Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00402-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00402-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00402-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 25000-23-42-000-2021-00402-02 (0521-2025)
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandada : María Lolita Barrera Arias
Tema : Caducidad de conformidad con el término previsto en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024.
Decisión : Confirmar sentencia de primera instancia. Caducidad artículo
86 de la Ley 2381 de 2024.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), contra la sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la
cual se declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP) instauró demanda contenciosa administrativa
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto
de que se declare la nulidad de la Resolución PAP 039399 del 17 de febrero de 2011,
mediante la cual se reconoció una pensión de vejez a la señora María Lolita Barrera Arias,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, con el 75% de la asignación
mensual más alta devengada en el último año de servicio, tomando como base los
factores salariales asignación básica, prima de navidad, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, prima especial de servicios,
bonificación por gestión judicial gastos de representación, condicionada a demostrar
retiro definitivo del servicio.
2. Solicita también la nulidad de la Resolución UGM 037536 del 9 de marzo de 2012 a
través de la cual la liquidada CAJANAL, reliquidó la pensión de vejez de la demandada a
partir del 17 de enero de 2011, con el 75% de la asignación mensual más alta devengada
en el último año de servicio, comprendido entre el 17 de enero de 2010 y el 16 de enero
de 2011, conforme lo previsto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, teniendo en
cuenta los factores salariales de asignación básica, bonificación por gestión judicial,
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
bonificación por servicios prestados, gastos de representación, prima de navidad y prima
de servicios.
3. Adicionalmente, la nulidad de la Resolución RDP 007985 del 21 de febrero de 2013
por medio de la cual la UGPP dio cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta, Subsección A, del 29 de agosto de
2012, reliquidando la pensión de vejez de la demandada.
4. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) ordenar a la señora María Lolita
Barrera Arias reintegrar y/o devolver de forma inmediata, la totalidad de las sumas
pensionales recibidas en virtud del reconocimiento y reliquidación pensional efectuado
por la UGPP; y (ii) condenar a la accionada pagarle a la entidad accionante la debida
actualización o indexación sobre las sumas adeudadas, de acuerdo con la variación del
índice de precios al consumidor-IPC, conforme al artículo 187 del C.P.A.C.A., hasta la
fecha efectiva de pago, así como las costas del proceso.
5. Argumentó que los actos demandados contrarían la normatividad que rige la materia,
especialmente lo establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, de
conformidad con las reglas previstas por la Sala Plena de la Corte Constitucional en las
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427
de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU- 631 de 2017, T-039
de 2018, SU 023 de 2018 y la reciente sentencia de unificación del H. Consejo de Estado
de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01.
Contestación de la demanda.
6. La señora María Lolita Barrera Arias se opuso a las pretensiones de la demanda alegando
que cumplía con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, por lo cual la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, hoy la entidad
demandante, le aplicó en su totalidad el Decreto 546 de 1971.
7. Propuso las excepciones denominadas: cobro de lo no debido, ausencia de
cumplimiento de la carga probatoria respecto de la falsedad, fraude o daño en el trámite
pensional, y una excepción genérica. Estas fueron sustentadas en la improcedencia del
reintegro de sumas de dinero, dado que no se utilizaron medios fraudulentos o ilegales y
que, en todo momento, actuó de buena fe.
II. SENTENCIA APELADA.
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D declaró
probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva y no impuso condena en costas. Concluyó que los elementos
probatorios aportados demuestran que en ejercicio de la potestad de saneamiento, el
juez como director del proceso, hay lugar a declarar la caducidad del medio de control,
por haberse superado el término de 5 años previsto en la Ley 2382 de 2024.
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9. Lo anterior, dado que en el caso concreto la liquidada Caja Nacional de Previsión
Social, mediante Resolución No. PAP 039399 del 17 de febrero de 2011, le reconoció
una pensión de vejez a la demandante, posteriormente, con la Resolución UGM 037536
del 9 de marzo de 2012, Cajanal reliquidó la pensión reconocida. Además, a raíz de un
fallo de tutela proferido el 29 de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Cuarta, Subsección A, expidió la Resolución No. UGM 059358
del 28 de noviembre de 2012, reliquidando la pensión.
10. Por último, observa que la entidad demandante por medio de la Resolución RDP
007985 del 21 de febrero de 2013, accedió a la solicitud de revocatoria directa de la
Resolución No. UGM 59358 del 28 de noviembre de 2012, y en consecuencia reliquidó
la pensión.
11. El Tribunal precisa que la demanda fue radicada el 4 de junio de 2021, superando el
término de 5 años establecido por la norma.
