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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00875-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00875-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “D”, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora María Gilma Ortiz Hurtado, en contra de la Unidad Administrativa Especial 61 En los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. 21 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2021-00875-01 (0595-2024) Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “D”. TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar como apoderado sustituto de la parte demandada, al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.149.189.550 de Florencia y tarjeta profesional No. 262.36162 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el poder conferido63 CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00875-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de julio de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00875-01 (0595-2024)
Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00875-01 (0595-2024)
Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Sustitución pensional. Aplicación de la Ley 100 de 1993.
Separación indefinida de cuerpos decretada por sentencia
judicial - Acredita convivencia real y efectiva.

Decisión: Confirma decisión que accede a las pretensiones de la demanda.

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada, contra la sentencia de 26 de octubre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “D”,
que accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.

2.1.1. Pretensiones.

2. La accionante, por intermedio de apoderado instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 20113 en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, en adelante UGPP, con el objeto de que se declare la nulidad de las
Resoluciones RDP 021442 de 22 de julio de 2019, RDP 030306 de 09 de octubre
de 2019 y RDP 030581 de 11 de octubre de 2019, mediante las cuales se negó
«la pensión de sobrevivientes» y se desataron los recursos de reposición y
apelación, respectivamente.

1 En adelante UGPP

2 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI – 25000234200020210087500 -PDF 02. Demanda- Maria Gilma
Ortiz Hurtado 1.
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
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Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad
demandada el reconocimiento y pago de la «pensión de sobrevivientes» a favor
de la señora María Gilma Ortiz Hurtado, con ocasión del fallecimiento del señor
José Fabio Ruiz Pachón (Q.E.P.D.), a partir del 25 de agosto de 2018, junto con
las mesadas causadas y no percibidas, intereses moratorios, la indexación
correspondiente, y la condena en costas a la entidad demandada.

2.1.2. Hechos.

4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

5. Mediante la Resolución No. 001625 del 5 de febrero de 2001, la Caja Nacional
de Previsión Social – CAJANAL reconoció al señor José Fabio Ruiz Pachón una
pensión vitalicia de jubilación, con efectos a partir del 5 de marzo de 1998.

6. La señora María Gilma Ortiz Hurtado contrajo matrimonio católico con el señor
José Fabio Ruiz Pachón el 3 de junio de 1967. De esta unión nacieron sus hijos
Iván Orlando Ruiz Ortiz, María Consuelo Ruiz Ortiz e Ingrid Natalia Ruiz Ortiz,
todos mayores de edad.

7. Afirmó que, desde la fecha de su matrimonio, la pareja mantuvo una
convivencia ininterrumpida hasta el fallecimiento del señor José Fabio Ruiz
Pachón, ocurrido el 25 de agosto de 2018.

8. Indicó que, debido a los apremios y angustias derivados de la difícil situación
económica que afrontaban en el año 1986, la pareja adelantó un proceso de
separación indefinida de cuerpos y la consiguiente separación de bienes; dicha
actuación tuvo como finalidad principal la protección de los medios de
subsistencia de la familia, sin que en la práctica se hubiese configurado una
separación real, pues la convivencia entre ambos continuó de manera
ininterrumpida.

9. Agregó que, con ocasión del fallecimiento del pensionado, la señora María
Gilma Ortiz Hurtado solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la «pensión de
sobrevivientes», la cual fue negada mediante la Resolución No. 021442 del 22
de julio de 2019, al evidenciarse en el registro civil de matrimonio la existencia de
una nota marginal relativa al decreto, mediante providencia judicial, de la
separación indefinida de cuerpos entre los esposos José Fabio Ruiz Pachón y
María Gilma Ortiz Hurtado, así como por el hecho de que la solicitante figuraba
como cotizante principal a COMPENSAR desde el 5 de septiembre de 1997.

10. Finalmente indicó que, contra dicha decisión interpuso los recursos de
reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las

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Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado

Resoluciones RDP 030306 del 9 de octubre de 2019 y RDP 030581 de 11 de
octubre de 2019, que confirmaron la negativa.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

11. Señaló como vulnerados los artículos 13, 16, 42 y 48 de la Constitución
Política; los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos
12 y 13 de la Ley 797 de 2003, respectivamente; los artículos 141 y 157 de la
misma Ley; así como el artículo 1° de la Ley 717 de 2001 y demás normas
concordantes y complementarias.

12. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los actos
administrativos demandados vulneraron las disposiciones constitucionales y
legales que regulan la pensión de sobrevivientes, al negar el reconocimiento de
dicha prestación con fundamento en una valoración errónea e incompleta del
material probatorio. Indicó que esta apreciación indujo a la administración a
concluir, de manera errada, que la convivencia con el causante había cesado
debido a la existencia de una separación legal de cuerpos y bienes. Asimismo,
mencionó que se tuvo en cuenta que la demandante era titular de una pensión
de jubilación y cotizante al sistema de salud, circunstancias que, no constituyen
causales legales para excluirla de su condición de beneficiaria de la sustitución
pensional.

13. Agregó que, pese a la separación judicial, entre ella y el causante subsistieron
los vínculos de solidaridad, apoyo mutuo, acompañamiento y asistencia recíproca
hasta el fallecimiento de este, circunstancia que, afirmó, se encontraba
acreditada mediante declaraciones testimoniales, fotografías, registros
migratorios, documentos y demás pruebas allegadas al proceso.

14. En ese sentido, afirmó que la entidad demandada también desconoció el
derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la protección integral de la
familia, al otorgar un alcance indebido a esos hechos para concluir que no reunía
la calidad de beneficiaria.

2.2. Contestación de la demanda4.

2.2.1. La UGPP, por intermedio de apoderada, se opuso a las súplicas de la
demanda al considerar que la demandante no acreditó el requisito exigido por el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, consistente en demostrar la convivencia con
el causante durante un periodo mínimo de cinco (5) años continuos anteriores a
su fallecimiento.

4Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 12ContestaciónDemanda
Ugpp
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Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado

15. Lo anterior por cuanto, según expuso, no obraba prueba de una convivencia
real y efectiva bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa, con la
permanencia y continuidad que exige la normativa aplicable, para lo cual, invocó
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
según la cual el vínculo matrimonial, no resulta suficiente para acceder a la
sustitución pensional cuando existe separación de hecho, pues ha desaparecido
la comunidad de vida propia de la institución familiar, por lo que, consideró
improcedente declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, y el
reconocimiento prestacional pretendido.

16. Finalmente, propuso las excepciones de «Inexistencia de derecho
reclamado», «Cobro de lo no debido», «Buena fe», «Presunción de legalidad de
los actos administrativos», «No configuración del derecho al pago del I.P.C., ni
de indexación o reajuste alguno», «No configuración del derecho al pago de
intereses moratorios ni indemnización moratoria», «Carencia de causa para
demandar» «Prescripción», «Compensación», «Innominada y/o Genérica».

2.3. La sentencia apelada5

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “D” mediante sentencia de 26 de octubre de 2023 accedió a las
pretensiones de la demanda, al concluir que la demandante acreditó los
requisitos legales para ser reconocida como beneficiaria de la sustitución de la
pensión de jubilación que en vida disfrutaba el señor José Fabio Ruiz Pachón. Y
condenó en costas a la parte demandada.

18. En particular, señaló que, de conformidad con el inciso tercero del literal b)
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, el cónyuge separado de hecho con vínculo
matrimonial y sociedad conyugal vigentes, puede acreditar cinco años de
convivencia en cualquier tiempo, criterio que apoyó en la sentencia C-515 de
2019 de la Corte Constitucional, así como en la jurisprudencia del Consejo de
Estado. No obstante, precisó que dicha discusión no resultaba determinante para
resolver el caso concreto, pues, a su juicio, las pruebas demostraban la existencia
de convivencia por más de veinte años posteriores a la separación.

19. Asimismo, reiteró que la convivencia no se reduce a la cohabitación bajo un
mismo techo, sino que comprende elementos como el acompañamiento
espiritual, el apoyo moral y económico, el auxilio mutuo y la voluntad de mantener
un proyecto de vida común.

20. Por lo anterior, y en desarrollo del análisis probatorio, el A quo tuvo por
acreditado que el señor José Fabio Ruiz Pachón fue pensionado por la extinta
CAJANAL y que la demandante contrajo matrimonio católico con él el 3 de junio

5 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 45SentenciaPrimeraInstancia

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Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado

de 1967, vínculo que permaneció vigente hasta el fallecimiento del pensionado,
ocurrido el 25 de agosto de 2018. Igualmente constató que mediante sentencia
de 1986 se decretó la separación indefinida de cuerpos y de bienes entre los
cónyuges; sin embargo, encontró acreditado, que dicha circunstancia obedeció a
dificultades económicas y no significó la ruptura definitiva del proyecto de vida
común.

21. En consecuencia, con fundamento en lo declarado por los testigos, el
interrogatorio de parte y las demás pruebas documentales aportadas al plenario,
consideró demostrado que la relación se restableció y permaneció vigente
durante más de 20 años, hasta el fallecimiento del causante. Por lo tanto, estimó
satisfecho el requisito de convivencia para acceder al reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, consagrada en los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100
de 1993, modificados por el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

2.4. Recurso de apelación6

22. El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, mediante el cual solicitó su revocatoria y, en
su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

23. Señaló que la finalidad de la pensión de sobrevivientes es proteger al núcleo
familiar que realmente convivía y dependía del causante al momento de su
fallecimiento. En ese sentido, indicó que el legislador estableció requisitos
orientados a evitar reclamaciones injustificadas y a garantizar que la prestación
beneficie únicamente a quienes mantuvieron un verdadero proyecto de vida en
común con el pensionado. Citó, para el efecto, apartes de la sentencia C-1094
de 2003 de la Corte Constitucional y concluyó que quien pretenda el
reconocimiento de dicha prestación, en calidad de cónyuge o compañero
permanente, debe acreditar una convivencia no inferior a cinco (5) años
anteriores a la muerte del causante, así como la dependencia económica.

24. Sostuvo que, en el presente caso, no es posible acceder al reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante, en su calidad de
cónyuge, toda vez que no convivía con el causante al momento de su
fallecimiento.

25. Al respecto, indicó que en el registro civil de matrimonio obra nota marginal
de la separación judicial de cuerpos decretada mediante sentencia del 14 de
febrero de 1986 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, lo cual, a
su juicio, evidencia la inexistencia de convivencia en los términos exigidos por la
ley.

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Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 47RecursoApelacionUGPP
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26. Precisó que, si bien la demandante pudo haber convivido con el señor José
Fabio Ruiz Pachón en algún momento, lo cierto es que, para acceder a la pensión
de sobrevivientes, dicha convivencia debía acreditarse de manera continua
durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento del pensionado, ocurrido el
25 de agosto de 2018, requisito que, no se cumplió en el presente.

27. Finalmente, manifestó que de los testimonios practicados dentro del proceso
no se logró establecer que tuvieran conocimiento real de la convivencia de la
pareja con posterioridad a la separación judicial.

2.5. Trámite de Segunda Instancia

28. El 5 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación7; las partes
procesales no efectuaron pronunciamiento.

29. Por su parte, el Ministerio Público, emitió concepto8 en el cual estimó que hay
lugar a confirmar la sentencia de primera instancia, pues las afirmaciones
formuladas en el recurso de apelación no cuentan con el debido sustento
argumentativo o de análisis probatorio suficiente, con miras a determinar una
posible revocatoria de la sentencia de primer grado.

30. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

31. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1509 de la Ley 1437 de 2011.

32. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

33. En el asunto objeto de estudio la entidad demandada es apelante única, por
lo que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo
expuesto en el recurso de apelación.

7 índice 00016 -SAMAI
8 índice 00021 SAMAI
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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3.2. Problema jurídico

34. La Sala debe determinar ¿si, pese a la separación judicial de cuerpos y de
bienes decretada entre María Gilma Ortiz Hurtado y José Fabio Ruiz Pachón en
1986, la demandante acreditó el requisito de convivencia previsto en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la sustitución pensional calidad de
cónyuge supérstite del señor José Fabio Ruiz Pachón, o si, por el contrario, como
lo sostiene la recurrente, dicha circunstancia, aunada a la insuficiencia de la
prueba testimonial, impide tener por demostrada la convivencia durante los 5
años anteriores al fallecimiento del causante?

3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.

3.3.1. Sustitución pensional y pensión de sobrevivientes.

35. Esta Sala de Subsección10, ha aclarado que si bien la pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional tienen por finalidad evitar que los
beneficiarios de un trabajador fallecido carezcan del apoyo económico que éste
les brindaba; la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece, en tanto que la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión11.

36. En materia de sustitución pensional los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de
196812, así como los artículos 80 y 92 del Decreto 1848 de 196913 consagraron
la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio a favor de los beneficiarios del
causante únicamente en dos eventos, a saber: (i) cuando fallece el empleado
público en goce de pensión y (ii) cuando el empleado público muere con derecho
a pensión sin que en efecto se haya efectuado el reconocimiento. Esto con el
siguiente tenor:

«Decreto 3135 de 1968.
Artículo 36. Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con
derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción
señalados en el artículo 34, tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de
previsión la pensión que le hubiere correspondido durante dos (2) años, sin
perjuicio de las prestaciones anteriores.
[…]

10 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 9 de noviembre de 2017. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
11 Sentencia T-564 de 2015.
12 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula
el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
13 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
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Artículo 39. Sustitución de Pensión. Fallecido un empleado público o trabajador
oficial en goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos
menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o
por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir
la respectiva pensión durante los dos años subsiguientes. Decreto Reglamentario
1848 de 1969.
[…]

Artículo 80. Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca
un empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de
jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida,
ese derecho se transmite a las personas señaladas en el Artículo 92 de este
Decreto, para el solo efecto de recibir de la entidad obligada el pago de la pensión
que le hubiere correspondido al causante, durante los dos (2) años a que se
refiere la citada norma legal.
[…]

Artículo 92. Transmisión de la Pensión. Cuando fallezca el pensionado por
invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de
dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por
invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a
percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al
fallecimiento del pensionado. […]».

37. Luego, en esta misma materia se expidió la Ley 33 de 197314, la cual señaló
que para que se diera la sustitución pensional, el trabajador particular o el
empleado o trabajador del sector público, debía estar pensionado o al momento
de su fallecimiento tener el derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez.

«Artículo 1°. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de
jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea
este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la
respectiva pensión en forma vitalicia.
[…]
Parágrafo 2°. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o
tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la
pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.»

38. Posteriormente, la Ley 12 de 197515 solo exigió que el trabajador o empleado
haya completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía antes de
cumplir la edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había
lugar a la sustitución pensional, así:

«Artículo 1° El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores
o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en
convenciones colectivas».

14 «Por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas.»
15 «[Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
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39. Por lo anterior, en principio el derecho a la sustitución pensional solo surgía
para los beneficiarios de un empleado público cuando a la fecha de su
fallecimiento éste había perfeccionado o consolidado completamente el derecho
jubilatorio; solo con posterioridad el Legislador lo extendió para los casos en los
que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin reunir o
completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal medida el derecho de
la familia del mismo, que por la contingencia de muerte no logró consolidar
plenamente su derecho pensional.

40. Posteriormente, a través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el
sistema de seguridad social integral, en lo que tiene que ver con el régimen de
pensiones, cuyo objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las
eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada
ley.

41. En este sentido, se tiene que el sistema de que trataba la Ley 12 de 1975,
artículo 1.º, fue derogado de manera tácita por el señalado en los artículos 46 a
49 y 73 a 78 de la Ley 100 de 1993, establecido con la finalidad de atender la
contingencia derivada de la muerte, donde el legislador previó a las denominadas
pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, para suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por
ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

42. Ahora bien, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,
modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a
la sustitución pensional, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez
que fallezca, advirtiéndose tres grupos de beneficiarios excluyentes entre sí, toda
vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: (i) cónyuge o compañera
permanente e hijos con derecho; (ii) padres con derecho; y (iii) hermanos con
derecho.

43. El artículo 47 de la norma en mención señala quienes son los beneficiarios,
frente a los cuales establece los requisitos para que se acceda al reconocimiento
prestacional, en los siguientes términos:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. <Expresiones
«compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente" en letra
itálica CONDICIONALMENTE exequibles>
<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
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Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado

causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte 16;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible17> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá18 a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente19;

[…]».

44. De los aludidos grupos de beneficiarios la Corte Constitucional resumió los
requisitos que deben acreditar para el reconocimiento prestacional, en sentencia
C- 336 de 201420, así:

Modalidad
Beneficiario Causante de la Condiciones
pensión
Cónyuge o Edad cumplida al momento del
Compañero Afiliado o fallecimiento y demuestre vida
Vitalicia
permanente mayor pensionado marital durante los 5 años anteriores
de 30 años de edad. a la muerte.

