Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00847-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00847-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00847-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de febrero de 2025
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00847-02 (6019-2023)
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Aníbal Hernández Carmona
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00847-02 (6019-2023)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Luis Aníbal Hernández Carmona
Tema: pensión gracia. Subtemas 1. Lesividad. 2. Docente nacional del Instituto
Técnico Central. 3. Inaplicación por inconstitucionalidad de la expresión «[…] y que
estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 21 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) solicita la nulidad de la resolución a través de la cual
le reconoció una pensión gracia al demandado. Como fundamento de la demanda
indica que se trató de un docente nacional que prestó sus servicios en el Instituto
Técnico Central.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderado, presentó
demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra el señor Luis Aníbal Hernández Carmona, de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos de derecho que a continuación se señalan3.
1 Expediente electrónico.
2 7 de octubre de 2021.
3 Índice 2 Samai, ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2, doc. 4.
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Demandante: UGPP
Demandado: Luis Aníbal Hernández Carmona
2.1.1. Pretensiones
2. La entidad demandante solicitó la nulidad de la Resolución 41475 del 24 de
noviembre de 1993, mediante la cual la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL)
le reconoció una pensión gracia al señor Luis Aníbal Hernández Carmona.
3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene al demandado a
devolver todas las sumas de dinero pagadas por concepto de las mesadas
pensionales; que las sumas adeudadas sean actualizadas conforme el artículo 187 del
CPACA; se ordene el pago de intereses moratorios; y se condene en costas a la parte
accionada.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
5. El señor Luis Aníbal Hernández Carmona nació el 11 de junio de 1940 y prestó
sus servicios en el departamento de Norte de Santander, como docente de primaria,
del 6 de febrero hasta el 30 de diciembre de 1963, y del 15 de enero de 1967 hasta el
30 de diciembre del mismo año. Posteriormente, fue nombrado por el Ministerio de
Educación Nacional en el Instituto Técnico Central a partir del 1°. de febrero de 1971,
empleo en el que se encontraba activo en el año 1996. Adquirió el estatus pensional
el 11 de junio de 1990 para el reconocimiento de la pensión gracia.
6. CAJANAL le reconoció una pensión gracia al señor Luis Aníbal Hernández
Cardona, mediante la Resolución 41475 del 24 de noviembre de 1993, efectiva desde
el 11 de junio de 1990.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
7. En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes:
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 6, 48, 121, 123 inciso 2° y 124 y 209.
La Ley 114 de 1913.
La Ley 116 de 1928.
La Ley 37 de 1933.
La Ley 43 de 1975.
De la Ley 91 de 1989, el artículo 15.
Del Decreto 224 de 1972, el artículo 2.
Ley 1437 de 2011.
Ley 1564 de 2012.
8. Al explicar el concepto de violación la entidad accionante expuso que:
9. El señor Luis Aníbal Hernández Carmona no tiene derecho a la pensión gracia
reconocida en la resolución demandada, toda vez que fue docente de carácter
nacional, en consecuencia, dicha pensión se otorgó sin el cumplimiento de los
requisitos legales. Afirmó que los maestros nacionales no son beneficiarios de esta
pensión, de conformidad con las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, y la sentencia C-
085 de 2002 de la Corte Constitucional donde se explicó que la pensión gracia se creó
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para compensar a los docentes oficiales de las entidades territoriales, quienes, por
razones presupuestales, devengaban salarios inferiores a los maestros vinculados
directamente por la nación.
10. Igualmente, la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, determinó que «la pensión gracia
no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
locales o regionales».
11. En este orden de ideas, CAJANAL en la resolución demandada reconoció
erradamente la pensión gracia, en tanto, el señor Luis Aníbal Hernández Carmona
para cumplir el tiempo de servicio de 20 años exigido en la ley, acreditó haber laborado
del 1°. de febrero de 1971 al 25 de enero de 1996, nombrado docente en el Instituto
Técnico Central de Bogotá, plantel del orden nacional.
2.1.4. Contestación de la demanda
12. El señor Luis Aníbal Hernández Carmona, a través de apoderada, se opuso a
las pretensiones de la demanda, así:
13. La pensión gracia se le reconoció con efectos desde el 11 de junio de 1990 y
ha sido devengada desde hace más de 30 años, en consecuencia, no se puede aplicar
retroactivamente la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del
Consejo de Estado del año 1997 a una situación jurídica consolidada.
