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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00622-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00622-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia 10 de marzo del 2023, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió la señora Esperanza Prada Ayala en contra la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores. SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00622-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00622-02 (3194-2023)
Demandante: Esperanza Prada Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Tema: Funcionario del servicio exterior. Régimen salarial contenido en
el Decreto 2348 de 2014. Inexistencia de obligación del reajuste
salarial anual con base en el IPC que se aplica a los servidores
públicos que prestan sus servicios en el territorio nacional.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 10 de marzo del 2023, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad del Oficio No. S-DITH-21-
002412 del 5 de febrero de 2021, por medio del cual la demandada le negó el
reajuste de la asignación básica y la prima especial en el porcentaje que se ajustó
a los empleados de la planta interna del ministerio. Así como la declaratoria de
inconstitucionalidad de varios Decretos por considerarlos contrarios a los artículos
14, 43, 48 y 53 de la Constitución Política, al estimar que establecen un trato
discriminatorio para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que
prestan sus servicios en el exterior.

3. Como restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento y pago del
reajuste de la asignación básica en el mismo porcentaje aplicado a los demás
servidores públicos; ii) el incremento de la prima especial prevista en el Decreto
2348 de 2014, conforme a los porcentajes de reajuste salarial fijados en los
respectivos Decretos; iii) la reliquidación y pago de las prestaciones sociales
derivadas del aumento de la asignación básica y de la prima especial; iv) el
reconocimiento y pago de los componentes salariales y prestacionales dejados de
percibir tras su expulsión y durante la prestación de servicios en territorio
colombiano, tales como la prima de costo de vida y la prima especial de servicios;

1 Ver archivo denominado «4_ED_EXPEDIENTE_04DEMANDA05082021_15.PDF», el cual puede ser
descargado en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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Demandante: Esperanza Prada Ayala

v) el pago de los intereses moratorios y; vi) la reliquidación y pago de los aportes
pensionales con destino a Colpensiones, desde el 3 de agosto de 1992 hasta su
pago efectivo.

4. Asimismo, pidió que las sumas reconocidas se liquidaran conforme a los
multiplicadores de costo de vida establecidos por la Organización de las Naciones
Unidas en la Circular Consolidada de Ajuste por Destino y que la prima de costo de
vida se liquidara en dólares estadounidenses o, subsidiariamente, con base en la
tasa de cambio certificada por el Banco de la República.

5. Finalmente se reclamó condenar en costas y agencias en derecho a la accionada.

6. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:

7. La demandante fue nombrada el 3 de agosto de 1992 en el cargo de auxiliar de
misión diplomática, código 4850 grado 16, adscrita al Consulado General de
Colombia en Caracas, Venezuela. El 23 de febrero de 2019, tras la expulsión del
cuerpo diplomático colombiano por parte del Gobierno de Venezuela, debió
abandonar el país dejando sus bienes y pertenencias, sin reconocimiento de viáticos
ni menaje.

8. En consecuencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores la comisionó
temporalmente a prestar servicios en la planta interna en Colombia mediante las
Resoluciones 712 y 934 de 2019, comisión que posteriormente fue prorrogada.

9. Luego, mediante Resolución 644 de 2019, fue ubicada en el servicio interno del
Ministerio, conservando únicamente la asignación básica del cargo, pero
excluyéndola del reconocimiento de beneficios salariales y prestacionales propios
de la planta externa, como la prima especial y la prima de costo de vida. Asimismo,
se dispuso que las prestaciones sociales y aportes a seguridad social se liquidaran
únicamente sobre la asignación básica.

10. La demandante renunció al cargo el 17 de septiembre de 2019. Señaló que,
pese a prestar servicios en Colombia, no fue afiliada al sistema de salud nacional y
continuó cotizando a la póliza médica en dólares prevista para funcionarios en el
exterior.

11. Manifestó, además, que su asignación básica permaneció congelada entre los
años 1996 y 2003 en USD 630 y que tanto esta como la prima especial no fueron
reajustadas entre las anualidades 2015 y 2019, período en el cual posteriormente
se eliminó dicho beneficio.

12. Finalmente indicó que el 24 de noviembre de 2021 solicitó al Ministerio de
Relaciones Exteriores el reajuste de la asignación básica, el incremento de la prima
especial, la inaplicación por inconstitucionalidad del Decreto 644 de 2019, la
reliquidación de sus prestaciones sociales y aportes pensionales, así como el pago

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de intereses moratorios; petición que fue negada mediante el acto administrativo
demandado.

13. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 13, 29, 43, 48, 53 y 93 de la Constitución Política, los
Convenios 100 y 101 de la OIT, los artículos 143 del Código Sustantivo del Trabajo,
2 y 4 de la Ley 4 de 1992, 5º del Decreto 2348 de 2014, las sentencias de la Corte
Constitucional T-079 de 1995, T-102 de 1995, C-318 de 1995, T- 276 de 1997, C-
710 de 1999, C-815 de 1999, C-1433 de 2000 y T-345 de 2007, las sentencias del
Consejo de Estado proferidas dentro de los procesos 2017-00712 del 29 de junio
de 2011 y 2002-10685 del 7 de diciembre de 2011. Al desarrollar el concepto de
violación sostuvo que:

14. El Gobierno Nacional excluyó injustificadamente a los funcionarios del Ministerio
de Relaciones Exteriores que prestan servicios en el extranjero de los incrementos
salariales reconocidos a los demás servidores públicos del orden nacional, pues
omitió expedir normas que reajustaran su asignación básica.

15. Existió un trato discriminatorio, pues mientras se reajustó la prima especial de
otros funcionarios del servicio exterior no acogidos al Decreto 2348 de 2014 y de
servidores del Ministerio de Industria y Comercio, los empleados sometidos a dicho
régimen no recibieron incremento alguno en su asignación básica ni en su prima
especial.

16. El Decreto 644 de 2019 es incompatible con la Constitución, por cuanto utilizó
una figura de “reubicación” inexistente para los funcionarios expulsados de
Venezuela, pese a que la demandante continuó ejerciendo las mismas funciones.
Señaló que ello desconoció el principio de “a trabajo igual, salario igual” y sometió
a los funcionarios del servicio exterior a un trato desigual e injustificado frente al
personal de la planta interna y otros funcionarios de la planta externa.

17. La negativa de reajustar la asignación básica y la prima especial vulneró el
derecho al mantenimiento del poder adquisitivo del salario, conforme a la
jurisprudencia constitucional, lo que afectó el ingreso base de cotización y, por ende,
la futura mesada pensional y el derecho a la seguridad social de la demandante.

18. Se vulneró el debido proceso, al considerar que el acto administrativo fue
deficientemente motivado y expedido sin permitirle ejercer adecuadamente los
recursos de reposición y apelación.

19. Contestación de la demanda2. Oportunamente la accionada se opuso a la
totalidad de las pretensiones en los siguientes términos.

