Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00621-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00621-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00621-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00621-02 (1930-2024)
Demandante: Maribel Córdoba Guerrero
Demandada: Procuraduría General de la Nación
Vinculada: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)
Tema: Nulidad del acto administrativo por infracción de las normas en que
deben fundarse, falsa motivación y violación al debido proceso.
Estructura de la responsabilidad disciplinaria. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de
la sentencia proferida el dos (2) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Maribel Córdoba Guerrero instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 31 de
enero y el 22 de septiembre de 2020 por la Procuraduría Segunda Delegada para
la Vigilancia Administrativa y por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de
la Nación, mediante las cuales fue sancionada con suspensión en el ejercicio del
cargo por el término de dos (2) meses.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene: (i) el pago de la
suma que por concepto de multa canceló a la USPEC el 5 de marzo de 2021,
equivalente a $17.289.218; (ii) que se retire el registro de la sanción disciplinaria de
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la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación; y (iii) el
pago de 50 SMLMV por concepto de perjuicios morales.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que se desempeñó como directora administrativa y financiera de la USPEC
entre el 24 de enero de 2014 y el 24 de octubre de 2016 y, en tal condición, mediante
Resolución 00084 del 7 de marzo de 2013 se le delegaron funciones para la
concesión de (i) licencias no remuneradas, previo visto bueno del jefe inmediato, (ii)
permisos remunerados por hasta 3 días, con justa causa, previo visto bueno del jefe
inmediato; y (iii) licencias por incapacidad, maternidad, paternidad o accidente de
trabajo a los funcionarios del nivel profesional, técnico y asistencial.
6. Que, en ejercicio de tales funciones, concedió a la señora Korina Elizabeth
Meza Centeno, profesional especializada de la oficina de planeación y desarrollo,
quien se encontraba en estado de embarazo (calificado como de alto riesgo) y
próxima al vencimiento de su periodo vacacional, una licencia ordinaria remunerada
por un lapso de 48 días, para lo cual se expidió la Resolución 296 del 28 de abril de
2016.
7. Afirma, que no obstante, el acto administrativo fue revocado mediante la
Resolución 374 del 19 de mayo de 2016, pues en su expedición se incurrió en una
imprecisión al citar los fundamentos de derecho, porque se hizo referencia a un
numeral de la Resolución 00084 de 2013 que no correspondía al caso concreto; de
manera que la licencia ordinaria remunerada no surtió ningún efecto.
8. Que lo anterior se informó a la Procuraduría General de la Nación, entidad
que abrió una investigación disciplinaria, en el marco de la cual, por auto del 31 de
julio de 2018 le formuló como cargo: «(…) haber concedido una ´licencia ordinaria
remunerada’ por el término de 48 días, contados a partir del 30 de abril y hasta el
16 de junio de 2016, mediante la expedición de la resolución 000296 del 28 de abril
de 2016, sin tener facultades para ello, desconociendo (sic) el procedimiento
establecido al interior de la entidad y sin contar con fundamento legal para dicha
concesión», lo que se calificó como una falta grave, ejecutada con culpa grave.
9. Que, una vez expedidos los actos sancionatorios, mediante la Resolución
000048 del 26 de enero de 2021 la USPEC la hizo efectiva, pero, como ya no
pertenecía a la entidad, fue convertida en salarios, en cuantía de $17.289.218.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Considera que los actos se expidieron con infracción de las normas en que
debían fundarse, porque desconocieron las disposiciones que definían las funciones
y competencias de la Dirección Administrativa y Financiera de la USPEC, dentro de
las que se encontraba la concesión que motivó la expedición de la Resolución 296
del 28 de abril de 2016.
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11. Que tampoco se analizaron las disposiciones que regulan la revocatoria
directa de los actos administrativos, facultad que no está concebida como una
presunción de ilicitud de los actos; y se desconocieron los postulados de la buena
fe y la confianza legítima, porque no se tuvo en cuenta el reparto y la distribución de
trabajo, en el marco del cual el acto que reconoció la licencia tuvo un control de
legalidad por parte del jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
12. Agregó que el desconocimiento de las normas en que debían fundarse
también provino de la infracción a la ley disciplinaria, pues no se configuraron los
elementos que dicho estatuto exige. Que no hubo tipicidad (porque sí tenía
competencia para otorgar la licencia y no se extralimitó en el ejercicio de sus
funciones), antijuridicidad (porque no hubo infracción sustancial de los deberes
funcionales) ni culpabilidad (en la medida en que su actuación tuvo como cometido
proteger la vida de la servidora y de su hijo).
13. Considera que se incurrió en falsa motivación, derivada de una indebida
valoración probatoria, porque en la actuación disciplinaria se acreditó que la
funcionaria Korina Centeno puso en conocimiento de la entidad su estado de salud,
pero no se le dio ningún mérito probatorio. Por el contrario, se analizó una prueba
posterior a los hechos, pues mediante un oficio del 19 de mayo de 2017 se indicó
que no existía constancia de recibo de la solicitud de licencia. Además, no se
interpretó de forma adecuada el concepto que emitió el profesional de la salud que
atendió a la funcionaria Korina Centeno.
14. Señaló que el acto que concedió la licencia fue revocado y que, por lo mismo,
no produjo ningún daño ni traumatismo al servicio prestado por la entidad, asunto
que fue dejado de lado por la Procuraduría; como también ocurrió con el concepto
emitido por el abogado José Gregorio Hernández Galindo, respecto de las razones
para otorgar la licencia a la profesional Meza Centeno.
15. Que la Procuraduría desconoció el control de constitucionalidad por vía de
excepción, que tuvo lugar al momento de motivar la concesión de la licencia en la
grave calamidad médica y la condición de embarazo de alto riesgo, situaciones que
ponían en peligro la vida e integridad de la funcionaria y de su hijo en gestación.
16. También formuló como cargo de nulidad el desconocimiento del derecho de
audiencia y de defensa, porque se valoraron las pruebas de forma contraevidente,
pues se dijo que el concepto del médico tratante era una simple «recomendación»,
no se le otorgó valor probatorio al correo electrónico mediante el cual se solicitó la
licencia y se interpretó el acto de revocatoria como el reconocimiento de un error.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
17. La demanda fue admitida el 23 de febrero de 2022 y se vinculó a la USPEC1.
Las entidades demandada y vinculada se pronunciaron en el siguiente sentido:
1 Véase archivo 23 del expediente digital. La demanda correspondió, por reparto, al Juzgado Cuarto
Administrativo de Bogotá, el cual por auto del 29 de julio de 2021 declaró la falta de competencia y ordenó su
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18. La USPEC señaló que no fue la entidad que impuso la sanción y, nada tuvo
que ver con el trámite que adelantó la Procuraduría General de la Nación. Propuso
como excepciones la inexistencia de vicios en los actos demandados y la falta de
legitimación en la causa por pasiva2.