14. En todo caso, adujo que el demandado se puede considerar como un docente
nacionalizado pagado con recursos del situado fiscal que se convertían en recursos
propios cuando ingresaron a los entes territoriales, y su origen no los convertía en
dineros del orden nacional4.
2.2. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 21 de julio de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, por tanto, declaró la nulidad de la Resolución 41475 del 24 de
noviembre de 1993; negó las demás pretensiones; y no condenó en costas, con
fundamento en los siguientes argumentos:
16. El Instituto Técnico Central fue creado en 1905 como una entidad nacional
ubicada en Bogotá, a cargo de los hermanos de las escuelas cristianas. Con ocasión
del Decreto 758 de 1988 se transformó en un establecimiento público de educación
superior del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Luego, los
decretos 7772 del 1°. de diciembre de 2006 y 2779 de 28 de mayo de 2007 lo
transformaron en la Escuela Tecnológica – Instituto Técnico Central; y el Acuerdo 5
del 22 de agosto de 2013, que adoptó el Estatuto General, reiteró que se trataba de
un establecimiento nacional.
4 Índice 2 Samai, ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2, doc. 18_Contestación de la demanda.
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17. CAJANAL, en la resolución demandada, le reconoció una pensión gracia para lo
cual sumó los tiempos laborados del 1° de febrero de 1971 al 18 de agosto de 1991,
en el Instituto Técnico Central – Ministerio de Educación Nacional, así como los
servidos en el departamento de Norte de Santander del 6 de febrero al 30 de diciembre
de 1963 y del 15 de enero al 31 de diciembre de 1967.
18. El Tribunal concluyó que la plaza ocupada por el accionado en el Instituto
Técnico Central era nacional, según la Resolución 1738 del 3 de mayo de 1971, que
lo nombró como profesor de matemáticas, en tanto, fue expedida por el Ministerio de
Educación Nacional. Por ende, el maestro solamente acreditó 3 años, 7 meses y 24
días como docente nacionalizado, tiempo insuficiente para ser beneficiario de la
pensión gracia.
19. Negó la pretensión relativa a que se le ordene al pensionado la devolución de
las sumas pagadas con ocasión del reconocimiento de la pensión gracia, en la medida
que no se desvirtuó la presunción de buena fe del demandado ni que haya incurrido
en actuaciones dudosas para obtener el derecho.
20. No se impuso condena en costas contra la parte vencida, dado que el medio de
control pretende la defensa del patrimonio público5.
2.3. Recurso de apelación
2.3.1. Parte demandada
21. El señor Luis Aníbal Hernández Carmona, mediante apoderada, solicitó que se
revoque el fallo de primera instancia, bajo los siguientes razonamientos:
22. La vinculación fue de carácter municipal y departamental hasta el 17 de mayo
de 1972. A partir de esa fecha, pasó a estar a cargo del Ministerio de Educación
Nacional como educador de secundaria, desempeñando su labor hasta 1996, cuando
el Instituto Técnico Central aceptó su renuncia por haber alcanzado la edad de retiro
forzoso.
23. Para el año 1990, cuando el demandado adquirió el estatus de pensionado, ni
el Consejo de Estado ni la Corte Constitucional se habían pronunciado sobre la
interpretación de la Ley 37 de 1933 y el artículo 15 de la Ley 91 de 1989. En este
sentido, explicó que la providencia impugnada desconoce los principios de la condición
más beneficiosa, buena fe y confianza legítima, puesto que el fallo apelado aplicó
retroactivamente la sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 del Consejo de Estado
que interpretó las Leyes 37 de 1933 y 91 de 1989.
24. A partir de 1988, el Instituto Técnico Central se convirtió en un establecimiento
público de educación superior según el Decreto 758 de 1988. Desde entonces, recibió
tanto partidas del presupuesto nacional como rentas propias de derechos pecuniarios
5 Índice 55 Samai, «gestión en otras corporaciones» - tribunales y juzgados, proceso con radicado
25000234200020210084700.
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y proyectos productivos. Por lo tanto, los recursos con los cuales se le pagaba al
docente no eran exclusivamente nacionales, sino también propios6.
