Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00356-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00356-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00356-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00356-01 (0884-2025)
Demandante: Ramiro Bermúdez Rodríguez
Demandado: Nación (Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza
Aeroespacial Colombiana)
Tema: Asignación de retiro de exservidor de la Fuerza Aeroespacial
Colombiana. Improcedencia del reconocimiento de tiempos
dobles por ausencia de autorización expresa del Gobierno
Nacional y de acreditación de los requisitos
jurisprudenciales.
Decisión: Se confirma la sentencia apelada por cuanto el actor no
acreditó la existencia de decretos que reconocieran
expresamente el beneficio ni la prestación efectiva del
servicio en las condiciones exigidas para su cómputo.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 10 de febrero de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado por
el silencio administrativo negativo frente a la petición radicada el 9 de noviembre
de 2020.
2. Como restablecimiento del derecho, pidió que se ordene la incorporación
y modificación de su hoja militar de servicios, con inclusión de los tiempos dobles
laborados durante periodos de alteración del orden público y estado de sitio, para
que dicha información fuera remitida a CREMIL con el fin de reliquidar y
reconocer su asignación de retiro conforme al parágrafo 1 del artículo 120 del
Decreto 3071 de 1968.
1 Páginas 2-35 del documento PDF «1. Demanda y anexos.pdf» que obra en la carpeta
«3_ALDESPACHOPORREPARTO_20210035600(.zip)», que se encuentra en el índice 2 del Tribunal.
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Demandante: Ramiro Bermúdez Rodríguez
3. Asimismo, pidió el reconocimiento del cómputo doble del tiempo servido
durante la vigencia de los Decretos 1136 y 1249 de 1975, así como de los
Decretos 615 y 1038 de 1984, por un total de 9 años, 12 meses y 24 días.
Igualmente, solicitó el pago de diferencias prestacionales, indexación, intereses
y costas procesales.
4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, señaló que en el año 1972
ingresó como alumno para realizar el curso de suboficial y luego prestó sus
servicios a la Fuerza Aérea2 durante 30 años, 8 meses y 27 días, hasta su retiro
por solicitud propia mediante la Resolución 026 del 24 de enero de 2002, en el
cargo de técnico jefe.
5. Indicó que CREMIL le reconoció asignación de retiro mediante Resolución
2169 del 16 de abril de 2002, efectiva a partir del 1 de mayo del mismo año.
6. Manifestó que durante su permanencia en la institución prestó servicios en
zonas del país donde se encontraba turbado el orden público y estando vigente
el estado de sitio, particularmente en actividades de vigilancia, control y
protección de bases aéreas, en cumplimiento de operaciones militares
desarrolladas en diferentes departamentos del país. Sostuvo que, conforme a las
Leyes 2 de 1945 y 126 de 1959, así como el Decreto 3071 de 1968, el tiempo
servido en tales condiciones debía computarse como tiempo doble para efectos
prestacionales.
7. Expuso que el 9 de noviembre de 2020 presentó petición escrita ante la
Dirección de Personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana solicitando el
reconocimiento del tiempo doble laborado, la corrección de su hoja de servicios
y la remisión de esta a CREMIL para la reliquidación de su asignación de retiro.
Señaló que la entidad no emitió respuesta, razón por la cual se configuró el
silencio administrativo negativo.
8. Adicionalmente, sostuvo que la acción contenciosa no se encontraba
afectada por el fenómeno de caducidad, por tratarse de una reclamación
relacionada con prestaciones periódicas y modificación de hoja de servicios con
incidencia directa en la asignación de retiro.
Contestación de la demanda3
9. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda y solicitó que fueran negadas al considerar que los actos acusados
se ajustaban al ordenamiento jurídico y que el demandante no acreditó el
cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento del tiempo doble
reclamado.
2
Hoy conocida como Fuerza Aeroespacial Colombiana.
3
Documento PDF «CONTESTACIÓN DEMANDA.pdf» ibidem.
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Demandante: Ramiro Bermúdez Rodríguez
10. En relación con los hechos de la demanda, manifestó que no era cierto
que el actor hubiera ingresado al Ejército Nacional en 1972 en el grado de
Técnico Cuarto. Precisó que ingresó a la Escuela de Suboficiales el 21 de enero
de 1972 y posteriormente al escalafón de Técnico Cuarto el 10 de diciembre de
1973.
