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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01007-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01007-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 5 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y, en su lugar se dispone: «Segundo: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985 al docente Aldo Alfredo González Cristancho a partir del 21 de enero de 2016, con efectividad a partir del 29 de noviembre de 2018, por prescripción trienal, con el 75% de lo devengado durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la inclusión de los factores salariales que debieron servir de base de cotizaciones, estos son, asignación básica, horas extra y bonificación mensual». Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 5 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Aldo Alfredo González Cristancho en contra del Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto 34 Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025) Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. VMT 35

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-01007-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Pensión jubilación docente, Ley 33 de 1985. Docente con
vinculación antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 5 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A mediante la cual se accedió
parcialmente a lo pretendido en la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Aldo Alfredo González Cristancho presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 000786 del 16 de julio
de 2021, por medio de la cual se reconoció la pensión de jubilación.

2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación equivalente al 75%

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

de lo devengado durante el año antes de la adquisición del estatus, con la inclusión
todo lo devengado, en los términos previstos en las leyes 91 de 1989, 33 y 62 de
1985; ii) el reconocimiento de la compatibilidad entre pensión y sueldo dispuesto
para los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003;
iii) el cumplimiento del fallo de acuerdo con los artículos 189, 192, 194 y 195 del
CPACA; iv) el reajuste de las sumas adeudadas; v) el pago de los intereses
moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia; y vi) la condena en costas a la
entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:

3.1. AldoAlfredo González Cristancho adquirió el estatus pensional el 20 de
diciembre de 2015 al cumplir los 55 años de edad y los 20 años de servicios
prestados en los siguientes términos:

Entidad Desde Hasta
Gobernación del Guaviare – 09/02/1983 17/03/1988
Secretaría de Educación
Secretaría de Educación de 30/03/1998 15/07/2008
Cundinamarca
Secretaría de Educación de 01/03/2011 09/09/2015
Cundinamarca
Secretaría de Educación de 25/09/2015 17/08/2021
Cundinamarca

3.2. La entidad previsional «reconoce la pensión […] bajo lo establecido en la Ley 100 de
1993, sin embargo, según las leyes vigentes y jurisprudencia del Honorable Consejo de
Estado, mi poderdante tiene derecho a ser pensionado bajo lo establecido en la Ley 33 y
62 de 1985 y Ley 91 de 1989, por pertenecer al régimen especial docente y tener un derecho
adquirido al trabajar antes de la expedición de la Ley 812 del […] 2003» [sic].

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la
Constitución Política; el Acto Legislativo 1 de 2005; las leyes 91 de 1989; Ley 33 y
62 de 1985; 100 de 1993; y los decretos 2285 de 1955; 224 de 1972; 1042 y 1045
de 1978 y 2277 de 1979.

2 Índice 2 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuación denominada:
1_ED_PROCESO_20210107ZI(.ZIP) NroActua 2.

2

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:

5.1. Los docentes vinculados hasta el 27 de junio de 2003 conservaban el régimen
excepcional conformado por las leyes 33 de 1985, 62 de 1985, 71 de 1988 y 91 de
1989; sin embargo, para los educadores que ingresaran posteriormente el régimen
pensional aplicable era el previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

5.2. Lo anterior, permite concluir que «si bien es cierto en este momento se encuentra
escalafonado en el Decreto Ley 1278 de 2002, no es menos cierto que estuvo vinculado
escalafonado antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual se
hace acreedor al régimen prestacional anterior a la promulgación de dicha Ley ya que se
crea y debe respetar la expectativa pensional. Ahora al tener derecho a los beneficios
pensionales también le causa el derecho a recuperar compatibilidad entre pensión y
sueldo» [sic].

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag solicitó que se negaran las pretensiones del medio de control con
sustento en los siguientes argumentos4:

6.1. Al demandante no le asistía el derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación en los términos solicitados, toda vez que se vinculó al servicio oficial
docente después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

6.2. Además, los factores salariales incluidos en la liquidación serán sobre los cuales
se hayan realizado aportes, según lo dispuesto en la sentencia de unificación
proferida el 28 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado «donde se
señala la necesidad de cambiar la jurisprudencia en la medida que, la que se venía
aplicando contrariaba el principio de solidaridad en materia de seguridad social».

6.3. Finalmente propuso las excepciones denominadas i) vinculación de los litis
consortes necesarios; ii) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad
iii) ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico; iv) cobro de lo no
debido; y v) genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A

3 Índice 2 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuación denominada:
1_ED_PROCESO_20210107ZI(.ZIP) NroActua 2.
4 Índice 10 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuación denominada:

4_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_DE_DEMA(.zip) NroActua 10.

