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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00438-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00438-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA www.consejodeestado.gov.co 11 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 25000-23-42-000-2021-00438-01 (0478-2025) Demandante: Fernando Augusto Arias Velásquez PRIMERO. REVOCAR el numeral primero, y en su lugar ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia impugnada, los cuales quedarán en un solo numeral, así: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada a: i) Reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración mensual, desde el día 19 de diciembre de 2015 y de ahí en adelante hasta que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales, y/o equivalente. La mencionada prima solo constituye factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación. ii) Reconocer y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones a partir del 1 de febrero de 2012 respecto de la prima especial del 30% hasta que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales, y/o equivalente. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 31 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00438-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de mayo de 2026

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00438-01 (0478-2025)
Demandante: Fernando Augusto Arias Velásquez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00438-01 (0478-2025)
Demandante: Fernando Augusto Arias Velásquez
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Revoca numeral primero para estarse a lo resuelto, modifica
numerales cuarto y quinto respecto del restablecimiento y
confirma en lo demás. Se condena en costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 31 de
marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio No. DAP- 30110 del 8 de
enero de 20192 y de la Resolución No. 20284 del 7 de febrero de 20193, mediante
los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago del reajuste
solicitado.

A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] CUARTA.- [...]
reconocer y pagar al demandante el total del 100% del salario con las
consecuencias prestacionales incluidas las cesantías, intereses a las cesantías,
más la prima especial de servicios señalada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
más las consecuencias prestacionales que generen dicha prima especial de
servicio incluidas las cesantías, intereses a las cesantías, más la prima especial
de servicios contemplada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 (en caso de que

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610, ni prima especial
del artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso.
2 Índice 2 expediente digital, 7_ED_EXPEDIENTE_07ANEXO(.PDF) págs. 13-19, Gestión en otros

despachos de Samai.
3 Índice 2 expediente digital, 7_ED_EXPEDIENTE_07ANEXO(.PDF) págs. 25-31, Gestión en otros

despachos de Samai.
.

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Demandante: Fernando Augusto Arias Velásquez

se apliquen topes), desde la posesión de mi mandante como FISCAL hasta la
fecha que ocupe el cargo, […].

[…] QUINTA: Que se ordene a la demandada que siga pagando el 100% de los
ingresos mensuales al demandante con sus respectivas consecuencias
prestaciones más la prima especial de servicios que se señala en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 con las consecuencias prestacionales y la prima especial de
servicios contemplada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 (en caso de que se
apliquen topes). […]»4.

Hechos que fundamentan la demanda

3. La parte actora elevó petición ante la entidad demandada5 en la que solicitó
se le reconociera y reliquidara la prima especial de servicios, y el reajuste de
salarios. La cual fue resuelta de manera negativa mediante los actos
demandados.

Fundamentos de derecho

4. Para la abogada de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron el
preámbulo y los artículos 1, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 14 del CST;6
12 del Decreto 717 de 1978; 84 del Código Contencioso Administrativo; 2, 10, 14
y 15 de la Ley 4 de 1992; 1, 2, 4 del Decreto 10 de 1993 y 152 de la Ley 270 de
1993.

5. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que no resulta admisible
sustentar que la prima sin carácter salarial es una reducción al salario y no un
“plus” al mismo, cuando la Fiscalía General de la Nación conoce que la prima es
algo adicional y no una merma al salario, por lo que negar el reconocimiento de
tal derecho al demandante implica una situación inequitativa, incurriendo en falsa
motivación y en desviación de poder.

Contestación de la demanda

6. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda7 y se opuso a las
pretensiones en razón a que desde el año 2003 los salarios y prestaciones
sociales se han liquidado en el caso concreto con base al 100% del salario. Así
mismo, sostuvo que a partir del Decreto 272 de 2021 reconoce la prima especial
de servicios en un 30% adicional al salario.