11. Indicó que era parcialmente cierto el tiempo de servicios señalado en la
demanda pues, conforme al certificado de tiempo de servicios del 19 de agosto
de 2021 y al extracto de hoja de vida del sistema SIATH, el demandante prestó
sus servicios en la Fuerza Aeroespacial Colombiana durante 30 años y 6 días.
Aceptó igualmente que el retiro se produjo mediante la resolución aportada con
la demanda.
12. Frente al reconocimiento de la asignación de retiro mediante Resolución
2169 de 16 de abril de 2002, indicó que el hecho era cierto conforme a la
documentación allegada al expediente. Respecto de las afirmaciones
relacionadas con la prestación del servicio en zonas afectadas por alteración del
orden público y la participación en operaciones militares, sostuvo que no le
constaban por ausencia de prueba que las respaldara.
13. Como fundamento de defensa, expuso que en cuanto a lo aplicable al
régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública y al reconocimiento
del tiempo doble durante los estados de sitio, fue regulado inicialmente en la Ley
2 de 1945 y posteriormente en la Ley 126 de 1959, el Decreto Ley 3071 de 1968,
el Decreto Ley 2337 de 1971 y normas posteriores, las cuales establecieron que
el reconocimiento del tiempo doble exigía no solo la declaratoria de perturbación
del orden público, sino también que el Gobierno Nacional determinara
expresamente las zonas donde procedía dicho reconocimiento.
14. Agregó que la jurisprudencia del Consejo de Estado4 ha precisado que
para acceder al reconocimiento del tiempo doble se requiere acreditar la
prestación del servicio en la zona afectada y la existencia del decreto
gubernamental que expresamente reconociera dicho beneficio. Añadió que no
bastaba la sola declaratoria de estado de sitio para que operara automáticamente
el reconocimiento pretendido.
15. Finalmente, indicó que el demandante no acreditó los requisitos legales
exigidos para el reconocimiento del tiempo doble durante el periodo reclamado,
pues no demostró la existencia de acto administrativo expedido por el Gobierno
Nacional que reconociera expresamente dicho beneficio a su favor ni la
prestación del servicio en las zonas determinadas para tal efecto.
4
Se citaron las siguientes sentencias: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia
del 25 de septiembre de 2008, rad. 11001032500020050022201 de 2008, C.P. Gerardo Arenas Monsalve;
ii) Consejo de Estado de Colombia, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de octubre del 2011,
rad. 11001032500020050019101 de 2011. C.P. Alfonso Vargas Rincón
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Demandante: Ramiro Bermúdez Rodríguez
Sentencia apelada5
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 10 de
febrero del 2025 negó las pretensiones de la demanda.
17. Como fundamento de su decisión, el Tribunal efectuó un análisis normativo
y jurisprudencial sobre el reconocimiento de tiempos dobles en las Fuerzas
Militares, con fundamento en las Leyes 2 de 1945 y 126 de 1959, y en los
Decretos 3071 de 1968, 2337 de 1971, 612 de 1977, 1211 de 1990 y 4433 de
2004. Indicó que el reconocimiento del tiempo doble no operaba
automáticamente por la sola declaratoria de estado de sitio, sino que requería
que el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, determinara
las zonas donde procedía el beneficio y expidiera el decreto que autorizara
expresamente su cómputo para efectos prestacionales.
18. Señaló que para el reconocimiento de tiempos dobles debían acreditarse:
i) la declaratoria de estado de sitio o conmoción interior; ii) el concepto previo del
Consejo de Ministros; iii) el decreto gubernamental que reconociera
expresamente el beneficio; y iv) la prestación efectiva del servicio en las zonas
determinadas para tal efecto.
19. Concluyó que los decretos invocados por el actor, es decir, los Decretos
1136, 1249 de 1975 y 615 y 1038 de 1984, únicamente declararon turbado el
orden público y el estado de sitio, pero no autorizaron el cómputo de tiempo doble
para efectos prestacionales. Precisó que el último acto normativo que reconoció
expresamente tiempos dobles fue el Decreto 1386 de 1974, circunstancia que
explica el contenido del artículo 8 del Decreto 4433 de 2004, según el cual
únicamente conservaban dicho derecho quienes lo hubieran adquirido por
servicios prestados antes de 1974.
