Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00888-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2021-00888-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00888-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00888-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional1
Temas: Sustitución asignación de retiro hija célibe
Sentencia segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 9 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Luz Esmeralda Molina Ávila presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en
orden a que se declarara la nulidad de los oficios CITS 439-GCAR del 21 de julio
del 2008 y 201922000146461 del «23» de junio de 2019, a través de los cuales el
director de Casur le negó el reconocimiento de la sustitución de la asignación de
retiro que devengaba su padre, el sargento mayor (r) Luis Alfonso Molina
Palacios, en calidad de hija célibe que dependía económicamente del causante3.
1 En lo que sigue Casur.
2 En adelante CPACA.
3 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_11001333500820200000(.ZIP) NroActua 3», carpeta
«2_250002342000202100888002EXPEDIENTEDIGI20211216114311», subcarpeta
«11001333500820200000300», archivo «01DemandaAnexos.pdf», folios 1 a 15.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) el reconocimiento e inclusión en nómina de la sustitución de la
asignación de retiro a partir del 13 de diciembre de 2011, incluidas las mesadas,
las primas de servicios y de navidad y los respectivos reajustes legales; (ii) la
indexación de las sumas adeudadas; (iii) el pago de los intereses a que haya
lugar; (iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos «162,
163, 164, 165 y 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo»4 y 187, 188, 189, 192 y 195 del CPACA; y (v) la condena en costas
a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Luz Esmeralda Molina Ávila nació el 20 de diciembre de 1961, hija de Luis
Alfonso Molina Palacios, miembro de la Policía Nacional, y de María Imelda Ávila
Ávila. Esta última falleció el 1 de octubre de 1980, momento a partir del cual
permaneció en el hogar familiar, en el que residió con su padre y hermanos
menores.
3.2. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional le prestó el servicio de salud
desde el año 1961 a 1997.
3.3. Casur le reconoció a su padre, sargento mayor (r), una asignación de retiro a
partir del año 1977.
3.4. Desde 1981 su progenitor presentó diversos padecimientos de salud. El 30 de
marzo de 2004 sufrió un accidente de tránsito que afectó su movilidad y el 30 de
marzo de 2008 una caída que le ocasionó una fractura en la cabeza del fémur.
Siempre se hizo cargo de su cuidado.
3.5. Con ocasión de su fallecimiento el 13 de diciembre de 2011, en calidad de hija
dependiente económicamente, el 6 de febrero de 2019 presentó ante Casur una
petición para obtener el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación
de retiro.
3.6. La anterior petición fue negada por la entidad a través del Oficio
201922000146461 del «23» de junio de 2019, pese que en el expediente
prestacional reposaban declaraciones del causante las cuales daban cuenta de su
dependencia económica y condición de soltera.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 6, 13, 48 y 53 de la Constitución Política;
4 En lo sucesivo CCA.
2
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
17 y 18 del Decreto 1305 de 1975; 137 y 138 del Decreto 613 de 1977, 168 y 173
del Decreto 096 de 1989; 169, 174, 207, 208 y 209 del Decreto 1212 de 1990; 6 y
25 del Decreto 758 de 1990; 3 de la Ley 923 de 2004; 13 de la Ley 797 de 2003; y
11 y 40 del Decreto 4433 de 2004.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. El reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro pretendida
constituía una manifestación del derecho a la seguridad social y tenía por finalidad
proteger a los integrantes del grupo familiar que dependían económicamente del
titular de la prestación. Así las cosas, tenía derecho a sustituir la prestación de su
padre, pues había dependido económicamente de él y carecía de recursos propios
para atender su subsistencia.
5.2. Los distintos regímenes prestacionales aplicables a los oficiales y suboficiales
de la Policía Nacional mantuvieron una protección especial para las hijas célibes
que dependieran económicamente del causante. En ese sentido, los Decretos
1305 de 1975, 613 de 1977, 96 de 1989 y 1212 de 1990 establecieron, con
diferentes alcances, la transmisibilidad de la prestación y la conservación de
determinados beneficios a favor de aquellas.
5.3. En particular, el artículo 207 del Decreto 1212 de 1990 reconoció a las hijas
comprendidas en su ámbito de aplicación el derecho a continuar con ciertos
beneficios y a la sustitución pensional, sujeto a los requisitos allí previstos; el
artículo 208 delimitó las destinatarias de esa prerrogativa y el 209 definió los
conceptos de hija célibe y dependencia económica.
5.4. En tales términos, se encontraba amparada por ese régimen porque nació el
20 de diciembre de 1961, permaneció bajo la dependencia económica de su padre
Luis Alfonso Molina Palacios y recibió de la Policía Nacional servicios de salud en
condición de beneficiaria. A partir de esas circunstancias, consolidó una situación
jurídica protegida que no podía desconocérsele por modificaciones normativas
posteriores.
5.5. La jurisprudencia constitucional había reconocido que la finalidad de la
sustitución pensional consistía en evitar que la muerte del titular dejara sin
protección económica a quienes dependían de él, por lo que el elemento
determinante para acceder a la prestación era la dependencia económica. Con
fundamento en ese criterio, era cuestionable que Casur no hubiera valorado las
declaraciones que el causante efectuó en vida acerca de su dependencia
económica ni las demás circunstancias particulares expuestas para sustentar esa
condición.
5.6. El derecho reclamado se encontraba protegido como una situación jurídica
consolidada. La sentencia C-588 de 1992 no permitía desconocer los derechos
3
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
adquiridos bajo la legislación anterior, además eliminó la condición asociada al
estado civil y mantuvo como elemento relevante la dependencia económica, de
manera que quienes hubieran reunido los requisitos exigidos por las normas
anteriores conservaban la posibilidad de obtener la sustitución de la prestación.
1.2. Contestación de la demanda
6. Casur se opuso a las súplicas de la demanda bajo los siguientes argumentos5:
6.1. La normativa aplicable al reconocimiento de la sustitución de la asignación de
retiro era la vigente al momento del fallecimiento del causante. Como Luis Alfonso
Molina Palacios falleció el 13 de diciembre de 2011, el asunto se regía por el
Decreto 4433 de 2004, cuyos artículos 40 y 11 no incluyeron a las hijas célibes
dentro del orden de beneficiarios de esa prestación, sino al o la cónyuge o
compañero(a) permanente, los hijos menores de 18 años, los hijos estudiantes
mayores de esa edad y hasta los 25 años y los hijos inválidos, en los términos allí
previstos.
6.2. El artículo 207 del Decreto 1212 de 1990, que reconocía la sustitución a las
hijas célibes que cumplieran las condiciones allí establecidas, había sido derogado
«tácitamente» por el Decreto 4433 de 2004, debido a la incompatibilidad entre
ambos regímenes. Por tanto, la demandante no podía obtener el reconocimiento
con fundamento en aquella disposición ni alegar la existencia de un derecho
adquirido, pues el fallecimiento del titular de la asignación de retiro ocurrió bajo la
vigencia del Decreto 4433 de 2004.
6.3. Como excepción propuso «INEXISTENCIA DEL DERECHO».
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en sentencia proferida el 9 de junio de 2025 negó las pretensiones de la demanda
y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida6.
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
8.1. Luz Esmeralda Molina Ávila permaneció soltera y dependió económicamente
5 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 12, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«7_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.zip) NroActua 12», carpeta
«7_250002342000202100888001RECIBEMEMORIAL20220303123536» archivo
«CONTESTACION DEMANDA LUZ ESMERALDA MOLINA AVILA TAC SUB A.pdf».
6 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 63, actuación «Sentencia que niega las pretensiones», documento
«36Sentenciaquen_20210088800luzesmera(.pdf) NroActua 63», archivo
«36_Sentenciaquen_20210088800luzesmera_0_20250611151613870».
4
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
de su padre; no obstante, estas circunstancias no eran suficientes para reconocer
la sustitución de la asignación de retiro. El derecho a esa prestación surgía con el
fallecimiento del titular y, por ello, debía aplicarse la normativa vigente para ese
momento, no la existente al nacimiento de la eventual beneficiaria ni aquella bajo
la cual se reconoció inicialmente la asignación de retiro al causante.
