Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00855-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2021-00855-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00855-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00855-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 25000-23-42-000-2021-00855-01
Nº Interno : 6668-2022.
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-.
Demandada : Sara Cepeda de Nope.
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema : Aplicación de la cosa juzgada.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 22 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que declaró probada la excepción
de cosa juzgada propuesta por la apoderada de la señora Sara Cepeda de Nope
dentro de la demanda instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- (sin
condena en costas).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, por conducto de apoderado, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente:
1.1. Pretensiones1.
Declarar la nulidad de la Resoluciones UGM 38140 de 13 de marzo de 2012, a
través de la cual, Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL- reconoció a la
señora a favor de la señora Sara Cepeda de Nope la pensión de vejez en cuantía
1
Folios 1 a 13 del expediente virtual en Samai «Gestión en otros despachos» en el archivo denominado
“4_ALDESPACHOPORREPARTO_PROCESO_202100855_(.ZIP) NroActua 2”.
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
de $7.483.028; y, UGM 45035 de 3 de mayo de 2012, por medio de la cual la misma
autoridad administrativa, reliquidó la citada prestación y, en consecuencia, elevó su
cuantía a $13.025.991, a partir del 13 de abril de 2012.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) la reliquidación de la pensión
de vejez de la demandada teniendo en cuenta el promedio de los ingresos faltantes
para obtener su derecho a pensión, específicamente de 6 años, 1 mes y 8 días, «del
23 de enero de 2007 al 28 de febrero de 2013» y, además, excluyendo los conceptos
de prima de navidad, servicios y vacaciones, conforme a lo establecido en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y en la Sentencia de Unificación del Consejo
de Estado, Sección Segunda, del 11 de junio de 20202; (ii) reintegrar las diferencias
causadas desde el 1º de marzo de 2013 hasta la fecha efectiva de su pago con su
correspondiente indexación y los intereses moratorios de que trata el artículo 192
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y,
(iii) condenar en costas.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La señora Sara Cepeda de Nope, nacida el 8 de mayo de 1950, laboró de manera
interrumpida, inicialmente, en la Secretaría de Educación de Bogotá desde el 14 de
febrero de 1968 al 30 de agosto de 1980 y, posteriormente, en la Rama Judicial
desde el 20 de diciembre de 1979 al 28 de febrero de 2013.
En virtud de lo anterior, al cumplir sus 50 años, solicitó el reconocimiento de su
pensión de vejez, la cual fue otorgada por medio de la Resolución UGM 38140 de
13 de marzo de 2012 en una cuantía equivalente a $7.483.028 teniendo en cuenta
el salario percibido en su último año de servicio, sin embargo, a través de la
Resolución UGM 45035 de 3 de mayo de 2012 esta prestación fue incrementada a
$13.805.251 en razón a que tuvo en cuenta todos los factores salariales que había
devengado y que no habían sido considerados.
Después de que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- le negara la
reliquidación de la pensión de vejez debido a supuestas inconsistencias en los
factores salariales reportados, la señora Sara Cepeda de Nope interpuso una acción
2
Junto con las disposiciones por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU 395 de 2017 y SU 023 de 2018.
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
de nulidad y restablecimiento del derecho, en aras a que se le tuvieran en cuenta,
justamente, todos los factores que había percibido durante el último año de
servicios.
Del citado medio de control tuvo conocimiento en primera instancia el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, quien en providencia del 29 de marzo de 2019
negó las pretensiones de la demanda; posteriormente, el Consejo de Estado en
sentencia de 8 de abril de 2021 revocó esta decisión y, ordenó, la reliquidación de
la pensión de vejez de la señora Sara Cepeda de Nope con todos los factores que
había percibido en el último año de servicios, pero excluyendo bonificación por
gestión judicial.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Constitución Política, preámbulo y artículos 1, 2, 4, 6, 13, 48, 121,123 inciso 2.º y
124, 209; Ley 100 de 1993, artículo 36; Decretos 546 de 1971, artículo 6; 717 de
1978, artículo 12; 1158 de 1994, artículo 1º; 1833 de 2016, artículo 2.2.3.1.3.
