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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00316-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00316-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 18 de noviembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00316-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00316-01 (2057-2022)
Demandante: Ana María Hernández Barón
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil

Tema: concurso de méritos. Subtema 1: Instituto Nacional Penitenciario. Subtema 2:
requisito de estatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 18 de noviembre de 2021, que negó
las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La accionante participó en el concurso de méritos del INPEC para el empleo de
dragoneante y en la evaluación médica fue calificada como no apta, dado que no
cumplía con el requisito de estatura mínimo. En el proceso solicita la nulidad del acto
administrativo que respondió la reclamación y la excluyó del proceso de selección,
pues en su criterio dicho requisito constituye un trato discriminatorio. El Tribunal negó
las pretensiones de la demanda al considerar que el requerimiento de estatura es
razonable y proporcional. Inconforme con esta decisión, la demandante interpuso
recurso de apelación.
II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Ana María Hernández Barón, mediante apoderado, presentó
demanda el 18 de agosto de 20201, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y

1 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, doc. 06.

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00316-01 (2057-2022)
Demandante: Ana María Hernández Barón
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil

el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con las siguientes
pretensiones:

2. Declarar la nulidad del acto administrativo del 10 de diciembre de 2019,
expedido por el INPEC, que respondió la reclamación de la accionante de la
convocatoria 800 de 2018 al considerarla «no apta».

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó el «reintegro» al concurso de
méritos para proveer las vacantes definitivas del empleo de dragoneante, código 4114,
grado 11, del sistema específico de carrera administrativa del INPEC. Pidió que las
entidades accionadas realizaran todas las actuaciones administrativas para que la
actora culmine el concurso, ingrese al curso de formación, y en caso de superarlo,
integre la lista de elegibles y se posesione. Además, solicitó que la parte accionada
sea condenada en costas.

4. Como pretensión subsidiaria solicitó el pago de 100 SMLMV por concepto de la
pérdida de oportunidad, así como el pago de la misma suma por el daño consumado,
en los términos del inciso séptimo del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, causado
por la imposibilidad de cumplir la orden de reintegro2.

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. El INPEC solicitó a la CNSC iniciar el concurso de méritos para proveer 240
vacantes, entre ellas, las del empleo de dragoneante, código 4114, grado 11. La norma
reguladora del concurso fue la convocatoria 800 de 2018, la cual previó en las causales
de exclusión el concepto de no apto en la valoración médica.

7. La accionante se inscribió en la convocatoria, pero fue excluida porque medía
1.51 metros, de modo que no cumplía con la estatura exigida que correspondía al
rango de 1.58 m. (mínima) a 1.98 m. (máxima).

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

8. La demandante citó como normas vulneradas los artículos 4, 16, 26, 29 y 53 de
la Constitución Política.

9. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el acto
administrativo demandado es nulo por aplicación indebida del artículo 47 del Acuerdo
20181000006196, debido a su inconstitucionalidad porque exige una estatura mínima
de 1.58 m. para las mujeres.

2 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, doc. 02.

2

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10. En criterio de la accionante, «quienes cumpliendo las demás condiciones para
acceder al cargo no alcancen la estatura mínima prevista en la Convocatoria o
padezcan de escoliosis, bien pueden continuar el proceso de selección y ser asignadas
a labores donde la estatura o la citada enfermedad no constituyan un obstáculo».

11. La parte actora sostuvo que la Comisión Nacional del Servicio Civil y el INPEC
vulneraron los principios de legalidad e igualdad, al expedir el acto acusado mediante
el cual fue excluida de la Convocatoria 800 de 2018. En este sentido, explicó que la
exigencia de una estatura mínima solo es razonable siempre que exista un fundamento
científico o médico. Afirmó que la CNSC no expuso razones objetivas que justificaran
la exigencia del requisito de talla para integrar el cuerpo de custodia y vigilancia. Por
ello, el acto acusado carece de motivación suficiente, puesto que no demuestra por
cuáles motivos las personas de baja estatura no pueden desempeñar esas funciones.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. Comisión Nacional del Servicio Civil

12. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda al estimar que carecen
de fundamento legal y respaldo probatorio. Narró que el INPEC tiene un sistema
específico de carrera administrativa y que la Comisión realizó un concurso de méritos
para proveer el empleo de dragoneante, código 4114, grado 11, para el efecto, expidió
el Acuerdo 20181000006196 del 12 de octubre de 2018.

13. El referido acuerdo, en el artículo 47, señaló que en la Resolución 002141 de
2018, la estatura es un requisito habilitante, la cual debe encontrarse dentro de los
siguientes rangos: para los hombres, mínimo 1.66 m y máximo 1.98 m; y para las
mujeres, mínimo 1.58 m y máximo 1.98 m. Como sustento de esta exigencia, invocó
el Profesiograma Dragoneante, versión 4.0, elaborado para dicho empleo, documento
que contiene el soporte científico que, entre otros aspectos, respalda la diferenciación
entre la estatura mínima requerida para hombres y mujeres, así como las inhabilidades
que la justifican.

14. Explicó que la Corte Constitucional, en la sentencia T-1266 de 2008, consideró
que el trato discriminatorio se configura en los eventos de falta de justificación entre la
estatura mínima exigida y la complexión física de los aspirantes, lo que difiere del
presente caso.

15. La Comisión propuso la excepción de caducidad del medio de control. Sostuvo
que la comunicación del 10 de diciembre de 2019, mediante la cual se confirmó la
exclusión de la señora Ana María Hernández Barón de la Convocatoria 800 de 2018
del INPEC por no aptitud médica, fue notificada en esa misma fecha, por lo que el
término de cuatro meses comenzó a correr el 11 de diciembre de 2019. En
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consecuencia, la actora tenía hasta el 13 de abril de 2020 para presentar la solicitud
de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, en tanto el 11 de abril de
2020 correspondía a un sábado. No obstante, afirmó que dicha solicitud solo fue
radicada el 1 de julio de 2020, cuando ya había operado la caducidad, sin que resultara
procedente alegar suspensión de términos3.

