Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00499-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00499-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00499-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de marzo de 2025
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00499-01 (6943-2023)
Demandante: Ana Beatriz Vargas Torrejano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00499-01 (6943-2023)
Demandante: Ana Beatriz Vargas Torrejano
Demandado: Nación – Rama Legislativa - Senado de la República y Fondo
Nacional del Ahorro.
Temas: Régimen de cesantías retroactivas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 26 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E”,
que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. La señora Ana Beatriz Vargas Torrejano por intermedio de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, solicitó la nulidad
del oficio núm. DRH–CS-CV19-1236-2020 del 27 de octubre de 20202 y la
Resolución núm. 112 del 15 de febrero de 2021, que negaron la liquidación y el
pago de las cesantías de la actora aplicando el régimen retroactivo.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó que se condene al Senado de la República a: i) realizar los
reajustes que correspondan por concepto del retiro parcial de las cesantías que
hubiere efectuado o hasta cuando se produzca la liquidación definitiva y ii) pagar
con destino al Fondo Nacional del Ahorro los dineros que correspondan para
1 SAMAI. 25000234200020210049901. Actuación: “Expediente digital”. Índice: 00002. - “16_Escrito de subsanación
demanda.pdf”.
2 El acto administrativo demandado que figura anexo a la demanda está fechado el 26 de octubre de 2020, sin
embargo, en el escrito introductorio se menciona que es del 27 de octubre
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Demandante: Ana Beatriz Vargas Torrejano
garantizar que las cesantías parciales o definitivas de la demandante sean
liquidadas conforme al régimen retroactivo.
4. Respecto del Fondo Nacional del Ahorro peticionó que se le ordene tramitar,
administrar, liquidar y pagar a la demandante las cesantías parciales o definitiva
aplicando el régimen retroactivo.
5. Así mismo, se les condene a ambos demandados a pagar costas y agencias en
derecho.
Hechos
6. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
7. La señora Ana Beatriz Vargas Torrejano se vinculó al Senado de la República con
anterioridad al 31 de diciembre de 1996, al tomar posesión de su cargo el 27 de
febrero de 1996. Y a la fecha de la presentación de la demanda continúa prestando
sus servicios a la entidad.
8. No obstante, en la actualidad sus cesantías son liquidadas y pagadas bajo el
régimen anualizado consagrado en la Ley 344 de 1996, pese a no haber
consentido expresamente renuncia a su derecho al régimen retroactivo.
9. La actora ha prestado sus servicios a la entidad sin solución de continuidad y sus
cesantías son administradas por el Fondo Nacional del Ahorro.
10. El 14 de septiembre de 2020 la demandante peticionó ante el Senado de la
República el reconocimiento y pago de sus cesantías con retroactividad. Solicitud
que fue resuelta de manera negativa a través del oficio núm. DRH-CS-CV19-1236-
2020 del 26 de octubre de 2020. Decisión que fue confirmada en todas sus partes
por la Resolución núm. 112 del 15 de febrero de 2021.
11. El mismo día, un requerimiento similar fue presentado ante el Fondo Nacional del
Ahorro radicado bajo en radicado núm. 02-4601-202009142405061, ante el cual
obtuvo una respuesta negativa mediante el oficio núm. 01-2303-202009230209965
del 28 de septiembre de 2020, por considerar que el objeto de petición es una
obligación legal de los empleadores.
Fundamentos de derecho y concepto de violación
12. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 29, 42, 48 y 53 de
la Constitución Política; 138 y 155 numeral 2º del CPACA; 21 del Código Sustantivo
del Trabajo; Decreto Reglamentario 1582 de 1998; Artículos 17 Literal A de la Ley
6° de 1945; 11 del Decreto 1600 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 1 y 6 del Decreto
1160 de 1947; 3, 27, 32 del Decreto 3118 de 1968; 7 de la Ley 33 de 1985 y artículo
13 de la Ley 344 de 1996.
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13. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso que
desconocer a su derecho al régimen con retroactividad de sus cesantías, pese a
haberse vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, comporta una clara
violación de principios y preceptos normativos relativos al debido proceso, igualdad
y favorabilidad.
14. El derecho al reconocimiento y pago de cesantías parciales o definitivas con
retroactividad se consagró desde los orígenes de nuestra legislación laboral a partir
de la ley 6ª de 1945 y sus modificaciones, y se mantuvo vigente para el caso de
los empleados del congreso hasta la expedición de la ley 344 de 1996. Por lo que,
quienes entraron a laborar a dicha corporación con anterioridad al 31 de diciembre
de 1996 conservan el régimen anterior, como es el caso de la demandante.
