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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00507-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00507-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 15 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Edgar Sinisterra Restrepo en contra la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. RECONOCER personería a la abogada Sandra Patricia Duarte Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 51.997.263 y tarjeta profesional nro. 190.461 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del poder otorgado por la Procuraduría General de la Nación. CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2021-00507-01 (0343-2023) Demandante: Edgar Andrés Sinisterra Restrepo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00507-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00507-01 (0343-2023)
Demandante: Edgar Andrés Sinisterra Restrepo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverán los recursos de apelación presentados por las
partes demandante y demandada contra la sentencia de fecha 15 de septiembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró no
probada la excepción de caducidad y negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de los Decretos 2100 del 28
de octubre de 2019 y 0042 del 13 de enero de 2020, proferidos por el Procurador
General de la Nación, mediante los cuales se efectuaron 2 nombramientos en
provisionalidad en los cargos vacantes de procurador judicial II para asuntos civiles
en Bogotá1.

3. Asimismo, se exigió la anulación de los oficios nro. 1110030000000-I-2020-
002697 del 2 de abril de 2020 y 1110030000000-I-2020-004308 del 17 de junio de
2020, por medio de los cuales se negó la solicitud de encargo y se declaró
improcedente el recurso de apelación, respectivamente.

4. Como restablecimiento del derecho se reclamó: i) el nombramiento en encargo
en el empleo denominado procurador judicial II para asuntos civiles y; ii) el
reconocimiento y pago indexado de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde el momento en que quedaron vacantes esos cargos y hasta que se
realice el nombramiento del demandante. Así mismo se peticionó el pago de los
intereses moratorios sobre las sumas que resulten de la sentencia y la condena en
costas y agencias en derecho.

5. Hechos. Por medio del Decreto 3386 del 8 de agosto de 2016, el Procurador
General de la Nación nombró en periodo de prueba al señor Edgar Andrés Sinisterra

1 Mediante auto del 17 de noviembre de 2021, la magistrada ponente remitió esta pretensión a la Sección

Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por tratarse de asuntos electorales que se escapan de la
órbita de la Sección Segunda de la citada corporación.

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Demandante: Edgar Andrés Sinisterra Restrepo

Restrepo en el cargo de procurador judicial I, código 3PJ -código EG adscrito a la
Procuraduría 13 Judicial I para Asuntos Civiles en la ciudad de Bogotá D. C. Todo
ello, después de haber superado el concurso de méritos realizado a través de la
convocatoria 010 de 2015.

6. Luego, el 3 de noviembre de 2016, se inscribió al demandante en el escalafón de
carrera administrativa.

7. En el mismo concurso participaron los señores Carlos Mauricio García y Nattan
Nisimblat Murillo, quienes después de superar el periodo de prueba, fueron
nombrados en los empleos de procurador judicial II para asuntos civiles; sin
embargo, estas personas renunciaron a sus cargos, por lo que se generó una
situación de vacancia definitiva.

8. El 28 de enero de 2020 el actor solicitó al Procurador General de la Nación que
lo nombrara en encargo en cualquiera de los dos cargos vacantes que arriba fueron
señalados; no obstante, mediante el oficio nro. 1110030000000-I-2020-002697 del
2 de abril de la misma anualidad, el secretario general de entidad le informó que
esos empleos fueron provistos en provisionalidad y, por lo tanto, no era posible
acceder a su petición.

9. Contra esa respuesta interpuso recurso de apelación, pero este fue declarado
improcedente, bajo la consideración que con la primera comunicación no se resolvió
ninguna situación jurídica, sino simplemente se brindó información sobre la
disponibilidad de empleos en la planta de cargos de la PGN.

10. En ese contexto, y de conformidad con las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2013, los empleos de la Procuraduría
General de la Nación que quedaron vacantes indefinidamente, debieron ser
provistos con apego a los artículos 185 del Decreto 262 de 2000 y 25 de la Ley 909
de 2004, es decir, la entidad debió suplir los cargos con empleados en carrera
administrativa bajo la figura del encargo y de no ser posible, proceder con los
nombramientos en provisionalidad.

11. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 122, 125 y 279 de la Constitución Política; 2.°, 3.°, 24 y 25
de la Ley 909 de 2004; 31, 37, 38, 45, 81, 82, 92, 158, 161, 183, 185, 188, 191, 192,
216 y 221 del Decreto ley 262 de 2000; y 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011. Al
desarrollar el concepto de violación expuso lo siguiente:

12. Infracción de las normas en que debería fundarse. Los actos administrativos
demandados desconocieron el régimen especial de la Procuraduría General de la
Nación, en razón a que esas designaciones no podían efectuarse, sin antes
identificar a los empleados de carrera administrativa que tenían derecho a acceder
a ellos a través de la figura del encargo en dichos empleos.