16 Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional

mediante Sentencia C-1094-03 de 19 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba
Triviño.
17 Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados,

por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1035-08 de 22 de octubre de 2008, Magistrado Ponente
Dr. Jaime Córdoba Triviño 'en el entendido de que además de la esposa o el esposo serán también
beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en
proporción al tiempo de convivencia con el fallecido'. Fallo inhibitorio en relación con la expresión 'no existe
convivencia simultánea y' por inepta demanda.
18 Expresión 'La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal

vigente' declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-336-14 de 4 de junio de
2014, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.
19 Expresión 'con la cual existe la sociedad conyugal vigente' declarada EXEQUIBLE, por los cargos

analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-515-19 de 29 de octubre de 2019, Magistrado
Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo.
20 Con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo.
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Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado

Cónyuge o
Compañero Afiliado o Temporal No haber procreado hijos con el
permanente menor pensionado -20 años- causante.
de 30 años de edad.
Cónyuge o Haber procreado hijos con el
Compañero Afiliado o causante y demuestre vida marital
Vitalicia
permanente menor pensionado durante los 5 años anteriores a la
de 30 años de edad. muerte.
Compañero Sociedad anterior conyugal no
Pensionado Cuota parte
permanente disuelta y derecho a percibir
Cónyuge y
Afiliado o Partes Convivencia simultánea durante los
Compañero
pensionado iguales 5 años anteriores a la muerte.
permanente
Inexistencia de convivencia
Cónyuge con simultánea, acreditación por parte
separación de Afiliado o Partes del cónyuge de la separación de
hecho y Compañero pensionado iguales hecho, compañero permanente con
permanente convivencia durante los 5 años
anteriores a la muerte.

45. Como se aprecia, a través de la norma en cita, el Legislador estableció el
requisito de la convivencia durante los últimos cinco años anteriores a la muerte
para el compañero o cónyuge supérstite, para evitar situaciones donde solo se
busca aprovechar el beneficio económico, tal como ha sido reconocido la Corte
Constitucional en varias providencias, entre las cuales debe destacarse la
sentencia C-1176 de 2001 en la que expresó:

«[…] busca favorecer económicamente a aquellos matrimonios y uniones
permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con
vocación de continuidad; pero también, que dicha disposición intenta amparar el
patrimonio del pensionado, de posibles maniobras fraudulentas realizadas por
personas que, con la falsa motivación de instituir una vida marital responsable y
comprometida, sólo pretenden derivar un beneficio económico de la transmisión
pensional.

[…]Que el propósito de la institución es proteger al pensionado y a su familia de
posibles convivencias de última hora que no se configuran como reflejo de una
intención legítima de hacer vida marital, sino que persiguen la obtención del
beneficio económico que reporta la titularidad de una pensión de vejez o
invalidez. En este sentido, es claro que la norma pretende evitar la transmisión
fraudulenta de la pensión de sobrevivientes».

46. Finalmente, y dado que el fallecimiento del causante ocurrió el 25 de agosto de
2018, las normas que gobiernan la sustitución pensional debatida son las vigentes
al momento del deceso del causante, es decir, la Ley 100 de 1993, modificada por
la Ley 797 de 2003.

3.4. Análisis del caso concreto

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Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado

47. En el expediente se encuentra demostrado y no es objeto de controversia el
reconocimiento de la pensión vitalicia de jubilación21 y el fallecimiento de su
titular, el señor José Fabio Ruiz Pachón el 25 de agosto de 2018, según consta
en el registro civil de defunción22.

48. De igual forma, se encuentra acreditado que la señora María Gilma Ortiz
Hurtado contrajo matrimonio católico con el causante el 3 de junio de 1967 23,
vínculo que permaneció vigente hasta su fallecimiento. Asimismo, tampoco es
objeto de controversia que, mediante sentencia del 14 de febrero de 1986 el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decretó la separación indefinida
de cuerpos entre los cónyuges24.

49. Igualmente, se tiene que, mediante Resolución Nro. RDP 021442 de 22 de
julio de 201925, la UGPP resolvió negar a favor de la demandante, el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de
José Fabio Ruiz Pachón, por no encontrarse probado el haber convivido con el
causante no menos de cinco (05) años hasta el momento de su fallecimiento,
dado que se evidenció en el registro civil de matrimonio anotación de sentencia
de separación de cuerpos, aunado a que la solicitante se encontraba como
cotizante principal a COMPEMSAR desde el 5 de septiembre de 1997. Decisión
confirmada mediante las Resoluciones No. RDP 030306 de 9 de octubre de
201926, y RDP 030581 de 11 de octubre de 201927, actos cuya legalidad se
controvierte en este proceso.

50. En concordancia con lo anterior, la demandada sostiene en esta instancia
que, la separación judicial de cuerpos decretada mediante sentencia judicial
proferida en 1986 significa que, al momento del fallecimiento del causante, no
existía convivencia con la demandante. Al respecto, afirma que, aunque la señora
Ortiz Hurtado convivió con el señor José Fabio Ruiz Pachón, dicha circunstancia
no resulta suficiente para acceder a la pensión de sobrevivientes, toda vez que
la normatividad exige acreditar una convivencia continua durante los cinco (5)
años anteriores al fallecimiento del pensionado, ocurrido el 25 de agosto de 2018.

21 Al señor Joé Fabio Ruiz Pachón le fue reconocida una pensión de jubilación por parte de la Caja Nacional
de Previsión mediante la Resolución No 001625 de 5 de febrero de 2001 - Expediente Digital- Índice 00002
SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda - Folio 7-10; y PDF 43. Oficio
Respondiendo -Folios 21-25
22 Indicativo serial Nro. 09639663 - Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500-
PDF 04. Pruebas demanda - Folio 3.
23 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda – Folio
4-6
24 Consignado en nota marginal del registro civil de matrimonio.
25 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda – Folio
48 -50
26 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folios 54-56
27 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folios 58-60

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51. Adicionalmente, sostiene que los testimonios recaudados no permiten
demostrar que la convivencia se hubiera reanudado con posterioridad a la
referida separación judicial.

