Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00805-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00805-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00805-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00805-01 (2911-2025)
Demandante: Manuel Hernán Díaz Tejero
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Tema: Pensión de jubilación. Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.
Vinculación anterior a la Ley 812 de 2003
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 11 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Manuel Hernán Díaz Tejero presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 000522 del 2 de marzo de 2020, por medio
de la cual la Secretaría de Educación de Cundinamarca, en nombre y
representación del Fomag, le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación3.
1 En adelante Fomag.
2 En adelante CPACA.
3 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR REPARTO», documento
«3_ALDESPACHOPORREPARTO_PROCESO_202100805Z(.ZIP) NroActua 2», carpeta
«3_250002342000202100805003ALDESPACHOPOR20210930164033», archivo «demanda
manuel diaz_202109281727.pdf», folios 2 a 14.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Manuel Hernán Díaz Tejero
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: (i) el reconocimiento de la pensión de jubilación equivalente al 75% del
promedio de lo devengado en el último año de servicio anterior a la adquisición de
su estatus pensional, con la inclusión de todos los factores salariales devengados,
en compatibilidad con el salario devengado como docente oficial; (ii) el pago de los
intereses moratorios a que hubiera lugar; (iii) los ajustes de valor sobre las sumas
que resultaran de lo que se resolviera; (iv) el cumplimiento de la sentencia en los
términos de lo dispuesto en los artículos 189 y 192 del CPACA; y (v) la condena en
costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Manuel Hernán Díaz Tejero efectuó cotizaciones a la Administradora
Colombiana de Pensiones4 por los siguientes períodos: (i) del 1 de noviembre de
1990 al 25 de febrero de 1991, por servicios prestados a Cerámica Industrial; (ii)
del 1 de octubre de 1996 al 30 de junio de 1997, por su vinculación con Patricia
Conde Gordi; y (iii) «desde el 11/01/2001 hasta el 31/01/2004», a nombre propio.
3.2. Posteriormente, prestó sus servicios como docente a la Secretaría de
Educación de Cundinamarca mediante órdenes de prestación de servicios entre el
21 de abril y el 21 de mayo de 2003 y desde el 14 de julio hasta el 5 de diciembre
de ese año. También estuvo vinculado del 5 de marzo de 2004 al 11 de enero de
2006 y desde el 13 de enero de 2006 hasta, al menos, el 26 de abril de 2021.
3.3. Según el certificado de historia laboral expedido el 6 de abril de 2021, para esa
fecha acumuló 21 años, 1 mes y 22 días de servicio.
3.4. El «8 de marzo de 2020» cumplió 55 años de edad, requisito exigido para acceder
a la pensión de jubilación prevista en Ley 33 de 1985.
3.5. Mediante la Resolución 000522 del 2 de marzo de 2020, la Secretaría de
Educación de Cundinamarca, en nombre y representación del Fomag, le negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada con fundamento en las leyes
33 y 62 de 1985, al considerar que le era aplicable el régimen previsto en la Ley
100 de 1993.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1 a 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución
Política; el Acto Legislativo 01 de 2005; 279 de la Ley 100 de 1993; las leyes 33 y
62 de 1985, 91 de 1989 y 812 de 2003; y los decretos 2285 de 1955, 224 de 1972,
4 En adelante Colpensiones.
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Demandante: Manuel Hernán Díaz Tejero
1042 у 1045 de 1978 y 2277 de 1979.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:
5.1. El régimen pensional anterior a la Ley 812 de 2003 le era aplicable porque su
vinculación al servicio público educativo se produjo antes de la entrada en vigencia
de esa normativa. En consecuencia, su situación pensional debía regirse por las
leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, y no por el régimen general previsto en las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
5.2. Al cumplir 55 años de edad y 20 de servicio adquirió el derecho a la pensión de
jubilación en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el
último año anterior a la adquisición del estatus pensional, con inclusión de la
totalidad de los factores salariales percibidos. Por ello, era contrario al
ordenamiento jurídico la negativa de la administración de reconocerle la prestación.
5.3. El régimen aplicable le permitía percibir simultáneamente la pensión de
jubilación y el salario derivado del ejercicio de la docencia, sin que el
reconocimiento de aquella estuviera condicionado al retiro definitivo del servicio.
5.4. Los períodos durante los cuales prestó servicios docentes mediante órdenes
de prestación de servicios debían computarse para efectos pensionales.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con
fundamento en las siguientes consideraciones5.
6.1. El régimen pensional aplicable al demandante era el previsto en las leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad de pensión fijada en 57 años,
pues su vinculación legal y reglamentaria al servicio público educativo se produjo
en el año 2007, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.
6.2. Los períodos en los que prestó los servicios mediante órdenes de prestación
de servicios no podían tenerse en cuenta como una vinculación docente de carácter
legal y reglamentaria, pues no se acreditó la existencia de un «contrato realidad» ni
esa fue una pretensión formulada en la demanda.
6.3. Aún si se considerara aplicable el régimen de la Ley 33 de 1985, la liquidación
de la pensión debía efectuarse únicamente con los factores salariales sobre los
5 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 20, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«17_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACIONDEMANDA(.zip) NroActua 20», carpeta
«17_250002342000202100805001RECIBEMEMORIAL20230518122257», archivo
«CONTESTACIÓN DEMANDA_MANUEL HERNAN DIAZ TEJERO.pdf».
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cuales se hubieran realizado aportes, conforme a la Ley 62 de 1985 y a la sentencia
de unificación del Consejo de Estado SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.
6.4. Como excepciones propuso: (i) ausencia de integración del litisconsorcio
necesario por pasiva; (ii) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad;
(iii) falta de condición del demandante como beneficiario de las disposiciones
normativas invocadas; (iv) aplicación de las reglas sobre factores salariales fijadas
en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019; (v) ineptitud de la demanda
por carencia de fundamento jurídico; (vi) cobro de lo no debido; (vii) improcedencia
de la condena en costas; y (viii) la genérica6.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
en sentencia del 11 de julio de 2025 negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la parte demandante. Luego de realizar un
recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto, fundamentó su decisión en lo
siguiente7:
7.1. El demandante acreditó que había prestado labores docentes mediante
órdenes de prestación de servicios desde el 21 de abril de 2003, esto es, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Esos periodos debían
computarse para efectos pensionales aún sin una declaración previa de «contrato
realidad».
7.2. No obstante, no cumplió con el requisito de los 20 años de servicio público
exigido por la Ley 33 de 1985, pues hasta el 16 de septiembre de 2021 había
acreditado 17 años, 11 meses y 13 días como docente oficial.
7.3. Los tiempos cotizados en el sector privado no podían acumularse para esa
prestación sin perjuicio de que pudieran hacerse valer para obtener una pensión de
jubilación por aportes en los términos de la Ley 71 de 1988.