19. La Procuraduría General de la Nación manifestó que los actos
demandados se expidieron conforme a la normativa constitucional y legal aplicable
y con la garantía de los derechos procesales y sustanciales de la disciplinada.
20. Que la demandante fue sancionada con fundamento en los artículos 34.1 y
35.1 de la Ley 734 de 2002, en armonía con los artículos 23 y 50 de la misma Ley,
porque concedió una licencia ordinaria remunerada a la señora Meza Centeno por
el término de 48 días, sin tener las facultades legales para ello y con
desconocimiento del procedimiento administrativo de la entidad para el trámite de
situaciones de esa índole.
21. Que, la revocatoria del acto dio cuenta de que la demandante, una vez se
percató de su actuación irregular, lo que hizo fue tratar de argumentar la inducción
en un error. De manera que no se configuró ni la infracción de las normas en que
debían fundarse los actos demandados ni la falsa motivación, porque se cumplieron
las exigencias de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad y las pruebas se analizaron
en debida forma.
22. Agregó que la Resolución 00084 de 2013 facultaba a la señora Córdoba
Guerrero para conceder licencias remuneradas, pero cuando se cumpliera con los
requisitos establecidos en las normas vigentes, como en el caso de la incapacidad
debidamente transcrita, situación que no se encontró acreditada, porque el
coordinador del Grupo de Administración de Personal certificó que para el 28 de
abril de 2016 no reposaba en la hoja de vida ni en la base de datos de la EPS
ninguna incapacidad de la señora Korina Meza Centeno3.
23. Por auto del 3 de marzo de 20234 se adecuó el proceso al trámite de la
sentencia anticipada. En consecuencia, se fijó el litigio, se resolvió sobre el decreto
de pruebas y se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al
Ministerio Público para que presentara su concepto, luego de lo cual se dictó
sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la demandante.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del dos (2)
de febrero de dos mil veinticuatro (2024)5, negó las pretensiones, tras concluir que
en la expedición de los actos demandados no se incurrió en ninguno de los vicios
remisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (véase archivo 7 del expediente digital). Dicha
Corporación, por auto del 6 de octubre de 2021 la inadmitió con el fin de que se acreditara el agotamiento del
requisito de procedibilidad y se realizara el envío simultáneo a la demandada (véase archivo 19 del expediente
digital).
2 Véase archivo 29 del expediente digital.
3 Véase archivo 32 del expediente digital.
4 Véase archivo 45 del expediente digital.
5 Véase archivo 71 del expediente digital.
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señalados por la demandante.
25. Respecto de la infracción de las normas en que debían fundarse los actos,
señaló que la Procuraduría General de la Nación analizó en debida forma las
disposiciones que consagraban las competencias de la demandante en su calidad
de directora administrativa y financiera de la USPEC y aquellas que regulaban lo
relativo a las situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad y, con
fundamento en ello, encontró que no tenía las facultades para expedir la Resolución
296 del 28 de abril de 2016, lo que implicó el desconocimiento de sus deberes
funcionales, a título de culpa grave.
26. Que esa decisión no implicó un desconocimiento de la buena fe y la confianza
legítima, porque la demandante tenía a cargo funciones relacionadas con la
concesión de permisos y licencias, de tal forma que la falta de diligencia en el
ejercicio de estas implicó el desconocimiento de su deber funcional, sin que el visto
bueno de la Oficina Asesora Jurídica pudiera eximirla de responsabilidad.
27. En relación con el cargo por falsa motivación, dijo que las decisiones
cuestionadas se fundaron en las pruebas que obraban en el expediente disciplinario
y que para predicar el desconocimiento del deber funcional no era necesario que la
expedición de la Resolución 296 del 28 de abril de 2016 produjera un daño a la
USPEC. También encontró que la segunda instancia disciplinaria sí valoró el
concepto del abogado Hernández Galindo, pero este no fue suficiente para
demostrar que la actuación de la demandante resultó conforme a derecho.
28. Que la autoridad disciplinaria no desconoció el control de constitucionalidad
por vía de excepción, pues lo cierto es que la situación de la señora Korina Meza
Centeno no se enmarcaba en una circunstancia de grave calamidad doméstica sino
en una condición de salud y, en ese caso, lo procedente era que se le otorgase una
incapacidad médica; además, «no se evidencia con las pruebas aportadas al
plenario la gravedad o el inminente riesgo en la vida de la funcionaria o la del bebé
que estaba por nacer», por lo cual la demandante debió acudir a los lineamientos
legales y reglamentarios para la concesión de las licencias.
29. Que, en suma, la demandada no desconoció el debido proceso, porque la
sanción impuesta se basó en el incumplimiento de los deberes y la extralimitación
en el ejercicio de las funciones de la señora Córdoba Guerrero, circunstancias que
fueron debidamente acreditadas en la actuación disciplinaria.
30. Condenó en costas a la demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
31. La demandante6 interpuso recurso de apelación, en el cual manifestó que
los derechos y principios constitucionales fueron los que inspiraron la expedición de
la Resolución 296 de 2016, la cual contó con el previo visto bueno de la Oficina
Jurídica de la USPEC, para lo cual se tuvo en cuenta que se trataba de una madre
6 Véase archivo 74 del expediente digital.
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gestante, con más de 30 semanas de un embarazo calificado como de alto riesgo,
a quien el médico le sugirió permanecer en Pasto por no contar con grupo de apoyo
en la ciudad de Bogotá.
32. Que, en todo caso, de manera posterior, se revocó dicho acto administrativo,
sin que se causara ningún efecto jurídico, novedad financiera, detrimento
patrimonial o daño formal o sustancial a la entidad.
33. Agregó que existía una condición médica de la servidora Centeno, para la
que si bien no existía un «papel», esto es, un «mero formalismo», existía una
situación humana que se debía atender con extrema urgencia. «El argumento
central de la Procuraduría Delegada, fue basado en u (sic) mero formalismo –un
papel– aspecto, que, en todo caso, posteriormente se corrigió».
