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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00850-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00850-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida el 29 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda para, en su lugar declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda presentada por Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, Luz Elena Cifuentes Aranzazu, Stella Cifuentes Aranzazu, Adriana Cifuentes Aranzazu, Rubén Darío Cifuentes Aranzazu, Jorge Hernán Cifuentes Aranzazu, Miguel Darío Arbeláez Mejía, Lucas Ignacio Arbeláez Cifuentes, Juan Miguel Arbeláez Cifuentes, Mateo Federico González Cifuentes, Jorge Alberto Cifuentes Guingue y Juan Esteban Restrepo Cifuentes contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MFS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00850-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00850-01 (2647-2024)
Demandante: Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu y otros1
Demandada: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores

Temas: Ineptitud sustantiva de la demanda

Sentencia

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 29 de febrero del 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, Luz Elena Cifuentes Aranzazu, Stella
Cifuentes Aranzazu, Adriana Cifuentes Aranzazu, Rubén Darío Cifuentes
Aranzazu, Jorge Hernán Cifuentes Aranzazu, Miguel Darío Arbeláez Mejía, Lucas
Ignacio Arbeláez Cifuentes, Juan Miguel Arbeláez Cifuentes, Mateo Federico
González Cifuentes, Jorge Alberto Cifuentes Guingue y Juan Esteban Restrepo
Cifuentes presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2 en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio S-GALJI-18-078976 del 20 de diciembre de
2018 proferido por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de
Relaciones Exteriores y de la Resolución 0582 del 15 de febrero de 2019
proferida por el secretario general de dicho ministerio que confirmó esta decisión.

2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitaron que se condenara a la demandada al pago de la «indemnización

1 Luz Elena Cifuentes Aranzazu, Stella Cifuentes Aranzazu, Adriana Cifuentes Aranzazu, Rubén

Darío Cifuentes Aranzazu, Jorge Hernán Cifuentes Aranzazu, Miguel Darío Arbeláez Mejía, Lucas
Ignacio Arbeláez Cifuentes, Juan Miguel Arbeláez Cifuentes, Mateo Federico González Cifuentes,
Jorge Alberto Cifuentes Guingue y Juan Esteban Restrepo Cifuentes.
2 En adelante CPACA.

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correspondiente por los daños morales, materiales y a la vida de relación que les fueron
causados» «desde el mes de octubre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017»3.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Los demandantes señalaron como hechos relevantes los siguientes:

3.1. Mediante el Decreto 2639 del 26 de julio de 2011 el presidente de la república
de Colombia designó a Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu en el cargo de cónsul
general central, código 0047, grado 25, de la planta de personal de los Jefes de
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito al Consulado General
Central de Colombia en el Estado de Nueva York (Estados Unidos de América).
Laboró desde el 12 de agosto de 2011 hasta el 14 de diciembre de 2014.

3.2. Por hechos ocurridos entre los meses de agosto de 2013 y abril de 2014, el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través de la Oficina de Control
Interno Disciplinario4, inició un proceso en su contra por presuntas irregularidades
presentadas como consecuencia de la celebración de los siguientes contratos:

«1. Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Consulado de Colombia en
Nueva York, por autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, y la persona jurídica denominada The Colombian Film Festival Limited
Liability Company. Este tuvo una duración de cinco meses aproximadamente, entre
los meses de agosto a diciembre de 2013, y su objeto consistió en la prestación de
servicios de asistencia destinada a la ventanilla social, cultural y atención a la
comunidad en el consulado.

2. Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Consulado de Colombia en
Nueva York, por autorización expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, y la persona jurídica denominada Laudem Education Institute. Este
contrato tuvo una duración de cuatro meses aproximadamente, entre los meses de
enero a abril de 2014, y su objeto consistió en la prestación de servicios de asistencia
destinada a la ventanilla social, cultural y atención a la comunidad, en el consulado».

3.3. Dentro del proceso disciplinario ID-010-2014, el 21 de agosto de 2014 la OCID
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en audiencia pública profirió
el fallo de primera instancia mediante el cual impuso a Elsa Gladys Cifuentes
Aranzazu la sanción de suspensión de un mes en el ejercicio de sus funciones e
inhabilidad especial por el mismo término en su condición de cónsul general
central de Colombia en Nueva York, por haber violado el numeral 1 del artículo
34 y los numerales 2 y 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 o Código
Disciplinario Único.

3.4. En contra de la anterior decisión, Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu interpuso
recurso de apelación el cual fue resuelto mediante Resolución 6235 del 8 de
septiembre de 2014 proferida por la viceministra de relaciones exteriores
encargada, con la cual se confirmó la sanción impuesta.

3.5. Mediante providencia del 11 de enero de 2017 la Procuraduría General de la
Nación revocó los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, por lo que
absolvió de toda responsabilidad a la disciplinada.

3 Toma este límite temporal pues «en enero de 2018 tomó posesión del cargo de defensora del

pueblo para el departamento de Risaralda» Folio 5 archivo pdf denominado «01.demanda».
4 En adelante OCID.

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3.6. ElsaGladys Cifuentes Aranzazu no pudo posesionarse como notaria en
Bogotá, «a pesar de la orden dada, para estos efectos, por el señor presidente», pues
una vez allegó su hoja de vida a la Superintendencia de Notariado y Registro,
esta, mediante Oficio SNR2017EE 032578 SDN – 3052 del 4 de septiembre de
2017, negó el nombramiento «desde el mes de octubre de 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2017», por cuanto el Ministerio de Justicia se opuso en virtud de la
sanción impuesta.

3.7. El 29 de noviembre de 2018 los demandantes solicitaron al Ministerio de
Relaciones Exteriores la indemnización por los daños causados con fundamento
en la revocatoria por parte de la Procuraduría General de la Nación de los fallos
sancionatorios; no obstante, mediante el Oficio S-GALJI-18-078976 del 20 de
diciembre de ese año, fue negada su petición.

3.8. El 9 de enero de 2019, interpusieron recurso de apelación; sin embargo,
mediante la Resolución 0582 del 15 de febrero de ese año, la entidad confirmó
la decisión anterior.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 2 de la Constitución Política; 103, 137,
138 del CPACA; y 2, 5, 20, 25, 27, 67 y 76 de la Ley 734 de 2002.