6 A través de auto proferido el 31 de octubre de 2023, el tribunal negó las excepciones previas de
«ausencia de integración del litisconsorcio necesario por pasiva» e «ineptitud de la demanda por
carencia de fundamento jurídico». Respecto de la primera, consideró que no era necesaria la
vinculación de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, pues el Fomag era la entidad
encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes; y, frente a la
segunda, estimó que los argumentos formulados correspondían al fondo de la controversia y no a
defectos formales de la demanda. Las demás excepciones propuestas eran de mérito y no fueron
objeto de decisión en esa providencia. Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso
con radicado 25000-23-42-000-2021-00805-00, índice 25, actuación «AUTO QUE TIENE POR
CONTESTADA LA DEMANDA», documento
«24_AUTOQUETIENEPORCONTESTADALADEMANDA(.pdf) NroActua 25», archivo
«24_250002342000202100805001AUTOQUETIENE20231031115551».
7 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 87, actuación «Sentencia que niega las pretensiones», documento
«92Sentenciaquen_202180500niegapreten(.pdf) NroActua 87», archivo
«92_Sentenciaquen_202180500niegapreten_0_20250714142018047».
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7.4. Comoquiera que no se verificó una conducta de mala fe que involucrara abuso
del derecho, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. Lo anterior, en
consideración a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021.
1.4. El recurso de apelación
8. La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los
siguientes argumentos8:
8.1. Se omitió computar, para efectos del requisito de los 20 años de servicios, los
períodos cotizados a Colpensiones con anterioridad a la vinculación docente, pese
a que estos fueron tenidos en cuenta por la propia administración al resolver la
reclamación pensional.
8.2. Aun cuando en la demanda se pretendió el reconocimiento de la pensión de
jubilación conforme con la Ley 33 de 1985, en aplicación del principio iura novit
curia, se le debió estudiar el derecho a la pensión de jubilación por aportes prevista
en la Ley 71 de 1988, pues en el proceso estaban acreditados los tiempos cotizados
a Colpensiones, los laborados mediante órdenes de prestación de servicios y los
correspondientes a su vinculación como docente oficial.
8.3. Los períodos prestados mediante contratos de prestación de servicios debían
contabilizarse con fines pensionales, sin que la ausencia de aportes durante
algunos de ellos impidiera su cómputo, pues podían efectuarse los recobros
correspondientes.
8.4. Así las cosas, solicitó que la sentencia apelada se revocara y, en su lugar, se
declarara la nulidad del acto administrativo demandado y se reconociera la pensión
de jubilación por aportes, en cuantía equivalente al 75% de los factores salariales
devengados, a partir de la adquisición del estatus pensional y en compatibilidad con
el salario devengado como docente.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar9.
8 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 90, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«94_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 90», archivo
«94_250002342000202100805003MemorialWeb202573121246».
9 Así se dispuso en el auto admisorio del recurso del 24 de noviembre de 2025. Samai, índice 4,
actuación «Auto que admite recurso de apelación», documento
«4Autoqueadmite_29112025Admiterecurs(.pdf) NroActua 4», archivo
«4_Autoqueadmite_29112025Admiterecurs_0_20251125114216963».
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1.6. El Ministerio Público
10. Elprocurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en la
instancia procesal.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».
2.2. El problema jurídico
12. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda
instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
en esas condiciones, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia
se contrae a determinar ¿si el derecho pensional a favor de Manuel Hernán Díaz
Tejero podía ser examinado en los términos de la Ley 71 de 1988, pese a que en
la demanda se invocó el régimen de la Ley 33 de 1985?
12.1. En caso de ser favorable la respuesta al anterior interrogante, ¿si Manuel
Hernán Díaz Tejero tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988, mediante la acumulación de tiempos
cotizados a Colpensiones y los prestados al servicio público educativo, incluidos
aquellos laborados mediante órdenes de prestación de servicios?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
13. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte10. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
10 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
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repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas11.
14. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción12. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de
«unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»13. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
15. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él
unificó los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y
fue expuesto en sus antecedentes legislativos14. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que
reconocen, los beneficiarios y el monto pensional.
16. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
17. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
11 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
12 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
13 Preámbulo y artículo 6.
14 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00805-01 (2911-2025)
Demandante: Manuel Hernán Díaz Tejero
para lo cual dispuso:
Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida. [Resalta la Sala].
18. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto
al vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de
Petróleos vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200315.
19. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
20. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
Nacionalizado entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
la Ley 43 de 1975).
15 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00805-01 (2911-2025)
Demandante: Manuel Hernán Díaz Tejero
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
21. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen
prestacional con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad
anterior, por lo que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor,
los docentes nacionales y aquellos que ingresen del 1 de enero de 1990 en
adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados
públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969
y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
22. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 2, dispone que (i) a los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y (ii) aquellos que ingresaron a partir del 1 de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
23. La Ley 60 de 199316, posteriormente derogada por el artículo 113 de la Ley 715
de 200117, asignó la administración de los servicios educativos estatales a los
municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su
participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el artículo 6
ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la
Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
16 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356
y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365
de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política.
17 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros. Artículo 113. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de la fecha de su sanción
[…] Deroga la Ley 60 de 1993 y las demás normas que le sean contrarias.
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afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
24. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de
2006, expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro,
sobre el tema objeto de análisis, precisó:
«[…] De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones
señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación
– ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’,
como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que
estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales
que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad
constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en
materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art.
146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de
1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se
aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su
artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el
contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en
materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra
cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales.
Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al
amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo
disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el
carácter de ‘especiales’. […]».
25. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen
exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen
legal especial.
26. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia
pensional, en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone
que los empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o
discontinuos y lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el
equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio.
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2.3.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
27. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989, La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
28. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así porque en el debate legislativo del proyecto que condujo a
la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes,
a partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de
cesantías aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del
articulo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre
pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional
que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de
extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación
financiera lo permite. […]»18. (se destaca)
29. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la
Ley 33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
30. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
18 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.
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carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
31. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes19 que regían
a todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones,
su monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
32. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
33. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»20 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados « del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
34. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe
prevalecer la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en
virtud del principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista
más de una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador21. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
19 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
20 El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
21 «[E]l principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre cuál
es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de este
conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor
provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente,
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de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
35. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que
avala la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
36. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la
Ley 71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, porque se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
37. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación22.
puede aplicarse este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual
siempre habrá de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado,
Sección Segunda, sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-
2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.
22 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas
sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza
en planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales
de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».
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38. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
38.1. desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte
de los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público
nacional» a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
38.2. contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
38.3. impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
38.4. desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
ingreso base de liquidación23 previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de
1993, pues el régimen de transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar
el régimen anterior24.
39. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1 de enero de 1981 o del 1 de enero de 1990. En ninguno de
sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
40. Si bien el numeral aludido indicó que «cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la norma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en
conjunto con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional», que, según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por
quererlo el legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin
excepción y, por lo tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los
23 En adelante IBL.
24 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
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empleados del sector nacional, además de contener los derechos mínimos
pensionales en su favor.
41. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, porque no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las
disposiciones del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese
periodo mínimo la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al
entendimiento integral que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa
dirección se reitera, va en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una
comprensión más gravosa para el docente y, además, se adiciona la norma con un
requisito que no fue fijado por el legislador.
42. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1 de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
43. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo
cierto es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no
implica que a los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales
porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
44. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley
mencionada.
45. Las 5 razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en los
artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido su
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artículo 7.
2.3.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988
46. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos de
la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:
Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo
y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas.
47. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de
cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60
si es hombre.
48. La anterior disposición (artículo 7 de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada por
el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:
Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o.
de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o
más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo,
20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de
Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector
público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren
del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de
invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las
excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez
y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando
haya concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes,
se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social,
fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental,
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intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El
salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.
49. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por
aportes, los precitados artículos 625 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron
en un 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio.
2.3.4. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
50. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).
51. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200326, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público
25 La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su
artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la edad,
el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso
base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero ponente
Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11), declaró la
nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había derogado el artículo
6° del Decreto 2709 de 1994.
26 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.
52. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación,
en sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201927, precisó:
«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57
años para hombres y mujeres. […]».
53. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente
regla:
27 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en
cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección
Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de
liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo
se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de
la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta
pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que
están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular
los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio. […]». [Se resalta]
54. Sin perjuicio de lo anterior, esta Subsección ha precisado que también deben
tenerse en cuenta los factores salariales establecidos en las normas especiales
aplicables al personal docente que se encuentren sujetos a cotización, así como
aquellos dispuestos por el legislador para integrar el IBL28.
55. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
28 En este sentido se pronunció la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 13 de agosto de 2026, radicado 25000-23-42-000-2021-00527-01 (3562-2025). En
esta providencia se tuvieron en cuenta, de acuerdo con el periodo allí analizado, los factores
previstos en los decretos 123 de 2016, 983 de 2017 y 2354 de 2018, así como aquellos dispuestos
por el legislador para integrar el IBL.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00805-01 (2911-2025)
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«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años29. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]».
56. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección30, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:
56.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003
vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán
derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir
55 años de edad31 y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988
que la otorga con 60 años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20
años o más de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros
Sociales32 (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de
reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y
56.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán
acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de
cotización establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad
(sin importar el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para
hombres y mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de
labores (artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el
Decreto 1158 de 199433.
29 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
31 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son
mujeres y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
32 En lo sucesivo ISS.
33 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
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57. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.
58. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables
las disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes
de los servidores públicos inmersos en esa situación.
2.3.5. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional
59. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores34. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
60. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.
61. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 35, y que,
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
34 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
35 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
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por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación36 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.
62. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1637
concluyó, luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición
contenida en los artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de
1994, que la prestación del servicio por parte del docente contratista no es
independiente y, por el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones
de las autoridades educativas y a los reglamentos del servicio público de educación.
En tal virtud, se indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al
reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el pago de las
prestaciones sociales.
63. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la entonces vigente Ley 60 de 1993 y
el parágrafo 3 del artículo 105 de la Ley 115 de 199438 disponían la incorporación
gradual de los docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades
territoriales y fijaban un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por
prestación de servicios. La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la
Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el
legislador no podía, so pretexto de hacer una incorporación gradual de los docentes
contratistas a las plantas de personal, disponer en el periodo de transición (6 años)
la coexistencia en aquella de docentes vinculados como empleados públicos y otros
contratados por prestación de servicios.
64. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque (i) ambos grupos realizaban igual actividad; (ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; (iii) quien define el régimen de los docentes es
la ley y no el contrato; (iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter
de irrenunciables de los derechos laborales; y (v) las medidas graduales en la ley
solo se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando
el causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
65. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y
reglamentaria, pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los
derechos laborales de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de
vinculación que no tiene justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo
expuesto en la sentencia citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la
36 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
38 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
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Ley 60 de 199339 y luego en el artículo 105 de la Ley 115 de 199440; y el hecho de
que los docentes contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los
empleados públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los
derechos laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales
que históricamente se han pretendido eliminar41. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.
66. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron
a las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
«[…] Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar
injustificadamente una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función
administrativa a la que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a
expensas de la dignidad humana.
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores. […]».
67. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad
e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del
Estado social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla
una labor trascendental para la sociedad.
68. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en
el sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo
39 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
40 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
41 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
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que define su relación con el Estado42, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53 « Los
convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación
interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y
que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno».
69. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente,
en asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre
su trascendencia, ha señalado que implica que « las normas han de ser interpretadas
en favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de
que los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»43. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»44.
70. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la
vinculación por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y
por las características de la labor desempeñada en estos casos, permite su
cómputo para efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como
empleados públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del
Estado que no puede afectar sus derechos laborales.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a
través del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador
oficial... "
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
43 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
44 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:
05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00805-01 (2911-2025)
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71. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de
desigualdad material que afectan a un sector de la población sin justificación
constitucional.
72. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de
vincular al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir,
desconoció las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas
de personal a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las
prestaciones sociales propias de los empleados públicos.
73. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación45, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
74. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200346 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para
adelantar los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
75. En efecto, el artículo 2347 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
46 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
47 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados,
según sea el caso.
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que no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés
moratorio igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa
establece consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública
de ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la
consignación oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de
asegurar el cumplimiento de la ley, los artículos 2448 y 5749 ibidem permitieron que
la entidad administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los
aportes adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
76. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
2.3.6. Compatibilidad pensional de los docentes
77. Desde 1886 el constituyente estableció la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público, en ese sentido la norma constitucional
disponía:
Artículo 64.- Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para
casos especiales determinen las leyes. [Se resalta].
78. Como se advierte de la disposición en cita, el constituyente previó la posibilidad
de que se establecieran excepciones a la prohibición contenida en el artículo 64,
las cuales inicialmente fueron «determinadas» por el presidente de la República,
quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió el Decreto-ley 1317 de
196050, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que provengan de
establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de
tiempo completo51». Esta excepción fue reiterada en artículo 32 del Decreto 1042 de
1978.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
48 Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
49 Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen
de Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos
sus créditos.
50 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
51 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
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79. Asimismo, el legislador extraordinario a través del Decreto 224 de 197252,
incluyó de manera expresa dentro de las mencionadas salvedades, la
compatibilidad entre la pensión y el ejercicio docente, así:
Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y
cinco (65) años de edad. [Se resalta].
80. Posteriormente, con ocasión del cambio de régimen constitucional de 1991, se
mantuvo la mencionada prohibición de recibir simultáneamente más de una
erogación del erario en los siguientes términos:
Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.
81. Ahora bien, la anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a
través de la Ley 4ª de 1992, la cual en su artículo 19 dispuso:
Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes
asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].
82. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó53:
«[…] Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no
de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
52 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
53 Sentencia del 6 de marzo de 2003. Radicado: 05001-23-31-000-1995-01799-01 (Radicado
interno: 1577-2001). CP Alejandro Ordóñez Maldonado.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00805-01 (2911-2025)
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las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]». (se resalta)
83. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:
(i) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma (hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003) reiteró la excepción al señalar: «a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» (se resalta).
(ii) El artículo 6 de la Ley 60 de 1993, normativa derogada por el artículo 113 de la
Ley 715 de 2001, precisó que «[e]l régimen prestacional aplicable a los actuales
docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones».
(iii) El artículo 19 de Ley 344 de 199654 dispuso:
Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115
de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez
o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que
cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta por
diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de
haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.
84. De acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores públicos
adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por una de las
dos opciones a saber: (i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la pensión
de la cual es acreedor; o (ii) continuar vinculado al servicio hasta cumplir la edad
de retiro forzoso. De esto, es claro que los servidores públicos podrán disfrutar de
la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; sin embargo,
nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los docentes oficiales, por
cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«[…] No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada (Ley 344
de 1996), el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
54 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00805-01 (2911-2025)
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nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994. […]». [Se resalta]
85. Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y pensión
de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con
posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados
al Fomag al régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo con el desarrollo normativo, aquella
se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional
determinado. Por lo que, no es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones
reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un requisito o límite
establecido por el legislador.
86. Adicional a lo expuesto, se advierte que en los decretos a través de los cuales
el gobierno nacional55 «modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y
directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se
dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal», de manera
expresa se reitera la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un
empleo público, pero se mantiene la excepción en relación con «las asignaciones
de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992», lo que permite evidenciar la vigencia
de la compatibilidad entre el salario y la pensión de quienes desarrollan una labor
docente.
2.4. Caso concreto, lo probado dentro del proceso
87. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
87.1. Manuel Hernán Díaz Tejero nació el 11 de septiembre de 1956, de
conformidad con la cédula de ciudadanía56.
87.2. Por medio de la certificación expedida el 12 de junio de 200257, el rector (e)
del Colegio Básico Rural Post-primaria Caracol de Pandi, informó que «el profesor
MANUEL HERNAN DIAZ TEJERO […]. Se encuentra laborando en Esta Institución por
Orden de Prestación de Servicios del Municipio de Pandi Cund» [sic].
55 Por ejemplo: decretos 887 de 2023 y 284 de 2024.
56 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR REPARTO», documento
«3_ALDESPACHOPORREPARTO_PROCESO_202100805Z(.ZIP) NroActua 2», carpeta
«3_250002342000202100805003ALDESPACHOPOR20210930164033», archivo «demanda
manuel diaz_202109281727.pdf», folio 18.
57 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR REPARTO», documento
«3_ALDESPACHOPORREPARTO_PROCESO_202100805Z(.ZIP) NroActua 2», carpeta
«3_250002342000202100805003ALDESPACHOPOR20210930164033», archivo «demanda
manuel diaz_202109281727.pdf», folio 32.
29
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00805-01 (2911-2025)
Demandante: Manuel Hernán Díaz Tejero
87.3. El 4 de mayo de 2003, el rector del Colegio Básico Rural Post-primaria Caracol
de Pandi certificó que «MANUEL HERNAN DIAZ TEJERO […], se presentó a laborar
desde el día veintiuno (21) de Abril de 2003, como Docente en el área de Matemáticas, en
el ciclo de Básica Secundaria en el Colegio Básico Rural Posprimaria Caracol, como
Profesional Universitario, con Título de Ingeniero Industrial y Matrícula Profesional #
2522817732 CND» [sic]58.
87.4. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones,
actualizado al 28 de agosto de 2018, registró 430,71 semanas de cotización. Entre
ellas figuran las efectuadas por servicios prestados a Cerámica Industrial, del 1 de
noviembre de 1990 al 25 de febrero de 1991; a Patricia Conde Gordi, del 1 de
octubre de 1996 al 30 de junio de 1997; y cotizaciones efectuadas a nombre propio
desde el 1 de noviembre de 2001, las cuales se extendieron, durante distintos
períodos, hasta agosto de 200959.
87.5. De acuerdo con la orden de prestación de servicios 3666 del 21 de mayo de
200360 celebrada con la Secretaría de Educación de Cundinamarca, prestó
servicios docentes en el área de matemáticas en el Colegio Básico Rural Caracol
de Pandi, con dedicación de tiempo completo y por una duración de 39 días.
87.6. Mediante la orden de prestación de servicios 5614 del 14 de julio de 200361,
prestó nuevamente servicios docentes en el área de matemáticas en el mismo
establecimiento educativo, durante el período comprendido entre el 14 de julio y el
5 de diciembre de 2003.
87.7. Según la comunicación del 2 de octubre de 200362, la Dirección de
Administración de Personal Docente y Administrativo de la Secretaría de Educación
58 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR REPARTO», documento
«3_ALDESPACHOPORREPARTO_PROCESO_202100805Z(.ZIP) NroActua 2», carpeta
«3_250002342000202100805003ALDESPACHOPOR20210930164033», archivo «demanda
manuel diaz_202109281727.pdf», folio 33.
59 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR REPARTO», documento
«3_ALDESPACHOPORREPARTO_PROCESO_202100805Z(.ZIP) NroActua 2», carpeta
«3_250002342000202100805003ALDESPACHOPOR20210930164033», archivo «demanda
manuel diaz_202109281727.pdf», folios 21 a 24.
60 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR REPARTO», documento
«3_ALDESPACHOPORREPARTO_PROCESO_202100805Z(.ZIP) NroActua 2», carpeta
«3_250002342000202100805003ALDESPACHOPOR20210930164033», archivo «demanda
manuel diaz_202109281727.pdf», folios 29 y 30.
61 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR REPARTO», documento
«3_ALDESPACHOPORREPARTO_PROCESO_202100805Z(.ZIP) NroActua 2», carpeta
«3_250002342000202100805003ALDESPACHOPOR20210930164033», archivo «demanda
manuel diaz_202109281727.pdf», folios 26 y 27.
62 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR REPARTO», documento
«3_ALDESPACHOPORREPARTO_PROCESO_202100805Z(.ZIP) NroActua 2», carpeta
«3_250002342000202100805003ALDESPACHOPOR20210930164033», archivo «demanda
manuel diaz_202109281727.pdf», folio 34.
30
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00805-01 (2911-2025)
Demandante: Manuel Hernán Díaz Tejero
de Cundinamarca le informó que se había dispuesto el reconocimiento del tiempo
laborado entre el 21 de abril y el 21 de mayo de 2003, periodo anterior a la
expedición de la orden de prestación de servicios correspondiente al primer
semestre escolar. Para tal efecto, se encontraba en revisión y liquidación el pago
de ese lapso, de conformidad con la Circular 028 del 19 de agosto de 2003 y previa
certificación del rector o director de núcleo.