3

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

mediante sentencia proferida el 5 de mayo de 2025 declaró: i) la nulidad de la
Resolución 00786 del 16 de julio de 2021 y a título de restablecimiento del derecho,
condenó al Fomag al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor del
docente a partir del «18 de noviembre de 2016», con el 75% de los factores salariales
sobre los cuales se realizaron aportes, devengados entre el 6 de octubre de 2014 y
el 9 de septiembre de 2015 y entre el 25 de septiembre de 2015 y el 20 de octubre
de 20155, ii) que la pensión reconocida y el salario percibido como contraprestación
del servicio como docente oficial resultan compatibles; y iii) prescritas las mesadas
causadas antes del 29 de noviembre de 2018. Finalmente, negó la condena en
costas.

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, observó lo siguiente:

8.1. El Fomag resolvió la situación pensional del docente según las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, en tanto advirtió una interrupción en el periodo laboral en el
año 2015 que le hizo entender que la vinculación había sido posterior a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003. No obstante, el demandante ejerció como
docente desde el 9 de febrero de 1983 y alcanzó el estatus pensional el 20 de
octubre de 2015 cuando completó los 20 años de servicios, puesto que los 55 años
de edad los cumplió el 17 de abril de 2010. En este sentido, tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985,
con el 75% de los factores sobre los cuales hubiera realizado aportes, devengados
durante el último año de servicio.

8.2. El
tiempo laborado fue interrumpido entre el 10 de septiembre y el 24 de
septiembre de 2015, «de manera que el último año de servicio se dio entre el 6 de octubre
de 2014 a 9 de septiembre de 2015 y del 25 de septiembre de 2015 al 20 de octubre de
2015».

8.3. De otra parte, el docente estaba exceptuado de la prohibición prevista en el
artículo 128 de la Constitución Política, porque «el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 que
precisó que el régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad,
es el reconocido por la Ley 91 de 1989 y las prestaciones que allí se reconocen son
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones».

8.4. Asimismo, el fenómeno de la prescripción operó en el presente asunto respecto
de las mesadas causadas antes del 29 de noviembre de 2018, comoquiera que la

5 Índice 5 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuación denominada:
25Sentencia_05050020211007RECONO(.pdf) NroActua 32.

4

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

reclamación fue presentada el 23 de enero de 2018 y la demanda el 29 de
noviembre de 2021, es decir después de 3 años.

8.5. Finalmente, al no acreditar que lo manifestado por el Fomag fuera infundado se
negó la condena en costas.

1.4. Los recursos de apelación

9. 1.4.1. Aldo Alfredo González Cristancho solicitó que se modificara la sentencia
de primera instancia6, con el fin de que se ordenara liquidar la prestación con todos
los factores salariales «que legalmente corresponden al año anterior a la adquisición
de su estatus pensional, no solo aquellos sobre los cuales se hubieren efectuado
aportes».

9.1. Para efectos de sustentar la anterior solicitud señaló que con la sentencia de
primera instancia se «está desconociendo la sentencia de unificación del 25 de abril de
2019 y los decretos que han sido expedidos posteriormente, al no incluir correctamente los
factores salariales que por derecho corresponden a la liquidación de la pensión de jubilación
de la demandante, ya que adquirió el estatus pensional el 18 de noviembre de 2016. Por lo
tanto, solicito respetuosamente que se modifique el numeral segundo de la sentencia
apelada, a fin de que se reconozca y pague la pensión de jubilación ordinaria, incluyendo
como factores salariales el 75% de la asignación básica, bonificación pedagógica,
bonificación mensual, horas extra y prima de vacaciones, sin que sea exigible que estos
hayan servido de base para calcular aportes».

9.2. 1.4.2. El Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia7 y en
su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda, comoquiera que el docente
fue vinculado a la Secretaría de Educación de Cundinamarca en el año 2015 y para
el 1º de abril de 1994 tenía solo 39 años, de manera que no alcanzó el régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993 y no era posible reconocer la prestación
en los términos de la Ley 71 de 1988, «[p]or lo que se considera que tal calidad no la
ostenta el demandante, la norma es clara al establecer que tienen derecho aquellos que
fueron vinculados laboralmente al sector oficial y para el caso se encuentran acreditados
tiempos de servicios bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, por lo que se
concluye que no se cumplen con los requisitos para acceder a dicha pensión, ya que esta
modalidad de contratación se rige bajo las normas civiles» [sic].

