Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00752-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00752-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00752-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25-000-23-42-000-2021-00752-01(2059-2024)
Demandante: Patricia del Pilar Acosta Trujillo
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Tema: Reajuste de Asignación Básica y Prima Especial/ Empleados del
Servicios Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A” por medio de la cual se negaron
las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Patricia del Pilar Acosta Trujillo instauró demanda en contra de la
Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin
de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio S-DITH-20-024399 del 19 de noviembre de
2020 -notificado el día 23 de ese mes y año- por medio del cual se le negó el reajuste
y pago de la asignación básica, prima especial, liquidación y pago de las prestaciones
sociales, cesantías y aportes a seguridad social.
3. Que se declare la primacía constitucional por vía de declaratoria de
inconstitucionalidad de los artículos 21 literal a) de los decretos 199 de 2014, 1101 de
2015, 229 de 2016, 999 de 2017 y 330 de 2018 por ser contrarios a los artículos 14,
43, 48 y 53 de la Constitución Política y los Convenios 100 y 111 de la OIT ya que
imprimen un trato discriminatorio contra los servidores públicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores que prestan sus servicios en el exterior.
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4. Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a cancelar los emolumentos
salariales y prestacionales solicitados en los porcentajes indicados en las normas que
regulan la materia, su reajuste, el reconocimiento y pago de los intereses moratorios
sobre el incremento que se genere y se le impongan costas, gastos y agencias en
derecho.
HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que fue nombrada provisionalmente por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores en el cargo de consejero de relaciones exteriores, código 1012, grado 11
de la planta global adscrito al Consulado de Colombia, cargo del cual tomó posesión
el 7 de enero de 2014 y en el que permaneció hasta el 15 de marzo de 2018.
7. Que el Gobierno nacional estableció las escalas de aumento de la asignación básica
salarial de los servidores públicos del orden nacional, entre ellos los vinculados a los
ministerios y de los empleados públicos que continuaran ejerciendo un cargo cuya
denominación corresponda al nivel ejecutivo, en razón a que la entidad no había
efectuado los ajustes y conforme lo señalado en el Decreto 770 de 2005, en los
siguientes actos administrativos, asignando estos porcentajes:
No. del decreto Año Porcentaje
1029 2013 3.44%
199 2014 2.94%
1101 2015 4.66%
229 2106 7.77%
999 2017 6.75%
330 2018 5.09%
8. Afirmó que tales decretos establecen que no son aplicables a los empleados del
Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan sus servicios en el exterior.
9. Que el Decreto 2348 de 2014, en su artículo 2º, establece las reglas de la asignación
básica de los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores que estén ubicados
en Misiones Diplomáticas y Oficina Consulares, en dólares de los Estados Unidos de
América y, la forma en que dicho régimen salarial les es aplicable a los trabajadores
que se encontraban cobijados en los Decretos 2078 de 2004 y 3357 de 2009.
10. Que en el artículo 5º del Decreto 2348 de 2014 se estableció una Prima Especial
que se paga en dólares de los Estados Unidos de América, que se constituye en factor
salarial para todos los efectos y, sobre la cual debe efectuarse cotización al Sistema
Integral de Seguridad Social y, que también sirve de base para calcular los beneficios
especiales de que tratan los literales b), d) y e) del artículo 62 del Decreto 274 de 2000.
11. Que en los artículos 6º y 7º ibidem, se establece la forma de cálculo de la
denominada Prima de Costo de Vida adoptando para el efecto los multiplicadores
establecidos por la ONU mediante la Circular Consolidada de Ajuste de Destino. Que
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para la liquidación se tiene en cuenta la asignación básica y la prima especial y, esta
última, a su vez, incide en la liquidación de las demás prestaciones sociales.
12. Que manifestó su deseo de acogerse al régimen salarial y prestacional señalado
en el Decreto 2348 de 2014, mediante comunicación CPACL-214 del 3 de diciembre
de 2014, solicitando que el mismo le fuera aplicado a partir del 20 de noviembre de
ese mismo año.
13. Que el Gobierno nacional no expidió norma especial para reajustar la asignación
básica de los empleos del Ministerio de Relaciones Exteriores asignados a las
embajadas, Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares en el exterior.
14. Que el 1º de septiembre de 2020, radicó reclamación administrativa en la que
solicitó el reajuste de la asignación básica, el incremento de la prima especial, la
reliquidación de las prestaciones sociales y el pago de los intereses de mora sobre el
incremento de sus beneficios laborales y de los aportes pensionales, estimando como
valor de la reclamación la suma aproximada de 71.873 USD. También pidió que se le
expidiera una certificación laboral sobre diferentes conceptos. Peticiones que fueron
atendidas negativamente a través del acto acusado, excepto la expedición de la
certificación anunciada.
15. Que el 25 de mayo de 2021 agotó debidamente el presupuesto procesal de
conciliación extrajudicial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.
16. Se indicaron como violados los artículos 13, 14, 25, 43, 48, 53 y 93 de la
Constitución Política; 100 y 111 de la OIT y 143 del Código Sustantivo del Trabajo.
17. En el concepto de la violación se adujo que el acto acusado está viciado de falsa
motivación, en tanto resulta claro que los servidores públicos que prestan su servicio
en el exterior y los regidos por el régimen salarial y prestacional del Decreto 2348 de
2014, están sometidos a una trato desigual y discriminatorio, al no existir justificación
objetiva y con fines constitucionales admisibles, para privarles y negarles el derecho
al reajuste de su asignación básica y la prima especial, cuando los demás servidores
públicos del orden nacional y los del Ministerio de Relaciones Exteriores sí recibieron,
tanto el reajuste de su asignación básica y su prima especial.