8.2. Como Luis Alfonso Molina Palacios falleció el 13 de diciembre de 2011,
resultaban aplicables la Ley 923 y el Decreto 4433 de 2004. Los artículos 11 y 40
de este último no establecieron a las hijas célibes dentro del orden de beneficiarios,
sino a los hijos menores de 18 años, a los mayores de esa edad y hasta los 25
años que fueran estudiantes y dependieran económicamente del causante, y a los
hijos inválidos que tuvieran esa dependencia.
8.3. De conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado en la sentencia
proferida el 20 de noviembre de 20207, el derecho a la sustitución de la asignación
de retiro se causa con la muerte del titular y el Decreto 4433 de 2004 excluyó a las
hijas célibes del grupo de beneficiarios.
8.4. No condenó en costas a la parte demandante porque no incurrió en conductas
dilatorias, ni en actuaciones temerarias ni de mala fe, dentro de la actuación surtida
en el proceso. Lo anterior, conforme con el análisis de lo previsto en el artículo 188
del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
1.4. El recurso de apelación
9. La demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en
su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda, con sustento en los
siguientes argumentos8:
9.1. El Decreto 4433 de 2004 se aplicó indebidamente y se desconocieron las
disposiciones que, con anterioridad, protegieron a las hijas célibes de los miembros
de la Policía Nacional. Los decretos 1305 de 1975, 613 de 1977, 96 de 1989 y
1212 de 1990 reconocieron y mantuvieron esa prerrogativa para quienes
acreditaran la dependencia económica del causante, condición que reunía desde
antes de la expedición del Decreto 4433 de 2004. Por ello, resultaba reprochable
que el tribunal hubiera aplicado exclusivamente la normativa vigente al
fallecimiento del titular, sin atender la situación jurídica que se había configurado
bajo los regímenes anteriores.
9.2. El Decreto 4433 de 2004 carecía de un régimen de transición que resolviera la
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2020,
radicado 25000-23-42-000-2015-05342-01 (1698- 2017).
8 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 66, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«37_MemorialWeb_Recurso-ApelacionSENTENCIA(.pdf) NroActua 66», archivo
«37_250002342000202100888002MemorialWeb20257414412».
5
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
situación de quienes se encontraban amparados por la legislación precedente. Por
esa razón, debió acudirse a la Ley 923 de 2004, cuyo artículo 3, numeral 3.9, previó
un régimen de transición orientado a reconocer las expectativas legítimas de
quienes se encontraban próximos a acceder al derecho de pensión o asignación
de retiro. Bajo esa perspectiva, las reglas prestacionales existentes durante la
vinculación del causante a la Fuerza Pública y las expectativas derivadas de ellas
no podían ser desconocidas por una regulación posterior.
9.3. La jurisprudencia respaldó la protección de los derechos adquiridos de las hijas
célibes. En particular, la sentencia del Consejo de Estado del 4 de julio de 20139 y
los criterios derivados de la sentencia C-588 de 1992 en las que se sostuvo que
las hijas que hubieran reunido los requisitos previstos por la legislación anterior
conservaban el derecho a reclamar la sustitución, siempre que hubieran dependido
económicamente del causante. Por ello, había consolidado su situación por haber
permanecido soltera y bajo la dependencia económica de su padre.
9.4. El tribunal no otorgó el alcance correspondiente a las circunstancias
particulares acreditadas en el proceso, en especial su dedicación al cuidado de sus
padres y del hogar familiar, la ausencia de una actividad laboral formal y la
dependencia económica respecto del causante. Estas circunstancias debían
valorarse con perspectiva de género.
9.5. Era procedente aplicar el principio de favorabilidad en materia de seguridad
social. La ausencia de un régimen de transición entre los decretos 1212 de 1990 y
4433 de 2004 no podía conducir al desconocimiento de una situación más
favorable amparada por las normas anteriores, particularmente cuando se
encontraban acreditados el celibato y la dependencia económica. Por ello, debía
preferirse la interpretación que permitiera reconocerle la sustitución de la
asignación de retiro y evitara su desprotección económica.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se confirmara la
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2013, radicado
25000-23-25-000-2005-06794-01 (1862-12).
10 Tal y como se indicó en el auto del 5 de septiembre de 2025. Samai, índice 4, actuación «Auto
que admite recurso de apelación», documento «6Autoqueadmite_22642025admiterecurs(.pdf)
NroActua 4», archivo «6_Autoqueadmite_22642025admiterecurs_0_20250918161913435».
6
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
sentencia apelada, con fundamento en lo siguiente11:
11.1. El derecho a la sustitución de la asignación de retiro se causaba con la muerte
del titular y, por tanto, debía aplicarse la normativa vigente para ese momento.
Como el causante falleció el 13 de diciembre de 2011, el asunto se regía por los
artículos 11 y 40 del Decreto 4433 de 2004, que no incluyeron a las hijas célibes
que dependieran económicamente del causante dentro del orden de beneficiarios
de la prestación.
11.2. El principio de favorabilidad no resultaba aplicable, porque para la fecha del
fallecimiento del causante no coexistían varias disposiciones vigentes que
regularan igual situación. En ese sentido, el Decreto 4433 de 2004 era la norma
aplicable, sin que las disposiciones anteriores que reconocían la sustitución a las
hijas célibes pudieran emplearse para obtener un régimen más beneficioso.
11.3. La perspectiva de género tampoco permitiría reconocer la prestación, porque
no se acreditó que la actora hubiera sido víctima de violencia económica,
emocional, psicológica, física o sexual por parte de su padre, ni que este le hubiera
impedido estudiar, trabajar o desarrollar un proyecto de vida. Por el contrario, ella
asumió de manera voluntaria el cuidado de aquel, de modo que las circunstancias
expuestas no desplazan el régimen jurídico aplicable a la sustitución de la
asignación de retiro.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos […]».
2.2. El problema jurídico
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia 12 , se circunscribe a
11 Samai, índice 8, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«Memorial_FLF_9Concepto(.pdf) NroActua 8», archivo
«9_9_250002342000202100888011YYY10100141».
12 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
7
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
establecer ¿si Luz Esmeralda Molina Ávila tenía derecho a la sustitución de la
asignación de retiro que percibía su padre, el sargento mayor (r) Luis Alfonso
Molina Palacios, en calidad de hija célibe y que dependía económicamente de él,
por haber consolidado bajo la legislación anterior al Decreto 4433 de 2004 un
derecho adquirido o una expectativa legítima susceptible de protección, incluso por
aplicación del principio de favorabilidad; o si, por el contrario, la prestación se regía
exclusivamente por dicho decreto, vigente para la fecha del fallecimiento del
causante, que no incluyó a las hijas célibes dentro del orden de beneficiarios?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. La sustitución pensional
14. Esta corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas
de vida de aquellos13.
15. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de
un pensionado cuando ocurre su deceso; mientras que la pensión de sobreviviente
es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para ello, pero fallece; o del afiliado no pensionado
que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la prestación 14.
16. El artículo 48 de la Constitución Política prevé que la seguridad social es un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la coordinación, dirección
y control del Estado y, asimismo, es considerado un derecho irrenunciable.
17. La Corte Constitucional ha señalado que la prestación mencionada «constituye
uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la
seguridad social»; igualmente, que su finalidad se contrae a «la protección de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia, sin que se vea alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido».
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
14 Sentencia T-564 de 2015.
8
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
18. Asimismo, ha precisado que responde «a la necesidad de mantener para sus
beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban
en vida del pensionado o del afiliado fallecido, que al desconocerse puede significar, no
en pocos casos, reducirlos a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria»15.
19. Respecto del beneficio de las hijas célibes de los miembros de la Policía
Nacional al reconocimiento de la sustitución pensional, el ordenamiento estableció
distintas disposiciones dirigidas a su protección. Así, los artículos 17 y 18 del
Decreto 1305 de 1975, «[p]or el cual se dictan algunas disposiciones sobre prestaciones
sociales del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, Agentes, Soldados, Grumetes y personal civil del Ministerio de Defensa y
servidores de la entidades adscritas o vinculadas a éste», establecieron reglas
especiales para aquellas que dependieran económicamente del oficial o suboficial.
