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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00517-02

Fecha
8 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00517-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 12 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00517-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

8 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado : 25000-23-42-000-2021-00517-02 (7169-2023)
Demandante : Carlos Iván Plazas Herrera
Demandada : Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores
Tema : Reajuste salarial y prestacional
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 12 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones1

Carlos Iván Plazas Herrera por intermedio de apoderada judicial, en ejercicio
del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pidió que se declare la
nulidad de los siguientes actos administrativos:

Oficio DITH-20-022293 de 22 de octubre de 2020, por medio del cual la entidad
demandada le negó el reajuste y pago de la “asignación básica, prima
especial, prestaciones sociales, cesantías y aportes a seguridad social”.

1
Samai-expediente digital 002.

2

Número interno: 7169-2023
Demandante: Carlos Iván Plazas Herrera
Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

Acto administrativo ficto negativo producto del silencio de la Administración
ante la falta de respuesta a la petición elevada el 3 de diciembre de 2020,
relativa al reajuste salarial y prestacional citado.

También solicita que se declare “la primacía constitucional, por vía de la
excepción de inconstitucionalidad del Decreto 62 de 1986, artículo 12, literal
a); Decreto 156 de 1987, artículo 17, literal a); Decreto 90 de 1988, artículo 30,
literal a); Decreto 10 de 1989, artículo 22, literal a); Decreto 100 de 1991,
artículo 19, literal a); Decreto 42 de 1994, artículo 25, literal a); Decreto 25 de
1995, artículo 17, literal a); Decreto 10 de 1996, artículo 20, literal a); Decreto
31 de 1997, artículo 19, literal a); Decreto 40 de 1998, artículo 20, literal a);
Decreto 600 de 2007, artículo 19, literal a); Decreto 643 de 2008, artículo 19,
literal a); Decreto 708 de 2009, artículo 19, literal a); Decreto 1374 de 2010,
artículo 19, literal a); Decreto 1031 de 2011, artículo 19, literal a); Decreto 853
de 2012, artículo 21, literal a); Decreto 1029 de 2013, artículo 21, literal a);
Decreto 199 de 2014, artículo 21, literal a); Decreto 1101 de 2015, artículo 21,
literal a); Decreto 229 de 2016, artículo 21, literal a), Decreto 999 de 2017,
artículo 21, literal a) y el Decreto 330 de 2018, artículo 21 literal a), normas
que resultan contrarias a los artículos 14, 43, 48, 53 de la Constitución
Política”.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la Entidad
demandada (i) a reconocer y pagar el reajuste de la asignación básica en el
mismo porcentaje ordenado para los servidores públicos de nivel nacional; (ii)
pagar el incremento de la prima especial contenida en el Decreto 2348 de 2014
en los porcentajes que se reajustó la asignación básica, conforme los Decretos
1101 de 2015 (4,66%), 229 de 2016 (7,77%), 999 de 2017 (6,75%) y 330 de
2018 (5,09%); (iii) pagar el mayor valor en las prestaciones sociales que causó
por los periodos de 1986 a 1991, 1994 a 1998, 2007 a 2009 y 2015 hasta 2018,
tales como: primas de servicios, vacaciones, navidad, costo de vida y de
instalación y menaje de traslado al exterior, bonificaciones especial de
recreación y por servicios prestados, cesantías, intereses sobre las mismas,
vacaciones, viáticos y menaje de regreso; (iv) a pagar los intereses de mora
sobre el incremento de la asignación básica y las prestaciones sociales; (v) a

3

Número interno: 7169-2023
Demandante: Carlos Iván Plazas Herrera
Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

pagar el mayor valor en el monto de los aportes pensionales, y los intereses
moratorios, con destino a la Administradora Colombiana de Pensiones; (vi)
que se le liquiden y paguen las condenas antes mencionadas, “teniendo en
cuenta los multiplicadores de costo de vida establecidos por la Organización
de las Naciones Unidas mediante la “Circular Consolidada de Ajuste por
Destino”, que debe ser empleados para liquidarlas, así como para liquidar la
prima de costo de vida en dólares de los Estados Unidos, pagados a mi
representada durante la vigencia de su relación laboral en el Exterior o en
subsidio la tasa de cambio del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica
que resulte aplicable y certificada por el Banco de la República”; y (vii) al pago
de las costas y agencias en derecho.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:

Destacó que, fue nombrado por el ente ministerial para prestar sus servicios
en el exterior desde 1986, en diferentes cargos.

Refirió que, fue retirado del servicio por acto administrativo en el que se le
concedió un plazo de 2 meses para dejar el cargo y retornar al país, por lo
tanto, prestó sus servicios hasta el 28 de febrero de 2018.

Resaltó que, el Gobierno Nacional estableció las escalas de aumento de la
asignación básica salarial para los servidores del orden nacional, entre ellos
los vinculados a los ministerios, entre los años 2013 y 2018. Empero, tales
decretos prevén que, salvo disposición en contrario, no son aplicables a los
empleados públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan sus
servicios en el exterior, por lo cual los aumentos no le fueron aplicados y el
Gobierno no expidió norma especial para reajustar la asignación básica de los
empleos asignados a las Embajadas, Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares en el Exterior, distinta a lo previsto en el Decreto 2348 de 2014.

Sostuvo que, la prima especial del personal del servicio exterior del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, se aumentó anualmente conforme a los
Decretos expedidos por el Gobierno Nacional.

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Número interno: 7169-2023
Demandante: Carlos Iván Plazas Herrera
Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

Por consiguiente, el 30 de julio de 2020 radicó reclamación ante el Ministerio
demandado a fin de que le fuera incrementada la asignación básica y la prima
especial prevista en el Decreto 2348 de 2014, pedimento que fue negado por
Oficio S-DITH-20-022293 de 22 de octubre de 2020, sin conceder recurso
contra la decisión adoptada.

Refirió que, el 3 de diciembre de 2020 nuevamente pidió a la entidad
demandada el reconocimiento y pago del reajuste de la asignación básica, “en
la misma forma como se incrementó a los servidores públicos del Nivel
Nacional y se reliquiden las demás prestaciones”; petición que no fue atendida.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Considera como normas infringidas los Decretos 2348 de 2014, 1053 de 2011,
833 de 2012, 1008 de 2013, 1117 de 2015, 235 de 2016, 1004 de 2017, 314
de 2018, 1023 de 2019 y 304 de 2020.