18. Que también vulnera la Constitución Nacional en tanto se ha reconocido el derecho
que tienen los trabajadores al incremento anual de su asignación salarial y, al no
reajustarla, se discrimina a los trabajadores del servicio exterior del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
19. Que ha sido la conducta reiterada de la entidad demandada excluir del reajuste de
asignaciones básicas a los servidores públicos del servicio exterior, defiriendo éste a
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una norma especial que nunca expide el Gobierno nacional, haciendo lo mismo con la
prima especial prevista en el Decreto 2348 de 2014, sin mediar de su parte conducta
alguna positiva encaminada a lograr el reajuste del salario de sus trabajadores, que
les permita mantener el valor adquisitivo a lo largo del tiempo de su salario, generando
por el contrario un empobrecimiento sostenido, en contraposición con los demás
funcionarios del Estado.
20. Que el acto acusado desconoce el derecho a la seguridad social y que el reajuste
de la prima especial y de la asignación básica deben ser tenidos en cuenta como
derechos ciertos e indiscutibles. Así, se indicó que desconoce, igualmente, los
derechos al debido proceso y defensa.
21. Que, además, fue expedido en forma irregular, pues no se permitió controvertirlo
por medio de los recursos de reposición y/o apelación y, con desviación de atribuciones
o desviación de poder, puesto que tiene como único propósito y finalidad la de no
reconocer las prestaciones reclamadas y perpetuar en el tiempo el actuar
inconstitucional del Gobierno nacional, manifestado en una flagrante omisión de sus
deberes en cuanto a la obligación de reajuste y aumentar la asignación básica y la
prima especial a la cual tiene derecho.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
22. El 16 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección “A” admitió la demanda1. El Ministerio de Relaciones
Exteriores expresó que los pagos de salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos no se hacen de manera caprichosa, sino que responden a las normas
establecidas para tal fin, esto es, en garantía del principio de legalidad.
23. Que el acto demandado es informativo y por tanto no susceptible de control judicial,
pues no otorga ni extingue derechos y no establece una situación jurídica en particular,
máxime si se tiene en cuenta que la inconformidad de la accionante radica
específicamente en lo establecido en las normas que regulan la materia, lo que no
implica que sus pagos se efectuaran de manera incorrecta, sino que hay una
prescripción normativa no compartida por ella.
24. Que si considera que sus derechos se vulneran con los decretos que fijan el
régimen salarial, debe acudir a pedir su nulidad a través del medio de control de
Nulidad Simple; ahora, si su inconformidad es que el Gobierno nacional no ha
dispuesto el aumento de la prima especial durante los años 2015 a 2019 como una
presunta omisión normativa, la acción correcta es la de cumplimiento.
25. Que la petición de declarar la excepción de inconstitucionalidad es inocua por
cuanto los Decretos 199 de 2014, 1101 de 2015, 229 de 2016, 999 de 2017 y 330 de
2018 se encuentran derogados.
1
Y en proveído del 16 de agosto de 2022, se admitió la reforma.
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26. Que no tiene ningún tipo de sustento jurídico la censura, pues parte del
desconocimiento de la normatividad especial que regula las escalas salariales de los
funcionarios que prestaban sus servicios en la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Que lo que busca la accionante es que a un grupo de
funcionarios, los que prestan su servicio en la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores, se les aplique la parte favorable de su régimen especial y la
parte favorable del régimen general de los demás servidores públicos, sin entender
que se trata precisamente de dos grupos de trabajadores que tienen sus propios
regímenes salariales y prestacionales.
27. El 11 de agosto de 2023, se ordenó correr traslado a las partes para alegar de
conclusión.
SENTENCIA APELADA
28. En sentencia del 2 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A” negó las pretensiones de la
demanda, por considerar que a diferencia de lo que sucede con los demás empleados
de la Rama Ejecutiva del orden nacional sobre los cuales el Gobierno debe reajustar
anualmente su remuneración, para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores
que presta sus servicios en el exterior no existe ningún mandato que imponga tal
obligación, por lo que no es posible concluir que ello deba realizarse en forma
inexorable.
29. Que pese a que ello podría ser entendido como un trato diferenciado, éste no
puede tildarse de arbitrario ni discriminatorio, porque responde a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, debido a que el reajuste anual atiende al fenómeno
inflacionario ocurrido dentro del país y, como consecuencia de ello, es factible concluir
que ese incremento busca nivelar o ajustar la pérdida del poder adquisitivo de la
remuneración pagada en pesos colombianos a los empleados públicos del territorio
nacional.
30. Que, en consecuencia, la afectación derivada por la inflación no recae sobre el
salario percibido por los empleados públicos del ministerio que prestan sus servicios
en el exterior, ya que su remuneración es percibida en dólares americanos u otra
moneda extranjera, lo cual implica que el comentado reajuste anual para los
empleados internos no puede ser considerado para un personal que no se ve afectado
por la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano.
31. Que, al no evidenciarse ningún trato discriminatorio inválido e injustificado u otra
afectación de la Constitución Política, no amerita hacer uso de la excepción por
inconstitucionalidad.
