Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00881-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00881-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00881-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00881-01 (4858-2023)
Demandante: William Eloy Cabezas Huila
Demandado: La Nación- Ministerio de Defensa- Fuerza Aérea Colombiana y
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional- CASUR-
Temas: Reliquidación asignación de retiro- IPC en actividad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se niegan las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor William Eloy Cabezas Huila presentó demanda en contra de La Nación-
Ministerio de Defensa- Fuerza Aérea Colombiana y Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional- CASUR-, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio No. S- 2021- 006397/ANOPA-GRULLI 1.10 del
16 de enero de 2021, mediante el cual la Policía Nacional negó la solicitud de
reliquidación y reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC, del Oficio No.
627309 del 28 de febrero de 2021, por medio del cual CASUR le negó la solicitud
de reliquidación y reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC1
A título de restablecimiento del derecho2, se ordene, reliquidar, reajustar y pagar el
incremento equivalente al 2.49%, de la diferencia entre la asignación mensual
pagada por la entidad en los meses de enero a diciembre del año 2004, y lo que
corresponde por ajustes de actualización conforme a la inflación causada del año
2003 teniendo en cuenta el sueldo básico, los subsidios, las primas, las
1
Índice 3 – SAMAI-Tribunal. 2_ED_DEMANDAACTUALIZACIO(.PDF). Visible de la página 1-7.
2 Índice 3 – SAMAI-Tribunal. 2_ED_DEMANDAACTUALIZACIO(.PDF). Visible de la página 1-7.
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compensaciones y las bonificaciones consagrados en las normas que regulan la
materia, factores computables como base de liquidación en la asignación mensual
y demás prestaciones sociales.
Se ordene reliquidar, reajustar y pagar el incremento equivalente al 52.2543%,
resultado de la diferencia entre la asignación mensual de retiro pagada por la
entidad, conforme a los decretos de salarios expedidos por el Gobierno Nacional y
la que realmente corresponde por ajuste de actualización plena conforme a la
inflación acumulada y causada de 1992 a 2004.
Solicitó también, se condene al pago de perjuicios materiales y morales.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera3:
Que el demandante ingresó a la Policía Nacional, ascendiendo como Agente el 1
de junio de 1991. Que por medio de la ley 4 de 1992, se establece el régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, sin embargo, el Gobierno Nacional al
expedir los decretos anuales no tuvo en cuenta el incremento de los sueldos básicos
de acuerdo a la escala gradual porcentual.
Que fue retirado del servicio el 8 de diciembre de 2011, en el grado de Agente, por
lo que se expidió la Hoja de Servicios No. 16486985, donde se muestra la
asignación salarial mensual que el demandante percibió durante el servicio activo,
los cuales sirvieron de base para el reconocimiento de la asignación de retiro.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida por auto del 17 de mayo del 20224 y notificada a las
entidades demandadas, quienes contestaron en término.
La Policía Nacional se opuso a las pretensiones, expresando que, según la Ley 4
de 1992, a los integrantes de la Fuerza Pública se les aplica un régimen prestacional
y salarial especial.
Que, el Gobierno Nacional tiene la competencia para establecer este tipo de
decretos y que, se emplea el principio de oscilación como mecanismo para reajustar
anualmente las asignaciones de retiro en relación con los miembros activos de la
Fuerza Pública.
Como excepciones de mérito propuso la legalidad del acto administrativo,
prescripción extintiva del derecho.
Por otra parte, CASUR se opuso totalmente a las pretensiones de la demanda,
expresando que no violó la ley, que actuó bajo el marco legal dispuesto, pue se
3 Índice 3. SAMAI-Tribunal. 2_ED_DEMANDAACTUALIZACIO(.PDF) Visible de la página 7-13.
4 Índice 10. SAMAI- Tribunal. 7_AUTOADMITEDEMANDA_ADMITEDEM(.pdf).