34. Que la decisión apelada hace hincapié en la formalidad requerida para que a
la servidora le fuera reconocida la licencia y que inclusive se citó jurisprudencia en
torno a la grave calamidad doméstica que realmente refuerza las razones para
haber expedido la Resolución 296.
35. Insistió en que no hay elementos que acrediten que se hubiese afectado la
función pública, pues la licencia fue revocada, con lo que dejó de existir en el
ordenamiento jurídico; concesión que, en todo caso, se realizó con fundamento en
el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y, ante la grave calamidad
debidamente probada de la señora Korina Centeno, se actuó de buena fe para
salvaguardar la vida y salud de ella y de su hijo y con el previo visto bueno de la
Oficina Asesora Jurídica.
36. Que tanto el juez como la autoridad disciplinaria partieron de que la
revocatoria del acto implicó el reconocimiento de que la licencia se otorgó de forma
irregular, cuando realmente lo que se hizo fue corregir una situación que debía
precisarse, lo que, en todo caso, no tenía la entidad suficiente para afectar la función
pública.
37. Que sí contaba con la competencia para expedir la Resolución 296, asunto
que, objetivamente nunca ha estado en duda, y que su motivación fue la grave
calamidad médica y la condición de embarazo de alto riesgo, de que no se siguió
ninguna infracción sustancial del deber funcional, pues, ni siquiera existieron quejas
por parte de la señora Centeno, directamente afectada por la situación.
38. En cuanto a la falsa motivación, insistió en que las recomendaciones del
médico de la señora Centeno eran claras y que el concepto del abogado Hernández
Galindo no fue analizado en debida forma, porque su propósito era ratificar y
reforzar un hecho inobjetable que marcó su actuación, esto es, la salvaguarda de
derechos fundamentales, que estaban en situación de riesgo.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
39. El 24 de abril de 20247 fue admitido el recurso de apelación. En dicha
7 Véase índice 0004 de SAMAI.
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providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
40. La Procuraduría General de la Nación8 solicitó que se confirme la sentencia
apelada, pues la demandante no logró demostrar que en la expedición de los actos
sancionatorios se hubiese incurrido en alguna causal de nulidad, además de que se
garantizó el ejercicio del derecho de defensa y contradicción. Reiteró que nunca se
reprocharon a la señora Córdoba Guerrero las consecuencias de la expedición de
la Resolución 296, por lo que su revocatoria no resultaba relevante para efectos de
la responsabilidad disciplinaria; y que, inclusive, dicha situación, lo que evidenció
fue que la servidora, una vez se percató de la irregularidad cometida, trató de sanear
un supuesto error inducido.
41. La demandante, la USPEC y el Ministerio Público guardaron silencio.
42. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
43. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se debe revocar, porque los cargos de nulidad por
infracción de las normas en que debían fundarse los actos, falsa motivación y
desconocimiento del debido proceso no se analizaron en debida forma, pues, en
términos de la apelante, su actuación se enmarcó en las funciones asignadas, en la
necesidad de salvaguardar derechos fundamentales y, en todo caso, la decisión de
conceder una licencia remunerada se revocó con posterioridad; todo lo cual
descarta la configuración de los elementos estructurales de la responsabilidad
disciplinaria.
44. Con ese propósito, la providencia se referirá a las causales de nulidad
invocadas, a la estructura de la responsabilidad disciplinaria y abordará el caso
concreto.
Causales de nulidad de los actos administrativos
45. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
46. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
8 Véase índice 00009 de SAMAI.
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artículos 1379 y 13810 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
47. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.
48. Según lo señalado, en esta providencia se analizarán la falsa motivación, la
infracción de las normas en que debe fundarse y el desconocimiento del debido
proceso, como causales de nulidad del acto administrativo.
• Nulidad del acto administrativo por falsa motivación
49. Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la
fundamentación de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o
jurídica, sobre la cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda
estrecha relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los
hechos determinantes de la decisión administrativa11.
50. En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de
nulidad, cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres
elementos:
«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»12.
51. El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
9 Del medio de control de nulidad.
10 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
11 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-
00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-
23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00621-02 (1930-2024)
sustancialmente diferente13.
• Nulidad del acto administrativo por infracción de las normas en que debe
fundarse
52. Esta causal de nulidad, también denominada nulidad por violación del
ordenamiento superior o de la regla de derecho de fondo que se exigía para
sustentar el acto, se relaciona con los elementos que, en términos generales, debe
validarse en un acto administrativo frente a cada elemento que lo compone: las
reglas de competencia, de procedimiento, los componentes de la motivación y el
debido proceso, concretado en el derecho de audiencia y de defensa14.
53. En un sentido más estricto, esta causal de nulidad se ha entendido por esta
Corporación como la contravención directa de la norma que serviría como
fundamento al acto administrativo, lo que puede ocurrir por falta de aplicación,
aplicación indebida o interpretación errónea.
54. Lo primero, es decir, la falta de aplicación, puede suceder porque la autoridad
administrativa ignore la existencia de la norma o, a pesar de conocerla, no la aplique
a la solución del caso o crea, de manera errónea, que la norma no es aplicable al
asunto que examina.
55. La aplicación indebida tiene lugar cuando la autoridad hace valer
disposiciones que no son pertinentes para resolver asunto objeto de decisión; lo que
a su vez puede ocurrir por que i) hubo un error al seleccionar la norma por
inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra, y/o ii) porque no
se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la
hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
56. En cuanto a la interpretación errónea se ha precisado que ocurre cuando las
disposiciones que se aplican son en efecto las que regulan el asunto que se debe
decidir, pero la autoridad las entiende de manera errónea y, con esa interpretación,
las aplica. En otras palabras, es lo que ocurre cuando se asigna a una disposición
un sentido o alcance que no le corresponde15.
• Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso
57. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, es un mecanismo para proteger los derechos
de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del
Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de
cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar
afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-
00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
14 Al respecto, Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2020.
Exp. 52001-23-33-000-2015-00045-01 (3779-2017). C.P. William Hernández Gómez.
15 Cfr. Ibid. También Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de marzo de 2012. Exp. 25000-23-
27-000-2004-92271-02 (16660). C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00621-02 (1930-2024)
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico16.
58. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad
por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 17; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.
59. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del
derecho al debido proceso18 puede predicarse tanto de las providencias judiciales
como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución19.
Estructura de la responsabilidad disciplinaria
60. La Ley 734 de 2002, régimen disciplinario aplicable a la demandante, señala
en el artículo 27, que «[l]as faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en
el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos,
o por extralimitación de sus funciones». La disposición también prevé que «[c]uando
se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo,
16 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-
33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
17 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-
01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
18 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la
sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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equivale a producirlo». De esta forma, el alcance disciplinario de un comportamiento
puede provenir, en términos amplios (i) de una conducta positiva, (ii) de una
abstención o (iii) de la extralimitación en el ejercicio de las funciones20.
61. Advertido pues, que, bajo alguna de las formas señaladas, se ha incurrido en
un comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, la normativa exige
el examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.
62. El primero se refiere a que el comportamiento efectivamente se consagre en
las disposiciones aplicables como una falta disciplinaria, en virtud del principio de
legalidad del artículo 4 del Código Disciplinario Único21; el segundo exige que se
evalúe si la conducta afecta el deber funcional sin justificación alguna, lo que para
el caso concreto corresponde al alcance del artículo 5 de la Ley 734 de 2002 22; el
tercero tiene que ver con la proscripción de responsabilidad objetiva en materia
disciplinaria23 y se concreta en la exigencia de analizar si ese comportamiento que
la norma aplicable consagra como falta disciplinaria, con el cual se lesionó un deber
funcional sin justificación alguna, se ejecutó de manera dolosa o culposa.
63. Si bien las disposiciones disciplinarias del régimen aplicable a la demandante
no contienen una noción de dolo, en virtud del principio de integración normativa de
que trata el artículo 21 del Código Disciplinario Único24, es posible acudir al sentido
de dolo consagrado en el artículo 22 de la Ley 599 de 2000, según el cual «[l]a
conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la
infracción penal [entiéndase disciplinaria] y quiere su realización. También será
dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal [entiéndase
disciplinaria] ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al
azar» (corchetes fuera del texto original).
64. Por su parte, el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 contiene un
sentido para la culpa en sus formas gravísima y grave. Según esta disposición, la
culpa es gravísima cuando «(…) se incurra en falta disciplinaria por ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento» y es grave «(…) cuando se incurra en falta disciplinaria por
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a
sus actuaciones».
20 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de
2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: «El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones».
21 Ley 734 de 2002. «Artículo 4. Legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos en este
código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos
como falta en la ley vigente al momento de su realización».
22 Ley 734 de 2002. «Artículo 5. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin
justificación alguna».
23 Ley 734 de 2002. «Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplina queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa».
24 Ley 734 de 2002. «Artículo 21. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen
disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no
previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios
internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo
[hoy CPACA], Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil [hoy General del Proceso] en lo que no
contravengan la naturaleza del derecho disciplinario».
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65. En términos generales, ambas formas de culpabilidad requieren, para su
configuración, del conocimiento que el servidor público tiene acerca de cumplir
adecuadamente sus funciones y de aquellas actuaciones que le están proscritas;
sumado a ello, el dolo exige un elemento volitivo, que tiene que ver con un
direccionamiento consciente a la obtención de un resultado que contraríe los
deberes o configure una prohibición o, con la decisión de dejar librado al azar la
producción de un resultado contrario a derecho; mientras que la culpa exige validar
que con la actuación se desatendió el deber objetivo de cuidado, esto es, que,
estando un servidor público en posibilidad de conocer los deberes y prohibiciones
propios de su cargo o función, actuó de manera negligente y, en consecuencia, se
configuró la conducta disciplinable25.
Caso concreto
66. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria 26, la Sala destaca
que:
• Por auto del 26 de julio de 2016 la Procuraduría Segunda Delegada para la
Vigilancia Administrativa ordenó la apertura de una indagación preliminar en
contra de funcionarios por establecer27, con fundamento en la queja formulada
por varios integrantes del sindicado SINALPEC, quienes dieron cuenta de la
concesión de una licencia ordinaria remunerada por 48 días a una funcionaria
de la USPEC, sin que al parecer se cumpliera con los requisitos legales28.
• El 24 de marzo de 2017 se abrió investigación disciplinaria en contra de la señora
Maribel Córdoba Guerrero y otras funcionarias de la USPEC, con ocasión de las
posibles irregularidades en las que se incurrió al expedir la Resolución 000296
del 28 de abril de 2016, mediante la cual se concedió licencia remunerada por
48 días a la señora Korina Elizabeth Meza Centeno; acto administrativo que se
revocó el 19 de mayo del mismo año porque «(…) en la expedición de la
Resolución 000296 de 2016 esta Dirección Administrativa y Financiera fue
inducida en error (…)»29.
• El 31 de julio de 2018 se formuló a la demandante el siguiente cargo:
«Se reprocha a la señora MARIBEL CORDOBA GUERRERO, en su calidad de
Directora Administrativa y Financiera (sic) de la USPEC, haber concedido a la
señora KORINA ELIZABETH MEZA CENTENO una “licencia ordinaria
remunerada” por el término de 48 días, contados a partir del 30 de abril y
hasta el 16 de junio de 2016, mediante la expedición de la Resolución No. (sic)
000296 del 28 de abril de 2016, sin tener facultades para ello, desconociendo
el procedimiento establecido al interior de la Entidad y sin contar con el
fundamento legal para dicha concesión» (negrillas y mayúsculas en el texto
original).
25 Sobre el análisis del dolo y la culpa disciplinarias, cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicado 11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012). Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
26 Disponible en el archivo «31_Antecedentes administrativos.zip», del expediente digital. En adelante, se
entenderá que las referencias a los cuadernos que componen dicho expediente se ubican en esta ruta de
acceso.
27 Véanse páginas 11 a 14 del «CUADERNO 1».
28 Véanse páginas 1-2 y 19-20 del «CUADERNO 1».
29 Véanse páginas 99 a 106 del «CUADERNO 1».
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La autoridad disciplinaria determinó que con ese comportamiento se desconoció
el deber del artículo 34.1 y se incurrió en la prohibición del artículo 35.1. de la
Ley 734 de 2002, lo que implicó que, conforme al artículo 23 del mismo estatuto,
se incurriera en falta disciplinaria por extralimitación en el ejercicio de derechos
y funciones, con lo cual posiblemente se transgredió el principio de moralidad.