20. Destacó que el acto acusado fue expedido conforme al ordenamiento jurídico y
que únicamente tenía carácter informativo, razón por la cual no sería susceptible de

2 Ver archivo denominado «16_Anexos contestación .ZIP», ejusdem.

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Demandante: Esperanza Prada Ayala

control jurisdiccional. Señaló que los salarios, prestaciones y demás emolumentos
de la demandante fueron liquidados de acuerdo con el régimen salarial aplicable al
cargo desempeñado en el exterior.

21. Indicó que, tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 644 de 2019 y reubicó temporalmente a los
funcionarios en la planta interna y les garantizó el derecho al trabajo. Precisó que
durante ese tiempo solo tenían derecho a la asignación básica, mas no a los
beneficios exclusivos de la planta externa, como la prima especial y la prima de
costo de vida. Agregó que aplicar la excepción de inconstitucionalidad únicamente
a favor de la demandante vulneraría el derecho a la igualdad de los demás auxiliares
de misión diplomática cobijados por el mismo Decreto.

22. Asimismo, sostuvo que las inconformidades de la actora recaen realmente
sobre las normas que regulan las escalas salariales y el Decreto 644 de 2019, por
lo que debían controvertirse mediante el medio de control de nulidad, pues mientras
dichas normas conserven su presunción de legalidad la administración está
obligada a aplicarlas.

23. Finalmente, afirmó que no procede la excepción de inconstitucionalidad, ya que
existen dos regímenes salariales distintos para la planta interna y externa del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y la demandante pertenecía a este último.
Propuso las excepciones de prescripción, caducidad respecto de cesantías,
cumplimiento del deber legal y buena fe de la administración, y especialidad del
servicio exterior.

24. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 10 de marzo de 2023, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones
de la demanda. Con tales fines, y luego de referenciar aspectos tales como el
«Régimen prestacional de los empleados públicos del Ministerio de Relaciones
Exteriores», «De la reubicación de los cargos de auxiliar de misión diplomática
adscritos a la Misión Diplomática y Oficinas Consulares de Colombia ante el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela», de la «Excepción de
inconstitucionalidad», del «Derecho a la igualdad en materia salarial y regímenes
especiales», concluyó que:

25. Se acreditó que la demandante prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones
Exteriores entre 1992 y 2019 en distintos cargos de la planta externa, especialmente
en el Consulado de Colombia en Mérida, Venezuela. También se probó que estuvo
sometida sucesivamente a diversos regímenes salariales y prestacionales propios
del personal que labora en el exterior y que, desde 2015, decidió acogerse
voluntariamente al régimen previsto en el Decreto 2348 de 2014.

26. Frente al reajuste de la asignación básica, la Sala concluyó que la demandante
no tenía derecho a recibir los incrementos salariales reconocidos a los funcionarios

3 Índice 00033 de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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Demandante: Esperanza Prada Ayala

de planta interna, pues durante toda su vinculación estuvo sometida a regímenes
salariales especiales aplicables al servicio exterior. Indicó que dichos regímenes
fueron expedidos conforme a las competencias otorgadas al Gobierno Nacional por
la Constitución y la Ley 4 de 1992, la cual autoriza fijar remuneraciones en dólares
para los funcionarios del servicio exterior.

27. El a quo consideró que no existía vulneración del derecho a la igualdad, porque
las diferencias salariales obedecen al lugar de prestación del servicio y a las
particularidades del régimen exterior, el cual incluso otorga mayores beneficios que
el régimen aplicable a quienes laboran en el territorio nacional. Precisó que los
incrementos salariales de la planta interna responden a criterios como la pérdida del
poder adquisitivo y el IPC certificado por el DANE, circunstancias que no resultan
aplicables al régimen especial de quienes laboran en el exterior.

28. Respecto de la solicitud de inaplicar por inconstitucionales los decretos
salariales expedidos entre 1993 y 2019, la Sala sostuvo que dichos actos fueron
expedidos válidamente en ejercicio de la competencia constitucional compartida
entre el legislador y el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial de los
empleados públicos. Además, señaló que la revisión de constitucionalidad de esas
normas corresponde a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado mediante los
mecanismos judiciales respectivos.

29. En relación con la prima especial prevista en el Decreto 2348 de 2014,
reconoció que la demandante tenía derecho a percibirla conforme a ese régimen,
dado que se acogió voluntariamente a él. Sin embargo, encontró probado que entre
2015 y 2019 dicha prima fue pagada en el valor fijo previsto en el Decreto —848
USD para el cargo de auxiliar de misión diplomática grado 16— y que el Gobierno
Nacional únicamente autorizó incrementos para esa prestación a partir de 2020,
mediante los Decretos 304 y 961 de 2020. Como la demandante se retiró del servicio
en septiembre de 2019, concluyó que no tenía derecho a los reajustes reclamados.

30. Asimismo, reiteró que los porcentajes de incremento invocados por la actora
correspondían a los ajustes salariales de la planta interna y no podían trasladarse
automáticamente al régimen especial del servicio exterior, cuyo sistema
remuneratorio se fija en dólares y responde a criterios distintos.

31. Sobre la pretensión de inaplicar el Decreto 644 de 2019 y reconocer la prima
especial y la prima de costo de vida durante el período de reubicación en Colombia,
concluyó que no se configuraba vulneración constitucional alguna. Señaló que el
Decreto 644 de 2019 fue expedido para proteger los derechos laborales y garantizar
la continuidad en el servicio de los funcionarios diplomáticos afectados por la ruptura
de relaciones con Venezuela.

32. Indicó que el Gobierno Nacional mantuvo a los funcionarios reubicados el pago
de la asignación básica correspondiente a sus cargos, pero excluyó legítimamente
los beneficios asociados exclusivamente al servicio exterior, como la prima especial
y la prima de costo de vida. Que, por tanto, estos emolumentos tienen como finalidad

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compensar las condiciones propias del servicio en el extranjero, razón por la cual
no resultan exigibles cuando el funcionario presta sus servicios en el territorio
nacional.

33. Finalmente, destacó que los cargos ocupados por la demandante eran de libre
nombramiento y remoción y que, pese a que la administración podía retirarla del
servicio debido a la ruptura de relaciones diplomáticas, optó por reubicarla
temporalmente en la planta interna, con lo que garantizó su derecho al trabajo y al
mínimo vital.

34. Recurso de apelación4. Oportunamente el apoderado de la parte demandante
recurrió la anterior decisión en los siguientes términos:

35. Sostuvo que la sentencia incurrió en errores de interpretación al negar el
reajuste de la asignación básica y de la prima especial de la actora, así como el
reconocimiento de la totalidad de los emolumentos salariales tras la expulsión del
cuerpo diplomático colombiano de Venezuela.

36. En primer lugar, afirmó que el a quo confundió la existencia de regímenes
salariales diferenciados dentro del servicio exterior con la ausencia de vulneración
al derecho a la igualdad. Señaló que, aunque la accionante estaba sometida al
régimen salarial en dólares previsto en el Decreto 2348 de 2014, ello no excluye su
derecho al reajuste salarial, ni implica necesariamente que gozara de mejores
condiciones que otros servidores del Ministerio.