52. Así las cosas, la Sala advierte que, si bien el Juez A quo realizó un amplio
desarrollo jurisprudencial sobre el alcance del requisito de convivencia cuando
subsiste el vínculo matrimonial pese a una separación judicial de cuerpos y de
bienes, la decisión apelada no se sustentó en esa consideración. En efecto, el A
quo concluyó que, pese a la separación judicial decretada, el acervo probatorio
demostraba que, con posteridad a la misma, los cónyuges reanudaron la
convivencia y mantuvieron un proyecto de vida común hasta el fallecimiento del
causante, en el año 2018, es decir, por más de veinte años.

53. Así las cosas, se impone recordar que esta Corporación ha fijado la regla
según la cual la calidad de beneficiario de la sustitución pensional impone
demostrar que al momento del fallecimiento del titular de la prestación la sociedad
conyugal se encuentre vigente, exigencia que obedece a las consecuencias
legales que acarrea su disolución y liquidación en tanto que ello supone, en
principio, la pérdida del derecho, aun cuando los demás efectos del matrimonio
católico permanezcan, pues una vez producida la separación de bienes, los
recursos del pensionado dejan de integrar el patrimonio común que antes
compartían28.

54. No obstante, la referida regla se ha matizado al aceptar que aun cuando la
sociedad conyugal se haya disuelto y liquidado es dable acceder a la sustitución
siempre que se demuestre que hubo convivencia con el causante durante los
cinco años previos al fallecimiento, excepción que responde a un criterio de
realidad en tanto el fenecimiento patrimonial surgido del vínculo matrimonial no
impide29 la continuidad de la vida en común. En otras palabras, la liquidación de
la sociedad conyugal no constituye un obstáculo para obtener el reconocimiento
de la sustitución pensional cuando las pruebas demuestren que pese a ello
persistió la convivencia efectiva con fines de apoyo, comprensión, solidaridad y
ayuda mutua. Al respecto, esta Corporación indicó:

[…] el hecho de que las personas que conforman un matrimonio se separen y

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de septiembre de 2018, radicado 25000 23 42

000 2013 00618 01 (3232-2017); expresamente indicó «el hecho de que las personas que conforman un
matrimonio se separen y además liquiden su sociedad conyugal, a pesar de que no terminen los demás
efectos civiles del matrimonio católico como lo es el estado civil de la persona, son causales suficientes para
perder aquél derecho que le otorga la Ley 100 de 1993 en cuanto al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes se refiere, por cuanto, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa
patrimonial que alguna vez conformaron».
En la sentencia del 19 de marzo de 2020, radicado 25000 23 42 000 2014 03649 01 (0544-2018) se indicó
«[..] la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la liquidación de la sociedad conyugal implica
la pérdida del derecho a la sustitución pensional, a menos que se configure una situación excepcional y muy
particular relacionada con condiciones de vulnerabilidad y especial protección constitucional».
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2022, radicado 15001

23 33 000 2015 00814 01 (5017-2019); sentencia del 21 de septiembre de 2023, radicado 25000 23 42 000
2019 01568 01 (4358-2022).
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además liquiden su sociedad conyugal, a pesar de que no terminen los demás
efectos civiles del matrimonio católico como lo es el estado civil de la persona,
son causales suficientes para perder aquél derecho que le otorga la Ley 100
de 1993 en cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se refiere,
por cuanto, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la
masa patrimonial que alguna vez conformaron; Sin embargo, el cónyuge
supérstite si puede tener derecho al reconocimiento de la mencionada
prestación, si demuestra el apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la
comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del
pensionado o afiliado […]30

55. En línea con lo expuesto, esta Corporación31 ha señalado que la convivencia
«no se refiere, en forma exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al
otro, sino que los elementos que en mayor medida definen esa convivencia se
relacionan con el acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber de
apoyo y auxilio mutuo. Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor
volitivo de la pareja de mantener un hogar y tener la vocación y convicción
de establecer, constituir y mantener una familia».

56. De otro lado, como se dijo, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 prescribe
como requisitos para que en forma vitalicia se conceda la sustitución pensional,
al cónyuge supérstite o compañero permanente, los que a continuación se
relacionan:

i. La calidad de cónyuge o compañera permanente, el cual es un
presupuesto que está relacionado con la legitimación para reclamar el
derecho, es decir, quién tiene la vocación para pretender la titularidad de
este.
ii. Tener, a la fecha de fallecimiento del causante, 30 o más años.
iii. La vida marital con el causante hasta su muerte, el cual está referido
a demostrar la vida bajo un mismo techo, las situaciones de socorro
y ayuda mutua de la pareja, que constituyen elementos
fundamentales de un núcleo familiar, protegido por la Constitución y las
leyes.
Por ello, quien aduzca tener la condición de beneficiario de la sustitución
pensional, debe acreditar un compromiso de vida real y con vocación
de permanencia, lo cual pretende dejar de lado aquellas conductas que
pudieran dirigirse únicamente a obtener el beneficio económico de manera
artificial e injustificada.
iv. La convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte. El requisito de convivencia por

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de octubre de 2016, número interno

(2650-15).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2020, radicado

05001 23 33 000 2015 02507 01 (2372-2018). En las cuales citó las siguientes: sentencia del 24 de octubre
de 2012, en el radicado 25000 23 25 000 2010 00860 01 (2475-11): y sentencia del 7 de abril de 2001, en
el radicado 76001 23 31 000 2005 02741 01 (0669-2008).
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5 años que trae la norma pretende evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la sustitución pensional.

57. Conforme a lo anterior, y en virtud de los hechos acreditados en el proceso y
de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala considera
necesario analizar las pruebas encaminadas a establecer si, pese a la separación
de la cuerpos y de bienes decretada judicialmente en 1986, entre la demandante
y el causante existió una convivencia real y efectiva durante los cinco (5) años
anteriores a su fallecimiento, en los términos previstos en el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.

