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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00724-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00724-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. 4 Radicación: 25000-23-42-000-2021-00724-01 (6210-2024) Demandante: Colpensiones TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00724-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 25000-23-42-000-2021-00724-01 (6210-2024)
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado : Damaris Guana Castro
Tema : Devolución de dineros provenientes de prestaciones
periódicas. Principio de buena fe
Decisión : Confirmar la sentencia de primera instancia, por medio de la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. No se acreditó mala fe.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia del 29 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y no concedió la solicitud de devolución de dineros
percibidos en virtud del reconocimiento pensional.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) presentó
demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el
propósito de que se declare la nulidad de la Resolución GNR No. 018293 del 27 de
febrero de 2013, mediante la cual se reconoció a la parte demandada una pensión de
vejez con fundamento en el Decreto 758 de 1990.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) la devolución de las mesadas
pagadas en la Resolución GNR No. 018293; (ii) a la entidad promotora de salud Sanitas
E.P.S S.A., el reintegro de los valores pagados por concepto de salud a favor de la
demandada y (iii) se condene al pago de las sumas de dineros indexados o los intereses
a que haya lugar.

3. Señaló que no era aplicable el Decreto 758 de 1990 para el reconocimiento de la
pensión de vejez, por cuanto la demandada contaba con 723 semanas para la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993, por lo que no es beneficiaria del régimen de transición.

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00724-01 (6210-2024)

Demandante: Colpensiones

Contestación de la demanda

4. La demandada no contestó.

II. SENTENCIA APELADA

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de la Resolución GNR
No. 018293 del 27 de febrero de 2013, asimismo ordenó la suspensión del pago del
reconocimiento pensional, negó las demás pretensiones y se abstuvo de imponer
condena en costas. Concluyó que la señora Damaris Guana Castro para la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no cumplía con los 15 años de servicios
prestados para ser beneficiaria del régimen de transición ni al régimen de prima media
con prestación definida, al escoger libremente el régimen de ahorro individual para el que
no aplica la transición del sistema general pensional.

6. Por otra parte, negó la devolución de las mesadas pensionales al no haberse
acreditado actos de mala fe por parte de la demandada y, por el contrario, señaló que al
contar con un total de 1.408 semanas cotizadas y al cumplir con el requisito de la edad,
sí tiene derecho al reconocimiento pensional pero no con las normas del régimen de
transición.

7. En relación con las costas, el a quo consideró que no eran procedentes al no
encontrarse acreditada conducta de mala fe por las partes en el trámite de la instancia.

III. RECURSO DE APELACIÓN

8. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación por la
parte demandante, quien cuestionó la decisión en lo relacionado con la negativa a
ordenar la devolución de las sumas pagadas a la señora Damaris Guana Castro. Estimó
que la mala fe de la demandada se evidenció en el hecho de haber sido advertida sobre
la ilegalidad del acto administrativo demandado y, aun así, haberse negado a autorizar
su revocatoria.

9. Adicionalmente, afirmó que con la decisión adoptada se pone en riesgo el sistema
pensional y se vulnera el principio de sostenibilidad financiera.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

10. Mediante auto proferido el 2 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.

11. Encontrándose dentro de la oportunidad procesal, la parte demandada no se
pronunció frente al recurso.

12. El Ministerio Público rindió concepto en el que sugirió confirmar la sentencia apelada
al considerar que, la entidad demandante no aportó pruebas que desvirtuaran la buena

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00724-01 (6210-2024)

Demandante: Colpensiones

fe de la demandada en los términos que ha señalado la jurisprudencia, ni sustentó el
argumento relativo a la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

13. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código
General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consecuencia,
corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia planteada.

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en error al negar la devolución de las sumas percibidas por la demandada, a
pesar de que la entidad demandante alegó que aquella continuó percibiendo una pensión
con pleno conocimiento de que se le había reconocido una prestación a la que no tenía
derecho.

15. Para resolver el problema jurídico planteado, se abordará el análisis sobre la
devolución de dineros provenientes de prestaciones periódicas en el marco del principio
constitucional de buena fe, y se analizará el caso concreto.

Análisis del problema jurídico

16. En el presente caso, la Sala confirmará la decisión de primera instancia al verificar
que Colpensiones no probó la mala fe de la demandada.

17. El artículo 83 de la Constitución Política establece que las actuaciones de los
particulares y de las autoridades deben ceñirse al principio de buena fe, el cual se
presume en todas las actuaciones ante la administración pública.

18. A su turno, el artículo 164, numeral 1, literal C del CPACA, dispone que no habrá
lugar a la recuperación de prestaciones periódicas pagadas a particulares de buena fe.
La Sección Segunda de esta corporación1 ha precisado que para desvirtuar esta
presunción es necesario que la entidad demuestre que el beneficiario incurrió en
conductas dolosas, deshonestas o fraudulentas.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 27 de agosto de 2020, expediente 76001-23-31-000-2010-01578-01 (3388-14), M.P., César Palomino
Cortés.

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00724-01 (6210-2024)

Demandante: Colpensiones

19. En ese sentido, si el beneficiario actuó razonablemente confiando en la legalidad del
acto administrativo que le reconoció la prestación, no es procedente la devolución de los
valores percibidos, salvo prueba de su mala fe.

20. En el presente caso, la Sala advierte que para que proceda la devolución de las
sumas percibidas por la demandada, no es suficiente con acreditar la ilegalidad del acto,
sino que era indispensable demostrar que tales valores se obtuvieron en contravía del
principio de buena fe, cuya presunción rige en el ámbito contencioso administrativo. No
obstante, no obra en el expediente pruebas que den cuenta de actuaciones fraudulentas
o deshonestas por parte de la señora Damaris Guana Castro.

21. Ahora, si bien Colpensiones sostiene que la demandada debió autorizar la
revocatoria del acto administrativo una vez fue advertida sobre su ilegalidad, dicha
omisión por sí sola no constituye prueba suficiente para debilitar la presunción de buena
fe.

22. Por lo anterior, se confirmará la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, quien negó la devolución de las sumas pagadas a la señora Guana
Castro en virtud del acto administrativo nulitado.

Condena en costas

23. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso se condenará
en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal de
conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley 2080 de 2021. De lo
anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear las reglas
establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la demanda
carecía de fundamento legal o no.

24. En el caso concreto, la Sala advierte que no hay lugar a condena en costas, toda vez
que, si bien el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante no prosperó,
lo cierto es que expuso argumentos que poseen razonabilidad jurídica y constituyen un
ejercicio legítimo del derecho de defensa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de julio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00724-01 (6210-2024)

Demandante: Colpensiones

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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