20. Posteriormente, los artículos 137 y 138 del Decreto 613 de 1977, «[p]or el cual
se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional», regularon la
extinción de la prestación y definieron como hija célibe aquella que nunca hubiera
contraído matrimonio.
21. Por su parte, el Decreto 1212 de 1990, «[p]or el cual se reforma el Estatuto del
personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional», dispuso en los artículos
207, 208 y 209 lo siguiente:
Artículo 207. Derechos hijas célibes. A partir de la vigencia del presente Decreto, las
hijas célibes del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, en actividad
o en goce de asignación de retiro o pensión, por las cuales se tenga derecho a devengar
subsidio familiar y a la prestación de servicios médico-asistenciales, continuarán
disfrutando de tales beneficios mientras permanezcan en estado de celibato y
dependan económicamente del Oficial o Suboficial. Igualmente, tendrán derecho a
sustitución pensional, siempre y cuando acrediten los requisitos antes señalados.
Artículo 208. En consecuencia, las hijas del personal mencionado en el artículo anterior,
que nazcan con posterioridad a la entrada en vigencia de este Decreto y las del personal
que no haya ingresado al servicio activo a la fecha de expedición del mismo, no gozarán
de prerrogativa alguna por su condición de célibes, pero tendrán los mismos derechos
establecidos para los demás hijos.
Artículo 209. Definiciones. Para los efectos de este Estatuto se entiende por:
Hija célibe: La que nunca ha contraído matrimonio.
Estudiante: La persona que concurre regularmente a un centro de educación,
capacitación o especialización, por períodos anuales o semestrales, durante todos los
días académicos hábiles de cada una de las semanas comprendidas en dichos
períodos con una intensidad de cuatro (4) horas diarias como mínimo.
Dependencia económica: Aquella situación en que la persona no puede atender por sí
misma a su congrua subsistencia, debiendo recurrir para ello al sostén económico que
puede ofrecerle el Oficial o Suboficial del cual aparece como dependiente.
15 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2010.
9
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
22. Mediante la Ley 923 de 2004, a través de la cual se «señalan las normas, objetivos
y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional
y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política». En lo que
resulta pertinente, el artículo 3 definió los «elementos mínimos» que deben
considerarse al estructurar el régimen de reconocimiento tanto de la asignación de
retiro como de las pensiones de invalidez y de sobrevivientes.
23. Esta norma en el numeral 3.7. del artículo 3 dispuso que «[e]l orden de
beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la sustitución de la asignación de
retiro o de la pensión de invalidez será establecido teniendo en cuenta los miembros del
grupo familiar y el parentesco con el titular». Asimismo, estableció quiénes contaban
con la calidad de beneficiarios para la sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión de invalidez en los siguientes términos:
3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite. En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de
invalidez se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital
con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco
(5) años continuos inmediatamente anteriores a su muerte.
3.7.2. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre
y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La sustitución de la asignación
de retiro o de la pensión de invalidez temporal se pagará mientras el beneficiario viva
y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar
al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene hijos
con el causante aplicará el numeral 3.7.1.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez hubiese
un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta
y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los numerales 3.7.1 y 3.7.2. del
presente numeral, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo
de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco (5) años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro
o de la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el
esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal
pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al numeral 3.7.1 en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior
a los últimos cinco (5) años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte
le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente».
24. Por otra parte, el numeral 3.9. de ese artículo previó un régimen de transición
destinado a reconocer las expectativas legítimas de quienes se encontraran
próximos a acceder al derecho de pensión o asignación de retiro. Además, dispuso
que dicho régimen mantendría, como mínimo, los tiempos de servicio exigidos por
10
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
la ley para acceder a la asignación de retiro respecto de los oficiales, suboficiales,
miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública que se encontraran
en servicio activo a la fecha de su entrada en vigencia.
25. En desarrollo de las disposiciones contenidas en la Ley 923 de 2004, el
gobierno nacional expidió el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 200416, mediante
el cual se fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública. Este decreto sobre la «sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión» en su artículo 40 estableció lo siguiente:
Artículo 40. Sustitución de la asignación de retiro o de la pensión. A la muerte de un
Oficial, Suboficial, alumno de la escuela de formación o Soldado de las Fuerzas
Militares, Oficial, Suboficial, miembro del Nivel Ejecutivo, Agente o alumno de la escuela
de formación de la Policía Nacional, en goce de asignación de retiro o pensión, sus
beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el artículo 11 del presente
decreto, tendrán derecho a una pensión mensual que será pagada por la entidad
correspondiente, equivalente a la totalidad de la asignación o pensión que venía
disfrutando el causante.
26. En lo que respecta al orden de beneficiarios de la « sustitución de la asignación de
retiro o de la pensión», el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 dispuso:
Artículo 11. Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en servicio activo. Las
pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados
Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel
Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y Alumnos de las escuelas de formación, en
servicio activo, serán reconocidas y pagadas en el siguiente orden:
11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra mitad a
los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25
años si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y
cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante.
11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, la pensión
corresponderá íntegramente a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes
mayores de 18 años y hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y a los hijos inválidos, si dependían económicamente del
causante.
11.3 Si no hubiere hijos, la pensión corresponderá la mitad al cónyuge o compañero (a)
permanente sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales, para los padres que
dependían económicamente del causante.
11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, la
prestación se dividirá entre los padres, siempre y cuando dependieran económicamente
del causante.
11.5 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, ni
padres, la pensión le corresponderá previa comprobación de que el causante era su
único sostén, a los hermanos menores de dieciocho (18) años o inválidos.
16 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».
11
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
La porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos y la de estos entre sí y a la del
cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del cónyuge. En los demás casos no habrá
lugar a acrecimiento.
Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo el vínculo entre padres, hijos y hermanos
será el establecido en el Código Civil, y la calificación de la invalidez de los beneficiarios,
será acreditada con fundamento en las normas del Sistema de Seguridad Social
Integral que regulan lo concerniente a la determinación de dicho estado.
Parágrafo 2°. Para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión
de invalidez, cuando exista cónyuge y compañero o compañera permanente, se
aplicarán las siguientes reglas:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite.
En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause
por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su
muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos
inmediatamente anteriores a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 12
treinta (30) años de edad, y no haya procreado hijos con este. La sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario
deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución.
Si tiene hijos con el causante se aplicará el literal anterior.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez hubiese un
compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y
derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a y b del presente
parágrafo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento
del causante entre un cónyuge o compañera o compañero permanente, la beneficiaria
o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez
o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la
cual existe la sociedad conyugal vigente.
27. Así las cosas, el artículo 11 incluyó dentro del orden de beneficiarios, en lo que
interesa al presente asunto, a los hijos menores de 18 años; a los mayores de esa
edad y hasta los 25 años que acreditarán la condición de estudiantes y hubieran
dependido económicamente del causante; y a los hijos inválidos que también
hubieran tenido esa dependencia.
28. Por su parte, el artículo 45 ejusdem dispuso que «[e]l presente decreto rige a partir
de la fecha de su publicación, deroga las demás disposiciones que le sean contrarias y,
en especial, los artículos 193 del Decreto-ley 1211 de 1990, 167 del Decreto-ley 1212 de
12
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
1990, 125 del Decreto 1213 de 1990, Ley 103 de 1912, y los artículos 39 y 40 del Decreto-
ley 1793 de 2000».
29. El Consejo de Estado ha considerado que el derecho a la sustitución de la
asignación de retiro surge con la muerte del titular de la prestación y que, por tanto,
en principio, debe acudirse a la normativa vigente para ese momento. Bajo esta
regla, también ha examinado la compatibilidad de las disposiciones que
anteriormente reconocían prerrogativas a las hijas célibes con el régimen
establecido en el Decreto 4433 de 200417, así:
«[…] Hay que distinguir entonces, en primer término, en qué momento se causó el
derecho reclamado por la demandante para luego precisar si las normas en tensión se
encontraban vigentes a dicha causación y poder establecer si hay lugar o no a dar
aplicación a la que más favorece sus intereses, esto es, la prevista en el artículo 250
del Decreto 1211 de 1990.