32. En lo que respecta al reajuste de la prima especial establecida por el Decreto 2348
de 2014 a favor de la demandante por el periodo comprendido entre 2015 y 2018, en
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los términos de los artículos 5 ibidem y 4 de la Ley 4 de 1992, dijo que era potestad
discrecional del Gobierno nacional disponer o no algún tipo de incremento anual para
ese emolumento y, al no producirse durante ese interregno ningún reajuste de esa
prima, no logra evidenciarse afectación alguna a una normativa en concreto.
33. Finalmente, que no hay vulneración a los derechos al debido proceso y de defensa
al no disponer el acto administrativo acusado recursos en su contra, en la medida que
ello abre la puerta a que pueda ser demandado vía judicial, en forma directa.
RECURSO DE APELACIÓN
34. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que dijo que erró el
Tribunal al señalar que no existe un mandato normativo que obligue al Gobierno
nacional a reajustar las asignaciones básicas de los empleados al servicio del
Ministerio de Relaciones Exteriores, pues ello está reglado en el Decreto 3357 de 2009.
35. Que de haberse tenido en cuenta dicha norma que regula tanto para los empleados
que prestan sus servicios en el territorio nacional como para los que lo hacen en el
exterior, se habría podido realizar el juicio de igualdad propuesto, llevándolo a
evidenciar que existe un trato discriminatorio para estos últimos.
36. Que no es cierto que los salarios de quienes prestan sus servicios en el exterior
no resultan afectados con la pérdida adquisitiva del peso colombiano, puesto que lo
verdadero es que el reajuste debe aplicarse indistintamente de la moneda con que se
pague.
37. Sostuvo: “Errada resulta tal consideración, puesto que la inflación es un fenómeno
económico global, de toda economía, que afecta tanto a quien devenga su salario en
dólares, euros, coronas, etc. etc. Así mismo, los miembros del servicio exterior,
atienden sus gastos en la moneda a la que corresponda el país donde están
acreditados, debiendo incluso realizar cambios de divisas a dólares, de manera que la
inflación y por lo tanto la perdida adquisitiva de dichas monedas igualmente los afecta,
y como resulta absolutamente obvio, si ganan en dólares, pagan igualmente en dólares
y no pagan sus obligaciones o atienden sus gatos en pesos colombianos, de manera
que resulta inocuo si el dólar de los estados unidos se valoriza o no frente a esta
moneda en el ámbito nacional.”
38. Que la sentencia no visualiza el juicio de igualdad entre los mismos empleados del
servicio exterior diferenciados por su régimen salarial, ni tampoco de estos con los de
la Rama Ejecutiva del orden nacional, en términos del derecho al reajuste de su salario,
limitándose la decisión de Tribunal a una óptica sobre la inexistencia de tal derecho, al
tenor de una interpretación desarticulada de la Ley 4 de 1994, artículos 4 y 5, con el
Decreto 3357 de 2009 y el Decreto 2348 de 2014 y los artículos 13, 48 y 53 de la
Constitución Nacional, que obligan a un trato igualitario, garantizar la movilidad salarial
y a no someter a ciudadanos a discriminaciones injustificadas.
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39. Y continuó: “recibir la asignación básica en dólares de los Estados Unidos de
América, no garantiza la conservación del poder adquisitivo de los salarios en el país
de prestación del servicio, puesto que ninguna economía en el mundo se encuentra
libre del fenómeno inflacionario y como antes indicamos estos atienden los gastos de
su subsistencia en dólares o moneda local, para lo cual en nada los beneficia la tasa
de cambio del dólar con el peso colombiano, como pretende justificarlo con su
argumentación el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.”
40. Que es clara la omisión del Estado en cabeza del funcionario competente al no
haber reajustado la prima especial, perjudicando los derechos laborales de los
funcionarios del servicio exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores regidos por el
Decreto 2348 de 2014, de manera que este argumento no hace más que
revictimizarlos, escudándose el ministerio en la desidia y omisión de funciones del
Estado.
41. Que las discriminaciones mencionadas evidencian la vulneración de los artículos
13, 25, 48 y 53, de la Constitución Nacional, entre otros, dado que la Carta garantiza
el derecho a la igualdad material y de trato frente a la ley, así como el derecho al trabajo
en condiciones dignas y justas, y al salario o remuneración mínima, vital y móvil, es
decir, el reajuste del salario está consagrado como derecho en la Constitución
Nacional, viéndose así mismo afectado el derecho a la seguridad social del cual
dependen estos y, en especial, la pensión de la demandante a futuro.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
42. El 22 de abril de 2024 se admitió el recurso de apelación. En la oportunidad
concedida, sólo se pronunció la parte demandada solicitando la confirmación de la
decisión recurrida.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
43. De acuerdo con el recurso, el problema jurídico que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si la demandante tiene derecho al reajuste de la asignación
básica en iguales porcentajes a los que les fue reajustada a los servidores públicos de
la Rama Ejecutiva del orden nacional, incluidos a quienes prestaron servicios en planta
externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que estaban cobijados por el
régimen previsto por el Decreto 3357 de 2009 y, en consecuencia, a que se le
reliquiden las prestaciones sociales y demás emolumentos causados durante su
vinculación en dicha planta. Así mismo, si tiene derecho al incremento de la prima
especial prevista en el Decreto 2348 de 2014, en igual porcentaje al determinado para
el incremento de los salarios y prestaciones de los demás servidores públicos del
Estado.
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Competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos / Empleados Públicos que prestan servicios en el exterior.
44. El artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política dispone que
corresponde al congreso dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios
a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos.
45. En desarrollo de dicha disposición se expidió la Ley 4ª de 19922, cuyos artículos 1
y 12 establecen que el Gobierno nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos allí previstos, es la autoridad encargada de determinar el régimen salarial y
prestacional tanto de los empleados públicos del orden nacional como de los
servidores de las entidades territoriales.