Al desarrollar el concepto de violación indicó que, los actos administrativos
enjuiciados adolecen de falsa motivación, toda vez que el ministerio accionado
negó el incremento salarial y prestacional desde 1986, al sostener que dicha
competencia radica en el Gobierno Nacional y durante el tiempo que el
accionante estuvo vinculado en la Entidad no emitió decreto que ordenara el
reajuste de la asignación básica y de la prima especial para el personal que
laborara en el exterior. Luego, tal respuesta denota una discriminación frente
a los demás empleados, en la medida que, les aumenta de forma anual su
salario, como ocurre con los servidores del Nivel Nacional y los empleados
públicos que continuaron ejerciendo un cargo perteneciente al Nivel Ejecutivo.

Indicó que, tanto la Constitución Política como los Convenios de la OIT,
incorporan el principio de igualdad en remuneración para los trabajadores, de
forma que al actor le asiste el derecho al incremento de su asignación y de las
prestaciones sociales, tal como ocurre con los demás sectores, aspecto que
ha sido objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional frente al
postulado de “trabajo igual salario igual”.

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Número interno: 7169-2023
Demandante: Carlos Iván Plazas Herrera
Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

Adujo que, la entidad demandada trasgrede el “derecho al incremento salarial
y prestacional” que le asiste al actor, por cuanto menoscaba la movilidad del
salario, que fue desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia T-345
de 2007, en la que se precisó que en la relación laboral se debe tener en
cuenta el artículo 53 de la Constitución Política “atendiendo a la necesidad de
mantener el poder adquisitivo de la remuneración salarial, dado que ésta
permite a los trabajadores acceder y mantener unas condiciones dignas de
vida” y que previamente se analizó en las sentencias SU-599 de 1995, SU-
995 de 1999 y C-1064 de 2001, entre otras.

En suma, que los artículos 2 y 4 de la Ley 4 de 1992 obligan al Gobierno
Nacional a modificar anualmente el sistema salarial, de modo que, la exclusión
del personal de la Cartera Ministerial, que presta sus servicios en el exterior
en los decretos que expide anualmente, vulnera dicho mandato legal y
deteriora el salario que percibió el actor.

Por consiguiente, solicita dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad
de los artículos contenidos en los decretos que determina el incremento
salarial de los empleados públicos del Nivel Nacional, que exceptúan su
aplicación a los servidores exteriores, al consagrar un trato discriminatorio al
demandante, toda vez que no podía ser privado del incremento anual de su
asignación básica y de las prestaciones sociales.

2. Contestación de la demanda

La Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores mediante apoderado
judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que 2:

El Decreto 2348 de 2014, contiene el régimen salarial y prestacional por el que
se rige el demandante, el cual difiere del establecido para el personal de planta
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Indicó que, la Ley 4 de 1992 estableció que al Gobierno Nacional le compete
fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama

2
Samai-expediente digital 002.

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Número interno: 7169-2023
Demandante: Carlos Iván Plazas Herrera
Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

Ejecutiva Nacional, dentro de los cuales se encuentra el personal del Ministerio
de Relaciones Exteriores; y, por ende, el Ejecutivo en cada vigencia expide el
decreto que establece la remuneración de los funcionarios diplomáticos,
consulares y administrativos del servicio exterior.
Destacó que, en un caso que guarda simetría con el aquí abordado, el Consejo
de Estado en sentencia proferida en el proceso No. 25-000-232-5000-2012-
00122-01 precisó que la Cartera Ministerial «no tiene competencia alguna o
responsabilidad por los presuntos derechos vulnerados a no establecer un
incremento o reajuste salarial solicitado por el demandante».

Precisó que, “la prima especial creada en pesos colombianos por el Decreto
3357 del 7 de septiembre de 2009 “Por el cual se dictan normas sobre el
Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos diplomáticos,
consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores y se
dictan otras disposiciones”, fue reajustada por el Gobierno Nacional para las
vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, por
lo tanto, en el lapso en que estuvo vinculada bajo los Decretos 3357 de 2009
y 2348 de 2014 se le pagó ese concepto con base en los Decretos 3357 de
2009, 1491 de 2010, 1053 de 2011, 0833 de 2012, 1008 de 2013, 178 de 2014,
1117 de 2015, 235 de 2016, 1004 de 2017, 314 de 2018 y 1023 de 2019”.

Refirió que, el artículo 5 del Decreto 2348 de 2014 creó una prima especial en
dólares para los servidores del Ministerio que presten sus servicios en el
exterior, la cual constituye factor salarial para todos sus efectos, disposición
que determinó que el incremento anual sería expedido por el Gobierno
Nacional. Empero, para las vigencias comprendidas entre el 2015 y 2019, no
se emitió decreto en tal sentido.

Sostuvo que, no es procedente en el sub examine tener en cuenta los decretos
que rigen al personal interno de la Entidad; dado que, los artículos que
establecen la excepción de su aplicación a los servidores exteriores no han
sido declarados inconstitucionales. Amén de que, tales disposiciones regulan
a un grupo de trabajadores con denominación, funciones, asignación salarial
y prestacional disímil a la que ostentó el actor; por lo que, no se puede predicar

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Número interno: 7169-2023
Demandante: Carlos Iván Plazas Herrera
Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

que estemos ante sujetos iguales, ya que los servicios se prestan en
ubicaciones geográficas diferentes y bajo condiciones de vida distintas a las
del país, de forma que, es necesaria una diferenciación en los regímenes.

Propuso los medios exceptivos que denominó “inepta demanda por indebido
(…) agotamiento de requisito de procedibilidad”; “inepta demanda por indebida
escogencia de la acción”; “falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
de la cuarta pretensión”; “prescripción del derecho para reclamar reliquidación
de salarios y demás emolumentos salariales”; “cumplimiento de un deber legal
por parte de la administración”; “especialidad del servicio exterior” y
“Genérica”.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca por sentencia de 12 de septiembre
de 2023 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que3:

Advirtió que, el aumento del salario del personal exterior lo determina el
Gobierno Nacional conforme a la situación económica del territorio donde el
servidor ejerce sus funciones, toda vez que las cifras de inflación de Colombia
no constituyen un factor que impacte su economía al no residir en esta Nación;
por ende, en el país receptor deben presentarse variaciones que afecten el
poder adquisitivo de su remuneración, pues en el caso que no se altere el
costo de vida, es posible que la asignación se mantenga constante en años
siguientes.

Precisó que, de conformidad con la certificación expedida por el Coordinador
del Grupo Interno de Trabajo de Nómina del Ministerio de Relaciones
Exteriores y de los actos administrativos de nombramiento, el demandante
prestó sus servicios en las plantas interna y externa de la Entidad.