7. Finalmente, propuso las excepciones de «prescripción», «carencia de
objeto», «inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación», «improcedencia de extralimitar el límite

4 Transcripción literal del acápite de pretensiones.
5 En los hechos no se relaciona la fecha de la petición ni los tiempos de servicio.
6 Código Sustantivo del Trabajo.
7 Índice 14 Gestión en otros despachos de Samai.

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Demandante: Fernando Augusto Arias Velásquez

previsto en el artículo 4° de la Ley 4 de 1992», «falta de causa para pedir frente
al artículo 15 de la Ley 4 de 1992».

Sentencia de primera instancia

8. Mediante sentencia del 31 de marzo de 20228, corregida mediante
providencia del 30 de noviembre de 20229, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

9. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que conforme al artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992, la prima del 30% debe presentarse como un incremento
remuneratorio y no una disminución, esto es, debe tener derecho al
reconocimiento del 30% sobre el salario básico que debe representar un
incremento y no una disminución al momento de tomarla como parte de éste.

10.Igualmente, señaló que en el presente caso no es viable reconocer la prima
especial contemplada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, pues el actor no
ocupó cargo alguno al que está destina dicha prima.

11.Determinó que operó la prescripción trienal sobre las diferencias causadas
con anterioridad al 19 de diciembre de 2015, toda vez que la petición de
reconocimiento se hizo el 19 de diciembre de 2018.

12. En consecuencia, se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 15 de diciembre
de 202010, declaró probada la excepción de prescripción de las sumas
reclamadas antes del 19 de diciembre de 2015, anuló los actos administrativos
demandados y, a título de restablecimiento del derecho, dispuso:

CUARTO.- Condénese […] a reconocer y pagar al demandante […]
retroactivamente, el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario
básico mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en
idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima
de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por
servicios prestados, etc., causados desde el 19 de diciembre de 2015, en adelante,
y mientras sea titular del derecho aquí reconocido como Fiscal, por habérsele
deducido durante los extremos temporales laborados, computando para este
ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada
correspondiente para los cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la
prima consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor
salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación
laboral […].

QUINTO. - En consecuencia, se le debe reconocer y pagar al demandante en los
extremos temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los
correspondientes reajustes prestacionales anuales, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

8 Índice 31, Gestión en otros despachos de Samai.
9 Índice 48, Gestión en otros despachos de Samai.
10 Radicación: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).

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Demandante: Fernando Augusto Arias Velásquez

Recurso de apelación

• Recurso demandante:

13. Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte demandante la recurrió
en apelación parcialmente11 frente a la prescripción, pues consideró que el
derecho surge a partir de la ejecutoria de las sentencias constitutivas proferidas
por el Consejo de Estado, por medio de las cuales se anularon los decretos
salariales.

14. Adujo que, dicho fenómeno solo se debe aplicar a aquellos procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho adelantados en virtud de peticiones
radicadas con posterioridad al término de ejecutoria de la sentencia del 15 de
diciembre de 2020, como sucede en el presente caso.

• Recurso demandada:

15.Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte accionada la recurrió
en apelación.12

16. En su intervención, la entidad demandada sostuvo que a partir del año 2003
la entidad hizo la correspondiente liquidación al demandante de las prestaciones
sociales, evidenciándose que no se descontó el 30% de la asignación básica,
sino que se realizó en un 100% del salario.

17. Afirmó que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial para
liquidar las prestaciones sociales del demandante.

18.Además, sostuvo que conforme al Decreto 272 de 2021, la entidad
demandada está reconociendo desde el 1 de enero de 2021 la prima especial del
30%.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

19.Por auto del 14 de noviembre de 2025,13 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por las partes.

20. La parte demandante14 alegó de conclusión reiterando los argumentos
expuestos en el recurso de alzada, frente a que no se aplique la prescripción y
se acceda completamente a las pretensiones de la demanda.