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13. En ese sentido, al disponer el nombramiento ordinario de dos personas que no
hacían parte de la carrera administrativa y que tampoco se encontraban en lista de
elegibles, no tiene asidero jurídico.

14. Falsa motivación. Si bien los actos demandados tuvieron origen en la facultad
discrecional del Procurador General de la Nación, su expedición debía estar
fundada en las necesidades del servicio, esto es, una vez se estableciera la
imposibilidad de suplir los empleos mediante la figura del encargo.

15. Contestación de la demanda2. Dentro de la oportunidad de ley, la
Procuraduría General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda. Con tales fines, argumentó lo siguiente:

16. De conformidad con el artículo 185 del Decreto Ley 262 de 2000, el Procurador
General de la Nación goza de la facultad discrecional de proveer las vacantes
definitivas, bien sea con la figura del encargo o con nombramientos en
provisionalidad, sin que ello signifique que una opción prevalezca sobre la otra.

17. Como la mencionada disposición no estableció un derecho preferencial de los
empleados de carrera para ser encargados, es claro que la decisión adoptada se
ajustó al ordenamiento jurídico.

18. La potestad optativa de la Procuraduría General de la Nación fue analizada y
avalada por la Corte Constitucional en las sentencias C-077 de 2004 y C-503 de
2020. En dichas providencias, la Corte concluyó que los servidores de carrera
administrativa no gozaban de mejor derecho o prelación frente a los particulares por
el solo hecho de estar escalafonados.

19. En cuanto a la aplicación del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, indicó que no
resultaba aplicable al régimen especial de la PGN porque la normativa de esa
institución no presentaba vacío alguno.

20. Propuso las excepciones de «caducidad», «inexistencia de actos
administrativos definitivos o enjuiciables» e «inexistencia de derecho preferente del
demandante para ser encargado en empleos vacantes de la planta de personal de
la PGN».

21. Sustentó la excepción de caducidad, así: i) la fecha de notificación del último
acto administrativo fue el 18 de junio de 2020; ii) para entonces, los términos de
caducidad y prescripción se encontraban suspendidos desde el 16 de marzo, con
ocasión de la pandemia Covid-19; iii) la contabilización para la presentación
oportuna de la acción inició el 1.° de julio de 2020, cuando se levantó la suspensión,
y finalizaba el 1.° de noviembre de ese mismo año; iv) para cuando el convocante
radicó la solicitud de conciliación extrajudicial -6.° de octubre de 2020-, faltaban 27

2 Folios 9 a 55 del PDF 020Memorial contentivo del expediente digital, el cual puede ser visible al descargar el

documento denominado «6ED_EXPEDIENTE_24262025TestigoDocum(.pdf).pdfNroActua 2», del índice 02 de
la plataforma SAMAI

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días para la concreción del fenómeno extintivo; v) la constancia de no acuerdo fue
expedida el 17 de noviembre de 2020, por lo que los términos se reanudaron al día
siguiente; vi) en consecuencia, la demanda podía ser presentada hasta el 14 de
diciembre siguiente, pero fue radicada el 22 de enero de 2021, esto es, por fuera
del término previsto en el literal d) del artículo 164 del CPACA.

22. Sentencia de primera instancia3. El 15 de septiembre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. Para ello
concluyó:

23. Caducidad del medio de control. En aras de establecer si la demanda fue
presentada en término, el a quo, mediante Auto del 31 de agosto de 2021, ordenó
a la PGN que allegara la constancia de notificación del oficio nro. 1110030000000-
I-2020-004308 del 17 de junio de 2020.

24. Como respuesta, el secretario general de la PGN respondió que: «[e]n atención
a su solicitud, remitimos copia del Oficio Interno con radicado de salida No. I-2020-
004308 del 17 de junio de 2020, de otra parte, frente a la constancia o copia de la
comunicación efectuada, de acuerdo con la información obrante en el Sistema de
Gestión Documental y de Archivo - SIGDEA-, remitimos captura de pantalla en la
cual se observa la confirmación de entrega con fecha del 18 de junio de 2020 […]»

25. En vista de que la anterior información e imagen no resultaban claras para
resolver la excepción, por medio de Auto del 28 de septiembre de 2021 se realizó
un nuevo requerimiento, relacionado con el significado de las casillas denominadas
«fecha inicio y fecha fin», a lo que la demandada contestó que: «[a]l respecto, la
Mesa de Servicios de la Oficina de Sistemas reportó que la plataforma de Gestión
de Información Documental y de Archivo SIGDEA, generó de manera automática
un mensaje enviado el 18 de junio de 2020, al correo electrónico institucional del
señor Edgar Andrés Sinisterra Restrepo, con el cual comunicó el oficio interno No.
I-2020- 004308, correspondiente al expediente No. 1551/2020/GD, información que
se detallada en el siguiente cuadro:

3 PDF 18 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la

plataforma SAMAI.