20. Indicó igualmente que, aun en el evento de reconocer algún tiempo doble
derivado del Decreto 1386 de 1974, ello no tendría incidencia prestacional para
el demandante pues CREMIL ya le había reconocido la asignación de retiro con
el porcentaje máximo del 95% del sueldo básico en actividad correspondiente a
más de 30 años de servicio, conforme al artículo 163 del Decreto 1211 de 1990.
Añadió que también se le reconoció la prima de actividad en el porcentaje máximo
del 33%, correspondiente a quienes superan los 30 años de servicio.
21. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no se acreditó vulneración
de los derechos del demandante y, en consecuencia, negó las pretensiones de
la demanda; además, se abstuvo de imponer condena en costas por no
acreditarse manifiesta carencia de fundamento legal en la actuación procesal de
la parte actora.
5 Índice 92 del aplicativo SAMAI del Tribunal.
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Demandante: Ramiro Bermúdez Rodríguez
Recurso de apelación6
22. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con el propósito de que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a
las pretensiones de la demanda.
23. Como fundamento de inconformidad, sostuvo que la decisión desconoció
sus derechos fundamentales, entre ellos, a la igualdad, el debido proceso, el
trabajo, la seguridad social, la confianza legítima y el mínimo vital, al negar el
reconocimiento del tiempo doble prestado durante periodos de perturbación del
orden público y estado de sitio. Indicó que el Tribunal omitió valorar integralmente
las pruebas allegadas al expediente y realizó una interpretación restrictiva de las
normas que regulan el reconocimiento de tiempos dobles para los miembros de
la Fuerza Pública.
24. Adujo que el Tribunal interpretó erradamente el marco normativo aplicable
al exigir, además de la declaratoria de estado de sitio, la expedición de decretos
específicos que autorizaran expresamente el cómputo del tiempo doble para
efectos prestacionales. Al respecto, advirtió que la Ley 2 de 1945, la Ley 126 de
1959 y los Decretos 3071 de 1968 y 2337 de 1971 no contemplan esa exigencia
adicional y que la sola declaratoria de perturbación del orden público en todo el
territorio nacional habilitaba el reconocimiento pretendido.
25. Expuso que los decretos invocados en la demanda declararon el estado
de sitio en todo el territorio nacional, de modo que no resultaba jurídicamente
admisible exigir una delimitación específica de zonas afectadas ni un acto
posterior que autorizara el reconocimiento del tiempo doble. En ese sentido,
afirmó que el precedente jurisprudencial aplicado por el Tribunal incorporó
requisitos no previstos expresamente en la ley y efectuó una interpretación
excesivamente restrictiva de los derechos prestacionales de los miembros de la
Fuerza Pública.
26. Sostuvo igualmente que acreditó haber prestado servicios activos durante
los periodos reclamados, en condiciones de disponibilidad permanente y riesgo
excepcional derivados de la alteración del orden público y de las operaciones
militares desarrolladas en cumplimiento de las funciones constitucionales de
preservación de la seguridad y defensa nacional.
27. Argumentó además que la sentencia desconoció el alcance de los
artículos 121 y 122 de la Constitución de 1886, así como de los artículos 212,
213 y 214 de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 137 de 1994, relativos
a los estados de excepción, mencionando que la interpretación acogida por el a
quo resultaba incompatible con las garantías constitucionales de los miembros
de la Fuerza Pública y con las disposiciones que regulan la protección de
derechos laborales durante los estados de excepción.
6 Páginas 89-95, ibidem.
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28. Añadió que el Tribunal desconoció reglas de interpretación normativa
contenidas en las Leyes 57 y 153 de 1887, así como principios jurisprudenciales
sobre igualdad y respeto del precedente judicial. En particular, sostuvo que la
decisión omitió aplicar el principio de favorabilidad y se apartó de la finalidad
protectora de las normas que regulan el reconocimiento del tiempo doble por
servicios prestados durante periodos de conmoción interior y estado de sitio.
