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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00250-02

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00250-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida 18 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. Tercero: No condenar en costas. Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. 37 La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00250-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de marzo de 2025

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00250-02
Demandante: Colpensiones

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00250-02 (0826-2023)
Demandante: Administradora colombiana de pensiones, Colpensiones
Demandado: Orlando Garzón Duarte

Tema: pensión de vejez−Decreto 546 de 1971. Subtema 1: factores que integran el
IBL en el régimen especial del Decreto 546 de 1971.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 18
de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, mediante la cual se negaron las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Colpensiones reconoció pensión de jubilación a Orlando Garzón Duarte en los
términos del Decreto 546 de 1971, posteriormente, mediante Resolución VPB 12676
del 13 de febrero de 2015, reliquidó la pensión en un equivalente al 75 % del ingreso
base de liquidación, efectiva a partir del 16 de junio de 2012, reliquidación que
considera adoleció de inconsistencias en el ingreso base de cotización y que arrojó
una mesada pensional superior a la que en derecho le correspondía. Por lo anterior,
solicita la nulidad del acto administrativo que reliquidó la pensión y, en consecuencia,
se ordene al pensionado el reintegro de las sumas recibidas irregularmente por
concepto de medadas y retroactivo pensional.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Colpensiones, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se expresan.

2.1.1. Pretensiones

1
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 6 de abril de 2021, de acuerdo con el «acta
individual de reparto» visible en el índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_25000234200020210025(.zip)
NroActua 2» «8_250002342000202100250008EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20210409112607.pdf»
1

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00250-02
Demandante: Colpensiones

2. Solicitó2 que se declarara la nulidad parcial de la Resolución VPB 12676 del 13 de
febrero de 2015, mediante la cual reliquidó la pensión de vejez a Orlando Garzón
Duarte, en cuantía de $4.875.066, efectiva a partir del 16 de junio de 2012, con un
ingreso base de liquidación de $6.004.733 y una tasa de reemplazo del 75%.

3.A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a Orlando Garzón
Duarte el reintegro a favor de Colpensiones de las sumas pagadas en exceso y de
manera irregular por concepto de mesadas pensionales y retroactivo pensional.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1) Colpensiones a través de la Resolución 26231 del 26 de julio de 2012, negó una
pensión de vejez a Orlando Garzón Duarte. Posteriormente, mediante Resolución
GNR 230376 del 9 de septiembre de 2013 la gerente nacional de reconocimiento de
la entidad resolvió un recurso de reposición y modificó la resolución anterior, para lo
que dispuso el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en cuantía de $2.561.623,
a partir del 1 de noviembre de 2013, con un ingreso base de liquidación de $3.415.497
y tasa de reemplazo del 75%; de conformidad con el Decreto 546 de 19713.

2) La demandante, a través de la vicepresidente de beneficios y prestaciones, por
Resolución VPB 12676 del 13 de febrero de 2015 resolvió un recurso de apelación
presentado por Orlando Garzón Duarte y reliquidó la pensión de vejez en cuantía de
$4.503.550, a partir del 16 de junio de 2012, con un ingreso base de liquidación de
$6.004.733 y con una tasa de reemplazo del 75%4.

3) La entidad demandante al realizar un nuevo estudio advirtió que en la resolución
anterior se liquidó la prestación conforme a Decreto 546 de 1971, con el último año de
servicios y con la inclusión de factores salariales, sin tener la certeza de aquellos
tenidos en cuenta para la liquidación, lo que elevó desproporcionadamente el valor de
la mesada.

4) El valor de la mesada pensional que legalmente correspondía al demandado fue por
valor de $4.945.928 en el año 2020 y no por $6.136.377 para el mismo año. Que el
reconocimiento de la prestación con un IBC inconsistente causó un perjuicio al erario.
Por lo anterior, el demandado adeuda a Colpensiones la diferencia de la mesada
pensional inicialmente reconocida y la mesada debidamente liquidada.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. El demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución Política,
artículo 48 y Decreto 546 de 1971, artículo 6.

6. En el concepto de violación expuso lo siguiente:

2
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_25000234200020210025(.zip) NroActua 2»
«4_250002342000202100250004EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20210409112607.pdf»
3
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_25000234200020210025(.zip) NroActua 2»
«5_250002342000202100250005EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20210409112607.zip» «NotificacionCC 6761207-505-1.pdf»
4
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_25000234200020210025(.zip) NroActua 2»
«5_250002342000202100250005EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20210409112607.zip» « NotificacionCC 6761207-508-3.pdf»
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Demandante: Colpensiones

a) Orlando Garzón Duarte cumplió con los requisitos de edad y tiempo para su pensión
antes del 8 de mayo de 2013, por lo que le fue aplicable el Decreto 546 de 1971 y la
inclusión como ingreso base de liquidación los factores salariales establecidos en el
artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en concordancia con el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978.

b) Al pensionado a través de la Resolución VPB 12676 del 13 de febrero de 2015, se le
reliquidó la prestación conforme al Decreto 546 de 1971, con el último año y con la
inclusión de factores salariales, sin tener certeza de los factores salariales tenidos en
cuenta para la liquidación; circunstancia que elevó el valor de la prestación, por lo que
se procedió a liquidar correctamente, así:

«IBL: 5,023,738 x 75.00 = $3,767,803

Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el peticionario cumple
los requisitos para los siguientes tipos de pensión, siendo aplicada por favorabilidad el
indicado en la columna “Aceptada Sistema”:

Teniendo en cuenta el reporte efectuado por la dirección de Ingresos por aportes y la
Dirección de Historia laboral de Colpensiones, donde ponían de presente inconsistencias
en el [IBC] tenido en cuenta para liquidar algunas prestaciones, se evidenci[ó] que la
liquidación de la prestación reconocida al hoy demandado estaba afectada por la
aplicación de un IBC inconsistente o errado, que arroj[ó] una mesada pensional para el
año 2015 superior a la que en derecho le corresponde.