Se calificó provisionalmente la conducta como grave, para lo cual se aplicaron
los criterios consagrados en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, con especial
énfasis en el 1 (grado de culpabilidad) y 4 (la jerarquía y mando del servidor
público) y se definió la culpa grave como elemento subjetivo de la
responsabilidad por la inobservancia del cuidado necesario que cualquier
persona del común imprime a sus actuaciones30.
• El 31 de enero de 2020 fue declarada disciplinariamente responsable y
sancionada con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2)
meses, tras ratificar la calificación grave de la falta y la culpa gravísima como
forma de culpabilidad.
En el acto se precisó que el reproche disciplinario no comprendía las actuaciones
de la servidora posteriores al 28 de abril de 2016, pues fue en esa ocasión
cuando se incurrió en la conducta investigada; que, por el contrario, «(…) el
hecho de haber procedido (…) a revocar directamente la Resolución que había
expedido el 28 de abril de 2016, es indicativo de que dicho acto administrativo
no se ajustaba al ordenamiento jurídico, por carecer dicha servidora de la
competencia legal para otorgar este tipo de “licencias ordinarias remuneradas”».
Que la normativa interna de la USPEC la facultaba para conceder (i) licencias
no remuneradas con previo visto bueno del jefe inmediato; (ii) permisos
remunerados por hasta 3 días, con justa causa, previo visto bueno del jefe
inmediato y (iii) licencias remuneradas por incapacidad, maternidad, paternidad
o accidente de trabajo, de acuerdo con las normas vigentes a los funcionarios
del nivel profesional, técnico y asistencial. Además, mediante la Circular 00010
del 21 de abril de 2014, expedida por la misma funcionaria Córdoba Guerrero,
se dijo respecto del trámite de situaciones administrativas relacionadas con
licencias por incapacidad que «(…) toda incapacidad generada por enfermedad
o accidente de trabajo deberá ser allegada debidamente transcrita por la
respectiva EPS a la Subdirección Administrativa mediante memorando suscrito
por el Jefe Inmediato (Director, Subdirector, Jefe de Oficinal), antes del
vencimiento de la misma».
Agregó que las pruebas recaudadas no permitían exonerar a la investigada de
responsabilidad porque justamente daban cuenta de que (i) la señora Meza
Centeno fue incapacitada entre el 19 de mayo de 2016 y el 17 de junio del mismo
año, y (ii) que la USPEC debió desplegar distintas actuaciones para sortear los
efectos de la Resolución 296 de 2016 y su posterior revocatoria. Precisó que,
30 Véanse páginas 1 a 46 del «CUADERNO 2». La formulación de cargos de la demandante, en las páginas 26
a 32.
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con todo, la configuración del tipo disciplinario endilgado no requería que el acto
que concedió la licencia hubiese producido algún efecto, pues lo reprochado
constituía una falta de mera conducta.
Que la ilicitud sustancial devino del desconocimiento del principio de moralidad,
pues es claro que el ordenamiento jurídico dispone los requisitos que debe
acreditar un servidor para acceder a una licencia remunerada y su inobservancia
implicó que no se cumpliera con el procedimiento previsto en la normativa para
tal propósito y, por el contrario, se alejaba de las finalidades propias del
cumplimiento de sus deberes funcionales31.
• La anterior decisión se confirmó el 22 de septiembre de 2020 por la Sala
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. En esta ocasión, se dijo
que traer a colación la condición médica de la señora Meza Centeno no podía
ser un argumento de recibo para convalidar el comportamiento de la investigada,
pues el 27 de abril de 2016 el ginecoobstetra que atendió a la referida funcionaria
(que no pertenecía a su EPS) lo que hizo fue sugerir que permaneciera en la
ciudad de Pasto, porque «la paciente carece de acompañamiento en su ciudad
de radicación (Bogotá)».
De manera que, aunque se trataba de un embarazo de alto riesgo, en ese
momento no existía ninguna grave calamidad doméstica debidamente
comprobada, como lo exige el artículo 57.6 del Código Sustantivo del Trabajo.
En ese orden, dicha recomendación no podía recibir el tratamiento de una
incapacidad médica y, si en gracia de discusión lo fuera, debía contar con el aval
de su EPS y que no se diagnosticó ninguna situación de riesgo inminente que
no permitiera adelantar el trámite correspondiente, como finalmente lo hizo la
señora Meza Centeno cuando allegó las respectivas incapacidades por
enfermedad general.
También señaló que el hecho de revocar la Resolución 296 lo único que probaba
era que dicho acto administrativo adolecía del vicio de desviación de poder, pues
la funcionaria se arrogó una facultad que no le confería la ley ni los reglamentos
de la USPEC.
Que no se quebrantaron la buena fe ni la confianza legítima, con la decisión
sancionatoria, pues este punto se desvirtúa al tener en cuenta que fue la misma
disciplinada quien elaboró, revisó y suscribió la referida resolución, sin que el
control de legalidad del jefe de la Oficina Asesora Jurídica pudiera exonerarla de
responsabilidad, pues su conducta no constituyó un simple trámite, sino una
clara extralimitación de sus funciones y, en ese orden, «(…) para que se
configure una infracción disciplinaria no se exige que la conducta desplegada
(…) genere un resultado, esto es, que cause un resultado lesivo o dañino al
Estado, sino que se conforma con que (sic) el quebrantamiento sustancial de los
deberes funcionales encargados».
Respecto del concepto elaborado por el abogado José Gregorio Hernández
31 Véanse páginas 3 a 51 del «IUS-E-2016-171260-IUC-D-2016-788-859947-CUADERNO 3».
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Galindo, aportado con el recurso de apelación, destaca que resulta en una
contradicción su contenido con los argumentos de defensa, «pues de una parte
(…) pretende demostrar que su defendida actuó en derecho, conforme sus
competencias y bajo el caso concreto, y de manera simultánea expone en sus
alegaciones que la disciplinada se equivocó, pero de manera oportuna subsanó
el yerro»32.