Así las cosas, para la Sala no cabe duda de que en estos asuntos el derecho a la
sustitución pensional y/o de la asignación de retiro se genera a partir de la muerte del
causante y, por tanto, en principio, la normativa aplicable es la vigente cuando ocurre
el deceso18.
[…]
En ese orden de ideas, comoquiera que la muerte del señor Pedro Nel Mahecha Gámez
(q. e. p. d.) se causó el 11 de abril de 2014, la normativa aplicable al asunto sub examine
es la contenida en el Decreto 4433 de 2004, que en su artículo 11, en concordancia con
el 40 de esa regulación, consagra que a falta del «cónyuge o compañero (a)
permanente sobreviviente», la respectiva pensión y/o asignación de retiro podrá ser
sustituida en los «hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y
hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de
estudiantes y a los hijos inválidos, si dependían económicamente del causante».
De igual forma, debe tenerse de presente que el artículo 4519 del Decreto 4433 de 2004
tácitamente derogó el artículo 250 del Decreto 1211 de 1990, pues esta última
normativa contraría lo dispuesto en los artículos 11 y 40 del mencionado Decreto 4433
[…], al deducirse de dichos preceptos que las «hijas célibes» fueron excluidas del
beneficio de la sustitución de la asignación de retiro. […]». [sic] [cursiva del texto
original].
2.3.2. Sobre la dependencia económica
30. La dependencia económica fue definida por esta Sección como la «situación de
subordinación a que se halla sujeta una persona respecto de otra en relación con su
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2020,
radicado 25000-23-42-000-2015-05342-01(1698-17).
18 «Al respecto de pueden consultar: (i) del Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de 1° de septiembre de 2014, C. P. Luis
Rafael Vergara Quintero; y (ii) de la Corte Constitucional, sentencia T-217 de 2012, M. P. Nilson
Pinilla Pinilla» [sic].
19 «Artículo 45. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación, deroga las demás disposiciones que le sean contrarias y, en especial, los artículos 193
del Decreto-ley 1211 de 1990, 167 del Decreto-ley 1212 de 1990, 125 del Decreto 1213 de 1990,
Ley 103 de 1912, y los artículos 39 y 40 del Decreto-ley 1793 de 2000».
13
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
‘modus vivendi’. Relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte
del beneficiado [...] una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero
desprendida de ostentación o suntuosidad alguna»20.
31. Este requisito ha sido objeto de análisis por la Corte Constitucional y esta
corporación. Por ejemplo, en la sentencia C-111 de 2006, al estudiar el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de
2003, aquella señaló que no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de
recursos, «propio de una persona que se encuentra en estado de desprotección,
abandono, miseria o indigencia», sino que basta la comprobación de la imposibilidad
de mantener el mínimo existencial que le permita al beneficiario obtener los
ingresos indispensables para subsistir de manera digna. Es decir que la
dependencia económica debía entenderse como «la falta de condiciones materiales
que les permitan [...] suministrarse para sí mismos su propia subsistencia, entendida esta,
en términos reales y no con asignaciones o recursos meramente formales». A renglón
seguido sostuvo:
«[…] De lo expuesto se concluye que la dependencia económica supone un criterio de
necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del causante,
de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia
de quien, como los padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden
requerir dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la dependencia económica no
siempre es total y absoluta como lo prevé el legislador en la disposición acusada. Por
el contrario, la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que en aras de proteger
los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite
varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada
beneficiario.
Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha sido
concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la subordinación de
los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que
aquellos puedan percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no los convierta
en autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de
subordinación que fundamenta la citada prestación.
20. En este orden de ideas, a juicio de la Corte, al exigir la disposición acusada la
demostración de una dependencia económica “total y absoluta”, establece una
hipótesis extrema que termina por hacer nugatoria la posibilidad que tienen los padres
del causante de acceder a la pensión de sobrevivientes, lo que desconoce el principio
constitucional de proporcionalidad, pues indudablemente sacrifica derechos de mayor
entidad, como los del mínimo vital y el respeto a la dignidad humana y los principios
constitucionales de solidaridad y protección integral a la familia. […]». [se resalta]
32. A partir de lo anterior, estableció como reglas que i) para tener independencia
económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios
materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna; ii) el salario mínimo no
es determinante de la independencia económica; iii) no constituye independencia
económica recibir otra prestación; por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad
de pensiones no opera tratándose de la pensión de sobrevivientes; iv) esta no se
20 Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, expediente 0448-2012.
14
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una
asignación mensual o un ingreso adicional; v) los ingresos ocasionales no generan
independencia económica, es necesario percibir ingresos permanentes y
suficientes; y vi) poseer un predio no es prueba suficiente para acreditarla [la
independencia].
33. Posteriormente, en la sentencia C-066 de 2016, al examinar los literales c) y e)
del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, puntualizó que la dependencia económica
debía ser comprendida como la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza
de los beneficiarios del causante de la pensión para auto proporcionarse o
mantener su subsistencia; adicionalmente debía entenderse que la presencia de
ciertos ingresos no constituía falta de esta, ya que tan solo «se es independiente
cuando el solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo existencial en
condiciones dignas».
34. Asimismo, que la condición de acceso por dependencia económica con la
expresión «sin ingresos adicionales», iba en contravía de que una persona en
condiciones de discapacidad subordinada al causante pudiera procurarse algún
medio de sustento, acceder a un trabajo o ejercer determinada profesión u oficio.
35. Por ello, consideró que la demostración de la ausencia total de ingresos
constituía una barrera de acceso para la superación de las personas en condición
de discapacidad, «siendo necesaria la adecuación de la norma en la medida que si bien
se mantenga la dependencia como requisito de ingreso, la misma no acentúe la
discriminación, sobre todo si se tiene que en el caso de los padres, la subordinación
pecuniaria es parcial, no se justifica porque en el caso de los hijos inválidos deba ser total,
entre otras, siendo titulares de mejor derecho, en tanto que están en el mismo orden de
prelación del cónyuge o la compañera permanente, y ante su existencia, desplazan a los
padres del causante».
36. Ahora, aunque las anteriores consideraciones fueron expuestas para las
pensiones de sobrevivientes del régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la
jurisprudencia también ha establecido esas reglas cuando se trata de miembros de
la Fuerza Pública. Por ejemplo, en la sentencia T-281 de 2002, al resolver sobre el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor del hijo de un exsargento
de la Policía Nacional, sostuvo que «la independencia económica se refiere a tener la
autonomía necesaria para sufragar los costos de la propia vida, sea a través del ejercicio
de la capacidad laboral o de un patrimonio propio».
37. Además, esta Sección precisó que el criterio dirigido a que «la dependencia
económica no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos,
sino en la falta de condiciones materiales mínimas para la subsistencia»; ello, aunado a
que «dicho concepto debe ser analizado en armonía con los postulados constitucionales
y legales que enmarcan la seguridad social, tales como la protección especial a las
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en
15
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
circunstancias de debilidad manifiesta»21.
38. Lo anterior también fue expuesto en la sentencia del 11 de noviembre de 2021,
en la cual se agregó que esta noción «comprende la falta de condiciones materiales
mínimas en cabeza de los beneficiarios del causante de la pensión de sobrevivientes para
auto – proporcionarse o mantener su subsistencia, por lo tanto, la presencia de ciertos
ingresos no constituye la falta de la misma, ya que tan solo se es independiente cuando el
solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo existencial en condiciones
dignas»22.
2.4. Caso en concreto
39. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
39.1. Luis Alfonso Molina Palacios se desempeñó como sargento mayor de la Policía
Nacional, tuvo como última unidad la «Rama Administrativa» y acumuló 38 años y 6
días de servicios, de acuerdo con la hoja de servicios 2544 expedida el 16 de
diciembre de 197723.
39.2. Luz Esmeralda Molina Ávila nació el 20 de diciembre de 1961 y era hija de Luis
Alfonso Molina Palacios, de acuerdo con el registro civil de nacimiento y la partida
de bautizo24.