58. En audiencia de pruebas celebrada el 14 de diciembre de 202232, se
practicaron los testimonios de Julio Cesar Ruíz Quiroga, Blanca Cecilia Ruíz
Quiroga, Ingrid Natalia Ruíz Ortíz y, el interrogatorio de parte rendido por la
señora María Gilma Ortiz Hurtado.

59. El señor Julio César Ruiz Pachón manifestó ser hermano del causante José
Fabio Ruiz Pachón. Indicó que la pareja conformada por la demandante y su
hermano contrajo matrimonio en los años 60, y mantuvieron su relación hasta el
fallecimiento del causante. Agregó que su hermano tuvo 3 hijos: María Consuelo,
Iván, que falleció con posterioridad, e Ingrid Natalia. Señaló que laboró durante
gran parte de su vida en el «INCOMEX» y, luego de pensionarse, ejerció la
docencia universitaria, mientras que la demandante trabajó en el
ICETEX. Relató que la pareja residió durante muchos años en un apartamento
ubicado en la urbanización Usatama y que, hasta donde tuvo conocimiento,
mantuvieron una relación marital estable y normal, con los altibajos propios de
cualquier matrimonio y, nunca advirtió una ruptura de la convivencia.

60. Añadió que compartía frecuentemente con ellos, pues los visitaba en su
residencia y, a su vez, la pareja acudía periódicamente a visitar a la madre de
ambos. Manifestó que era frecuente verlos compartir viajes dentro y fuera del
país, en especial, a Londres para visitar a su hija. Igualmente, señaló que, según
su conocimiento, el causante asumía las cargas económicas del hogar.
Finalmente, afirmó no tener conocimiento de que los esposos hubiesen estado
separados o de que existiera una separación de cuerpos ante alguna autoridad.

61. Por su parte, la señora Blanca Cecilia Ruíz Quiroga33, indicó que conoció a
la demandante y al causante desde el año 1983, por ser vecinos en el conjunto
residencial Usatama, ya que habitaba en apartamento contiguo. Precisó que,

32 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 36ActaAudienciaPruebas
33
Cabe destacar que el relato rendido por la señora Blanca Cecilia Ruíz Quiroga en la audiencia de pruebas
guarda correspondencia con la declaración extraprocesal de fecha 15 de julio de 2019 , que aportó la
demandante dentro de la actuación administrativa adelantada ante la entidad, en la cual, refirió hechos
coincidentes con los expuestos en sede judicial, especialmente en lo relacionado con la convivencia entre
el demandante y la causante, lo que, refuerza la credibilidad de su dicho, sin que se adviertan
contradicciones entre ambas declaraciones.
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aunque tenían el mismo apellido, no existía parentesco entre ellos, sin embargo,
con el paso de los años consolidaron una relación de amistad.

62. Manifestó que siempre observó una relación normal, como toda pareja de
esposos, sin advertir conflictos o comportamientos que reflejaran una ruptura de
la convivencia. Recordó haber compartido con ellos distintos espacios propios de
la vida en el conjunto residencial. Igualmente, afirmó que ambos realizaban
frecuentes viajes al exterior para visitar a su hija en Londres, y que
posteriormente iban con frecuencia a una finca heredada por la demandante, a
la cual el causante acudía regularmente para colaborarle.

63. Igualmente aclaró que, debido a que la demandante se encontraba
pensionada, permanecía varios días en la finca, pues tampoco tenían vigilantes,
mientras el causante, que también trabajaba, se desplazaba los fines de semana
para reunirse con ella, sin que eso se debiera a una ruptura de la relación
matrimonial.

64. Frente a las circunstancias económicas de la familia, explicó que tuvo
conocimiento, por comentarios realizados por la demandante, de que en
determinada época atravesaron dificultades económicas que los llevaron a
efectuar una separación de bienes con el propósito de proteger el patrimonio
familiar y evitar perder los bienes que habían adquirido y, aclaró que no conocía
los detalles de dicha actuación ni la época exacta en que ocurrió.

65. A su vez, Ingrid Natalia Ruíz Ortíz, manifestó ser hija de la demandante y
del causante. Indicó que desde que tiene uso de razón sus padres convivieron
como pareja y conformaron un mismo núcleo familiar junto con sus dos
hermanos. Precisó que únicamente conocía de una separación temporal ocurrida
cuando ella era muy pequeña, aproximadamente cuando tenía entre 4 y 5 años,
situación que, según le explicaron sus padres, obedeció a dificultades
económicas relacionadas con el crédito hipotecario del apartamento familiar y al
riesgo de perder dicho inmueble.

66. De igual manera, afirmó que sus padres siempre fueron una pareja sólida,
caracterizada por el apoyo mutuo, el acompañamiento permanente y la
solidaridad frente a las dificultades personales y familiares. Relató que cuando la
demandante fue sometida a una cirugía de urgencia, el causante permaneció a
su lado durante toda la atención médica y posteriormente promovieron
conjuntamente reclamaciones por la atención en el servicio de salud.

67. Asimismo, explicó que, una vez la demandante heredó una finca de su madre,
ambos emprendieron labores de remodelación y adecuación del inmueble,
desplazándose con frecuencia al lugar para supervisar las obras y realizar
mejoras. Señaló que el causante participó en dichas actividades, elaboró algunos

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elementos en carpintería para la finca, la cual constituía en su lugar de descanso
después de su retiro laboral. Finalmente, señaló que nunca conoció la existencia
de otra relación sentimental de su padre distinta a la mantenida con su madre y
reiteró que la separación temporal obedeció únicamente a la crisis económica
que afrontaron.

68. En el interrogatorio de parte realizado a instancias de la demandada, la
señora María Gilma Ortiz Hurtado34, manifestó que conoció al señor José Fabio
Ruiz Pachón hacia los años 1965 o 1966, cuando ambos participaban en un
grupo conformado por estudiantes de la Universidad Nacional y jóvenes del barrio
donde residían. Indicó que contrajeron matrimonio católico el 3 de junio de 1967
y que durante la vida en común ambos contribuyeron al sostenimiento del hogar,
pues ella trabajó en el Ministerio de Educación y posteriormente en el ICETEX,
mientras que, el causante trabajó en el INCOMEX y, luego de pensionarse,
ejerció la docencia universitaria.