87.8. A través de la Resolución 10514 del 16 de diciembre de 2005 63, se dispuso
una nueva vinculación al servicio educativo oficial, de la cual tomó posesión el 13
de enero de 200664. La historia laboral aportada registró su continuidad en el
servicio docente con posterioridad a esa fecha.
87.9. El 26 de noviembre de 2018, radicó la solicitud de reconocimiento pensional
ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca65.
87.10. Mediante la Resolución 000522 del 2 de marzo de 2020 66, se le negó el
reconocimiento de la pensión, toda vez que, de acuerdo con los tiempos registrados
en Colpensiones y en el Fomag, se determinó un total de 6898 días, equivalentes
a 985 semanas. Además, le era aplicable el régimen de las leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, al estimar que la vinculación para efectos pensionales ocurrió con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
87.11. De acuerdo con los formatos únicos para la expedición de certificado de
historia laboral del 26 de abril de 202167 y el 14 de septiembre de 202168, estuvo
vinculado a la Secretaría de Educación de Cundinamarca como docente de básica
63 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«46_MemorialWeb_Respuesta-TOTALIDADEXPEDIENTE(.pdf) NroActua 47», archivo
«46_250002342000202100805005MemorialWeb202485191528», folios 54 a 57.
64 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«46_MemorialWeb_Respuesta-TOTALIDADEXPEDIENTE(.pdf) NroActua 47», archivo
«46_250002342000202100805005MemorialWeb202485191528», folio 49.
65 De conformidad con la Resolución 000522 del 2 de marzo de 2020. Samai Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-00805-00, índice 2, actuación «AL
DESPACHO POR REPARTO», documento
«3_ALDESPACHOPORREPARTO_PROCESO_202100805Z(.ZIP) NroActua 2», carpeta
«3_250002342000202100805003ALDESPACHOPOR20210930164033», archivo «demanda
manuel diaz_202109281727.pdf», folios 19 y 20.
66 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR REPARTO», documento
«3_ALDESPACHOPORREPARTO_PROCESO_202100805Z(.ZIP) NroActua 2», carpeta
«3_250002342000202100805003ALDESPACHOPOR20210930164033», archivo «demanda
manuel diaz_202109281727.pdf», folios 19 y 20.
67 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR REPARTO», documento
«3_ALDESPACHOPORREPARTO_PROCESO_202100805Z(.ZIP) NroActua 2», carpeta
«3_250002342000202100805003ALDESPACHOPOR20210930164033», archivo «demanda
manuel diaz_202109281727.pdf», folios 35 a 41.
68 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«46_MemorialWeb_Respuesta-TOTALIDADEXPEDIENTE(.pdf) NroActua 47», archivo
«46_250002342000202100805005MemorialWeb202485191528», folios 19 a 24.
31
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00805-01 (2911-2025)
Demandante: Manuel Hernán Díaz Tejero
secundaria así: (i) en provisionalidad, del 5 de marzo de 2004 [Resolución 0603 del
4 de marzo de 2004] al 11 de enero de 2006 [Resolución 0004 del 11 de enero de
2006]; y (ii) en propiedad, a partir del 13 de enero de 2006 [Resolución 10514 del
16 de diciembre de 2005] en adelante.
87.12. De acuerdo con el formato único para la expedición de certificado de salarios
del 19 de octubre de 202169, para esa fecha el actor continuaba activo en el servicio
educativo oficial. El documento registró que durante los años 2010 a 2021 devengó,
entre otros, asignación básica, «A-A-Asignación Adicional 2J<1000», «A-A-Asignación
Adicional Rector 30%», bonificación mensual docente y primas de navidad, de
servicios y de vacaciones.
87.13. Dentro del expediente administrativo obran varias hojas de revisión
correspondientes a la solicitud pensional del actor. En la identificada con el número
1865349 del 11 de febrero de 2020 se contabilizaron 985 semanas y la prestación
fue negada; en la 2112400 del 31 de enero de 2022 se establecieron 1300 semanas
y se aprobó la pensión, con fecha de estatus del 16 de septiembre de 2021;
posteriormente, en las hojas 2139771 del 30 de marzo, 2157583 del 16 de mayo y
2171807 del 23 de julio de 2022, la prestación fue nuevamente negada, luego de
establecer, respectivamente, 1099, 1105 y 1117 semanas, como consecuencia de
los distintos cómputos efectuados respecto de los períodos simultáneos registrados
en Colpensiones y el Fomag70.
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
88. El demandante pretendió la nulidad del acto administrativo por medio del cual
se le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación y, a título de
restablecimiento del derecho, que se ordenara el pago de la prestación en cuantía
equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio
anterior a la adquisición del estatus pensional, con la inclusión de los factores
correspondientes y en compatibilidad con el salario como docente oficial.
89. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
negó las pretensiones de la demanda al considerar que, si bien al actor le resultaba
aplicable el régimen pensional anterior a la Ley 812 de 2003, por haber prestado
servicios docentes mediante órdenes de prestación de servicios desde el 21 de abril
de 2003, no cumplió con los 20 años de servicio público exigidos por la Ley 33 de
1985. Los tiempos cotizados en el sector privado no podían acumularse para esa
prestación, sin perjuicio de que pudieran hacerse valer para obtener una pensión
69 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«46_MemorialWeb_Respuesta-TOTALIDADEXPEDIENTE(.pdf) NroActua 47», archivo
«46_250002342000202100805005MemorialWeb202485191528», folios 32 a 35.
70 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-
00805-00, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«46_MemorialWeb_Respuesta-TOTALIDADEXPEDIENTE(.pdf) NroActua 47», archivo
«46_250002342000202100805005MemorialWeb202485191528», folios 65 a 77.
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de jubilación por aportes en los términos de la Ley 71 de 1988.
90. Inconforme con lo anterior, la parte actora apeló la decisión de primera instancia,
al estimar que debían computarse los períodos cotizados a Colpensiones y que, en
aplicación del principio iura novit curia, correspondía estudiar su derecho a la
pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, mediante la
acumulación de esos tiempos con los prestados al servicio público educativo,
incluidos los laborados mediante órdenes de prestación de servicios. La ausencia
de aportes respecto de algunos períodos no impedía su cómputo, pues podían
efectuarse los recobros correspondientes.
91. Así las cosas, el análisis de la Sala se circunscribirá a establecer, en primer
lugar, si los servicios docentes prestados por el actor con anterioridad al 27 de junio
de 2003, mediante órdenes de prestación de servicios, permiten tenerlo como
vinculado al servicio público educativo oficial para efectos de determinar el régimen
pensional aplicable. Definido lo anterior, se examinará si, pese a que en la demanda
se invocó el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, resultaba procedente estudiar
su derecho a la pensión de jubilación por aportes previsto en la Ley 71 de 1988 y,
de ser así, si cumplió con los requisitos para acceder a dicha prestación mediante
la acumulación de los tiempos cotizados a Colpensiones y los servidos en el sector
público educativo.