11 Índice 34, Gestión en otros despachos de Samai.
12 Índice 37, Gestión en otros despachos de Samai.
13 Índice 0006 de Samai.
14 Índice 00012 de Samai.

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Demandante: Fernando Augusto Arias Velásquez

21. El agente del Ministerio Público15 rindió concepto y señaló frente al cómputo
de la prescripción de la prima especial, se deberá tener en cuenta que, a partir
del 7 de enero de 1993, fecha en que entró en vigor el Decreto 57 de 1993, los
interesados pudieron interrumpir la prescripción. Por lo tanto, cualquier derecho
laboral que haya sido exigible 3 años antes de la presentación de la reclamación
administrativa se encuentra prescrito.

22. La parte demandada guardó silencio.

23. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverán las apelaciones, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

24. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo16, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

25. Le corresponde a la Sala establecer si el actor tiene derecho a que se
reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación como
lo determinó el Tribunal de instancia, o si por el contrario la entidad no adeuda
ningún valor por concepto de salario y prestaciones sociales. Así mismo, se
deberá determinar si tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de
servicios.

26. Igualmente, si operó la prescripción trienal, si la mencionada prima constituye
factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, y si a partir de la entrada en
vigor del Decreto 272 de 2021, la entidad reconoce dicho emolumento.

27. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el precedente jurisprudencial; y 2. Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

28. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin

15 Índice 00013 de Samai.
16 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: Fernando Augusto Arias Velásquez

carácter salarial17 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

29. Porsu parte, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto
53 de 1993, en el cual previó que será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de este. Igualmente,
estableció que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese
decreto (artículo 2), con la excepción18 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.

30. El Legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, con el fin de precisar su alcance respecto de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de
la Ley 332 de 199619 determinó con claridad que la prima especial, en los
supuestos que resulte aplicable para la entidad, constituye parte del ingreso
básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.

31. Posteriormente se profirió la Ley 476 de 1998, la cual aclaró la anterior
normativa y en su artículo primero dispuso: «Aclárase el artículo 1o. de la Ley
332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión
a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de
1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se

17 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
18 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General

de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
19 Artículo 6: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos

se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal
Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
Regional de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía,
Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores Seccionales,
Jefes de Oficina, Jefes de División».

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refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo
subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».

32. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202020, respecto de la prima
especial de servicios concluyó lo siguiente:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.

33. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
6 de junio de 2023,21 10 de septiembre de 202422 y 5 de noviembre 2024.23

34. Igualmente, mediante sentencia del 21 de septiembre de 202224 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos desde 1993, en los cuales señaló
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-
2017-00568-01(5472-18).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio 2023. Radicación:

05001233300020150165102 (3578-2018) CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez. Y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
730012333000201700551 01 (2276-2019). CP: Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 10 de septiembre de 2024.

Radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de noviembre 2024.

Radicación: 25000-2342-000-2020-00137-01 (0687-2022). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
24 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00438-01 (0478-2025)
Demandante: Fernando Augusto Arias Velásquez

salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Hechos probados

35. Dentro del proceso se encuentra probado25 que el actor presta sus servicios
a la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegado ante jueces penales
municipales ininterrumpidamente desde 1 de febrero de 201226, sin que a la fecha
de expedición de la certificación laboral se reporte retiro del servicio.27

36. Está demostrado que el demandante a partir del 1 de febrero de 2012 percibió
el 100% del sueldo correspondiente al cargo de fiscal que desempeñó y que no
reporta ningún emolumento por concepto de la prima mencionada.28

37. Que el 19 de diciembre de 201829 la parte actora elevó petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios, de la cual
obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados.

Caso concreto

38. La Sala advierte, conforme lo señalado en la jurisprudencia,30 que desde el
año 2003 los decretos salariales que rigen a la Fiscalía General de la Nación no
previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de esta sí era
procedente como una adición a la asignación básica, según lo dispuesto en la
Ley 476 de 199831, por lo que a partir de dicho año reconoció el 100% de la
asignación básica, y en consecuencia liquidó las prestaciones sociales teniendo
en cuenta dicho emolumento de forma completa. No obstante, se evidencia que
no reconoció ningún concepto por prima especial de servicios del 30%.