12. Adicionalmente, el Tribunal consideró que no procede la condena en costas toda vez
que, si bien resultó vencida, no se demostró su causación en esta instancia.
III. RECURSO DE APELACIÓN.
13. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación por la
parte demandante al argumentar que el Tribunal incurrió en error en la interpretación e
integración normativa de los artículos 82 y 86 de la Ley 2381 de 2024 respecto de la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su
modalidad de “lesividad”, toda vez que concluyó que con la mentada reforma pensional
se establecieron nuevas reglas para la aplicación de la caducidad de las acciones
administrativas
14. La apelante argumenta que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 del
CPACA, el medio de control contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas se pueden interponer en cualquier tiempo.
15. Manifiesta también, que conforme lo señalado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-932 de 2016 y lo establecido en el artículo 94 de la Ley 2382 de 2024, el
Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y Muerte de origen común,
previsto en la presente ley, entrará en vigor el 01 de julio de 2025, dentro del cual, hace
parte el término de caducidad descrito en los artículos 82 y 86.
16. La apelante procede a reiterar los argumentos de la demanda, para solicitar que se
acceda en segunda instancia.
17. Concluye que, los artículos 82 y 86 de la Ley 2381 de 2024 no modificó las reglas
generales de aplicación de caducidad de las acciones contenciosas administrativas ni de
la prescripción de los derechos en materia pensional.
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IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
18. Mediante auto proferido el 1 de julio de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte la demandante.
V. CONSIDERACIONES.
Competencia.
19. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código
General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consecuencia,
corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia planteada.
Problema jurídico.
20. Procederá la Sala a estudiar si el Tribunal incurrió en error al estimar procedente la
aplicación del término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al
caso concreto.
21. El literal c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA establece como regla general
que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier
tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 20241 prevé una regla especial de caducidad según la cual:
«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán
ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones
otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude
o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas
y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y
que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a
partir de la vigencia de esta ley.»
22. El alcance de la precitada regla especial de caducidad no ha sido ajeno a diversas
disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el inciso segundo de la norma,
1 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte Común, y se dictan
otras disposiciones”.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00402-02 (0521-2025)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
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según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales que se
encontraran en curso para la fecha en que entró en vigor la ley. Frente a esta cuestión,
la Subsección A se ha inclinado, de manera uniforme, por reconocer que la aludida
disposición y por consiguiente sus consecuencias jurídicas impactan los asuntos a cargo
de esta jurisdicción cuyo trámite se haya iniciado con anterioridad a la mencionada
norma2, entendiendo que ello tuvo lugar para la fecha misma de su promulgación, esto
es, el 16 de julio de 20243.
23. Con todo, no escapa a la Sala que la disposición legal que ha venido aplicando puede
generar cierto grado de controversia habida cuenta que entrañaría una eventual
vulneración de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (artículos 2, 5, 6, 29 y 83
de la Constitución Política). En esa medida, podría pensarse que ello daría lugar a que,
en virtud de lo previsto en el artículo 4 Superior, la norma fuera inaplicada por
inconstitucionalidad, concretamente su expresión «[…] y que estén en curso […]».
24. En este contexto, se hace relevante reiterar una vez más la posición de esta
Subsección A en el sentido de considerar plenamente aplicable el término de caducidad
de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los procesos
promovidos después de la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se
encontraban en curso desde antes de esta modificación normativa.
25. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia legislativa
prevista en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para establecer
las formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o administrativas y,
en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las acciones judiciales. En
cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de reglas procesales, la Corte
Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en la necesidad de garantizar la
efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la
administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado Social de Derecho
encaminados a la realización de la justicia y la convivencia pacífica:
«[…] la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el legislador,
• numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con amplio margen de
configuración, para regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y
demás aspectos de las instituciones procesales en general. […] tal prerrogativa le permite
al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del
2 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524-2022, C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-
2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de noviembre
de 2024, exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
3 “Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20246 se advierte que fue sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo
concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, conforme a lo señalado en
el artículo 94, empezará a regir a partir del 1° de julio de 2025. Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás
disposiciones de la norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor, se entiende que tienen vigencia
desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se
realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025. (…) Por lo expuesto, la Subsección concluye que el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su
promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C-957 de 1997.” Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3936-
2018, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00402-02 (0521-2025)
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derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la
administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas que consolidan la
seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten
desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho. […] el proceso
no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para la
realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica
(Preámbulo y artículo 1° de la Carta) de los asociados. […] Por ende, es extensa la
doctrina constitucional que ha reiterado que acorde a lo establecido en los artículos 29,
150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador precisamente, para
fijar tales formalidades procesales.»4 (Subrayado propio).
26. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha reconocido que el
legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para
ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran amplitud al
no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los términos
procesales; autonomía que se justifica, una vez más, en la necesidad de obtener
seguridad jurídica y evitar la paralización del tránsito jurídico5.
27. Vista la relevancia constitucional de la potestad que ostenta el legislador para regular
los términos procesales, se torna igualmente necesario detenerse en la justificación y los
antecedentes legislativos de la norma. Téngase en cuenta que el texto original de la
norma únicamente preveía el término de caducidad de cinco (5) años para las
actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que tratan los
artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 20036; y que fue en el segundo debate legislativo
adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la redacción que hoy es
Ley de la República.
28. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de caducidad
fue justificada a partir de lo previsto en la sentencia C-835 de 2003 que declaró la
inexequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» contenida en los incisos primero y
tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la inexistencia de un límite
temporal para ejercer las actuaciones allí contenidas desconocía la seguridad jurídica y
la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas
subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente ejecutoriadas, lo que deriva en
la vulneración del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229
C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho (art. 1 C.P.):
«Entonces, la expresión “en cualquier tiempo”, ¿es constitucional? La respuesta es no.
En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin
prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el
universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya
4
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
5
Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte Constitucional: C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-832 de 2001,
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
6 Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas respecto de las pensiones
reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley
797 de 2003, no podrá ser superior a los cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de
Seguridad Social Integral y dentro del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.”
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consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la
inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente
determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse
a la suerte de un ad calendas graecas. Paradójicamente, considerando que el recurso
extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con
la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo
contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los
actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio
bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede
perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin
embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente irracional y
desproporcionada. […]
En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29
C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de
Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la medida en que
desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al
legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la
integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las
personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la
Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.»7 (Resaltado original,
subrayado propio)
29. Aunado a lo anterior, la extensión de la norma de las actuaciones administrativas
previstas en la Ley 797 de 2003 a todo tipo de actuaciones administrativas y acciones
judiciales que recaigan sobre pensiones reconocidas fue sustentada ante la plenaria del
Senado destacando la grave inseguridad jurídica a la que se encuentran sometidas las
personas a quienes se les ha reconocido la pensión al no existir un límite temporal para
que dicho reconocimiento sea cuestionado:
«[…] en Colombia la única acción que no prescribe es aquella que tiene que ver con las
pensiones. Actualmente, en Colombia, cuando a una persona le reconocen una pensión,
bien sea por vía administrativa o contenciosa administrativa, esa acción nunca prescribe,
es decir, esa pensión que fue reconocida puede ser demandada a los 2, 5, 10 años, en
cualquier momento; y esto plantea, sin duda, un grave problema de inseguridad jurídica y
una pérdida de fortaleza del principio de la confianza legítima. […]. Es decir, cuando yo
adquiero mi pensión no adquiero ninguna seguridad jurídica […]. No hay razón para que
en Colombia una persona que se jubila esté sometida a la expectativa angustiante de ver
revisada su pensión después de cinco (5) años de ser reconocida en cualquier momento
de su vida, hayan transcurrido 10, 20, 30 años como ha pasado en muchas ocasiones.
Entonces yo hago un llamado para que entendamos el drama humano que ha encarnado
esta circunstancia que no permite que las personas que le han servido bien al Estado o
han trabajado durante toda su vida y han adquirido derecho a la pensión no tengan
seguridad de obtener una decisión definitiva.»8
30. De la mentada exposición se colige que la razón fundamental del legislador para
imponer un límite temporal a las actuaciones administrativas y las acciones judiciales que
7 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 Sesión Plenaria del Senado – 23 de abril de 2024 – 3h 18 min 45 seg.
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procedan en contra de las pensiones ya reconocidas es salvaguardar los principios
constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima respecto de las pensiones
debidamente reconocidas por las autoridades competentes. En este escenario, no se
puede perder de vista que la salvaguarda de los referidos principios en el contexto
pensional redunda igualmente en la protección del principio de buena fe y de los derechos
fundamentales a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación que
ostentan todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley para
jubilarse.