Adujo que, la controversia gira en torno a los períodos que laboró el señor
Plazas Herrera en planta externa:

3
Samai-gestión otros despachos-índice 002.

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Número interno: 7169-2023
Demandante: Carlos Iván Plazas Herrera
Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

NOMBRAMIENTO CARGO INICIO TERMINACIÓN

Segundo Secretario
Grado Ocupacional 2 EX
Decreto 1432 de
Embajada de Colombia 30 de junio de 1986 21 de agosto de 1991
1986
ante el Gobierno de Costa
Rica
Segundo secretario
Grado Ocupacional 2 EX
Decreto 1329 de 1 de noviembre de
Embajada de Colombia 12 de enero de 1997
1995 1995
ante el Gobierno de
Guatemala
Ministro Consejero
Grado Ocupacional 5 EX
Decreto 2213 de Adscrito en la Embajada de
13 de enero de 1997 4 de octubre de 1998
1996 Colombia ante el Gobierno
de Perú
Ministro Plenipotenciario
Grado Ocupacional 6 EX
Adscrito en la Misión
Decreto 2323 de Permanente de Colombia 30 de septiembre de
10 de agosto de 2007
2007 ante la Organización de los 2009
Estados Americanos -
OEA- en Washington
Ministro Plenipotenciario
Código 0074, grado 22
Planta global del Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Decreto 4155 de adscrito a la Misión
1 de octubre de 2009 14 de junio de 2012
2009 Permanente de Colombia
ante la Organización de los
Estados Americanos OEA-,
con sede en Washington,
Estados Unidos de América
Ministro Consejero, Código
1014, Grado 13 Misión
Permanente de Colombia
Decreto 2569 de ante la Organización de los 12 de diciembre de 28 de febrero de 2018
2013 Estados Americanos OEA- 2013
con sede en Washington
Estados Unidos de América

Indicó que, para las vigencias 1986 a 1988 y 1990 en las cuales el actor prestó
sus servicios en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Costa Rica
(Segundo Secretario – Grado Ocupacional 2EX), la asignación básica que
percibió se incrementó conforme a los Decretos 99 de 1986, 200 de 1987, 123
de 1988 y 62 de 1990, en los siguientes porcentajes:

DISPOSICIÓN AUMENTO FECHA INICIO
Decreto 99 de 1986 3% 1 de enero de 1986
Decreto 200 de 1987 2% 1 de enero de 1987
Decreto 123 de 1988 3% 1 de enero de 1988
Decreto 62 de 1990 3% 1 de enero de 1990

9

Número interno: 7169-2023
Demandante: Carlos Iván Plazas Herrera
Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

Destacó que, en el referido periodo la asignación básica del demandante se
pagó en dólares, de la siguiente forma:

ASIGNACIÓN BÁSICA DÓLARES
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
MES
1986 1987 1988 1989 1990 1991
ENERO 1.859,56 1.915,34 1.915,34 1.972,80 1.972,80
DICIEMBRE 1.823,10 1.859,56 1.915,34 1.915,34 1.972,80

Por lo anterior, el salario del demandante se mantuvo estático en 1989 y 1991;
por lo que, al no existir variación ostensible que demuestre un detrimento del
dólar (moneda en que causó su remuneración), frente a la divisa del país
donde prestó la labor, era posible que se extendieran en el tiempo los decretos
de la vigencia anterior, para fijar los salarios de los años siguientes.

Señaló que, respecto a las anualidades de 1995 a 1998 y por el periodo del 10
de agosto de 2007 al 30 de septiembre de 2009 (tiempo que el actor laboró en
las Delegaciones Permanentes y Consulados de Guatemala, Perú y Estados
Unidos con sede en Washington), la remuneración que devengó, de
conformidad con los Decretos 92 de 1995, 53 de 1996, 62 de 1997, 42 de 1998
y 2078 de 2004, es como se indica a continuación:

PAÍS DONDE ESCALA DE
PRESTÓ EL REMUNERACIÓN SALARIO
PERIODO CARGO
SERVICIO Norma Asignación DEVENGADO
Decreto 92 de 3.200 3.200 dólares
Segundo 1995 dólares
Embajada de 1 de noviembre
Secretario,
Colombia ante de 1995 al 12 Decreto 53 de 3.200 3.200 dólares
Grado
el Gobierno de de enero de 1996 dólares
Ocupacional 2
Guatemala 1997 Decreto 62 de 3.200 3.200 dólares
EX
1997 dólares
Embajada de 13 de enero de Decreto 62 de 4.800 4.800 dólares
Colombia ante 1997 al 4 de Ministro 1997 dólares
el Gobierno de octubre de 1998 Consejero 5 EX Decreto 42 de 4.800 4.800 dólares
Perú 1998 dólares
Misión
Permanente
de Colombia 10 de agosto de Ministro
ante la 2007 al Plenipotenciario,
Decreto 2078 de 5.510,00 5.510,00
Organización 30 de Grado
2004 dólares dólares
de los Estados septiembre de Ocupacional 6
Americanos - 2009 EX
OEA- en
Washington

10

Número interno: 7169-2023
Demandante: Carlos Iván Plazas Herrera
Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

Por lo tanto, no es procedente que la asignación del demandante se
incremente con sujeción a la situación económica de este país, como
tampoco inciden los ajustes que se fijen para los servidores que prestan su
labor en la Nación, toda vez que no presenta identidad respecto al costo de
vida de la sede donde el funcionario desarrolló sus labores.

Refirió que, del 1 de octubre de 2009 al 14 de junio de 2012 (tiempo en que el
actor prestó sus servicios en el exterior en el cargo de Ministro
Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22), y del (12 de diciembre de 2013 al
31 de diciembre de 2014, que laboró en el empleo de Ministro Consejero,
Código 1014, Grado 13), se regía por lo dispuesto en el Decreto 3357 de 2009,
que estableció el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos del
Ministerio de Relaciones Exteriores, pues manifestó su voluntad de acogerse
a dicho régimen. Luego, para tales vigencias al accionante le resultaban
aplicables los Decretos 708 de 2009, 1374 de 2010, 1031 de 2011, 853 de
2012, 3357 de 2009, 1029 de 2013 y 199 de 2014,

Resaltó que, a partir del 1 de enero de 2015 hasta el 28 de febrero de 2018,
Carlos Iván Plazas Herrera estuvo cobijado por el Decreto 2348 de 20144, “por
el cual se estableció el régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos de la Cartera Ministerial que presta sus servicios en el exterior”, pues
mediante escrito de 4 de diciembre de 2014 manifestó su decisión “libre y
voluntaria” de acogerse a este régimen, en los términos establecidos en el
artículo 9 ejusdem. Por ende, de conformidad con el Decreto 2348 de 2014 la
asignación básica se tasó en dólares y obedece al monto de USD 2.972, el
cual percibió en dicho período de forma constante.