Alegó que el reconocimiento efectuado a la demandante se encuentra viciado por
haber infringido las normas en las que debía fundarse, dado que en el
reconocimiento y la reliquidación de la pensión de la señora Sara Cepeda de Nope
no se podían incluir ciertos factores, tales como, prima de navidad, servicios y
vacaciones, pues así lo ha señalado no solo la Corte Constitucional3, sino también,
el Consejo de Estado en su sentencia de unificación4.
En efecto, a su juicio, se ha aplicado de manera errónea los Decretos 546 de 1971
y 717 de 1978, en la medida en que fueron incluidos factores salariales no
permitidos en el ingreso base de liquidación (IBL) para el cálculo de la pensión,
pues, la correcta aplicación, es conforme lo establecen los artículos 21 y 36 de la
Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, esto es, con los emolumentos salariales
taxativos y el promedio de lo devengado en el tiempo que le falte para adquirir el
derecho a la pensión.
De manera entonces, que es de vital importancia, aplicar correctamente no solo lo
3
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU 395 de 2017, y SU 023 de
2018
4
CONSEJO DE ESTADO, Sección Segunda, sentencia CE –SUJ-S2-021-20 11 de junio de 2020, radicado
150012333300020160063001 (4083-2017).
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
establecido por la legislación vigente en materia pensional, sino también, los
precedentes establecidos por las Altas Cortes, ya que con ello se garantizan los
derechos pensionales de los ciudadanos y se asegura la sostenibilidad del sistema
pensional.
2. Contestación de la demanda5.
La señora Sara Cepeda de Nope, a través de su apoderada, se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó que le fueran respetados sus derechos
adquiridos, la seguridad jurídica y la buena fe de aquellos beneficiarios a quienes
les fue reconocida su pensión antes de la nueva interpretación jurisprudencial del
año 2020. Lo anterior con fundamento en lo siguiente:
En el sub-lite no discute el derecho pensional que pueda llegar a tener bajo el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sino en la liquidación de su pensión
conforme a la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado, es decir, el debate no
debería centrarse en el régimen pensional de la Rama Judicial, regulado por el
Decreto 546 de 1971, ya que el reconocimiento de su pensión fue legalmente
establecido bajo la interpretación jurisprudencial vigente hasta el año 2020.
En tal sentido, resaltó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado, hasta el año 2020, entendía que los regímenes especiales, incluido el
de la Rama Judicial, debía aplicarse de manera integral, considerando la edad,
tiempo de servicio y monto de la pensión como una unidad inescindible; al respecto,
esta última estableció, además, que se aplicaría de manera retrospectiva
únicamente a casos que aún estuvieran en trámite, tanto administrativa como
judicialmente, excluyendo aquellos con sentencia ejecutoriada o situaciones
jurídicas consolidadas.
De otro lado, según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, no es posible recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe, ni mucho menos, reabrir un caso que goza de cosa juzgada, en tanto su
pensión fue objeto de un proceso judicial que concluyó con una sentencia del
Consejo de Estado en el año 20216, la cual ordenó la reliquidación de su pensión
5
Folios 1 a 15 del expediente virtual en Samai «Gestión en otros despachos» en el archivo denominado
“40_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 18”.
6
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 8 de abril de 2021, radicado 25001 2342 000 2017 01278 01 (3963-2019), C. P.
Gabriel Valvuena Hernández.
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
manteniendo los factores que ya le habían sido reconocidos.