2.4. Trámite procesal
25. Mediante auto del 12 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación, y
al no existir pruebas se prescindió del periodo para correr traslado a las partes, en
aplicación del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 20217.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
26. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Cuestión previa
27. Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un
nuevo esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y
las de naturaleza perentoria. En punto de la caducidad, como excepción perentoria,
existen dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución, a saber: i) en
cualquier estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el
juzgador la encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral
3 del CPACA8); y ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA9), oportunidad
esta última en la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que encuentre probada10.
6 Índice 2 Samai, ED_RV__250002342000202(.msg) NroActua 2, doc. 058_Recurso apelación.pdf.
7 Índice 9 Samai.
8 «ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […].
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la
transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»
9 «ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […].
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]».
10
Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-
2019-02462-01 (2648-2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que
el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró
que las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la
causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos
en el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado
del proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem
señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada.
En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no
pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se
declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral
tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o
demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina de fondo las
pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA.» [destacado fuera del texto].
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28. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley
2381 de 2024 se introdujo una importante modificación, por la cual se establece un
término de caducidad, frente a las demandas que la administración formula contra sus
propios actos de reconocimiento pensional.
29. Bajo estos supuestos, y teniendo en cuenta que en este asunto no hay lugar a
emitir una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que dicho
término no resulta aplicable al caso concreto, como se explicará más adelante, le
corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que al encontrase el proceso al despacho para dictar
sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del CPACA,
resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente encuentre
probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el
control de legalidad y saneamiento del proceso.
30. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 años
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación.
Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:
«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES
ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE
LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o
con ocurrencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales
se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas
después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso,
se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos
con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso extraordinario de revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.» [destacado fuera
del texto]
31. Visto lo anterior, se tiene que en el caso concreto la UGPP solicita la nulidad de
la Resolución 41475 del 24 de noviembre de 1993, por medio de la cual reconoció una
pensión gracia hace más de 31 años, por lo que es necesario establecer si hay lugar
a la aplicación del nuevo término de caducidad, sin perder de vista las reglas previstas
en el ordenamiento jurídico, en materia de tránsito legislativo, tratándose de leyes que
regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los juicios.
32. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término
de caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas» se considera de
aquellas normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y
ritualidades propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación en el tránsito
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legislativo anunciado es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153
de 188711.
33. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.
34. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran
de orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no
pasó por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun
frente a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la
sustanciación y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son
interpuestos los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a
contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de
control.
35. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que
inspiraron la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el
siglo XIX, siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en
los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 8312. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley
153 de 1887 en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario,
las reglas previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que
contribuye a la interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran
el ordenamiento jurídico vigente.
36. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del literal c, del artículo 164 del
CPACA, dado que, al momento de su formulación era la disposición que en materia de
oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente y en la cual, vale la
pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad alguno.
37. Esta consideración no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
11 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [destacado fuera del texto].
12 «La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado
que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
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persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.
38. En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar
sus propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que la titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.
39. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en
sentencia C-1049 de 200413, ya había señalado que «exceptuar una determinada
acción del régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales
de protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».
40. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones
administrativas, a través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin
embargo, dicho propósito no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la
fecha de entrada en vigencia de la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados
mediante acciones judiciales formuladas bajo reglas procesales desprovistas de
caducidad. En tal sentido, corresponde al juez de lo contencioso - administrativo
determinar la aplicación de este término en atención a las particularidades de cada
caso.
41. En estos términos, la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en
el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la CP y los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad
jurídica14, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la Constitución
Política15 dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En consecuencia, para el
caso concreto, no resulta aplicable el término de caducidad establecido en el artículo
86 ibidem, por lo que se procederá con el estudio del recurso de apelación formulado
contra la sentencia proferida el 21 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
3.3. Problema jurídico
42. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra el fallo de primera instancia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, si:
13 En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista
en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
14 En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso
debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política». (Destacado fuera
del texto).
15 «ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00847-02 (6019-2023)
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Aníbal Hernández Carmona
¿La resolución demandada que reconoció una pensión gracia al docente nacional,
quien consolidó el estatus pensional en el año 1990, no está viciada de nulidad, puesto
que es improcedente aplicar retroactivamente la sentencia de la Sala Plena del
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado S- 699 del 29 de agosto de 1997?