39.3. A través de la Resolución 8076 del 30 de noviembre de 1977 25, la Dirección
General de la Policía Nacional retiró del servicio activo a Luis Alfonso Molina
Palacios, por solicitud propia, con efectos a partir del 1 de diciembre de ese año.
39.4. Mediante la Resolución 0787 del 13 de marzo de 1978 26 , aprobada por la
21 Subsección A, sentencia del 30 de junio de 2016, radicación 25000-23-25-000-2009-00193-01
(2211-12).
22 Subsección B, expediente 5467-18.
23 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 12, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«7_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.zip) NroActua 12», carpeta
«7_250002342000202100888001RECIBEMEMORIAL20220303123536» archivo «EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO com.pdf», folios 3 a 6.
24 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_11001333500820200000(.ZIP) NroActua 3», carpeta
«2_250002342000202100888002EXPEDIENTEDIGI20211216114311», subcarpeta
«11001333500820200000300», archivo «01DemandaAnexos.pdf», folios 24 a 26.
25 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 12, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«7_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.zip) NroActua 12», carpeta
«7_250002342000202100888001RECIBEMEMORIAL20220303123536» archivo «EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO com.pdf», folio 5.
26 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 12, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«7_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.zip) NroActua 12», carpeta
«7_250002342000202100888001RECIBEMEMORIAL20220303123536» archivo «EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO com.pdf», folios 20 y 21.
16
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
Resolución 2087 del 17 de abril de 197827, Casur reconoció a Luis Alfonso Molina
Palacios, en su condición de sargento mayor retirado, una asignación mensual de
retiro equivalente al 95% de las partidas legalmente computables para su grado,
efectiva a partir del 1 de marzo de 1978. En la parte motiva de este acto se dejó
constancia de que estaba casado y tenía cuatro hijos menores que, junto con su
esposa, dependían económicamente de él, circunstancia por la cual se incluyó en
la liquidación un subsidio familiar del 46%.
39.5. De acuerdo con el certificado de ingresos y retenciones correspondiente al año
1990 de Luis Alfonso Molina Palacios28, Luz Esmeralda Molina Ávila figuraba en
relación de «personas realmente a cargo», en calidad de hija.
39.6. Mediante declaración rendida el 18 de junio de 1991 ante la Notaría Diecisiete
del Círculo de Bogotá, Luz Esmeralda Molina Ávila manifestó bajo juramento que
su estado civil era soltera y que no había contraído matrimonio civil ni católico. Para
esa fecha tenía 29 años y se identificó como estudiante. La partida de bautismo
aportada dentro de ese trámite tampoco registraba anotaciones marginales29.
39.7. De acuerdo con el certificado de ingresos y retenciones correspondiente al año
gravable 1991 de Luis Alfonso Molina Palacios 30 , Luz Esmeralda Molina Ávila
volvió a aparecer relacionada como persona a su cargo, en calidad de hija.
39.8. Según la declaración extra proceso que rindió el 1 de septiembre de 1992 ante
la Notaría Veintisiete del Círculo de Bogotá 31 , Luz Esmeralda Molina Ávila
continuaba soltera, no había contraído matrimonio civil ni católico dentro o fuera
del país, tampoco vivía en unión libre y dependía económicamente de su padre,
27 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 12, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«7_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.zip) NroActua 12», carpeta
«7_250002342000202100888001RECIBEMEMORIAL20220303123536» archivo «EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO com.pdf», folios 22 y 23.
28 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 12, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«7_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.zip) NroActua 12», carpeta
«7_250002342000202100888001RECIBEMEMORIAL20220303123536» archivo «EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO com.pdf», folio 75
29 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 12, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«7_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.zip) NroActua 12», carpeta
«7_250002342000202100888001RECIBEMEMORIAL20220303123536» archivo «EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO com.pdf», folios 73 y 74.
30 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 12, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«7_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.zip) NroActua 12», carpeta
«7_250002342000202100888001RECIBEMEMORIAL20220303123536» archivo «EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO com.pdf», folio 85.
31 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 12, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«7_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.zip) NroActua 12», carpeta
«7_250002342000202100888001RECIBEMEMORIAL20220303123536» archivo «EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO com.pdf», folio 84.
17
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
Luis Alfonso Molina Palacios, porque estudiaba.
39.9. De conformidad con las liquidaciones de la asignación de retiro que obran en
el expediente administrativo, la prestación de Luis Alfonso Molina Palacios
continuó incorporando el rubro de subsidio familiar del 43% en las liquidaciones
correspondientes a los años 1991 y de 1993 a 199832.
39.10.En septiembre de 1995, Luis Alfonso Molina Palacios presentó ante Casur
documentación relacionada con un trámite de cambio de carné de su hija Luz
Esmeralda Molina Ávila, para lo cual aportó, entre otros documentos, partida de
bautismo y declaración juramentada33.
39.11. A través del Oficio CITS 439-GCAR del 21 de julio de 2008 34 , en
cumplimiento de un fallo de tutela, Casur respondió una petición relacionada con
la condición de Luz Esmeralda Molina Ávila como beneficiaria de los servicios
médico-asistenciales, en el que se refirió que, para ese momento, no reunía las
condiciones previstas en la normativa aplicable, la cual no establecía a las hijas
célibes dentro de los beneficiarios.
39.12. Según escrito presentado en abril de 2009 ante la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional35, Luis Alfonso Molina Palacios pidió la expedición de un carné
de sanidad para Luz Esmeralda Molina Ávila, a quien identificó como su hija célibe.
En ese documento manifestó que devengaba asignación mensual de retiro
reconocida por Casur y que percibía subsidio familiar por su hija, quien dependía
económicamente de él para su subsistencia.
39.13.Mediante escrito recibido por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
en 201036, Luz Esmeralda Molina Ávila pidió nuevamente la expedición de un carné
32 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 12, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«7_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.zip) NroActua 12», carpeta
«7_250002342000202100888001RECIBEMEMORIAL20220303123536» archivo «EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO com.pdf», folios 75 a 81 y 93 y 94.
33 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 12, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«7_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.zip) NroActua 12», carpeta
«7_250002342000202100888001RECIBEMEMORIAL20220303123536» archivo «EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO com.pdf», folios 82 a 84.
34 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_11001333500820200000(.ZIP) NroActua 3», carpeta
«2_250002342000202100888002EXPEDIENTEDIGI20211216114311», subcarpeta
«11001333500820200000300», archivo «01DemandaAnexos.pdf», folios 18 y 19.
35 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_11001333500820200000(.ZIP) NroActua 3», carpeta
«2_250002342000202100888002EXPEDIENTEDIGI20211216114311», subcarpeta
«11001333500820200000300», archivo «01DemandaAnexos.pdf», folios 38 y 39.
36 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 12, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«7_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DEMANDA(.zip) NroActua 12», carpeta
18
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
de sanidad en su condición de hija célibe de Luis Alfonso Molina Palacios. Como
fundamento de la petición expresó que su padre devengaba asignación mensual
de retiro, que por ella percibía subsidio familiar y que dependía económicamente
de él.
39.14. Por medio de documento privado del 1 de julio de 2010 37 , Luis Alfonso
Molina Palacios dejó constancia de la distribución de algunos de sus bienes entre
sus hijos. En relación con Luz Esmeralda Molina Ávila, expresó que había estado
a cargo de su cuidado desde que enviudó en 1980 y durante las enfermedades
que padeció, y que dependía de ella para su asistencia.
39.15.De acuerdo con el registro civil de defunción con indicativo serial
0728825638, Luis Alfonso Molina Palacios falleció en Bogotá el 13 de diciembre de
2011.
39.16. A través de declaraciones extra proceso rendidas ante la Notaría 57 del
Círculo de Bogotá el 17 de agosto de 201639, Miguel Antonio Beltrán Garzón y
María Azalia Jamaica Alfonso manifestaron que habían conocido a Luis Alfonso
Molina Palacios y que Luz Esmeralda Molina Ávila dependió económicamente de
él como su padre hasta el momento de su fallecimiento. Asimismo, que ella había
sido beneficiaria de los servicios de salud de la Policía Nacional.