92. Valga recordar, como se expuso en el marco normativo, que la Ley 100 de 1993
creó el Sistema de Seguridad Social Integral y dispuso su aplicación general a los
habitantes del territorio nacional. No obstante, el artículo 279 excluyó, entre otros,
a los afiliados al Fomag.
93. Esa exclusión se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, cuyo
artículo 81 incorporó al régimen de prima media previsto en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003 a los docentes que se vincularan al servicio público educativo oficial
a partir del 27 de junio de 2003, con excepción de la edad pensional, que se fijó en
57 años para hombres y mujeres.
94. A su vez, el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 1 de 2005 reiteró que a
los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 les
resultaban aplicables las disposiciones pensionales anteriores, mientras que
quienes ingresaran con posterioridad tendrían los derechos propios del régimen de
prima media.
95. En esa línea, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2 del 25 de abril de 2019, precisó que el régimen
pensional aplicable debía establecerse a partir de la fecha de vinculación al servicio
público educativo oficial. Por tanto: (i) quienes hubieran ingresado antes del 27 de
junio de 2003 se regían por las disposiciones vigentes con anterioridad a la Ley 812
de 2003; y (ii) quienes se vincularan a partir de esa fecha quedaban sometidos a
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en cuanto a la edad pensional.
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96. Valga precisar que, para ser beneficiario de la transición prevista en el artículo
81 de la Ley 812 de 2003, basta con acreditar una vinculación al servicio público
educativo oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en
vigencia de esa normativa, sin que fuera necesario que dicho vínculo se encontrara
vigente para ese momento, pues no existe disposición legal que así lo exija. Una
interpretación contraria, comportaría incorporar un requisito ajeno al contenido del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y contrariar el principio de favorabilidad al hacer
más gravosa la situación del docente.
97. En el caso concreto, se encuentra acreditado que el actor prestó servicios
docentes con anterioridad al 27 de junio de 2003. En efecto, mediante la
certificación del 12 de junio de 2002, el rector (e) del Colegio Básico Rural Post-
primaria Caracol de Pandi hizo constar que para esa fecha aquel laboraba en la
institución a través de una orden de prestación de servicios. A su vez, el 4 de mayo
de 2003 certificó que se había presentado a laborar desde el 21 de abril de ese año
como docente de matemáticas; además, obran las órdenes de prestación de
servicios 3666 del 21 de mayo y 5614 del 14 de julio de 2003, relacionadas con la
prestación de servicios docentes en dicho establecimiento educativo.
98. En esas condiciones, se tiene que para antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003 el demandante ya se encontraba vinculado al servicio público
educativo, por lo que, como también lo consideró el a quo, su situación pensional
se encontraba sometida al régimen anterior a dicha normativa.
99. En este estado de la providencia, para la Sala resulta necesario precisar que es
irrelevante que el período anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
hubiera sido en virtud de contratos u órdenes de prestación de servicios y no a
través de una vinculación legal y reglamentaria, por cuanto el beneficio del régimen
de transición de la norma antes mencionada no establece condición alguna
adicional a la de haber tenido un vínculo al servicio público educativo oficial, bien
sea como docente nacional, nacionalizado o territorial71.
100. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal
y reglamentario»72
101. Por lo que esta Subsección ha considerado que los tiempos de servicio
71 En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
72 Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
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acreditados bajo la modalidad contractual son útiles para el reconocimiento de la
pensión reclamada, aun cuando no se haya adelantado el debate en torno al
reconocimiento de la relación laboral encubierta, pues los derechos en materia
laboral en favor del docente contratista surgen con independencia del tipo de
vínculo en virtud del cual se prestó el servicio, pues el solo hecho de hacerlo con la
anuencia del Estado da lugar a una verdadera relación laboral con él, lo que le
permite el reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el pago de las
prestaciones sociales.
102. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión, la
forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo para que accedan
a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y lo cierto es que,
desde el año 1993, el legislador había previsto la incorporación a las plantas de
personal de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación
de servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la entonces vigente Ley 60
de 1993 y 105, parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.
103. De esta manera, si bien Manuel Hernán Díaz Tejero estuvo vinculado a través
de una relación contractual, por lo menos, durante el año 2002 y en distintos
periodos de 2003, esa situación desconocía las disposiciones del legislador y
desatendía las interpretaciones judiciales según las cuales la diferenciación entre
los docentes de planta y los contratistas no tenía justificación constitucional en la
medida en que realizaban igual actividad; y, en contraste, vulneraba los derechos
laborales irrenunciables de aquellos quienes tenían previsto un régimen o unas
prerrogativas particulares, esto es aquellas contenidas en la ley y no en el contrato.
104. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide hallar la razón cuando se
considera que la única experiencia docente útil para obtener la prestación es
aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria por tener
acreditados los aportes a pensión, pues lo cierto es que el Fomag podría adelantar
las gestiones administrativas necesarias para obtener el traslado del bono
pensional y, además, acudir ante las entidades territoriales en las que el
demandante prestó sus servicios, a efectos de que estas asuman los aportes que
debieron realizarse en virtud de esas vinculaciones contractuales y así garantizar
la financiación de la prestación.
105. Lo anterior es así, toda vez que se constituye en un deber de la entidad acudir
a los mecanismos legales para recaudar esas sumas de dinero, pues así se
desprende de la lectura de los artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y 57 de la Ley
100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 3752 de
2003; cuyo trámite no puede afectar el reconocimiento prestacional, de conformidad
con el inciso final del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
106. Así pues, los servicios prestados por el demandante en la modalidad
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contractual a la Secretaría de Educación de Cundinamarca resultan válidos para
determinar que estuvo vinculado al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y para efectos del
reconocimiento pensional.
107. En ese sentido, resulta necesario resaltar que no solo una vinculación legal y
reglamentaria es útil para acceder al derecho reclamado, pues esta Subsección ha
señalado que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que define su
relación con el Estado73, sino lo que se evidencia de esa relación, de forma que el
ejercicio de la función docente a través de otras modalidades, como la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales.
108. Ahora bien, establecido que al actor le resultaba aplicable el régimen pensional
anterior a la Ley 812 de 2003 y que los períodos de servicios docentes prestados
mediante órdenes de prestación de servicios resultaban computables para efectos
pensionales, de conformidad con la postura reiterada de esta corporación sobre la
materia74, corresponde determinar cuál era la prestación aplicable a su situación
particular, en consideración a que acreditó cotizaciones a Colpensiones y tiempos
de servicio público educativo.
109. Esta Subsección ha considerado que la invocación de un régimen pensional
distinto no impide definir el derecho conforme con la normativa que resulte
aplicable, cuando el objeto material de la demanda se dirige al reconocimiento de
la prestación y los supuestos fácticos necesarios para su estudio se encuentran
acreditados y han sido objeto de debate dentro del proceso75.