Para efectos de la liquidación de la pensión se debió tener en cuenta un IBL de
$5,023,738 que aplicando una tasa de remplazo de 75. % arroja una mesada inferior a la
que viene devengando el pensionado GARZON DUARTE ORLANDO.

Conforme a lo anterior el demandado no tiene derecho a la mesada pensional reconocida
mediante resolución VPB 12676 del 13 de febrero de 2015.

[…]

Que a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la liquidación de la
prestación reconocida, la cual se resume de la siguiente manera:

IBL: 5,023,738 x 75.00 = $3,767,803 SON:

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Demandante: Colpensiones

Toda vez que la prestación errada se resume de la siguiente manera:

IBL: 6,004,733 x 75.00 = $4,503,550 SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Que al liquidarla el valor correcto de la mesada para el 2020 es de $4,945,928 valor
inferior al que percibe actualmente motivo por el cual debe declararse la nulidad de la
resolución en comento toda vez que se liquidó de manera errónea teniendo en cuenta
factores salariales errados.

Que, así las cosas, y encontrándose corregida la liquidación de la prestación se
evidenci[ó] que el valor de la mesada pensional de la pensión de vejez es por valor de
$4,945,928 para el 2020 y no por valor de $6,136,377 para el año 2020. […]»

2.2. Contestación de la demanda

7. Orlando Garzón Duarte, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones del
medio de control5. En concreto argumentó que el acto demandado se expidió de
conformidad con las normas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado vigente en el momento en que se causó el derecho a la pensión, que esa
decisión no obedeció a medios ilícitos o de mala fe, por el contrario, de las pruebas se
evidencia que la actuación fue transparente.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 18 de octubre de 20226 declaró probadas las excepciones
inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa y buena fe, y no
probada la excepción de prescripción propuestas por la parte pasiva; además, negó
las pretensiones de la demanda, sin condena en costas. Estableció el Tribunal lo
siguiente:

a) Que en el presente no se debate si Orlando Garzón Duarte es beneficiario del
régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en
consecuencia del régimen pensional especial establecido en el Decreto 546 de 1971,
ni si la pensión de jubilación debe ser liquidada con las últimas reglas jurisprudenciales
emitidas por las altas cortes en cuanto a la transición y el ingreso base de liquidación,
es decir, si se debe liquidar con lo devengado durante los últimos diez años, el tiempo
que le hiciere falta, el último año o la asignación más alta del último año. Por lo que se
debe analizar si la prestación fue liquidada con base en un ingreso base de cotización
inconsistente al no tener claridad sobre los factores salariales que se tuvieron en
cuenta, y que dieron lugar al aumento de la cuantía de la pensión.

b) Que en un principio y en referencia a la liquidación de la pensión de jubilación del
accionado, Colpensiones «liquidó teniendo en cuenta: (i) una tasa de remplazo del 75
%, (ii) los factores devengados y que se encontraran señalados de forma taxativa en
los Decretos 717 y 1045 de 1978, y (iii) que fueron percibidos durante los últimos diez

5
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_25000234200020210025(.zip) NroActua 2»
«17_250002342000202100250001RECIBEMEMORIAL20210921154614».
6
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_25000234200020210025(.zip) NroActua 2»
«41_250002342000202100250001SENTENCIASENTENCIA20221018063432».
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Demandante: Colpensiones

años de servicios; lo cual arrojó una mesada pensional de $ 2.561.623 para el 1° de
noviembre de 2013.

Posteriormente, al resolver varias solicitudes y el recurso de apelación en contra del
silencio administrativo negativo frente a la petición de reliquidación presentada el 27 de
septiembre de 2013, expidió la Resolución No. VPB 12676 del 13 de febrero de 2015, la
cual mantuvo el régimen pensional especial del Decreto 546 de 1971 por favorabilidad,
pues encontró que también le era aplicable la Ley 33 de 1985 pero este arroja una
mesada pensional inferior, y liquidó la prestación en un 75 % de los factores salariales
establecidos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y el artículo 45 del Decreto 1045
del mismo año, según lo dispuesto en la Circular 054 de 2010 expedida por la
Procuraduría General de la Nación y la Circular interna 01 de 2012 de la entidad de
previsión social.

El acto en comento indicó que la liquidación se realizó teniendo en cuenta los certificados
de factores salariales “DESAJ11-TH-1123 del 3 de febrero de 2012” y “DESAJ13-
THCER-1044”, arrojando una mesada pensional de $ 4.503.550 que resulta del 75 % del
ingreso base de liquidación calculado en $ 6.0004.733. Lo anterior es un indicio de que
la prestación no fue liquidada teniendo en cuenta los últimos diez años de servicios, pues
como se acostumbra para esos casos, no se realiza una descripción detallada dada la
extensión y la diferencia de las cotizaciones realizadas mes a mes durante cada año, lo
que habilita la posibilidad de que la prestación haya sido liquidada con la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicios o con los factores
devengados durante el último año de servicio, como lo afirmó la accionada en el escrito
de la demanda.

[…]

La Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” considera que el acto
demandado adolece de nulidad, en tanto la liquidación de la pensión de jubilación se
efectuó pese a presentar inconsistencias en la historia laboral del accionado
relacionadas con el ingreso base de cotización, pero la actora hizo tal afirmación sin
especificar con exactitud y claridad sobre que períodos se predica tal defecto, y cuál es
la incidencia en la cuantía de la prestación, situación que no es admisible en escenarios
como el presente, pues le compete a la entidad fundamentar la ilegalidad de su propio
acto.

En todo caso lo que encuentra esta Corporación es que la inconformidad de la
Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” radica en el cálculo del
ingreso base de liquidación, que sin lugar a dudas comprende todas las cotizaciones o
aportes que se realizaron durante el período a tener en cuenta, bien sea los diez últimos
años de servicios, el último año de servicio o la asignación más elevada del último año
de servicio, pero sobre aquellos factores salariales que se encuentren expresamente
contemplados como sustento de la liquidación (Decretos 1047 de 1978, 171 de 1978,
1158 de 1994 y demás disposiciones).

