Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00991-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00991-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00991-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00991-01 (6014-2022)
Demandante: Leiber Alfonso Luna Camacho
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00991-01 (6014-2022)
Demandante: Leiber Alfonso Luna Camacho
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Revoca numeral primero para estarse a lo resuelto, modifica
numerales cuarto y quinto respecto del restablecimiento y
confirma en lo demás. Se condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 29 de
julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio No. GSA-31060-20420-609
del 30 de noviembre de 20172, y de la Resolución No. 2-0989 del 9 de abril de
20183 y mediante los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y
pago del reajuste solicitado.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] SEGUNDO.- [...] el
reconocimiento, liquidación y pago […], Por concepto de prima especial
equivalente al treinta por ciento (30%) de su remuneración mensual prevista en
el artículo 14º de la Ley 4ª de 1992, como adición o agregado a la asignación
básica mensual, desde el 1 de enero de 1993 hasta la fecha en la cual se inicie
el reconocimiento del incremento, adición o agregado al salario mensual o hasta
que se haga efectiva su cancelación.
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso.
2 Folios 1-2 expediente físico.
3 Folios 7-9 del expediente físico.
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Demandante: Leiber Alfonso Luna Camacho
Por concepto de prestaciones sociales como prima de servicio, prima de navidad,
prima de vacaciones, cesantías, bonificación anual por servicios prestados,
cotización a seguridad social y demás prestaciones y emolumentos de carácter
laboral, que tengan como base la prima especial para su liquidación […]»4.
Hechos que fundamentan la demanda
4. El señor Leiber Alfonso Luna Camacho ha laborado al servicio de la Fiscalía
General de la Nación como fiscal delegado ante los jueces penales municipal y
de circuito desde el «8 de agosto de 2006» en adelante.
5. La parte actora elevó petición5 ante la entidad demandada, en la que solicitó
se le reconociera y pagara la prima especial de servicios, y el reajuste de sus
prestaciones sociales. La cual fue resuelta de manera negativa mediante los
actos demandados.
Fundamentos de derecho
6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron el
preámbulo y los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123, 150, 189,
209, 228 y 253 de la Constitución Política; 11, 13, 21, 127 y 128 del CST;6 1, 2,
3, 4, 10 y 14 de la Ley 4 de 1992; y 152 de la Ley 270 de 1996.
7. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que la entidad desde al año
2003 ha reconocido el 100% de los emolumentos de carácter laboral conforme al
100% del salario decretado para cada año.
8. Finalmente, la parte actora señaló que la prima especial se debe entender
como un agregado a la remuneración mensual, y refirió la aplicación de los
principios de favorabilidad e igualdad.
Contestación de la demanda
9. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda7 y se opuso a las
pretensiones en razón a que el Gobierno nacional al expedir los decretos
salariales de los funcionarios de dicha entidad de los años 2003 en adelante, no
incluyó la prima de 30% para los fiscales y demás funcionarios como en derecho
corresponde.
10. Asimismo, propuso la excepción de prescripción.
4 Transcripción literal del acápite de pretensiones.
5
En los hechos de la demanda no se relaciona la fecha de la petición ante la administración.
6 Código Sustantivo del Trabajo.
7 Folios 55-57 del expediente físico.
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Demandante: Leiber Alfonso Luna Camacho
Sentencia de primera instancia
11.En sentencia del 29 de julio de 2022,8 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió parcialmente las súplicas de la demanda.
12. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que la prima del 30% debe
presentarse como un incremento remuneratorio y no una disminución, esto es,
debe tener derecho al reconocimiento del 30% sobre el salario básico que debe
representar un incremento y no una disminución al momento de tomarla como
parte de éste.
13. Determinó que en el presente caso procede el pago de las sumas causadas
con posterioridad al 14 de septiembre 2014, ya que la petición la presentó el 14
de septiembre de 2017.
14. En consecuencia, se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 15 de diciembre
de 20209, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y, a título
de restablecimiento del derecho, dispuso:
CUARTO.- Condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y
pagar al demandante LEIBER ALFONSO LUNA CAMACHO, retroactivamente, el
REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con
sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la
prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías,
seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, etc.,
causados desde el 14 de septiembre de 2014, en adelante, y hasta cuando funja
como Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y de Circuito, por habérsele
deducido durante los extremos temporales laborados, computando para este
ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada
correspondiente para los cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la
prima consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor
salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación
laboral así para aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la
parte motiva.