9.3. En este sentido, «[n]o se comparte la tesis señalada por el despacho, pues se insiste

6 Índice 36 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuación denominada:
31_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 36.
7 Índice 35 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuación denominada:
28_MemorialWeb_Recurso-RecApeALDOALFREDO(.pdf) NroActua 35

5

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

en que el tiempo acreditado por la parte demandante no puede ser tenido en cuenta toda
vez que es bajo la orden de prestación de servicios, siendo un vínculo civil y no laboral […]
no se puede presumir el vínculo de trabajador que tenía el demandante con las entidades
[…] pues se deben tener en cuenta los elementos constitutivos del contrato de trabajo,
dentro de los cuales se encuentra la DEPENDENCIA DEL TRABAJADOR».

9.4. Finalmente, la legislación colombiana prohíbe la opción de acceder a la pensión
de jubilación en concurrencia con otra asignación proveniente del tesoro público .

1.5. Trámite en segunda instancia

10. En atención a que no se aportó ni se solicitó la práctica de pruebas y que no se
advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que se
presentaran alegatos de conclusión, en los términos de lo dispuesto en el numeral
5 del artículo 247 del CPACA8.

1.6. Concepto Ministerio Público

11. El procurador delegado ante esta corporación no emitió concepto en el presente
asunto.

2. Consideraciones

2.2. Los problemas jurídicos

12. Se circunscribe a resolver ¿si los tiempos de servicio prestados por Aldo Alfredo
González Cristancho lo hacían beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y como consecuencia procedía el reconocimiento
de la pensión de jubilación en los términos previstos en las leyes 33 y 62 de 1985?

13. Y de ser así ¿si la bonificación pedagógica, la bonificación mensual y la prima de
vacaciones debieron incluirse en la liquidación de la prestación?

14. ¿Si Aldo Alfredo González Cristancho tenía derecho al pago de la pensión de
jubilación sin acreditar el retiro definitivo del servicio?

2.3. Marco normativo

8 Auto del 3 de septiembre de 2025, índice 4 de Samai, actuación denominada
6Autoqueadmite_20472025admiterecurs(.pdf) NroActua 4.

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al FOMAG

15. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte9. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas10.

16. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción11. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»12. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

17. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos13. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de

9 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
10 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de

1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
11
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
12
Preámbulo y artículo 6.
13
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

18. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

19. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida» [Resalta la Sala].

20. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200314.

21. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

14
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

22. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG

23. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

24. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

25. La Ley 60 de 199315 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al FOMAG, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.

26. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:

«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.

15
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’».

27. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.

28. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.

2.3.2. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales

29. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).

11

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

30. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200316, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que
para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores.
La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las
cuentas de salud y pensiones.
[…]».

31. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201917, precisó:

«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las

16
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
17
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.

12

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».

32. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que
fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente
a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la
cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de
esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que,
en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985, se rige por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

13

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]»
[Se resalta].

33. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años18. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».

34. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección19, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 812
del 2003.

2.3.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional

34. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de

18 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023, radicación

47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

14

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores20. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.

35. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.

36. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 21, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación22 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.

23
37. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.

38. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del

20
Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
21
Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
22
Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.

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artículo 105 de la Ley 115 de 199424 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.

39. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley solo
se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.

40. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y reglamentaria,
pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los derechos laborales
de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de vinculación que no tiene
justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo expuesto en la sentencia
citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 25 y luego
en el artículo 105 de la Ley 115 de 199426; y el hecho de que los docentes
contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los empleados
públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los derechos
laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales que
históricamente se han pretendido eliminar27. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.

24
«Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
25
El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
26 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
27
En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).

16

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

41. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:

«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.

Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»

42. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad
e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado
social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor
trascendental para la sociedad.

43. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado28, sino lo que se evidencia de esa relación, en

28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"

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armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».

44. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»29. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»30.

45. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.

46. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los

La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
29 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
30 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:

05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.

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servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.

47. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.

48. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación31, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.

49. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200332 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.

50. En efecto, el artículo 2333 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que

31
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
32
«Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
33
«Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.

19

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2434 y 5735 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.

51. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».

2.3.4. Compatibilidad pensional de los docentes

52. Desde 1886 el constituyente estableció la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público, en ese sentido la norma constitucional
disponía:

«Artículo 64.- Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para
casos especiales determinen las leyes» [Se resalta].

53. Como se advierte de la disposición en cita, el constituyente previó la posibilidad
de que se establecieran excepciones a la prohibición contenida en el artículo 64, las
cuales inicialmente fueron «determinadas» por el presidente de la República, quien
en ejercicio de facultades extraordinarias expidió el Decreto-ley 1317 de 196036,
dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que provengan de establecimientos

Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.