3. La sentencia de primera instancia7.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca «Sección Segunda, Subsección B»,
mediante sentencia proferida el 22 de julio de 2022, declaró probada la excepción
de cosa juzgada propuesta por la judicial de la señora Sara Cepeda de Nope y, en
consecuencia, dio por terminado el proceso; lo anterior, al considerar que:
Previo a estudiar el fondo del asunto, analizó la procedencia de la excepción de
cosa juzgada, para lo cual se basó en las definiciones que han dispuesto tanto el
tratadista Hernando Devís Echandía como la legislación colombiana,
concretamente, el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Bajo ese contexto, verificó si se cumplían los requisitos para la configuración de la
cosa juzgada entre el proceso anterior resuelto por el Consejo de Estado 8 y el
expuesto actualmente, para luego concluir que existe identidad de objeto, causa y
partes entre ambos procesos, pues, se centró en el reconocimiento y la forma de
reliquidación de la pensión de la señora Sara Cepeda de Nope.
En efecto, a pesar de que las pretensiones fueron presentadas de forma opuesta
«debido a que en uno de los procesos fue iniciado por la beneficiaria de la pensión y el otro
por la entidad administrativa en un contexto de lesividad», ambas demandas buscan
establecer el método correcto para la reliquidación de la pensión bajo los mismos
fundamentos jurídicos y hechos.
Tampoco desconoció que la sentencia del Consejo de Estado, al resolver el proceso
anterior, consideró y aplicó la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 e
incluyó el principio de favorabilidad y el reconocimiento de ciertos factores
salariales, lo cual debe considerarse definitivo y aplicable al presente caso,
configurando así la cosa juzgada.
En consecuencia, no es posible reabrir el debate sobre la forma de liquidación de la
7
Folios 1 a 28 del expediente virtual en Samai «Gestión en otros despachos» en el archivo denominado “56_SENTENCIA(.pdf)
NroActua 31”.
8
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 8 de abril de 2021, radicado 25001 2342 000 2017 01278 01 (3963-2019), C. P.
Gabriel Valvuena Hernández.
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
pensión de la señora Sara Cepeda de Nope, pues ello sería como desconocer los
principios de seguridad jurídica y de inmutabilidad de las decisiones judiciales
ejecutoriadas.
4. El recurso de apelación9.
La parte demandante interpuso su recurso de apelación por considerar que no
existe cosa juzgada, pues, aunque existe identidad de partes, no versa sobre el
mismo objeto ni tenía la misma causa.
En efecto, es necesario considerar no solo la disparidad en los periodos y los
factores salariales para el cálculo de la pensión, sino también la interpretación
adecuada de la sentencia de unificación del Consejo de Estado de fecha 11 de junio
de 2020, pues ello redunda en la anulación de la sentencia de primera instancia, en
el reconocimiento de las pretensiones de la demanda y, además, en importancia de
adherirse a los principios fundamentales de la jurisdicción contencioso
administrativa, así como en garantizar la protección efectiva de los derechos
consagrados en la Constitución y la ley.
5. Trámite de la apelación10.
Mediante auto de 27 de abril de 2023, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por el demandante y, en virtud del numeral 5 del artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar; no
obstante, la apoderada del actor allegó escrito, en el que reiteró los argumentos de
alzada.
II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa.
Antes de efectuar cualquier razonamiento por parte de la Sala, se observa que el a
– quo declaró fundada la excepción de cosa juzgada, puesto que consideró que ya
se había realizado un juicio de legalidad a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento en contra de los actos demandados, lo cual impide efectuar
9
Folios 1 a 4 del expediente virtual en Samai «Gestión en otros despachos» en el archivo denominado
“60_RECIBEMEMORIALES_RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 35”.
10
Expediente virtual en Samai «índice 004».
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
cualquier otro juicio como la instaurada en la presente causa; sin embargo, para
efectos de establecer si tal afirmación es cierta es necesario examinar: (i) el
concepto de cosa juzgada, y, (ii) la solución al caso.
(i) De la cosa juzgada.
El artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo «vigente para el momento en que fue expedido el acto acusado»
determinó que existirá cosa juzgada en procesos contenciosos administrativos en
los siguientes eventos:
“(…) La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un
proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la
nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación
con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas
que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán
efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores
frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza
o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin
efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.
Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2
del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y
de cosa juzgada. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos
diferentes.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y
cumplimiento producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que
tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya
identidad jurídica de partes.
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho
aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración
a su favor.
Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la
formalidad del registro de acuerdo con la ley.
(…)”.
A su vez, el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable por expresa
remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, definió la institución de la cosa juzgada en los
siguientes términos:
“(…) ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el
primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá
efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.
(…).”.
Nótese que la citada figura tiene por objeto efectivizar el derecho constitucional al
debido proceso y la seguridad jurídica, pues actúa como una garantía capaz de
asegurar que los conflictos ya resueltos judicialmente no se reabran en el futuro;
dicho en otras palabras, esta protección se encuentra fundada en la confianza
legítima y en la preclusión procesal, lo que conlleva a que las controversias, una vez
terminadas con una decisión judicial en firme y ejecutoriada, no sean sujetas a
reevaluación en futuros procesos y, por demás, exista duplicidad en los
procedimientos y posibles sentencias contradictorias.
Ahora bien, para que la cosa juzgada se configure, se deben cumplir ciertos
requisitos, a saber: (i) identidad de objeto, es decir, que el asunto discutido en los
procesos sea el mismo; (ii) identidad de causa, esto es, que los motivos o
fundamentos de la demanda sean idénticos en ambos procesos; e, (iii) identidad
jurídica de partes, es decir, que las personas involucradas en los procesos sean las
mismas o existan sucesiones claras que las relacionen. Al respecto, esta
Corporación, desde tiempo atrás, ha tenido oportunidad de pronunciarse en torno al
concepto y alcance de la figura de la cosa juzgada y ha arribado a las siguientes
conclusiones11:
“(…) A la cosa juzgada o "res judicata" se le ha asimilado al principio del
"non bis in ídem", y tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han
sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley no
vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto
obliga a las partes, porque lo antes decidido tiene carácter vinculante y
obligatorio y, por lo tanto, es inmutable al tener plena eficacia jurídica.
Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada por los
artículos 332 del C. de P. C. y 175 del C. C. A., en los cuales se establecen
los elementos formales y materiales para su configuración.
El elemento formal implica que no es posible volver sobre una decisión
tomada en providencia ejecutoriada, dentro del mismo proceso, o en otro en
el que se debata la misma causa petendi y fundamentos jurídicos; lo anterior,
para garantizar estabilidad y seguridad del orden jurídico.
Por su parte, el material, hace alusión a la intangibilidad de la sentencia en
11
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Dr.
Luís Rafael Vergara Quintero, sentencia de 27 de noviembre de 2008, Radicación No.: 70001-23-31-000-2000-00803-
01(1026-05), Actor: Rodrigo Villaveces Santos.
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó
plenamente de la relación objeto de la contienda y que esta fue decidida con
la plenitud de las formas propias del juicio. (…)”.
En este orden de ideas, para que se configure la cosa juzgada es esencial que
exista coincidencia en la causa de pedir, identidad entre las partes involucradas y
que el proceso trate sobre el mismo asunto. Así, bajo ese contexto, una vez que se
ha emitido una providencia con efectos vinculantes para las partes, este impide
emitir una nueva decisión sobre los mismos puntos que ya han sido resueltos.
(ii) De la solución al caso.