29. Por último, solicitó que, en caso de confirmarse la sentencia de primera
instancia, no se le condene en costas dado que la demanda fue presentada con
fundamentos jurídicos razonables y debido a que no existió actuación temeraria
o carente de sustento legal.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
30. Mediante auto del 25 de abril de 20257 se admitió el recurso de apelación
presentada por el demandante y se le advirtió a la parte demandada que disponía
hasta la ejecutoria de dicha providencia para pronunciarse. Igualmente, se le
informó al Ministerio Público que disponía hasta antes de que el expediente
ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.
31. La parte demandada8 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia
considerando que los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación carecían de sustento jurídico y no desvirtuaban las
conclusiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
32. El Ministerio Público rindió concepto9 en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia por cuanto el actor no acreditó los requisitos
legales y jurisprudenciales exigidos para el reconocimiento del cómputo de
tiempos dobles con efectos prestacionales, añadiendo que no basta la sola
declaratoria de estado de sitio o perturbación del orden público para acceder al
beneficio reclamado, sino que se requiere la existencia de decretos que
reconozcan expresamente el cómputo de tiempo doble y la acreditación de la
prestación efectiva del servicio en las zonas determinadas por el Gobierno
Nacional.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
33. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
7 Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado.
8
Índice 9 ibidem.
9
Índice 10 ibidem.
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Demandante: Ramiro Bermúdez Rodríguez
Problema jurídico
34. Corresponde a la Sala determinar si el demandante tiene derecho al
reconocimiento y cómputo de tiempos dobles por los servicios prestados durante
la vigencia de los Decretos 1136 y 1249 de 1975 y 615 y 1038 de 1984 y, en
consecuencia, a la modificación de su hoja de servicios y a la reliquidación de su
asignación de retiro.
Análisis del problema jurídico
35. La Sala anticipa que confirmará la decisión apelada ya que la sola
declaratoria de estado de sitio o de perturbación del orden público no genera
automáticamente el reconocimiento de tiempos dobles. Para acceder a este
beneficio es necesario acreditar, además, la existencia de actos gubernamentales
que lo reconozcan expresamente, así como la prestación efectiva del servicio en
las zonas cobijadas por la medida; presupuestos que no fueron demostrados en
el presente asunto.
Requisitos jurisprudenciales para el reconocimiento de tiempos dobles con
efectos prestacionales
36. La figura del cómputo de tiempos dobles constituye un beneficio
excepcional previsto para determinados eventos relacionados con la prestación
del servicio en circunstancias extraordinarias de orden público. Por esa razón, su
reconocimiento no opera de manera automática con la solitaria expedición de
decretos que declaren turbado el orden público o el estado de sitio.
37. Esta Sección ha sostenido de manera uniforme que, para acceder al
reconocimiento de tiempos dobles, deben acreditarse determinados
presupuestos normativos y probatorios. Así se ha precisado desde la sentencia
del 14 de mayo de 199010, en la que se señaló que para el reconocimiento de los
periodos reclamados no basta la declaratoria del estado de sitio, sino que resulta
indispensable identificar los decretos gubernamentales que constituyen el
soporte legal de cada pretensión.
38. Posteriormente, en la sentencia del 22 de septiembre de 1995 11, esta
Corporación explicó que el artículo 99 del Decreto 2340 de 1971 exige que el
Gobierno Nacional señale expresamente las zonas cuya situación, a juicio del
Consejo de Ministros, justifique la aplicación de la medida, constituyendo dicha
determinación una condición necesaria para el reconocimiento del beneficio.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de mayo de 1990, expediente 1537, C.P. Reinaldo
Arciniegas Baedecker.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 1995, expediente 9214, C.P.
Dolly Pedraza de Arenas.
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Demandante: Ramiro Bermúdez Rodríguez
39. Más recientemente, la Sección12 reiteró esa posición al señalar que para
el reconocimiento de tiempos dobles deben concurrir los siguientes requisitos:
i) la declaratoria del estado de sitio por turbación del orden público;
ii) el concepto previo del Consejo de Ministros;
iii) la expedición de un decreto gubernamental que reconozca
expresamente el beneficio respecto de determinados oficiales,
suboficiales, agentes o personal uniformado.