5. En cuanto al concepto de violación, expusieron los siguientes argumentos5:

5.1. Con la expedición de los actos administrativos demandados por parte del
Ministerio de Relaciones Exteriores se causó un daño moral, material y a la vida
de relación, por lo que debió accederse a la petición de indemnización
presentada, por cuanto es evidente que como la Procuraduría General de la
Nación absolvió de responsabilidad disciplinaria a Elsa Gladys Cifuentes
Aranzazu lo procedente era su reconocimiento y pago.

5.2. La administración tenía potestad sancionadora, lo que significaba que podía
investigar y sancionar a sus servidores de conformidad, entre otros, con los
artículos 2, 25, 67 y 76 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior, porque el servidor
público se encuentra en una relación especial de sujeción frente a la
administración; sin embargo, no era cierto que en la actuación administrativa
disciplinaria adelantada se aplicara en forma integral el régimen disciplinario del
servidor público y que, en consecuencia, «la actividad disciplinaria del Estado fue
legítima en todas sus etapas».

5.3. Si la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores hubiese sido legítima
y conforme con la ley disciplinaria, los fallos proferidos en primera y segunda
instancia no hubieran sido revocados por la Procuraduría General de la Nación
ni la demandante habría sido absuelta de toda responsabilidad. Por ello, para
proferir los actos demandados debió fundarse en el fallo proferido por el ministerio
público que revocó las decisiones.

5 Índice 2 Samai, archivo pdf denominado «01.demanda». La demanda se presentó el 16 de

agosto de 2019.

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5.4. Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu dejó de percibir por los 15 meses en que no
fue notaria, 450 millones de pesos. La injusta sanción que fue revocada no solo
impidió su nombramiento en el «empleo público» referido, sino que causó gran
dolor, aflicción, sufrimiento, tristeza y sentimientos afines a la disciplinada y a sus
parientes más cercanos, como lo son sus hermanos, su padre de crianza y sus
sobrinos.

5.5. Siempre cumplió su función administrativa de forma responsable, honesta,
ejemplar y su conducta se ajustó al ordenamiento legal y a las exigencias éticas
de su profesión de abogada en cada una de las dignidades ocupadas (concejal,
diputada, gobernadora, senadora, consejera presidencial y cónsul). La afectación
moral cobijó a toda su familia.

5.6. Para proferir los actos administrativos contenidos en el Oficio S-GALJI-18-
078976 del 20 de diciembre de 2018 y la Resolución 0582 del 15 de febrero de
2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores debió fundarse en el fallo proferido
por la Procuraduría General de la Nación, que revocó la sanción, acoger los
planteamientos allí expuestos y tomar su decisión con sujeción en las siguientes
normas de la Ley 734 de 2002:

5.6.1. Artículo 5. «La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin
justificación alguna». Como la disciplinada fue absuelta, lo correcto era acceder
a la petición de los demandantes.

5.6.2. Artículo 20. «En la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria el
funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la
prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la
verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas
que en él intervienen». Situación que no se cumplió, tal y como quedó
demostrado con la expedición del fallo de la Procuraduría, por lo que el
Ministerio al menos debió proponer una «razonable y justa fórmula de arreglo».

5.6.3. Artículo 27. «Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o
por extralimitación de sus funciones». El Ministerio de Relaciones Exteriores a
través de los actos aquí impugnados, negó la petición, contrario a lo justo, lo
legal y lo razonable.

5.7. Como no existió conducta antijurídica de la disciplinada lo procedente era
acceder a la indemnización reclamada, pues dentro del proceso disciplinario que
se le adelantó no prevaleció la justicia, ni se buscó la realidad material, ni el
derecho sustantivo. La errónea motivación de los actos sancionatorios y «la
realización de una vía de hecho por defecto sustantivo» son falencias en las que
incurrió la demandada y que llevaron a imponer una arbitraria e ilegal sanción,
por lo que estas fallas u omisiones no son motivos válidos para causar daño a
los particulares, por lo que estos debieron ser reparados.

5.8. Losactos demandados fueron expedidos mediante falsa motivación, por
cuanto en ellos se señaló que «toda la actividad administrativa estuvo enmarcada en
la actuación disciplinaria en sede administrativa, en la aplicación integral del régimen
disciplinario del servidor» pues precisamente como no fue aplicado en debida
forma, los fallos fueron revocados por el ministerio público. Además, para

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expedirlos debió tener en cuenta la decisión de la Procuraduría, pues en esta se
concluyó que fueron proferidos de manera evidentemente ilegal. Es decir,
fundamentó la expedición de los actos demandados partiendo de un hecho falso,
inobservando que los fallos disciplinarios fueron retirados del mundo jurídico por
su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta.

1.2. Contestación a la demanda

6. El
Ministerio de Relaciones Exteriores se opuso a las pretensiones de la
demanda con fundamento en las siguientes razones6:

6.1. Losactos administrativos fueron expedidos de acuerdo con las normas
constitucionales y legales vigentes. La demandante no tenía derecho a
indemnización alguna, más aún cuando le fue pagado el salario correspondiente
al mes de suspensión en el ejercicio del cargo.

6.2. La cuantía pedida no está probada, debido a que obedece a una posición
subjetiva, y excede los límites y formas establecidos por la jurisprudencia de la
jurisdicción contenciosa administrativa para este tipo de indemnización.

6.3. En el proceso disciplinario ID-010-2014 adelantado en contra de Elsa Gladys
Cifuentes Aranzazu, la Procuraduría General de la Nación realizó visita especial
con el fin de determinar si debía ejercer el poder preferente y/o supervigilancia
administrativa, lo cual consideró improcedente, puesto que no existía causal para
ese efecto, en tanto no se advirtió irregularidad; no obstante, años después
intervino con la revocatoria directa de los fallos disciplinarios.

6.4. La Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores por
medio de la Resolución 8364 del 25 de octubre de 2017 procedió a reconocer y
pagar a Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu el salario y demás prestaciones
sociales, dejados de percibir con ocasión de la ejecución de la sanción de
suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes.

6.5. La administración no tenía competencia para reconocer en sede
administrativa la responsabilidad extracontractual de una entidad pública y, por
lo tanto, el reconocimiento de una indemnización respecto de cada uno de los
peticionarios en la cuantía solicitada como daños materiales, morales y a la vida
en relación. Esto es propio de una atribución jurisdiccional a través del medio de
control de reparación directa.

6.6. No era procedente la indemnización solicitada, porque con la actuación
administrativa legítima de la administración no se causó ningún perjuicio moral ni
a la vida en relación de la demandante y su núcleo familiar, siendo que, el acto
administrativo demandado está sometido íntegramente al sistema jurídico; y, de
otra parte, la cuantía pedida por el daño material no estaba probada, puesto que
obedeció a una posición subjetiva que excedía los límites y formas establecidos
por la jurisprudencia de la jurisdicción contenciosa administrativa.