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26. Finalmente, como la información suministrada no le permitió al operador judicial
determinar la fecha de notificación del acto, el 10 de mayo de 2022 se realizó un
último requerimiento, el cual fue contestado así: «[e]n atención a la solicitud se
remite captura de pantalla obtenida desde el Sistema de Información de Gestión
Documental Electrónico y de Archivo- SIGDEA, sistema mediante el cual la entidad
surte el trámite respectivo a las solicitudes que sean radicadas en la misma, de la
siguiente manera: 1) Oficio interno N°. I-2020-004308 del 17 de junio de 2020 bajo
el ciclo de vida N° 1551/2020/GD donde se evidencia que cambio el ícono de
‘Estado’ del oficio en cita a OFICIO INTERNO RECIBIDO el 18 de junio de 2020 y
2) Oficio interno N°. I-2020-002697 del 2 de abril de 2020 bajo el ciclo de vida N°
1551/2020/GD donde se evidencia que cambio el icono de ‘Estado’ del oficio en cita,
a OFICIO INTERNO RECIBIDO el 2 de abril de 2020.»

27. De acuerdo con anteriores respuestas, el tribunal consideró que la entidad
demandada no aportó las pruebas necesarias para demostrar la concreción de la
caducidad, pues los pantallazos del aplicativo Sistema de Gestión Documental y de
Archivo SIGDEA no daban certeza de la fecha exacta en la que el señor Edgar
Sinisterra fue notificado; por lo que declaró infundada esa excepción.

28. Procedencia del encargo y de los nombramientos provisionales en caso
de vacancia definitiva en la Procuraduría General de la Nación. Para el tribunal,
la lectura integral y armónica del Decreto Ley 262 de 2000 de cara a la Constitución
Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, permite concluir que la
provisión de un cargo de carrera en vacancia definitiva se debe realizar, en primer
lugar, con la lista de elegibles existente, en segundo lugar, mediante el encargo de
un empleado de carrera y, en tercer lugar, a través del nombramiento en
provisionalidad. Lo anterior, fundado en la primacía del principio del mérito
establecido en el artículo 125 de la Constitución Política y lo dispuesto en el artículo
216 del Decreto Ley 262 de 2000.

29. Aunque la Ley 909 de 2004 tenga un carácter supletorio en los sistemas
especiales de carrera, los principios de la función pública son de plena aplicabilidad
para resolver el caso de marras, tal como lo expuso la Corte Constitucional en las
sentencias C-1230 de 2005 y C-735 de 2008.

30. En ese contexto, como no existía lista vigente al momento en que surgieron las
vacantes por la renuncia de los procuradores judiciales II, la entidad demandada
tenía la obligación de verificar dentro de los empleados de carrera administrativa
quienes cumplían con los requisitos para ser encargados.

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31. Pese a lo anterior, el demandante no acreditó el cumplimiento de las exigencias
requeridas para el encargo, pues no demostró la calificación obtenida en el último
año, ni tampoco la satisfacción del resto de requisitos exigidos para tal fin.

32. Recursos de apelación4. Los apoderados de las partes recurrieron la anterior
decisión en los siguientes términos:

33. Parte demandante. Adujo que de las reglas básicas y elementales del derecho
probatorio se desprende que los dichos de la demanda y los argumentos de la
contestación tienen carácter y fuerza de confesión, los cuales, si bien pueden ser
desvirtuados probatoriamente, por lo menos permiten generar algún grado de
certeza frente al debate.

34. El tribunal suplió las falencias de la procuraduría al establecer y dar por hecho
que no se tuvo por probado que el señor Edgar Sinisterra cumplía con los requisitos
para ser nombrado en encargo. Ello significa que el operador judicial trasladó la
carga de la prueba al actor pese a que sus afirmaciones no fueron desvirtuadas por
la entidad demandada.

35. En este caso, era a la procuraduría a quien le correspondía demostrar que ni el
demandante ni ningún otro empleado de carrera le eran aplicables los supuestos
normativos para acceder al encargo.