Iteró que, era procedente que la remuneración que el Gobierno Nacional
estableció para la asignación básica y la prima especial en los años 2015 y
2018 permaneciera fija. Ello, por cuanto, el actor las percibió en dólares
(moneda del país donde prestó su labor), pues se encontraba en Misión
Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos -
OEA-, con sede en Washington, Estados Unidos de América, sin que la parte

4
Entró en vigencia el 20 de noviembre de 2014.

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Número interno: 7169-2023
Demandante: Carlos Iván Plazas Herrera
Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

demandante acreditara “un alza generalizada en el precio de los bienes y
servicios” que justificara el incremento de dichos factores.

En tal sentido, consideró que no le asiste razón a la parte actora al sostener
que la exclusión del personal de la Cartera Ministerial que presta sus servicios
en el exterior de los decretos que se expiden anualmente para el nivel nacional
le impidió mantener el poder adquisitivo de su remuneración, pues tal como lo
destacó el Consejo de Estado en sentencia del 30 de enero de 2020, no existe
coincidencia entre la economía del país sede frente a la colombiana, por lo
tanto, la prima especial podía conservar su valor material.

Ahora bien, frente a la excepción de inconstitucionalidad de los artículos
contenidos en los decretos que determina el incremento salarial de los
empleados públicos del nivel nacional (que exceptúan su aplicación a los
servidores exteriores), expresó que no existe fundamento jurídicamente válido
que permita afirmar que el reajuste de los salarios que devengó el actor en
dólares debe sujetarse a los decretos que de forma anual se expiden para los
servidores de la Rama Ejecutiva del orden nacional, en virtud del derecho a la
igualdad, pues cada grupo de individuos se encuentra en situaciones de hecho
y de derecho totalmente diferentes.

Amén de que, es constitucionalmente razonable que se establezca un trato
diferenciado para el reajuste de las asignaciones de los servidores que prestan
sus servicios en la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores frente
a quienes laboran en el exterior, habida cuenta que ello desarrolla los
principios de progresividad y equidad.

Por lo que, no es cierto que se esté frente a una inconstitucionalidad de los
artículos que exceptúan la aplicación a los servidores que prestan sus
servicios en el exterior de los decretos que para cada vigencia incrementan
los salarios de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, pues la
competencia para establecer el aumento anual radica en el Gobierno Nacional,
el cual debe atender a variables y factores de tipo económico y social del país
receptor.

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Número interno: 7169-2023
Demandante: Carlos Iván Plazas Herrera
Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

Concluyó que, conforme a los precedentes de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado los servidores públicos ostentan el derecho a mantener el
poder adquisitivo de su asignación. No obstante, la movilidad del salario no
es absoluta, pues los aumentos de las escalas superiores no presentan
identidad frente a quienes tienen niveles de ingreso inferior. Es así que la
economía del país impacta de forma independiente a cada grupo.

Aunado a que, para el personal exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores
el aumento del salario se sujeta a la situación económica del territorio donde
el servidor presta su labor, en la medida que la inflación de Colombia no
impacta la economía del país sede; por lo que, de no alterarse el costo de vida
en ese otro país, es viable jurídicamente que se mantenga el valor del salario;
y siendo ello así, no le asiste el derecho al incremento reclamado.

En suma; y si bien, su remuneración permaneció estática por algunos periodos
antes identificados; lo cierto es que, no se evidencia un detrimento respecto a
la moneda en que se causó la remuneración (dólar) en los países donde se
prestó la labor.

No condenó en costas a la demandante.

4. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante, disiente de
la sentencia atacada, y sustenta el recurso de alzada al considerar que5:

Resulta viable realizar el juicio de igualdad, tanto con los miembros del servicio
exterior con remuneración en pesos con la misma denominación de cargo,
grado y código, como queda dicho por la multiplicidad de empleos previstos
para los Despachos de los Jefes de Misión Diplomáticos y Oficinas Consulares
y de la planta global antes mencionada, así como con los servidores públicos
de la rama ejecutiva del orden nacional, ya que precisamente el incremento
salarial de los primeros, con régimen de remuneración en pesos, se realiza
conforme a lo que suceda con los segundos. Es por ello por lo que dicho
parámetro de comparación es válido tanto con los servidores del servicio

5
Samai-expediente digital-índice 002.

13

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externo, como con los servidores de la rama ejecutiva del orden nacional, tal
como se peticionó.

Alegó que, el argumento expuesto por el a quo para considerar inviable la
comparación con los servidores públicos del orden nacional (diferenciación del
cargo), no es de recibo; dado que, el servicio en la rama ejecutiva del orden
nacional también se encuentra integrado por una multiplicidad de cargos
diferentes. Por consiguiente, el incremento decretado por el Gobierno
Nacional obedece al fenómeno inflacionario registrado en el país y que
afectaba la capacidad adquisitiva de los salarios de todos los trabajadores al
servicio del Estado.

Sostuvo que, resulta clara la omisión del Estado en cabeza del funcionario
competente de no haber reajustado dicha prestación, perjudicando los
derechos laborales de su representada y los demás servidores del servicio
exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Máxime que, es un
argumento que no hace más que revictimizarlos.

5. Trámite del recurso Ley 2080 de 2021

Por auto de 22 de marzo de 20246, este Despacho admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de
conclusión. No obstante, la parte accionada alegó de conclusión y reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

6. El Ministerio Público guardó silencio7.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

6
Samai-índice 004.
7
Samai índice 009.

14

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La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal que negó
las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, se determinará si (i) Carlos Iván Plazas Herrera tiene derecho
al reajuste de los emolumentos de “asignación básica, primas de servicios,
vacaciones, navidad, costo de vida y de instalación y menaje de traslado al
exterior, bonificaciones especial de recreación y por servicios prestados,
cesantías, intereses sobre las mismas, vacaciones, viáticos y menaje de
regreso” devengados durante su vinculación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en el mismo porcentaje que le fue reajustado a los servidores
públicos, conforme a los Decretos 1101 de 2015, 229 de 2016, 999 de 2017 y
330 de 2018; (ii) sí tiene derecho a que dichas prestaciones sean reliquidadas,
de conformidad con el incremento de la asignación básica y prima especial; y
(iii) si la condena debe pagarse teniendo en cuenta los multiplicadores de
costo de vida establecidos por la ONU o en subsidio la tasa de cambio de dólar
de los Estados Unidos de Norteamérica certificada por el Banco de la
República.