46. A su turno, en el artículo 3º se especificaron los elementos que conforman el
sistema salarial de los servidores públicos, a saber, “la estructura de los empleados,
de conformidad con las funciones que se deben desarrollar y la escala y tipo de
remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.
47. En lo relacionado con la estructura del empleo, la Ley 909 de 2004 en su artículo
19, numeral 1, señaló que se entiende por tal “el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para
llevarlas a cabo”. Así mismo, indicó en el numeral 2 que cada empleo debe contener
la descripción de las funciones para poder determinar las responsabilidades de su
titular, el perfil de las competencias de experiencia y estudios necesarias para ocuparlo
y, el tiempo de duración, en caso de ser temporal.
48. En cuanto a las escalas de remuneración, la jurisprudencia de la Corporación3 ha
precisado que la determinación de las mismas comprende la facultad de establecer
tablas salariales organizadas de manera sucesiva, numérica y progresiva, en las que
se fija la asignación básica mensual correspondiente a cada categoría de empleo,
conforme a su clasificación por niveles, sin que ello implique la posibilidad de crear
factores salariales distintos de los previstos en la ley.
49. A cada uno de estos niveles corresponden funciones, responsabilidades y
exigencias diferenciadas, así como requisitos mínimos y máximos de formación y
experiencia, lo cual incide directamente en la asignación salarial. De igual manera, el
sistema de nomenclatura y clasificación prevé que cada empleo se identifique
mediante un código y un grado, que se asocia a la asignación básica mensual fijada
en las respectivas escalas, lo que evidencia la relación directa entre la estructura del
empleo y su remuneración.
2
Mediante la cual se señalan normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación
de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de abril de 2009, radicado 68001-23-15-000-2003- 02652-01 (2615-
2007)
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Radicado: 25-000-23-42-000-2021-00752-01(2059-2024)
50. Ahora, literal a) del artículo 1º de la Ley 4ª de 1992 establece: “El Gobierno
Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará
el régimen salarial y prestacional de: a. Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva
Nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico” y, más
concretamente, en el artículo 5º reguló para el caso de los funcionarios del servicio
exterior, disponiendo:
ARTÍCULO 5.- En el caso de los funcionarios del servicio exterior, el Gobierno
Nacional fijará la remuneración mensual en dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Para la determinación de la prima de costo de vida únicamente se tendrá en cuenta
ese factor, el cual no podrá considerarse para ningún otro efecto.
PARÁGRAFO - No obstante lo dispuesto en este artículo, cuando existan
condiciones especiales, el Gobierno Nacional podrá fijar la asignación mensual en
monedas diferentes al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, previo
concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES.
De la misma manera, el Gobierno Nacional podrá establecer primas especiales de
gestión y representación en embajadas que el Gobierno Nacional determine.
51. La norma trascrita es clara al disponer que la fijación de los salarios del personal
del servicio externo colombiano es de carácter especial y por ello difiere de aquella
que realiza el Gobierno nacional respecto de los demás empleos públicos de la rama
ejecutiva nacional a que se refiere el literal a) del artículo 1 antes mencionado.
52. De ahí que el Gobierno nacional ha previsto para los funcionarios diplomáticos,
consulares y administrativos del servicio exterior las asignaciones básicas mensuales,
la prima especial, la prima de costo de vida y gastos de representación, entre otros,
mediante los Decretos 87 de 1994; 92 de 1995; 53 de 1996; 62 de 1997; 42 de 1998,
60 de 1999; 1484 de 2001; 856 de 2002; 3547 de 2003; 2078 de 2004; 3357 de 2009
y 2348 de 2014
53. Caso contrario, en los decretos4 en los que el gobierno ha determinado el
incremento salarial anual y por ende las escalas de asignación básica de los empleos
de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, Empresas Sociales del Estado, han exceptuado expresamente de su
aplicación a los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan servicio
en la planta externa5.
54. Finalmente, se advierte que de conformidad con el parágrafo del artículo 5 ya
transcrito y, así lo ha desarrollado esta Corporación “el ejercicio de la competencia en
4
Decretos 1101 de 2015; 229 de 2016; 999 de 2017; 330 de 2018; 1011 de 2019, 304 de 2020 y 961 de 2021
5
Así lo señalan los Decretos ley 109 de 1985 y 62 de 1986; al igual que los Decretos 156 de 1987; 90 de 1988; 10 de 1989; 50
de 1990; 100 de 1991; 872 de 1992; 11 de 1993; 42 de 1994; 25 de 1995; 10 de 1996; 31 de 1997; 40 de 1998; 35 de 1999; 2720
de 2000; 1460 de 2001; 2710 de 2001; 660 de 2002; 3535 de 2003; 4150 de 2004; 916 de 2005; 372 de 2006; 600 de 2007; 643
de 2008; 708 de 2009; 1374 de 2010; 1031 de 2011; 853 de 2012; 1029 de 2013; 199 de 2014; 1101 de 2015; 229 de 2016; 999
de 2017; 330 de 2018; 1011 de 2019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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cuestión no puede ser ajeno a la situación económica global ni a la de los países
involucrados pues, como señala su parágrafo, en los casos en que se presenten
condiciones especiales, previamente acreditadas mediante concepto emitido por el
Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, es factible que el gobierno
determine que los salarios de personal del servicio externo se debe pagar en una divisa
diferente al dólar”6.