36. Por último, indicó que las calificaciones del mérito no eran necesarias en este
proceso, porque la Ley 1712 de 2012 exige a las entidades divulgar la información
institucional del personal al servicio del Estado.

37. Parte demandada. Solicitó replantear las motivaciones del fallo, pues dentro
del sistema especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación no son
aplicables los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004; por lo tanto, ante la
inexistencia de lista de elegibles, la entidad no tiene la obligación de acudir
preferentemente a la figura del encargo antes de proceder con el nombramiento en
provisionalidad.

38. Que en sentencia C-503 de 2020, la Corte Constitucional concluyó que la
discrecional del nominador, vertida en el artículo 185 del Decreto Ley 262 de 2000,
no era arbitraria ni contraria a la Constitución Política, toda vez que el empleado en
carrera no goza de mejor derecho frente al particular que podía ser nombrado en
provisionalidad.

39. A esa conclusión se llegó, teniendo de presente que cuando el servidor se
inscribe y supera el concurso de méritos, lo hace frente a un cargo en específico y
no respecto de todos los cargos al interior de la entidad, razón por la que no se
puede hablar de un derecho preferencial.

4 PDF 53 y 54 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la

plataforma SAMAI.

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40. Por otro lado, reiteró que operó el fenómeno de la caducidad por las razones
expuestas en la contestación de la demanda, pues en tres oportunidades se
aportaron las constancias del aplicativo SIGDEA para corroborar la efectiva
comunicación del oficio del 17 de junio de 2020, pero fueron despachadas
desfavorablemente por el tribunal.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

41. La admisión de los recursos. Mediante auto del 17 de mayo de 20235 se
admitieron los recursos en referencia. Dentro de las oportunidades de ley solo
intervino la entidad demandada, quien solicitó mantener incólume la decisión inicial,
no sin antes modificar la motivación en cuanto a la facultad discrecional con la que
cuenta la PGN para proveer los cargos vacantes.

42. Control de legalidad6. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

43. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta Sala de
Subsección es competente para resolver los recursos de apelación.

44. Cuestión previa. De acuerdo con lo establecido en el artículo 320 del C.G.P.,
el recurso de apelación tiene por finalidad que «[…] el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión» (El énfasis es
nuestro)

45. Adicionalmente, esa norma prevé que «[p]odrá interponer el recurso la parte a
quien le haya sido desfavorable la providencia […]». Lo anterior significa que la
apelación demanda un interés para recurrir, el cual está determinado por lo
desfavorable que resulta para la parte interesada la decisión adoptada en primera
instancia.

46. En el presente caso, la Procuraduría General de la Nación apeló la sentencia
de primer grado al considerar que: i) las motivaciones en ella vertidas frente al uso
preferente de la figura del encargo ante vacantes definitivas de empleos de carrera
administrativa es contraria a la ley y a la sentencia C-503 de 2020 y; ii) en todo caso,
que operó la caducidad del medio de control.

5 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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47. Sin embargo, y aunque esa decisión no fue desfavorable a sus intereses, pues
en ella no se le impuso ninguna condena, la Sala abordará y resolverá esos reparos.
Lo anterior, por cuanto, a pesar de que la entidad recurrente no pretende variar la
negativa obtenida en primera instancia -finalidad última de la alzada-, si persigue la
modificación de las consideraciones que llevaron al a quo a concluir que la parte
actora, en su calidad de procurador judicial en carrera administrativa, tenía un
derecho preferente a ser encargado en una vacante definitiva en relación con las
personas que fueron designadas en provisionalidad; lo que, a su juicio, implicó una
indebida interpretación de la norma aplicada.

48. Problemas jurídicos. Corresponde a la Sala establecer si:

49. ¿La demanda fue presentada por fuera del término previsto para ello y, por
tanto, operó el fenómeno de la caducidad?

50. ¿El señor Edgar Andrés Sinisterra Restrepo, en su condición de empleado de
carrera de la Procuraduría General de la Nación, tiene derecho a ser encargado en
los empleos de carrera que se encuentran en vacancia definitiva en la planta de
personal de la citada institución?

51. ¿El demandante incumplió con la carga probatoria de demostrar que cumplía
los requisitos exigidos por la norma para ser destinatario de la figura del encargo?

52. Con tales fines, la Subsección abordará el régimen de carrera administrativa de
la Procuraduría General de la Nación.

53. Del régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la
Nación.

54. La Constitución Política estableció en su artículo 113 que, además de los
órganos que forman parte de las tres ramas del poder público «[…] existen otros
autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del
Estado». Dentro de esos entes se encuentra la demandada, institución que por
voluntad del constituyente dejó de ser parte de la rama ejecutiva8 y se ubicó dentro
de la estructura de los órganos de control.