Pues bien, tal y como se alcanzó a enunciar previamente, para la Sala es necesario
determinar la viabilidad del fondo del asunto, razón por la que se elaborará un
cuadro comparativo que permitirá evaluar la correspondencia entre las partes
involucradas, las razones del litigio y el objeto de la disputa. Este ejercicio es crucial
para verificar si los criterios de cosa juzgada se cumplen y, en consecuencia, si es
pertinente estudiar la legalidad de los actos acusados en el actual proceso. Veamos:
NÚMERO DE PROCESO
Radicado No. 25001-23-42-000-2017- Radicado No. 25000-23-42-000-2021-
01278-01 (N. I. 3963-2019) 00855-01 (N. I. 6668-2022)
MEDIO DE CONTROL
Nulidad y restablecimiento del derecho Nulidad y restablecimiento del derecho
ACTOS DEMANDADOS
(i) Resolución No. UGM 38140 de 13 de (i) Resolución UGM 38140 de 13 de
marzo de 2012, a través de la cual, marzo de 2012, a través de la cual, Caja
CAJANAL reconoció a favor de la Nacional de Previsión Social -CAJANAL-
reconoció a la señora a favor de la señora
demandante una pensión de vejez en
Sara Cepeda de Nope la pensión de vejez
cuantía de $7.483.028, condicionada a su en cuantía de $7.483.028.
retiro definitivo del servicio. (ii) Resolución UGM 45035 de 3 de mayo
(ii) Resolución No. UGM 45035 de 3 de de 2012, por medio de la cual la misma
mayo de 2012, por medio de la cual autoridad administrativa, reliquidó la citada
CAJANAL reliquidó la pensión de la prestación y, en consecuencia, elevó su
demandante y elevó su cuantía a la suma cuantía a $13.025.991, a partir del 13 de
abril de 2012.
de $13.025.991, a partir del 13 de abril de
2012, pero condicionada al retiro definitivo
del servicio.
(iii) Resolución No. RDP 24320 de 29 de
junio de 2016, a través de la cual la UGPP
negó a la demandante una petición de
reliquidación de su pensión teniendo en
cuenta la totalidad de los factores salariales
devengados.
(iv) Resolución No. 38755 de 13 de
octubre de 2016, por medio de la cual la
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
UGPP resolvió el recurso de apelación
presentado por la demandante contra la
Resolución No. RDP 24320 de 29 de junio
de 2016, y la confirmó en todas sus partes
PARTES
Demandante: Sara Cepeda de Nope Demandante: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y
contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-.
Demandado: Unidad Administrativa Demandada: Sara Cepeda de Nope
Especial de Gestión Pensional y
contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-.
PRETENSIONES
(i) Reliquidar la pensión de la demandante, (i) Reliquidar la pensión de vejez de la
aplicando íntegramente el régimen demandada teniendo en cuenta el
pensional consagrado en el artículo 6º del promedio de los ingresos faltantes para
Decreto 546 de 1971 y el artículo 12 del obtener su derecho a pensión,
Decreto 717 de 1978, con la asignación específicamente de 6 años, 1 mes y 8 días,
mensual más elevada percibida durante el «del 23 de enero de 2007 al 28 de febrero
último año de servicios, y teniendo en de 2013» y, además, excluyendo los
cuenta la totalidad de los factores salariales conceptos de prima de navidad, servicios y
devengados entre el 1º de marzo de 2012 vacaciones, conforme a lo establecido en
y el 28 de febrero de 2013. los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
(ii) Ordenar el pago indexado de las y en la Sentencia de Unificación del
diferencias en las mesadas retroactivas Consejo de Estado, Sección Segunda, del
que se causen como consecuencia de la 11 de junio de 2020;
reliquidación de la pensión, incluyendo las (ii) Reintegrar las diferencias causadas
mesadas 13 y 14. desde el 1º de marzo de 2013 hasta la
fecha efectiva de su pago con su
correspondiente indexación y los intereses
moratorios de que trata el artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
HECHOS
(i) La señora Sara Cepeda de Nope nació (i) La señora Sara Cepeda de Nope, nacida
el día 8 de mayo de 1950. el 8 de mayo de 1950, laboró de manera
(ii) Prestó sus servicios al Estado así: interrumpida, inicialmente, en la Secretaría
• En el Distrito Capital de Bogotá, desde el de Educación de Bogotá desde el 14 de
14 de febrero de 1968 hasta el 30 de agosto febrero de 1968 al 30 de agosto de 1980 y,
de 1980. posteriormente, en la Rama Judicial desde
• En la Rama Judicial, desde el 20 de el 20 de diciembre de 1979 al 28 de febrero
diciembre de 1979 hasta el 28 de febrero de 2013.