69. Relató que ambos sufragaron los gastos del hogar durante toda la
convivencia; en cuanto a los gastos funerarios con ocasión del fallecimiento del
causante, afirmó que fueron asumidos entre ella y su hija María Consuelo.
También indicó que el causante nunca tuvo otra relación sentimental ni conformó
un hogar paralelo, destacó que compartieron numerosos viajes dentro y fuera del
país, para visitar a su hija y sus nietos en Londres.

70. En relación con la separación indefinida de cuerpos decretada mediante
providencia judicial, explicó que esta ocurrió hacia el año 1986 como
consecuencia de una crisis económica derivada de la adquisición del
apartamento en el conjunto residencial Usatama y de una amenaza de embargo
promovida por un prestamista. Precisó que, por recomendación recibida en ese
momento, realizaron una separación de bienes y de cuerpos. No obstante, aclaró
que dicha separación nunca implicó el rompimiento definitivo de la relación
afectiva, pues continuaron brindándose apoyo mutuo y mantuvieron una relación
constante. Añadió que, tras el fallecimiento de su hijo mayor en 1990, retomaron
plenamente la convivencia bajo un mismo techo hacia el año 1991,
permaneciendo juntos hasta el fallecimiento del causante.

71. Así pues, para la Sala la separación de hecho y la separación de cuerpos
decretada judicialmente constituyen hechos demostrados dentro del proceso, en
tanto fueron reconocidos por la propia demandante35 y encuentran respaldo en
la prueba documental obrante en el expediente36. No obstante, la acreditación de
esas circunstancias no conlleva, a concluir que la convivencia entre María Gilma

34 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 43. A folio 57 del expediente

administrativo del causante, se advierte declaración extraprocesal rendida por la demandante, en la cual
manifiesta bajo la gravedad del juramento que contrajo matrimonio con el causante el 3 de junio de 1967;
fecha desde la cual mantuvo convivencia hasta el día de su fallecimiento el 25 de agosto de 2018.
35 Así lo afirmó en el interrogatorio de parte efectuado a instancias de la demandada.
36 Ver nota marginal registro civil de matrimonio.

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Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado

Ortiz Hurtado y José Fabio Ruiz Pachón hubiera cesado de manera definitiva con
dicha actuación.

72. Ahora bien, aunque el apelante sostiene que los testimonios no acreditan que
la convivencia descrita por los declarantes hubiera tenido lugar con posterioridad
a la separación y durante los 5 años anteriores al fallecimiento del causante, se
advierte que todos son coincidentes en afirmar que la demandante y el señor
José Fabio Ruiz Pachón fueron esposos y convivieron en la residencia ubicada
en el conjunto Usatama hasta el fallecimiento del causante; que acostumbraban
a viajar juntos, a compartir las actividades relacionadas con la labor de vigilancia
y cuidado de un predio heredado por la madre de la demandante, que además,
era su lugar de descanso; que era frecuente verlos juntos apoyándose en labores
propias de la vida cotidiana, y siempre fueron reconocidos socialmente como
esposos, sin que se hubiera percibido por parte de los declarantes separación
alguna.

73. En efecto, la valoración conjunta de la prueba testimonial permite establecer
que, los cónyuges con posterioridad al acto jurídico37, continuaron desarrollando
un proyecto de vida común, caracterizado por el apoyo mutuo, la solidaridad, el
acompañamiento recíproco, la participación en actividades familiares y
recreativas, así como por la realización de viajes de esparcimiento,
circunstancias que se prolongaron hasta el fallecimiento del causante.

74. La anterior conclusión, también encuentra sustento en la prueba documental
allegada al plenario. En ese sentido, obran en el expediente copia de visas tanto
de la demandante como del causante, con registros migratorios y salidas del
territorio nacional en fechas coincidentes38, itinerarios y tiquetes aéreos
expedidos por Continental Airlines y Avianca S.A., de los cuales se desprende
que la pareja acostumbraba a realizar desplazamientos internacionales de
manera conjunta, particularmente durante los años 201039 y 201440 a Londres y
Estados Unidos; respectivamente, lo cual, resulta concordante con lo
manifestado por la prueba testimonial en cuanto a que acostumbraban viajar
juntos para visitar a su hija residente en el exterior.

75. De igual modo, reposan en el expediente diversos documentos que
evidencian actuaciones que dan cuenta de la continuidad de su proyecto de vida

37 Blanca Cecilia Ruíz Quiroga, afirmó que tuvo conocimiento de la crisis económica. Y señaló que
posteriormente observó que los cónyuges continuaban desarrollando su vida en común. Ingrid Natalia Ruíz
Ortíz, conoció sobre una separación temporal ocurrida cuando ella era muy pequeña, aproximadamente
cuando tenía entre 4 y 5 años, situación que, según le explicaron sus padres, obedeció a dificultades
económicas
38 Copias de los pasaportes de María Gilma Ortiz Hurtado y José Fabio Ruiz Pachón, con visas expedidas

por las autoridades del Reino Unido y de los Estados Unidos de América. Sello de Migración Colombia
diciembre 17 2004; 21 de mayo de 2010.
39 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folios – 71- 75
40 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folios – 81-83
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Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado

en común y del apoyo mutuo que mantuvieron con posterioridad a la separación.
En ese sentido, el 7 de mayo de 201241 suscribieron contrato para la ejecución
de reparaciones locativas y remodelación de la finca Villa Susy, en el que el señor
Rafael Bohórquez actuó como contratista. Posteriormente, el 17 de noviembre
del mismo año42, presentaron de manera en calidad de querellantes, una queja
ante la Inspección de Policía de El Colegio por conflictos relacionado con el
mismo predio, específicamente en lo concerniente al cercado del inmueble frente
al predio vecino.