En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
34
«Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
35
«Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
36
Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.

20

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo37».
Esta excepción fue reiterada en artículo 32 del Decreto 1042 de 1978.

54. Asimismo, el legislador extraordinario a través del Decreto 224 de 197238, incluyó
de manera expresa dentro de las mencionadas salvedades, la compatibilidad entre
la pensión y el ejercicio docente, así:

«Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y
cinco (65) años de edad.» [Se resalta]

55. Posteriormente, con ocasión del cambio de régimen constitucional de 1991, se
mantuvo la mencionada prohibición de recibir simultáneamente más de una
erogación del erario en los siguientes términos:

«Articulo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.»

56. Ahora bien, la anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a
través de la Ley 4 de 1992, la cual en su artículo 19 dispuso:

«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes
asignaciones:

[…]

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]» [Se resalta]

57. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó39:

37
Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
38
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
39
Sentencia del 6 de marzo de 2003. Radicado: 05001-23-31-000-1995-01799-01 (Radicado interno:
1577-2001). Consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado.

21

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.

En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]» [se resalta].

58. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:

58.1. i)
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del
Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].

58.2. ii) El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « […] [e]l régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones
será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y

58.3. iii) El artículo 19 de Ley 344 de 199640 dispuso:

«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»

59. Finalmente, de acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores
públicos adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por una

40
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

22

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta cumplir la
edad de retiro forzoso. De esto, es claro que los servidores públicos podrán disfrutar
de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; sin embargo,
nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los docentes oficiales, por
cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:

«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.» [Se resalta]

60. Adicional a lo expuesto, se advierte que en los decretos a través de los cuales el
gobierno nacional41 «modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y
directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se
dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal», de manera
expresa se reitera la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un
empleo público, pero se mantiene la excepción en relación con «las asignaciones
de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992», lo que permite evidenciar la vigencia
de la compatibilidad entre el salario y la pensión de quienes desarrollan una labor
docente.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

61. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

61.1. Aldo Alfredo González Cristancho nació el 17 de abril de 195542.

61.2. El
18 de noviembre de 2015, el técnico grado 06 de la gobernación del
Guaviare, mediante el formato 1 de información laboral, certificó que prestó sus

41 Por ejemplo: decretos 887 de 2023, 284 de 2024 y 596 de 2025.
42Índice 2 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuación denominada:
1_ED_PROCESO_20210107ZI(.ZIP) NroActua 2.

23

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

servicios desde el 9 de febrero de 1983 hasta el 17 de marzo de 1988 [con una
interrupción laboral no remunerada de 88 días], en calidad de maestro de educación
básica primaria, en la Secretaría de Educación.

61.3. El 2 de julio de 2020, el director de personal de la Secretaría de Educación de
Cundinamarca, mediante el formato único para la expedición de salarios, certificó
que había prestado sus servicios en la Institución Educativa Departamental de la
República de Corea – Sede principal, así:

Periodo laborado Factores devengados
Asignación básica, bonificación mensual,
Entre el 1º de enero y el 9 de septiembre de
subsidio de alimentación y las primas de
2015
navidad y de servicios
Entre el 25 de septiembre y el 31 de diciembre Asignación básica, bonificación mensual,
de 2015 subsidio de alimentación y prima de navidad
Asignación básica, bonificación mensual
Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de docente, horas extra adultos, subsidio de
2016 alimentación y las primas de navidad y de
servicios
Asignación básica, bonificación mensual
Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
docentes, horas extra adultos y las primas de
2017
navidad, de servicios, de vacaciones docentes
Asignación básica, bonificación mensual
Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de docentes, horas extra adultos, bonificación
2018 pedagógica y las primas de navidad, de
servicios, de vacaciones docentes
Asignación básica, bonificación mensual
Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de docentes, bonificación pedagógica y las primas
2019 de navidad, de servicios, de vacaciones
docentes
Entre el 1º de enero hasta el 31 de marzo de Asignación básica, bonificación mensual
2020 docentes, E.J. Única Licenciado

61.4. Mediante la Resolución 000786 del 16 de julio de 2021 [solicitud presentada el
23 de enero de 2018], el secretario de educación de Cundinamarca reconoció y
ordenó «el pago de una pensión de vejez Ley 812 de 2003» en los términos de la Ley 100
de 1993, condicionada al retiro definitivo del servicio, cuyas consideraciones fueron
«[q]ue el docente […] reúne un total de 9.100 días, equivalentes a 1.300 semanas cotizadas
para pensión. Que el docente adquirió el status de jubilación el 13/10/2020, fecha en la que se
encontraba afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Que de conformidad
con los documentos anexados por el docente, la última vinculación al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio se dio a partir del 25/09/2015, por lo cual y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 812 de 2003, es susceptible aplicar a la liquidación de la pensión las
normas contempladas en la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003 […] se tomaron los ingresos
percibidos por el señor […] en los 10 años anteriores a la fecha en que adquirió el status de
pensionado» [sic].