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basó en las normas del régimen especial de los miembros de la Fuerza Pública que
fijó el principio de oscilación como mecanismo para la actualización de la asignación
de retiro.
Propuso como excepción la inexistencia del derecho.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de sentencia del 9 de marzo
de 2023, negó las pretensiones al considerar que la asignación salarial que legal y
anualmente se le asignó al actor a partir de 2004, a través de los decretos anuales
dictados por el Gobierno, se encuentra ajustada al principio de legalidad del gasto
público, razón por la cual la remuneración que recibió es la que se encontraba
soportada, pues de reconocerse una distinta se estaría vulnerando la organización
y manejo presupuestal de los recursos públicos.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación5, manifestando que el fallo
de primera instancia desconoció aspectos de carácter jurisprudencial, porque no
tuvo en cuenta el mandato de carácter constitucional al que hace referencia la Corte
Constitucional en la sentencia C-931 de 2004 en consideración a la actualización
de los salarios teniendo en cuenta el IPC. También, consideró que los argumentos
expuestos por el tribunal para no conceder el derecho contradicen la interpretación
y jurisprudencia decantada por la Corte Constitucional, pues desconoció la realidad
o el contexto jurídico que rige desde la sentencia C-931 de 2004.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 8 de septiembre de 20236 se admitió el recurso y por no haber
pruebas que decretar, no se hizo necesario otorgar el término de traslado para
alegar de conformidad con lo establecido en la Ley 2080 de 2021 en su artículo 67
numeral 5 que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
La parte demandante, presentó alegatos de conclusión manifestando los mismos
argumentos expuestos en el recurso de apelación, en relación a que es necesario
recordar que con la sentencia C-931 del 2004 se produjo un cambio que le permitió
al Gobierno Nacional limitar el derecho de los servidores públicos a mantener el
poder adquisitivo del salario sin que se demuestre la necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad de la limitación, de esta forma menciona que es necesario brindar
seguridad jurídica que garanticé la protección de los derechos.
Finalmente solicita al Consejo de Estado que resuelva el presente recurso teniendo
en cuenta la relevancia y alcance jurisprudencial de la sentencia C-931 del 2004, en
cuanto al mantenimiento y restablecimiento del poder adquisitivos de los salarios y
las asignaciones de retiro.
5 Índice 34. SAMAI- Tribunal. 29_RECIBEMEMORIALES_GETFILEATTACHMENTPD(.pdf).
6 Índice 4. SAMAI. 7_AUTOADMITEDEMANDA_ADMITEDEM(.pdf).
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El Ministerio Público no presentó su concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos por medio de los
cuales se le niega el reajuste y la reliquidación de la asignación de retiro con base
al IPC se ajustan a las exigencias legales y jurisprudenciales fijadas para este tipo
de controversias.
Para resolver el problema planteado, es relevante precisar, que la Fuerza Pública,
por mandato constitucional, cuenta con un régimen prestacional propio derivado de
los artículos 150, numeral 19 literal e) y 217 lo siguiente:
«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones:
1. (…)
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
(…)
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las
Corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárselas ». (Negrillas fuera de
texto)
A su vez, el artículo 217 de la Constitución Política, relativo a las Fuerzas Armadas,
menciona que las Fuerzas Militares cuentan con un régimen especial de carrera,
prestacional y disciplinario, este artículo señaló:
«ARTICULO 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes
constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los
ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera,
prestacional y disciplinario, que les es propio». (Negrillas y resaltados propios)
Posteriormente, en ejercicio de su atribución constitucional, el Congreso de la
República expidió la Ley 4 de 1992, norma mediante la cual el legislador fija el
régimen salarial y prestacional, en su artículo 1 en el literal d) estableció lo siguiente:
«ARTICULO 1°. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
(…)
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d) Los miembros de la Fuerza Pública».
