Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00492-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00492-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00492-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00492 01 (2518-2024)
Demandante: Carmen Alicia Rueda Rueda
Demandado: Nación - Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio1 y otro2
Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales
Decisión: Confirma sentencia. El término de prescripción de la sanción
moratoria se suspendió debido a las medidas adoptadas con ocasión
de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Fomag en contra de la sentencia
de primera instancia del 15 de diciembre de 2023 expedida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. La accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad i) del acto
ficto negativo que se configuró ante la omisión de respuesta, por parte del Fomag y el
departamento de Cundinamarca, frente a la petición formulada el 17 de octubre de 2020
en la cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación
inoportuna de sus cesantías parciales, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 1071 de
2006; y ii) del Oficio 20211070667361 del 31 de marzo de 2021, a través del cual la
Fiduprevisora S.A negó tal penalidad.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió condenar a las entidades
demandadas a reconocer y pagar el concepto pretendido desde el 10 de octubre de 2017
hasta el 29 de octubre de 2020; la indexación de la condena, los intereses moratorios, el
cumplimento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA3 y condenar en
costas a las accionadas.
1 En adelante, Fomag.
2 Departamento de Cundinamarca, el cual fue vinculado al proceso a través del auto del 2 de junio de 2022,
visible en el archivo 28_AUTOQUERESUELVEREPOSICION_REPOSICION del expediente digital del
índice 2 de Samai.
3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Demandante: Carmen Alicia Rueda Rueda
3. Argumentó que el 29 de junio de 2017 presentó petición de cesantías parciales,
las cuales fueron reconocidas por el Fomag mediante la Resolución 000304 del 5 de
febrero de 2020 y consignadas el 29 de octubre de 2020, razón por la cual consideró que
se incumplieron los plazos legales y se configuró la mora prevista en la Ley 1071 de 2006.
Contestación de la demanda. 4
4. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones alegando que es el
ente territorial el que debe asumir la penalidad reclamada y propuso las excepciones de
ineptitud de la demanda, falta de integración del litisconsorcio necesario, falta de
legitimación en la causa por pasiva, improcedencia de la indexación de la sanción
moratoria, improcedencia de la condena en costas y la genérica.
Sentencia apelada.5
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del Oficio
20211070667361 expedido por Fiduprevisora S.A., en consecuencia, ordenó al Fomag
reconocer y pagar a favor de la actora la sanción moratoria equivalente a un día de salario
por cada día de retraso en el pago de las cesantías parciales, por el periodo comprendido
entre el 12 de octubre de 2017 y el 28 de octubre de 2020, y negó las demás pretensiones.
6. Señaló que la referida indemnización se causó desde el vencimiento de los 70
días hábiles posteriores a la solicitud de cesantías radicada el 29 de junio de 2017. Aclaró
que la indexación de la sanción es improcedente, por cuanto constituye una doble
penalidad económica para la entidad.
7. Adujo que no operó la prescripción del derecho, toda vez que el término de tres
años que vencía inicialmente el 12 de octubre de 2020 se suspendió con ocasión de la
emergencia sanitaria del COVID-19, conforme a los lineamientos establecidos por el
Gobierno nacional mediante el Decreto 491 de 2020. Precisó que a través de los Decretos
164 y 302 del año 2020, la Gobernación de Cundinamarca dispuso que entre el 26 de
marzo y el 8 de junio de 2020 no corrieron los términos para el reconocimiento de las
prestaciones sociales de los docentes.
8. Concluyó que al haber estado suspendidos los trámites administrativos por «2
meses y 27 días, dicho [lapso] deb[ía] sumarse al término que inicialmente tenía la parte
actora» por lo que la petición del 17 de octubre de 2020 fue presentada en tiempo.
Recurso de apelación.6
9. Inconforme con la decisión, el Fomag interpuso recurso de apelación alegando
que en el presente asunto operó la prescripción extintiva de la penalidad pretendida y
solicitó denegar la totalidad de las pretensiones. Aseguró que los 3 años para reclamar
4 Archivo 15_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACIO´NDEMAND del expediente digital visible en el índice
2 de Samai.
5 Archivo 059_SENTENCIA ibidem.
6 Índice 70 de Samai.