61.5. El 17 de agosto de 2021, el director operativo de la Secretaría de Educación de

24

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

Cundinamarca, mediante el formato único de la historia laboral certificó que había
prestado sus servicios durante 10 años, 3 meses y 16 días, desde el 30 de marzo
de 1998 [Decreto DECD 352 del 06/03/1998] hasta el 15 de julio de 2008
[Resolución 0481], así:

Novedad Acto administrativo Desde
Ingreso
Decreto DECD 352
Escuela Rural La Cajita 30/03/1998
del 06/03/1998
Tibacuy [Cundinamarca]
Traslado
Decreto DECD 654
Escuela Rural La Cajita 11/03/1999
del 04/03/1999
Tibacuy [Cundinamarca]
Traslado
Decreto DECD 347
La Cabaña 10/03/2000
22/02/2000
La Vega [Cundinamarca]
Traslado
Resolución RESD
La Huerta 27/05/2003
01311 del 03/04/2003
La Vega [Cundinamarca]
Traslado
Decreto DECM 007
Agropecuario La Sierra 19/02/2008
del 19/02/2008
Quipile [Cundinamarca]

61.5.1. En este documento, el ente territorial certificó que había prestado sus servicios
en la Institución Educativa Departamental República de Corea durante 4 años, 6
meses y 9 días, desde el 1º de marzo de 2011 [Resolución 1441 del 25 de febrero
de 2011] hasta el 9 de septiembre de 2015 [Resolución 008402]. En esa
oportunidad, además certificó la prestación del servicio en el nivel de básica
secundaria en la Institución Educativa Departamental Mixto Antonio Ricaurte – Sede
principal, desde el 25 de septiembre de 2015 [Resolución 008824 del 24/09/2015]
hasta, al menos, la fecha del documento [17/08/2021], por 5 años, 10 meses y 24
días.

2.4.2. Análisis sustancial

62. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
declaró la nulidad de la Resolución 00786 del 16 de julio de 2021 y ordenó al Fomag
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a partir del 18 de noviembre de
2016, con el 75% de los factores sobre los cuales realizó aportes, devengados entre
el 6 de octubre de 2014 y el 9 de septiembre de 2015 y entre el 25 de septiembre
de 2015 y el 20 de octubre de 2015.

63. El Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, al considerar
que el docente no tenía derecho a que le fueran computadas para efectos del
reconocimiento pensional las vinculaciones que ostentó con ocasión de órdenes de

25

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

prestación de servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, toda
vez que fueron en virtud de «contratos de prestación de servicio».

64. Aldo Alfredo González Cristancho solicitó modificar el ordinal segundo de la
sentencia de primera instancia en tanto que debieron incluirse en el IBL la
bonificación pedagógica, bonificación mensual, horas extra y prima de vacaciones.

2.4.2.1. En cuanto a la posibilidad de computar para el reconocimiento
pensional el tiempo de servicios que los docentes prestaron a través de
órdenes o contratos de prestación de servicios

65. De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, para esta Subsección es claro que, por virtud de los principios de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine, el
tiempo de servicio que los docentes prestaron con ocasión de una vinculación
contractual debe ser computado para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación, sin diferenciar el régimen pensional que rija su situación.

66. Lo anterior porque como lo ha sostenido esta Corporación, en aquellos casos en
los que los docentes prestaron sus servicios con ocasión de una vinculación
diferente de la legal y reglamentaria fueron desconocidas disposiciones legales y
reglamentarias, así como los derechos mínimos e irrenunciables de estos
trabajadores, pues no se les reconocieron las prestaciones propias de los
empleados públicos.

67. En línea con lo anterior, se encuentra pertinente recordar lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia con la que declaró inexequibles las normas que
autorizaban la vinculación de los docentes a través de contratos de prestación de
servicios43:

«No sería extraño que el criterio diferenciador pudiera inferirse de la discrecionalidad del
Estado. Ni la forma contractual ni la estatutaria, tendrían carácter forzoso. El Estado de
acuerdo con las necesidades por atender y las condiciones financieras, variables en
cada momento histórico, tendría la facultad de acudir libremente a una cualquiera de las
dos formas.