55. En virtud de lo anterior, la Procuraduría General de la Nación cuenta con un
régimen especial de carrera administrativa que difiere del sistema general contenido
en la Ley 909 de 2004, pero que, ante los vacíos de aquellas disposiciones, puede
nutrirse de sus reglas9.

8 En vigencia de la Constitución Política de 1886, el artículo 44 del Acto Legislativo número 1 de 1945, dispuso

que el ministerio público sería ejercido por el Procurador General de la Nación «bajo la suprema dirección del
gobierno».
9 Numeral 2° del artículo 3° de la Ley 909 de 2004.

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56. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4.º del artículo 1.º de
la Ley 573 de 2000, el Congreso de la República revistió al presidente de la
República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza
de ley con el fin de modificar, entre otros, la estructura de esa institución y, además,
su régimen de carrera administrativa.

57. En ejercicio de tales atribuciones, el ejecutivo expidió el Decreto Ley 262 de
2000, compendio normativo que reguló, entre otros, el régimen de carrera al interior
del ente de control -arts. 183 y siguientes-.

58. En lo que respecta al sistema de ingreso y retiro del servicio, el artículo 82 del
mencionado Decreto Ley 262 de 2000 contempla tres tipos de nombramientos: i)
ordinario, para realizar la provisión de los empleos de libre nombramiento y
remoción, ii) en período de prueba, para proveer los cargos de carrera con
personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de méritos, y por
último, iii) provisional, para proveer empleos de carrera definitivamente vacantes,
con personas no seleccionadas mediante el sistema de méritos, mientras se suple
el cargo mediante concurso.

59. A su vez, el artículo 158 ejusdem enlista las causales correspondientes al retiro
del servicio, entre las cuales se encuentra la renuncia, que «se produce cuando el
servidor manifiesta por escrito, de manera inequívoca, libre y espontánea, su
voluntad de separarse definitivamente del servicio».

60. En caso de presentarse la vacancia definitiva de un empleo de carrera, el
artículo 185 de la norma en comento dispone que el Procurador General de la
Nación podrá nombrar en encargo a empleados de carrera o en provisionalidad a
cualquier persona que reúna los requisitos para su desempeño, así:

«ARTÍCULO 185. Procedencia del encargo y de los nombramientos
provisionales. En caso de vacancia definitiva de un empleo de carrera, el
Procurador General podrá nombrar en encargo a empleados de carrera, o en
provisionalidad a cualquier persona que reúna los requisitos exigidos para su
desempeño.

Se hará nombramiento en encargo cuando un empleado inscrito en carrera cumpla
los requisitos exigidos para el empleo y haya obtenido calificación de servicios
sobresaliente en el último año y una calificación mínima del 70% sobre el total del
puntaje en los cursos de reinducción a que se refiere el numeral segundo del artículo
253 de este decreto. Sin embargo, por razones del servicio, el Procurador General
de la Nación podrá nombrar a cualquier persona en provisionalidad siempre que
ésta reúna los requisitos legales exigidos para el desempeño del empleo por
proveer.

El empleo del cual sea titular el servidor encargado podrá proveerse por encargo o
en provisionalidad mientras dure el encargo de aquél.

El servidor encargado tendrá derecho a la diferencia entre el sueldo de su empleo y
el señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no sea
percibido por su titular.

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Efectuado el nombramiento por encargo o en provisionalidad, la convocatoria a
concurso deberá hacerse dentro de los tres (3) meses siguientes a este
nombramiento…»

61. Del texto transcrito no es posible concluir que, con la finalidad de suplir las
vacantes definitivas que se presenten en los empleos de carrera, el Procurador
General de la Nación deba acudir, en primer lugar, al encargo de los servidores que
se encuentren escalafonados en ese sistema y, solo ante la imposibilidad de usar
esa figura, acudir, en segundo lugar, al nombramiento en provisionalidad.

62. Lo anterior, en razón a que, cuando el artículo establece que el Procurador
General de la Nación «[…] podrá nombrar en encargo a empleados de carrera, o
en provisionalidad a cualquier persona que reúna los requisitos exigidos para su
desempeño.», lo que hace es ordenar que con el fin de suplir las respectivas
vacantes acuda a cualquiera de las figuras allí señaladas. (El énfasis es nuestro)

63. Así entonces, el hecho de que en el inciso segundo de esa norma se referencie
en primer término la figura del encargo y, en segundo término, la del nombramiento
en provisionalidad, no significa que aquél prevalezca sobre este, pues la única
finalidad de esa regulación es precisar los requisitos de cada una de ellas.

