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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01030-02

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01030-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE 17 Sobre los conceptos de carga de la prueba, alcance técnico y mérito probatorio, puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 9 de julio de 2026, Rad. 41001-23-33-000-2019- 00360-01 (29.475). www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 25000-23-42-000-2021-01030-02 (4029-2024) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 22 de marzo de 2024 proferida por la Subsección B de la sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a favor de la señora Dilsa Patricia Latorre Puente. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría de Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-01030-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2021-01030-02 (4029-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Dilsa Patricia Latorre Puente

Tema: Pensión de sobrevivientes. Beneficiarios. Requisito de
convivencia durante los 5 años anteriores a la muerte del
causante. Actuación irregular o fraudulenta del solicitante. Carga
de la prueba.

Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia, al considerar que no
se probó actuación irregular y/o fraudulenta para acreditar el
requisito de convivencia.

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia del 22 de marzo de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El 30 de noviembre de 2021, la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) presentó demanda1 contra la señora Dilsa Patricia Latorre Puente,
con el fin de obtener la nulidad de la Resolución SUB273785 del 19 de octubre de
2018, por la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la demandada
la devolución de los dineros pagados en exceso – mesadas, retroactivo y aportes a
seguridad social en salud ($ 86.831.4152 COP).

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que mediante
Resolución No. 6273 de 24 de abril de 1997, modificada por la Resolución No.
10000 de 16 de septiembre de 1998, el Instituto de Seguros Sociales (ISS)
reconoció una pensión a favor del señor Andrés Gilberto Sáenz Velásquez, quien
falleció el 30 de junio de 2018.

3. El 6 de agosto de 2018, la señora Dilsa Patricia Latorre Puente solicitó la
sustitución de la mencionada prestación pensional.

1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

4. Mediante Resolución SUB273785 del 19 de octubre de 2018, Colpensiones
reconoció la pensión reclamada, con efectos fiscales desde el 1 de agosto de 2018
y un retroactivo por $ 5.482.398 COP.

5. El 7 de septiembre de 2018, Colpensiones recibió un reporte de la presunta
existencia de hechos fraudulentos y/o corrupción en el proceso administrativo de
reconocimiento pensional a favor de la demandada.

6. Mediante auto No. 0450-20 de 26 de junio de 2020, Gerencia de Prevención
de Fraude inició investigación administrativa especial en contra de la señora Latorre
Puente. En el marco de dicha investigación, se concluyó que la demandada indujo
a error a la entidad al aportar declaraciones extra-juicio que contienen
manifestaciones falsas, demostrándose que la señora Latorre Puente y el causante
estaban divorciados desde el 27 de marzo de 2012. Asimismo, se advirtió que si
bien los antes mencionados vivían juntos, lo hacían en habitaciones separadas sin
tener vínculo alguno en calidad de cónyuges y/o compañeros permanentes

7. Por Resolución SUB193584 del 11 de septiembre de 2020, se revocó la
Resolución SUB273785 del 19 de octubre de 2018. Decisión que fue confirmada a
través de las Resoluciones SUB11306 del 25 de enero de 2021 y DPE 545 de 2 de
febrero de 2021.

8. A través de Resolución SUB190894 del 13 de agosto de 2021, se fijó el
monto de $ 86.831.415 COP como valor pagado a la señora Latorre Puente y remitió
dicho acto administrativo a la Dirección de Procesos Judiciales de la entidad, para
iniciar las acciones legales pertinentes.

9. Como fundamento de la vulneración2, además de hacer algunas
consideraciones sobre el reconocimiento y revocatoria directa de las pensiones
concedidas de forma irregular, alegó que no se satisfizo el requisito de convivencia
que exige la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, razón por la cual
concluyó que la señora Dilsa Patricia Latorre Puente no tenía derecho a ser
reconocida como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que reclamó y en
consecuencia, dicha prestación fue producto de un actuar fraudulento y/o irregular
de la interesada.

10. Señaló que la investigación de campo realizada por el Consorcio COSINTE-
RM concluyó que la demandada no convivió, en calidad de cónyuge o compañera
permanente, con el señor Sáenz Velásquez durante los últimos cinco años de vida
de este.

11. Adujo que, en virtud del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), no le
era exigible el requisito de conciliación prejudicial.

2 Las normas que se invocaron como violadas fueron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,

modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

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Contestación de la demanda

12. La señora Latorre Puente se opuso a las pretensiones de la demanda y
formuló las excepciones de «cobro de lo no debido […] violación del debido proceso
y del derecho de defensa».