7. Propuso como excepciones la inepta demanda por indebida escogencia del
medio de control, la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad

6 Índice 2 Samai, archivo denominado «25ContestacionDemandaMinRelacionesExteriores.pdf».

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(conciliación extrajudicial) y la caducidad del medio de control de reparación
directa.

1.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
en sentencia del 29 de febrero del 2024, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y condenó en costas. La decisión se sustentó en los siguientes
argumentos7:

8.1. En auto del 12 de diciembre de 2022 se resolvieron las excepciones previas,
en este se indicó que no prosperaba la excepción de inepta demanda por
indebida escogencia del medio de control propuesta por la entidad demandada,
toda vez que si bien es cierto lo perseguido por la parte demandante era el pago
de perjuicios, también lo es que la demanda estaba dirigida a atacar la legalidad
del Oficio S-GALJI 18-078976 del 20 de diciembre de 2018 y la Resolución 0582
del 15 de febrero de 2019, por medio de los cuales la entidad negó la
indemnización; por lo tanto se advirtió que el medio de control idóneo para
realizar ese estudio de legalidad, es el de nulidad y restablecimiento del derecho
y no el de reparación directa.

8.2. La entidad enjuiciada propuso la excepción de caducidad, porque la demanda
fue radicada cuando ya había fenecido el término de 2 años que prevé el CPACA
para el medio de control de reparación directa, toda vez que el 11 de enero de
2017 la Procuraduría General de la Nación revocó los fallos disciplinarios
sancionatorios proferidos en contra de la demandante; sin embargo, la solicitud
de conciliación extrajudicial fue presentada hasta el 22 de abril de 2019, y la
demanda con posterioridad (16 de agosto de 2019).

8.3. Mediante la Resolución 0582 del 15 de febrero de 2019 se confirmó la decisión
contenida en el Oficio S-GALJI 18-078976 del 20 de diciembre de 2018, que negó
el pago de los perjuicios reclamados, la cual fue notificada a la parte actora el 22
de febrero de 2019 mediante correo electrónico. Por lo anterior, el término de los
4 meses comenzó a correr el 23 de febrero de 2019, el cual vencía el 23 de junio
del mismo año. Así las cosas, como se presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 22 de abril de 2019 se interrumpió el término de caducidad desde
ese día, es decir, cuando faltaban 2 meses y 2 días, y esta se realizó el 27 de
junio de 2019 y la constancia fue expedida ese mismo día, el término vencía el
29 de agosto de 2019, y como la demanda se radicó el 16 de agosto de 2019,
antes del fenecimiento, declaró no probada la excepción.

8.4. En sentencia del 27 de agosto de 2020, la Sección Segunda del Consejo de
Estado afirmó que cuando el juez contencioso concluye que el acto sancionatorio
está viciado por alguna causal de nulidad y el sujeto pasivo del acto anulado ha
sufrido un daño antijurídico que no tenía la obligación de soportar, debe ser
reparado. Agregó que la pérdida de oportunidad también puede presentarse
cuando el servidor no esté vinculado con la administración, pero la inhabilidad
impide que aspire a un cargo público. Esta impone la existencia de una certeza
jurídica sobre su ocurrencia, ya que el perjuicio hipotético no es reparable, y por
ende la carga de la prueba para acreditar el daño recae en quien lo reclama, lo

7 Índice 2 Samai, archivo denominado «56SentenciaPrimeraInstancia.pdf».

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que «torna en imprescindible el análisis que debe hacerse para el momento en que se
imponga la sanción disciplinaria, por cuanto se debe demostrar si el afectado realmente
se hallaba en una situación idónea para pregonar el supuesto provecho o ganancia de
la que fue privado».

8.5. Mediante Oficio SNR2017EE032578 SDN-3052 del 4 de septiembre de 2017,
emitido por la superintendente delegada para el notariado, le informaron a la
demandante que la Oficina Asesora Jurídica había efectuado una revisión y
control de legalidad del proyecto de decreto de nombramiento como notaria que
había a su favor y encontró que le figuraba una anotación de una sanción
disciplinaria imputada bajo la modalidad de dolo y que no resultaba transparente
nombrar a una persona para ejercer la función de notaria con dicha anotación y
que para ese momento existía lista de elegibles vigente.

8.6. Lo anterior implicaba que no se le estaba señalando a la actora que se
encontraba inhabilitada para ser nombrada y posesionada por estar incursa en la
causal del numeral 5 del artículo 133 del Decreto 960 de 1970, sino que no era
transparente o éticamente bien visto que el gobierno nombrara a una persona a
la que le figuraban sanciones a título de dolo. Es decir, que contrario a lo señalado
por la actora no perdió la oportunidad del nombramiento, porque para ese
momento estuviera inhabilitada por la sanción, comoquiera que la causal 5 del
artículo 133 menciona, por un lado, que el impedimento se presenta cuando la
persona se encuentra suspendida en el ejercicio de la profesión de abogado o ha
sido sancionada por faltas graves contra la ética, circunstancia en la que no se
encontraba la actora en ese momento (año 2016), puesto que la suspensión fue
por un mes y fue ejecutada en octubre de 2014, incluso antes de salir del
consulado.

8.7. El otro evento que señala el numeral 5 del artículo 133 ibidem, hace referencia
a que la persona haya sido suspendida por faltas graves contra la ética; sin
embargo, la falta por la cual fue sancionada no tiene que ver con esa materia,
sino por haber incurrido en la prohibición prevista en el numeral 22 del artículo
35 de la Ley 734 de 20228.

8.8. Por lo anterior, no se estaría ante la figura de la pérdida de oportunidad que
desarrolla la jurisprudencia, porque si bien es cierto una de las razones para no
continuar con su nombramiento y posesión fue porque éticamente no estaba bien
vista su designación en razón a que había sido sancionada disciplinariamente, la
otra justificación aducida por la administración fue que había lista de elegibles
vigente y, por ende, esta sola razón se constituyó en una causa eficiente para no
nombrarla.

8.9. Para
que se configure la responsabilidad administrativa que permite el
reconocimiento y pago de los perjuicios morales y a la vida de relación se requiere
de un daño o perjuicio, la actuación de la administración y el nexo causal entre

8 Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido prestar, a título personal o

por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos
relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término
de dos (2) años después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o
corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia,
representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o
regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado.