2.2.2. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

16. El INPEC se opuso a las pretensiones de la demanda al estimar que no está
legitimado en la causa por pasiva, dado que la administración del sistema de carrera
compete a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

17. En todo caso, explicó que según el acuerdo que reguló la convocatoria sería
calificado no apto el aspirante con alguna alteración médica, según el profesiograma
del empleo de dragoneante establecido por el INPEC, razón por la cual sería excluido
del proceso de selección. Agregó que la valoración médica practicada a cada aspirante
no es una prueba dentro de la convocatoria, sino un requisito para ingresar al Curso
de Formación en la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC.

18. Así pues, hizo énfasis en que la Resolución 002141 del 9 de julio de 2018 del
INPEC, para las mujeres establece una estatura mínima de 1.58 m. y máxima de 1.98
m. En este sentido, destacó que la exigencia de una estatura mínima no es arbitraria
ni conlleva una discriminación injustificada, comoquiera que es necesaria para el
efectivo desempeño de las tareas asignadas a los dragoneantes, teniendo en cuenta
que las funciones de custodia de los reclusos requieren de una condición física
especial.

19. Relató que en el caso de la actora el resultado de la valoración médica tuvo
como resultado que no era apta para el empleo de dragoneante, debido a que no tenía
la talla mínima. Explicó que la determinación de la estatura obedeció a los estudios
realizados en los profesiogramas, cuyo objeto era favorecer la salud del aspirante a
dragoneante y de los terceros, de conformidad con las normas de seguridad social y
salud en el trabajo.

20. A este respecto, explicó que el cargo de dragoneante es de alto riesgo, lo que
exige una rigurosa capacidad sicofísica de los aspirantes, esto con el propósito de
disminuir la probabilidad de que se presenten enfermedades laborales o que se
dificulte el cumplimiento de las labores del cargo.

21. Por ello, señaló que la exigencia de una estatura mínima se justifica en la
necesidad de proyectar autoridad, permitir el adecuado uso de los elementos de
seguridad y atender las exigencias operativas propias del cargo de dragoneante, las

3 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, doc. 09.

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cuales implican un importante componente músculo esquelético. Agregó que una talla
inferior incrementa el riesgo de agresiones por parte de la población privada de la
libertad, al ser percibida como un factor de debilidad, lo que podría derivar en
accidentes de trabajo graves o incluso fatales4.

2.3. Trámite procesal en primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el auto del 31 de agosto
de 2021, declaró no probadas las excepciones previas de caducidad, presentada por
la CNSC, y de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el INPEC.

23. En cuanto a la caducidad del medio de control, sostuvo que el acto
administrativo acusado fue notificado el 10 de diciembre de 2019, por ello, la
demandante tenía hasta el 10 de abril de 2020, para accionar. Sin embargo, el término
de caducidad fue suspendido por el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, y se reanudó a partir del
1º de julio del mismo año. Entonces, para el 16 de marzo a la accionante todavía le
quedaban 25 días «de allí que, al reanudarse los términos, la caducidad de la acción
se produciría en virtud del inciso segundo del artículo 1º del Decreto 564 de 2020, en
un mes, por ser inferior a 30 días».

24. Término que fue suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación
extrajudicial hasta el 3 de agosto de 2020, razón por la cual, aún le faltaba un mes
para que operara la caducidad del medio de control. De suerte que la señora Ana María
Hernández Barón tenía hasta el 3 de septiembre de 2020 para presentar la demanda.
Por lo tanto, como radicó la demanda el 19 de agosto de 2020, fue presentada
oportunamente.

25. En lo que concierne a la legitimación en la causa del INPEC, el Tribunal explicó
que en las pretensiones de la demanda, la actora solicita que esta entidad sea
condenada al pago de 100 SMLMV por concepto de la pérdida de oportunidad, por
consiguiente, sí está legitimada en la causa por pasiva5.

2.4. Sentencia de primera instancia

26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 18 de noviembre de 2021, negó las pretensiones de la
demanda y no impuso condena en costas.

4 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, doc. 10.
5 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, doc. 14.

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27. Como fundamento de la decisión explicó que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional6 y el Consejo de Estado7, la constitucionalidad del requisito de estatura
en los concursos de méritos depende del cumplimiento de las siguientes condiciones:
i) que los aspirantes hubieran sido advertidos previamente sobre la exigencia del
requisito; ii) que se haya garantizado en el proceso de selección la igualdad de
condiciones; iii) que la decisión se haya tomado con base en consideraciones
objetivas.

28. En este orden de ideas, el Tribunal analizó dichos supuestos y concluyó que la
Convocatoria 800 de 2018, reglamentada en el Acuerdo 20181000006196 del 12 de
octubre de 2018 señaló que solo los aspirantes que cumplieran el requisito de estatura
serían considerados aptos y convocados al Curso de Complementación. Asimismo, la
Resolución 002141 del 09 de julio de 2018 contiene la justificación técnica y científica
sobre el requisito de estatura. Por tanto, consideró que la actora participó en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes y conocía previamente las normas que
reglamentaban la convocatoria.