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Demandante: Carmen Alicia Rueda Rueda
la sanción moratoria fenecían el 12 de octubre de 2020, mientras que la petición se radicó
extemporáneamente el 17 de octubre de 2020.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
10. Mediante auto del 29 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación.7
Dentro de la oportunidad procesal la demandante8 argumentó que no se configuró la
extinción del derecho, pues en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19, el Gobierno nacional expidió el Decreto 564 de 2020 y posteriormente, el
Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020, mediante
el cual se ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del 1.° de julio
de 2020; por lo tanto, los plazos legalmente previstos no corrieron entre el 16 de marzo
y el 30 de junio de 2020. Agregó que los 104 días de suspensión deben ser «adicionados
al término inicial de 3 años con que contaba para radicar la petición» con el fin de
desvirtuar la prescripción.
11. Por su parte, la procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado emitió
concepto9 en el que pidió confirmar la providencia recurrida. Destacó que debido a la
paralización de las actuaciones administrativas derivada del Decreto 164 de 2020 emitido
por la Gobernación de Cundinamarca —vigente del 26 de marzo al 8 de junio de 2020—
el cómputo de la prescripción varió; en ese sentido, el plazo que vencía originalmente el
12 de octubre de 2020 se prorrogó hasta el «28 de enero de 2021» en virtud de dicha
coyuntura.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia.
12. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico.
13. Según los reparos concretos planteados procederá la Sala a estudiar si operó
la prescripción extintiva de la sanción moratoria reclamada o si, por el contrario, dicho
término se suspendió con ocasión de las disposiciones implementadas durante la
emergencia sanitaria por el COVID-19, como lo consideró el Tribunal.
Análisis del problema jurídico.
7 Índice 4 de Samai. Se precisa que, mediante auto del 2 de marzo de 2026, se corrigió el auto que admitió
el recurso de apelación, en el sentido de establecer que la parte recurrente es el Fomag.
8 Índice 9 ibidem.
9 Índice 20 ibidem.
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Demandante: Carmen Alicia Rueda Rueda
14. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda por las razones que se exponen a continuación.
15. Con el fin de resolver el problema jurídico, está probado que el 29 de junio de
201710 la señora Carmen Alicia Rueda Rueda radicó solicitud dirigida a obtener sus
cesantías parciales. El departamento de Cundinamarca (Secretaría de Educación)
reconoció y ordenó el pago de dicha acreencia a través de la Resolución 000304 del 5
de febrero de 2020,11 la cual fue notificada personalmente el 10 de febrero de 2020.12 El
29 de octubre siguiente se produjo su pago.13
16. Ante la tardanza advertida, la actora formuló peticiones el 17 de octubre de
202014 dirigidas a lograr el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la
Ley 1071 de 2006 y la indexación de los valores que resulten por ese concepto. La
Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca guardó silencio, por su
parte, la Fiduprevisora S.A. a través del Oficio 2021107066736115 negó lo pretendido bajo
el argumento de que se configuró la prescripción extintiva del derecho.
17. Ahora bien, la parte recurrente insiste en que la reclamación fue tardía, lo que
dio lugar a la extinción de la indemnización moratoria, mientras que en la providencia
recurrida se estableció que el término trienal para reclamar el derecho en sede
administrativa fenecía el 12 de octubre de 2020, pero se suspendió «durante 2 meses y
27 días» a causa de las medidas adoptadas por la autoridad administrativa ante la
emergencia sanitaria del COVID-19; por consiguiente, la petición del 17 de octubre de
2020 resultaba oportuna.
18. En ese escenario, conviene precisar que las cesantías fueron reclamadas el
29 de junio de 2017, de modo que los 15 días para responder la petición vencieron el 24
de julio de 2017. El acto administrativo se expidió extemporáneamente el 5 de febrero de
2020, es decir que, de haber sido oportuna su expedición, era necesario que
transcurrieran 10 días más para lograr su ejecutoria,16 hasta el 8 de agosto de 2017, y a
partir del día siguiente se debían contabilizar los 45 días para que el pago hubiera sido
oportuno, esto es, hasta el 11 de octubre de 2017, pero este solo se materializó el 29 de
octubre de 2020.
19. Lo anterior quiere decir que a partir del 12 de octubre de 2017, día siguiente
al vencimiento del término con que contaba la entidad para realizar el pago de la
prestación, se empezó a causar la mora y se mantuvo hasta el 28 de octubre de 2020,
día anterior al pago.
20. Ahora bien, la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de
10 Información tomada de la Resolución 000304 del 5 de febrero de 2020, visible en el folio 12 del archivo
«01. dda mora carmen rueda 2».
11 visible en el folio 12 del archivo «01. dda mora carmen rueda 2» del expediente digital.