de 2013. (ii) La demandada al cumplir sus 50 años,
(iii) Mediante Resolución No. UGM 38140 solicitó el reconocimiento de su pensión de
de 13 de marzo de 2012, CAJANAL vejez, la cual fue otorgada por medio de la
reconoció de una pensión de vejez a favor Resolución UGM 38140 de 13 de marzo de
de la demandante, en cuantía de 2012 en una cuantía equivalente a
$7.483.028, a partir del 1º de junio de 2010, $7.483.028 teniendo en cuenta el salario
condicionada al retiro definitivo del servicio. percibido en su último año de servicio, sin
(iv) Contra el anterior acto administrativo, la embargo, a través de la Resolución UGM
demandante interpuso recurso de 45035 de 3 de mayo de 2012 esta
reposición, el cual fue resuelto mediante la prestación fue incrementada a $13.805.251
Resolución No. UGM 45035 de 3 de mayo en razón a que tuvo en cuenta todos los
de 2012 que reliquidó e incrementó la factores salariales que había devengado y
cuantía de la pensión a la suma de que no habían sido considerados.
$13.025.991, a partir del 13 de abril de (ii) Después de que la Unidad
2012, pero condicionada al retiro definitivo Administrativa Especial de Gestión
del servicio. Pensional y Contribuciones Parafiscales de
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
(v) La demandante se retiró definitivamente la Protección Social -UGPP- le negara la
del servicio desde el 1º de marzo de 2013 reliquidación de la pensión de vejez debido
y el último cargo desempeñado fue el de a supuestas inconsistencias en los factores
Magistrada del Tribunal Superior de salariales reportados, la señora Sara
Bogotá. Cepeda de Nope interpuso una acción de
(vi) El 25 de febrero de 2016, la nulidad y restablecimiento del derecho, en
demandante radicó ante la UGPP una aras a que se le tuvieran en cuenta,
petición de reliquidación de su pensión, con justamente, todos los factores que había
el 75% de la asignación mensual más percibido durante el último año de
elevada, percibida en el último año de servicios.
servicios, de conformidad con el Decreto
546 de 1971, e incluyendo todos los
factores percibidos durante ese último año.
(vii) Mediante Resolución No. RDP 24320
de 29 de junio de 2016, la UGPP negó la
petición anterior, por considerar que la
pensión se debía liquidar con el promedio
de los factores sobre los cuales se
efectuaron cotizaciones durante el tiempo
que le hacía falta para adquirir el derecho a
la pensión.
(ix) Contra el anterior acto administrativo, la
demandante interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto
negativamente por la entidad demandada,
a través de la Resolución No. RDP 38755
de 13 de octubre de 2016, la cual confirmó
la Resolución No. RDP 24320 de 29 de
junio de 2016.
Obsérvese que en ambos procesos no sólo están en discusión las Resoluciones
UGM 38140 de 13 de marzo de 2012 y UGM 45035 de 3 de mayo de 2012 a través
de la cual, Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL- reconoció la pensión de
vejez, sino que también, se encuentran involucradas las mismas partes, esto es, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP- y la señora Sara Cepeda de Nope, lo cual es
indicativo de una identidad de partes y objeto, pero, el reconocimiento y la forma de
la liquidación de la pensión que se discute en cada caso, en principio, son distintos,
lo que podría influir en la evaluación de la identidad de causa.