Por medio de esta Ley se fija la prohibición de desmejorar las prestaciones sociales;
y el artículo 13 ordenó que debía nivelarse la remuneración del personal activo y
retirado de la Fuerza Pública, para las vigencias fiscales 1993 a 1996; mediante
esta disposición se reajustarían las pensiones y asignación de retiro del personal en
la misma proporción en que incrementan los sueldos del personal activo.
Por su parte, el Decreto 1212 de 1990 en su artículo 151 estableció que las
asignaciones de retiro y las pensiones se liquidarían teniendo en cuenta el aumento
salarial decretado para cada grado, mediante la figura del principio de oscilación, la
norma dispone lo siguiente:
«ARTICULO 151. Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el
presente Decreto, se liquidaran tomando en cuenta las variaciones que en todo
tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y
conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de este Decreto. En ningún caso
aquellas serán inferiores al salario mínimo legal. Los oficiales y suboficiales o sus
beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales
en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga
expresamente la ley».
La Ley 100 de 1993, en su artículo 14, dispone el mecanismo de reajuste de las
pensiones, sin embargo, en el artículo 279 se determina que el régimen de sistema
integral de seguridad social no es aplicable a las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, entonces será a partir de la expedición de la ley que se excluye a las
Fuerzas Militares y Policía Nacional del reajuste de sus mesadas con base en el
IPC, pues los respectivos aumentos debían regirse por el Decreto 1212 de 1990.
Mediante la Ley 238 de 1995 se adicionó un parágrafo a la Ley 100 de 1993, en el
que se indicó que los pensionados que estaban excluidos por el régimen de
excepciones tienen derecho a que sus mesadas se reajusten teniendo en cuenta
las variaciones porcentuales del IPC, como está dispuesto en el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993.
El sistema de liquidación de las asignaciones de retiro y pensiones de los militares
y policías con base en el IPC solo estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2004,
considerando que se volvió a establecer el incremento pensional con base en el
principio de oscilación, mediante el artículo 3 de la Ley 923 del 30 de diciembre de
2004 y el artículo 42 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004.
Ahora, el tema en controversia el Consejo de Estado de manera reiterada ha
manifestado que las pensiones y las asignaciones de retiro de los miembros de las
Fuerzas Militares deben liquidarse con la variación porcentual del IPC, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 279 de la ley 100 de 1993.
Mencionado esto, esta corporación también ha advertido que tal sistema de reajuste
solo tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004, en vista de la expedición de la
Ley 923 de 2004 y del Decreto 4433 del mismo año, disposiciones que vuelven a
establecer el principio de oscilación como el criterio para el reajuste de las mesadas
pensionales posteriores al 2004.
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El Consejo de Estado, en providencia del 17 de octubre de 2019, Radicación
número: 25000-23-42-000-2013-04816- 01(3364-14), ponencia del consejero
Gabriel Valbuena Hernández, señala lo siguiente:
«De acuerdo con todo lo anterior, se advierte que el reajuste con fundamento en
el IPC solamente procede para las asignaciones de retiro en el período
comprendido entre 1997 a 2004 de acuerdo con las Leyes 100 de 1993 y 238 de
1995, es decir para quienes ya contaban efectivamente con asignación de retiro
en ese período, pues se entiende que el reajuste reconocido conforme al IPC, se
liquida hasta la vigencia del Decreto 4433 de 2004, como quiera que tal norma
retoma el principio de oscilación como método de reajuste, esto, conforme a la
oscilación de las asignaciones del personal en actividad, sin que ello obste para
reconocer sus efectos sobre las mesadas futuras.
Se concluye de lo indicado en este acápite que no es posible aplicar lo dispuesto
en las Leyes 100 de 1993 y 238 de 1995, normas que regulan el Sistema General
de Pensiones a las asignaciones percibidas en actividad, al tratarse de dos
condiciones muy diferentes jurídica y fácticamente, como son gozar de
asignación de retiro y otra, devengar la asignación básica en servicio activo, cuyo
sistema de reajuste se encuentra regulado por pautas normativas diversas que
no se pueden pasar por alto desconociendo el querer del constituyente».