Contestación de la demanda
15. La Nación – Rama Legislativa - Senado de la República3 al contestar la
demanda se pronunció sobre los hechos y se opuso a todas las pretensiones.
16. Señaló que, conforme la documentación aportada con el escrito introductorio, la
actora se vinculó al Senado de la República el 5 de febrero de 1996, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 5° de 1992. Por lo cual, el régimen
de cesantías aplicable es el que rige para los empleados públicos de la rama
ejecutiva del orden nacional, es decir, el anualizado, que fue implementado a través
del Decreto 3118 de 1968.
17. Concluyó que, los actos administrativos demandados, se encuentran ajustadas a
derecho, gozan de presunción de legalidad y son plenamente válidos.
18. Propuso las excepciones de “inexistencia de irregularidades que invaliden los actos
administrativos aquí demandados”, “presunción de legalidad de los actos
demandados”, “inexistencia de la obligación”, “inexistencia del derecho reclamado
por el demandante”, “buena fe en las actuaciones del senado de la república” y
“cobro de lo no debido”.
19. Por su parte, el Fondo Nacional del Ahorro4 al contestar la demanda se pronunció
sobre los hechos y se opuso a todas las pretensiones. Para ello sostuvo que no es
la entidad responsable de la liquidación de las cesantías que se consignan en favor
de sus afiliados, dicha obligación reside en el empleador.
20. Que el Fondo está encargado de recaudar y administrar los dineros que por
concepto de cesantías se hayan depositado en la cuenta de los trabajadores
3 Expediente digital – “22_Contestación de la demanda.pdf”.
4 Expediente digital – “21_Contestación de la demanda.pdf”.
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afiliados, y su responsabilidad en el pago se limita al monto del valor reconocido y
consignado por el respectivo empleador.
21. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “cobro
de lo no debido”, “inexistencia de la obligación de hacer”, “inexistencia de
responsabilidad del fondo nacional de ahorro”, “pleito pendiente”, “buena fe”, y
“prescripción”.
Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E”,
mediante sentencia del 26 de mayo de 20235, negó las pretensiones de la demanda
tras considerar que:
«Para el caso de los empleados del Congreso de la República, las cesantías
definitivas o parciales deben ser reconocidas y liquidadas teniendo en cuenta que el
régimen salarial y prestacional aplicable es el señalado en la Ley 5ª y el Decreto 1111
de 1992, conforme al cual, para los empleados de la rama legislativa vinculados con
anterioridad a la entrada en vigencia de ambos cuerpos normativos el régimen
aplicable para las cesantías es el retroactivo; y, para los vinculados a partir de 1992 y
en adelante, el régimen aplicable a las cesantías es el anualizado.»
23. Así las cosas, a la demandante no le asiste derecho a que sus cesantías sean
reconocidas y pagadas con retroactividad, en tanto que ha prestado sus servicios
en el Senado de la República desde el 27 de febrero de 1996, con posterioridad al
2 de junio de 1992, por lo que le es aplicable el régimen anualizado.
Recurso de apelación6
24. El apoderado de la demandante, inconforme con la decisión adoptada por el
tribunal interpuso el recurso de apelación en el cual solicita se revoque la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, se concedan la totalidad de las pretensiones.
25. Arguyó que es equivocado afirmar que el régimen salarial y prestacional aplicable
es el señalado en la Ley 5ª de 1992 y el Decreto 1111 de 1992, pues dichas
disposiciones no establecieron el régimen prestacional de los empleados del
Congreso, ni regularon de manera específica el auxilio de cesantía de tales
servidores.
26. El Decreto 1111 de 1992 no hizo extensivo a los empleados del Congreso el
régimen prestacional de cesantías anualizadas, ya que el parágrafo del artículo 1º
de la norma no se refirió al tema de las cesantías.
5 Expediente digital – “34_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES_NIEGAPRET.pdf”
6 Expediente digital – “37_Recurso.pdf”.
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27. De hecho, el desmonte del régimen retroactivo de las cesantías de los empleados
del Congreso se dio en virtud de la ley 344 de 1996, en tanto a que las
disposiciones anteriores no las referenciaron de manera específica o expresa.