En efecto, mientras que en el proceso identificado con el radicado 25001-23-42-
000-2017-01278-01 (N.I. 3963-2019) se pretendió la reliquidación de la pensión de
la señora Sara Cepeda de Nope conforme al artículo 6.º del Decreto 546 de 1971,
esto es, con el cálculo sobre la asignación mensual más alta obtenida durante el
último año de servicio, incluyendo la integridad de los factores salariales
devengados; en el sub-lite, se pidió que la pensión fuera reliquidada pero con el
promedio de los ingresos faltantes para obtener su derecho, específicamente de 6
años, 1 mes y 8 días, «del 23 de enero de 2007 al 28 de febrero de 2013».
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
No obstante, a pesar de las diferencias mencionadas de ambos procesos, es
importante señalar que en el caso registrado bajo el radicado 25001-23-42-000-
2017-01278-01 (N.I. 3963-2019) se llevó a cabo por parte de esta Corporación un
análisis integral en cuanto a la reliquidación pensional, el cual incluyó el aspecto
que en esta oportunidad se invoca por la UGPP. Al respecto, se destacan las
conclusiones a las que llegó la Subsección A de la Sección Segunda de esta Alta
Corte:
“(…) 4.4. CONCLUSIONES
De acuerdo con lo expuesto, se concluye lo siguiente:
1. La pensión de la demandante se debería haber liquidado con el 75%
del promedio de los factores sobre los cuales se efectuaron cotizaciones
durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho a la pensión al
entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, es decir, 6 años, 1 mes y 8 días, y no
con la asignación mensual más elevada, percibida en el último año de
servicios, conforme a las reglas fijadas por esta Corporación en la sentencia
de unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020.
2. Por ende, en la liquidación solo resultaba procedente incluir como
factores computables: a) Asignación básica y sus diferencias; b) Bonificación
por servicios prestados y sus diferencias; c) Prima especial de servicios y
sus diferencias y; d) La bonificación por compensación y sus diferencias.
3. No obstante lo anterior, en este caso, la entidad demandada reconoció
y liquidó la pensión de la demandante teniendo en cuenta como IBL la
asignación mensual más elevada, percibida durante el último año anterior al
reconocimiento e incluyó como factores salariales computables: a)
Asignación básica mensual; b) Bonificación por gestión judicial; c)
Bonificación por servicios prestados; d) Prima de navidad; e) Prima de
servicios; f) Prima de vacaciones y; g) prima especial de servicios.
4. Así las cosas, en virtud del principio de congruencia y en aras de no
hacer más gravosa la situación inicial de la demandante, no resulta
procedente modificar el IBL reconocido por la entidad demandada, ni excluir
de la liquidación aquellos factores que ya fueron tenidos en cuenta.
5. Empero, al tenor de lo previsto en el artículo 150 de la Ley 100 de
1993, es procedente reliquidar el ingreso base de la pensión del
demandante, teniendo en cuenta los sueldos devengados con posterioridad
al reconocimiento y liquidación de la pensión y hasta el retiro definitivo del
servicio, pero conservando, por favorabilidad, el periodo y factores salariales
reconocidos por la entidad, esto es: «la asignación mensual más elevada
percibida durante el último año y los factores salariales que fueron incluidos
en el acto de reconocimiento».
6. Adicionalmente, de acuerdo con la sentencia de unificación de 2 de
septiembre de 2019 proferida por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda de esta Corporación, y teniendo en cuenta el material probatorio
obrante en la actuación, para la liquidación de la pensión se deberá incluir
como factor salarial la bonificación por compensación percibida por la
demandante durante el último año de servicios, la cual reemplazó la
bonificación por gestión judicial que en su momento incluyó la entidad
demandada en la Resolución No. 45035 de 3 de mayo de 2012.
7. Finalmente, conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 142 de
la Ley 100 de 1993 y en la sentencia C-529 de 1996 de la Corte
Constitucional, no es procedente el reajuste y/o incremento de la mesada
pensional adicional de junio o mesada 14 de la demandante por encima del
límite legal de 15 SMLMV.
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
(…)”.