37. Adujo que dentro del mismo servicio exterior coexistían dos regímenes
salariales aplicables a cargos iguales: uno remunerado en pesos conforme al
Decreto 3357 de 2009 y otro remunerado en dólares conforme al Decreto 2348 de
2014. Mientras los primeros recibieron incrementos anuales en asignación básica y
prima especial en los mismos porcentajes fijados para los servidores de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, los segundos permanecieron sin reajuste entre 2015
y 2019.

38. Adujo que el a quo omitió realizar un verdadero juicio de igualdad entre
servidores que desempeñaban los mismos cargos, con idéntico código, grado y
funciones, pero sometidos a distintos regímenes salariales. Sostuvo que la
diferencia en la moneda de pago no justifica la exclusión del reajuste salarial, pues
el fenómeno inflacionario afecta cualquier economía y la remuneración en dólares
no garantiza por sí misma la conservación del poder adquisitivo. Añadió que el
propio Gobierno Nacional reconoció la necesidad de reajustar los salarios del
servicio exterior mediante el artículo 2 del Decreto 3357 de 2009, que ató el
incremento salarial al mismo porcentaje reconocido a los servidores públicos de la
Rama Ejecutiva del orden nacional.

4 Índice 00036 ib.

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39. Resaltó que los funcionarios del servicio exterior remunerados en pesos sí
recibieron incrementos anuales de asignación básica y prima especial mediante
diversos decretos expedidos entre 2015 y 2021, mientras que quienes estaban
cobijados por el Decreto 2348 de 2014 no obtuvieron reajuste alguno durante el
mismo periodo. Consideró que ello configura un trato discriminatorio injustificado y
vulnera los derechos a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al salario móvil
y a la seguridad social.

40. Asimismo, sostuvo que el tribunal desconoció que la remuneración de la
demandante sí se afectó por la inflación y la pérdida de capacidad adquisitiva, dado
que la prima de costo de vida prevista en el artículo 7 del Decreto 2348 de 2014 se
calcula con base en la asignación básica y la prima especial, factores que
permanecieron congelados durante varios años. En consecuencia, afirmó que la
ausencia de reajuste no solo afectó esos componentes salariales, sino también la
liquidación de la prima de costo de vida.

41. Igualmente, cuestionó que considerara improcedente utilizar como parámetro
de reajuste el IPC o los incrementos salariales decretados para los servidores
públicos nacionales. Argumentó que los propios funcionarios del servicio exterior
remunerados en pesos recibieron incrementos equivalentes o superiores al IPC, por
lo que no es cierto que dichos criterios solo sean aplicables a la planta interna del
Ministerio.

42. Respecto de la prima especial, sostuvo que el a quo erró al concluir que no
existía obligación de reajustarla entre 2015 y 2019, ya que el parágrafo del artículo
5 del Decreto 2348 de 2014 estableció un deber imperativo para el Gobierno
Nacional al disponer que “la prima especial se incrementará anualmente”, de
manera que la omisión estatal de fijar el reajuste no puede utilizarse como
argumento para negar el derecho reclamado.

43. Añadió que otros servidores del servicio exterior y del Ministerio de Comercio
Exterior sí recibieron incrementos periódicos de dicha prestación, lo que evidencia
nuevamente un trato desigual sin justificación técnica, presupuestal o constitucional.

44. argumentó que la demandada incumplió su carga de justificar razonablemente
el trato diferenciado otorgado a los funcionarios regidos por el Decreto 2348 de
2014, limitándose a alegar la inexistencia de una norma expresa de reajuste, sin
demostrar razones legales, financieras o constitucionales que respaldaran esa
exclusión.

45. En relación con la negativa de reconocer la totalidad de los emolumentos
salariales entre febrero y septiembre de 2019, tras la expulsión del cuerpo
diplomático colombiano de Venezuela, indicó que el Decreto 644 de 2019 dispuso
la comisión y reubicación en planta interna únicamente de los auxiliares de misión
diplomática, mientras que a otros funcionarios diplomáticos expulsados se les
mantuvo íntegra su remuneración, lo que constituyó un trato discriminatorio.

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46. Conforme al artículo 2.2.5.5.27 del Decreto 1083 de 2015, los funcionarios en
comisión tienen derecho a conservar la remuneración correspondiente al cargo
desempeñado. En consecuencia, la demandante debió continuar percibiendo no
solo la asignación básica, sino también la prima especial y la prima de costo de vida
previstas en el Decreto 2348 de 2014, pues su cargo no cambió y continuó vinculada
al servicio exterior.

47. Finalmente, solicita revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de los
actos demandados, aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de las
normas que excluyeron a la demandante de los reajustes salariales y prestacionales
reclamados, y condenar a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores al
reconocimiento y pago de las sumas adeudadas, junto con las costas y las agencias
en derecho.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

48. La admisión del recurso. Mediante auto del 12 de diciembre de 20235 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley no se registraron
intervenciones de las partes ni del Agente del Ministerio Público.

49. Control de legalidad6. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

50. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta Sala de
Subsección es competente para resolver los recursos de apelación.

51. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados en la
alzada, se deberá establecer si: ¿La actora tiene derecho al reajuste de su
asignación salarial y de las primas especial y de costo de vida reclamados en la
demanda?

52. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

53. Competencia para la fijación del régimen salarial de los empleados
públicos.

54. El artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política establece que
corresponde al Congreso de la República dictar las normas generales y fijar los

5 Índice 00008 de la plataforma SAMAI de segunda instancia.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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objetivos y criterios a los que debe sujetarse el Gobierno Nacional para determinar
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. En consecuencia, la
regulación de esta materia responde a una competencia concurrente entre el
legislador y el ejecutivo, en la que el ejecutivo debe fijar salarios y prestaciones
dentro de los parámetros previamente definidos por la ley.

55. En desarrollo de dicha competencia fue expedida la Ley 4ª de 1992, cuyo
artículo 2 dispuso que, para establecer la remuneración de los servidores públicos,
el Gobierno Nacional debía considerar, entre otros factores, el nivel de los cargos,
la naturaleza de las funciones, las responsabilidades asignadas y las calidades
requeridas para su desempeño.

56. A su turno, el artículo 3 de la misma ley precisó que el sistema salarial de los
servidores públicos se integra por elementos como la estructura de los empleos, las
funciones a desarrollar y la escala y tipo de remuneración correspondiente a cada
cargo o categoría.

57. Sobre la estructura del empleo, la Ley 909 de 2004 señaló en su artículo 19 que
esta comprende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades asignadas a
una persona, así como las competencias necesarias para ejercerlas. Del mismo
modo, dispuso que cada empleo debe contener la descripción de funciones, las
competencias requeridas y las exigencias de formación y experiencia necesarias
para su ejercicio.