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ambas. Asimismo, la Sección Tercera del Consejo de Estado9 ha señalado que
el daño antijurídico a efectos de que sea indemnizable requiere estar cabalmente
estructurado, por lo cual ha establecido que resulta imprescindible acreditar los
siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se
reclama:

«i) Que el daño es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de
soportarlo, “Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la
esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de
los hechos o derechos”.
ii) Que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal.
iii) Que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y,
por ende, no se limita a una mera conjetura»

8.10. Se demostró que se dio cumplimiento a la sanción proveniente del acto
administrativo revocado, correspondiente al mes de octubre de 2014, y que por
ese lapso sufrió un daño que no estaba obligada a soportar, de manera que los
actos administrativos que negaron la reparación se encuentran viciados de
nulidad.

8.11. En principio el detrimento causado a la actora fue de carácter patrimonial,
porque dejó de percibir su salario por el mes en que estuvo suspendida (octubre
de 2014); no obstante, no puede pasarse por alto que una vez fue revocada la
sanción por la Procuraduría General de la Nación, la demandada procedió a
pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir por el lapso de la
suspensión, como se corrobora de la lectura de la Resolución 8364 del 25 de
octubre de 2017, razón por la cual no hay lugar a reconocer perjuicios materiales.

8.12. No obstante, los demandantes fueron enfáticos en señalar que sufrieron
perjuicios morales y alteraciones en las condiciones de existencia, por la
imposición de la sanción a Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, y para probar tales
perjuicios, la actora solicitó los testimonios de María Gladys Martínez Idárraga,
Edilma Ospina, María Janeth Jaramillo Soto, Gloria Inés Jiménez, Gloria Inés
Noreña Rendón, Niray Montoya Hincapié y Nubiola Idárraga de Martínez.

8.13. Las declaraciones fueron coincidentes en afirmar que la sanción disciplinaria
afectó emocionalmente a Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, puesto que era una
persona alegre, activa y servicial con la comunidad, pero que una vez tuvo
conocimiento de la sanción, se le veía triste, con estrés, preocupada por su
credibilidad ante la comunidad, debido al reconocimiento que tenía por los cargos
públicos que había desempeñado antes de ser cónsul, lo cual incluso repercutió
en su salud física, al punto que la mayoría coincidieron en afirmar que se
adelgazó significativamente.

8.14. Adicionalmente, fue allegada copia de la página 11 del periódico El Diario de
la ciudad de Pereira del 17 de enero de 2017, en el que se hizo referencia a la
decisión de la Procuraduría General de la Nación de revocar la sanción
disciplinaria, para lo cual la demandante fue entrevistada y afirmó que fue un

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 22

de mayo de 2020. Radicado No. 05001-23-31-000-2014-00024-01. CP Marta Nubia Velásquez
Rico.

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capítulo doloroso que se cerró después de 2 años de haber sido proferidos los
fallos sancionatorios, con la revocatoria efectuada por la Procuraduría.

8.15. En el presente caso no opera la presunción de aflicción a que hace referencia
la Sección Tercera del Consejo de Estado cuando se trata de indemnizar
perjuicios morales por situaciones de muerte o de privación injusta de la libertad
y, por tal razón, en la jurisprudencia analizada se hizo énfasis en que esta
presunción no se aplica en casos como el sub lite «por cuanto el perjuicio causado
por una decisión disciplinaria no supone una lesión en los derechos tan determinantes
como lo son la vida o la libertad de una persona» por lo cual la indemnización será
conforme con la afectación que se demuestre.

8.16. La prueba testimonial deja ver que con posterioridad a la sanción, Elsa
Gladys Cifuentes Aranzazu se volvió una persona callada, triste y menos activa.
Que la afectación no solo fue moral, sino que económicamente atravesó una
situación muy difícil, por cuanto sus ingresos disminuyeron significativamente,
pues estuvo alrededor de 3 años sin empleo, en tanto le aparecía la anotación
en sus antecedentes disciplinarios.

8.17. Si bien a Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu le fueron pagados los salarios que
dejó de percibir durante la suspensión, lo cierto es que las declaraciones dejan
ver que estuvo cesante un tiempo considerable después de su salida del
consulado; luego la falta de ingresos que percibía en tal entidad y el hecho de
prolongarse en el tiempo tal circunstancia permitió inferir que esa situación
también afectó su parte emocional. Por ello, pese a que no se allegó prueba sobre
diagnóstico médico o tratamiento alguno indicado a la demandante para la época
en que fue impuesta la sanción o con posterioridad, no se desconoce que los
testigos fueron enfáticos y coincidentes en afirmar que la actora tuvo que
consultar a varios profesionales de la medicina por la aflicción que le causó la
suspensión del cargo y que su estado de ánimo se vio reflejado en su aspecto
físico, puesto que adelgazó considerablemente.

8.18. Losperjuicios o la afectación a la que se hace referencia no están
relacionados con los perjuicios por pérdida de oportunidad por la falta de
nombramiento y posesión en el cargo de notaria, ya que no se acreditaron los
elementos para su configuración, sino por el daño moral que sufrió por la sanción
impuesta.

8.19. De la prueba testimonial se infiere que los lazos familiares entre la actora,
sus hermanos y su padre de crianza, eran fuertes y sólidos, al punto que
departían con mucha frecuencia, y que en las mencionadas reuniones familiares
buscaban la forma de reanimar o reconfortar a la demandante al tiempo que
comentaban lo sorpresivo e inesperado que fue para todos, la imposición de la
sanción, compartiendo sentimientos de aflicción y angustia por lo sucedido a su
familiar. Por lo tanto, el padre de crianza, como sus hermanos deben ser
indemnizados por los perjuicios morales que padecieron. Por otro lado, la prueba
del parentesco con los sobrinos es insuficiente para demostrar el eventual
perjuicio ocasionado.

8.20. En el presente asunto no hay elementos de convicción suficientes para
concluir que las decisiones disciplinarias, por más aflictivas que fueran le

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impidieran o afectaran su esfera externa en relación con sus actividades
cotidianas.

8.21. Por consiguiente, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad, propuesta por la
entidad demandada, por lo expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del Oficio No. S-GALJI-18-078976 de
20 de diciembre de 2018, por haber negado el pago de los perjuicios morales
reclamados; y de la Resolución No. 0582 de 15 de febrero de 2019, mediante la
cual se confirmó la decisión anterior, por lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación – Ministerio de Relaciones
Exteriores, pagar a título de perjuicios morales, las siguientes sumas:

A la señora Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, veinticinco (25) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la ejecutoria de la sentencia.