En torno a si la Resolución No. VPB 12676 del 13 de febrero de 2015 señaló cuales
fueron los factores salariales para la liquidación de la pensión de jubilación, se reitera
que de forma expresa el acto indicó que para el cálculo se valió de las certificaciones
“DESAJ11-TH-1123 del 3 de febrero de 2012” y “DESAJ13-THCER-1044”, y según las
cuales era dable incluir los factores de: (i) salario mensual, (ii) prima de antigüedad, (iii)
incremento 2.5 %, (iv) prima especial, (v) bonificación por servicios, (vi) prima de
servicios, (vii) prima de navidad, (viii) prima de vacaciones, y (ix) bonificación por
actividad judicial.

5

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00250-02
Demandante: Colpensiones

El argumento planteado por la entidad accionada carece de asidero, pues está claro que
el acto administrativo demandado señaló de forma clara y expresa cuales fueron los
factores salariales que conformaban el ingreso base de liquidación, liquidado en un 75
%, arrojando una mesada pensional en cuantía de $ 4.503.550 al 16 de junio de 2012
(fecha a partir de la cual la prestación fue efectiva por retiro del servicio).

Es dable resaltar que dentro del proceso administrativo del señor Orlando Garzón Duarte
aportado con la demanda, se encuentran apartes del certificado No. 1123 expedido por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca y la
certificación DESAJ-TH-1123 del 3 de febrero de 2012, sin embargo, luego de una
revisión minuciosa se puede concluir que no fueron aportadas en su integralidad, pues
de esta última solo obra descripción de factores hasta diciembre de 2010.

Luego si la entidad accionada persiste en su inconformidad, es claro que los argumentos
expuestos en la demanda no atacan la existencia de las certificaciones referenciadas en
el acto acusado (pues se probó que sí obran en el expediente, aun cuando hayan sido
aportadas de forma incompleta), contra su autenticidad y la veracidad de la información
(factores contenidos o la cuantía cancelada), por lo que no es aceptable que acuda a la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad con
afirmaciones vagas, inexactas y generales, pues se recuerda que le asiste una carga
argumentativa rigurosa, como quiera que en asuntos como el que nos ocupa, se persigue
la afectación de la pensión de jubilación que a su vez incide en los derechos
fundamentales a la seguridad social y mínimo vital del accionado.
[…]

En consecuencia, brillan por su ausencia las pruebas que demuestren que el accionado
no devengó los factores incluidos en la liquidación realizada en la Resolución No. VPB
12676 del 13 de febrero de 2015, que presenta alguna inconsistencia que en efecto haya
incidido en la cuantía de la prestación o que al estar incompleta se hayan incluido
factores de un período que no correspondía, máxime si se considera que la entidad
accionada es quien tiene bajo su cargo el almacenamiento y custodia del expediente
administrativo del accionado, que lo aportó con la demanda y no solicitó la práctica de
ninguna prueba.

[…]

De forma equívoca la entidad arribó a la conclusión de que la pensión de jubilación del
señor Orlando Garzón Duarte fue liquidada sin ninguna certidumbre de cuáles fueron los
factores salariales que permitieron el cálculo de la mesada pensional, y a pesar de que
recurrió a dos nuevos estudios de la prestación mediante el Auto APDPE 105 del 25 de
julio de 2020 y la Resolución DPE 13843 del 9 de octubre de 2020, por medio de los
cuales concluyó que el ingreso base de liquidación es inferior al señalado en el acto
acusado, no pasan desapercibidos diversos errores en el análisis del caso particular que
denota un descuido palpable, y por ello, la posibilidad de que la mesada pensional en
realidad corresponde a una cuantía inferior no es verídica.

El Auto APDPE 105 del 25 de julio de 2020 afirmó que la Resolución No. VPB 12676 del
13 de febrero de 2015 liquidó la prestación en aplicación del Decreto 546 de 1971 y con
los factores del último año de servicio, los cuales no pudo identificar, y que permitieron
obtener una mesada pensional desproporcionada, pues la nueva liquidación arrojó una
cuantía inferior de $ 3.767.803, pero desconociendo que: (i) el régimen tenido en cuenta
por el sistema fue la Ley 33 de 1985 y no el Decreto 546 de 1971, (ii) la cuantía expresada
en letras de “dos millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y tres pesos”
no corresponde a la contenida en números o cifras, y (iii) la identificación del acto de
reliquidación (VPB 40242 del 4 de mayo de 2015) no corresponde a ninguno de los actos
administrativos emitidos con relación al accionado, y menos aún al aquí demandado.
6

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00250-02
Demandante: Colpensiones

La Resolución DPE 13843 del 9 de octubre de 2020 reliquidó la pensión de jubilación, y
el estudio arrojó nuevamente una cuantía inferior a la ya reconocida y equivalente a $
3.767.803, pero desconociendo que: (i) se tuvo en cuenta para el cálculo la Ley 33 de
1985 y el Decreto 546 de 1971, siendo más favorable este último, (ii) la cuantía
expresada en letras de “dos millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y
tres pesos” no corresponde a la contenida en números o cifras, y (iii) la identificación del
acto de reliquidación (VPB 40242 del 4 de mayo de 2015) no corresponde al acto
acusado, ni a ninguno de los otros actos administrativos emitidos con relación al
accionado. […]»

2.4. Recurso de apelación

2.4.1. Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia7, y reiteró los argumentos de la demanda así:

«[S]e liquida prestación conforme a Decreto 546 de 1971, último año y con la respectiva
inclusión de factores salariales, sin tener certeza de los factores salariales tenidos en
cuenta para la liquidación; elevando así su valor de manera desproporcionada, razón por
la cual se procedió a liquidar correctamente la prestación, arrojando lo siguiente:

se procedió a realizar la liquidación de la prestación reconocida, la cual se resume de la
siguiente manera:

IBL: 5,023,738 x 75.00 = $3,767,803
Toda vez que la prestación errada se resume de la siguiente manera:

IBL: 6,004,733 x 75.00 = $4,503,550 SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
Que al liquidarla el valor correcto de la mesada para el 2020 es de $4,945,928 valor
inferior al que percibe actualmente motivo por el cual debe declararse la nulidad de la
resolución en comento toda vez que se liquidó de manera errónea teniendo en cuenta
factores salariales errados.