76. Aunado a lo anterior, obra en el expediente prueba documental que da cuenta
de múltiples actuaciones patrimoniales y personales en las que ambos
participaron como pareja. Entre ellas, se destacan varios negocios jurídicos
celebrados durante los años 201343 y 201444, en los cuales la demandante
intervino como vendedora, mientras que el causante suscribió los respectivos
contratos en calidad de testigo, lo que, para la Sala evidencia la permanencia de
vínculos de confianza, apoyo y colaboración mutua entre los cónyuges.

77. Corolario a lo anterior, obran en el expediente registros fotográficos fechados
en los años 200745, 200846, 200947, 201048, 201149, 201350, 201451, 201552, e,
incluso, el 1.º de julio de 201853, esto es, pocos meses antes del fallecimiento de
José Fabio Ruiz Pachón. Si bien respecto de algunas de ellas no existe certeza
sobre el lugar en que fueron tomadas, más allá de las anotaciones manuscritas
por la parte actora, lo cierto es que las fechas impresas en varias permiten

41 Ubicada en la vereda San José Alto del municipio de El Colegio Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI
25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda -folios 30
42 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folio 27-29
43 Contrato de compraventa de inmueble urbano ubicado en el municipio de Paipa, suscrito en enero de
2013 por la señora María Gilma Ortiz Hurtado, en calidad de vendedora, y Andrés María Sanabria
Salamanca, como comprador, en el cual el señor José Fabio Ruiz Pachón intervino en calidad de testigo.
Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda – Folio
22-23
44 Contrato de compraventa del inmueble rural denominado El Pencil lote 8, suscrito el 8 de julio de 2014,
en el que la señora María Gilma Ortiz Hurtado intervino en calidad de vendedora, el señor Rafael Leonel
Camargo Ochoa como comprador y el señor José Fabio Ruiz Pachón como testigo. Expediente Digital-
Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda -Folio 24
45 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folios –105
46 46 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda -
folio 109
47 Factura de venta EP-7790 expedida por Codema - Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI
25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda – Folios –102
48 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda folios
106, 110, 111
49 49 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folio 112
50 50 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folio 107
51 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folios –77, 78
52 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda – Folio
114
53 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folios –99
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Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado

ubicarlas cronológicamente y evidencian que ambos continuaban compartiendo
espacios y actividades a lo largo de los años.

78. Asimismo, dichos registros dan cuenta que, como pareja compartían
momentos de esparcimiento y tiempo libre, lo cual, también guarda relación con
los registros correspondientes a los años 2006 y 2007, relacionados con las
caminatas Santandercito - San Antonio54; y Chocontá - Suesca55, en las que
también participaron. Igualmente, reposa la carta de instrucción o pagaré suscrita
por José Fabio Ruiz Pachón a favor de la Clínica Marly S.A56, mediante la cual
asumió las obligaciones derivadas de la atención médica prestada a la
demandante.

79. Se advierte además que, de acuerdo con constancia de 29 de enero de
202057, también se encuentra acreditado que, con ocasión del fallecimiento del
señor José Fabio Ruiz Pachón, fue la demandante quien asumió el pago del
excedente del convenio exequial por valor de $5.000.00058, la adquisición del
cenizario59 en Jardines de Paz S.A. por valor de $1.836.000, así como el costo
del grabado60 correspondiente.

80. Así las cosas, la prueba documental allegada no solo respalda la credibilidad
de las declaraciones testimoniales, sino que también permite ubicar
temporalmente los hechos relatados por los declarantes, a partir de las diversas
actuaciones realizadas conjuntamente por la pareja con posterioridad a la
separación y durante los años previos al fallecimiento del causante.

81. En consecuencia, no prospera el argumento de la demandada según el cual
los testigos carecían de conocimiento directo sobre la convivencia durante el
período legalmente exigido, pues el análisis conjunto del material probatorio
evidencia la persistencia de los vínculos personales, afectivos y de apoyo mutuo
entre la demandante y José Fabio Ruiz Pachón. En tal contexto, las actuaciones
acreditadas reflejan una dinámica familiar caracterizada por la solidaridad, la
asistencia recíproca y la comunidad de vida propia de la relación conyugal,
circunstancias de las que razonablemente se infiere que, pese a la separación

54 28 de octubre de 2006. Factura de venta EP- 7790 expedida por Codema Expediente Digital- Índice
00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda – Folios –104
55 17 de noviembre de 2007. Factura de venta EP 10558 expedida por Codema Expediente Digital- Índice
00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda – Folios 105
56 56 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
folio 33-36
57 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folios 42
58 58 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folios 37
59 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folios 38-39; 41.
60 Expediente Digital- Índice 00002 SAMAI 25000234200020210087500- PDF 04. Pruebas demanda –
Folios 40
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Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado

de cuerpos y bienes decretada, la convivencia se mantuvo hasta el fallecimiento
del causante61.

81. En consideración a los argumentos esbozados, el recurso de apelación no
tiene vocación de prosperar, lo que impone confirmar la decisión de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.

3.5. De la condena en costas en segunda instancia

82. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

83. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

84. En tal virtud, se impondrá condena en costas en segunda instancia a la
parte demandada porque se le resolvió de manera desfavorable el recurso de
apelación; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP
teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA

85. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de octubre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “D”,
mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por la
señora María Gilma Ortiz Hurtado, en contra de la Unidad Administrativa Especial

61 En los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003.
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Demandante: María Gilma Ortiz Hurtado

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP-, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “D”.

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar como apoderado sustituto
de la parte demandada, al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.149.189.550 de Florencia y tarjeta profesional
No. 262.36162 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el poder
conferido63

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

62 Certificado de Vigencia No 771201.
63 Índice 00022 -SAMAI

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