A los señores Miguel Darío Arbeláez Mejía, Stella, Adriana y Jorge Hernán Cifuentes
Aranzazu, el equivalente a siete (7) salarios mínimos legales vigentes a la ejecutoria
de la sentencia, para cada uno.

A los señores Luz Elena y Rubén Darío Cifuentes Aranzazu, el equivalente a cinco
(5) salarios mínimos legales vigentes a la ejecutoria de la sentencia, para cada uno.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Se condena en costas a la parte demandada; liquídense teniendo en cuenta
el valor de las agencias en derecho determinado en la parte motiva» […]. (sic)

1.4. Recurso de apelación

9. El Ministerio de Relaciones Exteriores interpuso recurso de apelación con base
en lo siguiente10:

9.1. El tribunal no indicó bajo qué causal ni los motivos por los cuales decretó la
nulidad parcial del Oficio S-GALJI-18-078976 del 20 de diciembre de 2018
emitido por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de
Relaciones Exteriores y de la Resolución 582 del 15 de febrero de 2019, dictada
por el secretario general de dicho ministerio; es decir, no indicó en concreto por
qué la decisión administrativa estaba viciada de nulidad.

9.2. Paraque prosperara la causal denominada falsa motivación tenía que
indicarse que los hechos que utilizó la administración como motivos para la
expedición del acto, no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación
administrativa; o que la administración omitió tener en cuenta hechos que sí
estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a
una decisión sustancialmente diferente, aspecto que no fue desarrollado en la

10 Índice 2 Samai, archivo denominado «58RecursoApelacionMinRelacionesExteriores.pdf».

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sentencia de primera instancia, existiendo una incongruencia entre la fijación del
litigo y las consideraciones del fallo.

9.3. Tampoco señaló qué norma dejó de aplicar el Ministerio de Relaciones
Exteriores para que pudiera emitir una resolución positiva a los peticionarios y se
reconociera la responsabilidad administrativa extracontractual y se ordenara la
reparación de unos perjuicios morales, materiales y de la vida en relación
reclamados. Es decir, la presunción de legalidad se mantuvo intacta.

9.4. No se demostró la falsa motivación comoquiera que no se estaban
cuestionando los argumentos de los fallos disciplinarios ni la decisión de la
revocatoria directa de estos, sino la decisión que adoptó la administración, cuya
motivación está expresa y tuvo como finalidad negar el reconocimiento de una
responsabilidad extracontractual en sede administrativa, pues el Ministerio de
Relaciones Exteriores no tenía competencia para disponerlo y ordenar en sede
administrativa el pago de una indemnización por daños materiales, morales y a
la vida en relación.

9.5. El fallo de primera instancia no explicó las razones por las cuales concluyó
que los actos demandados estaban viciados de nulidad; no obstante, este asunto
debió ser objeto de otro proceso, esto es, el de reparación directa.

9.6. Los testigos mostraron muchas inconsistencias, particularmente en lo
relacionado con la forma de desvinculación del cargo de cónsul general central
de Colombia en Nueva York, que es un cargo de libre nombramiento y remoción
del presidente de la República, pues el retiro fue por la renuncia que la
demandante presentó y no por la sanción de suspensión de un mes en el ejercicio
del cargo. Además, el conocimiento de los testigos era de oídas, de modo que
no tenían conocimiento directo de las circunstancias familiares y sociales de los
demandantes y su grupo familiar, para indicar cuál era el vínculo afectivo que
existía entre ellos y los perjuicios morales y materiales causados a los
demandantes, sin identificación concreta sobre las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que se presentaron estos daños.

9.7. De oficio debe realizarse un control de legalidad del proceso para revisar la
indebida escogencia del medio de control para pedir los perjuicios por la
revocatoria directa de unos fallos disciplinarios, e igualmente analizar la
caducidad del medio de control de reparación directa, que era el procedente en
este asunto.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo traslado a las partes para alegar, en
cuanto no fue necesario el decreto de pruebas.

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. El agente delegado del ministerio público no emitió concepto.

2. Consideraciones

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2.1. Problema jurídico

12. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿si el Oficio S-GALJI-18-
078976 del 20 de diciembre de 2018 proferido por la jefe de la Oficina Asesora
Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Resolución 0582 del
15 de febrero de 2019 proferida por el secretario general de dicho ministerio, que
confirmó esta decisión, son la causa eficiente del presunto daño generado? Y
como consecuencia de ello ¿si a los demandantes les asiste el derecho a ser
indemnizados por perjuicios materiales, morales y a la vida de relación?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La facultad sancionadora del Estado

13. En desarrollo del derecho al debido proceso el artículo 29 de la Constitución
Política señaló que este se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas; que nadie podrá ser juzgado sino conforme con leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio; y que quien sea
sindicado tendría derecho a la defensa, a impugnar la sentencia condenatoria, y
a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

14. De lo anterior se colige que la propia Constitución estableció la potestad
sancionadora y el límite a la misma. En efecto, se reconoce la existencia de un
poder para imponer sanciones, sometido al debido proceso que se aplica a toda
clase de actuaciones.

15. Ahora bien, de esta surge la potestad disciplinaria que constituye una de las
modalidades de los poderes sancionatorios del Estado, en esta medida, como lo
ha expresado la Corte Constitucional11 «[e]l derecho disciplinario es una modalidad
del derecho sancionador, cuya concepción hoy en día debe estar orientada por los
principios del Estado social y democrático de derecho previstos en el artículo 1º de la
Constitución, garantizando el respeto a las garantías individuales pero también los fines
del Estado determinados en el artículo 2º ibidem y para los cuales han sido instituidas
las autoridades públicas».

16. De allí que con esta disciplina se busque «la buena marcha y el buen nombre de
la administración pública y por ello sus normas se orientan a exigir “[…] a los servidores
públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones”12»13. Por ello
ha precisado la jurisprudencia, que el derecho disciplinario «está integrado por
todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un
determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de
cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan»14.

17. Por su parte, el Consejo de Estado15 ha indicado que «[e]xisten dos grandes

11 Sentencia C-155 de 2002.
12 Sentencia C-417 de 1993.
13 Sentencia C-155 de 2002.
14 Sentencia C-417 de 1993.
15Sentencia del 20 de marzo de 2014, expediente: 11001-03-25-000-2012-00902-00 (2746-
2012).