Que, así las cosas, y encontrándose corregida la liquidación de la prestación se
evidenci[ó] que el valor de la mesada pensional de la pensión de vejez es por valor de
$4,945,928 para el 2020 y no por valor de $6,136,377 para el año 2020. […]»

2.5. Trámite de segunda instancia

9.El recurso de apelación fue admitido por el despacho sustanciador a través de auto
del 18 de mayo de 20238 y conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20219, no se dio traslado a las partes
para alegar porque no fue necesario el decreto de pruebas.

2.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

7
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_25000234200020210025(.zip) NroActua 2»
«23_250002342000202100250001RECIBEMEMORIAL20220215161529».
8
Índice 4 del expediente electrónico de Samai.
9
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011-
y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
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Demandante: Colpensiones

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

11. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión previa

3.2.1 Caducidad según la Ley 2381 de 2024

12. Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un nuevo
esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y las de
naturaleza perentoria. En punto de la caducidad, como excepción perentoria, existen
dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución, a saber: i) en cualquier
estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el juzgador la
encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral 3 del
CPACA10); y ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA11), oportunidad esta
última en la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que encuentre probada12.

13. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley 2381
de 2024 se introdujo una importante modificación, por la cual se establece un término
de caducidad, frente a las demandas que la administración formula contra sus propios
actos de reconocimiento pensional.

14. Bajo estos supuestos, y al tener en cuenta que en este asunto no hay lugar a emitir
una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que dicho
término no resulta aplicable al caso concreto, como se explicará más adelante, le
corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que al encontrase el proceso al despacho para dictar
sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del CPACA,
resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente encuentre

10
«ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto
es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […]
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la
conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»
11
«ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […]
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio
del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus. […]».
12
Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-2019-02462-01
(2648-2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que el inciso 4.º del parágrafo 2.º
del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró que las excepciones de cosa juzgada,
caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán
fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó
que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las
perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.
En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no pueden decidirse
mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se declararán fundadas por medio de
sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario,
esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia
ordinaria que defina de fondo las pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA.» [destacado fuera del texto]
8

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probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el
control de legalidad y saneamiento del proceso.

15. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 años
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación.
Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no
podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando
se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre
las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas
después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les
aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los
cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las
cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de
Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de
esta ley.» [destacado fuera del texto]
16. Visto lo anterior, se tiene que en el caso concreto Colpensiones solicita la nulidad
de la Resolución VPB 12676 del 13 de febrero de 2015, por medio de la cual reliquidó
la pensión de vejez del demandado hace casi de 10 años, por lo que es necesario
establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad, sin perder de
vista las reglas previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de tránsito legislativo,
tratándose de leyes que regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los
juicios.

17. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas» se considera de aquellas
normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades
propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación en el tránsito legislativo
anunciado es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 188713.

18. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

13
«Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo,
se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias
o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con
que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [destacado fuera del texto].
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19. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica por lo que establece una serie de excepciones que hacen posible, aun frente
a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación
y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a
contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de
control.

20. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron
la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX,
siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículos
1, 2, 4, 5, 6 y 8314. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153 de 1887
en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las reglas
previstas en esta ley son una importante herramienta que contribuye a la interpretación
y aplicación de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento jurídico
vigente.

21. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del literal c, del artículo 164 del
CPACA, dado que, al momento de su formulación, 6 de abril de 2021, era la
disposición que en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba
vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad
alguno.

22. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.

23. En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar sus
propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que la titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.

24. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-
1049 de 200415, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

14
«La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado que este
principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta».
Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
15
En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista en el numeral
2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
10

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25. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigencia
de la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
formuladas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
corresponde al juez de lo contencioso - administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.

26. En estos términos, la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la CP y los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad
jurídica16, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la Constitución
Política17 dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En consecuencia, para el
caso concreto, no resulta aplicable el término de caducidad establecido en el artículo
86 ibidem, por lo que se procederá con el estudio del recurso de apelación formulado
por la parte demandante la sentencia proferida el 18 de octubre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3.3. Problema jurídico y metodología de su resolución

27. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿en la reliquidación de la pensión de vejez de Orlando
Garzón Duarte se tuvieron en cuenta los factores salariales devengados acorde con el
régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971?

28. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, los
factores que se deben tener en cuenta para la liquidación y/o reliquidación de una
pensión reconocida con fundamento en el Decreto 546 de 1971; en segundo lugar,
estudiará el caso en concreto.

3.4. Régimen pensional del Decreto 546 de 1971

29. A pesar de que en este proceso no es objeto de discusión la aplicación de dicha
normatividad al demandado, pues así lo han aceptado las partes, es ineludible para la
Sala establecer los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar o
reliquidar la pensión contenida en el Decreto 546 de 197118, que en su artículo 6°,
señala:

«Artículo 6°. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente
a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más

16
En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso debe preferirse
la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una norma jurídica de inferior jerarquía.
Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha compatibilidad no solo se predica de las previsiones
constitucionales comprendidas como reglas, sino también de los principios, valores y postulados de moralidad política que dan
sentido a la Carta Política». (Destacado fuera del texto)
17
«ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
18
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional,
del Ministerio Público y de sus familiares»
11

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elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».