A esta posibilidad se oponen varias consideraciones. El ejercicio permanente de una
función pública, como ocurre con los "docentes temporales", no sólo se revela en el afán
del legislador de regularizar su situación en un término de seis años mediante su
incorporación a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige que sea la
ley - que no el contrato - la que determine y regule su régimen, funciones y
responsabilidades (CP art. 123).

43
Artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994.

26

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la estabilidad propias de la
función pública (CP art. 125).

Por lo visto, los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública, no
confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma función pública
permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones abiertamente dispares en lo
que atañe al ingreso y régimen que la gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad
no podría ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier
competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art.
13), frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se torna
arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede fundarse en
la mera discrecionalidad la diferenciación de supuestos que, descontada ésta,
comparten una misma naturaleza y características44».

68. En consonancia, se concluye que existe una «prohibición constitucional» de
vincular a docentes al servicio público educativo oficial a través de contratos de
prestación de servicios. Por lo que excluir de la transición prevista en la Ley 812 de
2003, a quienes prestaron sus servicios al magisterio con ocasión de una relación
contractual, resulta a todas luces inconstitucional, puesto que, conllevaría a una
interpretación desfavorable con sustento en una situación que, como se explicó
anteriormente, se apartaba de las normas constitucionales, esto es, la vinculación
de docentes oficiales a través de un contrato.

69. Sin embargo, en el presente asunto se precisa que, según el material probatorio
allegado al expediente, no se encuentra acreditado que alguna de las vinculaciones
ostentadas por Aldo Alfredo González Cristancho fueran mediante órdenes de
prestación de servicios o contratos de prestación de servicios. Por lo que, si bien
estas sí pueden ser computadas para el reconocimiento pensional, lo cierto es que
en el sub judice, la pretensión del reconocimiento prestacional no se sustentó en
vinculaciones contractuales, por lo que el reproche de la demandada no tiene
vocación de prosperidad.

2.4.2.1. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003

70. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó «el sistema de seguridad
social integral» con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social […]» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional45», con
excepción de, entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, esto es los docentes oficiales.

44
Corte Constitucional sentencia C-555 de 1994.
45 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.

27

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

71. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al régimen pensional
de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin embargo,
el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese momento
habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de transición,
según el cual, esta reforma solo les sería aplicables a quienes a partir del 26 de
junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.

72. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [se resalta].

73. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 26 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.

74. En esa línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-014 -
CE-S2 de 25 de abril de 201946, precisó que para efectos de establecer el régimen
prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i) quienes
se hubiesen vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003 [fecha de entrada en
vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían a los
servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen pensional de prima
media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción del
requisito de la edad.

75. De acuerdo con lo anterior y con la certificación proferida por técnico grado 06
de la gobernación del Guaviare, el 18 de noviembre 2015, mediante el formato 1 de
información laboral, fue acreditado el único requisito previsto por el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 para ser beneficiario de la transición prevista en esa disposición,

46
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.

28

Radicado: 25000-23-42-000-2021-01007-01 (2047-2025)
Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

esto es, una vinculación al servicio educativo oficial previa a su entrada en vigor.
Asimismo, se advierte que el régimen prestacional aplicable en el sub judice es el
de la Ley 33 de 1985, puesto que pretende dicho reconocimiento con base en el
tiempo de servicio que prestó en el sector público.

2.4.2.1. En torno a la verificación de los requisitos previstos en el régimen de
pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985

76. Como se explicó en líneas anteriores, para el reconocimiento de la prestación de
jubilación de los docentes a quienes su situación pensional se rige por lo dispuesto
en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, deben acreditar 55 años de edad y 20 años
de servicios.

77. En cuanto al requisito de la edad: Aldo Alfredo González Cristancho nació el
17 de abril de 1955, por lo que en la fecha en la que presentó ante la entidad
demandada la solicitud de reconocimiento pensional [23 de enero de 2018], contaba
con más de 55 años de edad.