55. Por tanto, es claro que, para el ejercicio de la competencia atribuida al Gobierno
nacional relacionada con la determinación de los salarios de los empleados públicos,
específicamente, de los que prestan el servicio exterior, aquel debe atender y estar
acorde con la realidad económica global y, en concreto, con la de los países sede de
las misiones diplomáticas.
Servicio exterior colombiano / Especialidad.
56. La Ley 573 de 2000 revistió al presidente de la República de facultades
extraordinarias para expedir una serie de normas con fuerza de ley a través de las
cuales regulara, entre otras materias, el servicio exterior, su personal de apoyo, la
carrera diplomática y consular, y en general todos los asuntos relativos a su régimen
de personal -Artículo 16-.
57. En virtud de lo anterior se expidió el Decreto Ley 274 de 20007, que en su artículo
3º define el servicio exterior como “la actividad administrada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en desarrollo de la política exterior de Colombia, dentro o fuera
del territorio de la República, con el fin de representar los intereses del Estado y de
proteger y asistir a sus nacionales en el exterior.”
58. En el artículo 4 ibidem se consagraron los principios rectores u orientadores de la
función pública en el servicio exterior y de la Carrera Diplomática y Consultar, entre los
cuales, se encuentra el de especialidad que se concreta en el “cumplimiento de
requisitos y condiciones derivados de las particulares características de la prestación
del servicio en desarrollo de la política internacional del Estado, a fin de garantizar la
ejecución de las funciones asignadas y de las gestiones encomendadas con la
dignidad, el decoro, el conocimiento y el liderazgo que dicha particularidad requiere.”
59. En consecuencia, la normativa que regula el servicio exterior y la carrera
diplomática y consular encuentra su justificación en la naturaleza específica del
servicio, cuya prestación efectiva requiere de personal idóneo, con formación y
experiencia en la materia y que deriva en la procedencia para establecer situaciones
administrativas especiales, tales como alternación, régimen de comisiones,
disponibilidad y condiciones laborales especiales.
6
Sentencia del 30 de enero de 2020, radicado 25000-23-25-000-2012-00122-01(4370-16), C.P. William Hernández Gómez
7
Por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular
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Radicado: 25-000-23-42-000-2021-00752-01(2059-2024)
60. La Corte Constitucional, en sentencia C-173 de 2004, refiriéndose al régimen
normativo de estos, sostuvo que “es una normatividad basada en especificidades,
pues se trata también de una función muy particular. Las particularidades de este
servicio y la protección a sus funcionarios se manifiestan de diversas formas”8. Bajo
este supuesto, la normatividad colombiana ha establecido, en ciertos aspectos, un
tratamiento diferenciado en cuanto a salarios, prestaciones, seguridad social y
beneficios económicos entre el personal de la planta interna del Ministerio de
Relaciones Exteriores y el de su planta externa, sin perjuicio de que dicho trato deba
estar fundamentado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad para no violar el
artículo 13 de la Constitución Política9.
61. Ejemplo de ello son los beneficios a los que tienen derecho los servidores que
integran la planta externa tales como pasajes y viáticos por desplazamiento al exterior
y de regreso al país; prima de instalación; transporte de menaje doméstico; y vivienda
para embajadores, pero, el artículo 62 parágrafo 3 excluyó de los beneficios regulados
en dicha norma a quien reside en el país de destino.
62. Igualmente, el canon 88 ibidem instituye que los funcionarios de apoyo en el
exterior que residan o sean nacionales del país de la misión diplomática se encuentran
sometidos a condiciones especiales, y se exceptúan de lo dispuesto en los artículos
62 a 68 y 79 a 82, ya que “la relación laboral se regulará por las leyes de dicho país
receptor”.
63. En sentencias C-616 de 1996 y C-173-2004, la Corte Constitucional justificó el
trato particular recibido por los empleados de servicios en el exterior, indicando que la
misma se basa en sus especificidades y, en igual sentido sostuvo el Consejo de Estado
indicando “(…) las particularidades del servicio exterior hacen que se encuentre
sometido a unas reglas especiales que difieren de aquellas que integran el régimen
común de la función pública”; y en tal sentido, dispuso un trato salarial, prestacional y
de seguridad social diferenciado entre el personal de la planta interna del Ministerio de
8
En el mismo sentido, sobre el régimen especial que caracteriza la función pública en el caso del Ministerio de Relaciones
Exteriores la sentencia C-616 de 1996 precisó que «encuentra plena justificación en la naturaleza especial que comporta el
servicio exterior; este servicio público satisface las necesidades propias de las relaciones internacionales de la Nación y como tal
exige para su prestación un cuerpo de funcionarios altamente calificados en las materias relativas a la política exterior de la
República». Por su parte, la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación ha precisado que «el Servicio Exterior comporta
una naturaleza especial pues tiene unas condiciones y connotaciones particulares inherentes a las necesidades propias de las
relaciones del Estado con las demás Naciones que, además, por las características pluriétnicas y multiculturales, requiere de
personal altamente calificado en las materias relativas a la política exterior de la República» (sentencia del 3 de mayo de 2018,
radicación 250002325000201200956 01 (1658-16).