58. En relación con esos componentes, se ha explicado que: (i) el nivel agrupa los
empleos según su jerarquía y complejidad; (ii) la denominación corresponde al
nombre del empleo; (iii) la clase refleja su importancia dentro del nivel; (iv) el código
identifica el cargo dentro del sistema de clasificación; (v) el grado determina la
asignación mensual dentro de la escala salarial y; (vi) la remuneración corresponde
al salario asignado al respectivo grado.

59. En ese orden, la fijación de la remuneración de los empleos públicos exige
valorar integralmente los criterios previstos en los artículos 2 y 3 de la Ley 4ª de
1992, de manera que el Gobierno Nacional no puede establecer salarios
desconociendo tales parámetros.

60. Régimen especial aplicable al servicio exterior.

61. El literal a) del artículo 1 de la Ley 4ª de 1992 atribuyó al Gobierno Nacional la
competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados de la
Rama Ejecutiva del orden nacional, sin importar su sector o denominación. Sin
embargo, el artículo 58 de la misma disposición previó reglas especiales para el
personal del servicio exterior colombiano.

8 «Artículo 5. En el caso de los funcionarios del servicio exterior, el Gobierno Nacional fijará la remuneración

mensual en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Para la determinación de la prima de costo de vida
únicamente se tendrá en cuenta ese factor, el cual no podrá considerarse para ningún otro efecto.

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62. Conforme a dicha norma, la remuneración mensual de los funcionarios del
servicio exterior debe fijarse en dólares de los Estados Unidos de América.
Asimismo, se autorizó al Gobierno Nacional para reconocer primas especiales y, en
circunstancias particulares, establecer remuneraciones en monedas distintas al
dólar, previo concepto del CONPES.

63. De ello se desprende que el régimen salarial del servicio exterior posee un
carácter especial y diferenciado frente al régimen general aplicable a los demás
servidores de la Rama Ejecutiva nacional.

64. En virtud de esa especialidad, los Decretos anuales mediante los cuales el
Gobierno Nacional fija incrementos salariales para los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva han excluido expresamente de su aplicación a los funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan servicios en la planta externa9.

65. No obstante, el Gobierno Nacional ha regulado específicamente las
asignaciones básicas y prestaciones de los funcionarios diplomáticos, consulares y
administrativos del servicio exterior a través de distintos dispositivos, entre ellos los
Decretos 62 de 1990, 87 de 1994, 92 de 1995, 53 de 1996, 62 de 1997, 42 de 1998,
60 de 1999, 1484 de 2001, 856 de 2002, 3547 de 2003, 2078 de 2004, 3357 de
2009 y 2348 de 2014.

66. Igualmente, esta Sección ha señalado que el ejercicio de dicha competencia no
puede ser ajeno a la realidad económica global ni a las condiciones particulares de
los países en los que los funcionarios prestan sus servicios, razón por la cual el
Gobierno Nacional debe considerar el contexto económico internacional al momento
de fijar la remuneración del personal del servicio exterior10.

67. Especialidad del servicio exterior.

68. El servicio exterior colombiano ha sido concebido normativamente como un
régimen especial, distinto del régimen general de la función pública, dadas las
características propias de las funciones diplomáticas y consulares.

69. Inicialmente, el Decreto 10 de 1992 reguló el servicio exterior y la carrera
diplomática y consular, definiéndolo como un servicio especializado, profesional,
jerarquizado y disciplinado, basado en el mérito. Sobre el particular, la Corte
Constitucional, en sentencia C-129 de 1994, reconoció que la carrera diplomática y

Parágrafo. No obstante, lo dispuesto en este artículo, cuando existan condiciones especiales, el Gobierno
Nacional podrá fijar la asignación mensual en monedas diferentes al dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica, previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.
De la misma manera, el Gobierno Nacional podrá establecer primas especiales de gestión y representación en
embajadas que el Gobierno Nacional determine».
9 Decretos ley 109 de 1985 y 62 de 1986; al igual que los Decretos 156 de 1987; 90 de 1988; 10 de 1989; 50

de 1990; 100 de 1991; 872 de 1992; 11 de 1993; 42 de 1994; 25 de 1995; 10 de 1996; 31 de 1997; 40 de 1998;
35 de 1999; 2720 de 2000; 1460 de 2001; 2710 de 2001; 660 de 2002; 3535 de 2003; 4150 de 2004; 916 de
2005; 372 de 2006; 600 de 2007; 643 de 2008; 708 de 2009; 1374 de 2010; 1031 de 2011; 853 de 2012; 1029
de 2013; 199 de 2014; 1101 de 2015; 229 de 2016; 999 de 2017; 330 de 2018; 1011 de 2019.
10 Sentencia del 30 de enero de 2020, radicado 25000-23-25-000-2012-00122-01(4370-16).

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consular posee un régimen especial y diferenciado respecto de la carrera
administrativa ordinaria, en atención a la naturaleza de las funciones desarrolladas
en representación del Estado colombiano en el ámbito internacional.

70. Posteriormente, tras la expedición y declaratoria de inexequibilidad del Decreto
Ley 1181 de 1999, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 274 de 2000,
actualmente vigente, mediante el cual se regula el servicio exterior de la República
y la carrera diplomática y consular.

71. El artículo 3 de dicho Decreto define el servicio exterior como la actividad
desarrollada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro o fuera del territorio
nacional, con el propósito de representar los intereses del Estado colombiano y
proteger a sus nacionales en el exterior.

72. Entre los principios que orientan esta función se encuentra el de especialidad,
entendido como el conjunto de requisitos y condiciones derivados de las particulares
características de la prestación del servicio diplomático y consular, orientados a
garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones encomendadas.

73. Precisamente, la naturaleza especial de este servicio justifica la existencia de
reglas particulares en materia de administración de personal, comisiones,
alternación, disponibilidad y condiciones laborales específicas, diferentes de
aquellas aplicables al régimen común de la función pública.

74. La Corte Constitucional11 ha destacado que el régimen del servicio exterior
constituye una normativa basada en especificidades propias de la función
diplomática, lo que explica la existencia de medidas diferenciadas en materia
salarial, prestacional y administrativa.

75. Diferencias salariales y prestacionales en el servicio exterior.

76. En aplicación del principio de especialidad, el ordenamiento jurídico ha previsto
ciertos beneficios económicos para los servidores de la planta externa del Ministerio
de Relaciones Exteriores, tales como pasajes, viáticos, prima de instalación,
transporte de menaje y vivienda para embajadores12.

77. Incluso entre los propios funcionarios de la planta externa pueden existir
diferencias justificadas. Por ejemplo, el parágrafo 3 del artículo 62 del Decreto 274
de 2000 establece que quienes ya residan en el país receptor de la misión
diplomática no tienen derecho a determinados beneficios de traslado, lo cual
evidencia que el trato diferenciado puede resultar constitucionalmente válido
cuando responde a circunstancias objetivas y razonables.