67. Para la demandante, la sentencia apelada se debe revocar porque el Tribunal
erró en el análisis de los cargos de nulidad propuestos y, por el contrario se debe
declarar la nulidad de los actos demandados en cuanto se expidieron sin considerar
que sí era competente para otorgar a la señora Meza Centeno la licencia que fue
objeto de la Resolución 296. Que se expidió por tratarse de una situación de
calamidad médica y que el argumento central de la declaratoria de responsabilidad
fue la ausencia de un mero formalismo que posteriormente se corrigió. Además, el
juicio de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad no fue adecuado, porque (i) sí era
competente para expedir el acto, (ii) no se afectaron sustancialmente los deberes
funcionales y (iii) actuó de buena fe para salvaguardar intereses constitucionales.
68. Lo primero que destaca la Sala es que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca aplicó la tesis jurisprudencial vigente en materia de control de los
actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias y, en esa medida,
analizada la actuación que culminó con las decisiones cuestionadas, no encontró
vicios formales ni sustanciales que llevaran a declarar su nulidad; su estudio
tampoco arrojó que su hubiese configurado algún vicio de los alegados por la
demandante. Otra cosa es que la señora Córdoba Guerrero no comparta las
razones por las cuales el juez de primera instancia no accedió a sus pretensiones;
pero ello, lejos de constituir una irregularidad de la providencia, es precisamente lo
que implica la interposición del recurso de apelación.
69. Ahora bien, los reproches de la apelante, que se refieren a la infracción de
normas en que debían fundarse los actos (las de sus competencias funcionales y
las propias del trámite disciplinario), la falsa motivación y el desconocimiento del
debido proceso, cargos que se atan a la indebida valoración probatoria, se
abordarán a partir de la estructura de la responsabilidad disciplinaria, pues, en
suma, considera que sí era competente para la expedición del acto que otorgó la
licencia, que no afectó el deber sustancial y que su actuación se enmarcó en la
buena fe y en la salvaguarda de derechos superiores.
70. En ese orden, cabe recordar que la tipicidad, primer elemento en la estructura
de la responsabilidad disciplinaria, exige que la conducta que se reprocha esté
prevista en el ordenamiento como una falta disciplinaria, bien sea de aquellas que
de manera taxativa señala el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, o que se trate de
las que, bajo la categoría de los tipos abiertos o en blanco, se deban complementar
por remisión a otras disposiciones legales o reglamentarias.
71. A la demandante se le sancionó porque, en su condición de directora
administrativa y financiera de la USPEC expidió la Resolución nro. 000296 del 28
de abril de 2016, mediante la cual concedió una licencia ordinaria remunerada, por
32 Véanse páginas 155 a 188 del «IUS-E-2016-171260-IUC-D-2016-788-859947-CUADERNO 3».
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el término de 48 días, sin tener facultades para ello, con desconocimiento del
procedimiento establecido al interior de la entidad y sin que se contara con
fundamento legal para dicha concesión.
72. Con esa conducta, se dijo que en los términos de la Ley 734 de 2002,
desconoció un deber (artículo 34.1) e incurrió en una prohibición (artículo 35.1) en
la forma de extralimitación en el ejercicio de sus funciones (artículo 23). De manera
que el juicio de tipicidad se habrá satisfecho si la expedición de la Resolución
000296 del 28 de abril de 2016 (i) no era competencia de la demandante, (ii) no
siguió el procedimiento previsto al interior de la USPEC y (iii) no existía fundamento
legal para la concesión de la licencia allí contenida.
73. Las disposiciones reglamentarias que se estimaron desconocidas fueron las
contenidas en la Resolución 00084 del 7 de marzo de 2013 y en las Circulares
000010 del 21 de abril de 2014 y 000011 del 22 de mayo de 2014. En la primera, la
directora general de la USPEC delegó en la directora administrativa y financiera las
siguientes funciones, en lo que al trámite disciplinario concierne:
«ARTÍCULO SEGUNDO. - DELEGAR en el Director Administrativo y
Financiero, los siguientes asuntos relacionados con la administración del
personal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC:
1° Conceder comisiones de servicios al interior del país, de acuerdo con las
reglamentaciones sobre la materia.
2° Dar posesión a los funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – SPC a excepción del personal del nivel directivo.
3° Conceder licencias no remuneradas, previo visto bueno del jefe inmediato de
conformidad con las normas vigentes.
4° Conceder permiso remunerado a los funcionarios de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios SPC- hasta por el término de tres (3) días, cuando
exista justa causa, previo el visto bueno del jefe inmediato.
5° Conceder licencias remuneradas por incapacidad, maternidad, paternidad o
accidente de trabajo, de acuerdo con las normas vigentes a los funcionarios del
nivel profesional, técnico y asistencial.
(…)»33 (negrillas en el texto original, subrayas de la Sala).
74. Por su parte, la Circular 000010 del 21 de abril de 2014, suscrita por la
entonces directora administrativa y financiera (hoy demandante) se impartieron
instrucciones a los funcionarios de la USPEC en materia de trámite de permisos,
incapacidades y licencias y aplazamiento e interrupción de vacaciones. Respecto
de las dos primeras situaciones, se dispuso:
«1. Trámite de Permisos:
1.1. Los permisos que se solicitan para atender situaciones de carácter personal
y/o familiar, deberán ser tramitados diligenciando el respectivo formato, con un
mínimo de dos (2) días de antelación ante el Jefe inmediato.
1.2. Los únicos que pueden autorizar permisos hasta por dos (2) días, son los
Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina.
1.3. Los permisos superiores a dos (2) días, deben ser tramitados ante la
Dirección Administrativa y Financiera, con visto bueno del Jefe inmediato
(Director, Subdirector, Jefe de Oficina), y debe ser enviado con un mínimo de
tres (3) días de antelación.
(…)
2. Trámite de Incapacidades y Licencias:
33 Véanse páginas 5 a 9, 86 a 90 y 140 a 144 del «CUADERNO 1».
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2.1. Toda incapacidad generada por enfermedad general o accidente de trabajo,
deberá ser allegada debidamente transcrita por la respectiva EPS, a la
Subdirección Administrativa mediante memorando suscrito por el Jefe
Inmediato (Director, Subdirector, Jefe de Oficina) antes del vencimiento de la
misma.
(…)»34 (negrillas en el original, subrayas de la Sala).
75. De manera específica, la Circular 000011 del 22 de mayo de 2014, también
suscrita por la directora administrativa y Financiera Maribel Córdoba Guerrero, se
ocupó del trámite de incapacidades y/o licencias médicas. En ella se advirtió que la
respectiva incapacidad debía allegarse transcrita por la EPS y contener:
«- Nombre y apellidos del usuario a quien se le genera la incapacidad
• Tipo y número de identificación del usuario
• Contingencia de la Incapacidad: deberá ser explícita e informar el tipo de
evento con el cual se encuentra relacionado (enfermedad general, enfermedad
profesional, accidente de trabajo, licencia de maternidad, licencia de paternidad
y accidente de tránsito).