3.3.1. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1.1. La pensión gracia
43. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114
de 191316, beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que
hubieran servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran los
siguientes requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; y (ii) no
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.
44. La Ley 116 de 192817 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción
Pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la
inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
45. Posteriormente, la Ley 37 de 193318 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
46. Por su parte, la Ley 91 de 198919, en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
47. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
16 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
17 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
18 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
19 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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Demandante: UGPP
Demandado: Luis Aníbal Hernández Carmona
• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1020 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
48. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199721,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en
el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
49. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201822,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
20 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.”.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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50. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
51. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
• Edad
52. Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado se requiere
haber cumplido 50 años de edad. En el caso concreto, el señor Luis Aníbal Hernández
Carmona nació el 11 de junio de 1940, como consta en la copia de la cédula de
ciudadanía23, en consecuencia, acreditó la edad de 50 años el 11 de junio de 1990.
• Tiempos de servicios y naturaleza de la plaza docente
53. El demandado prestó sus servicios como docente de enseñanza primaria del 6
de febrero de 1963 al 30 de diciembre del mismo año, para la Secretaría de Educación
de Norte de Santander24; posteriormente, laboró en el Instituto Técnico Superior
Damaso Parra de Bucaramanga, del 20 de enero de 1964 al 1°. de enero de 1965 25;
también laboró en el departamento de Santander, nombrado en el Instituto Técnico
Industrial Aquileo Parra, a partir del año 196526. El rector del Colegio Departamental
del Sagrado Corazón de Jesús informó que el accionado fue profesor del 15 de enero
de 1967 al 31 de diciembre de esa anualidad27.
54. Consta en la diligencia de posesión del 19 de mayo de 1971 que el demandado
se presentó ante el Ministerio de Educación Nacional para posesionarse en el empleo
de profesor en el Instituto Técnico Central de Bogotá, nombrado a través de la
Resolución 1738 del 3 de mayo de 1971, con efectos fiscales desde el 1° de febrero
de ese año28.
55. El director del Instituto Técnico Central certificó que el señor Luis Aníbal
Hernández Carmona fue nombrado docente mediante la Resolución 1738 del 3 de
mayo de 197129, a partir del 1° de febrero de 197130, estaba activo para el 25 de enero
de 199631 y fue retirado del servicio por llegar a la edad de retiro forzoso, el 1°. de julio
de 2005, mediante la Resolución 418 del 13 de junio de 200532.
56. El Ministerio de Educación, en oficio del 20 de febrero de 1996, informó que el
23 Índice 2 Samai, 5_ED_ EXPEDIENTE_04ANEXO01, pág. 139.
24 Idem, pág. 10.
25 Idem, pág. 31
26 Idem, pág. 12
27 Idem, pág. 11.
28 Idem, 2 Samai, 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXONO2, pág. 117.
29 Índice 2 Samai, 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXONO2, págs. 12 y 119 a 131.
30 Idem, pág. 13.
31 Idem, págs. 75 y 93.
32 Idem, pag. 145.
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Instituto Técnico Central era un establecimiento adscrito a dicho Ministerio, de
conformidad con la Ley 24 de 1988 y el Decreto 758 de 198833.
• Reconocimiento pensional
57. La Caja Nacional de Previsión Social, a través de la Resolución 41475 del 24
de noviembre de 1993, le reconoció una pensión gracia al señor Luis Aníbal Hernández
Carmona; indicó que adquirió el estatus pensional el 11 de junio de 1990; el último
cargo como docente vinculado al Ministerio de Educación Nacional; y prestó los
siguientes tiempos de servicios:
Entidad Desde Hasta Laborados
Departamento de Norte de 6 de febrero de 1963 30 de diciembre de 1963 325
Santander
Departamento de Norte de 15 de enero de 1967 31 de diciembre de 1967 347
Santander
Ministerio de Educación 1°. de febrero de 1971 18 de agosto de 1991 7398
Nacional
3.5. Caso concreto
58. En el asunto bajo estudio, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, solicitó la nulidad de
la Resolución 041475 del 24 de noviembre de 1993 mediante la cual la extinta
CAJANAL, le reconoció una pensión gracia al señor Luis Aníbal Hernández Carmona,
al considerar que los tiempos de servicios laborados como docente nacional en el
Instituto Técnico Central no podían sumarse para el reconocimiento de dicha pensión.