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ámbitos de ejercicio de la potestad disciplinaria, el ámbito interno de la propia
administración pública y el ámbito externo del control preferente por la
Procuraduría General de la Nación. El ámbito natural y originario de la potestad
disciplinaria es, evidentemente, el interno, puesto que se trata de una potestad
implícita en la definición misma del aparato administrativo estatal diseñado por el
Constituyente16. Ahora bien, el ámbito externo –y excepcional- es el del
organismo autónomo establecido por la Carta Política para cumplir con esta
trascendente función».

18. En concordancia con lo anterior, el régimen de responsabilidad de los
servidores públicos está delimitado por lo señalado en el artículo 6 de la
Constitución Política, por cuanto «los particulares solo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la
misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones».

19. El artículo 2 de la Ley 734 de 2002 prevé que la titularidad de la acción
disciplinaria está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio
del poder preferente, y también, en las Oficinas de Control Interno de las
diferentes ramas, órganos y entidades del Estado, pues, según el libro I, del título
I, ibidem, el ejercicio del poder disciplinario se debe regir por los principios de
legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, favorabilidad,
proporcionalidad, motivación, entre otros; además, la actuación procesal debe
estar sujeta a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad, publicidad y contradicción, al tenor de lo dispuesto en el artículo
94 ibidem.

2.3.2. Naturaleza jurídica de los empleos públicos

20. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de
vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 125 que los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley.

21. Posteriormente, con el fin de desarrollar tal mandato constitucional, el
legislador expidió las leyes 27 de 199217, 443 de 199818 y 909 de 200419, y en el
artículo 1 de esta última normativa determinó que hacen parte de la función

16 Ha aclarado la Corte Constitucional a este respecto que «en el terreno del derecho disciplinario

estricto, esta finalidad se concreta en la posibilidad que tiene la Administración Pública de imponer
sanciones a sus propios funcionarios quienes, en tal calidad, le están sometidos a una especial
sujeción. Con esta potestad disciplinaria se busca de manera general el logro de los fines del
Estado mismo y particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que gobiernan el
ejercicio de la función pública, cuales son el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad» [sentencia C-125 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra]; y que
«la administración pública goza de un poder disciplinario para someter a sus servidores y obtener
de ellos la obediencia, disciplina, moralidad y eficiencia necesarias para el cumplimiento de sus
deberes y demás requerimientos que impone la respectiva investidura pública, a fin de que se
cumpla con el propósito para el cual han sido instituidos, como es el servicio al Estado y a la
comunidad, en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (C.P., art. 123)»
[sentencia C-095 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara].
17 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre

administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras
disposiciones».
18 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».
19 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,

gerencia pública y se dictan otras disposiciones».

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pública los empleos de i) carrera, ii) libre nombramiento y remoción, iii) período y
iv) los temporales.

22. Es importante precisar que la categorización y codificación de los empleos
públicos20 en la función pública goza de reserva legal. En ese sentido, es el
legislador quien establece las categorías existentes de acuerdo con criterios
objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de cada entidad.
Dentro de estos se encuentran el grado de confianza, la responsabilidad que se
adquiere en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones,
esto es si estas son meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las
competencias exigidas para su desempeño, entre otros. Todo ello permite
advertir que existe una diferencia sustancial entre los empleos que la conforman.

23. Para el caso de los notarios existen varias formas de vinculación, las normas
específicas que rigen la materia prevén que el nombramiento en el cargo de
notario podrá hacerse en propiedad, en interinidad y en encargo, las cuales en
criterio de la Corte Constitucional son mecanismos razonables para asegurar la
continuidad del servicio notarial, «pero que la Carta ha adoptado un modelo que
privilegia la prestación de este servicio por notarios en propiedad, nombrados por
concurso, y que por ende hacen parte de la carrera notarial. No otro es el sentido del
mandato perentorio del artículo 131 superior sobre la necesidad del concurso para
proveer en propiedad el cargo de notario»21.

2.4. Cuestión previa

24. La entidad demandada en primera instancia propuso la excepción de «inepta
demanda por indebida escogencia del medio de control» e insistió en ella en el recurso
de apelación. Al respecto manifestó que el medio de control procedente era el de
reparación directa, porque se demandaron las decisiones que negaron el
reconocimiento de una indemnización por los perjuicios causados con ocasión de
unos fallos disciplinarios proferidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores que
impidieron que Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu accediera al cargo de notaria, los
cuales con posterioridad fueron revocados por la Procuraduría General de la
Nación.

25. El tribunal mediante auto del 12 de diciembre de 202222 declaró no probada la
excepción al considerar que el asunto estaba dirigido a atacar la legalidad de
unos actos administrativos (Oficio S-GALJI-18-078976 del 20 de diciembre de
2018 y la Resolución 0582 del 15 de febrero de 2019) por medio de los cuales la
entidad negó una petición y, como consecuencia, solicitaron el restablecimiento
del derecho, por lo tanto el medio de control idóneo para realizar ese estudio de
legalidad era el de nulidad y restablecimiento.

26. La Sala advierte que se dará trámite al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentado con el fin de garantizar el acceso a la
administración de justicia, toda vez que la controversia sobre su procedencia se

20 El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el

núcleo básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de
desarrollo y los fines del Estado».
21 Sentencia C-741 de 1998
22 Índice 2 Samai, archivo denominado «29.2021-00850OKResuelveExcepciones.pdf».

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decidió en primera instancia en auto proferido el 12 de diciembre de 2022 y este
no fue debatido por la demandada. Pero, además, por lo siguiente:

27. Es claro que la discusión desde el principio giró en torno a si la entidad con la
expedición de los actos demandados incurrió en falsa motivación o con infracción
de las normas en que deberían fundarse al negar la reparación de un daño. Es
decir, se debe examinar tales vicios de nulidad del acto administrativo que es
propio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que de
resultar probado daría lugar al pago de la indemnización reclamada.

28. Si bien para definir la controversia sería propio examinar la existencia del daño
y el nexo causal entre este y la actuación de la entidad, lo cierto es que el artículo
138 del CPACA señaló que a través de este medio la parte demandante «también
podrá solicitar que se le repare el daño» lo que permite el estudio de los elementos
propios de la responsabilidad del Estado.