28. Además, el fallo de primera instancia no aplicó el principio de favorabilidad en la
interpretación de las normas laborales, ni los postulados sobre los derechos
adquiridos e irretroactividad de la ley, pues no le es posible a la administración
afectar aquellas situaciones consolidadas bajo el amparo de preceptos anteriores.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
29. Mediante auto del 28 de noviembre de 20237 se admitió el recurso de apelación.
30. Dentro de la oportunidad legal el Congreso de la República y el agente del
Ministerio Público guardaron silencio.
31. El Fondo Nacional del Ahorro, a manera de alegatos de conclusión, expuso que:
«(i) el recurso de apelación no recae sobre el Fondo Nacional del Ahorro; (ii) el aq
quem no tiene competencia funcional para pronunciarse sobre las funciones del FNA
y (iii) el FNA no tiene a su cargo la liquidación o pago de la prestación reclamada, por
lo tanto, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar en contra de
esta entidad.»
32. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
33. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8.
34. De igual forma, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.
Problema jurídico
7 SAMAI. 25000234200020210049901. Actuación: “Auto que admite recurso de apelación”. Índice: 00004.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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35. Le corresponde a la Subsección determinar si a la demandante, en su calidad de
empleada del Congreso de la República, le asiste el derecho a la reliquidación de
sus cesantías bajo el régimen retroactivo o si le es aplicable el régimen anualizado,
como lo consideró el tribunal de primera instancia.
36. A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: I) Cesantías, II) Régimen anualizado de cesantías, III) Régimen
de cesantías a favor los miembros y empleados del Congreso de la República, IV)
Hechos probados y V) Caso concreto.
Cesantías
37. El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un ahorro
para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es una ayuda
económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador, sino «en lo que
concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un respaldo que
no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.»9
38. La Corte Constitucional ha resaltado con relación a las cesantías, que dentro de
los principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el pago de
las acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a la dignidad
humana y la manutención familiar en el marco de las relaciones laborales, y dentro
de esas prestaciones se encuentra el auxilio de cesantías10.
39. Con relación a esta prestación la misma Corporación, ha dicho que dado su
contenido opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.
40. La Ley 6 de 1945 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente11.
41. Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder
público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las cesantías
se tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido
modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo
devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a
ese lapso.
9 SU 448 de 2016, SU 098-18.
10 Sentencia C-486 de 2016
11«por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
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Régimen anualizado de cesantías
42. Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro 12, que se
encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y trabajadores
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional. Según el artículo 27, se estableció un régimen anualizado en los
siguientes términos:
«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado,
liquidarán las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»
43. La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los empleados
tal como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el artículo 49, que
señaló lo siguiente:
«Artículo 49°Consignaciones anuales. La Nación, los establecimientos públicos y
las empresas industriales y comerciales del Estado deberán consignar en el Fondo
Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1 de enero de 1969 se causen en
favor de sus empleados y trabajadores.
Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente
Mensualmente, las entidades en referencia, deberán depositar en el Fondo una
doceava parte del valor de los pagos en favor de sus empleados y trabajadores por
salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la base para liquidar el auxilio
de cesantía, y
Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas entidades
depositarán en el Fondo la diferencia que resulta entre la liquidación de que trata el
artículo 27 y las sumas depositadas en desarrollo del literal anterior; o tendrán
derecho a que el Fondo les abone en cuenta el exceso de lo depositado sobre la
liquidación.»
44. Lo expuesto en párrafos anteriores, corresponde a la constitución del régimen
anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho fondo, que hoy
subsiste, conforme la Ley 432 de 1998, y que regula de forma diferente la
causación de los intereses de esa prestación, así como el destino de éstos.
12 Artículo 1° del mencionado Decreto.
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45. Acto seguido, el artículo 13 de la Ley 344 de 199613, respecto de las cesantías
dispuso lo siguiente:
«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al
personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»
46. Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen anualizado
de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la Ley 50 de 1990
modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se extendió incluso a los
servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de 199814.
47. La Ley 50 de 199015, consagró en el artículo 99, el nuevo régimen especial de
cesantías, así:
«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.
13 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
14 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial
y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo
6 de la Ley 432 de 1998»
15 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
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3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo.
4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma
naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.
6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se
autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el Gobierno
Nacional, en orden a:
a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores,
en todo el territorio nacional;
b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia
el financiamiento de actividades productivas.
7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley, continuarán
regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de
cesantía.
Parágrafo. - En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y
consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar, el
Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las
instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las
funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.» (Negrilla y
Subrayado fuera de texto original).
48. No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores.
49. En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos se acogieran
al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, que es la
siguiente:
«Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan
acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la
solicitud de traslado;
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b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;
c)En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a
favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de
deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que
se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios
para su expedición (se resalta).
50. Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva
de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 2 del Decreto 1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de 2002.
Régimen de cesantías a favor los miembros y empleados del Congreso de
la República.
51. La Ley 28 de 198316 en su artículo 1° estableció que todas las personas naturales
que presten sus servicios al Congreso de la República son empleados de la Rama
Legislativa. Los cuales, indistintamente del tipo de nombramiento, estarán afiliados
a la Caja Nacional de Previsión Social, tendrán derecho al subsidio familiar y
gozarán de todas las prestaciones sociales consagradas en la Ley 52 de 1978 17,
entre las que se destaca el auxilio de cesantías.18
52. La Ley 33 de 198519, creó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República encargado de efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales de los congresistas, de los empleados del Congreso y de los empleados
del mismo fondo.20
53. El Decreto 2837 de 1986 al reglamentar las condiciones y términos necesarios para
el reconocimiento y efectividad de las prestaciones sociales a cargo de dicho
Fondo, en su artículo 3° estableció como afiliados: «a) Los Parlamentarios que
hayan tomado posesión del cargo y los empleados del Congreso y los empleados
16 “Por la cual se establece la categoría de Empleados de la Rama Legislativa del Poder Público y se dictan otras
disposiciones”.
17 Ley 28 de 1983 Artículo 4. Los empleados de la Rama Legislativa del Poder Público, cualquiera que sea el origen
de su nombramiento, estarán afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social, tendrán derecho al subsidio familiar
y gozarán de todas las prestaciones sociales consagradas en la Ley 52 de 1978.
18 Ley 52 de 1978 Artículo 5º. La Caja Nacional de Previsión Social o la entidad que haga sus veces, prestará,
reconocerá y pagará a los empleados de ambas Cámaras, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias,
los siguientes servicios y prestaciones sociales:
(…)
5. Auxilio de cesantía.
19 Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para
el Sector Público.”
20 Artículo 14.- Créase como establecimiento público del orden nacional, esto es, como organismo dotado de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
Artículo 15.- Además de la función que la Ley señala a los organismos de Previsión Social, el Fondo cumplirá las
siguientes actividades:
1. Efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los Congresistas, de los empleados del
Congreso y de los empleados del mismo Fondo. (…)
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del Fondo que presten sus servicios en empleos de carácter permanente. b) Los
Parlamentarios principales que no se hayan posesionado para los efectos previstos
en los parágrafos 1°y 2°del artículo 7°de la Ley 48 de 1962, y c) Los pensionados
cuya mesada deba cancelar el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República, de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985.»
54. La norma en comento, en el parágrafo del artículo 14 determinó que: «El auxilio de
cesantía de los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República será liquidado, reconocido y cancelado por éste, de conformidad con lo
previsto en las disposiciones legales que rigen para la Rama Ejecutiva del Poder
Público.»
55. Así mismo, en cuanto a la forma de cálculo de las cesantías de los afiliados al
Fondo sería reconocido y pagado a razón de un (1) mes de salario por cada año
de servicios y proporcionalmente por fracciones de año servido.21
56. La Ley 4ª del 18 de mayo de 199222, en su artículo 1º señaló que corresponde al
Gobierno Nacional fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del
Congreso Nacional.
57. Mediante el Decreto 906 de 199223, el artículo 2° consagró a partir de su vigencia,
el 2 de junio de 1992, que los nuevos miembros del Congreso de la República no
tendrán derecho a retroactividad en las cesantías.
58. Del mismo modo, la Ley 5° del 17 de junio de 199224, por medio de la cual se
expidió el reglamento del Congreso; Senado y la Cámara de Representantes, en
su artículo 386 dispuso los siguiente:
«Artículo 386. Personal Actual. Los empleados que a la expedición de la presente
Ley se encuentren vinculados al Congreso y sean nombrados en un cargo de la nueva
planta, seguirán disfrutando de las prestaciones sociales en los términos y
condiciones legales establecidos a la fecha y expedición de esta Ley.»
59. En desarrollo de la norma anterior, el Decreto 1111 del 8 de julio de 199225
estableció en el parágrafo del artículo 1° que el régimen prestacional de los
empleados públicos del Congreso será el mismo de los empleados públicos de la
21 Artículo 18.
22 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.
23 Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial para los Miembros y empleados del Congreso de la
República.