59. El Tribunal declaró la nulidad de la resolución demandada y negó la pretensión
relativa a ordenarle al pensionado que devolviera a la entidad las sumas pagadas en
exceso por concepto de la reliquidación pensional, porque no se demostró que hubiera
actuado de mala fe ante la UGPP.
60. Inconforme con esta decisión, el demandado pidió que se revoque la sentencia
de primera instancia con fundamento en que cuando consolidó el estatus pensional en
el año 1990, no había sido expedida la sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 de
la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del Consejo de Estado, donde se
determinó que los maestros nacionales no tenían derecho al reconocimiento de la
pensión gracia. En criterio del recurrente la aplicación retroactiva de esta sentencia
desconoce los principios de la condición más beneficiosa, buena fe y confianza
legítima. Igualmente, indicó que si se analiza el origen de los recursos con los cuales
se pagaba su salario en el Instituto Técnico Central, lo cierto es que los pagos también
se hacían con recursos propios de la entidad territorial.
61. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación se destaca que en
el proceso se acreditó que el señor Luis Aníbal Hernández Carmona nació el 11 de junio
de 194034; prestó sus servicios como docente por periodos discontinuos en los
departamentos de Santander y de Norte de Santander entre los años 1963 a 1967 35;
desde el 1°. de febrero de 1971 fue designado por el Ministerio de Educación Nacional
33 Idem, pág. 98.
34 Índice 2 Samai, 5_ED_ EXPEDIENTE_04ANEXO01, pág. 139.
35 Idem, págs. 10 a 12 y 31.
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como profesor de matemáticas en el Instituto Técnico Central de Bogotá, nombrado
mediante la Resolución 1738 del 3 de mayo de 197136; CAJANAL le reconoció una
pensión gracia con efectos desde el 11 de junio de 1990, para lo cual sumó los tiempos
laborados como maestro nombrado por el Ministerio de Educación Nacional del 1°. de
enero de 1971 al 18 de agosto de 1991.
3.5.1. Los docentes nacionales no tienen derecho al reconocimiento de la pensión
gracia
62. En primer lugar, tal como se determinó en los hechos probados en el proceso, se
demostró que el demandado estuvo vinculado en una plaza docente nacional en el
Instituto Técnico Central de Bogotá, dado que fue nombrado por el Ministerio de
Educación Nacional, a través de la Resolución 1738 del 3 de mayo de 197137; se
posesionó ante el citado Ministerio; y la entidad certificó que el Instituto era un
establecimiento adscrito, en el oficio del 20 de febrero de 199638, para lo cual citó la Ley
24 de 1988, que reestructuró el Ministerio y el Decreto 758 de 1988, que organizó los
establecimientos educativos nacionales.
63. Ahora bien, se establece que el demandado no tenía derecho al reconocimiento
de la pensión gracia, toda vez que los tiempos de servicios de 7398 días como docente
nacional en el Instituto Técnico Central de Bogotá no se podían computar en la
Resolución 41475 del 24 de noviembre de 1993, como quiera que la referida pensión
exige que se cumplan 20 años de servicios como maestro nacionalizado, territorial o
municipal. En este sentido, se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199739, al considerar que
«dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados». Así como el fallo de unificación
SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201840, donde se determinó que para el reconocimiento de
la pensión gracia se requiere haber prestado los servicios por 20 años en planteles
departamentales, distritales o municipales.
64. Por consiguiente, tal como lo consideró el Tribunal, la Resolución 41475 del 24
de noviembre de 1993 está viciada de nulidad en atención a que CAJANAL reconoció
una pensión gracia, con desconocimiento de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37
de 1933 y 91 de 1989, y las sentencias del Consejo de Estado del 29 de agosto de
1997, así como el fallo de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201841.
36 Índice 2 Samai, 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXONO2, págs. 12 y 119 a 131.
37 Índice 2 Samai, 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXONO2, págs. 12 y 119 a 131.