29. Por las razones expuestas, se procederá a decidir el presente caso de acuerdo
con el procedimiento que se ha aplicado desde el inicio del proceso. Con el
anterior análisis también quedaría zanjada la discusión en lo relacionado con la
caducidad del medio de control, pues la demandada insistió en que son 2 años
desde la ocurrencia del hecho; no obstante, la demanda se presentó dentro del
término de 4 meses estipulado para el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contados desde la notificación de los actos
acusados.

2.5. Pruebas relevantes dentro del proceso

30. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

30.1. Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu laboró como cónsul general central, código
0047, grado 25, en el consulado general central de Colombia en Nueva York en
los Estados Unidos de América, desde el 12 de agosto de 2011 hasta el 14 de
diciembre de 201423.

30.2. Mediante fallo del 21 de agosto de 201424, proferido por el jefe de control
disciplinario interno del Ministerio de Relaciones Exteriores se declaró
responsable disciplinariamente a Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, pues «incurrió
en la prohibición establecida en el numeral 2225 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002»
y se le impuso como sanción la «suspensión en el ejercicio de sus funciones públicas

23 Índice 2 Samai «4ED_25000234200020210085» archivo «02.1.Anexos» Folio 212 y 214.
Certificados del 13 y 17 de julio de 2018. Decreto de nombramiento 2639 del 26 de julio de 2011
(folio 240) y acta de posesión del 12 de agosto de 2011 (folio242).
24 Índice 2 Samai «4ED_25000234200020210085» archivo «02.1.Anexos» Folio 2 a 152.
25 Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: […] 22. Prestar, a título

personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos
relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término
de dos (2) años después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o
corporación en la cuál presto sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia,
representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o
regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado
Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuáles el
servidor conoció en ejercicio de sus funciones.
Se entiende por asuntos concretos de los cuáles conoció en ejercicio de sus funciones aquellos
de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus
funciones y de los cuáles existe sujetos claramente determinados.

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e inhabilidad especial por el término de un (1) mes».

30.3. A través de la Resolución 6235 del 8 de septiembre de 201426 (fallo
disciplinario de segunda instancia), proferida por la «viceministra de relaciones
exteriores encargada de las funciones del despacho de la ministra de relaciones
exteriores» se confirmó la anterior decisión «por incumplir el deber consagrado en el
numeral 1º del artículo 34 del código disciplinario único; e incurrir en la prohibición
tipificada en los numerales 1° y 22 del artículo 35 ibidem; por lo cual se le impuso como
sanción la suspensión de un mes en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el
mismo término». No obstante, la modificó para absolverla de la falta disciplinaria
señalada en el numeral 2 del artículo 35 del Código Disciplinario Único.

30.4. Con providencia del 11 de enero de 201727, la Procuraduría General de la
Nación revocó los fallos de primera y segunda instancia proferidos dentro del
proceso disciplinario interno ID-010-2014 iniciado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores en contra de Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, para en su lugar
absolverla de toda responsabilidad. Lo anterior, en virtud de «la solicitud de
revocatoria directa radicada el 7 de septiembre de 2016 por la hoy sancionada».

30.5. Mediante Oficio SNR2017EE032578 del 4 de septiembre de 201728,
proferido por la Superintendencia de Notariado y Registro, se le indicó a Elsa
Gladys Cifuentes Aranzazu que por disposición constitucional el nombramiento
de los notarios debía hacerse a través de concurso. Además, que pese a que «la
revocatoria de la sanción disciplinaria tuvo lugar, mediante providencia de 11 de enero
de 2017, y por ella se determinó absolver a la petente de toda responsabilidad, no es
posible en este momento, retrotraer la situación para evaluar jurídicamente su alcance,
toda vez que en la actualidad se surte la provisión del cargo de notario conforme a la
lista de elegibles vigente y que derivó, de la aplicación del concurso de méritos».

30.6. Con la Resolución 8364 del 25 de octubre de 201729 expedida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores se reconoció y ordenó el pago de unas
diferencias por concepto de salarios y prestaciones sociales a favor de Elsa
Gladys Cifuentes Aranzazu, entre el 1 y el 31 de octubre de 2014, como
consecuencia de la revocatoria por parte de la Procuraduría General de la Nación
de los fallos disciplinarios que la sancionaron.

30.7. El 27 de noviembre de 201830 los demandantes solicitaron al Ministerio de
Relaciones Exteriores la «reparación de los daños morales, materiales y a la vida de
relación causados» por la expedición de los fallos proferidos en primera y segunda
instancia dentro del proceso disciplinario ID-010-2014 iniciado por dicha entidad
en contra de Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, los cuales posteriormente fueron
revocados por la Procuraduría General de la Nación mediante providencia del 11
de enero de 2017; toda vez que «no pudo posesionarse como notaria».

30.8. Con Oficio S-GALJI-18-078976 del 20 de diciembre de 201831, expedido por
el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó «el reconocimiento de la reparación

26 Índice 2 Samai «4ED_25000234200020210085» archivo «02.1.Anexos» Folio 154 a 210.
27 Índice 2 Samai «4ED_25000234200020210085» archivo «02.1.Anexos» Folio 254 a 264.
28 Índice 2 Samai «4ED_25000234200020210085» archivo «02.1.Anexos» Folio 248 a 252.
29 Índice 2 Samai «4ED_25000234200020210085» archivo
«25contestaciondemandaminrelacionesexteriores» Folio 16 a 24.
30 Índice 2 Samai «4ED_25000234200020210085» archivo «02.1.Anexos» Folio 268 a 304.
31 Índice 2 Samai «4ED_25000234200020210085» archivo «02.1.Anexos» Folio 306 y 307.

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de los daños» con fundamento en que en el ejercicio de la potestad sancionatoria
del Estado la administración tiene la facultad de investigar disciplinariamente a
sus servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas, además
que la solicitud no otorga per se la competencia para estudiar y reconocer los
perjuicios pedidos en sede administrativa, por cuanto estos deben ser
reclamados ante la jurisdicción contenciosa.

30.9. Mediante Resolución 0582 del 15 de febrero de 201932, el Ministerio de
Relaciones Exteriores resolvió el recurso de apelación y confirmó la anterior
decisión.

30.10. Al proceso se aportó el registro civil de nacimiento de: Elsa Gladys Cifuentes
Aranzazu, Luz Elena Cifuentes Aranzazu, Stella Cifuentes Aranzazu, Adriana
Cifuentes Aranzazu, Rubén Darío Cifuentes Aranzazu, Jorge Hernán Cifuentes
Aranzazu, Miguel Darío Arbeláez Mejía, Lucas Ignacio Arbeláez Cifuentes, Juan
Miguel Arbeláez Cifuentes, Mateo Federico González Cifuentes, Jorge Alberto
Cifuentes Guingue y Juan Esteban Restrepo Cifuentes33.

