieron pronunciamiento alguno.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

29. Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, el carácter -nacional,
nacionalizado o territorial- del nombramiento realizado a favor del demandante y, en
razón de ello, si tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica por
evaluación de desempeño prevista en el Decreto 1661 de 1991.

Marco Legal del proceso de nacionalización y descentralización educativa.

30. Con la expedición de la Ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación primaria y
secundaria que oficialmente venían prestando los departamentos, el Distrito Especial
de Bogotá, los municipios y las intendencias y comisarias, proceso que se desarrolló
entre el 1 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980. Luego, mediante el Decreto
2277 del 14 de septiembre de 1979 se expidió el Estatuto Docente, que reguló las

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condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que
desempeñan la profesión docente en los distintos niveles y modalidades que integran
el Sistema Educativo Nacional.

31. En vigencia de la Constitución Política de 1991 se profirió la Ley 60 de 12 de 1993,
cuyo objeto era desarrollar sus artículos 151, 288, 356 y 357, dando apertura a la
descentralización del servicio educativo y con ello el desmonte de la nacionalización
de la educación liderada por la Ley 43 de 1975, en procura de lo cual debía efectuarse
la entrega a los entes territoriales de los bienes, personal y establecimientos
educativos.

32. En estos términos, los funcionarios debían ser incorporados a las plantas
departamentales y distritales, previa homologación de cargos, proceso que revestía
características particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio
educativo hacia las entidades territoriales. Así, la incorporación ordenada por la Ley
60 de 1993 suponía una homologación en la denominación del cargo, funciones,
responsabilidades y en el régimen salarial y prestacional de los incorporados del orden
nacional con los departamentales.

33. La Ley 115 de 1994, centró su objetivo en la educación como proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamentaba en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes y,
posterior a ello, se dictó la Ley 715 de 21 de noviembre de 2001, para la
municipalización de la educación que había quedado en manos de los Departamentos
y Distritos certificados conforme a la Ley 60 de 1993; proceso que se debía llevar a
cabo a mas tardar el 31 de diciembre de 2003, cumpliéndose, igualmente, un proceso
de homologación y nivelación de cargos.

34. Mediante Directiva Ministerial no. 10 de 30 de junio de 2005, el Ministerio de
Educación Nacional estableció las directrices para llevar a cabo la homologación de
cargos y la nivelación salarial del personal administrativo, y dispuso los criterios y
pasos a tener en cuenta en dicho proceso; de forma tal que se estableció en cabeza
de los municipios la obligación de ajustar sus plantas previo proceso de homologación
y nivelación, el cual generó costos adicionales en las plantas administrativas que
otorgaron diferencias salariales a favor de algunos funcionarios y que fueron asumidas
por la Nación.

Prima Técnica por Evaluación de Desempeño:

35. El Decreto Ley 1661 de 1991 en su artículo 1º define la prima técnica como un
reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a
funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño
de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o

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científicos especializados o la realización de labores de dirección o especial
responsabilidad. En cuanto a los beneficiarios, el artículo 3 determinó que la prima
técnica con base en la evaluación del desempeño podía reconocerse a todos los
niveles y la competencia para asignarla corresponde al jefe del organismo respectivo
conforme se regula en el artículo 6.

36. En cuanto a la necesidad de reglamentación interna, el artículo 9 ibidem reguló el
otorgamiento de la prima técnica precisando que «dentro de los límites consagrados
en el presente Decreto, las entidades y organismos descentralizados de la Rama
Ejecutiva, mediante resolución o acuerdo de sus juntas, consejos directivos o consejos
superiores, tomarán las medidas pertinentes para aplicar el régimen de Prima Técnica,
de acuerdo con sus necesidades específicas y la política de personal que adopten».

37. En efecto, la prima técnica por evaluación de desempeño se otorgaba, en principio,
para los cargos del nivel directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico,
administrativo y operativo, pero las entidades podían limitar la prestación a
determinados niveles, dependencias o empleos, según las necesidades del servicio,
la política de personal y la disponibilidad presupuestal; de modo tal que se permitía a
cada ente regular internamente, de conformidad con los anteriores criterios, si se
reconocía y a qué empleos, cargos y niveles se concedería, siempre dentro del margen
previsto por el legislador1

38. El Decreto Reglamentario 2164 de 17 de septiembre de 1991 señaló que la prima
sería reconocida a los empleados que ejerzan, en propiedad, cargos de los niveles
directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo; cuya
cuantía se determinaría por el jefe del organismo y en las entidades descentralizadas
por las Juntas o Consejos Directivos o Superiores, según el caso.