39. Ahora bien, en los preceptos salariales que rigen a la entidad demandada,
expedidos entre 1993 y 2002, sí se estableció la prima especial, consistente en
el 30% de la asignación básica32, lo cual generó que se disminuyeran los ingresos

25 Se dictó auto de mejor proveer el 7 de noviembre de 2023, en el cual se solicitó los tiempos de servicio

de la actora- ver índice 30 de Samai.
26 Fue posesionado como fiscal delegado ante los jueces penales municipales.
27Índice 2 expediente digital, 5_ED_EXPEDIENTE_05PODERCERTIFICACION(.PDF), Gestión en otros

despachos de Samai. Fecha de certificación 5 de abril de 2019.
28Índice 2 expediente digital, 5_ED_EXPEDIENTE_05PODERCERTIFICACION(.PDF), Gestión en otros

despachos de Samai.
29 Índice 2 expediente digital, 7_ED_EXPEDIENTE_07ANEXO(.PDF), págs. 1-12, Gestión en otros

despachos de Samai.
30 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018) conjuez

ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.
31 Artículo 1o. Aclárase el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí

consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se
vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial
de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan
o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.
32 Es oportuno aclarar que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destinatarios de la prima

especial del 30% tienen derecho a ella a partir de la expedición de la Ley 476 de 1998; no obstante, dicho
emolumento había sido incluido en los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2002, como una reducción
del salario básico, pues el 30% de este se tuvo como prima especial, con lo cual, se generó una merma en

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Demandante: Fernando Augusto Arias Velásquez

mensuales de los beneficiarios de esta; por lo que durante ese periodo se restó
la prima especial de servicios del 100% del salario, y por lo tanto el salario y las
prestaciones se liquidaron sobre un 70% de aquel.

40. Así las cosas, la interpretación del Tribunal de instancia resulta equivocada,
en cuanto ordenó la reliquidación y pago de las diferencias de salarios y
prestaciones sociales a partir del 2015, ya que desde el 2012 el salario fue
reconocido en el 100%, sin descontar ninguna suma respecto de la asignación
básica. En consecuencia, lo que procede es el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico, la cual no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, salvo para efectos de pensión. Lo anterior, se traduce sólo en el pago
del 30% que el demandante no recibió a título de prima especial, por lo que al no
presentarse el indebido descuento del 30% del salario el restablecimiento no
comprende una reliquidación de las prestaciones canceladas.

41. Conforme a lo anterior, se advierte que le asiste razón parcialmente a la
entidad apelante, por lo que se modificarán los numerales cuarto y quinto de la
sentencia de primera instancia con el fin de reconocer y ordenar el pago de la
prima especial sin carácter salarial al actor y eliminar el reconocimiento de
diferencias salariales y prestacionales en un periodo en que no había derecho a
ello.

42. En cuanto a la prescripción esta corporación ha sostenido, de forma
pacífica,33 que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se
reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha
de entrada en vigencia del Decreto 53 de 1993. En consecuencia, en el presente
caso desde que fue vinculado al cargo de fiscal, el interesado pudo interrumpir el
fenómeno prescriptivo, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969.

43. En consecuencia, la parte demandante tiene derecho a que se le pague la
prima especial desde el día 19 de diciembre de 2015, o sea tres años atrás de
la fecha en que radicó la petición, esto es el 19 de diciembre de 2018, debido a
la prescripción trienal, y de ahí en adelante hasta que desempeñe el cargo de
fiscal delegado ante los jueces municipales y/o equivalente,34 por lo que no

el cálculo de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las cuales
debieron liquidarse sobre el 100% de la asignación básica.
33 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024.
Radicación: 170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
34 En la sentencia de primera instancia se dispuso en el numeral primero «Declárese probada, parcialmente,

la excepción de "Prescripción Trienal de los Derechos Laborales" propuesta por la accionada, por las
razones expuestas en la parte motiva de este proveído».