30. De lo anterior deviene que los requisitos para beneficiarse de la pensión mensual
vitalicia de jubilación de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y el
Ministerio Público, son haber servido 20 años continuos o discontinuos, de los cuales
10 hayan sido en tal condición y llegar a la edad de 55 años (hombres) o 50 años
(mujeres). Igualmente, determina que la cuantía será del 75% de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicio en actividades de la
Rama Judicial y/o del Ministerio Público.

31. Ahora bien, respecto al ingreso base de liquidación, en adelante IBL, aplicable a los
destinatarios de este régimen pensional especial, en virtud del régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta Sección profirió sentencia
de unificación el 11 de junio de 202019, en la que indicó:

«Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre;
b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o
posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo
menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al
Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el
ingreso básico de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la
Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente
con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para
adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante
todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC
certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el
artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª.
de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 297 1.° del Decreto 610 de
1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto
3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o
empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público».[Subraya la Sala]

32. En razón a lo anterior, los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público
que les resulta aplicable el régimen de transición establecido por la Ley 100 de 1993,
tienen salvaguardados elementos del régimen anterior, Decreto 546 de 1971; no
obstante, el ingreso base de liquidación de esas prestaciones es el indicado en la Ley
100 de 1993, por lo que debe ser igual, a la suma del período preciso con el cual debe
ser consolidado el ingreso base de liquidación, artículos 21 y 36 (inciso 3°), según el
caso; y los factores previstos como integrantes de la base de cotizaciones al sistema,
son los contemplados por las siguientes normas:

(i) Artículo 1 del Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, gastos de
representación, prima técnica, cuando sea factor de salario; primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;
remuneración por trabajo dominical o festivo, remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna y
bonificación por servicios prestados;

19
Expediente 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017)10, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
12

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(ii) Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prima especial;
(iii) Artículo 1 del Decreto 610 de 1998: bonificación por compensación;
(iv) Artículo 1 del Decreto 1102 de 2012: bonificación por compensación;
(v) Artículo 1 del Decreto 2460 de 2006: prima de productividad;
(vi) Artículo 1 del Decreto 3900 de 2008: bonificación por actividad judicial y;
(vii) Artículo 1 del Decreto 383 de 2013: bonificación judicial; según se trate de
magistrados o empleados de la Rama Judicial.

3.5. Estudio del caso concreto

3.5.1. Hechos probados

33. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer
lo siguiente:

a) Orlando Garzón Duarte nació el 29 de enero de 195720, por lo que cumplió 55 años
de edad el 29 de enero de 2012.

b) Prestó servicio público en la Rama Judicial desde el 16 de abril de 1977 al 30 de
junio de 201221, con interrupciones, para un total de tiempo de servicio de 1.788
semanas, equivalente a 34.26 años, aproximadamente22.

c)Entre el 1 de enero de 2011 y el 3 de febrero de 201223 el demandado devengó
como factores salariales los siguientes:

(i) Sueldo básico mensual;
(ii) prima de antigüedad;
(iii) incremento del 2.5%;
(iv) servicios personales autorizados por la ley;
(v) prima especial;
(vi) bonificación por servicios;
(vii) prima de servicios;
(viii) prima de navidad;
(ix) prima de vacaciones y
(x) bonificación por actividad judicial.

Y en el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 3 de febrero de 201224
devengó los siguientes factores:

(i) Sueldo básico mensual;
(ii) incremento prima de antigüedad;
(iii) subsidio de alimentación;

20
Índice 2 del expediente electrónico de Samai del Tribunal «6ED_EXPEDIENTEDIGITAL_06ANEXOS(.ZIP) NroActua 2».
21
Según se evidencia en la historia laboral del demandado allegada por Colpensiones, índice 2 del expediente electrónico de
Samai, archivo «ED_25000234200020210025(.zip) NroActua 2» «HistoriaLaboralGenerada_20201125_085418.PDF».
22
Índice 2 del expediente electrónico de Samai del Tribunal «6ED_EXPEDIENTEDIGITAL_06ANEXOS(.ZIP) NroActua 2».
23
Índice 2 del expediente electrónico de Samai del Tribunal « 6ED_EXPEDIENTEDIGITAL_06ANEXOS(.ZIP) NroActua 2». Es
del caso recalcar, que se toma dicha fecha a pesar de que el último año de servicio se comprende entre el 30 de junio de 2011 y
el 30 de junio de 2012 porque así lo certifica la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca
en constancia del 3 de febrero de 2012.
24
Índice 2 del expediente electrónico de Samai del Tribunal « 6ED_EXPEDIENTEDIGITAL_06ANEXOS(.ZIP) NroActua 2». Es
del caso recalcar, que se toma dicha fecha a pesar de que los últimos 10 años de servicio comprende entre el 30 de junio de 2002
y el 30 de junio de 2012 porque así lo certifica la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca
en constancia del 3 de febrero de 2012.
13

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(iv) incremento 2.5%;
(v) prima de antigüedad;
(vi) prima de servicios;
(vii) prima especial de servicios;
(viii) diferencia de sueldo;
(ix) diferencia de incremento;
(x) diferencia prima especial de servicios;
(xi) diferencia prima de antigüedad;
(xii) prima de navidad;
(xiii) prima de vacaciones;
(xiv) vacaciones;
(xv) bonificación por servicios prestados;
(xvi) auxilio de transporte;
(xvii) diferencia subsidio de alimentación;
(xviii) diferencia prima de navidad;
(xix) bonificación por actividad judicial;
(xx) diferencia prima de productividad;
(xxi) prima de productividad;
(xxii) diferencia de prima de vacaciones;
(xxiii) diferencia de bonificación actividad judicial;
(xxiv) servicios personales autorizados por la ley.