31. Salta a la vista que el establecimiento de la norma persigue un fin claro y
constitucionalmente legítimo, tornándose entonces posible que en los procesos en curso
en los que operaría la caducidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 se origine una
tensión de principios y derechos constitucionales: por un lado, los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima, y el derecho de acceso a la administración de justicia de los
demandantes que pretenden cuestionar la pensión de jubilación que ya se encuentra
reconocida; y, por otro lado, los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y los
derechos a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación de los
trabajadores pensionados. Contraposición en la cual, según el parecer de esta Sala,
prevalecen los principios y derechos que ostentan los trabajadores a quienes se les
reconoció la pensión de jubilación antes de los cinco (5) años previstos en la norma por
la potísima razón de la primacía que le confiere nuestro ordenamiento jurídico a tales
derechos a partir, justamente, de la cláusula de <<Estado Social>> consagrada en la
Constitución.
32. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos constitucionales que
puede suscitar la redacción del segundo inciso de la norma, según el parecer de esta
Sala, no es ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Política
en punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 Superior.
33. Al respecto, esta Corporación ha precisado que «[…] para hacer uso de este medio
excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma
constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cotejo resulte absolutamente
incompatible su aplicación simultánea»9.
34. De lo anterior deviene que solamente será procedente que el Consejo de Estado
declare la excepción de inconstitucionalidad, en ejercicio del control de constitucionalidad
concreto10, cuando la contradicción sea manifiesta, presupuesto que no tiene lugar en el
presente caso y cuya ausencia impone la presunción de constitucionalidad de la norma
hasta tanto se declare lo contrario por la Corte Constitucional en su calidad de autoridad
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de noviembre de 2010, rad. núm.
66001-23-31-000-2007-00070-01, C.P. María Elizabeth García González.
10 “La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico colombiano la existencia de un sistema mixto de control de
constitucionalidad, pues mientras que a la Corte Constitucional y, de manera residual, al Consejo de Estado se les confía el control
de constitucionalidad en abstracto (artículos 241 y 237, numeral 2°, de la Constitución Política), el control de constitucionalidad
concreto tiene lugar en desarrollo del artículo 4° de la Carta Política cuando, al momento de aplicar una norma legal o de inferior
jerarquía, el servidor encargado de aplicarla advierte su ostensible e indudable oposición a mandatos constitucionales.” Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de diciembre de 2006, exp. núm. 3975-4032, C.P.
Darío Quiñonez.
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
competente o siempre y cuando en el caso concreto la inconstitucionalidad sea
ostensible.
35. Finalmente, en relación con la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, se impone reparar en las normas de vigencia que esta contempla,
advirtiendo entonces que en su artículo 95 señala sin ambages que esta rige a partir de
su sanción, de manera que el artículo 94 ejusdem solamente difirió en el tiempo la entrada
en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte
de Origen Común a partir del 1° de julio de 2025; así las cosas, se impone afirmar que el
artículo 86 entró en vigor el 16 de julio de 2024 fecha en que se sancionó y promulgó.
36. Con todo, como ya había sido anunciado, se concluye que el término de caducidad
de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 es plenamente aplicable tanto
en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma (16 de julio de
2024) como en aquellos que se encontraban en curso; exceptuándose, en todo caso,
aquellas pensiones que hubieren sido otorgadas mediante fraude o con ocurrencia de
algún delito.
37. En consecuencia, por encontrarse probado que han transcurrido más de cinco (5)
años desde la fecha en que se efectuó el reconocimiento de la pensión, se confirmará la
sentencia la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D en la cual se declaró probada de oficio
la excepción de caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
Caso concreto.
38. Está probado que a la señora María Lolita Barrera Arias le fue reconocida pensión de
vejez mediante la Resolución PAP 039399 del 17 de febrero de 2011. Luego, dicha
prestación se reliquidó en varias ocasiones, siendo la última reliquidación por medio de
la Resolución RDP 007985 del 21 de febrero de 2013, efectiva a partir del 17 de enero
de 2011.
39. En el presente asunto la demanda fue presentada el 4 de junio de 2021, según se
evidencia en el expediente digital de la plataforma SAMAI del Tribunal.
40. Así las cosas, comoquiera que la demanda fue interpuesta más de siete (7) años
después de haberse proferido el acto administrativo censurado, esta Subsección
confirmará la decisión del Tribunal de declarar la caducidad de la acción de conformidad
con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Condena en costas.
41. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se condenará
en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal de
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00402-02 (0521-2025)
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley 2080 de 2021. De lo
anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear las reglas
establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la demanda
carecía de fundamento legal o no.
42. Descendiendo al caso concreto, no se advierte que la demanda haya carecido de
forma manifiesta de fundamento legal. Aunado a lo anterior, no se puede perder de vista
que la declaratoria de oficio de la excepción de caducidad obedece a una norma que no
existía para la fecha en que se presentó la demanda y por ello no le era exigible tenerla
en cuenta.
43. Por lo expuesto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D en la cual se declaró
probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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