11 Sentencia C-173 de 2004.
12 Artículo 62 del Decreto Ley 274 de 2000.

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78. En ese sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación13 ha
señalado que dichos beneficios económicos únicamente proceden en los eventos y
bajo las condiciones expresamente previstas en la ley, particularmente cuando
existe necesidad de desplazamiento para el ejercicio de las funciones diplomáticas
o consulares.

79. Derecho a la movilidad salarial.

80. La Constitución Política reconoce una especial protección al trabajo y exige que
la remuneración corresponda a condiciones dignas y justas. En ese contexto, el
salario constituye un elemento esencial de la relación laboral y debe garantizar
condiciones materiales adecuadas para el trabajador y su familia.

81. El principio de movilidad salarial, consagrado en el artículo 53 Superior, implica
el derecho de los trabajadores a conservar el poder adquisitivo real de su
remuneración frente a fenómenos económicos como la inflación.

82. Por ello, cuando el incremento del costo de bienes y servicios afecta la
capacidad adquisitiva del salario, resulta necesario realizar ajustes periódicos que
eviten la desvalorización de la remuneración y el deterioro de las condiciones de
vida del trabajador.

83. En Colombia, el ajuste del salario mínimo ha estado tradicionalmente asociado
al Índice de Precios al Consumidor (IPC), como mecanismo orientado a preservar
el poder adquisitivo del ingreso laboral.

84. En concordancia con ello, el artículo 4 de la Ley 4ª de 1992 dispuso que el
Gobierno Nacional debe modificar anualmente el sistema salarial de distintos
sectores de la administración pública mediante incrementos en las remuneraciones.

85. Aunque el Congreso no ha expedido el estatuto del trabajo previsto en el artículo
53 constitucional, la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente el alcance
del derecho a la movilidad salarial, señalando que la actualización periódica de los
salarios busca evitar que la inflación reduzca el poder adquisitivo de los
trabajadores.

86. En la sentencia C-931 de 2004, la Corte precisó que el derecho a mantener el
poder adquisitivo del salario constituye una garantía constitucional que, aunque no
es absoluta, no puede ser desconocida ni desmejorada arbitrariamente.

87. En dicha providencia, indicó que: (i) los reajustes salariales deben ser anuales;
(ii) deben observar criterios de equidad, proporcionalidad y progresividad; (iii) las
limitaciones al derecho a la movilidad salarial deben superar un juicio estricto de

13 Concepto del 2 de noviembre de 2022, radicado interno 2483.

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razonabilidad; y (iv) cualquier restricción debe encontrarse suficientemente
justificada desde el punto de vista constitucional y macroeconómico.

88. Asimismo, la Corte reconoció que el fenómeno inflacionario no afecta de igual
manera a todos los servidores públicos, razón por la cual pueden existir tratamientos
diferenciados, siempre que estos respondan a criterios objetivos, razonables y
constitucionalmente válidos.

89. Caso concreto – interrogante único ¿La actora tiene derecho al reajuste de
su asignación salarial y de las primas especial y de costo de vida reclamados en la
demanda?

90. Dentro del expediente se encuentra acreditado que la señora Esperanza Prada
Ayala prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores en distintos cargos
de la planta externa. En efecto, se desempeñó entre el 15 de julio de 1992 y el 15
de julio de 1993 como auxiliar administrativo 2PA en el Consulado General de
Colombia en Caracas, Venezuela. Posteriormente, laboró desde el 15 de octubre
de 1993 hasta el 31 de octubre de 2009 como auxiliar administrativo 1PA en el
Consulado General de Colombia en Mérida, Venezuela. Finalmente, a partir del 1.º
de noviembre de 2009 y hasta el 16 de septiembre de 2019, fue incorporada en el
cargo de auxiliar de misión diplomática, código 4850, grado 16, de la planta de
personal del despacho de los jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares,
adscrita al Consulado de Colombia en Mérida, Venezuela14.

91. Que, durante el tiempo en que la demandante prestó sus servicios en la planta
externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se han expedido varios decretos
salariales anuales por parte del Gobierno Nacional para fijar las asignaciones y
prestaciones de los funcionarios del servicio exterior, conforme se certificó el 7 de
enero de 2021, así: el Decreto 62 de 1990, entre el 15 de julio de 1992 y el 15 de
julio de 1993, entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre de 1993; el Decreto 87 de
1994, durante el año 1994; el Decreto 92 de 1995, durante el año 1995; el Decreto
53 de 1996; el Decreto 62 de 1997; el Decreto 42 de 1998; el Decreto 60 de 1999,
vigente hasta el 31 de diciembre de 2000; el Decreto 1484 de 2001; el Decreto 195
de 2002; el Decreto 856 de 2002; el Decreto 3547 de 2003; el Decreto 2078 de
2004; el Decreto 3357 de 2009, aplicable entre el 27 de noviembre de 2009 y el 31
de diciembre de 2014; y, finalmente, el Decreto 2348 de 2014, vigente entre el 1.º
de enero de 2015 y el 16 de septiembre de 201915.

92. El 11 de noviembre de 2020 el coordinador de nómina del citado ministerio
certificó que la asignación básica mensual de la demandante correspondía a la
planta externa y relacionó los valores en dólares que le fueron pagados por
concepto de asignación básica, prima especial, costo de vida, bonificaciones por

14 Ver archivo denominado «16_Anexos contestación .ZIP» archivo «CERTIFICACION - ESPERANZA PRADA

AYALA - REGIMEN SALARIAL.pdf», el cual puede ser descargado en la pestaña «Visualizar expediente» de la
plataforma SAMAI de primera instancia.
15 Ver archivo denominado «6_ED_EXPEDIENTE_06PRUEBA05082021_151.PDF», folios 52-54 ejusdem.

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servicios y recreación, primas de vacaciones, de servicio, de navidad y vacaciones
entre los años 1992 al 201916.

93. El tribunal de primera instancia concluyó que la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores constituye una
competencia exclusiva del Gobierno nacional, en desarrollo de la Ley 4.ª de 1992,
y que el servicio exterior cuenta con un régimen especial que no se encuentra sujeto
automáticamente a las decisiones salariales adoptadas para los demás servidores
públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

94. No obstante, al estudiar el cargo relacionado con la vulneración del derecho a
la igualdad, el a quo efectuó un juicio integrado y concluyó que no se superaba el
presupuesto de comparación, pues los funcionarios del servicio exterior no se
encuentran en la misma situación jurídica y fáctica que los demás servidores
públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, debido a la especialidad de las
funciones que desempeñan y al régimen particular que los gobierna.

95. En el recurso de apelación, la demandante sostuvo que la vulneración del
derecho a la igualdad no debía analizarse frente a los demás empleados públicos
del orden nacional, sino entre funcionarios del propio servicio exterior. En concreto,
señaló que existía un trato desigual entre los servidores cobijados por el Decreto
3357 de 2009, quienes sí recibieron reajustes en su asignación básica, y aquellos
regidos por el Decreto 2348 de 2014, quienes no accedieron a tales incrementos.