Con el fin de desatar los problemas jurídicos se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo; 2.2.2 Hechos relevantes probados; y 2.3
Caso concreto.

2.2.1. Marco normativo

Servicio exterior colombiano

La Ley 573 de 2000 revistió al presidente de la República de facultades
extraordinarias para expedir una serie de normas con fuerza de ley a través
de las cuales regulara, entre otras materias, el servicio exterior, su personal

15

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de apoyo, la carrera diplomática y consular, y en general todos los asuntos
relativos a su régimen de personal8.

Así, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 274 de 2000 “Por el cual se
regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”.
El artículo 3 de esta norma define el servicio exterior como una actividad a
través de la cual se desarrolla la política exterior de Colombia, dentro o fuera
de su territorio, con dos propósitos, a saber (i) lograr la representación de los
intereses estatales y (ii) velar por la protección y asistencia de los colombianos
en el exterior; labores cuya administración corresponde al Ministerio de
Relaciones Exteriores.

También, el artículo 4 consagró “PRINCIPIOS RECTORES. Además de los
principios consagrados en la Constitución Política y en concordancia con
éstos, son principios orientadores de la Función Pública en el servicio exterior
y de la Carrera Diplomática y Consular”; entre otros, “(…) 7. Especialidad.
Cumplimiento de requisitos y condiciones derivados de las particulares
características de la prestación del servicio en desarrollo de la política
internacional del Estado, a fin de garantizar la ejecución de las funciones
asignadas y de las gestiones encomendadas con la dignidad, el decoro, el
conocimiento y el liderazgo que dicha particularidad requiere (…)”.

En desarrollo de tal principio, se previeron condiciones especiales para los
funcionarios que integran la planta externa, como pasajes y viáticos por
desplazamiento al exterior y de regreso al país “prima de instalación;
transporte de menaje doméstico y vivienda para embajadores 8”. Empero, el
artículo 62 parágrafo 3 señala que “(…) No tendrá derecho a los beneficios a
que se refiere este artículo, en lo pertinente, quien reside en el país de destino”.

Igualmente, el canon 88 ibidem, instituye que los funcionarios de apoyo en el
exterior que residan o sean nacionales del país de la misión diplomática, se
encuentran sometidos a condiciones especiales, y se exceptúan de lo

8
Así lo dispone 1.6 de la Ley 573 de 2000.

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dispuesto en los artículos 62 a 68 y 79 a 82, ya que “la relación laboral se
regulará por las leyes de dicho país receptor”.

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-616 de 1996 precisó que
“(…) encuentra plena justificación en la naturaleza especial que comporta el
servicio exterior; este servicio público satisface las necesidades propias de las
relaciones internacionales de la Nación y como tal exige para su prestación un
cuerpo de funcionarios altamente calificados en las materias relativas a la
política exterior de la República (…)”.

Tal postura vino hacer reiterada por esa Corporación en la sentencia C-173 de
2004, al decir que, el servicio exterior es la actividad administrada por el
Misterio de Relaciones Exteriores “basada en especificidades, pues se trata
también de una función muy particular. Las particularidades de este servicio y
la protección a sus funcionarios se manifiesta de diversas formas, entre ellas
las propias de la seguridad social”; en atención de ello, esa misma providencia
precisó, que las cotizaciones para pensión debían realizarse tomando la
asignación que corresponde al cargo que realmente desempeñan, y no con el
salario que corresponda a un cargo equivalente en la planta interna.

De igual forma, el Consejo de Estado al ocuparse de asuntos que guardan
simetría con el aquí abordado, ha sostenido que9: “(…) las particularidades
del servicio exterior hacen que se encuentre sometido a unas reglas
especiales que difieren de aquellas que integran el régimen común de la
función pública”; y en tal sentido, dispuso un trato salarial, prestacional y de
seguridad social diferenciado entre el personal de la planta interna del
Ministerio de Relaciones Exteriores y el de su planta externa, ya que a estos
últimos se les paga su remuneración en moneda extranjera “y, por ello, suele
ser superior al ingreso que reporta el personal de la planta interna en pesos
colombianos”.

9
Radicado: 25000-23-25-000-2012-00122-01 (4370-16), de 30 de enero de 2020. MP. William Hernández Gómez.

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Competencia para la fijación de los salarios del personal del servicio
exterior colombiano.

El artículo 150 en el literal e) del numeral 19 de la Carta Superior consagra la
facultad del Congreso para la fijación del régimen salarial y prestacional del
personal de los empleados públicos así:

“ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio
de ellas ejerce las siguientes funciones:

(...)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellos los objetivos y criterios a
los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(...)

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de
los miembros del Congreso Nacional, y de la Fuerza Pública;

(...)” (Negrillas de la Sala de Subsección).

Consecuente con lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de
1992, en la que señaló las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, al igual que las prestaciones sociales de los trabajadores
oficiales. El artículo 1 literal a) de dicha ley previó que este último se encargaría
de definir la normativa en cuestión para los empleados de la rama ejecutiva
nacional, con independencia de su sector, denominación o del régimen jurídico
al que estuvieren sometidos.

Así mismo, el artículo 5 de dicha norma estableció unas reglas especiales por
las que debe regirse el Gobierno Nacional a la hora de determinar los salarios
del personal del servicio exterior colombiano, señalando al respecto que:

“(…) ARTÍCULO 5. En el caso de los funcionarios del servicio exterior, el
Gobierno Nacional fijará la remuneración mensual en dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica.

Para la determinación de la prima de costo de vida únicamente se tendrá en
cuenta ese factor, el cual no podrá considerarse para ningún otro efecto.

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PARÁGRAFO. No obstante lo dispuesto en este artículo, cuando existan
condiciones especiales, el Gobierno Nacional podrá fijar la asignación
mensual en monedas diferentes al dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica, previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica
y Social, Conpes.

De la misma manera, el Gobierno Nacional podrá establecer primas
especiales de gestión y representación en embajadas que el Gobierno
Nacional determine (…)” (subraya de la Sala de Subsección)

Puestas, así las cosas, es plausible concluir que la fijación de los salarios del
personal del servicio externo colombiano es de carácter especial, y por ello
difiere de aquella que realiza el Gobierno Nacional respecto de los demás
empleos públicos.