78. En cuanto al tiempo de servicio: en el expediente, el demandante acreditó el
siguiente tiempo de servicio, de conformidad con las pruebas relacionadas en el
capítulo de hechos probados:

78.1. Con ocasión de vinculaciones legales y reglamentarias, laboró: i) en la
Secretaría de Educación del Guaviare entre el 9 de febrero de 1983 y el 17 de marzo
de 1988: 4 años, 10 meses y 10 días [en virtud de la interrupción laboral de 88 días
prevista en la certificación información laboral del formato No. 1 proferida el 18 de
noviembre de 2015]47; ii) en la Escuela Rural La Cajita de Tibacuy [Cundinamarca]
entre el 30 de marzo de 1998 y el 15 de julio de 2008 [según la fecha de la resolución
de retiro]: 10 años, 3 meses y 15 días48; iii) en la Institución Educativa Departamental
República de Corea [Cundinamarca] entre el 1º de marzo de 2011 y el 9 de
septiembre de 201549: 4 años, 6 meses y 8 días; iv) en la Institución Educativa
Departamental Mixto Antonio Ricaurte – Sede principal entre el 25 de septiembre
de 2015 y el 17 de agosto de 202150 [fecha del documento mediante el cual certificó
el tiempo laboral e indicó que aún estaba activa en el servicio]: 5 años, 10 meses y
22 días.

47 Párrafo 61.2
48 Párrafo 61.5
49 Párrafo 61.5
50
Párrafo 61.5

29

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

79. Así las cosas, el demandante cumplió 55 años el 17 de abril de 2010, momento
para el cual contaba con 15 años, 1 meses y 25 días de servicio51, de manera que
fue hasta el 21 de enero de 2016 que adquirió el estatus pensional al completar 20
años de servicios. En ese orden se desvirtuó la presunción de legalidad del acto
demandado, puesto que se advierte que contrario a la decisión que adoptó el Fomag
a través de este, la situación pensional de Aldo Alfredo González Cristancho se
regía por las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985, en tanto era
beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003 y acreditó los
requisitos previstos en dichas normas para el reconocimiento de la prestación de
jubilación.

80. Además de lo anterior, el reconocimiento pensional se rige por las siguientes
reglas: i) una tasa de remplazo del 75% y ii) el ingreso base de liquidación se
determinará con base en lo devengado durante el año anterior a la fecha en la que
adquirió el estatus, con la inclusión de los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, estos son, asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio. Asimismo, deberán incluirse aquellos creados por la autoridad
competente como factor salarial para efectos pensionales y que haya devengado el
docente durante el periodo que se tendrá en cuenta para la liquidación.

81. En esas condiciones, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto
ordenó al Fomag reconocer a Aldo Alfredo González Cristancho una pensión de
jubilación de conformidad con lo dispuesto en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985,
esto es con el 75% del salario devengado durante el año anterior a la fecha en la
que adquirió el estatus, con la inclusión de los factores salariales que debieron servir
de base de cotización, de conformidad con lo previsto en la Ley 62 de 1985, así
como los creados a favor de los docentes con posterioridad a esta disposición que
tengan carácter prestacional.

82. Ahora bien, en el recurso de apelación el demandante sostuvo que adquirió el
estatus pensional el 18 de noviembre de 2016, por lo que tenía derecho a que su
pensión fuera liquidada incluyendo como factores salariales el 75% de la asignación
básica, bonificación pedagógica, bonificación mensual, horas extra y prima de
vacaciones.

51 Toda vez que entre el 9 de febrero de 1983 y el 17 de marzo de 1988 contaba con 5 años, 1 mes,

8 días y entre el 30 de marzo de 1998 y el 15 de julio de 2008 contaba con 10 años, 3 meses 15 días
e ingresó nuevamente hasta el 1º de marzo de 2011.

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

83. Con el fin de dar respuesta al mencionado cuestionamiento se precisa que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el restablecimiento del derecho en
los siguientes términos:

«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reconocer y pagar una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985 al
docente Aldo Alfredo González Cristancho identificado con cédula de ciudadanía No.
19.257.379 a partir del 18 de noviembre de 2016, cuya cuantía corresponderá al 75% de
los factores salariales sobre los cuales se hubieren efectuado aportes durante el año
anterior a la adquisición del estatus el cual está comprendido entre el 6 de octubre de
2014 a 9 de septiembre de 2015 y entre el 25 de septiembre de 2015 a 20 de octubre de
2015.»

84. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, la Sección Segunda de esta Corporación acogió el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben incluir para la liquidación
con el régimen de la Ley 33 de 1985, en ese sentido concluyó «[…] que se deben
tener en cuenta […] solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede
incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo».

85. La exégesis anterior debe ser entendida en el sentido de que los factores que
deberán incluirse en el ingreso base de liquidación de las pensiones son los
establecidos expresamente como factor salarial para efectos pensionales en la
norma que los creó o modificó. Esto, puesto que, si bien en aquella oportunidad se
limitó a estudiar los enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, no es posible
desconocer los creados por la autoridad competente con esa connotación. En otras
palabras, la interpretación de la taxatividad que se acogió jurisprudencialmente no
puede limitarse a una sola disposición, sino que debe entenderse bajo el principio
de legalidad, esto es que la autoridad competente describa de modo preciso que
será tenido en cuenta para efectos pensionales.