QUINTO.- En consecuencia, se le debe reconocer y pagar al demandante en los
extremos temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los
correspondientes reajustes prestacionales anuales, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Recurso de apelación
• Recurso demandante:
15. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió
en apelación parcialmente10 frente a la prescripción, pues consideró que cuando
8 Folios 74-94 del expediente físico.
9 Así lo determinó en el numeral primero de la parte resolutiva.
10 Folios 110-111 del expediente físico.
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se elevó petición a la entidad demandada no había pronunciamiento frente a la
aplicación de dicho fenómeno ni se había declarado la nulidad sobre todos los
preceptos que regulaban la prima especial de servicios para los ficales, por lo
que no es procedente dar aplicación a la sentencia del del 15 de diciembre de
2020, proferida por la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
• Recurso demandada:
16.Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte demandada la recurrió
en apelación.11
17. En su intervención, la entidad demandada sostuvo que a partir del año 2003
la entidad hizo la correspondiente liquidación al demandante de las prestaciones
sociales, evidenciándose que no se descontó el 30% de la asignación básica,
sino que se realizó en un 100% del salario.
18. Afirmó que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial para
liquidar las prestaciones sociales del demandante.
19.Además, sostuvo que conforme al Decreto 272 de 2021, la entidad
demandada está reconociendo desde el 1 de enero de 2021 la prima especial del
30%.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
20. Por auto del 6 de febrero de 2024,12 se admitió el recurso de apelación de las
partes.
21. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado13 intervino en el
presente proceso, señalando que la prima especial de servicios no constituye
factor salarial para liquidar las prestaciones sociales14.
22. Las partes guardaron silencio.
23. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá las apelaciones, previas las siguientes:
11 Folios 107-108 del expediente físico.
12 Índice 0004 de Samai.
13
Índices 27 a 30 de Samai.
14
Así mismo, se advierte que presentó solicitud de unificación de jurisprudencia, la cual fue resuelta por la
Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación mediante providencia del 5 de marzo de 2025- índice
48 de Samai, en la cual se dispuso no avocar el conocimiento de esta.
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Demandante: Leiber Alfonso Luna Camacho
II. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo15, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
25. Le corresponde a la Sala establecer si el actor tiene derecho a que se
reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación como
lo determinó el Tribunal de instancia, o si por el contrario la entidad no adeuda
ningún valor por concepto de salario y prestaciones sociales. Asimismo, se
deberá determinar si tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de
servicios.
26. Igualmente, si operó la prescripción trienal, si la mencionada prima constituye
factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, y si a partir de la entrada en
vigor del Decreto 272 de 2021, la entidad reconoce dicho emolumento.
27. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el precedente jurisprudencial; y 2. Caso concreto.
La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
28. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial16 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
15 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
16 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
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Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
29. Porsu parte, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto
53 de 1993, en el cual previó que será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de este. Igualmente,
estableció que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese
decreto (artículo 2), con la excepción17 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.
30. El Legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, con el fin de precisar su alcance respecto de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de
la Ley 332 de 199618 determinó con claridad que la prima especial, en los
supuestos que resulte aplicable para la entidad, constituye parte del ingreso
básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.
31. Posteriormente se profirió la Ley 476 de 1998, la cual aclaró la anterior
normativa y en su artículo primero dispuso: «Aclárase el artículo 1o. de la Ley
332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión
a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de
1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo
subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».
32. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202019, respecto de la prima
especial de servicios concluyó lo siguiente:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
17 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General
de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
18 Artículo 6: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos
se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal
Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
Regional de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía,
Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores Seccionales,
Jefes de Oficina, Jefes de División».
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-
2017-00568-01(5472-18).
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2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.
33. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
6 de junio de 2023,20 10 de septiembre de 202421 y 5 de noviembre 2024.22
34. Igualmente, mediante sentencia del 21 de septiembre de 202223 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos desde 1993, en los cuales señaló
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Hechos probados
35. Dentro del proceso se encuentra probado que el actor presta sus servicios
ininterrumpidamente a la Fiscalía General de la Nación, como fiscal delegado
ante los jueces penales municipal y del circuito desde el 4 de noviembre de 2008,
sin que a la fecha de expedición de la certificación laboral se reporte retiro del
servicio.24
36.Está demostrado que el demandante a partir de la fecha de su vinculación
como fiscal percibió el 100% del sueldo correspondiente al cargo de fiscal que
desempeñó y que no reporta ningún emolumento por concepto de la prima
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio 2023. Radicación:
05001233300020150165102 (3578-2018) CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez. Y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
730012333000201700551 01 (2276-2019). CP: Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 10 de septiembre de 2024.
Radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de noviembre 2024.
Radicación: 25000-2342-000-2020-00137-01 (0687-2022). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
23 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
24 Folio 6 del expediente. La Certificación fue expedida el 30 de noviembre de 2017.
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mencionada. 25
37. Que el 14 de septiembre de 201726 el demandante elevó petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios, de la cual
obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados27.
Caso concreto
38. La Sala advierte, conforme lo señalado en la jurisprudencia,28 que desde el
año 2003 los decretos salariales que rigen a la Fiscalía General de la Nación no
previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de esta sí era
procedente como una adición a la asignación básica, según lo dispuesto en la
Ley 476 de 199829, por lo que a partir de dicho año reconoció el 100% de la
asignación básica, y en consecuencia liquidó las prestaciones sociales teniendo
en cuenta dicho emolumento de forma completa. No obstante, se evidencia que
no reconoció ningún concepto por prima especial de servicios del 30%.
39. Ahora bien, en los preceptos salariales que rigen a la entidad demandada,
expedidos entre 1993 y 2002, sí se estableció la prima especial, consistente en
el 30% de la asignación básica30, lo cual generó que se disminuyeran los ingresos
mensuales de los beneficiarios de esta; por lo que durante ese periodo se restó
la prima especial de servicios del 100% del salario, y por lo tanto el salario y las
prestaciones se liquidaron sobre un 70% de aquel.
40. Así las cosas, la interpretación del Tribunal de instancia resulta equivocada,
en cuanto ordenó la reliquidación y pago de las diferencias de salarios y
prestaciones sociales a partir del 2014, ya que desde el 2008 el salario fue
reconocido en el 100%, sin descontar ninguna suma respecto de la asignación
básica. En consecuencia, lo que procede es el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico, la cual no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, salvo para efectos de pensión. Lo anterior, se traduce sólo en el pago
25 Folio 4 vto y 61 del expediente físico.
26 Folios 63-65 del expediente físico.
27
La demanda fue radicada el 18 de septiembre de 2018 ante esta Corporación con radicado 11001-03-25-
0002018-01365-00 (4565-2018) como nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. Mediante
providencia del 31 de agosto de 2021 se ordenó escindir la demanda índice 15 de Samai de ese proceso.
28 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018) conjuez
ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.
29 Artículo 1o. Aclárase el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí
consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se
vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial
de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan
o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.
30 Es oportuno aclarar que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destinatarios de la prima
especial del 30% tienen derecho a ella a partir de la expedición de la Ley 476 de 1998; no obstante, dicho
emolumento había sido incluido en los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2002, como una reducción
del salario básico, pues el 30% de este se tuvo como prima especial, con lo cual, se generó una merma en
el cálculo de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las cuales
debieron liquidarse sobre el 100% de la asignación básica.
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Demandante: Leiber Alfonso Luna Camacho
del 30% que el demandante no recibió a título de prima especial, por lo que al no
presentarse el indebido descuento del 30% del salario el restablecimiento no
comprende una reliquidación de las prestaciones canceladas.
41. Conforme a lo anterior, se advierte que le asiste razón parcialmente a la
entidad apelante, por lo que se modificarán los numerales cuarto y quinto de la
sentencia de primera instancia con el fin de reconocer y ordenar el pago de la
prima especial sin carácter salarial al actor y eliminar el reconocimiento de
diferencias salariales y prestacionales en un periodo en que no había derecho a
ello.
42. En cuanto a la prescripción esta corporación ha sostenido, de forma
pacífica,31 que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se
reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha
de entrada en vigor del Decreto 53 de 1993. En consecuencia, en el presente
caso desde que fue vinculado al cargo de fiscal, el interesado pudo interrumpir el
fenómeno prescriptivo, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969.
43. Así las cosas, la parte demandante tiene derecho a que se le pague, la prima
especial desde el 14 de septiembre de 2014, o sea tres años atrás de la fecha
en que radicó la petición, esto es el 14 de septiembre de 2017, debido a la
prescripción trienal, y de ahí en adelante hasta que desempeñe el cargo de
fiscal delegado ante los jueces municipales, circuito y/o equivalente,32 por
lo que no le asiste razón a la parte actora en su alegato, ya que el a quo aplicó
en debida forma dicho fenómeno.