2.6. Análisis del caso concreto

31. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en
sentencia del 29 de febrero del 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y en esta indicó que la afectación a la que se hacía referencia para
reconocer la indemnización no estaba relacionada con los perjuicios por pérdida
de oportunidad por la falta de nombramiento y posesión en el cargo de notaria de
Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, sino por el daño moral que sufrió junto a su
círculo familiar más cercano, consecuencia de la sanción impuesta en los fallos
disciplinarios proferidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores que a la postre
fueron revocados por la Procuraduría General de la Nación.

32. La entidad demandada cuestionó la anterior decisión con fundamento en que
i) el tribunal no señaló en su sentencia bajo qué causal ni los motivos por los
cuales decretó la nulidad parcial de los actos demandados; es decir, no indicó en
concreto por qué la decisión administrativa estaba viciada de nulidad; ii) para que
prosperara la causal denominada falsa motivación se debieron probar que las
razones que tuvo la administración como motivos para la expedición del acto, no
estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa o que la
administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que
si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente
diferente; iii) la autoridad judicial de primera instancia omitió mencionar la norma
que dejó de aplicar el Ministerio de Relaciones Exteriores para que pudiera emitir
una decisión favorable a los peticionarios en torno al reconocimiento de la
responsabilidad administrativa extracontractual; iv) no existió falsa motivación
comoquiera que no se estaban cuestionando los argumentos de los fallos
disciplinarios ni la revocatoria directa de estos, sino la decisión que tomó la
administración de no indemnizar en sede administrativa; y v) los testimonios
mostraron muchas inconsistencias en cuanto a los circunstancias de modo
tiempo y lugar.

32 Índice 2 Samai «4ED_25000234200020210085» archivo «02.1.Anexos» Folio 308 a 322.
33 Índice 2 Samai «4ED_25000234200020210085» archivo «02.1.Anexos» Folio 216 a 239.

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33. Así las cosas, correspondería estudiar la legalidad de los actos administrativos
demandados (Oficio S-GALJI-18-078976 del 20 de diciembre de 2018 y la
Resolución 0582 del 15 de febrero de 2019) pues fueron estos los cuestionados
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
fin de establecer si procede la declaratoria de nulidad y, en consecuencia, el pago
de la indemnización solicitada.

34. Sin embargo, debe señalarse que Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu y su grupo
familiar solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores el pago de una suma de
dinero por concepto de daños morales y materiales y a la vida de relación,
causados, aparentemente, por la expedición de los fallos disciplinarios, por los
cuales fue suspendida en el ejercicio del cargo por un mes, lo que a su juicio
impidió que, a la postre, fuera designada notaria.

35. El ente ministerial negó tal petición con fundamento en que el Estado, en
ejercicio de su facultad sancionatoria, podía investigar disciplinariamente a sus
servidores públicos y, además, que la sola petición elevada ante la administración
no otorgaba per se la competencia para estudiar y reconocer los perjuicios
reclamados en sede administrativa, pues los actos disciplinarios expedidos en
ejercicio de esa potestad podían ser sujetos de control de legalidad y de
constitucionalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

36. De lo anterior se advierte que el análisis propuesto por los demandantes
implica establecer si la sanción disciplinaria impuesta fue la causa eficiente de
los perjuicios alegados, pues el motivo que, a su juicio, generó el presunto daño
y que piden sea indemnizado, no son los actos acusados, sino esas decisiones
en materia disciplinaria que a la postre fueron revocadas por la Procuraduría, las
que, valga resaltar, no fueron demandadas en esta oportunidad.

37. De manera que si los demandantes pretendían el pago de unas sumas de
dinero a título indemnizatorio, debieron centrar el juicio de reproche en lo que
resultaba ser la fuente de ese daño que, se insiste, fueron los fallos disciplinarios
del 21 de agosto de 2014 proferido por el jefe de control disciplinario interno del
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Resolución 6235 del 8 de septiembre de
2014, expedido por la viceministra de relaciones exteriores encargada de las
funciones del despacho de la ministra, y no el Oficio S-GALJI-18-078976 del 20
de diciembre de 2018 y la Resolución 0582 del 15 de febrero de 2019 con los
cuales el ente ministerial resolvió la solicitud indemnizatoria.

38. Así las cosas, comoquiera que el aparente daño procede o se deriva
directamente de los fallos disciplinarios que fueron revocados, eran estos los que
debían ser demandados en esta oportunidad y su omisión impide que esta
autoridad judicial realice un estudio de legalidad o evalúe las pretensiones
indemnizatorias presentadas por los demandantes.

39. Todo lo anterior conduce a concluir que existe una ineptitud de la demanda
que impide un análisis sobre el fondo de la discusión propuesta, por lo que
corresponde revocar la sentencia apelada que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

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3. Costas

40. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

41. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

42. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma34.

43. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado
si se causaron dichas costas.

44. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar
en costas.

4. Conclusión

45. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la causa que le hubiese
podido generar el daño que los demandantes pidieron que les fuera indemnizado
no fue el Oficio S-GALJI-18-078976 de l20 de diciembre de 2018 ni la Resolución
0582 del 15 de febrero de 2019 sino los fallos disciplinarios del 21 de agosto de
2014 proferido por el jefe de control disciplinario interno del Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Resolución 6235 del 8 de septiembre de 2014,
expedido por la viceministra de relaciones exteriores encargada de las funciones
del despacho de la ministra.

46. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 29 de
febrero de 2024 y en su lugar, se declarará probada de oficio la ineptitud

34 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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sustantiva de la demanda y se abstendrá de condenar en costas en ambas
instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar la sentencia proferida el 29 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda para, en su lugar declarar
probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda presentada
por Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, Luz Elena Cifuentes Aranzazu, Stella
Cifuentes Aranzazu, Adriana Cifuentes Aranzazu, Rubén Darío Cifuentes
Aranzazu, Jorge Hernán Cifuentes Aranzazu, Miguel Darío Arbeláez Mejía, Lucas
Ignacio Arbeláez Cifuentes, Juan Miguel Arbeláez Cifuentes, Mateo Federico
González Cifuentes, Jorge Alberto Cifuentes Guingue y Juan Esteban Restrepo
Cifuentes contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MFS

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