29. Estimó que el requisito de estatura no fue cumplido por la demandante y
constituye un criterio de exclusión objetivo, con justificación técnica y científica. Esto
de acuerdo con la actualización del profesiograma, elaborado por la Dirección de
Talento Humano y la Administradora de Riesgos Laborales, el cual tuvo en cuenta
estudios socioeconómicos para establecer la estatura media para la edad y sexo de
los aspirantes, así como los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Por
consiguiente, concluyó que el requisito es:

Es razonable y proporcional, dadas las especiales tareas de seguridad y custodia que
desarrolla el «Dragoneante» del INPEC, toda vez que deben desempeñar una labor de
riesgo en espacios de trabajo como garitas y patios de los centros de reclusión, así
como usar elementos en el desarrollo de su labor, por ejemplo, fusiles y chalecos
antibalas que tienen un peso determinado que puede poner en un mayor peligro por la
estatura (sic).

No es arbitrario o caprichoso, ya que es la consecuencia de una investigación realizada
por un grupo interdisciplinario de especialistas, que fue consignada en un documento
de carácter técnico y médico científico, el cual, no fue controvertido u objetado por la
parte demandante, a través de alguna documental que permitiera inferir que los
resultados no están ajustados a la realidad.

30. En último lugar, no impuso condena en costas porque la demanda y la
contestación se fundaron en las disposiciones legales que las partes consideraron
aplicables al caso8.

6 Sentencias T-463 de 1996 y T-045 de 2011 de la Corte Constitucional.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de marzo de 2017, radicado 19001-23-33-

000-2017-00002-01(AC), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
8 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, doc. 27.

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2.5. Recurso de apelación

31. La parte actora interpuso recurso de apelación y solicitó que se revoque la
sentencia porque, en su criterio, el requisito mínimo de estatura carecía de
razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, así:

La razón fundamental que sustenta mi posición es que la accionante Ana María
Hernández Barón, de cara al artículo 4 del acuerdo 20181000006196 del 12-10-2018,
norma que reglamentó la convocatoria 800 del 2018 INPEC, se acredita que superó cada
una de las pruebas eliminatorias y clasificatorias de la convocatoria, por eso fue que
llegó hasta la fase de 4.3 físico atlética, luego en la fase 5 fue excluida porque a criterio
de las entidades demandadas la falta de estatura es un criterio que a sazón del
profesiograma se constituye en un requisito que no cumple la accionante, pues su talla
es de 1.51.

32. Entonces, la recurrente explicó que fue excluida ya que le faltaron siete
centímetros, sin tener en cuenta que tenía capacidades mentales y físicas superiores
a las demás aspirantes, por ello, insistió en que se inaplique el artículo 47 del Acuerdo
20181000006196 de 2018. Al respecto, afirmó que superó todas las pruebas de la
convocatoria, por lo tanto, su estatura es óptima para garantizar la disciplina de la
población privada de la libertad.

33. Adicionalmente, anotó que el proceso de selección debía evitar la imposición de
requisitos físicos como la estatura, dado que se desconocen los derechos a la igualdad
y a la dignidad, lo cual configura un trato discriminatorio para el ingreso a los cargos
públicos9.

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

34. Mediante auto del 23 de junio de 202210, se admitió el recurso de apelación
conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y se prescindió del periodo de correr
traslado a las partes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

35. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

9 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, doc. 29.
10 Samai, índice 4.

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3.2. Problema jurídico

36. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso, corresponde a la Sala definir si:

37. ¿La accionante tiene derecho a que no se le exija el requisito de estatura previsto
en la Convocatoria 800 de 2018, dado que no es razonable ni proporcional y constituye
un trato discriminatorio para acceder al cargo de dragoneante del INPEC?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El empleo público de dragoneante del INPEC

38. Según la Ley 909 de 2004 los sistemas específicos de carrera son aquellos en los
cuales la especialidad de las funciones de las entidades implica que se expidan
«regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa
en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal y se
encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan la función pública» (art.
1). En el caso del INPEC, el artículo 4, numeral 2, idem lo incluye en los sistemas
específicos de carrera administrativa, los cuales son administrados y vigilados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil (art. 4, numeral 3 idem).

39. Ahora bien, en la carrera administrativa el ingreso, la permanencia y el ascenso se
rigen por el principio del mérito, que se implementa a través de los procesos de
selección objetivos (art. 27 idem). Debe agregarse que en materia de carrera
administrativa se aplican conjuntamente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 407 de
199411, que regula el régimen del personal que presta sus servicios en el INPEC.

40. El referido decreto ley establece que en el INPEC existen el personal
administrativo y el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria (art. 78),
que ingresa a través de concurso de méritos (art. 80). De conformidad con el artículo
113 el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria tiene como misión
«garantizar el orden, la seguridad, la disciplina y los programas de resocialización en
los centros de reclusión, la custodia y vigilancia de los internos, la protección de sus
derechos fundamentales». Las funciones están descritas en el artículo 118 así:

a) Velar por la seguridad, vigilancia y disciplina de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios;
b) Cumplir las órdenes impartidas por las autoridades competentes del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC;
c) Servir como auxiliares en las labores de trabajo y educación de los internos, y en
general, en su resocialización;
d) Cumplir las funciones de seguridad y policía judicial en los términos señalados por la