De ahí que, el Gobierno Nacional ha fijado a los funcionarios diplomáticos,
consulares y administrativos del servicio exterior las asignaciones básicas
mensuales, la prima especial, la prima de costo de vida y gastos de
representación, entre otros, mediante los Decretos 87 de 1994; 92 de 1995;
53 de 1996; 62 de 1997; 42 de 1998, 60 de 1999; 1484 de 2001; 856 de 2002;
3547 de 2003; 2078 de 2004; 3357 de 2009 y 2348 de 2014.

Por el contrario, los Decretos 1101 de 2015; 229 de 2016; 999 de 2017; 330
de 2018; 1011 de 2019, 304 de 2020 y 961 de 2021, han determinado las
escalas salariales de los empleos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del
Estado, del orden nacional, han establecido expresamente dentro de sus
excepciones, al personal que presta servicios en la planta externa del
Ministerio de Relaciones Exteriores, verbi gracia, el Decreto 1101 de 2015, que
en su artículo 21, dispuso que “Las normas del presente Decreto no se
aplicarán, salvo disposición expresa en contrario: a. A los empleados públicos
del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan servicio en el exterior (…)”.

Al respecto, el Consejo de Estado10 conoció la demanda en la que se pidió la
nulidad de los “Decretos 53 de 1996, 62 de 1997, 42 de 1998, 60 de 1999,
1484 y 2046 de 2001, 195 de 2002, 3547 de 2003 y 2078 de 2004, expedidos

10
Radicado: 110010325000200400219-01(4580-04), de 25 de enero de 2007. MP Ana Margarita Olaya Forero.

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por el Presidente de la República para fijar las asignaciones básicas
mensuales, la prima de costo de vida, el subsidio por dependientes, los gastos
de representación y dictar otras disposiciones en materia salarial para los
funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos del servicio exterior de
la República de Colombia, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992”, de la cual se
extrae lo siguiente:

“(…)

En dicha proyección, debe adicionarse que del texto del parágrafo del
artículo 5º de la Ley 4ª de 1992, no puede entenderse, como lo hace la parte
actora, que el concepto previo del Consejo Nacional de Política Económica
y Social “CONPES” lo requiera el Gobierno Nacional año por año para
establecer en moneda diferente al dólar americano las asignaciones
mensuales básicas de los funcionarios del servicio exterior, pues, el mismo
señala “cuando existan condiciones especiales”, que dependen de la
evolución y afectación de la economía global, con incidencia en las
diferentes monedas que juegan papel preponderante en cada uno de los
continentes o en cada una de las regiones del orbe en que el Estado
Colombiano tiene delegaciones diplomáticas.

Teniendo la economía global una dinámica propia, resulta equivocado
pretender que sus variaciones coincidan con los años fiscales del Estado
Colombiano; de donde deviene que un documento CONPES, si no se dan
variaciones atendibles en el cambio de las monedas de determinado sector
del orbe, pueda servir de base en más de un año para señalar la asignación
mensual de los funcionarios del servicio exterior.

(…)”

Visto lo anterior, y de conformidad con los precedentes jurisprudenciales, esta
Subsección destaca que la fijación de los salarios del personal del servicio
externo es de carácter especial y difiere de la establecida respecto de los
demás empleos públicos, y que el ejercicio de la competencia “no puede ser
ajeno a la situación económica global ni a la de los países involucrados pues,
como señala su parágrafo, en los casos en que se presenten condiciones
especiales, previamente acreditadas mediante concepto emitido por el
Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, es factible que el
gobierno determine que los salarios de personal del servicio externo se debe
pagar en una divisa diferente al dólar”.

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Derecho a la movilidad

Al respecto, frente al poder adquisitivo del salario la Corte Constitucional se ha
pronunciado, entre otras11, en la sentencia C-1433 de 2000 y ha expresado lo
siguiente:

“(…)
2.6. La persona natural que pone a disposición de un empleador su fuerza
laboral, al paso que cumple con una función social, persigue como interés
particular una retribución económica por la prestación del servicio, que no
solamente debe representar el equivalente al valor del trabajo, sino que
debe ser proporcional a la necesidad de asegurar su existencia material y la
de su familia, en condiciones dignas y justas, que serán las que le permitan
subsistir adecuada y decorosamente. Por esta razón, la remuneración debe
asegurar un mínimo vital, como lo ha entendido la jurisprudencia de esta
Corte12 y, además, ser móvil, de modo que siempre guarde equivalencia con
el precio del trabajo.
Esta equivalencia debe ser real y permanente, y conseguirla supone
necesariamente mantener actualizado el valor del salario, ajustándolo
periódicamente en consonancia con el comportamiento de la inflación, con
el fin de contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo, y asegurar que
aquél en términos reales conserve su valor.
Estima la Corte que el ajuste del salario, desde la perspectiva señalada, no
corresponde propiamente a su incremento, pues, para que exista un
incremento en la remuneración, verdadero y efectivo, se requiere que ésta
se revise y modifique, aumentándola, luego del ajuste por inflación, teniendo
en cuenta los factores reales de carácter socioeconómico que inciden en su
determinación y, especialmente, la necesidad de asegurar el mínimo vital y
la equivalencia con lo que corresponde al valor del trabajo.
(…)”.

Postura, que fue precisada en Sentencia C-1064 de 200113 que indicó que el
derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no es
absoluto, sino limitado:

“(…)

4.2.2.2. El derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario no es
absoluto. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo real del
salario no es un derecho absoluto, como no lo es ningún derecho en un
Estado Social y Democrático[28]. La conceptualización del derecho a
mantener el poder adquisitivo real del salario como derecho limitable es un
desarrollo específico de la doctrina según la cual los derechos, incluso los

11
C-1064 de 2001 y C- 815 – 1999.
12
Sentencia SU-995/99 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
13
MM.PP Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño. Salvamento de voto de Jaime Araujo Rentería,
Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Clara Inés Vargas Hernández. Aclaración de voto de Álvaro Tafur Galvis.

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fundamentales, no son absolutos, de lo que se deriva la posibilidad de
armonizarlos para asegurar en la práctica su ejercicio efectivo.