39. En el año 1997, se expidió el Decreto 1724 que limitó el reconocimiento de la
prima técnica a los empleados del nivel directivo, asesor y ejecutivo o sus equivalentes
en los diferentes órganos y ramas del Poder Público. Por tanto, sustrajo de sus
beneficiarios a los empleados de los niveles profesional, técnico, administrativo y
operativo. No obstante, en el artículo 4 se estableció una transición y se dejó a salvo
el derecho de aquellos servidores que desempeñaran cargos de niveles diferentes de
los señalados en él que se les hubiere reconocido prima técnica antes de su
publicación, en cuanto dispuso que disfrutarían de ella hasta el retiro del servicio o
hasta cuando se cumplieran las condiciones señaladas en las normas vigentes al
momento de su otorgamiento para su pérdida.

40. Debido a las diferentes interpretaciones de esta norma, y dado que la evaluación
de desempeño se realiza año tras año, esta Corporación señaló que los beneficiarios

1
Sentencia del 16 de noviembre de 2023, radicado 63001-23-33-000-2018-00146-01 (3872-2019).

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de la prima técnica por evaluación de desempeño, que no pertenecían a los niveles
directivo, asesor o ejecutivo, mantendrían el derecho si cumplían los siguientes
requisitos:

(i) que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de
desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991, esto es, que hubieren
laborado para la respectiva entidad en la vigencia de la normativa mencionada y
que, desde luego, cumplieran los requisitos legales exigidos por la misma;

(ii) que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada en
vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieren derecho a la prima
mencionada en vigencia del Decreto 1661 de 1991;

(iii) que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado silencio frente
a la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en forma negativa.

En síntesis, esta tesis reconoce el derecho a la prima técnica a quienes lo
perdieron por no pertenecer a los niveles directivo, asesor, ejecutivo o sus
equivalentes, restricción impuesta por el Decreto 1724 de 1997, siempre que
hubieren cumplido con las condiciones señaladas en precedencia.2

41. Luego se expidió el Decreto Reglamentario 1336 de 2003 que en su artículo 1.º
restringió los cargos susceptibles del beneficio de la prima técnica.

42. Ahora bien, frente a la interpretación del artículo 7º del Decreto 2164 de 1991, la
jurisprudencia de esta Corporación precisó que para el reconocimiento de la prima
técnica «no basta con la existencia de normas nacionales que establezcan la prima
técnica, sino que, además, se hace necesario que la entidad respectiva indique las
condiciones para su asignación. El derecho se concreta primero con la creación de
la prima técnica por parte del legislador y segundo con la reglamentación interna que
haga el Jefe del Organismo, requisito indispensable con el fin de establecer las
condiciones que regirán esta prestación». Además, la citada providencia agregó:3

La Subsección “B” en un asunto similar4 señaló:

“La prima técnica implica el cumplimiento de un conjunto de elementos, que no son
sólo requisitos que debe cumplir el demandante sino también condiciones de la
entidad accionada. En este caso, como se expuso en párrafos precedentes, que
se hubiera expedido la respectiva reglamentación por la entidad que otorgue la
prima técnica, lo cual tiene una explicación fiscal razonable pues las entidades no
pueden asumir compromisos inconsultos frente a sus posibilidades financieras”.

En el sub lite el MINISTERIO DE TRANSPORTE no había regulado la prima
técnica por evaluación de desempeño para los años que reclama su
reconocimiento y en consecuencia, se impone por la Sala confirmar la sentencia
apelada por las razones consignadas en la parte motiva de este proveído.

2
Sentencia de 26 de mayo de 2005, expediente 1892-04.
3
Sentencia del 31 de julio de 2008 radicado 08001233100020020257101 (0712-2007).
4
Sentencia del 27 de septiembre de 2007. Radicado 2201-04.

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La prima técnica para los empleados del nivel territorial

43. El artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, disponía:

“Dentro de los límites consagrados en el Decreto ley 1661 de 1991 y en el presente
Decreto, los Gobernadores y los alcaldes respectivamente, mediante Decreto,
podrán adoptar los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen de prima
técnica, a los empleados públicos del orden departamental y municipal, de acuerdo
con las necesidades específicas y la política personal que se fije para cada
entidad”.

44. El Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 19 de marzo de 1998 5
declaró la nulidad del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, que otorgaba facultades
a los gobernadores y los alcaldes para que adoptaran los mecanismos necesarios para
la aplicación del régimen de prima técnica a los empleados públicos del orden
departamental y municipal, por haberse expedido con exceso de la potestad
reglamentaria. Al respecto se señaló que:

Al confrontar el texto de la Ley 60 de 1990 y del Decreto 1661 de 1991, en
específico de su artículo 9º, con el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, se
advierte, sin lugar a equívocos, como se indicó en la providencia que decretó la
suspensión provisional y en el auto que confirmó tal determinación, que se
desbordaron los límites de la potestad reglamentaria, al hacerse extensivo el
otorgamiento del régimen de prima técnica a las entidades territoriales y a sus
entes descentralizados, cuando en realidad de verdad, la intención del Legislador
ordinario, al conferir las potestades extraordinarias, fue únicamente englobar o
comprender a los empleos del sector público del orden nacional.