11 Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

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ley;
e) Cumplir las órdenes y requerimientos de las autoridades judiciales, con respecto a los
internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios;
f) Observar una conducta seria y digna;
g) Cooperar con la Dirección en todo lo que tienda a la resocialización de los reclusos,
suministrando los informes que estime conveniente para esta finalidad;
h) Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y
carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud,
conservando en todo caso a la vigilancia visual;
i) Requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados, sus celdas y sitios de trabajo
conforme al reglamento;
j) Custodiar a los condenados o detenidos que vayan a trabajar fuera del establecimiento
y emplear todas las precauciones posibles para impedir violencias, evasiones y
conversaciones o relaciones de ellos con los extraños, exceptuando los casos previstos
en el Código Penitenciario y Carcelario y en el Reglamento General;
k) Realizar los ejercicios colectivos que mejoren o mantengan su capacidad física;
participar en los entrenamientos que se programen para la defensa, orden y seguridad de
los centros de reclusión; tomar parte en las ceremonias internas o públicas para realce de
la institución; asistir a las conferencias y clases que eleven su preparación general o la
específica penitenciaria;
l) Mantener la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesarias, para
conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario;
m) Ejecutar las demás funciones relacionadas con el cargo, asignadas por la ley o
reglamento;
n) Entregar el uniforme, insignias y demás elementos a su cargo al almacén general del
establecimiento carcelario respectivo, una vez retirado del servicio o cuando sea
suspendido de sus funciones y atribuciones legalmente, respondiendo por aquellos que
falten para podérsele expedir el respectivo paz y salvo;
ñ) Garantizar la prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades en las
dependencias del Instituto;
o) Velar por el estricto cumplimiento del Régimen Penitenciario y Carcelario, Reglamento
General e Interno, Planes de Seguridad y de defensa y en general de todas aquellas
disposiciones que garanticen los objetivos de la justicia, y la misión y los objetivos
penitenciarios y carcelarios.

41. Por otra parte, el cargo de dragoneante ejerce las funciones de «seguridad,
resocialización, disciplina y orden de los establecimientos penitenciarios y carcelarios,
los cuales tendrán la obligación de cumplir las órdenes relativas al servicio» (art. 134
idem)

3.3.2. Requisito de estatura mínima

42. En lo que concierne al requisito de estatura en los concursos de méritos del INPEC,
la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado se pronunció en el
contencioso objetivo de simple nulidad, mediante la sentencia del 25 de noviembre de
2019, que negó la declaratoria de nulidad del artículo 52 del Acuerdo 563 del 14 de

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Demandante: Ana María Hernández Barón
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enero de 201612. En esa oportunidad consideró que13:

En este proceso, se demanda el artículo 52 del Acuerdo 563 de 14 de enero de 2016, por
el cual se estableció como requisito de ingreso al cargo de «Dragoneante» del cuerpo de
custodia del INPEC, las siguientes estaturas: 1) Hombres Mínima: 1.66m y Máxima:
1.98m; y 2) Mujeres Mínima: 1.58m y Máxima 1.98m.; ya que, en criterio del accionante,
estos rangos vulneran el derecho a la igualdad de los ciudadanos que desean participar
de este proceso de selección y no alcanzan estos parámetros. Además, para el actor la
estatura requerida representa una mayor afectación respecto del género femenino, pues
se les exige la estatura media nacional, a diferencia de los hombres a quienes se les pide
2cm por debajo del promedio.

(…)

De tal forma que, para establecer un rango de estatura para los candidatos, se tuvieron
en cuenta diferentes estudios socioeconómicos que evidencian diferencias
antropomórficas respecto de la estatura muy importantes entre personas de trabajos
diversos, verbigracia, entre la población militar y la civil, pero que les permitió establecer
una estatura media para la edad y sexo de los posibles aspirantes. Adicionalmente, se
estudiaron las dimensiones antropométricas de los puestos de trabajo existentes, como
las garitas y los centros de reclusión, y la dimensión interespacial funcional del trabajador
con su entorno. Para ello, se tuvo en cuenta que el «Dragoneante» del Inpec pertenece a
una planta global y debe poder laborar en cualquier parte del país.

En cuanto al campo biomecánico o capacidad del hombre para realizar una tarea,
«teniendo en cuenta su capacidad física y los requerimientos de desempeño en el
trabajo», el estudió se basó en la «Guía para la identificación de los peligros y la valoración
de los riesgos en seguridad y salud ocupacional (GTC-45 de 2012)», según la cual el
riesgo y los factores de riesgo del empleo, se hallan en la (i) postura, (ii) movimiento
repetitivo y (iii) manipulación manual de carga.

(…)

Ahora bien, el requisito de estatura que se demanda, contenido en el artículo 52 de la
convocatoria, señala como fundamento una norma mayor jerarquía, esto es, la Resolución
No. 005657 de 24 de diciembre de 2015, por la cual el Inpec adoptó un profesiograma
para el cargo de «Dragoneante» y dispuso su aplicación por parte de la CNSC, para
efectos de los eventuales procesos de selección que adelantara.

Así las cosas, el análisis del documento titulado «Actualización de Profesiogramas,
Perfiles de cargos (Perfiles Profesiográficos) e Inhabilidades Médicas para el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia -CCV del INPEC- Versión 3 para Dragoneantes y Versión 2 para los
cargos de ascensos», realizado en el acápite que precede, muestra que el mencionado
instrumento fue elaborado por un grupo interdisciplinario de profesionales especializados

12 Por el cual se convoca a Concurso – Curso Abierto de Méritos para proveer definitivamente las vacantes del

Empleo denominado Dragoneante, Código 4114. Grado 11, perteneciente al Régimen Específico de Carrera del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC – Convocatoria No. 335 de 2016.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 11001-03-25-000-2016-00700-00

(3049-16), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
10

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00316-01 (2057-2022)
Demandante: Ana María Hernández Barón
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil

en áreas de la salud, psicología, odontología, terapia ocupacional y derecho, quienes
acreditan títulos de pregrado y postgrados.