En orden de ideas, se observa que en el citado proceso se analizaron los mismos
argumentos, respecto a los cuales la aquí demandante pretende se emita otro
pronunciamiento por parte de esta Sala; sin embargo, no se advierten motivos que
conlleven a efectuar un segundo análisis de legalidad respecto a las Resoluciones
UGM 38140 de 13 de marzo de 2012 y UGM 45035 de 3 de mayo de 2012, a través
de las cuales, la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL reconoció y reliquidó
la pensión de vejez en favor de la señora Sara Cepeda de Nope, respectivamente.
Así pues, la decisión adoptada por el a-quo, relacionada con la declaración de la
excepción de cosa juzgada, se ajusta a las directrices interpretativas trazadas por
esta Corporación12, específicamente, porque se dan las circunstancias o supuestos
fácticos del artículo 303 del CGP, esto es, identidad de objeto, causa y partes;
motivo por el cual, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
3. Condena en costas
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o
no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal
de la parte vencida, debiendo tener certeza de su causación y que la conducta
desplegada adolece de temeridad y mala fe, pues no basta el simple hecho de las
resultas del proceso.
De manera que, no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el
numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, «(…) solo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
12
CONSEJO DE ESTADO, sentencia del 26 de agosto de 1999. Consejero ponente: German Rodríguez Villamizar.
“(…) La institución de la cosa juzgada tiene como finalidad, que las decisiones emanadas de las rama judicial del poder
público, luego de los trámites y recursos legalmente preestablecidos, sean imperativas y susceptibles de ser cumplidas
coercitivamente sobre la base de la inmutabilidad de las mismas, en la medida en que no pueden ser revisadas ni cambiadas
por un acto posterior, para de esa manera garantizar la certidumbre y definición de los asuntos que son objeto de decisión
judicial, pues, se cierra la posibilidad de que sean sometidos a un nuevo debate judicial.
Sin embargo, la doctrina distingue dos modalidades: cosa juzgada formal y cosa juzgada material. La primera, opera cuando
la sentencia queda ejecutoriada, ya porque no se hizo uso de los recursos dentro del término de ley, o porque interpuestos
estos, se resolvieron por parte de la autoridad correspondiente; aunque, cabe la posibilidad del ejercicio de algunos de los
llamados recursos extraordinarios, como lo son el extraordinario de revisión y el extraordinario de súplica, que, se esgrimen
contra las providencias ya ejecutoriadas. La segunda, tiene lugar cuando contra la sentencia no existe posibilidad alguna de
recurso, bien porque contra el fallo no procede recurso alguno, bien porque el término de los recursos extraordinarios precluyó,
o porque éstos fueron decididos de manera desfavorable.
(…)”.
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
la medida de su comprobación (…)».
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida, no es
menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se evidencia
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, por lo
que no hay lugar a condena en costas en esta instancia.
4. Conclusión.
Conforme a lo anotado en el anterior acápite, es dable concluir que el análisis
llevado a cabo por esta Corporación en el proceso con radicado 25001-23-42-000-
2017-01278-01 (N.I. 3963-2019) no solo demostró un manejo exhaustivo y detallado
de los factores, normativas y jurisprudencias que rigen la reliquidación de
pensiones, sino que también, estableció un precedente significativo que incidió
directamente con la presente causa, puesto que identificó una concordancia directa
con el objeto, las partes y la causa petendi, lo cual confirma la ocurrencia de la cosa
juzgada.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo
del Cundinamarca «Sección Segunda, Subsección B», que declaró probada la
excepción de cosa juzgada propuesta por la judicial de la señora Sara Cepeda de
Nope y, en consecuencia, dio por terminado el proceso.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 22 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca «Sección Segunda, Subsección B», que
declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la apoderada de la
señora Sara Cepeda de Nope, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en ambas instancias.
Número Interno: 6668-2022
Demandante: UGPP.
Demandada: Sara Cepeda de Nope.
TERCERO. Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.