64. Nótese que para abrir paso al encargo se demanda que el empleado en carrera
cumpla con las exigencias del empleo que se encuentra vacante y, además, que
«[…] haya obtenido calificación de servicios sobresaliente en el último año y una
calificación mínima del 70% sobre el total del puntaje en los cursos de reinducción
a que se refiere el numeral segundo del artículo 253 de este decreto.»

65. Por su parte, para avalar el nombramiento provisional, la norma en referencia
exige únicamente que la persona a designar satisfaga los requerimientos del
respectivo empleo.

66. Así las cosas, se reitera que de la disposición en estudio no es posible arribar a
un entendimiento distinto al expresado anteriormente, máxime porque esta regla es
distinta a la contemplada en el régimen general de carrera regulado en la Ley 909
de 2004 -arts. 24 y 25-, en la que de manera específica se establece como un
derecho del empleado de carrera el ser encargado en cargos en vacancia definitiva
y/o temporal.

67. La anterior conclusión se acompasa con la posición que tiempo más tarde sería
fijada por la Corte Constitucional en la sentencia C-503 de 2020. Así, al examinar la
constitucionalidad del artículo 185 del Decreto Ley 262 de 2000, entre otros, ese
tribunal concluyó que el Procurador General de la Nación cuenta con la facultad
discrecional para optar por la figura del encargo y/o la del nombramiento en
provisionalidad para suplir las vacancias definitivas en los empleos de carrera
administrativa de la institución. Con tales fines, pregonó que solo debe verificar que
la persona designada cumpla con las exigencias requeridas para ejercer el cargo.

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68. En esa oportunidad, la Corte pregonó que no existe un mejor derecho en favor
del servidor de carrera respecto del particular que puede ser nombrado en
provisionalidad, toda vez que el artículo 221 del Decreto Ley 262 de 2000 dispone
que la inscripción en carrera de un servidor solo se circunscribe al empleo para el
cual concursó, de tal suerte que debe concursar si su deseo es ascender dentro de
la planta de cargos.

69. Así las cosas, concluyó que la potestad discrecional otorgada al Procurador
General de la Nación en el artículo 185 ibidem, en virtud de la cual, ante vacancias
definitivas, puede nombrar en encargo a empleados de carrera, o en provisionalidad
a cualquier persona que reúna los requisitos exigidos para su desempeño, se
encuentra ajustada a la Constitución Política.

70. Sin embargo, y como quiera que los hechos que se debaten en este asunto son
anteriores a la citada sentencia de constitucionalidad y en ella no se dijo nada frente
a sus efectos en el tiempo, debe entenderse, a la luz de lo establecido en el artículo
45 de la Ley 270 de 199610, que la regla allí fijada se aplica hacia el futuro. Por
consiguiente, esta Subsección no acuñará la tesis expuesta en aquella decisión a
la hora de resolver el presente interrogante.

71. Caso concreto. Resolución de los interrogantes planteados.

72. Primer interrogante: ¿La demanda fue presentada por fuera del término
previsto para ello y, por tanto, operó el fenómeno de la caducidad?

73. La entidad demandada insistió en que se configuró la caducidad de la demanda,
toda vez que la notificación del oficio nro. 1110030000000-I-2020-004308 del 17 de
junio de 2020 se efectuó al día siguiente, es decir, el 18 de junio de esa anualidad.

74. Para sustentar tal afirmación, indicó que en tres (3) oportunidades aportó la
constancia de comunicación del mencionado acto administrativo y el tribunal no las
tuvo en cuenta para la contabilización de los términos de caducidad.

75. Revisado el expediente, observa la Sala lo siguiente:

76. Los actos demandados corresponden a los oficios nro. 1110030000000-I-2020-
002697 del 2 de abril de 2020 y 1110030000000-I-2020-004308 del 17 de junio de
2020, por medio de los cuales se negó la solicitud de encargo y se declaró
improcedente el recurso de apelación, respectivamente11.

10 La norma en cita establece «[a]rtículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en

desarrollo del control judicial de constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional
sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos
hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.»
11 Folios 101 a 111 del PDF 03 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de gestionar

documentos de la plataforma SAMAI.

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77. En respuesta al Auto del 31 de agosto de 2021, el secretario general de la PGN,
a través del oficio sin número del 3 de septiembre de 2021 12, indicó en la captura
de pantalla del aplicativo SIGDEA que aportó al proceso, se podía observar que el
18 de junio de 2020 se entregaron al accionante los documentos en cita.