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le asiste razón a la parte actora en su alegato, ya que el a quo aplicó en debida
forma dicho fenómeno.

44. Por otro lado, es del caso señalar que la cotización a pensión está
íntimamente relacionada con el restablecimiento del derecho, por lo que, al
ordenar el reajuste de dicho emolumento, es deber de la entidad realizar el pago
de los aportes al Sistema General de Pensiones, de conformidad con la ley, por
ser un derecho irrenunciable e imprescriptible, no solo por la naturaleza parafiscal
de los mismos sino por la sostenibilidad del sistema35. Lo anterior, por cuanto en
el numeral cuarto de la providencia el a quo accedió al reajuste de los aportes a
pensión por todo el tiempo de la vinculación del demandante.

45. Por lo tanto, aunque a partir del 2003 los decretos salariales no previeron la
mencionada prima, el reconocimiento de esta sí era procedente como una adición
a la asignación básica, en los términos ordenados por el a quo36, por lo que a
partir de dicho año las diferencias de los aportes pensionales deben liquidarse
respecto de la prima especial del 30%, bajo el entendido de que, en su momento,
se hicieron los aportes de ley sobre el 100% de la asignación básica, que para el
caso en concreto procede desde el 2012.

46. Con base en lo expuesto, se ordenará que el reconocimiento de aportes con
destino al Sistema de Seguridad Social en Pensiones desde 1 de febrero de
2012, respecto de la prima especial del 30% hasta que desempeñe el cargo de
fiscal delegado ante los jueces municipales, y/o equivalente.37

47. Ahora, frente al argumento de la entidad de que a partir del Decreto de 272
de 2021 ha pagado la prima especial en un porcentaje del 30% adicional a la
asignación básica mensual. Revisado el expediente, tal afirmación no fue
acompañada de ninguna prueba que pueda dar por acreditado ello.

48. Por otro lado, se dispondrá revocar el numeral primero del fallo impugnado
que se estuvo a lo dispuesto en la providencia del 15 de diciembre de 2020, para
estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 202238 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y 2017 en los cuales
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Además, se declaró la nulidad de la siguiente previsión «ninguna autoridad podrá
establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas
del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la

35 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
36 En el numeral cuarto dispuso «[…] con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión

de jubilación por aportes durante toda la relación laboral».
37 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda-

Subsección A- Sentencia del 22 de enero de 2026, radicado 25000 23 42 000 2022 00698 01 (4891-2024),
magistrado ponente Juan Camilo Morales Trujillo.
38 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

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Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos».

49.De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral primero,
y en su lugar estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022
dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018); ii) modificar los
numerales cuarto y quinto frente al restablecimiento del derecho; y iii) se
confirmará en lo demás la sentencia apelada.

Condena en costas

50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

53. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante -parte vencida-,
por cuanto no prospera el recurso de apelación. Respecto a la parte demandada
no se condenará ya que su recurso prosperó parcialmente. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

54.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

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PRIMERO. REVOCAR el numeral primero, y en su lugar ESTARSE a lo resuelto
en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000
2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia
impugnada, los cuales quedarán en un solo numeral, así:

A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad
demandada a: i) Reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración
mensual, desde el día 19 de diciembre de 2015 y de ahí en adelante hasta
que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los jueces
municipales, y/o equivalente. La mencionada prima solo constituye factor
salarial para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación. ii) Reconocer y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones a partir del 1 de febrero de 2012 respecto de la prima especial
del 30% hasta que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los jueces
municipales, y/o equivalente.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 31 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones y con
las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

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Demandante: Fernando Augusto Arias Velásquez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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