39.17. El 6 de febrero de 2019, Luz Esmeralda Molina Ávila solicitó a Casur el
reconocimiento, inclusión en nómina y pago de la sustitución de la asignación de
retiro que percibía su padre, para lo cual invocó su condición de hija que dependía
económicamente de aquel40.
«7_250002342000202100888001RECIBEMEMORIAL20220303123536» archivo «EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO com.pdf», folios 319 y 320.
37 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_11001333500820200000(.ZIP) NroActua 3», carpeta
«2_250002342000202100888002EXPEDIENTEDIGI20211216114311», subcarpeta
«11001333500820200000300», archivo «01DemandaAnexos.pdf», folio 44.
38 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_11001333500820200000(.ZIP) NroActua 3», carpeta
«2_250002342000202100888002EXPEDIENTEDIGI20211216114311», subcarpeta
«11001333500820200000300», archivo «01DemandaAnexos.pdf», folio 22.
39 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_11001333500820200000(.ZIP) NroActua 3», carpeta
«2_250002342000202100888002EXPEDIENTEDIGI20211216114311», subcarpeta
«11001333500820200000300», archivo «01DemandaAnexos.pdf», folios 41 y 42.
40 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_11001333500820200000(.ZIP) NroActua 3», carpeta
«2_250002342000202100888002EXPEDIENTEDIGI20211216114311», subcarpeta
«11001333500820200000300», archivo «01DemandaAnexos.pdf», folios 27 a 35.
19
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
39.18. Por medio del Oficio 201922000146461 del 13 de junio de 201941, Casur
negó la solicitud, con fundamento en que el orden de beneficiarios establecido en
las normas vigentes para la fecha del fallecimiento de Luis Alfonso Molina Palacios
no preveía a las hijas célibes. En ese acto también se hizo referencia a que una
petición similar había sido resuelta mediante el oficio CITS 439-GCAR del 21 de
julio de 2008.
40. En la audiencia de pruebas celebrada el 27 de julio de 202242, se recibieron los
testimonios de José Aurelio Ávila Agudelo y Rosalba Ávila Agudelo, pedidos por la
parte demandante, de los cuales se extrae lo siguiente:
41. José Aurelio Ávila Agudelo43 era bachiller y tecnólogo de la Policía Nacional
y, para el momento de su declaración, se encontraba pensionado de esa institución
en el grado de sargento mayor. Era primo de Luz Esmeralda Molina Ávila,
circunstancia por la cual mantuvo contacto frecuente con ella desde temprana
edad.
41.1. Cuando la mamá de Luz Esmeralda Molina Ávila falleció en 1980, esta última
asumió las responsabilidades del hogar en el que residía con su padre, Luis
Alfonso Molina Palacios, y sus 2 hermanos menores, Luis Alfonso y Helman. Desde
entonces se ocupó de las labores domésticas y del cuidado de la familia, actividad
a la que se dedicó de manera permanente. Esa circunstancia le impidió continuar
con sus estudios.
41.2. La familia residía en Bogotá y el contacto entre el testigo y el grupo familiar fue
frecuente, pues se visitaban regularmente. Con posterioridad, cuando Luis Alfonso
Molina Palacios presentó problemas de salud, Luz Esmeralda se encargó de
acompañarlo al Hospital de la Policía, llevarlo a las consultas médicas, atender sus
hospitalizaciones y reclamar sus medicamentos. El testigo coincidió con ella en ese
lugar algunas oportunidades.
41.3. Luis Alfonso Molina Palacios sufrió un accidente que redujo su movilidad y lo
obligó a utilizar silla de ruedas. Además, padeció diabetes, EPOC y una trombosis,
entre otras enfermedades. Durante ese periodo, Luz Esmeralda continuó a cargo
de su atención y cuidado hasta el fallecimiento de aquel, ocurrido en el año 2011.
41.4. Durante la vida de Luis Alfonso Molina Palacios, la fuente económica de Luz
41 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_11001333500820200000(.ZIP) NroActua 3», carpeta
«2_250002342000202100888002EXPEDIENTEDIGI20211216114311», subcarpeta
«11001333500820200000300», archivo «01DemandaAnexos.pdf», folio 17.
42 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente con radicado 25000-23-42-000-
2021-00888-00. Índice 57, actuación «Audiencia de pruebas (art.181 cpaca)», link
«https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/share/c557cecb-fab3-4245-ba82-
d482edb3a4d0».
43 Ibidem.
20
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
Esmeralda provenía de la asignación de retiro de su padre. Ella dependía
económicamente de él «para todo», pues se había dedicado al hogar y era quien
administraba los recursos derivados de esa prestación.
41.5. LuzEsmeralda fue beneficiaria de los servicios de sanidad de la Policía
Nacional durante varios años, condición que se mantuvo aproximadamente hasta
el año 1997, cuando le fueron retirados. Ella no contrajo matrimonio, no tuvo
compañero permanente ni hijos y mantuvo su residencia en la vivienda familiar.
Para el momento de la declaración vivía sola en ese inmueble.
41.6. Después del fallecimiento de su padre, Luz Esmeralda no contó con un empleo
estable. De manera ocasional realizaba diligencias o labores domésticas por las
que recibía alguna compensación y también recibía ayudas esporádicas de
familiares. Su situación económica era limitada y sin una fuente permanente de
ingresos.
42. Rosalba Ávila Agudelo44 era técnica auxiliar de enfermería y farmacología.
Para el momento de la declaración se encontraba pensionada y dedicada a las
labores del hogar. Era prima de Luz Esmeralda Molina Ávila y mantuvo contacto
con ella y con su familia desde años atrás.
42.1. Desde que la mamá de Luz Esmeralda enfermó, esta asumió labores de
cuidado de sus hermanos menores y colaboró con las actividades domésticas del
hogar. Después del fallecimiento de aquella, ocurrido en 1980, continuó a cargo de
esas responsabilidades y, posteriormente, del cuidado de su padre. Para entonces
cursaba estudios de bachillerato, los cuales dejó para dedicarse a las labores
familiares.
42.2. Tenía contacto frecuente con la familia Molina Ávila, principalmente durante los
fines de semana, debido a la relación cercana que existía entre ambas familias.
Para esa época, Luis Alfonso Molina Palacios y sus hijos vivían en una casa
ubicada en el barrio Santa Rita de Bogotá, inmueble en el que Luz Esmeralda
mantuvo su residencia con posterioridad.
42.3. Luz Esmeralda no tuvo un empleo formal, sus actividades se limitaron a las
labores propias del hogar y, ocasionalmente, a diligencias o favores para terceras
personas, por los cuales podía recibir pequeñas ayudas o compensaciones.
42.4. Helman Molina Ávila, hermano de la demandante, padeció una enfermedad
grave antes de fallecer y, durante ese periodo, Luz Esmeralda también se ocupó
de su cuidado. Aquel permaneció en la vivienda familiar junto con su padre y su
hermana hasta su deceso.
42.5. Luis Alfonso Molina Palacios padeció diabetes y otras afecciones de salud y,
44 Ibidem.
21
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
después de sufrir un accidente, quedó limitado en su movilidad y permaneció en
silla de ruedas hasta su fallecimiento. Durante ese periodo, Luz Esmeralda estuvo
a cargo de las labores del hogar y de acompañarlo en sus hospitalizaciones,
tratamientos y demás cuidados.
42.6. Latestigo no conoció que Luz Esmeralda hubiera trabajado mediante
vinculación laboral con alguna empresa o entidad. Por el contrario, siempre la
recordó dedicada a las labores domésticas y de cuidado de su familia. Tampoco,
que hubiera tenido cónyuge, compañero permanente o alguna relación
sentimental.
42.7. Después del fallecimiento de Luis Alfonso Molina Palacios, ocurrido en
diciembre de 2011, Luz Esmeralda continuó sola en la vivienda familiar y afrontó
dificultades económicas. Ella no tenía un empleo estable, recibía ayudas
ocasionales de familiares y de personas a quienes realizaba diligencias, y tenía
obligaciones pendientes relacionadas con el inmueble.
2.4.1. Análisis sustancial del caso concreto
43. En el presente asunto la demandante pretendió el reconocimiento y pago de la
sustitución de la asignación de retiro que percibía su padre, el sargento mayor (r)
Luis Alfonso Molina Palacios, a partir del 13 de diciembre de 2011, en calidad de
hija célibe que dependía económicamente de él.
44. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, aunque la actora
permaneció soltera y dependió económicamente de su padre, el derecho a la
sustitución de la asignación de retiro surgió con el fallecimiento de este, ocurrido
el 13 de diciembre de 2011, momento para el cual eran aplicables la Ley 923 y el
Decreto 4433 de 2004, cuyos artículos 11 y 40 no incluyeron a las hijas célibes
dentro del orden de beneficiarios de la prestación, sino a los hijos menores de 18
años, a los mayores de esa edad y hasta los 25 años que fueran estudiantes y
dependieran económicamente del causante, y a los hijos inválidos que tuvieran esa
dependencia.
45. La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en que
su situación jurídica se había consolidado bajo las disposiciones anteriores al
Decreto 4433 de 2004, que reconocieron protección a las hijas célibes que
dependieran económicamente del causante; que la ausencia de un régimen de
transición en dicho decreto impedía desconocer las expectativas legítimas
amparadas por la legislación precedente; y que la Ley 923 de 2004, la
jurisprudencia y el principio de favorabilidad permitían aplicar el régimen más
beneficioso.
46. Asimismo, reprochó que el tribunal no hubiera valorado con perspectiva de
22
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
género sus circunstancias particulares, en especial su dedicación al cuidado de
sus padres y del hogar familiar, la ausencia de una actividad laboral formal y la
dependencia económica respecto de su padre.
47. Así las cosas, corresponde determinar si Luz Esmeralda Molina Ávila consolidó,
antes de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, un derecho a la
sustitución de la asignación de retiro o una situación jurídica susceptible de
protección bajo las disposiciones que reconocían esa prestación a las hijas célibes
que dependieran económicamente del causante y, en consecuencia, si resulta
procedente aplicar tales normas con fundamento en el régimen de transición
invocado y en el principio de favorabilidad. Asimismo, deberá establecerse la
incidencia que tienen en ese análisis las circunstancias particulares de la
demandante desde una perspectiva de género.
48. Para la Sala, los argumentos del recurso de apelación no están llamados a
prosperar. En efecto, el punto de partida para resolver la controversia consiste en
determinar cuándo se causó el derecho a la sustitución de la asignación de retiro
y, a partir de ello, cuál era la normativa vigente para ese momento.
49. Sobre este aspecto, esta Subsección reiteró recientemente que el régimen
aplicable a la sustitución es el vigente para la fecha del fallecimiento del causante.
En la sentencia del 6 de agosto de 202645, se indicó:
«[…] Se precisa que para acceder a la sustitución pensional el régimen aplicable es el
previsto para la época del deceso del causante […]. Así lo ha sostenido esta sección
en la sentencia del 4 de marzo de 2021, proferida en el proceso con radicado 23001-
23-33-000-2014-00074-02 [6180-2018], que señaló: «[a]hora bien, en cuanto a la
normativa que prevé la sustitución pensional, esta subsección en diferentes
oportunidades ha considerado que las disposiciones aplicables son aquellas vigentes
al momento del fallecimiento del causante.».
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia SU 108 del 11 de marzo de
2020, proferida en los expedientes T-7.599.111 y T-7.607.991 [acumulados], precisó
que «[s]egún la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional y de la
Corte Suprema de Justicia, la norma aplicable a las solicitudes de sustitución pensional
es la vigente al momento de fallecimiento del causante. […]». [sic]
50. En el presente caso, Luis Alfonso Molina Palacios falleció el 13 de diciembre de
2011. Por tanto, para esa fecha se encontraba vigente el Decreto 4433 de 2004,
cuyo artículo 40 supeditó la sustitución de la asignación de retiro de los miembros
de la Policía Nacional al orden de beneficiarios establecido en el artículo 11 ibidem.
Este último no incluyó a las hijas mayores de 25 años por razón de su soltería y
dependencia económica, pues, en lo que interesa al asunto, reconoció la
prestación a los hijos menores de 18 años, a los mayores de esa edad y hasta los
25 años que fueran estudiantes y dependieran económicamente del causante, y a
los hijos inválidos que tuvieran esa dependencia.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2026,
radicado 05001-23-33-000-2017-01209-01 (1376-2025).
23
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
51. La circunstancia de que, con anterioridad a la expedición del Decreto 4433 de
2004, Luz Esmeralda Molina Ávila hubiera reunido las condiciones previstas en el
artículo 207 del Decreto 1212 de 1990 no modifica esa conclusión, tal y como se
señaló en el marco normativo de esta providencia [ver párrafo 29]. Mientras Luis
Alfonso Molina Palacios estuvo con vida no se había causado la sustitución de la
asignación de retiro y, por ello, la demandante no era titular de esa prestación, sino
que tenía una eventual vocación para acceder a ella si, al momento en que
ocurriera el fallecimiento, reunía los presupuestos establecidos por el
ordenamiento aplicable.
52. En esas condiciones, la situación de Luz Esmeralda Molina Ávila bajo el artículo
207 del Decreto 1212 de 1990 no podía calificarse como un derecho adquirido a la
sustitución. La dependencia económica, la soltería, la percepción de subsidio
familiar o el acceso a servicios médico-asistenciales durante la vida del titular
constituían circunstancias relevantes bajo ese régimen, pero no anticipaban la
causación de una prestación que solo podía surgir con la muerte de Luis Alfonso
Molina Palacios.
53. La sentencia del 4 de julio de 201346, invocada por la apelante, no conduce a
una conclusión diferente. En aquel asunto, tramitado contra Casur, la sustitución
de la asignación de retiro ya había sido reconocida a Dora Ligia Ordóñez Gutiérrez
mediante el Acuerdo 000258 del 6 de septiembre de 1968, con ocasión del
fallecimiento de su padre ocurrido años antes, y el litigio se originó posteriormente
por la extinción de esa prestación ante la independencia económica de la
beneficiaria.
54. Precisamente, al examinar la protección de los derechos adquiridos, aquella
providencia partió de la diferencia entre las situaciones que ya se habían
consolidado durante la vigencia de la normativa correspondiente y las simples
expectativas. En ella se consideró lo siguiente:
«[…] En relación con los derechos adquiridos, la garantía constitucional opera siempre
y, por tanto, los efectos de la sentencia no tienen la virtualidad de alterar las situaciones
consolidadas conforme a la ley, de manera que quienes obtuvieron el reconocimiento
de la prestación por reunir los requisitos exigidos en la ley, en nada ven modificada su
situación particular. Ahora bien, las hijas que cumplieron las exigencias legales antes o
después de la sentencia para obtener la sustitución tienen el derecho adquirido; las
que los cumplan durante la vigencia de la normatividad -arts. 188 y 250-, así como
aquellas a las que se les negó el reconocimiento o se les extinguió el derecho por haber
contraído matrimonio, están habilitadas para pedir por vía administrativa la sustitución
pensional, siempre que al momento del fallecimiento del militar dependieran
económicamente de él […].
“El derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda
a cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la propia
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2013, radicado
25000-23-25-000-2005-06794-01 (1862-12).
24
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
Constitución lo garantiza y protege; no ocurre lo mismo con la expectativa que, en
general, carece de relevancia jurídica y, en consecuencia, puede ser modificada o
extinguida por el legislador.” […]». [sic]
55. Por tanto, ese precedente no resulta equiparable al presente asunto. Allí el
fallecimiento del causante y el reconocimiento de la sustitución tuvieron lugar bajo
el régimen que amparaba a la beneficiaria, razón por la cual la prestación ya se
encontraba incorporada a su patrimonio y la discusión recaía sobre una causal
posterior de extinción. En cambio, cuando entró en vigencia el Decreto 4433 de
2004, Luis Alfonso Molina Palacios aún vivía y Luz Esmeralda Molina Ávila no
había adquirido la sustitución de su asignación de retiro. Esta solo podía causarse
con el fallecimiento de aquel, que ocurrió el 13 de diciembre de 2011.