En el mismo orden de ideas se anota que la frase “y se dictan otras disposiciones”,
contenida tanto en el rótulo de la Ley 60 de 1990 como en el Decreto 1661 de
1991, debe descifrarse en el entendido de que las mismas deben ligarse y
relacionar con el orden nacional, pues es el contenido lógico de dicho concepto
(…)».

De acuerdo con la decisión proferida «(…) al expedirse el artículo 13 del Decreto
2164 de 1991, el Gobierno Nacional extralimitó la facultad extraordinaria que la Ley
60 de 1990, le confirió al Presidente de la República, toda vez que solo podía
modificar la nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de viáticos y
gastos de representación relacionados con los empleos del sector público del
orden nacional, y no para hacer extensiva la prima técnica a los empleados de los
departamentos y municipios, por tal razón, la norma mencionada devino en ilegal
y fue anulada por la corporación6»

45. Se concluye que el régimen de prima técnica no resulta aplicable a los servidores
del orden territorial, toda vez que la disposición que permitía su extensión a dicho
ámbito fue declarada nula. En otras palabras, la competencia que el Decreto 1661 de
1991 asignó para la regulación de esta prestación se circunscribía únicamente a los

5
Expediente 11955
6
Sentencia del 19 de octubre de 2017. Rad.: 20001-23-33-000-2013-00390-01(2914-15)

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empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con la exclusión de los
servidores pertenecientes a las entidades territoriales7.

Resolución del caso concreto

46. A efectos de dar respuesta al primer planteamiento que compone el problema
jurídico se encuentra acreditado:

47. Que, conforme Acta de Posesión no. 0035, el 24 de abril de 1996, el señor Omar
León Vanegas compareció ante el director del Departamento Administrativo de la
Función y de la Gestión Humana – Subdirección de Recursos Humanos de la
gobernación de Cundinamarca, para tomar posesión del cargo de celador cd 6020
grado 01, conforme nombramiento efectuado a través del Decreto 00609 del 6 de
marzo del mismo año.

48. Que, desde el 10 de diciembre de 1997, el demandante se encontraba inscrito en
el Registro Público de Empleados de Carrera Administrativa en el cargo de celador
código 5320 grado 01 del colegio Nacionalizado La Aguadita – Fusagasugá del
municipio con el mismo nombre, departamento de Cundinamarca.

49. Que en Decreto 491 del 31 de octubre de 2008 se homologaron los empleados
administrativos de la Secretaría de Educación del municipio de Fusagasugá
financiados con recursos del sistema general de participaciones; acto administrativo
en el cual se consideró, entre otros, que mediante Resolución no. 3077 del 12 de
agosto de 1997, el Ministerio de Educación certificó a dicho ente territorial para la
administración del servicio educativo “consecuencialmente, los funcionarios
administrativos de las instituciones educativas, fueron incorporados a la planta central
de la administración Municipal”; la misma que se llevó a cabo sin la homologación y
nivelación requerida, por lo que, mediante Resolución con numero ilegible del año
2002 se otorgó certificación conforme lo establecido en la Ley 715 de 2001. También
se dijo que los derechos que le asisten al personal administrativo cuya vinculación se
hubiere realizado antes del 31 de diciembre de 2002, se conservarían. Finalmente, se
dispuso que cargo de celador código 5320 grado 01, que venía siendo ocupado por el
demandante, paso a denominarse celador código 477 grado 03.

50. Que mediante Decreto 492 del 31 de octubre de 2008 el municipio de Fusagasugá
incorporó a la planta global de empleados homologada por Decreto 491 de la misma
fecha, a los funcionarios administrativos de la secretaria de educación de dicho
municipio que se financian con recursos del sistema general de participaciones y, que
en el listado anexo figura el demandante en el numeral 29 en el cargo de auxiliar
administrativo (E) 407-08 con una asignación de $1.287.201.

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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. núm. 23001-23-33-000-2016-00265-01 (3940- 2018)

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Radicado: 25-000-23-42-000-2021-00239-01 (1673-2023)

51. Que el 6 de julio de 2012 se actualizó el registro público de carrera del actor, por
incorporación efectuada mediante Decretos 491 y 492 del 31 de octubre de 2008,
indicando como nombre del cargo: auxiliar administrativo código 407 grado 8.

52. Que en Oficio recibido el 25 de noviembre de 2019 -Radicado FUS2019ER005704-
el demandante solicitó el reconocimiento de la prima técnica establecida en el Decreto
1661 de 1991.