• Fecha de expedición, inicio y fin de la incapacidad.
• Diagnóstico o Código CIE por el cual ha sido emitida la incapacidad.
• Número de días de incapacidad otorgados.
• En papelería de la EPS»35.
76. Ese panorama reglamentario permite llegar a la misma conclusión a la que
arribó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca: no existió infracción de normas
en las que debían fundarse las decisiones sancionatorias, pues lo cierto es que la
situación de la funcionaria Korina Elizabeth Meza Centeno (i) no se encontraba
enmarcada en aquellas para las que fue delegada la demandante y (ii) para su
otorgamiento no se siguió el procedimiento que la misma USPEC determinó; de otro
modo, se habría advertido que no se satisfacían las exigencias para que fuera
concedida.
77. Se explica: según lo dispone el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, en el acto
de delegación –esto es, en aquel mediante el titular de una competencia transfiere
el ejercicio de funciones a otro servidor–, «(…) que siempre será escrito, se
determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya
atención y decisión se transfieren. (…)» (subrayas y negrillas de la Sala). De manera
que si el asunto sobre el cual pretende resolver no está contenido en el acto de
delegación, al delegatario no se le faculta para interpretar la función delegada y, en
consecuencia, la conclusión razonable es que quien debe pronunciarse es el titular
de la competencia.
78. Como se expuso, en la Resolución 00084 de 2013 se facultó a la directora
administrativa y financiera para la concesión de (i) licencias no remuneradas, con
previo visto bueno del jefe inmediato, (ii) permisos remunerados por hasta 3 días,
con previo visto bueno del jefe inmediato y (iii) licencias remuneradas por
incapacidad, maternidad, paternidad o accidente de trabajo.
79. La solicitud que la señora Meza Centeno elevó el 28 de abril de 2016 no
correspondía a aquellas situaciones administrativas sobre las cuales podía decidir
34 Véanse páginas 92-93 del «CUADERO 1».
35 Véanse páginas 94 a 97 del «CUADERNO 1».
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la demandante, pues la referida funcionaria puso en consideración de la directora
administrativa y financiera la posibilidad de que se le concediera una licencia
ordinaria remunerada por grave calamidad, pues relató encontrarse en periodo de
gestación, con 32 semanas de embarazo y dijo que, en concepto de su médico
ginecoobstetra tratante, se sugería permanecer en Pasto, donde se encontraba
disfrutando de su periodo vacacional: «(…) teniendo en cuenta que el periodo de
vacaciones en el que me encuentro, termina el próximo 29 de abril (inclusive), la
solicitud de licencia iniciaría a partir del 30 de abril de la presente anualidad hasta
el 16 de junio, (de acuerdo con la fecha probable de parto - FEP, determinada por
los estudios de evolución del proceso de gestación, se adjunta soporte»36.
80. La funcionaria Meza Centeno no solicitó una licencia no remunerada,
tampoco se refirió a un permiso remunerado por hasta 3 días (pues el lapso
detallado en la solicitud era superior a dicho término), ni su petición se refería a una
licencia de maternidad o un periodo de incapacidad, lo que, de entrada, excluía
cualquier pronunciamiento por parte de la demandante, distinto de remitir el asunto
por competencia a la Dirección General.
81. No obstante, se expidió la Resolución 000296 del 28 de abril de 2016, «Por
la cual se concede una Licencia Ordinaria Remunerada (sic)»37 (subrayas de la
Sala), en la que se citaron como fundamentos normativos el artículo 57.6 del Código
Sustantivo del Trabajo, la Sentencia C-930 de 2009, el artículo 24.6 del Decreto
4150 de 2011 y el artículo 2.3 de la Resolución 000084 del 7 de marzo de 2013,
disposición reglamentaria que, como se vio, facultaba a la directora administrativa y
financiera para la concesión de licencias no remuneradas con previo visto
bueno del jefe inmediato.
82. Sin ir más allá resulta claro que la demandante se extralimitó en el ejercicio
de sus funciones al expedir la referida resolución, pues, al margen del fundamento
constitucional y jurisprudencial al que hizo referencia, si las funciones delegadas no
se referían a la mencionada «grave calamidad», no era la facultada para resolver
sobre una concesión en ese sentido.
83. Además de ser una cuestión que escapaba a las funciones de la
demandante, en el trámite de solicitud y su otorgamiento no se siguió el
procedimiento definido por la misma entidad, porque (i) si se asumiera que
realmente lo solicitado era una licencia no remunerada, tendría que haber contado
con el visto bueno del jefe inmediato de la señora Meza Centeno; (ii) si se hubiese
tratado como un permiso de hasta tres días, también requería el referido visto bueno
y (iii) de tratarse de una incapacidad o una licencia debía cumplir con los
lineamientos de la Circular 000011 del 22 de mayo de 2014.
84. No se trata de una mera formalidad, como lo pretende hacer ver la apelante,
pues el ejercicio del empleo público es reglado y los servidores están sometidos de
manera estricta al principio de legalidad, de tal forma que sus competencias y
funciones son específicas y las situaciones administrativas que les son propias
también cuentan con sus respectivos elementos normativos, contenidos, para el
36 Véanse páginas 28 a 30 y 121 a 123 del «CUADERNO 1».
37 Véanse páginas 53-54, 119-120, 145-146 y 217-218 del «CUADERNO 1».
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caso concreto, en el Capítulo 5 del Título 5 del Decreto 1083 de 2015.
85. En suma, la tipicidad del comportamiento devino de la extralimitación en el
ejercicio de las funciones asignadas a la señora Córdoba Guerrero, con la cual se
lesionó un deber, se incurrió en una prohibición y se desconocieron la disposiciones
reglamentarias de la USPEC.
86. Precisado lo anterior, es necesario determinar si esa conducta típica resultó
además antijurídica, es decir, si se satisfizo el segundo elemento estructural de la
responsabilidad disciplinaria, para lo cual cabe precisar en este punto se exige, en
los términos del artículo 5 de la Ley 734 de 2002, la concreción de dos elementos:
un deber funcional afectado y la ausencia de una justificación para ello.