La investigación realizada estudió los factores antropológicos y biomecánicos, a partir de
los cuales se establecieron los componentes ergonómicos necesarios para el desempeño
de las labores de «Dragoneante» de la planta global del Inpec. De tal forma que, con la
finalidad de obtener un resultado cuya aplicación disminuyera en la mayor medida posible
los riesgos a los que se expone el empleado y que, además, fuera viable económicamente,
se adelantó un estudio técnico de las características estructurales de los espacios de
trabajo existentes, como garitas y patios de los centros de reclusión, así como de los
elementos que deben utilizar los empleados en el desarrollo de su labor, por ejemplo, los
fusiles y chalecos antibalas.

(…)

Lo expuesto, muestra a la Sala que el requisito de estatura exigido en el artículo 52 de la
Convocatoria 335 de 2016 se encuentra ajustado a los parámetros establecidos por la
Corte Constitucional, pues (i) es razonable y proporcional, dadas las especiales tareas de
seguridad y custodia que desarrolla el «Dragoneante» del Inpec, (ii) no es arbitrario o
caprichoso, ya que es el resultado de una investigación realizada por un grupo
interdisciplinario de especialistas, que fue consignada en un documento de carácter
técnico y médico científico, el cual se resalta, no fue controvertido u objetado por la parte
demandante; y (iii) fue conocido por los aspirantes previamente al momento de su
inscripción en el concurso, por lo cual sabían de su carácter eliminatorio.

43. Luego, en la sentencia del 20 de noviembre de 2025, la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, negó la nulidad del requisito de estatura previsto
en el Acuerdo 239 de 2020, que igualmente le exigía a las mujeres una estatura mínima
de 1.58 m. La decisión expuso que14:

Al revisar los artículos 6 y 18 del Acuerdo 239 de 2020, se constata que previeron la
exclusión de los aspirantes al cargo de dragoneante que fueran calificados con restricción
en la valoración médica. En este sentido, el anexo modificatorio del anexo 2
«Dragoneantes» precisó que, durante la valoración médica (etapa en la que se determina
la capacidad física y sicofísica del aspirante), la estatura se evaluaría como un requisito
excluyente de aptitud física.

Dicho requisito se fundamentó en el cumplimiento de las reglas previstas en la
convocatoria y en el «Profesiograma Dragoneante. Versión 4.0 2017»20, realizado por la
ARL POSITIVA, documento técnico que determina las condiciones físicas, funcionales y
de desempeño requeridas para el cargo y en el cual, además, se establecen los medios
científicos necesarios para constatar que el empleado pueda desempeñarse idóneamente
en el puesto de trabajo.

En él se incorpora la estatura como una medida antropométrica relevante para evaluar la

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 11001-03-25-000-2022-00334-00

(2717-2022), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
11

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00316-01 (2057-2022)
Demandante: Ana María Hernández Barón
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil

adecuación del aspirante al empleo, sustentada en evidencia y métodos científicos
(estudios antropométricos comparativos, características físicas, comportamentales,
análisis estadísticos, requerimientos de la ocupación, entre otros) con el fin de establecer
una estatura media que busca identificar las capacidades físicas necesarias para las
labores de vigilancia, seguridad y custodia, y reducir los riesgos a los que se expone el
personal en el cumplimiento de sus funciones.

(…)

Si bien, todo ciudadano tiene derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones de
igualdad, la exigencia de requisitos físicos resulta válida cuando existe una relación directa
con las funciones del cargo y fundamento técnico que justifique su necesidad, además de
cumplir con los criterios jurisprudenciales citados en apartes anteriores.

De esta manera, se evidencia que el requisito de estatura fue informado desde el inicio,
aplicado por igual a todos los aspirantes para el cargo de dragoneante y sustentado en
criterios técnicos vinculados con las funciones del empleo. Con ello se garantizó que la
medida no fuera arbitraria ni discriminatoria, pues conforme lo ha dicho la Corte
Constitucional, el principio de igualdad no impide reconocer entre las personas
distinciones legítimas, siempre y cuando contengan una justificación objetiva, razonable y
proporcional entre los hechos que le sirven de causa a la norma y los fines que ésta
persigue.

(…)

En ese sentido, dicha exigencia además de tener relación directa y coherente con lo que
implica el cargo, cumple con criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad,
pues conforme a los estudios técnicos y a la caracterización del empleo de dragoneante,
se evidencia que sus funciones demandan aptitudes y condiciones físicas especiales que
les permitan no solo atender las labores de vigilancia, seguridad y custodia de los internos
y el mantenimiento del orden en los centros carcelarios, sino también salvaguardar su
propia integridad física. Por ello, es admisible que existan exigencias físicas como
condiciones del acceso al empleo.

44. A modo de conclusión, es dable considerar entonces que el requisito de estatura
para acceder al cargo de dragoneante debe satisfacer criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, y que no responda a decisiones arbitrarias o caprichosas. Además,
es necesario garantizar que los aspirantes conozcan previamente su existencia, en
tanto constituye una causal de exclusión dentro del proceso de selección.
Adicionalmente, tal como se expuso esta corporación ha tenido en cuenta que exista
una justificación técnica y científica que respalde el establecimiento de la estatura
mínima y máxima para ejercer el empleo de dragoneante, cuya actividad es de alto
riesgo.

3.4. Hechos probados relevantes

45. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
12

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46. En el proceso obra la Resolución 002141 del 9 de julio de 201815, expedida por el
director general del INPEC, para adoptar el profesiograma para el empleo de
dragoneante, en cuya parte motiva indicó que conforme al Decreto Ley 2090 de 2003,
las labores de custodia y vigilancia en centros de reclusión constituyen una actividad
de alto riesgo, por cuanto pueden afectar la expectativa de vida saludable o exigir el
retiro anticipado del servicio. Asimismo, se explicó que el profesiograma es «el
documento técnico en donde se definen las tareas, responsabilidades, particularidades
físicas y ambientales requeridas para el desempeño de un empleo y adicionalmente,
establece los medios científicos necesarios para investigar que el empleado pueda
desempeñarse en el puesto de trabajo para el cual es postulado»16.