78. Para el tribunal13, dicha imagen no resultaba suficientemente clara para tener
por notificado el oficio, razón por la que efectuó un segundo requerimiento, en el
que solicitó aclarar los conceptos «fecha de inicio y fecha de fin», además de
precisar el medio por el cual fue notificado el acto administrativo.

79. Como respuesta14, el mismo secretario general mediante oficio sin número y sin
fecha, manifestó que:

«[L]a casilla “fecha de inicio” hace referencia a la fecha en la que fue firmado y
comunicado el oficio interno de respuesta al peticionario, a través de la plataforma de
Gestión de información Documental y de Archivo SIGDEA, en tal sentido, es preciso
señalar que una vez esto ocurre, se genera de manera automática un mensaje o alerta
que es enviado al correo electrónico institucional del funcionario para que este acceda
a la plataforma y haga lectura del mencionado oficio. Es pertinente indicar que se
solicitó copia del citado mensaje a la Oficina de Sistemas, no obstante, debido a
problemas técnicos con la plataforma no es posible generarlo en el término concedido
por su despacho, por lo que solicitamos un término prudencial de 5 días para remitirlo.
Por otra parte, la “fecha fin” corresponde al día en el cual el peticionario archivó y por
ende cerro el oficio de respuesta en la bandeja de entrada de la sesión personal o perfil
que los funcionarios autorizados tienen para acceder a la aludida plataforma y como se
ha dicho, a través de la cual, la Entidad puso en conocimiento del servidor la respuesta
a la petición elevada».

80. Posteriormente, en el oficio identificado con radicado nro. 111003000000 del 21
de octubre de 2021, el secretario general encargado aportó el siguiente cuadro:

81. Pues bien, antes de resolver el interrogante, es necesario aclarar que ante la
crisis generada por el COVID-19, declarada como pandemia el 11 de marzo de 2020
por la OMS, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la suspensión de los
términos judiciales en todo el país desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de
2020, en virtud de los Acuerdos Nos. PSCJA20-11517 del 15 de marzo; PSCJA20-
11521 del 19 de marzo; PSCJA20-11532 del 11 de abril; PSCJA20-11546 del 26 de
abril; PSCJA20-11549 del 7 de mayo; PSCJA20-11556 del 11 de mayo; PSCJA20-
11567 del 5 de junio de 2020, proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura.

12 PDF 17 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la

plataforma SAMAI.
13 PDF 20 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la

plataforma SAMAI.
14 PDF 21 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la

plataforma SAMAI.

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82. A su vez, a través del Decreto Legislativo nro. 564 del 15 de abril de 2020, el
Gobierno Nacional, por las mismas razones de la pandemia, estableció unas
prerrogativas, así:

«Artículo 1. Suspensión términos de prescripción y caducidad. Los términos de
prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para
derechos, acciones, medios controlo presentar demandas la Judicial o ante los
tribunales arbitrales, sean de meses o años, se encuentran suspendidos el 16 marzo
2020 hasta el día que Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación
los términos judiciales.

El conteo los términos prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil
siguiente a la fecha en que cese la suspensión términos judiciales ordenada por
Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión
de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir
prescripción o inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, interesado
tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión,
para realizar oportunamente la actuación correspondiente.»

83. Así, se estableció una excepción garantista para el cómputo del término de
prescripción y caducidad respecto de los casos en que el plazo que restaba para
interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad fuera inferior a 30 días,
evento en el que se concedió un (1) mes contado a partir del día siguiente al
levantamiento de la suspensión de términos por parte del Consejo Superior de la
Judicatura, para realizar la actuación correspondiente.

84. En ese escenario, comparte la Sala las consideraciones del tribunal, pues las
constancias aportadas por la entidad demandada no resultan suficientemente claras
para determinar con certeza el momento en que el acto administrativo fue
efectivamente comunicado al actor. A ello se suma que, para la época de los
hechos, el país atravesaba la pandemia del COVID-19, circunstancia en la que los
medios tecnológicos debían facilitar —y no obstaculizar— el acceso a la
administración de justicia.

85. Sin perjuicio de lo anterior, observa la Subsección que incluso bajo el supuesto
de que se adopte el cómputo propuesto por la entidad accionada, se mantendría la
conclusión según la cual la demanda fue presentada dentro del término legal.

86. En efecto, si se toma como fecha de notificación del acto demandado el 18 de
junio de 2020, debe tenerse en cuenta que los términos empezaron a correr el 1.°
de julio de ese año, cuando se levantó la suspensión, por lo que los 4 meses para
presentar la demanda vencían el 1.° de noviembre de 2020.