87. A su vez, la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado que el deber
funcional se compone de tres elementos: (i) las funciones propias del cargo, (ii) la
obligación de actuar acorde con la Constitución y la ley; y (iii) la garantía de una
adecuada representación del Estado, por lo cual la infracción que demanda la
normativa disciplinaria solo tiene lugar cuando se ejecuta un comportamiento capaz
de menoscabar cualquiera de esas dimensiones38, sumado a que no se cuente con
una justificación para ello.
88. Para la Sala, con el comportamiento de la señora Córdoba Guerrero en efecto
se lesionó de manera sustancial el deber funcional, en los términos contenidos en
los actos demandados y según fue analizado en la sentencia apelada, porque fueron
desatendidas las disposiciones que en materia de situaciones administrativas
delimitaban las funciones asignadas a la directora administrativa y financiera, lo que
a su vez representó una lesión al principio de moralidad, que impone a los
servidores públicos la obligación de que sus actuaciones se ciñan a los postulados
legales y constitucionales,
89. Lo anterior, dicho en otros términos, implica que la antijuridicidad respecto de
la demandante provenga de la afectación de los elementos (i) y (ii) que componen
el deber funcional, sin que los argumentos relacionados con la especial situación de
la señora Meza Centeno puedan tomarse como una justificación para haberse
separado de los deberes funcionales, en la medida en que, como previamente se
explicó, antes del examen de fondo –sobre la procedencia de otorgar la licencia–la
señora Córdoba Guerrero debió examinar las funciones a ella delegadas en la
materia.
90. Satisfechos ambos juicios –tipicidad y antijuridicidad– en el análisis del
elemento subjetivo –culpabilidad– se enfatizó en que el comportamiento de la
demandante se concretó por la inobservancia del cuidado necesario que cualquier
persona del común imprime a sus propias actuaciones, parámetro de la culpa que
la Sala comparte, en la medida en que un ejercicio diligente de sus funciones, habría
llevado a la demandante a concluir que dentro de aquellas que le fueron delegadas
no se subsumía la solicitud de la señora Meza Centeno.
38 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de enero de 2018. Exp. 11001-03-25-
000-2012-00679-00 (2360-2012). C.P. Cesar Palomino Cortés. En similar sentido: Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2014. Exp. 11001-03-25-000-2011-00268-00 (0947-
2011). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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91. En el recurso de apelación, la señora Córdoba Guerrero insistió en que obró
de buena fe y que contó con el control de legalidad de la Oficina Asesora Jurídica,
argumentos que, como también se dijo en la sentencia apelada, no pueden excluirla
de responsabilidad, pues, además de ser ella quien elaboró y revisó el acto que
concedió la licencia ordinaria remunerada, la supuesta «inducción al error» sobre la
cual posteriormente se le conceptuó39 tuvo como único cometido facultarla para
revocar el acto administrativo, aun en contra de lo dispuesto por el artículo 97 de la
Ley 1437 de 201140.
92. La Resolución 000374 del 19 de mayo de 201641, que revocó aquella
mediante la cual se concedió la licencia ordinaria remunerada, no tuvo como fin
«corregir una situación que debía precisarse», como de forma reiterada lo sostuvo
la demandante tanto en la actuación disciplinaria como a instancias del trámite
jurisdiccional; lo que hizo fue valerse de un concepto del asesor jurídico de la
entidad para tratar de enmendar la actuación irregular en la que incurrió al expedir
la Resolución 000296 del 28 de abril de 2016.
93. La constantemente alegada «inducción al error», aun soportada en un
concepto por lo demás impreciso, resultó efectivamente desvirtuada al encontrar
que fue la misma demandante quien elaboró y revisó la Resolución 000296 del 28
de abril de 2016; de forma ni la autoridad disciplinaria ni el juez de lo contencioso
administrativo podría aceptar que un servidor público se excluya de responsabilidad
con fundamento en su propia negligencia.
94. Por lo demás, la Procuraduría General de la Nación analizó con rigor y de
forma integral los medios de prueba decretados e incorporados; que no bastaran
para proferir una decisión absolutoria no vicia la valoración probatoria realizada por
la demandada y, en cuanto al concepto del abogado José Gregorio Hernández
Galindo, ni siquiera resultaba relevante en punto a las razones para sancionar a la
demandante, pues, como ya se dijo, antes de evaluar fondo de la solicitud de la
funcionaria Korina Meza Centeno, la entonces directora administrativa y financiera
de la USPEC debió analizar si lo relatado por la servidora se traducía en alguna de
las situaciones administrativas objeto del acto de delegación.
95. Las anteriores razones son suficientes para concluir que no se advierte
ningún vicio en la expedición de los actos demandados y, por ello, lo procedente es
39 Mediante memorando 120-GJCDT-8424 del 19 de mayo de 2016 el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
USPEC manifestó: «Ahora bien, teniendo en cuenta que usted fue inducida al error como lo señala el
proyecto de acto de revocatoria al citarse un numeral en la resolución dentro del cual se trataba del
otorgamiento de una licencia remunerada, considero que es viable la revocatoria de la misma toda vez que la
conducta encuadra en lo señalo (sic) en el artículo 93 de la ley (sic) 1437 de 2011» (véase página 55 del
«CUADERO 1». Negrillas de la Sala).
40 Ley 1437 de 2011. «Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley,
deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al
procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa» (negrillas
de la Sala).
41 Véanse páginas 56-57, 124-125 y 148-149 del «CUADERNO 1».
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confirmar la sentencia apelada.
De la condena en costas en esta instancia
96. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
97. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
98. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
99. En consecuencia, se impondrán costas, en esta instancia, en contra de la
demandante, por cuanto no prosperan las pretensiones del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dos (2) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual
se negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas a la demandante. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Tercero. RECONOCER personería a la abogada Sandra Patricia Duarte
Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 51.997.263 y portadora de
la tarjeta profesional nro. 190.461 del C.S. de la J. para representar los intereses de
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00621-02 (1930-2024)
la Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice
00011 de SAMAI.
Cuarto. RECONOCER personería al abogado Álvaro de Jesús Molina Pabón,
identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1.043.844.544 y portador de la tarjeta
profesional nro. 256.562 del C.S. de la J. para representar los intereses de la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, conforme al poder que obra en los
archivos 50 a 52 del expediente digital.
Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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