47. En el expediente obra la actualización del profesiograma y del documento de
inhabilidades médicas, y que, en cuanto la estatura, expone lo siguiente17:

De acuerdo a los estudios de Ordoñez y Polanía, la estatura promedio en hombres mínima
requerida es de 1.66 m, y en mujeres a 1.58 m. Estas estaturas abarcan el promedio
Nacional para los estratos nivel bajo-bajo. El mantener una talla mínima para el ingreso a
Dragoneante promueve la integridad física y psicológica del personal de custodia.

Cabe anotar que el trabajo de Vigilancia y Custodia solicita además de un excelente
componente psicológico, un componente físico adecuado para afrontar casos especiales
con la población de internos como agresiones o motines Una estatura mínima adecuada
facilita la proyección de autoridad, además que permite el uso adecuado de los elementos
de seguridad propios del cargo.

Es importante recalcar que las funciones del Dragoneante son operativas en su mayoría
y requieren de un alto compromiso del componente músculo esquelético. Personal con
talla inferior incrementa el riesgo para la institución de ser golpeado o agredido, debido a
que la población de internos considera la baja talla como una debilidad, lo cual puede
terminar generando accidentes de trabajo graves o fatales. Los aspirantes con tallas
inferiores al requerimiento, no serán aptos para continuar con el proceso de selección.

48. Ahora bien, los artículos 45 y 47 del Acuerdo 20181000006196 del 12 de octubre
de 2018 disponen18:

Artículo 45º.- Importancia y efectos del resultado de la valoración médica. Con la
valoración médica practicada a cada aspirante que supere el concurso, se analiza la
aptitud médica y psicofísica, entendida ésta de manera general como la capacidad mental
y física que posee un ser humano para desempeñar una actividad u oficio.

La capacidad física es la compatibilidad adecuada, evaluada por el médico examinador,
entre el profesiograma psicofísico para una función específica y el conjunto de cualidades
y condiciones físicas del aspirante a dicha función. Esta capacidad en cada aspirante
citado a practicarse exámenes médicos, se evaluará por medio de los siguientes

15 Por medio de la cual se actualiza el profesiograma, perfil profesiográfico y documento de inhabilidades médicas

versión 4, para el empleo de dragoneante, versión 3 para los empleos de Inspector e Inspector Jefe – CCV del
INPEC.
16 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, doc. 19, págs. 6 a 7.
17 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, doc. 19. Pág. 652.
18 https://www.cnsc.gov.co/sites/default/files/2024-09/2018100006196.pdf.

13

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instrumentos presentes en el profesiograma adoptado por el INPEC: a) La historia clínica
ocupacional, con énfasis en el sistema neurológico y osteo-muscular, b) La ficha de
evaluación de la carga física y c) La ficha de evaluación osteo muscular.

La capacidad médica y psicofísica de los aspirantes a ingresar como alumno de la Escuela
Penitenciaria Nacional, se califica bajo los conceptos de APTO Y NO APTO.

El aspirante que cumpla con todas las condiciones médicas, físicas, psicológicas y demás
que le permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad correspondiente, según el
Profesiograma del Empleo de Dragoneante establecido por el INPEC, será considerado
APTO.

Será calificado NO APTO el aspirante que presente alguna alteración médica, según el
Profesiograma del Empleo de Dragoneante establecido por el INPEC, razón por la cual
será excluido del proceso de selección.

El único resultado aceptado en el proceso de selección, respecto de la aptitud médica y
psicofísica del aspirante, será el emitido por la entidad especializada contratada
previamente para tal fin por la universidad, institución universitaria e institución de
educación superior que la CNSC contrate para el desarrollo del proceso de selección.

La valoración médica practicada a cada aspirante no es una prueba dentro de la
Convocatoria, sino que constituye un requisito para ingresar al Curso de Formación o
Complementación en la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, el resultado de los
exámenes médicos después de resueltas las reclamaciones, tendrá carácter de definitivo.

El aspirante que obtenga calificación definitiva de NO APTO en la Valoración Médica, será
excluido del proceso de selección en esa instancia.

Artículo 47.- De conformidad con la Resolución No. 002141 del 09 de julio de 2018 del
INPEC, uno de los requisitos de Aptitud Física del aspirante es la estatura, la cual debe
encontrarse dentro de los siguientes rangos:

• Hombres Mínima: 1.66m y Máxima: 1.98m
• Mujeres Mínima: 1.58m y Máxima: 1.98m

La estatura de los aspirantes será evaluada al momento de la presentación de la
valoración médica, dicha medición será realizada por el Médico Especialista en Salud
Ocupacional, siendo ésta la única valoración válida para el proceso de selección.

La Comisión Nacional del Servicio Civil recomienda que el interesado que no cumpla con
los estándares de estatura mínima y máxima aquí precisados, no se inscriba en el
proceso, so pena de ser excluido.

49. El 24 de octubre de 2019, a la señora Ana María Hernández Barón se le realizó el
examen de salud ocupacional en el marco del proceso de selección para el cargo de
dragoneante, donde la revisaron los profesionales de foniatría, fonoaudiología,
medicina del trabajo, y en las observaciones se indicó «concepto con restricción para
el cargo por talla inferior a la requerida», lo cual se entiende, en tanto, su estatura es
de 1.51 m.19.