96. Sobre el particular, advierte la Sala que, aunque en la demanda y en la
reclamación administrativa se hizo referencia al régimen previsto en el Decreto 3357
de 2009, la inconformidad principal se sustentó en la presunta vulneración del
derecho a la igualdad respecto de los demás servidores públicos de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, cuyos salarios y primas fueron incrementados
anualmente conforme a las disposiciones expedidas por el Gobierno nacional.

97. Sin embargo, dada la coexistencia de los regímenes previstos en los Decretos
3357 de 2009 y 2348 de 2014 para funcionarios del servicio exterior, y teniendo en
cuenta que los servidores cobijados por el primero sí recibían reajustes atados a los
incrementos fijados para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, la Sala
considera pertinente efectuar el análisis del juicio integrado de igualdad entre ambos
grupos.

98. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el juicio integrado de igualdad
exige, en primer lugar, establecer si los grupos objeto de comparación son
efectivamente comparables y si existe un trato desigual entre ellos; y, en segundo
lugar, verificar si dicha diferencia de trato cuenta con una justificación constitucional
suficiente. Aunque la Corte Constitucional inicialmente desarrolló este análisis en

16 Ver archivo denominado «16_Anexos contestación .ZIP» archivo «Ver archivo denominado «16_Anexos

contestación .ZIP» archivo «CERTIFICACION - ESPERANZA PRADA AYALA - REGIMEN SALARIAL.pdf», el
cual puede ser descargado en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de primera
instancia.».

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tres etapas, posteriormente precisó que pueden sintetizarse en dos pasos
metodológicos, sin alterar la lógica del examen17.

99. En el presente asunto, los grupos objeto de comparación corresponden a los
servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan sus
servicios en el exterior y que se encuentran cobijados, unos, por el régimen salarial
del Decreto 3357 de 2009 y, otros, por el previsto en el Decreto 2348 de 2014.

100. El Decreto 3357 de 2009 dispuso su aplicación para quienes prestaran sus
servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores tanto en el país como en el
exterior, mientras que el Decreto 2348 de 2014 reguló específicamente a quienes
prestaran sus servicios en el exterior y se acogieran a dicho régimen. Ambos
Decretos cobijan empleos de los distintos niveles jerárquicos del servicio exterior.

101. De lo anterior se concluye que, en principio, ambos grupos son comparables,
pues corresponden a servidores públicos de la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores que desempeñan funciones propias del servicio exterior bajo
regímenes especiales.

102. No obstante, la Sala considera que no se encuentran en una misma situación
fáctica y jurídica. En efecto, ambos regímenes responden a lógicas salariales
distintas, particularmente en lo relacionado con la moneda en la que se fija y paga
la remuneración.

103. El artículo 2 del Decreto 3357 de 2009 estableció que la asignación básica
mensual de los servidores cobijados por dicho régimen sería la que determinara
anualmente el Gobierno nacional para los empleos de las entidades públicas de la
Rama Ejecutiva del orden nacional, aun cuando el pago se efectuara en el exterior.

104. Por ello, los incrementos salariales ordenados entre 2015 y 2019, entre ellos
los Decretos 1101 de 2015, 229 de 2016, 999 de 2017, 330 de 2018 y 1011 de 2019,
incidieron directamente en el reajuste salarial de quienes permanecían bajo el
régimen del Decreto 3357 de 2009.

105. Distinta situación ocurre con el régimen previsto en el Decreto 2348 de 2014,
conforme al cual la asignación básica y las primas se fijaron y pagaron en dólares
estadounidenses. Además, los Decretos anuales de incremento salarial de la Rama
Ejecutiva excluyeron expresamente de su ámbito de aplicación a los servidores del
Ministerio de Relaciones Exteriores que prestaran servicios en el exterior, salvo
disposición expresa en contrario.

106. Así las cosas, aunque los grupos comparados pertenecen al servicio exterior,
no se encuentran en igualdad de condiciones jurídicas y económicas, pues unos
perciben su remuneración en pesos colombianos y otros en dólares
estadounidenses. En consecuencia, el reajuste anual atado al incremento salarial

17 Sentencia C-043 de 2021.

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de la Rama Ejecutiva se justificó únicamente respecto de quienes devengaban su
salario en moneda nacional.

107. En efecto, los incrementos salariales fijados para los empleados públicos del
orden nacional responden a variables macroeconómicas propias de Colombia, tales
como la inflación interna, el índice de precios al consumidor (IPC), el crecimiento
económico y la productividad. Tales factores buscan preservar el poder adquisitivo
de salarios pagados en pesos colombianos.

108. Lo anterior no implica desconocer el derecho a la movilidad salarial de los
servidores cobijados por el Decreto 2348 de 2014. Sin embargo, tratándose de
salarios fijados en dólares estadounidenses y devengados en el exterior, el análisis
sobre la pérdida del poder adquisitivo debe efectuarse atendiendo las condiciones
económicas del país en el que se presta el servicio y no exclusivamente las variables
inflacionarias colombianas.

109. En consecuencia, no resulta jurídicamente procedente equiparar el reajuste
salarial de quienes perciben remuneración en dólares estadounidenses con el
incremento otorgado a los servidores cuyos salarios se fijan en pesos colombianos
y se encuentran sujetos a la inflación interna. Precisamente, para atender las
particularidades económicas del lugar de prestación del servicio, el régimen del
Decreto 2348 de 2014 previó el reconocimiento de una prima de costo de vida.

110. Además, la demandante no acreditó que su remuneración hubiera perdido
poder adquisitivo en Venezuela, país donde prestó sus servicios, ni demostró que
las condiciones macroeconómicas del país receptor hubieran afectado de manera
real y concreta la suficiencia de su salario. Su reclamación se fundamentó
exclusivamente en la aplicación de los incrementos salariales previstos para otros
regímenes jurídicos.

111. Tampoco resulta acertado afirmar que el artículo 2 del Decreto 3357 de 2009
constituye prueba de que la inflación colombiana afectaba por igual a todos los
servidores del servicio exterior, independientemente del régimen al cual
pertenecieran. La diferencia entre ambos sistemas salariales radica precisamente
en que uno se estructura sobre pagos en pesos colombianos y el otro sobre pagos
en dólares estadounidenses, lo que implica impactos económicos distintos frente a
las variaciones inflacionarias y cambiarias.

112. En este punto, resulta ilustrativo el estudio técnico denominado «Modificación
del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores que prestan sus servicios en el exterior», en el cual se explicó
que los funcionarios regidos por el Decreto 3357 de 2009 asumían cargas derivadas
de la conversión de pesos colombianos a dólares y, posteriormente, a la moneda
local del país de destino.

113. Precisamente por ello, el tránsito hacia un régimen salarial fijado en dólares
estadounidenses tuvo como finalidad mitigar los efectos negativos derivados de las

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fluctuaciones cambiarias y de la inflación del peso colombiano para quienes
prestaban sus servicios en el exterior. En esa medida, la circunstancia de que los
servidores cobijados por el Decreto 2348 de 2014 no hubieran recibido los
incrementos salariales anuales previstos para los empleados públicos remunerados
en pesos colombianos no conduce, por sí sola, a concluir que su poder adquisitivo
hubiera resultado afectado.