24 artículo 393. vigencia de la ley. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación, incluyendo las disposiciones
transitorias, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
25 Por el cual se fija la escala de remuneración para los empleos públicos del Congreso Nacional y se dictan otras
disposiciones.
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Rama Ejecutiva del poder público del nivel nacional26. Servidores a los cuales les
aplica el régimen anualizado la liquidación de sus cesantías desde la entrada en
vigencia del Decreto 3118 de 1968.
60. Así las cosas, aquellos empleados vinculados al servicio del Congreso de la
República con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 5° de 199227, el 17
de junio del mismo año, les es aplicable el régimen anualizado en la liquidación de
sus cesantías, establecido para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del
poder público de nivel nacional desde la expedición del Decreto 3118 de 1968,
conforme indica el 1111 del 8 de julio de 1992.28
61. Sobre el particular, esta Sección en sentencia del 21 de marzo de 2024 dispuso de
este modo:
«Ahora bien, conforme lo considerado en precedencia y siendo que las demandantes
fueron vinculadas al servicio del Senado de la República el 19 de marzo de 1993, 7
de noviembre de 1992 y 4 de noviembre de 1994, respectivamente, esto es, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 5ª de 1992, lo cual tuvo lugar, el 17
de junio de ese año, le es aplicable el régimen anualizado para la liquidación de sus
cesantías establecido para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder
Público de Nivel Nacional desde la expedición del Decreto 3118 de 1968, pues así lo
establece el Decreto 1111 del 8 de julio de 1992.»29
Hechos probados
62. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:
63. Mediante la Resolución núm. 087 del 5 de febrero de 199630, expedida en uso de
las facultades conferidas por la Ley 5° de 1992, el Senado de la República nombró
en provisionalidad a la señora Ana Beatriz Vargas Torrejano para desempeñar el
cargo de mecanógrafa grado 3 en la sección de bienestar y urgencias médicas de
la entidad, en el cual se posesionó a partir del 27 de febrero de 1996, como se
aprecia del acta de posesión núm. 02431.
64. Del certificado laboral expedido por la jefatura de la sección de registro y control
del Senado de la República expedido el 26 de octubre de 202032, se tiene que la
26 Parágrafo. Los empleados públicos del Congreso a que se refiere el presente artículo disfrutarán de las
asignaciones básicas señaladas en él y su régimen prestacional será el mismo de los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del Nivel Nacional.
27 En su artículo 386 dispuso que los empleados vinculados con anterioridad a su expedición seguirían disfrutando
de sus prestaciones sociales en los términos y condiciones legales ya establecidas a la fecha.
28 En el mismo sentido ha dispuesto esta Corporación en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 21 de marzo de 2024. Radicación núm. 25000-23-
42-000-2021-00947-01 (4977-2023) y 25000-23-42-000-2022-00425-01 (6377-2023) Cp. Jorge Iván Duque
Gutiérrez; Sentencia del 1° de agosto de 2024 Radicación num. 25000-23-42-000-20220-0532-01 (6280-2023). CP.
Jorge Edison Portocarrero Banguera.
29 Radicación núm. 25000-23-42-000-2021-00947-01 (4977-2023).
30 Expediente digital – “4_ED_EXPEDIENTE_04DEMANDAANEXOS.PDF”. P. 57.
31 Ibidem. P. 83.
32 Ibidem. P. 96.
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prestación de servicios por parte de la demandante desde el 27 de febrero de 1996
hasta su fecha de expedición, en el cargo de asistente administrativo.
65. El 14 de septiembre de 2020, la actora, en compañía de otros empleados del
Congreso de la República, peticionó el reconocimiento de sus cesantías de
acuerdo a régimen retroactivo por haberse vinculado con anterioridad al 31 de
diciembre de 199633.
66. El Senado de la República negó la solicitud anterior mediante el oficio núm. DRH-
CS-CV19-1236-2020 del 26 de octubre de 2020, fundamentado en que el régimen
anualizado de cesantías es aplicable incluso antes de la entrada en vigencia de la
Ley 344 de 1996. Decisión que, tras ser apelada, fue confirmada por la entidad en
la Resolución núm. 112 del 15 de febrero de 2021.
Caso concreto
67. Arguye la demandante Ana Beatriz Vargas Torrejano que le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de sus cesantías de acuerdo al régimen retroactivo, al
haberse vinculado como empleada del Senado de la República antes de la entrada
en vigencia de Ley 344 de 1996, que introdujo al sector público el régimen
anualizado de cesantías.