73 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se señaló: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a
través del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador
oficial... "
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
74 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 12 de septiembre de 2024 y
13 de febrero de 2025, radicados 15001-23-33-000-2021-00407-01 (6687-2022) y 66001-23-33-
000-2021-00241-01 (6283-2023), respectivamente.
75 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de agosto de 2026,
radicado 76001-23-33-000-2021-00036-01 (2848-2025). En esta providencia se reiteró el criterio
contenido en la sentencia del 9 de mayo de 2024, radicado 17001-23-33-000-2019-00338-01 (2944-
2022).
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110. En ese sentido, el hecho de que en la demanda se hubiera invocado el régimen
previsto en la Ley 33 de 1985 no impedía examinar el derecho del actor conforme
con la Ley 71 de 1988. En efecto, la pretensión estuvo dirigida al reconocimiento
de una pensión de jubilación y dentro de los supuestos fácticos que sustentaron la
demanda se incluyeron tanto los tiempos cotizados a Colpensiones como aquellos
prestados al servicio público educativo. Por tanto, el examen del derecho conforme
con la normativa que resultare aplicable no alteraba el objeto material de la
controversia ni suponía introducir supuestos fácticos distintos de los planteados y
acreditados en el proceso, por lo que resultaba procedente determinar el régimen
jurídico correspondiente en aplicación del principio de iura novit curia.
111. Precisado lo anterior, según el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, para acceder a
la pensión de jubilación por aportes el demandante debía acreditar 60 años de edad
y 20 años de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos efectuados al ISS,
hoy Colpensiones, y a una o varias entidades de previsión social del sector público.
La prestación corresponde al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios, de conformidad con los artículos 6 y 8
del Decreto 2709 de 1994.
112. En cuanto al requisito de la edad: Manuel Hernán Díaz Tejero nació el 11 de
septiembre de 1956, por lo que cumplió los 60 años exigidos por la Ley 71 de 1988
el 11 de septiembre de 2016.
113. En cuanto al tiempo de aportes: el reporte expedido por Colpensiones
registró un total de 430.71 semanas. Una parte de esas cotizaciones coincidió con
periodos durante los cuales el actor prestó servicios al sector educativo oficial, de
manera particular en los años 2002 y 2003. Por tanto, para establecer el tiempo
total, esos lapsos solo pueden contabilizarse una vez.
114. En esas condiciones, para efectuar el cómputo la Sala tendrá en cuenta una
sola vez los periodos simultáneos. De acuerdo con el reporte de semanas, antes
del inicio de la vinculación formal del 5 de marzo de 2004 el actor registró 1231 días
cotizados a Colpensiones, correspondientes a los periodos comprendidos entre el
1 de noviembre de 1990 y el 25 de febrero de 1991; entre el 1 de octubre de 1996
y el 30 de junio de 1997; y desde el 1 de noviembre de 2001 y el 4 de marzo de
2004. Dentro de este último lapso se encuentran comprendidos los periodos de
2002 y 2003 en los que también se acreditó la prestación de servicios docentes,
razón por la cual estos se contabilizarán dentro del tiempo cotizado a Colpensiones
y no se adicionarán nuevamente como servicio público.
115. A los anteriores se adiciona el 12 de enero de 2006, pues durante ese mes el
actor efectuó cotizaciones a Colpensiones y dicho día no coincidió con servicio
público, porque la vinculación provisional finalizó el 11 de enero de 2006 y la
siguiente comenzó el 13 de enero de igual año. Por tanto, para efectos de la
acumulación se contabilizan 1232 días a partir de las cotizaciones efectuadas al
ente de previsión social.
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116. Por su parte, como tiempos de servicio público educativo adicionales a los ya
contabilizados, se acreditaron: (i) del 5 de marzo de 2004 al 11 de enero de 2006,
equivalentes a 667 días; y (ii) del 13 de enero de 2006 al 19 de octubre de 2021,
por 5677 días, pues la historia laboral certificó que esta última vinculación
continuaba vigente y el certificado de salarios expedido en esa fecha registró al
actor como activo. En consecuencia, se acreditaron 6344 días de servicio oficial
docente.
117. Los servicios docentes acreditados mediante la certificación del 12 de junio de
2002 y las órdenes y demás documentos correspondientes al año 2003 no se
adicionarán separadamente, pues se encuentran comprendidos dentro de los
períodos en los que el actor registró cotizaciones a Colpensiones y su cómputo
adicional implicaría contabilizar 2 veces igual lapso. La certificación de 2002,
además, no fija el extremo inicial de aquella vinculación, por lo que no permite
establecer un periodo autónomo adicional. Sin perjuicio de ello, tales servicios
resultaron relevantes para determinar que la vinculación al servicio público
educativo ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
118. Así las cosas, al sumar los 1232 días contabilizados a partir de las cotizaciones
efectuadas a Colpensiones y los 6344 días adicionales de servicio público
educativo, se obtiene un total de 7576 días, equivalentes a 21 años y 16 días. Por
tanto, para el 19 de octubre de 2021, el demandante había superado los 20 años
de aportes exigidos por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
119. Ahora bien, antes del inicio de la vinculación en propiedad del 13 de enero de
2006 el actor acumulaba 1899 días, correspondientes a los 1232 días cotizados a
Colpensiones y a los 667 días de servicio público comprendidos entre el 5 de marzo
de 2004 y el 11 de enero de 2006. En consecuencia, para completar los 7200 días
equivalentes a 20 años requería 5301 días adicionales, los cuales reunió con la
vinculación permanente iniciada el 13 de enero de 2006, el 3 de octubre de 2020.
120. La circunstancia de que el requisito temporal se hubiera completado con
posterioridad a la expedición del acto acusado no impide tenerlo en cuenta para
definir el restablecimiento del derecho. En efecto, la ilegalidad de la Resolución
000522 del 2 de marzo de 2020 deriva de que la administración descartó la
aplicación del régimen pensional anterior a la Ley 812 de 2003, al considerar
erradamente que la vinculación relevante del actor al servicio público educativo
había ocurrido con posterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, quedó
acreditado no solo que dicha vinculación era anterior al 27 de junio de 2003, sino
también que el demandante continuó prestando sus servicios y completó
posteriormente el tiempo requerido para acceder a la prestación.
121. En esas condiciones, una vez desvirtuado el fundamento jurídico que sustentó
la negativa de la administración y acreditados dentro del proceso los supuestos
necesarios para el reconocimiento pensional, no resultaría razonable desconocer
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los tiempos de servicio posteriores que se encuentran debidamente probados y
obligar al actor a iniciar un nuevo trámite administrativo y de ser el caso uno judicial
para obtener una prestación cuyo derecho ya se encuentra consolidado. Lo anterior
cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el requisito de los 20 años de
servicios se satisfizo el 3 de octubre de 2020, esto es, con anterioridad a la
presentación de la demanda.