9
La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad de algunas normas que prevén condiciones laborales diferentes entre
los funcionarios de la planta externa y de la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así, en sentencia C-173 de
2004, declaró inexequible la expresión «para los cargos equivalentes de la planta interna» contenida en el artículo 7º de la ley
797 de 2003, a través de la cual se permitía que, para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los funcionarios que
prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones exteriores, se tomará como base la asignación básica
mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna. En dicha
oportunidad, la Corporación concluyó que la aplicación de tal equivalencia «resulta abiertamente discriminatoria ya que permite
que sólo a cierto sector de trabajadores estatales: los que laboran en el servicio exterior, se les liquiden sus prestaciones sociales,
particularmente la pensión de jubilación, de acuerdo con el salario percibido por otros servidores que reciben sumas inferiores.
Así, mientras el monto de las prestaciones para la generalidad de trabajadores de los sectores público y privado es calculado de
conformidad con el salario causado, el tratamiento recibido por quienes hacen parte del servicio exterior es sustancialmente
diferente, sin que exista una justificación constitucionalmente razonable que ampare tal distinción». En similar sentido, la sentencia
C-535 del 24 de mayo de 2005 declaró la inexequibilidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992, que hacía referencia a la
liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios de la planta externa con fundamento en los salarios devengados por
quienes desempeñaban cargos equivalentes en planta interna. La providencia destacó la inviabilidad de que persistieran esa
clase de normas en el ordenamiento jurídico comoquiera que dan lugar a desigualdades que infringen la Carta Política
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Relaciones Exteriores y el de su planta externa, ya que a estos últimos se les paga su
remuneración en moneda extranjera “y, por ello, suele ser superior al ingreso que
reporta el personal de la planta interna en pesos colombianos”.10
De la movilidad del salario
64. La movilidad salarial tiene su origen legal y constitucional en el artículo 53 Superior
y está relacionada con el principio de remuneración mínima, vital y móvil que se ha
establecido como “la capacidad de reajustar el salario estimando las fluctuaciones
monetarias e intentando mantener su real poder adquisitivo”11. Ello, con el fin de que
al trabajador se le garanticen “en condiciones dignas y justas, su existencia material y
la de su familia. Además, dicha remuneración debe ser móvil, de modo que siempre
guarde equivalencia con el precio del trabajo y mantenga su poder adquisitivo”12.
65. Así las cosas, es preciso que cuando la economía refleja un alza en el precio de
los bienes y servicios, los salarios no se devalúen y presenten una desmejora en las
condiciones del trabajador. Precisamente para evitar tal situación es que, de forma
periódica y atendiendo a los factores socioeconómicos del país, se debe realizar un
ajuste de los salarios.
66. Para ello, el artículo 4 de la Ley 4ª de 1992 dispuso que el Gobierno nacional debía
modificar, año a año, el sistema salarial de los empleados de la rama ejecutiva
nacional, del congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de
la Nación, la Organización Electoral, la Contraloría General de la República y los
miembros de la Fuerza Pública, a través del incremento de sus remuneraciones.
67. La Corte Constitucional, a su turno, ha manifestado que la actualización anual de
los salarios busca proteger a los trabajadores de la pérdida del poder adquisitivo
debido a la inflación y que para ello se le debe garantizar al gobierno la posibilidad de
regular la materia según las variables económicas y las condiciones sociales13. Así
pues, no es admisible que el aumento del salario mínimo se base en una inflación
proyectada en lugar de la real14.
68. En la sentencia C-931 de 2004 se plantearon los criterios generales que deben ser
observados para determinar el alcance del derecho a la movilidad salarial,
concluyéndose que debe tenerse en consideración criterios objetivos para determinar
la viabilidad de realizar o no ajustes anuales. En tal sentido, no resultan igualmente
afectados por el fenómeno inflacionario todos los servidores públicos, lo que justifica
que se establezcan límites al derecho a mantener la capacidad adquisitiva del salario
y que estos sean diferentes.
10
Sentencia del 10 de julio de 2025. Radicación 25000-23-42-000-2021-00694-01 (0896-2024)
11
Sentencia SU 995 de 1999
12
Sentencia T-061 de 2018
13
Sentencia C-710 de 1999
14
Sentencia C-815 de 1999
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Radicado: 25-000-23-42-000-2021-00752-01(2059-2024)
69. En otras palabras “Dado que, existen diferentes grupos de trabajadores que se
divergen por el monto de su salario, siendo algunos de ingresos mínimos y otros con
salarios mayores, la restricción a este derecho debe considerar dichas diferencias. Es
decir, respecto a los salarios bajos, el mantenimiento del poder adquisitivo es
innegable. En cuanto a los servidores que perciben salarios medios o altos, dicho
ajuste puede limitarse, pero siempre respetando el principio de progresividad. Sin
embargo, para el caso de los empleados del servicio exterior, dada la especialidad de
su régimen prestacional y salarial, implica que no se ciñen por las reglas establecidas
para la generalidad de los servidores públicos en cuanto al mantenimiento del poder
adquisitivo, más aún cuando su remuneración se fija con referencia al dólar según el
artículo 5 de la Ley 4 de 1992.”15
Resolución del caso concreto
70. Para dar respuesta al problema jurídico formulado, la Sala encuentra acreditado
que la demandante laboró al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el
7 de enero de 2014 hasta el 15 de marzo de 2018, desempeñando el cargo de
consejera de relaciones exteriores, código 1012, grado 11 de la planta global de la
entidad adscrita al Consulado de Colombia en Panamá.
71. Que el 1º de septiembre de 2020 elevó petición ante el ministerio solicitando el
reajuste de la asignación básica, el incremento de la prima especial, la reliquidación
de las prestaciones sociales y el pago de los intereses de mora sobre el incremento
de sus beneficios laborales y de los aportes pensionales, acorde con las previsiones
establecidas en el Decreto 2348 de 2014.