68. Desde ya advierte la Sala que los reparos de la apelante no están llamados a
prosperar. Pues como se explicó en el acápite anterior, desde la expedición del
Decreto 3118 de 1968 comenzó el desmonte del régimen retroactivo para la
liquidación de las cesantías de los empleados de la Rama Ejecutiva del poder
público; situación que es extensiva especialmente a los empleados del Senado
conforme indicó el Decreto 1111 del 8 de julio de 1992.
69. Normas que le son aplicables a la demandante y debían ser observadas a fin de
liquidar, reconocer y pagar sus cesantías, toda vez que en ellas sí se reguló el
régimen prestacional de los empleados públicos del Congreso de la República.
70. Así las cosas, se encuentra evidenciado que la señora Ana Beatriz Vargas
Torrejano se vinculó al servicio del Senado de la República desde el 27 de febrero
de 1996, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5° del 17 de junio de
199234, por lo que sus cesantías deben ser reconocidas aplicando el régimen
anualizado, conforme lo indica en Decreto 3118 de 1968, aplicable por remisión del
Decreto 1111 del 8 de julio de 1992.
71. Recuerda la Sala que el principio de favorabilidad en materia laboral consigna la
obligación de los servidores públicos de optar por la interpretación de la norma más
33 Ibidem. P. 126.
34 En su artículo 386 dispuso que los empleados vinculados con anterioridad a su expedición seguirían disfrutando
de sus prestaciones sociales en los términos y condiciones legales ya establecidas a la fecha.
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favorable en caso de dudas acerca de su aplicación. Al respecto, la Corte
Constitucional ha precisado que para que esta máxima opere requiere: «(i) la duda
seria y objetiva ante la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, ello,
en función de la razonabilidad argumentativa y solidez jurídica de una u otra
interpretación; y, (ii) la efectiva concurrencia de las interpretaciones en juego para
el caso concreto, es decir, que sean aplicables a los supuestos fácticos concretos
de las disposiciones normativas en conflicto.»35
72. Por lo cual, no se encuentra acorde con el principio de favorabilidad, la aplicación
normativa contenida en la Ley 344 de 1996, pues de manera previa a su expedición,
ya existía norma que dispuso el régimen anualizado de cesantías a los empleados
de la corporación demandada vinculados, sin que mediase duda acerca de su
interpretación.
73. Y si bien la demandante afirma que la aplicación de régimen retroactivo es un
derecho adquirido36, dicha pretensión no está revestida de tal naturaleza, pues no
se configuró una situación jurídica consolidada bajo el imperio de la norma
vigente37.
74. Consecuente con ello, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
75. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de
la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se presentó
con carencia de fundamento legal.
76. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos del apelante, no se advierte tal situación. Por el contrario, se avizora
la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que, se
repite, no se condenará en costas a la parte vencida
77. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
35 Corte Constitucional, Sentencia T-559/11. Mp. Nilson Pinilla Pinilla.
36 «Configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas
bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al
patrimonio de una persona. Ante la necesidad de mantener la seguridad jurídica y asegurar la protección del orden
social, la Constitución prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la
vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales.» (Corte Constitucional, Sentencia
C-147/97. Mp. Antonio Barrera Carbonell).
37 Decreto 3118 de 1968, aplicable por remisión del Decreto 1111 del 8 de julio de 1992
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III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 26 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E” que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Dejar constancia de la renuncia al poder presentada por el abogado
Claudio Iván Zambrano Pinzón, identificado con cédula de ciudadanía núm.
19.487.631 y tarjeta profesional No. 84789 expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura representante legal de la sociedad Comjuridica Asesores SAS, que venía
actuando como apoderado del Fondo Nacional del Ahorro. La cual fue realizada
acorde al artículo 76 del CGP y tuvo efectos cinco (5) días después de presentado el
memorial de renuncia al Despacho.
CUARTO. Reconocer personería para actuar en el presente proceso a la abogada
Carmen María de las Mercedes Romero Rodríguez identificada con la cédula de
ciudadanía núm. 51.710.740 y tarjeta profesional núm. 226.97538 del Consejo Superior
de la Judicatura, en calidad de apoderada del Fondo Nacional del Ahorro en los
términos y para los fines descritos en el poder general a ella otorgado. Y como
apoderada sustituta a la abogada Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo identificada
con la cédula de ciudadanía núm. 1.085.897.821 y tarjeta profesional núm. 212.71239
del Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo con el poder especial que le fue
conferido.
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
38 Certificado de Vigencia N.: 377298
39 Certificado de Vigencia N.: 377321
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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.
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