19 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, doc. 03. Anexos, págs. 38 a

45.
14

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Demandante: Ana María Hernández Barón
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50. El líder del proceso de reclamaciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
en el acto administrativo del 10 de diciembre de 2019, respondió la reclamación contra
los resultados de la valoración médica y determinó que ratificaba el estado de «NO
APTO de la aspirante Ana María Hernández Barón identificada con cédula de
ciudadanía […], dentro de los resultados de la Valoración Médica de la Convocatoria
800 de 2018 – INPEC Dragoneantes», en los siguientes términos20:

La capacidad médica y psicofísica de los aspirantes a ingresar como alumnos de la
Escuela Penitenciaria Nacional, se califica bajo los conceptos de APTO y NO APTO.

El aspirante que cumpla con todas las condiciones médicas, físicas, psicológicas y
demás que le permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad
correspondiente, según el Profesiograma del Empleo de Dragoneante establecido por
el INPEC, será considerado APTO.

Será calificado NO APTO el aspirante que presente alguna alteración médica, según
el Profesiograma del Empleo de Dragoneante establecido por el INPEC, razón por la
cual será excluido del proceso de selección.

El aspirante que obtenga calificación definitiva de NO APTO en la Valoración Médica,
será excluido del proceso de selección en esa instancia.

Respecto a su solicitud donde manifiesta que: “…solicito de manera atenta se
modifique el No admitido por Admitido en el proceso ya que la diferencia radica en 7
CM, que no sería de impacto al realizar las funciones del cargo DRAGONEANTE
INPEC…” es preciso indicar, que revisada nuevamente la historia clínica de la aspirante
se pudo corroborar que presenta restricción en su estatura, para ejercer el cargo de
Dragoneante, toda vez que el rango de la misma se encuentra por debajo del límite de
talla exigida por empleo a proveer.

(…)

Asimismo, es importante reiterar a la aspirante que al momento de realizar la inscripción
el mismo aceptó la totalidad de las reglas de la convocatoria tal y como lo establece el
numeral 7 del Artículo 9 del acuerdo 20181000006196 de 2018:

(…)

En este entendido se evidencia que, la aspirante presenta una inhabilidad para prestar
el servicio en el INPEC, toda vez que, dentro del proceso de selección y en la búsqueda
del personal idóneo se debe observar el marco normativo y jurisprudencial que ha
venido descantándose en los pronunciamientos de las Altas Cortes, dándose las
modificaciones realizadas por la rama legislativa que se observarán en el
profesiograma, siendo un factor influyente en el reclutamiento de aspirantes a formar
parte de la guardia penitenciaria, creándose perfiles acordes a las necesidades y
funciones a realizar en la institución, respetándose los derechos fundamentales como
seres humanos ajustados a la Constitución política y el bloque de constitucionalidad.

(…)

20 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, doc. 19, págs. 1762 a 1765.

15

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Demandante: Ana María Hernández Barón
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil

Frente a esta decisión que resuelve la reclamación contra los resultados de la
Valoración Médica de la Convocatoria 800 de 2018 – INPEC Dragoneantes, no procede
ningún recurso quedando en firme la misma.

3.5. Caso concreto

51. En el asunto bajo análisis, la accionante solicita la nulidad del acto
administrativo expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil que la calificó como
no apta en los resultados de la valoración médica, al no cumplir la estatura mínima de
1.58 m., y, en consecuencia, la excluyó del proceso de selección del INPEC, regulado
en la Convocatoria 800 de 2018 para el cargo de dragoneante. A juicio de la
demandante, el acto acusado viola su derecho a la igualdad, puesto que constituye un
trato discriminatorio. Por lo tanto, solicitó que se inaplique el artículo 47 del acuerdo de
la CNSC que estableció las reglas de la convocatoria, en cuanto al requisito de
estatura.

52. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda al considerar que el requisito de estatura exigido en la Convocatoria 800 de
2018 no desconoce los parámetros constitucionales, en tanto, es razonable, por
tratarse de una labor de alto riesgo y no es arbitrario porque obedeció a una
investigación realizada por un grupo interdisciplinario, que elaboró un documento
técnico y científico.

53. La demandante interpuso recurso de apelación para insistir en que, a su
parecer, el límite de estatura no era razonable ni proporcionado, toda vez que ella
superó todas las pruebas del proceso de selección, lo que presuntamente demostraría
que tenía las capacidades físicas y mentales para ejercer el cargo. Agregó que la talla
no está respaldada por un estudio científico.

54. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación, en el proceso las
partes coinciden en que la señora Ana María Hernández Barón participó en la
Convocatoria 800 de 2018. Asimismo, está acreditado que el director del INPEC, a
través de la Resolución 002141 del 9 de julio de 2018 adoptó el profesiograma, el perfil
profesiográfico y el documento de inhabilidades médicas, para el empleo de
dragoneante21, y que el artículo 47 del Acuerdo 20181000006196 del 12 de octubre de
2018 exigía como requisito de aptitud sicofísica para las mujeres la estatura mínima
de 1.58 m., cuyo incumplimiento es motivo de exclusión del proceso de selección22.
Finalmente, la accionante en la valoración médica fue calificada como no apta porque
su estatura era de 1.51 m23.

21 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, doc. 19, págs. 6 a 7.
22 https://www.cnsc.gov.co/sites/default/files/2024-09/2018100006196.pdf.
23 Samai, índice 2, expediente digital, ED_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, doc. 03. Anexos, págs. 38 a

45.
16

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Demandante: Ana María Hernández Barón
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil

55. En este orden de ideas, debe decir la Sala que el recurso de apelación plantea
una presunta violación del derecho a la igualdad que habría sufrido la accionante,
quien fue excluida del proceso de selección, por no tener la altura requerida, lo que a
su juicio es discriminatorio y vulnera sus derechos fundamentales. Al respecto, es
menester indicar que la parte actora no cumplió con la carga de acreditar los supuestos
de hecho que demostrarían que otras aspirantes en sus mismas condiciones de talla
sí fueron declaradas aptas en la evaluación médica, de modo, que no existen los
elementos de juicio para considerar que el acto acusado violó su derecho a la igualdad.