72. Que dicha petición fue atendida negativamente a través del Oficio S-DITH-20-
024399 del 19 de noviembre de 2020.
73. Ahora bien, con el recurso de apelación, pretende el extremo demandante, que se
realice un juicio de igualdad entre los regímenes salariales y prestacionales de los
empleados del servicio externo del Ministerio de Relaciones Exteriores regidos, unos
por el Decreto 3357 de 2009 y, otros, por el Decreto 2348 de 2014, el cual, así lo
afirma, fue omitido por el Tribunal de Primera Instancia bajo la consideración de que
no existía una normativa que obligue al Gobierno nacional a reajustar las asignaciones
básicas.
74. Pues bien, la metodología del juicio integrado de igualdad consiste, en primer
lugar, en determinar si los grupos entre los que se alega la desigualdad son
comparables y si frente a ellos existe realmente una diferencia de trato en la norma.
Para ello se debe definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica la medida analizada
configura un tratamiento desigual entre iguales o igual entre desiguales; si es así, en
15
Ídem (9)
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Radicado: 25-000-23-42-000-2021-00752-01(2059-2024)
segundo lugar, corresponde verificar si existen razones constitucionalmente válidas
para justificar esa diferenciación16. Veamos:
75. En lo que respecta a lo primero, se precisa que los grupos objeto de comparación
son los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan sus
servicios en el exterior y que están cobijados, unos, por el régimen salarial y
prestacional del Decreto 3357 de 2009 y otros, por el del Decreto 2348 de 2014.
76. En tal sentido, tenemos que el régimen prestacional y salarial dispuesto en el
Decreto 3357 de 2009 prevé su aplicación obligatoria “para quienes presten sus
servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en el país como en el exterior,
salvo para los funcionarios que permanezcan en el régimen salarial y prestacional
contenido en el Decreto 2078 de 2004, y demás normas que lo modifiquen, reformen
o adicionen, según lo dispuesto en el artículo 9o de este Decreto”.
77. A su turno, el reglado en el Decreto 2348 de 2014, está dirigido a “quienes presten
sus servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior, salvo para los
funcionarios que permanezcan en el régimen salarial y prestacional contenido en el
Decreto número 2078 de 2004 y en el Decreto número 3357 de 2009, y demás normas
que los modifiquen, reformen o adicionen, según lo dispuesto en el presente decreto,
quienes continuarán rigiéndose por las citadas disposiciones”
78. De lo anterior, se infiere que en efecto ambos grupos de comparación son
servidores públicos de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores que se
rigen por normas y contextos de especialidad, en igual denominación de empleos y
para el ejercicio del servicio exterior. Por lo tanto, sí se confrontan sujetos de igual
naturaleza.
79. La diferencia entre los regímenes en comento estriba en la forma en que se
determina su asignación básica, así:
80. En el artículo 2º del Decreto 3357 de 2009, se regló:
“ARTÍCULO 2°. ASIGNACIÓN BÁSICA. De conformidad con lo señalado en el
CONPES N° 3601 de 2009, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto,
la asignación básica mensual de los servidores del Ministerio de Relaciones
Exteriores que presten sus servicios en el país o en el exterior, sin perjuicio de la
moneda en que se efectúe el pago, será la que determine en pesos colombianos,
anualmente el Gobierno Nacional para los empleos de las entidades públicas de
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional
81. Concordante con lo anterior, los Decretos 1101 de 2015; 229 de 2016; 999 de
2017; 330 de 2018; y 1011 de 2019, por medio de los cuales se fijaron las escalas de
asignación básica de los empleos desempeñados por empleados públicos de la Rama
Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible,
16
Sentencia del 29 de noviembre de 2024. Radicación 25000-23-42-000-2021-00810-03 (0267-2023). C.P Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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14
Radicado: 25-000-23-42-000-2021-00752-01(2059-2024)
Empresas Sociales del Estado del orden nacional incidieron en el reajuste salarial del
grupo de servidores públicos de la planta externa del ministerio a quienes les era
aplicable el Decreto 3357.
82. A su turno, el mismo artículo del Decreto 2348 de 2014, estableció:
ARTÍCULO 2°. ASIGNACIÓN BÁSICA. Fíjense a partir de la entrada en vigencia
del presente decreto, las asignaciones básicas mensuales de las escalas de los
empleos del Ministerio de Relaciones Exteriores que estén ubicados en las
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares en Dólares de los Estados Unidos de
América, así:
83. Por ello, los mismos decretos antes indicados -Item 83- exceptuaron de su
aplicación a los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan sus
servicios en el exterior.
84. Así pues, concluyó esta Corporación en sentencia del 29 de noviembre de 2024
que “(…) pese a que los grupos son comparables no se encuentran en igual situación
fáctica y jurídica, pues a unos los rige un régimen salarial y prestacional determinado
en pesos colombianos y a otros en dólares estadounidenses, luego, para los primeros
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Radicado: 25-000-23-42-000-2021-00752-01(2059-2024)
se previó un reajuste en igual porcentaje a los que anualmente el gobierno nacional
determina para los empleos de las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden
nacional -artículo 2 del Decreto 3357- por cuanto su remuneración está determinada
en pesos colombianos al igual que la de aquellos”17.
85. Dicha diferenciación no conlleva un desconocimiento al derecho a la movilidad
salarial, sino que obedece las condiciones particulares de la retribución económica por
la prestación del servicio y su poder adquisitivo respecto del país receptor. Además, la
parte actora no acreditó la pérdida de poder adquisitivo de su salario en el país donde
prestó sus servicios, a saber, Panamá.