122. De esta manera, el demandante cumplió con los requisitos para acceder a la
pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988. El requisito de
edad lo satisfizo el 11 de septiembre de 2016, cuando cumplió 60 años, y el de 20
años de aportes acumulados el 3 de octubre de 2020, fecha en la cual adquirió el
estatus pensional.
123. En consecuencia, le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes en cuantía equivalente al 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio anterior a la adquisición
del estatus pensional, de conformidad con los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de
1994. Para determinar el IBL deberán tenerse en cuenta los factores previstos en
la Ley 62 de 1985 y aquellos que, conforme con las normas especiales aplicables
al personal docente, constituyan base de cotización, así como los demás
dispuestos por el legislador para integrar dicho ingreso.
124. Por otro lado, resulta oportuno precisar que el derecho pensional es de carácter
imprescriptible, no así las mesadas pensionales adeudadas. En el caso concreto,
entre la adquisición del estatus pensional, ocurrida el 3 de octubre de 2020, y la
presentación de la demanda [28 de septiembre de 2021] no trascurrieron más de 3
años, por lo que no operó el fenómeno de la prescripción respecto de las mesadas
causadas, según el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848
de 1969.
125. En cuanto a los intereses moratorios solicitados, las sumas líquidas
reconocidas en esta providencia los causarán a partir de su ejecutoria, en los
términos del artículo 192 del CPACA, por lo que no hay lugar efectuar un
reconocimiento adicional por ese concepto.
126. Ahora bien, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el personal docente se encuentra exceptuado de la prohibición de
devengar doble asignación del erario, en el entendido de que el reconocimiento y
disfrute de la pensión no se encuentra supeditado al retiro del servicio, es decir,
están habilitados para percibir la mesada pensional y continuar ejerciendo el cargo
de docente hasta que llegue a la edad de retiro forzoso.
127. Así entonces, la prestación reconocida resulta compatible con el salario que
perciba mientras continúe en el ejercicio de la docencia oficial.
128. En ese orden, Manuel Hernán Díaz Tejero tenía derecho al reconocimiento y
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pago de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, a partir
de la fecha en la que adquirió el estatus pensional, esto es, el 3 de octubre de 2020.
La prestación será equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicio anterior a esa fecha. Para determinar
el IBL deberán tenerse en cuenta los factores previstos en la Ley 62 de 1985 y
aquellos que, conforme con las normas especiales aplicables al personal docente,
constituyan base de cotización, así como los demás dispuestos por el legislador
para integrar dicho ingreso. La prestación será compatible con el salario que
devengue mientras continúe en el ejercicio de la docencia oficial. No lo será en otro
tipo de empleos.
129. En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará
la nulidad del acto administrativo acusado. A título de restablecimiento del derecho,
se condenará al Fomag al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por
aportes a partir del 3 de octubre de 2020, en los términos dispuestos en la Ley 71
de 1988 y en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994.
130. El Fomag podrá reclamar la cuota parte correspondiente a Colpensiones y a
las demás entidades de previsión que deban concurrir a la financiación de la
prestación, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 199476.
2.6. Costas
131. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
132. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
133. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
76 «Artículo 11. Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya
efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de
previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente.
Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora
notificará el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la
pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla,
vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la
resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo
aportado a esta entidad, dividido por el tiempo total de aportación».
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al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma77.
134. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
135. En el caso concreto, como no se evidenció, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
136. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el actor se vinculó al
servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003, por lo que su situación pensional se encontraba sometida a las
disposiciones anteriores a dicha normativa. En consecuencia, no resultaba
aplicable el régimen previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, como lo
consideró la administración en el acto administrativo demandado.
137. Asimismo, como el actor acreditó cotizaciones efectuadas a Colpensiones y
tiempos de servicio público educativo, procedía examinar su derecho a la pensión
de jubilación por aportes de la Ley 71 de 1988. De acuerdo con los tiempos
demostrados en el proceso, cumplió 60 años de edad el 11 de septiembre de 2016
y completó los 20 años de aportes el 3 de octubre de 2020, fecha en la que adquirió
el estatus pensional.
138. En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia apelada, salvo la no
condena en costas en esa instancia, y en su lugar, se declarará la nulidad de la
Resolución 000522 del 2 de marzo de 2020, pues la administración negó la
prestación con fundamento en un régimen pensional que no resultaba aplicable al
demandante. A título de restablecimiento del derecho, se condenará al Fomag al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a partir del 3 de
octubre de 2020, en cuantía equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicio anterior a dicha fecha, para
cuya determinación deberán tenerse en cuenta los factores previstos en la Ley 62
de 1985 y aquellos que, conforme con las normas especiales aplicables al personal
docente, constituyan base de cotización, así como los demás dispuestos por el
legislador para integrar el IBL, de conformidad con los artículos 6 y 8 del Decreto
2709 de 1994.
77 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00805-01 (2911-2025)
Demandante: Manuel Hernán Díaz Tejero
139. La prestación reconocida es compatible con el salario que devengue Manuel
Hernán Díaz Tejero mientras continúe en el ejercicio de la docencia oficial. No lo
será en otro tipo de empleos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 11 de julio de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que
negó las pretensiones de la demanda presentada por Manuel Hernán Díaz Tejero
contra el Fomag, salvo el numeral segundo que negó la condena en costas en esa
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su
lugar se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 000522 del 2 de marzo de 2020,
por medio de la cual la Secretaría de Educación de Cundinamarca, en nombre y
representación del Fomag, le negó al actor el reconocimiento de la pensión de
jubilación.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, condenar al Fomag a reconocer y pagar a Manuel Hernán Díaz Tejero la
pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, a partir del 3 de
octubre de 2020, fecha en la que adquirió el estatus pensional, en cuantía
equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio anterior a dicha fecha, con inclusión de los factores
previstos en la Ley 62 de 1985 y aquellos que, conforme con las normas especiales
aplicables al personal docente, constituyan base de cotización, así como los demás
dispuestos por el legislador para integrar el IBL, de conformidad con los artículos 6
y 8 del Decreto 2709 de 1994.
Cuarto. El Fomag hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA y en
aplicación de la siguiente fórmula:
R = Rh × (Índice final / Índice inicial)
En la que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que
corresponde a cada suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia y
certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió
realizarse el pago correspondiente.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00805-01 (2911-2025)
Demandante: Manuel Hernán Díaz Tejero
Por tratarse de pagos periódicos de tracto sucesivo, la fórmula deberá aplicarse de
forma separada respecto de cada cuota u obligación causada, para lo cual se
tendrá en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de causación de
cada una de ellas.
Quinto. El Fomag podrá reclamar a Colpensiones y a las demás entidades de
previsión que deban concurrir a la financiación de la prestación la cuota parte
correspondiente, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
Sexto. La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que
devengue Manuel Hernán Díaz Tejero mientras continúe en el ejercicio de la
docencia oficial. No lo será en otro tipo de empleos.
Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Noveno. No condenar en costas en esta instancia.
Décimo. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Undécimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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