87. De conformidad con los documentos aportados al plenario, se tiene que la
solicitud de conciliación fue presentada el 30 de junio de 2020 y no el 6 de octubre
de ese mismo año. El pantallazo que se inserta a continuación evidencia la anterior
afirmación:

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88. La constancia de no acuerdo se expidió el 17 de noviembre siguiente 15, por lo
que el término de caducidad se extendió hasta el mes de 5 de marzo de 2021. Así
entonces, y como la demanda fue presentada el 22 de enero de ese año, concluye
la Sala que la misma fue oportuna, por lo que no le asiste razón a la entidad en su
reparo.

89. Segundo interrogante: ¿El señor Edgar Andrés Sinisterra Restrepo, en su
condición de empleado de carrera de la Procuraduría General de la Nación, tiene
derecho a ser encargado en los empleos de carrera que se encuentran en vacancia
definitiva en la planta de personal de la citada institución?

90. En el presente caso, la entidad demandada sostuvo que, contrario a lo
considerado por el tribunal, el Decreto Ley 262 de 2000 le permite proveer los cargos
que se encuentran en vacancia definitiva a través de dos mecanismos: el encargo
con los empleados de carrera administrativa y/o el nombramiento en
provisionalidad, sin que exista una prelación obligatoria a favor del primero.

91. Para la Subsección, le asiste razón a la entidad recurrente, pues el régimen
especial de carrera de la PGN, contenido en el artículo 185 del Decreto Ley 262 de
2000, no establece en favor del empleado escalafonado el derecho a ser encargado
en un cargo de carrera vacante definitivamente.

92. Lo que prevé esa norma y que fue determinado en párrafos superiores, es la
posibilidad para el nominador, en este caso, el Procurador General de la Nación, de
acudir indistintamente al encargo y/o al nombramiento en provisionalidad para
garantizar la continuidad de la prestación del servicio ante una vacante de esa
naturaleza. Es decir, a diferencia de lo consagrado en el artículo 24 de la Ley 909
de 2004, el artículo 185 del Decreto Ley 262 de 2000 no hace prevalecer la figura
del encargo sobre la designación provisional, por lo que el uso de cualquiera de
ellas no desconoce el ordenamiento jurídico.

15 Recuérdese que en virtud del artículo 9 del Decreto 491 de 2020 el término previsto en los artículos 20 y 21

de la Ley 640 de 2001 fue modificada de 3 a 5 meses para el trámite de la conciliación extrajudicial.

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93. Ahora bien, dado que el Decreto en cita regula la forma de provisión de las
vacantes definitivas que se presenten en los empleos de carrera, deviene
improcedente la aplicación supletoria de las reglas consignadas en la Ley 909 de
2004, pues no existe un vacío en la materia que permita activar la disposición
establecida en el numeral 2.° del artículo 3.° ejusdem.

94. Así las cosas, considera la Sala que la decisión adoptada en primera instancia
sobre este tópico debe ser confirmada, pero por las razones aquí expuestas.

95. Tercer interrogante: ¿El demandante incumplió con la carga probatoria de
demostrar que cumplía los requisitos exigidos por la norma para ser destinatario de
la figura del encargo?

96. Para el apoderado de la parte demandante, el a quo trasladó la carga probatoria
a su protegido. No obstante, advierte la Subsección que tal reproche no está
llamado a prosperar, por las siguientes razones:

97. Sin perjuicio de lo indicado al resolver el primer interrogante, se tiene que, en lo
que respecta a la carga de la prueba, el artículo 167 del Código General del Proceso,
establece que corresponde a las partes «probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». En consecuencia, era deber
del accionante aportar los elementos necesarios para demostrar el cumplimiento de
las exigencias mínimas requeridas para acceder al encargo de procurador judicial
II, lo que no ocurrió en el presente caso.

98. Sin embargo, y en atención a que anteriormente se concluyó que la decisión
adoptada por el Procurador General de la Nación se ajustó a la normativa vigente,
resulta inocuo seguir examinando este reparo.

99. En este orden de ideas, y como quiera que los reparos formulados en la alzada
no prosperaron, la Subsección confirmará la sentencia apelada.

100. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

101. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la

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sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

102. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

103. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

104. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 15 de septiembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones
de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovió el señor Edgar Sinisterra Restrepo en contra la Procuraduría
General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. RECONOCER personería a la abogada Sandra Patricia Duarte
Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 51.997.263 y tarjeta
profesional nro. 190.461 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del
poder otorgado por la Procuraduría General de la Nación.

CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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