86. A la misma conclusión se arriba si el juicio de igualdad se realiza respecto de los
empleados de la Rama Ejecutiva del Estado teniendo en cuenta que el servicio exterior
colombiano, cuya administración está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores,
se encuentra regido por el principio de especialidad; esto es, que los salarios del
personal que presta servicios en la planta externa no están sujetos a las decisiones
que adopta el Gobierno nacional respecto de los demás empleos públicos de la Rama
Ejecutiva18.
87. En cuanto al incremento de la Prima Especial prevista en el Decreto 2348 de 2014
para los años 2014 a 2018, apunta la Sala que, en efecto, en el artículo 5º de dicha
norma se creó la prestación en cita, así:
“«ARTÍCULO 5°. PRIMA ESPECIAL. A partir de la entrada en vigencia del presente
decreto, créase una prima especial mensual para quienes presten sus servicios en
el Ministerio de Relaciones Exteriores en el exterior que se rijan por el régimen
salarial y prestacional previsto en el presente Decreto o para quienes rigiéndose
por el señalado en los Decretos números 2078 de 2004 y 3357 de 2009 se acojan
al mismo.
La prima especial mensual se reconocerá y pagará en Dólares de los Estados
Unidos de América, de acuerdo con la siguiente tabla:
(….)
PARÁGRAFO 1. La prima especial a que se refiere el presente artículo constituye
factor salarial para todos los efectos, sobre esta prima deberá efectuarse cotización
al Sistema Integral de Seguridad Social, y será base para calcular los beneficios
especiales de que tratan los literales b), d) y e) del artículo 62 del Decreto número
274 de 2000.
La prima especial se incrementará anualmente de conformidad con lo que
disponga el Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO 2. Los funcionarios que permanezcan en el régimen salarial y
prestacional contenido en el Decreto número 2078 de 2004, y demás normas que
lo modifiquen, reformen o adicionen, no tienen derecho al reconocimiento de la
prima especial de que trata el Decreto número 3357 de 2009 y las normas que lo
modifiquen, reformen o adicionen, ni a la establecida en el presente artículo. Los
17
Ídem (16)
18
Sentencia del 10 de julio de 2025. Radicado 25000-23-42-000-2021-00694-01 (0896-2024). CP. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
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Radicado: 25-000-23-42-000-2021-00752-01(2059-2024)
funcionarios que permanezcan en el régimen contenido en el Decreto número 3357
de 2009, y demás normas que lo modifiquen, reformen o adicionen, continuarán
percibiendo la prima especial en los términos y condiciones señaladas en dicha
disposición, y no tienen derecho al reconocimiento de la prima especial establecida
en el presente artículo.”
88. Según se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, el régimen salarial y
prestacional de los empleados del ente ministerial es una competencia exclusiva y
reservada por la Constitución y la ley al Gobierno nacional y, para tal fin debe tener en
cuenta las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992 y, justamente, en virtud
de ello, aquel puede efectuar los incrementos de la prima especial cosa que no se
realizó entre los años 2015 a 2019, sino en el año 2020, sin que ello signifique una
afectación a la retribución del trabajo.
89. Además, como ya fue considerado, el salario de la demandante se encuentra
determinado en dólares, por tanto, no tiene derecho al incremento en la prima especial
prevista en el Decreto 2348 de 2014 en igual porcentaje al determinado para el
incremento de los salarios y prestaciones de los demás servidores públicos del estado
que perciben la retribución de su trabajo en pesos colombianos.
90. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, aún realizado el juicio de legalidad que echó
de menos el extremo recurrente, no es cierto que el Gobierno nacional, con la
regulación que ha establecido sobre la materia objeto del litigio, determina un trato
discriminatorio para los empleados que sirven en el exterior en el Ministerio de
Relaciones Exteriores amparados por el régimen salarial y prestacional del Decreto
2348 de 2014. Tampoco es cierto que el ajuste de la asignación básica y de la prima
especial debe hacerse indistintamente de cuál sea la moneda con que se cancelen,
como tampoco lo es, que de no hacerlo se produzca una pérdida adquisitiva para la
actora, que, además, no acreditó. Por manera que la negativa de la administración no
vulnera garantías constitucionales que deban ser protegidas vía judicial.
91. Así, la respuesta al problema jurídico formulado es que la demandante no tiene
derecho al reajuste de la asignación básica en iguales porcentajes a los que les fue
reajustada a los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, incluidos
a quienes prestaron servicios en planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores, pero que estaban cobijados por el régimen previsto por el Decreto 3357 de
2009 y, en consecuencia, a que se le reliquiden las prestaciones sociales y demás
emolumentos causados durante su vinculación en dicha planta. Tampoco tiene
derecho al incremento de la prima especial prevista en el Decreto 2348 de 2014, en
igual porcentaje al determinado para el incremento de los salarios y prestaciones de
los demás servidores públicos del Estado.
92. Por todo lo dicho, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones.
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De la condena en costas de segunda instancia
93. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
94. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
95. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
96. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto la
sentencia apelada será confirmada, en tanto las peticiones del recurso no fueron
acogidas. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección “A”
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, en la
que se negó las pretensiones de la demanda, por lo considerado en precedencia.
Segundo. CONDENAR en costas procesales a la parte demandante en esta instancia,
por las razones consignadas en la presente providencia.
Tercero: Ejecutoriada esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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