“(…)”

De acuerdo con esto, para esta Subsección es claro, que la Corte
Constitucional, si bien es cierto, continuó con las premisas consignadas en la
Sentencia C-1433 de 2000 relacionadas con el derecho a mantener el poder
adquisitivo del salario; lo cierto es que, se apartó en lo atinente a que para fijar
el aumento salarial, las autoridades competentes no solo contaban con una
fórmula, esto es, la indexación con base en la inflación del año anterior,
comoquiera que existen otros factores como la situación real del país, las
finalidades de la política macroeconómica, la ponderación racional del gasto
público entre otras, que pueden influir en esta materia.

Finalmente, esa Corporación Constitucional en la Sentencia C-931 de 2004,
ratificó que el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo no puede ser
desconocido, y debe cumplir las limitaciones. Sobre el tema destacó que:

“(…)

A pesar de que la jurisprudencia ha dejado sentado que el derecho a
mantener el poder adquisitivo real del salario no es un derecho absoluto,
sino que antes bien por esencia es limitable, estas limitaciones deben
cumplir ciertas condiciones a las que ya se refirió la Corte en las sentencias
que anteriormente fueron comentadas, condiciones que evitan que el
derecho se diluya en las consideraciones relativas al principio de prevalencia
del interés general. Conforme a tales condicionamientos, (i) el derecho a
obtener el reajuste salarial de los servidores públicos que devengan bajos
salarios es “intangible”; (ii) en principio, el derecho de estos servidores al
reajuste anual implica que el aumento de su salario mantenga su poder
adquisitivo real, por lo cual el criterio de reajuste debe ser el del índice de
inflación; (iii) los servidores que devengan salarios medios o altos pueden
ver limitado su derecho en mayor o menor proporción, según el nivel salarial
de cada uno. En estos rangos, a mayor nivel salarial caben mayores
limitaciones y viceversa; (iv) el poder adquisitivo del salario de los servidores
públicos que devengan salarios medios o altos puede ser limitado, pero no
desconocido, “de tal forma que no es dado dejar de reconocer algún
porcentaje de aumento salarial, en términos nominales, a dichos servidores”;
(v). En los salarios medios y altos “la limitación admisible debe respetar el
principio de progresividad de tal forma que, a menor capacidad económica,
menor sea el grado de la limitación”, condición ésta que es importante para
respetar el derecho de los servidores que devengan salarios medios.

(…)”

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Con base en la jurisprudencia mencionada anteriormente, se evidencia que el
Tribunal Constitucional destacó que el mantenimiento del poder adquisitivo del
salario no es un derecho absoluto. Aunque no se puede desconocer, sí puede
ser limitado. Dado que, existen diferentes grupos de trabajadores que se
divergen por el monto de su salario, siendo algunos de ingresos mínimos y
otros con salarios mayores, la restricción a este derecho debe considerar
dichas diferencias. Es decir, respecto a los salarios bajos, el mantenimiento
del poder adquisitivo es innegable. En cuanto a los servidores que perciben
salarios medios o altos, dicho ajuste puede limitarse, pero siempre respetando
el principio de progresividad.

Sin embargo, para el caso de los empleados del servicio exterior, dada la
especialidad de su régimen prestacional y salarial, implica que no se ciñen por
las reglas establecidas para la generalidad de los servidores públicos en
cuanto al mantenimiento del poder adquisitivo, mas aún cuando su
remuneración se fija con referencia al dólar según el artículo 5 de la Ley 4 de
1992.

2.2.2. Hechos probados

Certificación de 5 de agosto de 202014 expedida por el Coordinador de GIT de
Administración de Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, que indica
que Carlos Iván Plazas Herrera estuvo vinculado al servicio de ese ente
ministerial por los siguientes periodos: (11 de octubre de 1984 hasta el 4 de
octubre de 1998); ( 23 de marzo de 1999 hasta el 14 de junio de 2012) y (12
de diciembre de 2013 hasta 28 de febrero de 2018), desempeñando como
último cargo el de Ministro Consejero, código 1014, grado 13, de la planta
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión Permanente
de Colombia ante la Organización de Estados Americanos – OEA con sede en
Washington, Estados Unidos de América (tipo de vinculación fue de Carácter
Provisional).

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Constancia laboral de 29 de julio de 202215 expedida por el Coordinador de
Nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se evidencia que el
actor percibió entre 2013 y 2018 los emolumentos de “asignación básica, prima
de costo de vida, prima especial, prima de navidad, bonificación por servicios,
prima de vacaciones, prima de servicios y bonificación de recreación”.
También, que entre 2013 y 2014 percibió dichos factores en pesos
colombianos, y entre 2015 y 2018 en dólares.

Asimismo, certificó que el régimen salarial y prestacional que regía a la
accionante durante el periodo comprendido entre el (12 de diciembre de 2013
y el 31 de diciembre de 2014) era el fijado por el Decreto 3357 de 2009; en
tanto que, entre el (1 de enero de 2015 a 28 de febrero de 2018) lo fue bajo el
amparo del Decreto 2348 de 2014.

Mediante correo electrónico de 4 de diciembre de 201416, Carlos Iván Plazas
Herrera manifestó su deseo de acogerse al régimen salarial y prestacional
señalado en el Decreto 2348 de 2014 cuyo contenido es el siguiente:

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Reclamación administrativa de 30 de julio de 2020 17 , presentada por el
accionante ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en la que solicitó el
reajuste de la asignación básica en el mismo porcentaje que fue incrementado
a los servidores públicos del orden nacional (reajuste de la prima especial y la
incidencia de los mencionados incrementos en las prestaciones sociales).

Oficio S-DITH-20-022293 de 22 de octubre de 202018 emitido por el Director
de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, negando el
pedimento anterior, al considerar que “(…) Conforme a los fundamentos
expuestos, en relación con su solicitud de reajuste de la asignación básica de
su representada en el mismo porcentaje que le fue reajustado a los servidores
públicos, durante su relación laboral con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, desde el día 11 de noviembre de 2013 hasta el 8 de febrero de
2018, de manera atenta le reitero que el Gobierno Nacional no dispuso
expresamente en el acto administrativo mediante el cual fija la remuneración
de los empleados públicos adscritos a la Rama Ejecutiva, para cada una de
dichas vigencias, el reconocimiento y pago a los servidores públicos en el
exterior de reajuste alguno de la asignación básica en los porcentajes que
determinó para los empleados de la rama ejecutiva, por el contrario, en el
artículo 21 de los Decretos 330 de 2018, 999 de 2017, 229 de 2016, 1011 de
2015,199 de 2014 y 1029 de 2013, respectivamente, consagraron la
inaplicación de dichas normas, entre otros, a los empleados públicos del
Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan servicios en el exterior, razón
por la cual no es procedente atender favorablemente su solicitud, puesto que
al Ministerio de Relaciones Exteriores no le es dable desconocer dicha
competencia privativa del ejecutivo (…)”.