56. Por otra parte, en el recurso de apelación, la accionante tampoco desarrolló una
carga argumentativa sobre por qué el requisito de estatura, en su criterio, no era
razonable ni proporcionado. Por el contrario, el INPEC y el Tribunal sí explicaron que
el referido requisito tenía una justificación técnica y científica elaborada por un grupo
interdisciplinario que tuvo en cuenta el riesgo de la actividad de los dragoneantes, los
espacios físicos donde debían prestar sus servicios, el peso y el tamaño de las armas
de dotación, así como las normas sobre salud y seguridad en el trabajo. Aspectos que
no fueron desvirtuados por la parte actora en el recurso de apelación.

57. Así pues, más allá de la afirmación general sobre la inconformidad con el
requisito de estatura, bajo el argumento de un trato discriminatorio, lo cierto es que la
Resolución 002141 del 9 de julio de 2018, así como el artículo 47 del Acuerdo
20181000006196 del 12 de octubre de 2018, gozan de presunción de legalidad, y la
aplicación del requisito de estatura para la aspirante, que dio lugar a declararla no apta,
no evidencia que se tratara de una medida injustificada en el marco de la Carta Política.

58. En efecto, tal como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, esta
corporación al decidir las demandas de simple nulidad contra los acuerdos que
regularon las convocatorias de los años 201624 y 201025 del INPEC, cuando estudió el
mismo requisito de estatura mínima de 1.58 m. para las mujeres, negó la nulidad de
los artículos 52 del Acuerdo 563 de 14 de enero de 2016, y 6 y 18 del Acuerdo 239 de
2020, con fundamento en que el ejercicio de cargos públicos exige el cumplimiento de
unas condiciones que pretenden asegurar la idoneidad del desempeño, sin que ello,
constituya un trato discriminatorio.

59. En dichas providencias, el Consejo de Estado consideró que la exigencia de
1.58 m., como talla mínima para las mujeres sí cumple con los criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, comoquiera que tiene relación directa
con las funciones del cargo que requieren unas condiciones físicas específicas; está
justificada por los estudios técnicos contenidos en el profesiograma; y también

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 11001-03-25-000-2016-00700-00

(3049-16), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 11001-03-25-000-2022-00334-00

(2717-2022), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
17

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Demandante: Ana María Hernández Barón
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil

pretende proteger la salud de los dragoneantes, pues refleja el cumplimiento de las
normas de salud ocupacional y seguridad en el trabajo.

60. Pues bien, es relevante precisar que el profesiograma del empleo de
dragoneante analizó las funciones del cargo, relacionadas con las actividades de
seguridad, custodia y vigilancia en las garitas, pabellones y puestos de acceso.
Además, de custodiar y vigilar a los internos al interior de los establecimientos de
reclusión, en los traslados, remisiones y en el trabajo al aire libre, garantizando la
seguridad e integridad e impidiendo la fuga o evasión de los internos, violencia o
conversación con extraños, entre otras. Esto junto con el componente ergonómico del
puesto de trabajo, es decir, la manipulación de cargas (bastón de mando, chaleco
antibalas, fusil, radio y revólver), los tipos de movimiento.

61. En último lugar, la jurisprudencia26 ha considerado que la exigencia de
requerimientos físicos, en principio, no desconoce el orden constitucional, en los
eventos que i) exista una relación directa con el ejercicio del cargo en los cuerpos
armados, ii) dicha condición sea dada a conocer previamente a los aspirantes, iii) que
el proceso se haya adelantado en igualdad de condiciones y iv) que el requisito se
funde en una consideración objetiva. Condiciones que las entidades demandadas
demostraron, toda vez que se analizó el requisito de estatura respecto de las funciones
del cargo; dicha condición fue establecida en la convocatoria y era conocida
previamente por los aspirantes; el proceso de selección impuso la misma estatura
mínima a todas las participantes; y se fundó en estudios técnicos y científicos.

62. En consecuencia, para dar respuesta al problema jurídico, se determina que el
acto demandado no es nulo, dado que es válido exigir requisitos físicos, para acceder
a un cargo, siempre que estén sustentados en un fundamento científico o médico que
demuestre su necesidad para prevenir enfermedades o asegurar el adecuado
cumplimiento de las funciones.

63. En este orden de ideas, se desestiman los argumentos del recurso de apelación y
se confirma el fallo que negó las pretensiones de la demanda.

4. Costas

64. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 27 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
26 Corte Constitucional, sentencia T-463 de 1996, citada en el fallo del Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección B, proceso con radicado 11001-03-25-000-2016-00700-00 (3049-16), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
27 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no

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Demandante: Ana María Hernández Barón
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil

presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte haya
incurrido en las anteriores conductas.

5. Conclusión

65. La señora Ana María Hernández Barón no tiene derecho a ser calificada como
apta en el concurso de méritos del INPEC para el empleo de dragoneante, toda vez
que en la evaluación médica se determinó que su estatura era de 1.51 m., es decir,
siete centímetros menos de la estatura requerida de 1.58 m. Requisito que está
justificado en el profesiograma de conformidad con las funciones del cargo y los
riesgos asociados al empleo, así como con las normas de salud ocupacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 18 de noviembre de 2021, que
negó las pretensiones de la demanda.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Ana María Hernández Barón
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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