44. Por otro lado, es del caso señalar que la cotización a pensión está
íntimamente relacionada con el restablecimiento del derecho, por lo que, al
ordenar el reajuste de dicho emolumento, es deber de la entidad realizar el pago
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la
ley, por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible, no solo por la naturaleza
parafiscal de los mismos sino por la sostenibilidad del sistema33. Lo anterior, por
cuanto en el numeral cuarto de la providencia el a quo accedió al reajuste de los
aportes a pensión y salud por todo el tiempo de la vinculación del demandante.
31 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024.
Radicación: 170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
32 En la sentencia de primera instancia se dispuso en el numeral segundo «Declarar la prescripción trienal
extintiva de los valores pedidos por el demandante, causados con anterioridad al 14 de septiembre de 2014
{…]».
33 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00991-01 (6014-2022)
Demandante: Leiber Alfonso Luna Camacho
45. Por lo tanto, aunque a partir del 2003 los decretos salariales no previeron la
mencionada prima, el reconocimiento de esta sí era procedente como una adición
a la asignación básica, en los términos ordenados por el a quo34, por lo que a
partir de ese año, las diferencias de los aportes pensionales y de salud deben
liquidarse con base en la prima especial del 30%, bajo el entendido de que, en
su momento, los aportes legales se efectuaron sobre el 100% de la asignación
básica, lo cual, en el caso en concreto, resulta aplicable desde el 2008.
46. Con base en lo expuesto, se ordenará el reconocimiento de aportes con
destino al Sistema de Seguridad Social desde 4 de noviembre de 2008, respecto
de la prima especial del 30% hasta que desempeñe el cargo de fiscal delegado
ante los jueces municipales, y/o equivalente.35
47. Ahora, frente al argumento de la entidad de que a partir del Decreto de 272
de 2021 ha pagado la prima especial en un porcentaje del 30% adicional a la
asignación básica mensual. Revisado el expediente, obra constancia de servicios
prestados36, en el cual se relaciona que para el mes de marzo de 2022 el actor
devengó dicho emolumento; sin embargo, no se acreditó que a partir del 1 de
enero de 2021 lo hubiera percibido, por lo que no es posible limitar el
restablecimiento en los términos solicitados por la Fiscalía en la alzada, esto es,
hasta el 30 de diciembre de 2020.
48. Por otro lado, se dispondrá revocar el numeral primero del fallo impugnado
que se estuvo a lo dispuesto en la providencia del 15 de diciembre de 2020, para
estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 202237 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y 2017 en los cuales
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Además, se declaró la nulidad de la siguiente previsión «ninguna autoridad podrá
establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas
del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos».
49.De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral primero,
y en su lugar estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022
dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018); ii) modificar los
numerales cuarto y quinto frente al restablecimiento del derecho; y iii) se
confirmará en lo demás la sentencia apelada.
34 En el numeral cuarto dispuso «[…] con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión
de jubilación por aportes durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad social en salud».
35 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda-
Subsección A- Sentencia del 22 de enero de 2026, radicado 25000 23 42 000 2022 00698 01 (4891-2024),
magistrado ponente Juan Camilo Morales Trujillo.
36
Folio 61 vto del expediente físico.
37 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
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Demandante: Leiber Alfonso Luna Camacho
Condena en costas
50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
53. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante -parte vencida-,
por cuanto no prospera el recurso de apelación. Respecto a la parte demandada
no se condenará ya que su recurso prosperó parcialmente. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
54.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR el numeral primero, y en su lugar ESTARSE a lo resuelto
en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000
2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia
impugnada, los cuales quedarán en un solo numeral, así:
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Demandante: Leiber Alfonso Luna Camacho
A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad
demandada a: i) Reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración
mensual, desde el 14 de septiembre de 2014 y de ahí en adelante hasta
que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los jueces
municipales, circuito y/o equivalente. La mencionada prima solo
constituye factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación de
la pensión de jubilación. ii) Reconocer y pagar los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones y Salud a partir del 4 de noviembre de 2008
respecto de la prima especial del 30% hasta que desempeñe el cargo de
fiscal delegado ante los jueces municipales, circuito y/o equivalente.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 29 de julio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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