114. Por el contrario, la fijación de la remuneración en dólares estadounidenses
constituye un mecanismo que, en principio, ofrece una mayor estabilidad económica
frente a las fluctuaciones de la moneda colombiana, especialmente en contextos de
devaluación del peso, fenómeno que históricamente ha implicado un aumento del
valor de conversión del dólar frente a la moneda nacional. Así, no resulta
jurídicamente viable afirmar de manera automática que la ausencia de incrementos
salariales atados al IPC colombiano hubiera generado una disminución del poder
adquisitivo de los servidores regidos por el Decreto 2348 de 2014.

115. Adicionalmente, aunque la demandante sostuvo que la prima de costo de
vida prevista en el artículo 7 del Decreto 2348 de 2014 se calculaba con base en
factores que permanecieron sin reajuste, lo cierto es que no acreditó de manera
concreta que dicha circunstancia hubiera producido una pérdida real y efectiva de
capacidad adquisitiva en el país de destino, ni demostró que la remuneración
percibida en dólares estadounidenses hubiera resultado insuficiente para atender
las condiciones económicas del lugar de prestación del servicio. Su inconformidad
se sustentó esencialmente en la comparación con los incrementos reconocidos a
servidores sometidos a un régimen salarial distinto, estructurado sobre parámetros
económicos y monetarios diferentes.

116. En consecuencia, aunque los grupos comparados son susceptibles de
confrontación, no se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica, razón por
la cual el reajuste salarial previsto para los servidores cobijados por el Decreto 3357
de 2009 no configura un trato desigual entre iguales respecto de quienes se rigen
por el Decreto 2348 de 2014. Por ende, no se supera la primera etapa del juicio
integrado de igualdad y la Sala se releva de continuar el análisis de este cargo.

117. Sobre el particular, en sentencia del 29 de noviembre de 202418, la
Subsección “B” de esta Sección, al resolver un caso similar al presente, concluyó
que:

«[...] 60. En suma, no puede pretender el accionante que un salario fijado en moneda
extranjera y basado en estudios económicos de costo de vida del lugar en el que se
presta el servicio se reajuste con mecanismos internos como aquellos basados en
el IPC, pues la inflación en Colombia no afecta el poder adquisitivo del salario
determinado en moneda extranjera y gastado en Estados Unidos, México o Chile,
países en donde Elías Ancizar Silva Robayo prestó sus servicios. A quien, además,
para garantizarle una asignación salarial que atienda a las condiciones económicas
del país de destino, se le reconoció una prima de costo de vida, que tiene como

18 Expediente nro. 25000-23-42-000-2021-00810-03 (0267-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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objeto ajustar la remuneración de los servidores públicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores que se encuentren prestando servicios en el exterior.

61. En todo caso, se advierte que el demandante no planteó la pérdida de poder
adquisitivo de su salario en el país donde prestó sus servicios, sino que invocó
aspectos normativos nacionales para obtener un reajuste salarial en igual porcentaje
al de empleados que se encuentran en contornos fácticos y jurídicos diferentes.

62. En esa medida, no se acreditó la pérdida del poder adquisitivo de la
remuneración recibida respecto de la situación macroeconómica de los países
receptores en los que prestó los servicios diplomáticos Elías Ancizar Silva Robayo;
condición necesaria, puesto que, para establecer la movilidad del salario debe
consultarse la situación especial del trabajador en su entorno, es decir, haber
demostrado que en los países donde trabajó y gastó su salario, este perdió poder
adquisitivo. Aunado a que, el salario que devengaba el demandante al cambio no
mantuvo su valor, contrario a ello, aumentó año a año, lo cual tampoco refleja un
trato discriminatorio. En igual sentido se pronunció recientemente esta sala en una
situación con similares contornos facticos y jurídicos19 en el que se concluyó que las
cifras de la inflación colombiana resultan ajenas al contexto en el que la demandante
en ese asunto se desenvolvía, y que las pruebas aportadas no lograron acreditar
que su remuneración laboral haya sufrido una pérdida de poder adquisitivo, máxime
cuando su salario aumentó año a año.

63. Ha de añadirse que, contrario a lo señalado por el demandante en cuanto a que
es el artículo 2 del Decreto 3357 de 2009 la prueba de que la inflación afectó la
remuneración a él otorgada con independencia del lugar geográfico en el que se
ubicara, los supuestos diferenciadores entre los servidores de la planta externa del
Ministerio de Relaciones Exteriores cobijados por el Decreto 3357 de 2009 y los
cobijados por el Decreto 2348 de 2014 no están relacionados solamente con la
ubicación geográfica del servidor, sino con la afectación del poder adquisitivo de la
asignación salarial, el cual no es equivalente para los citados regímenes, por cuanto
la retribución de cada uno de ellos está determinada en unidades monetarias de
diferente valor como lo es el peso colombiano y el dólar, además, por el contexto
socioeconómico específico del país receptor.

64. En este punto, vale la pena traer a colación lo señalado en el estudio técnico de
«modificación régimen salarial y prestacional de los servidores públicos del
ministerio de relaciones exteriores que prestan sus servicios en el exterior» de pesos
colombianos a dólares estadounidenses, en el que se manifestó que al estar
determinados no solo la asignación básica mensual sino también factores como la
prima especial en pesos colombianos para el caso de los regidos por el Decreto
3357 de 2009, estos asumen una carga por el cambio que se debe hacer de pesos
colombianos a dólares y, posteriormente, de dólar a la moneda del país en el cual
se encuentran en misión.

65. En ese sentido, la variación del régimen se justificó en la posibilidad de mitigarle
a los servidores que prestan sus servicios en el exterior los efectos de asumir las
variaciones en las tasas de cambio y los que produce la inflación en el valor del peso

19 Sentencia del 14 de noviembre de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2021-00804-02 (2456-2024), C.P. Jorge

Edison Portocarrero Banguera.

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colombiano, situación que no afecta de igual manera a quienes devengan su salario
en pesos y a quienes lo hacen en dólares.

66. Por lo expuesto, aunque los grupos objeto de análisis, esto es los servidores
públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan sus servicios en el
exterior que están cobijados por el régimen salarial y prestacional del Decreto 3357
de 2009 a quienes les fue reajustada su asignación básica y los cobijados por el
Decreto 2348 de 2014 a quienes no, si bien son comparables no se encuentran en
igual situación fáctica y jurídica, pues a unos los rige un régimen salarial y
prestacional determinado en pesos colombianos y a otros en dólares
estadounidenses por lo que la medida analizada (es decir, el reajuste) no configura
un tratamiento desigual entre iguales, por ende, no se supera el primer paso del
juicio integrado de igualdad; por lo que, la sala se releva de continuar con el estudio
de este cargo [...]»