38 Idem, pág. 98.
39
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,
Consejero ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
41 Idem.
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3.5.2. De la presunta aplicación retroactiva de la sentencia la Sala Plena de lo
Contencioso - Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de
agosto de 1997
65. En segundo lugar, el recurrente alega que la sentencia apelada aplicó
retroactivamente la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del 29
de agosto de 199742, dado que el demandado adquirió el estatus pensional el 11 de junio
de 1990. Al respecto, se debe decir que cuando la Ley 114 de 1913 creó la pensión
gracia, condicionó su reconocimiento a que el maestro no hubiere recibido «otra pensión
o recompensa de carácter nacional» (numeral 3 del artículo 4) y su finalidad fue
«compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las
entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados
a la Nación»43.
66. Así pues, desde el año 1913 ya el legislador había previsto que los docentes
nacionales no tenían derecho al reconocimiento de la pensión gracia. Esta exclusión de
los maestros nacionales se consolidó en la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso
– Administrativo del año 1997, y fue reiterada en la providencia de unificación de la
Sección Segunda del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018, en la sentencia CE-
SUJ-SII-11-2018, la cual especificó que se debe establecer con suficiente claridad que
la plaza es territorial44.
67. Cabe destacar que, si bien la norma vigente era la Ley 114 de 1913, lo cierto fue
que la Resolución 41475 del 24 de noviembre de 1993 le reconoció la pensión gracia al
demandado, y precisó que el último cargo desempeñado fue como docente del Ministerio
de Educación desde el 1° de febrero de 1971. Por tanto, CAJANAL pasó por alto el
condicionamiento legal relativo a que este beneficio no comprendía a los maestros
nacionales.
68. De manera que, contrario a lo alegado por el recurrente, el fallo de primera
instancia no desconoció los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, dado
que tanto el legislador como la jurisprudencia excluyeron a los maestros nacionales del
reconocimiento de la pensión gracia.
3.5.3. La sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 de 21 de junio de 2018 y el
origen de los recursos
69. En tercer lugar, el accionado afirma que en el pago de sus salarios en el Instituto
Técnico Central también estaban comprometidos recursos propios de la entidad
territorial, y por ello, debería considerarse docente nacionalizado. Argumento que la Sala
no acoge, ya que el fallo de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 estableció que la naturaleza
de la plaza docente es lo determinante para el reconocimiento de la pensión gracia, en
los siguientes términos: «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, proceso con radicado 25000-23-42-
000-2013-04683-01 (3805-2014). CE-SUJ-SII-11-2018. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
44 Idem.
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territorial o nacionalizada». Así mismo, se precisó que para la prueba de la calidad de
docente territorial «se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo
en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar
sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales».
70. Ciertamente, la providencia de unificación abordó si el origen de los recursos
destinados al pago de los salarios y prestaciones del docente definían la plaza, en
concreto, en los casos en que la nación giraba recursos a los Fondos Educativos
Regionales. Sobre este punto, la Sección explicó que con todo «los entes territoriales
son los titulares directos o propietarios de los recursos que le gira la nación, provenientes
del Sistema General de Participaciones», consecuentemente, se insiste, lo determinante
es la naturaleza de la plaza docente.
71. Corolario de lo señalado, en el asunto bajo estudio, el señor Luis Aníbal
Hernández Carmona fue docente en una plaza nacional en el Instituto Técnico Central,
tal como se demostró en los hechos probados y se explicó en el primer acápite del caso
concreto, así pues, acorde con la regla de unificación de dicho fallo de 2018, fue un
maestro nacional.
72. Surge de lo expuesto que se deben desestimar los argumentos del recurso de
apelación presentado por la parte demandada.
73. En consecuencia, se confirmará el fallo del Tribunal que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
3.6. Conclusión de la decisión
74. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y acorde con la valoración en
conjunto de las pruebas recaudadas en el proceso, según los principios de la sana
crítica, se concluye que el acto administrativo demandado, proferido por la extinta
CAJANAL, que le reconoció una pensión gracia al señor Luis Aníbal Hernández
Carmona está viciado de nulidad, porque computó los tiempos como docente nacional
en el Instituto Técnico Central que corrieron del 1°. de febrero de 1971 al 18 de agosto
de 1991.
4. Costas
presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario45 de la
75. La
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
45 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
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presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte recurrente
haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en
curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de julio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social contra el señor Luis Aníbal Hernández Carmona, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00847-02 (6019-2023)
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Aníbal Hernández Carmona
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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