d) En la Resolución GNR 230376 del 9 de septiembre de 201325 Colpensiones, a través
del gerente nacional de reconocimiento, resolvió el recurso de reposición interpuesto
por Orlando Garzón Duarte en contra de la Resolución 26231 del 26 de junio de 2012,
que negó el reconocimiento pensional; modificándola, por lo que reconoció la pensión
mensual vitalicia de vejez al recurrente, efectiva a partir del 1 de noviembre de 2013.
Estimó que Garzón Duarte prestó sus servicios en la Rama Judicial por 1.788 semanas
y que cuenta con 56 años de edad; por lo que en virtud del régimen de transición
contenido en el artículo 136 de la Ley 100 de 1993 le resulta aplicable el Decreto 546
de 1971 y «la forma de liquidación de la presente prestación, se efectúa teniendo en
cuenta lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, incluyendo como
ingreso base de cotización los factores salariales establecidos en el artículo 12
del Decreto 717 de 1978, en concordancia con lo establecido en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978. […]»

e) Según Resolución VPB 12676 del 13 de febrero de 2015 26 emitida por la
vicepresidente de Prestaciones y Beneficios de Colpensiones, objeto de esta
demanda, Orlando Garzón Duarte solicitó el 27 de septiembre de 2013 reliquidación
de su pensión de vejez, reiterada el 28 de abril, 22 de septiembre y 7 de noviembre de
2014. Ante el silencio de la entidad, Garzón Duarte interpuso el 11 de febrero de 2011
recurso de apelación en contra del acto ficto negativo originado del silencio de
Colpensiones frente a su petición, asimismo, estableció que se retiró definitivamente
del servicio a partir del 16 de junio de 2012. La demandante aplicó nuevamente por
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 546 de 1971
«incluyendo como ingreso base de cotización los factores salariales

25
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_25000234200020210025(.zip) NroActua 2» «NotificacionCC
6761207-505-1.pdf».
26
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_25000234200020210025(.zip) NroActua 2» «NotificacionCC
6761207-508-3.pdf».
14

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00250-02
Demandante: Colpensiones

establecidos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en concordancia con lo
establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. […]»

f) La directora de Prestaciones Económicas de Colpensiones emitió el auto de pruebas
APDPE 105 del 27 de julio de 202027 y solicitó autorización al demandado para revocar
directamente la Resolución por medio de la cual reliquidó la pensión de vejez, concluyó
lo siguiente:

«[el] asegurad[o] cumplió los requisitos de edad y tiempo antes del 8 de mayo de 2013,
por tal razón se estudiará bajo los parámetros de la Circular 01 de 2012, en consecuencia
se aplicar[á] la Decreto 546 de 1971.

Que conforme a la Circular 054 de 2010 expedida por el Procurador General de la Nación
y la Circular Interna 01 de 2012, suscrita por la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la
Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, la forma de liquidación de la presente
prestación, se efectúa teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546
de 1971, incluyendo como ingreso base de cotización los factores salariales
establecidos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en concordancia con lo
establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
[…]

Que verificado el expediente administrativo de[l] pensionad[o] se evidencia que mediante
resolución VPB 40242 del 4 de mayo de 2015, se liquida prestación conforme a Decreto
546 de 1971, último año y con la respectiva inclusión de factores salariales, sin tener
certeza de los factores salariales tenidos en cuenta para la liquidación; elevando así su
valor de manera desproporcionada, razón por la cual se procedió a liquidar
correctamente la prestación, arrojando lo siguiente:

Que a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la liquidación de la
prestación reconocida, la cual se resume de la siguiente manera:

IBL: 5,023,738 x 75.00 = $3,767,803

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y TRES PESOS M/CTE. [SIC]

Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el peticionario cumple
los requisitos para los siguientes tipos de pensión, siendo aplicada por favorabilidad el
indicado en la columna “Aceptada Sistema”:

Que al liquidarla el valor correcto de la mesada para el 2020 es de $4,945,928 valor
inferior al que percibe actualmente motivo por el cual se requiere la Autorización para
revocar la resolución VPB 40242 del 4 de mayo de 2015 [SIC] toda vez que se liquidó
de manera errónea teniendo en cuenta factores salariales errados.

27
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_25000234200020210025(.zip) NroActua 2» «NotificacionCC
6761207-509-2.pdf».
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Demandante: Colpensiones

Que así las cosas, y encontrándose corregida la liquidación de la prestación se
evidenci[ó] que el valor de la mesada pensional de la pensión de vejez es por valor de
$4,945,928 para el 2020 y no por valor de $6,136,377 para el año 2020 como se
manifestó en la resolución VPB 40242 del 4 de mayo de 2015 [SIC].

[…]

En conclusión, se procede a indicar que [el] seño[r] GARZON DUARTE ORLANDO ya
identificad[o], tiene derecho a la pensión de vejez con decreto 546 de 1971, en cuantía
de $4,945,928 para el año 2020.

Poner de presente a[l] seño[r] GARZON DUARTE ORLANDO, que vencido el término de
un (1) mes contado a partir de la comunicación del presente auto sin que hayan sido
allegados los documentos y pruebas solicitadas se procederá a remitir a la Dirección de
Procesos Judiciales para lo de su competencia. […]». [Subraya la Sala]

g) La directora de Prestaciones Económicas de Colpensiones, mediante Resolución
DPE 13843 del 9 de octubre de 2020, resolvió la solicitud de Orlando Garzón Duarte
de reconocimiento y pago de una pensión de riesgo radicada el 22 de julio de 2020.
Para resolver consideró:

«[el] asegurad[o] cumplió los requisitos de edad y tiempo antes del 8 de mayo de 2013,
por tal razón se estudiará bajo los parámetros de la Circular 01 de 2012, en consecuencia
se aplicar[á] la Decreto 546 de 1971.

Que conforme a la Circular 054 de 2010 expedida por el Procurador General de la Nación
y la Circular Interna 01 de 2012, suscrita por la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la
Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, la forma de liquidación de la presente
prestación, se efectúa teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546
de 1971, incluyendo como ingreso base de cotización los factores salariales
establecidos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en concordancia con lo
establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

[…]».