118. En relación con la prima especial prevista en el artículo 5 del Decreto 2348
de 2014, observa la Sala que dicha disposición creó una prima especial mensual
pagadera en dólares estadounidenses para los servidores del Ministerio de
Relaciones Exteriores que prestaran sus servicios en el exterior bajo ese régimen.
Asimismo, dispuso que «la prima especial se incrementará anualmente de
conformidad con lo que disponga el Gobierno Nacional».

119. La demandante pretende que a dicha prestación se le aplicaran
automáticamente los incrementos previstos en los decretos anuales de reajuste
salarial expedidos entre 2015 y 2019. Sin embargo, tal interpretación no resulta
acorde con el contenido de la norma.

120. Como se explicó previamente, la determinación del régimen salarial y
prestacional de los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores corresponde
exclusivamente al Gobierno nacional, en ejercicio de las competencias otorgadas
por la Constitución y la Ley 4.ª de 1992.

121. Bajo ese entendido, el incremento anual de la prima especial dependía de
una decisión expresa del Gobierno nacional. No obstante, durante las vigencias
reclamadas no se expidió disposición alguna que materializara dicho incremento,
circunstancia que incluso fue reconocida por la propia demandante.

122. En consecuencia, la expresión normativa según la cual la prima especial «se
incrementará anualmente de conformidad con lo que disponga el Gobierno
Nacional» no consagra un aumento automático ni obligatorio en un porcentaje
determinado, sino una facultad sujeta a regulación posterior por parte del Ejecutivo.
Al no existir acto administrativo que dispusiera dicho incremento para los años
reclamados, no surge el derecho pretendido por la demandante.

123. En la sentencia que se viene citando, la Subsección “B” sostuvo que:

«[...] 69. Según se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, el régimen
salarial y prestacional de los empleados del ente ministerial es una competencia

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Demandante: Esperanza Prada Ayala

exclusiva y reservada por la Constitución y la ley al gobierno nacional y, para tal fin
debe tener en cuenta las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, con
base en las cuales creó la prima especial en las condiciones transcritas.

70. En suma, es el gobierno nacional que, en ejercicio de sus facultades realiza los
incrementos de la prima en atención a criterios técnicos, la cual no se efectuó entre
los años 2015 a 2019, sino hasta el 2020, como así también lo señaló la parte
demandante. Así pues, el incremento a que se hace alusión se determina según lo
disponga el gobierno, que para las vigencias reclamadas decidió no efectuarlo y en
ese orden de ideas el recurso de alzada carece de fundamento en cuanto omite que
existe un régimen especial que cobijaba al demandante y, que a dicha normatividad
se ajustó el ente ministerial demandado sufragando las obligaciones a su cargo.

71. Ahora bien, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la
palabra disponer tiene, entre otras, la siguiente acepción: «[d]eliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse», a su vez determinar significa «decidir algo, despejar
la incertidumbre sobre ello»; «hacer que alguien decida algo»; «establecer o fijar
algo». Luego, la oración expresa que el monto de la prima especial aumentará cada
año, pero este aumento dependerá de las decisiones establecidas por el gobierno
nacional, pues lo que ordena la norma no se trata de un imperativo de hacer algo,
sino que implica que los incrementos anuales dependerán de lo que establezca el
gobierno. Es decir, el incremento no será fijo ni automático, sino que estará sujeto a
lo que el gobierno disponga en el futuro. Y, en el caso particular no hay disposiciones
que hayan materializado la facultad con la que cuenta de incrementar el mencionado
emolumento.

72. En este punto, valga remitirse a argumentos similares a los expuestos al resolver
el primer problema jurídico y que se refieren al hecho de que el régimen que cobija
al demandante se encuentra determinado en dólares, por lo que, no tiene derecho
al incremento en la prima especial prevista en el Decreto 2348 de 2014 en igual
porcentaje al determinado para el incremento de los salarios y prestaciones de los
demás servidores públicos del estado que perciben la retribución de su trabajo en
pesos colombianos y, en todo caso, el monto que percibía por tal emolumento al
cambio no mantuvo su valor, contrario a ello, aumentó año a año [...]»

124. Adicionalmente, debe reiterarse que la prima especial reconocida a la
demandante se encontraba fijada en dólares estadounidenses y hacía parte de un
régimen salarial especial distinto al aplicable a los servidores cuyos ingresos se
determinan en pesos colombianos, razón por la cual tampoco procedía aplicar
automáticamente los incrementos previstos para estos últimos.

125. Finalmente, en cuanto al argumento según el cual la demandante debió
continuar percibiendo la prima especial y la prima de costo de vida durante el tiempo
en que fue comisionada y ubicada en el Grupo Interno de Trabajo de Integración
Fronteriza en Colombia, la Sala considera que tampoco le asiste razón. El artículo
5 del Decreto 2348 de 2014 prevé expresamente que la prima especial se reconoce
a quienes presten sus servicios en el exterior, supuesto que dejó de cumplirse
cuando la demandante retornó al país a raíz de la expulsión de los diplomáticos
colombianos de Venezuela. Igual conclusión aplica respecto de la prima de costo
de vida, cuya finalidad consiste precisamente en compensar las condiciones
económicas del país extranjero donde se presta el servicio, presupuesto que
desapareció una vez la accionante pasó a desempeñar funciones en territorio
nacional.

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126. Frente al argumento relativo a la presunta vulneración del derecho a la
igualdad, derivada de que algunos funcionarios diplomáticos expulsados de
Venezuela habrían conservado la integridad de su remuneración mientras ello no
ocurrió respecto de los auxiliares de misión, la Sala advierte que dicha afirmación
no fue acreditada dentro del proceso.

127. En efecto, aunque la demandante sostuvo que a otros servidores del servicio
exterior sí se les continuó reconociendo la totalidad de las primas y emolumentos
asociados al servicio en el exterior pese a haber retornado al país, no aportó prueba
alguna que permitiera verificar la existencia de funcionarios en idénticas condiciones
fácticas y jurídicas a las suyas a quienes efectivamente se les hubiera mantenido el
pago de la prima especial y de la prima de costo de vida durante su permanencia
en territorio nacional.

128. En ese sentido, las circunstancias alegadas permanecieron en el plano
meramente afirmativo, sin respaldo probatorio suficiente que permitiera adelantar
un juicio de igualdad respecto de situaciones comparables. No basta, entonces, con
invocar un trato diferente, sino que correspondía acreditar que existían servidores
sometidos al mismo régimen salarial, en iguales condiciones de vinculación, cargo,
funciones y situación administrativa, que hubieran recibido un tratamiento distinto
por parte de la administración.

129. En este orden de ideas, y en atención a que los cargos formulados en la
alzada no prosperaron, la Sala confirmará la sentencia apelada.

130. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

131. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

132. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

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133. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

134. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia 10 de marzo del 2023, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda que,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovió la señora Esperanza Prada Ayala en contra la Nación – Ministerio de
Relaciones Exteriores.

SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley y el art. 186 del CPACA.

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