13. Indicó que las declaraciones extra-juicio son veraces, pues contienen
manifestaciones que reflejan la realidad de la relación permanente entre ella y el
causante desde el 10 de junio de 1994 hasta el 30 de junio de 2018. Aclaró que su
divorcio no fue ocultado y en la práctica, no cambió su relación.

14. Adujo que si bien vivían en habitaciones separadas por temas de salud,
siempre hubo la convivencia propia de una pareja de esposos y/o compañeros
permanentes.

15. Alegó que en la expedición de las Resoluciones SUB193584 del 11 de
septiembre de 2020, SUB11306 del 25 de enero de 2021 y DPE 545 de 2 de febrero
de 2021 se vulneró su derecho al debido proceso, en tanto no se siguió el
procedimiento establecido por la misma entidad.

16. Sostuvo que Colpensiones no subsumió sus reparos en alguna de las
casuales de nulidad de los actos administrativos que prevé la ley.

17. Manifestó que debían descartarse las declaraciones de las señoras Ligia de
San José y Beatriz Elena Sáenz Velásquez comoquiera que la primera tiene su
domicilio en Medellín y la segunda esta domiciliada desde hace 50 años en Nueva
York (USA) y las entrevistas practicadas a Liliana Sáenz Urrego3 y Francisco
Asdrúbal Gómez Pastor4 no tienen el carácter de pruebas. Asimismo, cuestionó las
entrevistas de las señoras Edna Nayibe García Navarro, secretaria del señor Sáenz
Velásquez, y la señora Ana Judith Cortés de Lozano, empleada doméstica, entre
otros, porque no podían dar razón de la relación en pareja dados sus horarios
laborales de 9:00 am a 5:00 pm., y 10:00 am a 4:00 pm., respetivamente. Incluso la
señora Cortés de Lozano se retiró laboralmente en el 2015.

18. Señaló que en el proceso administrativo reposaban las declaraciones extra-
juicio de las señoras Martha Mireya Aldana y Carmen Patricia Chiriví Pinzón, que
coinciden en que la pareja Sáenz Velásquez – Latorre Puente compartieron techo,
lecho y mesa hasta el deceso del causante. En el mismo sentido, también las
entrevistas de Martha Stella Sáenz Restrepo5, Gloria Helena Sáenz Restrepo6 y
Edilia Restrepo de Sáenz7.

3 Hija del causante.
4 Amigo del causante.
5 Sobrina y médico de confianza del causante.
6 Sobrina del causante.
7 Cuñada del causante.

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19. Expuso que el señor Sáenz Velásquez estuvo enfermo 2 meses antes de
su muerte y fue solo durante este periodo que su hija, la señora Sáenz Urrego, lo
acompañó de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm., razón por la cual no puede
dar cuenta de la relación en pareja por fuera de ese horario o antes de aquel lapso.

20. Finalmente, puso de presente la existencia de 2 procesos judiciales. De un
lado, uno ante la jurisdicción ordinaria en el que ella es la demandante contra
Colpensiones para que se declare sin efectos la resolución que revocó el
reconocimiento pensional8 9. Del otro, uno en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en el que igualmente ella es la demandante, pero contra el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia para obtener el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes10

Sentencia apelada

21. Mediante sentencia de 22 de marzo de 2024, la Subsección B de la sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda.

22. Sostuvo que si bien existe la anotación en el registro civil de la señora
Latorre Puente sobre su divorcio con el causante en el año 2012, conforme a las
normas aplicables y la jurisprudencia de las Altas Cortes, ese hecho por sí solo no
enerva el derecho con el que ella cuenta para reclamar la prestación, pues lo que
resulta determinante para este asunto es la permanencia del vínculo afectivo y moral
entre la pareja. Aunado a ello, indicó que era necesario tomar en consideración las
declaraciones del señor Mario André Sáenz Latorre, hijo en común de la señora
Latorre Puente y el señor Sáenz Velásquez, según las cuales ello se hizo para
salvaguardar los bienes de la familia ante eventuales situaciones derivadas de la
profesión de su padre como abogado litigante y, en especial, frente a un caso que
llevaba para esa época.

23. Señaló que dicho hecho no fue ocultado por la demandada, pues con la
solicitud de reconocimiento pensional se allegó dicho registro civil con la respectiva
nota marginal e, incluso, fue objeto de pronunciamiento en el informe técnico de
investigación emitido por el Consorcio COSINTE-RM.