12 Folio 15 ibidem.
13 Folio 16 ibidem. Asimismo, dicha fecha fue señalada por la actora en la demanda.
14 Folios 17 a 24 ibidem.
15 Folios 25 y 26 ibidem.
16 En consideración a que los términos se rigieron por la Ley 1437 de 2011, pues ya estaba vigente para
esa fecha.
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Demandante: Carmen Alicia Rueda Rueda
noviembre de 2023 fijó las reglas jurisprudenciales en torno a la prescripción extintiva de
la sanción moratoria por el no pago o pago tardío de las cesantías definitivas y, sobre ese
particular, señaló que el término para su configuración «se inicia a contabilizar desde
que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo legal para el
pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta después de
los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción total»,
también se señaló que dicho término se interrumpe por una sola vez con la reclamación
oportuna por parte del beneficiario, sin que este pueda formular peticiones sucesivas en
ese sentido y, en todo caso, que «[s]i la administración reconoce y/o paga las cesantías
después de extinguido el derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la
oportunidad para reclamar la sanción moratoria».
21. Adicionalmente, en esta última providencia se determinó que las reglas de
unificación que allí se definieron «son aplicables retrospectivamente a todos los asuntos
que se encuentren en trámite en sede administrativa o judicial y no podrán ser aplicadas
retroactivamente a aquellos casos cobijados por el fenómeno de la cosa juzgada 17, de
manera que ese es el criterio interpretativo que se debe aplicar en este proceso a fin de
identificar la fecha a partir de la cual se hacía exigible la sanción moratoria con miras a
establecer si se configuró la prescripción extintiva.
22. En ese contexto, se concluye que a partir de la contabilización de términos que
antecede, la actora tenía hasta el 12 de octubre de 2020 para reclamar la indemnización
moratoria; sin embargo, no se puede desconocer que a raíz de la emergencia causada
por el COVID-19, en el año 2020 se expidió el Decreto 491 «[p]or el cual se adoptaron
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte
de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas […]», que respecto
de los términos administrativos en su artículo 6 dispuso lo siguiente:
[…]
Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en
sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades
administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del
servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales
en sede administrativa. La suspensión afectara todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.
[…]
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden
las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza
previstos en la Ley que regule la materia.
[…] [Se resalta]
17 Lo anterior porque estaba pendiente de definición en sede judicial.
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23. En aplicación de lo anterior, la Gobernación de Cundinamarca emitió el Decreto
164 de 2020, mediante el cual ordenó la suspensión de términos desde el 26 de marzo
hasta el 13 de abril de 2020, medida que fue prorrogada de manera sucesiva a través de
los Decretos 195, 214, 230, 290 y 302 de 2020,18 extendiéndose hasta el 8 de junio de
2020. En consecuencia, entre el 26 de marzo y el 8 de junio de 2020 no corrieron los
términos de prescripción.
24. Así las cosas, el cómputo se reanudó a partir del 9 de junio de 2020, esto es,
desde el día siguiente al levantamiento de la suspensión, continuando su curso por el
tiempo restante. Es preciso destacar que para el momento en que se produjo la
suspensión de términos -26 de marzo de 2020- habían transcurrido 2 años, 5 meses, 2
semanas y 1 día, es decir, que faltaban 6 meses 2 semanas y 3 días para completar los
3 años, a fin de que se configurara la prescripción, por manera que la demandante
disponía del último tiempo mencionado, con posterioridad a la reanudación aludida, para
exigir su derecho19.
25. En el anterior escenario, la petición presentada el 17 de octubre de 2020, esto
es, 4 meses y 9 días después de la reanudación del término, se formuló dentro del plazo
legalmente previsto.
Condena en costas.
26. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.
27. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
28. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
18 Lo anterior se puede verificar en los portales web de la gobernación y de las respectivas alcaldías
municipales.
19 En torno a la precisión acerca de la figura de la suspensión de términos es preciso citar la sentencia del
14 de julio de 2020 de la Sala Especial de Decisión Num. 4, radicación: 11001 03 15 000 2020 01140 00,
en la que se consideró: «Empero, y en cuanto a sus efectos, la interrupción deja sin efecto el plazo legal
transcurrido efectivamente hasta allí, ordenando, por contera, su cómputo íntegro. Por el contrario, la
suspensión otorga valía al periodo ya contabilizado, reanudándolo solo por el plazo que resta».
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Radicación: 25000 23 42 000 2021 00492 01 (2518-2024)
Demandante: Carmen Alicia Rueda Rueda
29. En consecuencia, se impondrán costas al Fomag, por cuanto se niegan las
peticiones de la apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 15 de diciembre de 2023, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según lo expuesto en las consideraciones.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al Fomag.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AAP
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