86. Ahora bien, como se indicó, el demandante adquirió el estatus pensional el 21 de
enero de 2016, por lo que, para el ingreso base de liquidación debían incluirse los
factores salariales devengados por él durante el año anterior, de conformidad con
la Ley 62 de 1985 y las normas que establecieran el régimen prestacional de los
docentes.

87. En ese orden, según el certificado de salarios, durante el año 2015 Aldo Alfredo
González Cristancho devengó los siguientes factores: asignación básica,
bonificación mensual, prima de navidad y subsidio de alimentación y entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2016 devengó: asignación básica, bonificación
mensual docente, horas extra adultos, subsidio de alimentación y las primas de

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

navidad y de servicios. De los anteriores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
62 de 1985, tenía derecho a que fueran incluidos para la liquidación de la prestación
la asignación básica y las horas extra.

88. En relación con bonificación mensual, se advierte que para el año 2015 fue
creada a través del Decreto 1272 de esa anualidad en los siguientes términos
«[c]réase para los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado
en los niveles de preescolar, básica y media, […] una bonificación, que se reconocerá
mensualmente a partir del primero (01) de enero de 2015 y hasta el treinta y uno (31)
diciembre de 2015, mientras el servidor público permanezca en el servicio». Asimismo, se
precisó que este emolumento «constituirá factor salarial para todos los efectos legales».

89. Así las cosas, pese a que la bonificación mensual no se encuentra enlistada en
la Ley 62 de 1985, el demandante tenía derecho a que fuera tenida en cuenta para
liquidar su pensión de jubilación, en tanto, fue creada de manera expresa por el
presidente de la República [autoridad competente] con esa connotación salarial. En
ese orden, aunque el tribunal no negó la inclusión de este factor, se modificará la
sentencia de primera instancia con el fin de precisar que para determinar el monto
de la prestación que se ordena reconocer se deberán tener en cuenta la asignación
básica y la bonificación mensual.

90. Ahora bien, como se explicó en líneas anteriores, el personal docente se
encuentra exceptuado de la prohibición de devengar doble asignación del erario, en
el entendido de que el reconocimiento y disfrute de la pensión no se encuentra
supeditado al retiro del servicio, es decir, están habilitados para percibir la mesada
pensional y continuar ejerciendo el cargo de docente hasta que llegue a la edad de
retiro forzoso. En ese orden, en el caso en estudio, Aldo Alfredo González
Cristancho tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión, de acuerdo con
las disposiciones contenidas en las leyes 33 y 62 de 1985, a partir de la fecha en la
que adquirió el estatus pensional, esto es, del 24 de octubre de 2015, sin que
debiera acreditar el retiro del servicio.

91. Finalmente, según las normas aplicables al caso concreto en torno a la
configuración del fenómeno jurídico de la prescripción, encuentra la sala que el
demandante adquirió el estatus pensional el 21 de enero de 2016, presentó la
solicitud de reconocimiento de la prestación el 23 de enero de 2018 y radicó la
demanda el 29 de noviembre de 2021, por lo que se configuró el fenómeno de la
prescripción respecto de las mesadas causadas antes del 29 de noviembre de 2018,
como lo indicó el a quo.

92. Así las cosas, se modificará el ordinal segundo de la sentencia objetada, en
cuanto a la fecha del estatus pensional y se confirmará en todo lo demás.

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

2.5. Costas

93. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

94. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

95. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma52.

96. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

97. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada.

3. Conclusión

98. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Aldo Alfredo González se
vinculó por primera vez al servicio público educativo oficial el 9 de febrero de 1983,
esto es antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, de manera que era
beneficiario del régimen de transición previsto en su artículo 81, por lo que su
situación pensional se regía por las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

y 62 de 1985.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 5 de mayo de
2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A y, en su lugar se dispone:

«Segundo: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación – Ministerio
de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y
pagar una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985 al docente Aldo
Alfredo González Cristancho a partir del 21 de enero de 2016, con efectividad a partir del
29 de noviembre de 2018, por prescripción trienal, con el 75% de lo devengado durante el
año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la inclusión de los factores
salariales que debieron servir de base de cotizaciones, estos son, asignación básica,
horas extra y bonificación mensual».

Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 5 de mayo de 2025
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Aldo
Alfredo González Cristancho en contra del Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

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Demandante: Aldo Alfredo González Cristancho

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

VMT

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