Así mismo, que entre “2015 y 2018 la demandante no tuvo incremento de la
prima especial por disposición del Gobierno Nacional, lo que implica que no
tuvo incidencia en materia de aportes pensionales, como tampoco dispuso
incremento de su asignación salarial conforme al reajuste a los servidores
públicos del nivel nacional, situación que no impactó sus prestaciones

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sociales ni los beneficios contemplados en el artículo 62 del Decreto 274 de
2000, entre ellos viáticos, menaje y prima de instalación”.

Y que, “los viáticos por desplazamiento de su representada consagrados en
el artículo 62 del Decreto Ley 274, con ocasión del cumplimiento de los
Decretos 2200 del 07 de octubre de 2013 y 2059 del 16 de octubre de 2014,
fueron pagados en pesos colombianos por ser el régimen salarial vigente
para la época en que se causaron (Decreto 3357 de 2009), razón por la cual
no es procedente su solicitud de reliquidación y pago del citado beneficio con
base en la escala en dólares, que reclama”.

2.3. Caso concreto

Visto lo anterior y de conformidad con los precedentes normativos y
jurisprudenciales, en conjunto con los medios de prueba que reposan en el
plenario, se evidencia que el señor Plazas Herrera estuvo vinculado al servicio
de ese ente ministerial por los siguientes periodos: 11 de octubre de 1984
hasta el 4 de octubre de 1998; 23 de marzo de 1999 hasta el 14 de junio de
2012 y 12 de diciembre de 2013 hasta 28 de febrero de 2018, desempeñando
como último cargo el de Ministro Consejero, código 1014, grado 13, de la
planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión
Permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos – OEA
con sede en Washington, Estados Unidos de América (tipo de vinculación fue
de carácter provisional).

Así mismo, que la asignación básica que devengó desde diciembre de 2013
hasta febrero de 2018 es como se muestra a continuación:

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Condensando lo anterior, Carlos Iván Plazas Herrera considera que se le debe
ajustar la asignación básica conforme a la movilidad salarial que se designa
para los miembros de la Rama Ejecutiva, bajo el amparo de lo normado en el
artículo 53 de la Constitución Política y 4 de la Ley 4ª de 1992.

Como viene dicho, esta Subsección destaca que el servicio exterior
colombiano cuya administración está a cargo del Ministerio de Relaciones
Exteriores se encuentra regido por el principio de especialidad; esto es, que
los salarios del personal al servicio de la planta externa, no se encuentran
sujetos a las decisiones que adopta el Gobierno Nacional respecto de los
demás empleos públicos de la rama ejecutiva.

Ello, toda vez que el régimen salarial y prestacional de los empleados del ente
ministerial es una competencia exclusiva y reservada por la Constitución y la
ley al Gobierno Nacional, atendiendo para tal fin las normas generales
señaladas en la Ley 4 de 1992, con base en las cuales anualmente expide las
escalas salariales de los empleos de la Rama Ejecutiva del orden nacional,
dentro los que se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin
embargo, tales decretos excluyen expresamente de su aplicación al personal
que presta servicios en la planta externa.

Luego, es evidente que existe una especialidad en el servicio en el exterior; y
en tal sentido, el Gobierno creó un régimen especial para la remuneración de
los funcionarios que prestan su servicio en la planta externa del ministerio. En

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Número interno: 7169-2023
Demandante: Carlos Iván Plazas Herrera
Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

suma, es el mismo Gobierno Nacional quien en uso de sus facultades, realiza
los reajustes teniendo en cuenta criterios técnicos para ordenar el reajuste o
no; por lo que, bajo esta premisa el recurso de alzada carece de fundamento
en cuanto olvida la existencia del Régimen Especial aplicable al accionante,
y que a dicha normatividad se ajustó el ente ministerial demandado
sufragando sus obligaciones respecto del demandante.

Acorde con esto, no se observa prueba que acredite la pérdida del poder
adquisitivo de la remuneración recibida respecto a la situación
macroeconómica del país receptor en la que prestó los servicios diplomáticos
Carlos Iván Plazas Herrera; dado que, para establecer la movilidad del salario
debe consultarse la situación especial del trabajador en su entorno; es decir,
haber demostrado que en los países donde trabajó y gastó su salario, el mismo
ha perdido poder adquisitivo.

Con todo, la Sala considera que, si bien es cierto, se trata de un funcionario
de la planta externa que residía en el país receptor (Ministro Consejero,
código 1014, grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones
Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización
de Estados Americanos – OEA con sede en Washington, Estados Unidos de
América); lo cierto es que, las cifras de la inflación colombiana resultan ajenas
al contexto en el que aquel se desenvolvía, pues las pruebas enunciadas en
líneas atrás, no permiten acreditar que su remuneración laboral haya sufrido
una pérdida de poder adquisitivo. Máxime que, el demandante se acogió
voluntariamente al Decreto 2348 de 2014, y en tal sentido, el salario que
devengaba al cambio no mantuvo su valor, contrario sensu, aumentó año a
año, lo cual tampoco refleja un trato discriminatorio. También, que no obra
prueba que permita inferir que a los demás empleados de la planta externa
del Ministerio de Relaciones Exteriores les hubiera sido reajustado la
asignación básica y prima especial de forma diferente a la pagada al
demandante.

De ahí que, Carlos Iván Plazas Herrera no tiene derecho a que los salarios
que devengó durante su vinculación al Ministerio de Relaciones Exteriores del

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Número interno: 7169-2023
Demandante: Carlos Iván Plazas Herrera
Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

2015 al 2018, se reajusten anualmente, toda vez que no acreditó que la
remuneración percibida en tal periodo hubiese sufrido una pérdida de poder
adquisitivo de cara a la economía del país sede de la misión diplomática en
la que ocupó el cargo de Ministro Consejero, código 1014, grado 13, de la
planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión
Permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos – OEA
con sede en Washington, Estados Unidos de América

Sobre la condena en costas

No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que
dichas normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las
costas, lo cual implica examinar la actuación procesal de la parte vencida,
verificar con certeza su causación y constatar que la conducta desplegada
revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado adverso del
proceso19.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se
abstendrá de imponerlas en esta sede.

III. DECISIÓN

En atención a las anteriores consideraciones, la Sala desestima el recurso de
apelación presentado por la parte demandante; por ende, confirma la
sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

19 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-
33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 12 de
septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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