53. Que en Resolución 1124 del 26 de diciembre de 2019 -modificada en Resolución
0112 del 25 de febrero de 2020- se produjo el traslado de los funcionarios
administrativos grado 08 de planta docente y administrativa del municipio de
Fusagasugá, entre ellos el actor, quien fue asignado al Colegio Francisco José de
Caldas – Integral de Sumapaz.

54. Que, en Oficio de 29 de enero de 2020 se dio respuesta al derecho de petición
radicado SAC FUS2019ER005704 del 25 de noviembre de 2019, y se negó entre otras,
el reconocimiento de la prima técnica, en razón a que la misma no tiene como
beneficiarios a funcionarios del orden territorial, sino a los del orden nacional; decisión
contra la cual se interpuso recurso de apelación en el cual se argumentó:

55. Que, en Oficio del 7 de mayo de 2020 se dio alcance a lo pretendido en petición
radicada SACNo.FUS2020ER001163-OMAR LEON VANEGAS, y se le dijo que no
procedía el recurso de apelación al que hace referencia y se insistió que la prima
solicitada sólo era procedente para empleados del orden nacional y no territorial “salvo
a los trabajadores que les fue otorgada y tienen ese derecho adquirido antes de que
se declararan nulos los decretos”.

56. Tal como lo dijo el Tribunal, en el expediente no reposa prueba de que el
nombramiento en propiedad hecho a favor del demandante hubiere sido efectuado por
la gobernación de Cundinamarca actuando en delegación de la Nación conforme lo
previsto en el artículo 1º de la Ley 43 de 1975 y tampoco que hubiere sido el resultado
del proceso de homologación y nivelación salarial que derivó de la descentralización
del servicio de educación.

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Radicado: 25-000-23-42-000-2021-00239-01 (1673-2023)

57. Lo que se extrae de la prueba documental es que fue el departamento de
Cundinamarca quien mediante Decreto no. 00609 del 29 de marzo de 1996 lo designó
en el cargo de celador código 6020 grado 01, del cual tomó posesión el día 24 de abril
de esa misma anualidad para desempeñarse en el Colegio Departamental
Nacionalizado “La Aguadita” del municipio de Fusagasugá.

58. De manera tal que no se probó que el señor León Vanegas tuviera la calidad de
empleado público nacional antes y por esa designación, lo que tampoco puede
derivarse de la simple afirmación de que fue a partir del año 1997 cuando el servicio
educativo se descentralizó para el departamento de Cundinamarca y el municipio de
Fusagasugá, pues de ello no reposa prueba en el expediente.

59. En tal sentido, la respuesta al primer cuestionamiento formulado es que el
demandante no acreditó tener la calidad de empleado del orden nacional.

60. En respuesta a la segunda parte del interrogante planteado como problema
jurídico, no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica por
evaluación de desempeño, en la medida que dicha prerrogativa sólo se encuentra
contemplada para los empleados del orden nacional en virtud del retiro del
ordenamiento jurídico del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991.

61. Al margen de lo expuesto, si aún en gracia de discusión se hubiere acreditado que
el régimen aplicable al demandante es el de los empleados del orden nacional, a la
misma conclusión se llegaría, teniendo en cuenta que en el expediente no se acreditó
que dicho derecho se hubiera consolidado para ella antes de la entrada en vigencia
del Decreto 1724 de 1997, lo que determina que no puede ser beneficiario del régimen
de transición estipulado en el artículo 4 de dicha norma.

62. Por tanto, tampoco es de recibo el argumento del recurrente conforme al cual dicho
régimen de transición se fijó “para aquellas personas que habían consolidado el
derecho, así no se la haya reconocido, con la finalidad de respetar sus derechos
adquiridos”; ello más aún cuando ni siquiera se acreditó que hubiera solicitado dicho
reconocimiento lo cual sólo tuvo lugar hasta el 25 de noviembre de 2019.

63. Igual, sucede con aquel conforme al cual, el A quo al no analizar los Decretos 491
y 492 de 2008 y sus respectivos anexos y otros documentos traídos al expediente
desconoció el debido proceso y el principio de confianza legítima puesto que si ello
hubiere sucedido la decisión hubiere resultado contraria; en la medida en que dichos
documentos si fueron valorados en esta oportunidad, pero ello no alteró la decisión
proferida en la primera instancia.

64. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia que negó las pretensiones de
la demanda.

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De la condena en costas de segunda instancia

65. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

66. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

67. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

68. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto la
sentencia apelada será confirmada, esto es, las peticiones del recurso fueron negadas
totalmente. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca- Sección Segunda – Subsección “B”

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda – Subsección “B” en la
que se negaron las pretensiones de la demanda de conformidad con lo considerado
en la parte motiva.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante por las razones expuestas
en la presente providencia.

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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