3.5.2. Análisis sustancial de la Sala

34. Para resolver el problema jurídico inicial la Sala considera que a pesar de que no
se discute en el presente proceso la aplicación al demandado del régimen de transición
y en consecuencia, si es beneficiario del régimen especial de la Rama Judicial y el
Ministerio Público establecido en el Decreto 546 de 1971, sí se ha planteado en la
demanda que los factores salariales tenidos en cuenta en la reliquidación presentaban
inconsistencias, por lo que es necesario analizar el cumplimiento de los requisitos para
la aplicación del régimen de transición y del Decreto 546 de 1971, y posterior a ello,
proceder a verificar el IBL que debió tenerse en cuenta al reliquidar la pensión de vejez
atacada judicialmente.

35. Por otro lado, comparte la Sala lo manifestado por el Tribunal referente al contenido
débil de la demanda, pues se limita al alegar que en la reliquidación pensional tuvo en
cuenta factores salariales erróneos, sin expresar de manera clara y concisa a qué
factores se refiere, lo que resulta inaceptable, pues Colpensiones tuvo a su disposición
para el análisis de legalidad de su propio acto administrativo y los certificados emitidos
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –

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Cundinamarca que refieren lo devengado por Orlando Garzón Duarte durante la
prestación del servicio en la Rama Judicial.

36. Según el material probatorio aportado al proceso por las partes, Orlando Garzón
Duarte es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 porque para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la
mencionada Ley a nivel nacional, tenía un tiempo de servicio de 16 años y 9 meses28,
así:

Entidad Cargo Desde Hasta Tiempo de servicio
Rama Judicial Escribiente 16 de abril de 1977 5 de septiembre de 1977 4 meses, 19 días
Rama Judicial Escribiente 1 de octubre de 1977 15 de noviembre de 1977 1 mes, 14 días
Rama Judicial Escribiente 1 de diciembre de 1977 13 de diciembre de 1977 13 días
Rama Judicial Citador III 15 de diciembre de 1977 30 de septiembre de 1979 1 año, 9 meses, 15 días
Rama Judicial Citador III 1 de octubre de 1979 30 de junio de 1980 9 meses
Rama Judicial Escribiente 1 de julio de 1980 15 de septiembre de 1983 3 años, 2 meses, 14 días
Rama Judicial Secretario 16 de septiembre de 1983 30 de septiembre de 1983 14 días
Rama Judicial Secretario 1 de octubre de 1983 30 de septiembre de 1985 1 año, 11 meses, 29 días
Rama Judicial Secretario 1 de octubre de 1985 31 de octubre de 1985 1 mes
Rama Judicial Secretario 1 de noviembre de 1985 30 de agosto de 1990 4 años, 9 meses, 29 días
Rama Judicial Secretario 1 de septiembre de 1990 4 de agosto de 1991 11 meses, 3 días
Rama Judicial Secretario 1 de septiembre de 1991 1 de abril de 1994 2 años, 7 meses
Total tiempo de servicio a
la entrada en vigencia de la 16 años y 9 meses
Ley 100 de 1993

37. Analizado lo anterior, se tiene en cuenta que el demandado laboró para la Rama
Judicial por más de 30 años29, por lo que el régimen de transición le resulta aplicable
para su reconocimiento pensional, así como el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
Dicha norma establece como requisitos para acceder a la pensión 55 años de edad,
en el caso de los hombres, y 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores
o posteriores a su vigencia, de los cuales por lo menos 10 años hayan sido a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o en ambas. Exigencias que cumplió Orlando
Garzón Duarte porque los 55 años de edad los cumplió el 29 de enero de 2012 y laboró
como empleado y funcionario de la Rama Judicial por más de 20 años, del 16 de abril
de 1977 al 30 de junio de 2012, acumulando un tiempo de labores de 34.26 años.

38. Se debe advertir, que el demandado consolidó su estatus de pensionado por el
régimen especial del Decreto 546 de 191 al cumplimiento de los 55 años de edad, esto
es el 29 de enero de 2012; 17 años, 9 meses y 28 días después de la vigencia a nivel
nacional de la Ley 100 de 1993, 1 de abril de 1994.

39. También se debe resaltar que, al iniciar su labor desde el 16 de abril de 1977, para
el 25 de julio de 2005, fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005, contaba
con más de 20 años de servicio, es decir que tenía más de 750 semanas cotizadas,
por lo que conservó el régimen de transición.

28
Según histórico laboral DESAJ-TH-1123 del 3 de febrero de 2012 emitido por el coordinador del Área de Talento Humano de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca. Disponible en el índice 2 del expediente
electrónico de Samai del Tribunal, archivo «6ED_EXPEDIENTEDIGITAL_06ANEXOS(.ZIP) NroActua 2».
29
Desde el 16 de abril de 1977 al 30 de junio de 2012, con interrupciones, para un total de tiempo de servicio de 1.788 semanas,
equivalente a 34.26 años aproximadamente.
17

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Demandante: Colpensiones

40. Queda claro entonces para la Sala que, tal como se determinó en los actos
administrativos de reconocimiento y reliquidación pensional, a Orlando Garzón Duarte
le es aplicable el régimen especial del Decreto 546 de 1971.

41. Ahora bien, se toma en consideración que esta corporación ha unificado los
parámetros que se deben atender al momento de determinar el IBL de las pensiones
reconocidas a través del régimen de transición de que trata la Ley 100 de 1993, como
lo son las sentencias de unificación del 28 de agosto de 201830 y del 11 de junio de
202031.

42. En la primera sentencia estableció la Sala Plena que tendría efectos retrospectivos
a todos aquellos asuntos pendientes de solución en vía administrativa y judicial,
excepto en los casos donde operara la cosa juzgada, los cuales son inmodificables.
La regla de unificación fijada se refirió a que «[e]l Ingreso Base de Liquidación del
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de
transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985». A su vez, fijó dos subreglas jurisprudenciales referentes
a (i) el IBL para los beneficiarios del régimen de transición es el previsto en el inciso
tercero del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y (ii)
solo se incluirán en el IBL aquellos factores sobre los que se hayan efectuado aportes
o cotizaciones al sistema.