56. La sentencia C-588 de 1992, también invocada por la apelante, tampoco permite
conclusión distinta. En esa providencia, la Corte Constitucional examinó la
constitucionalidad del artículo 250 del Decreto 1211 de 1990, aplicable a los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, y declaró inexequibles las
expresiones «célibes» y «permanezcan en estado de celibato y», al considerar que el
estado civil no constituía un criterio constitucionalmente válido para condicionar el
acceso a los beneficios allí previstos. En cambio, estimó ajustada a la Constitución
la exigencia de dependencia económica, por cuanto permitía otorgar una
protección diferenciada a quien no podía atender por sí misma su subsistencia.
57. Sin embargo, ese pronunciamiento no definió el régimen aplicable cuando el
fallecimiento del titular ocurriera bajo una normativa posterior ni estableció que la
dependencia económica acreditada durante la vida del causante consolidara, por
sí sola, un derecho adquirido a la futura sustitución. Además, el control de
constitucionalidad recayó sobre el artículo 250 del Decreto 1211 de 1990,
correspondiente al régimen de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares,
y no sobre el artículo 207 del Decreto 1212 de 1990, aplicable a la Policía Nacional.
Por tanto, dicho pronunciamiento no desvirtúa la regla según la cual el derecho a
la sustitución se causa con la muerte del titular ni permite concluir que Luz
Esmeralda Molina Ávila hubiera adquirido esa prestación antes del fallecimiento de
su padre.
58. Adicionalmente, se debe referir que no resulta aplicable al caso el régimen de
transición previsto en el numeral 3.9. del artículo 3 de la Ley 923 de 2004. Esa
disposición estuvo dirigida a proteger las expectativas legítimas de los miembros
de la Fuerza Pública próximos a acceder a su pensión o asignación de retiro y
particularmente, a preservar determinados tiempos de servicio respecto del
personal activo. No estableció un régimen de transición para los eventuales
beneficiarios de una futura sustitución ni mantuvo vigente, respecto de estos, el
orden de beneficiarios previsto en los estatutos anteriores.
59. En consecuencia, la ausencia de una regla de transición específica en el
Decreto 4433 de 2004 para quienes hubieran ostentado la condición prevista en el
25
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
artículo 207 del Decreto 1212 de 1990 no permite extender el alcance del numeral
3.9. de la Ley 923 de 2004. Para la entrada en vigencia del nuevo régimen, la
demandante no era titular de la sustitución reclamada y, por ello, la modificación
del orden de beneficiarios no afectó un derecho que ya hubiera ingresado a su
patrimonio.
60. Por iguales razones, no procede el principio de favorabilidad. Como recordó la
sentencia del 20 de noviembre de 202047, su aplicación ante un conflicto entre
fuentes exige que estas regulen igual situación y se encuentren vigentes al
momento de causarse el derecho. Sobre el particular, esa providencia acogió la
siguiente regla:
«[…] el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta
duda sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto
concreto. La existencia de este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que
se encuentran vigentes al momento de causarse el derecho que se reclama, son
aplicables para su solución.
[…]
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, es plausible concluir que, para la
aplicación de este principio, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
• La existencia de varias fuentes formales de derecho que regulen la misma situación
fáctica.
-Que dichas fuentes se encuentren vigentes al momento de causarse el derecho.
-Que exista duda sobre cuál de ellas se debe aplicar.
-La fuente formal elegida debe aplicarse en su integridad». [sic] [subraya del texto
original]
61. En el presente asunto no concurrieron esos presupuestos, pues para el 13 de
diciembre de 2011 el artículo 207 del Decreto 1212 de 1990 no podía aplicarse
simultáneamente con los artículos 11 y 40 del Decreto 4433 de 2004 en lo referente
al orden de beneficiarios de la sustitución. En consecuencia, el principio de
favorabilidad no permite revivir una prerrogativa del régimen anterior que resultaba
incompatible con la regulación vigente al momento de causarse el derecho.
62. Ahora bien, la Sala no desconoce las circunstancias particulares acreditadas
respecto de Luz Esmeralda Molina Ávila. El material probatorio da cuenta de que,
tras el fallecimiento de su madre, asumió durante un prolongado periodo las
labores domésticas y de cuidado de su núcleo familiar; que posteriormente se
ocupó de la atención de su padre durante sus enfermedades; que no desarrolló
una actividad laboral estable; y que dependió económicamente de aquel. Estas
circunstancias deben ser consideradas desde una perspectiva de género, en tanto
permiten advertir la incidencia que tuvo en su trayectoria personal y económica la
asunción de labores de cuidado tradicionalmente atribuidas a las mujeres.
47
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 25000-23-42-000-2015-05342-
01 (1698- 2017).
26
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
63. Sobre el alcance de este enfoque, esta Subsección ha precisado que «la
perspectiva de género constituye un criterio interpretativo y de protección de
derechos fundamentales, orientado a eliminar barreras estructurales de
discriminación»48. En esa oportunidad también se advirtió que dicho criterio no
permite suplir la ausencia de los presupuestos necesarios para el reconocimiento
del derecho debatido.
64. Bajo esa perspectiva, las labores de cuidado asumidas por Luz Esmeralda
Molina Ávila y las consecuencias que estas pudieron tener en sus posibilidades de
formación, empleo y autonomía económica no pueden ser invisibilizadas. Sin
embargo, tales circunstancias no modifican el régimen jurídico aplicable a la
sustitución de la asignación de retiro. En efecto, la controversia no deriva de la falta
de acreditación de la dependencia económica de la demandante ni de una
valoración desfavorable de sus labores de cuidado, pues el tribunal tuvo por
demostrada aquella condición. El obstáculo para acceder a la prestación radica en
que, para la fecha del fallecimiento de Luis Alfonso Molina Palacios, el
ordenamiento vigente no incluyó a la «hija célibe» dentro de los beneficiarios
previstos en los artículos 11 y 40 del Decreto 4433 de 2004.
65. Por consiguiente, la aplicación de la perspectiva de género permite reconocer el
contexto particular en el que se desenvolvió la vida de la demandante y evitar que
sus labores domésticas y de cuidado sean desestimadas en la valoración del
asunto; no obstante, no autoriza a desplazar la normativa vigente al momento de
causación de la prestación ni a reconocer, por esa sola circunstancia, una calidad
de beneficiaria que dicha regulación no previó.
66. En suma, Luz Esmeralda Molina Ávila no consolidó antes de la entrada en
vigencia del Decreto 4433 de 2004 un derecho adquirido a la sustitución de la
asignación de retiro de su padre. Como Luis Alfonso Molina Palacios falleció el 13
de diciembre de 2011, la prestación se causó bajo los artículos 11 y 40 de ese
decreto, que no previeron a la demandante dentro del orden de beneficiarios.
Tampoco resultan aplicables el régimen de transición previsto en el numeral 3.9.
del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 ni el principio de favorabilidad, por las razones
expuestas.
67. Por consiguiente, los argumentos del recurso de apelación no prosperan y se
confirmará la sentencia del 9 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en cuanto negó
las pretensiones de la demanda.
2.5. Costas
68. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 23 de octubre de 2025, radicado
17001-23-33-000-2019-00448-01 (0148-2024).
27
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
69. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
70. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma49.
71. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
72. En el caso concreto, como no se evidenció, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
73. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Luz Esmeralda Molina
Ávila no consolidó, antes de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, un
derecho adquirido a la sustitución de la asignación de retiro de su padre. Como
Luis Alfonso Molina Palacios falleció el 13 de diciembre de 2011, la prestación se
causó bajo los artículos 11 y 40 de ese decreto, que no incluyeron a la demandante
dentro del orden de beneficiarios. Tampoco resultaron aplicables el régimen de
transición previsto en el numeral 3.9. del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 ni el
principio de favorabilidad. Asimismo, aunque las circunstancias personales,
familiares y económicas acreditadas debían ser valoradas desde una perspectiva
de género, este enfoque no permitía desplazar la normativa vigente al momento
de causación de la prestación ni reconocer una calidad de beneficiaria que aquella
no previó.
49 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, CP Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
28
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00888-01 (2264-2025)
Demandante: Luz Esmeralda Molina Ávila
74. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 9 de junio de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda presentada por Luz Esmeralda Molina Ávila contra la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
29
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.