40. La misma línea fue reiterada en sentencia de esta Subsección del 19 de
agosto de 202113, en la que se precisó que no basta acreditar la existencia de
decretos que declaren el estado de sitio, sino que además deben demostrarse
los decretos que constituyen el sustento legal de la petición, la delimitación de las
zonas cobijadas por la medida, la prestación efectiva del servicio en dichas
zonas, el concepto previo del Consejo de Ministros y el acto que reconozca
expresamente el beneficio.
41. En igual sentido, esta Subsección mediante sentencia del 23 de
septiembre de 202114, así como la Subsección B de esta Sección en sentencia
del 27de junio de 202415, sostuvo que el reconocimiento del tiempo doble exige
que el Gobierno Nacional determine específicamente las zonas que ameritan la
medida o señale expresamente que comprende todo el territorio nacional, así
como la existencia de una disposición que reconozca el beneficio para el personal
uniformado que prestó allí sus servicios.
42. De acuerdo con la línea jurisprudencial de esta Sección, la Sala concluye
que para el reconocimiento de tiempos dobles con efectos prestacionales deben
acreditarse, al menos, los siguientes presupuestos: (i) la declaratoria de estado
de sitio o perturbación del orden público; (ii) el concepto previo del Consejo de
Ministros cuando la normativa aplicable así lo exija; (iii) la existencia de decretos
gubernamentales que reconozcan expresamente el beneficio; (iv) la
determinación de las zonas cobijadas por la medida o la extensión expresa al
territorio nacional; y (v) la prestación efectiva del servicio en dichas zonas durante
los periodos reclamados
43. Así las cosas, del material probatorio obrante en el expediente se
desprende que durante los periodos reclamados por el demandante se expidieron
decretos mediante los cuales se declaró turbado el orden público y el estado de
sitio. Sin embargo, ello únicamente permite tener por acreditado uno de los
presupuestos exigidos por la jurisprudencia para el reconocimiento del beneficio
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero del 2020, rad. 25000-23-
42-000-2014-04073-01, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de agosto del 2021, rad. 08001-
23-33-000-2016-01044-01 (4688-19), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de septiembre de 2021, rad. 27001-
23-33-000-2015-00160-01 (2835-20), C.P. William Hernández Gómez.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2024, rad. 52001-23-
33-000-2018-00142-01 (0706-2024), C.P. Jorge Edinson Portocarrero Banguera.
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Demandante: Ramiro Bermúdez Rodríguez
44. En efecto, no obra en el expediente prueba de los decretos
gubernamentales que hubieran reconocido expresamente el cómputo de tiempos
dobles para oficiales o suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana durante los
periodos cuya contabilización reclama el demandante. Tampoco se acreditó la
existencia de actos expedidos por el Gobierno Nacional, previo concepto del
Consejo de Ministros, mediante los cuales se hubieran determinado las zonas
cuya situación justificara el reconocimiento excepcional del beneficio.
45. Adicionalmente, no se encuentra demostrada la prestación efectiva del
servicio por parte del actor en zonas específicamente delimitadas para efectos
del reconocimiento de tiempos dobles durante los lapsos reclamados. Si bien el
demandante afirmó haber desarrollado funciones militares en distintas regiones
del país durante la vigencia de los estados de excepción, tales afirmaciones no
satisfacen las exigencias definidas por la jurisprudencia de esta Corporación para
acceder al reconocimiento pretendido.
46. De este modo, contrario a lo sostenido en el recurso de apelación, la
circunstancia de que algunos decretos hubieran declarado el estado de sitio en
todo el territorio nacional no releva al interesado de acreditar los demás requisitos
necesarios para la procedencia del pretendido beneficio.
47. En consecuencia, la Sala concluye que el demandante no acreditó la
totalidad de los presupuestos necesarios para el reconocimiento de tiempos
dobles con efectos prestacionales, razón por la cual no procede la modificación
de la hoja de servicios ni la reliquidación de la asignación de retiro solicitadas.
48. Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia apelada que negó
las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
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Demandante: Ramiro Bermúdez Rodríguez
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. En consecuencia, se impondrán costas al demandante en segunda
instancia, por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 10 de febrero de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante,
por las razones expuestas en la presente providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00356-01 (0884-2025)
Demandante: Ramiro Bermúdez Rodríguez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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