43. Esta línea interpretativa se replicó en sentencia de unificación del 11 de junio de
202032 donde se definió que quienes a través del régimen de transición de la Ley 100
de 1993 cumplieran los requisitos del Decreto 546 de 1971 quedaban cobijados con la
edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo del 75%, con exclusión del IBL, pues
en tal sentido se aplicarían los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda, así como los factores fijados en los decretos 1158 de 1994, 610 de 1998,
1102 de 2012, 2460 de 2006, 3900 de 2008 y 383 de 2013 y la Ley 4 de 1992 con la
modificación de la Ley 332 de 1996, según el caso.

44. Analizado lo anterior, debe la Sala sostener, tal como lo ha expresado en
oportunidades anteriores en asuntos que guardan similitud al presente, que «aunque
la tesis que permitía el reconocimiento pensional con todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios para aquellas personas beneficiarias del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, fue revisada por esta Corporación a partir
del fallo del 28 de agosto de 2018, esto no conduce inexorablemente a calificar como
contrarios al ordenamiento jurídico aquellas prestaciones periódicas concedidas con
aquella postura, luego que esta hipótesis solo sería admisible en casos en que exista
abuso del derecho o fraude a la Ley.[…]» 33.

45. Así las cosas, al momento de la expedición de la Resolución VPB 12676 del 13 de
febrero de 2015, acto demandado, en esta jurisdicción existía una posición
jurisprudencial pacífica respecto de los factores salariales que debían integrar el IBL,

30
M.P. César Palomino Cortés.
31
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00630-01(4083-17) CE-SUJ-S2-021-20, sentencia de
unificación CE-SUJ-S2-021-20. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2024, M.P Jorge Edison Portocarrero
Banguera, radicado: 76001-23-33-000-2017-01426-01 (4599-2023), demandante Colpensiones, demandado: Esteban Manrique
Galindo y Coomeva EPS en liquidación.
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posición que fue reevaluada por sentencias de unificación posteriores, agosto 28 de
2018 y 11 de junio de 2020, circunstancia que no constituye un abuso del derecho o
fraude a la ley, sino una decisión de la administradora de pensiones fundamentada en
un criterio normativo y jurisprudencial vigente al momento de la expedición del acto
administrativo.

46. Una interpretación contraria conllevaría al rompimiento del principio de la confianza
legítima del pensionado en que su derecho fue reconocido y posteriormente
reliquidado conforme al orden jurídico y jurisprudencial vigente, sumado a que en la
reliquidación nunca se discutió la aplicación del precedente posterior a la expedición
del acto administrativo, pues como se dijo, la Administración aplicó la tesis
jurisprudencial pacífica al momento de proferir la decisión que hoy objeta.

47. Respecto al principio de la confianza legítima la Corte Constitucional34 ha expresado
que «[d]el principio de la buena fe se desprende el de confianza legítima, que pretende
que la Administración se abstenga de modificar «situaciones jurídicas originadas en
actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas (y en ese sentido
legítimas) en los ciudadanos, con base en la seriedad que -se presume- informa las
actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del principio de buena fe y de la
inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que caracteriza al estado constitucional de
derecho35.

32. El principio de confianza legítima funciona entonces como un límite a las actividades
de las autoridades, que pretende hacerle frente a eventuales modificaciones
intempestivas en su manera tradicional de proceder, situación que además puede poner
en riesgo el principio de seguridad jurídica. Se trata pues, de un ideal ético que es
jurídicamente exigible. Por lo tanto, esa confianza que los ciudadanos tienen frente a la
estabilidad que se espera de los entes estatales, debe ser respetada y protegida por el
juez constitucional.

33. En suma, para la Corte la confianza legítima protege las razones objetivas con las
que cuenta un ciudadano que le permiten inferir la consolidación de un derecho que no
ha adquirido. Por ello, no resulta constitucionalmente admisible que la administración
quebrante de manera intempestiva la confianza que había creado con su conducta en
los ciudadanos, más aún, cuando con ello puede afectar derechos fundamentales36».

48. Así las cosas, no puede la entidad demandada modificar la forma en la que en 2015
reliquidó la pensión reconocida a un ciudadano cobijado por el régimen de transición
de que trata la Ley 100 de 1993 con la tesis jurisprudencial vigente al momento de
emitir el acto administrativo, invocando para el efecto, criterios jurisprudenciales
posteriores, pues esto pone en riesgo la seguridad jurídica, la estabilidad que esperan
los administrados de las entidades estales y la protección de las razones objetivas de
que su derecho se consolidó y reconoció con fundamento en las normas vigentes y la
interpretación pacifica que de las mismas efectuó la administración de justicia. Esto
cobra mayor relevancia cuando se advierte, como en este asunto, que Colpensiones
no efectuó un análisis claro y específico de en qué consistió la reliquidación pensional
con factores salariales erróneos que generaron un mayor valor injustificado en la
mesada pensional, ni al pensionado, al momento de solicitar autorización para revocar

34
Corte Constitucional, sentencia T- 453 del 22 de noviembre de 2018, expediente T- 6.593.422.
35
Sentencia T-180 A de 2010.
36
Ver sentencias T-053 de 2008; T-722 de 2012.; T-049 de 2014 y T- 458 de 2017.
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el acto administrativo ni a la administración de justicia, cuando acude a demandar el
acto propio.

3.6. Conclusión

49. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
el acto demandado conserva la presunción de legalidad, pues al momento de su
expedición la administradora de pensiones aplicó las normas vigentes y la
interpretación jurisprudencial de las mismas. En consecuencia, se confirmará el fallo
apelado.

3.7. Costas

50. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 37 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte
demandante haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso
[…]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida 18 de octubre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

Tercero: No condenar en costas.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

37
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo
valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de
costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el
artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP,
con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en
los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen
de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la
conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su
causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
20

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Demandante: Colpensiones

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

EdelaO

21

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