De esta manera, se deja clara la posición del Consejo de Estado en cuanto a que
solo reconoce la reliquidación de las asignaciones de retiro siempre y cuando fueran
causadas en el periodo comprendido entre 1997 a 2004.
Sobre este aspecto es procedente hacer mención de la sentencia C-931 de 2004
en la cual se ordena que se tomen medidas sobre los ajustes salariales de todos los
servidores públicos que se encontraban cobijados por la ley de presupuesto general
de la Nación, antes de que expire la vigencia fiscal del año 2004. La decisión sobre
la anterior jurisprudencia iba encaminada a reiterar que el derecho a mantener el
poder adquisitivo no puede ser desconocido en ningún caso, pero sobre este asunto
se admite una serie de limitaciones en consideración a lo que devengan los
servidores públicos, siendo que los servidores que devenguen salarios bajos (2
SMLMV) su reajuste o incremento deber ser igual o superior al IPC del año
inmediatamente anterior.
Teniendo en cuenta esto, se tiene claro el sentido de la sentencia sobre el
mantenimiento del poder adquisitivo, sin embargo, esto no puede considerarse
como un derecho absoluto, pues este puede ser modificado en razón a las
diferencias salariales existentes entre los servidores públicos.
Siendo así, la Sala considera que las disposiciones sobre las cuales versa el
aumento o las variaciones de los salarios y las asignaciones de retiro de manera
anual obedecen a las políticas del Congreso, es por esto que se hace necesario
recordar bajo el sistema de pesos y contrapesos, las ramas del poder público no
tienen la potestad absoluta para decidir sobre el monto del gasto público. Es debido
a esto que el juez en ejercicio de su función no puede modificar el presupuesto
nacional, pues esto implicaría una violación en las competencias que le
corresponden a las Ramas del Poder Público.
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Resolución del caso concreto
Se probó que al demandante le fue reconocida la asignación de retiro a través de la
Resolución No. 008594 del 13 de diciembre de 20117 proferida por el Director
General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional haciéndose efectiva
a partir del 8 de diciembre de 2011, en cuantía del 78% del sueldo de actividad
correspondiente a su grado, si bien en la resolución anteriormente mencionada no
se realiza la discriminación de las partidas liquidables para la asignación de retiro a
folio 256 del expediente digital se realiza división de las partidas liquidables de esta
manera8:
A través de los oficios No. S- 2021- 006397/ANOPA-GRULLI 1.10 del 16 de enero
de 2021 y No. 627309 del 28 de febrero de 2021, respectivamente, la Policía
Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le negaron el reajuste
y la reliquidación solicitada.
Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que la petición realizada resulta
improcedente, debido a que se probó que le fue reconocida su asignación de retiro
a partir del día 8 de diciembre de 2011, por lo que no es aplicable el marco normativo
y jurisprudencial mencionado, porque el reajuste del IPC solo es procedente para
los miembros de la fuerza pública a los que se les hizo efectiva la asignación de
retiro entre 1997 al 2004. Así, al no haber acreditado su retiro del servicio con
anterioridad al 31 de diciembre de 2004 no es posible que este derecho pensional
sea reajustado a partir del IPC.
Teniendo en cuenta lo mencionado, esta Sala confirmará la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 9 de marzo de 2023 en
consideración a los argumentos expuestos.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 201, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
7 Índice 3. SAMAI-Tribunal. 2_ED_DEMANDAACTUALIZACIO(.PDF). Visible en la pagina 72-73.
8
Índice 3. SAMAI-Tribunal. 2_ED_DEMANDAACTUALIZACIO(.PDF). Visible en la pagina 256.
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acredite que la parte vencida obro con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la reciente normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costa. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por la autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el portal SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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