24. Asimismo, destacó que los testimonios de los señores Pedro Gómez11,
Mauricio Valderrama Gómez12, Luz Patricia Rodríguez Ardila13, Luis Enrique
Barragán14, Gloria Helena Sáenz y Martha Stella Sáenz Restrepo coincidieron en

8 Rad. 11001-31-05-019-2021-00255-00.
9 Frente al proceso en el que se cuestionó la resolución de revocatoria, mediante auto de 25 de

septiembre de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió no acumular este al proceso de la referencia.
10 Rad. 11001-33-35-018-2020-00238-00.
11 Trabajador del edificio donde residía la pareja.
12 Vecino.
13 Amiga de la familia.
14 Amigo de la familia.

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que la pareja de esposos convivió hasta la fecha de fallecimiento del causante.
Advirtió igualmente que en el mismo sentido fueron las manifestaciones hechas por
las señoras Carmen Patricia Chiriví Pinzón y Martha Mireya Aldana Sandoval en las
entrevistas que se llevaron a cabo en la investigación administrativa.

25. Sostuvo que las declaraciones hechas en el marco de la investigación
administrativa por las hermanas y la hija del causante dieron cuenta de poca
cercanía de ellas con la familia Sáenz Latorre y, por lo tanto, no pueden dar razón
de la situación real, el diario vivir, ni modo de comportarse entre estos.

26. Frente a las declaraciones rendidas por las señoras Edna Nayibe García
Navarro y Ana Judith Cortés de Lozano, estimó que si bien ellas podrían tener
tratado directo con la pareja, no podía perderse de vista que sus horarios laborales
no coincidían con los tiempos que permanecía la demandada, comoquiera que esta
última trabajada en la Procuraduría General de la Nación cumpliendo su respectivo
horario.

27. Adujo que el hecho de dormir en habitaciones separadas no desvirtuaba la
convivencia entre esposos, pues siguieron compartiendo la mayoría de sus
actividades (viajes, celebraciones, visitas, entre otros).

28. A partir de lo anterior, concluyó que la señora Dilsa Patricia Latorre Puente
si tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión reclamada.

29. Finalmente, condenó en costas a la parte demandante.

Recurso de apelación

30. Colpensiones insistió en los argumentos de la demanda. Adujo que la
sustitución pensional fue indebida dado que la misma se hizo con base en hechos
fraudulentos. Señaló que ninguno de los testigos dio certeza de la real convivencia
entre la señora Latorre Puente y el señor Sáenz Velásquez, dado que los
declarantes fueron meros «conocidos» y no amigos íntimos, y no frecuentaban la
casa del causante con regularidad,

31. Agregó que debía haberse dado el valor probatorio que correspondía a las
declaraciones de las señoras Edna Nayibe García Navarro, Ana Judith Cortés de
Lozano y Ligia de San José Sáenz Velásquez como terceras imparciales. Cuestionó
las manifestaciones hechas por el señor Mario André Sáenz Latorre, pues como hijo
de la demandada y abogado de profesión tenía manejo sobre esa clase de
diligencias (recepción de testimonios) para lograr beneficiar a su madre.

32. Asimismo, sostuvo que no se demostró que existiera un pleito de orden
laboral entre la señora García Navarro y el causante, la demandada y/o su hijo.
Manifestó que en todo caso, el señor Sáenz Latorre indicó que entre sus padres

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había un trato cordial, el cual difiere del concepto de convivencia entre cónyuges
y/o compañeros permanentes

33. Indicó que al haberse negado las pretensiones, se afectó la sostenibilidad
del sistema pensional, pues se impide recuperar dineros que pagados a quien no
tenía derecho a recibirlos.

34. Frente a la condena en costas, estimó que debía revocarse por cuanto lo
pretendido por la entidad era corregir errores advertidos en la expedición de actos
administrativos de reconocimiento pensional.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

35. Mediante auto de 7 de octubre de 2024, corregido por auto de 5 de
diciembre de 2024, se admitió el recurso de apelación contra la sentencia de 22 de
marzo de 2024.

36. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

37. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Problema jurídico

38. Corresponde a la Sala determinar si la señora Dilsa Patricia Latorre Puente
incurrió en algún actuar irregular y/o fraudulento para acreditar los requisitos legales
para acceder a la sustitución de la pensión de vejez que en vida devengaba el señor
Andrés Gilberto Sáenz Velásquez, en particular, la acreditación del presupuesto
de convivencia. En el evento en el que la respuesta a este interrogante sea
negativa, deberá establecerse si hay lugar o no a ordenar la devolución de valores
pagados.

Análisis del problema jurídico

39. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 22 de marzo de
2024 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al considerar que no logró acreditarse que la
demandada hubiere incurrido en actuar irregular o fraudulento frente al requisito de
convivencia que se exige para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.

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40. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para acceder a
la pensión de sobrevivientes (reglas igualmente aplicables tratándose de
sustituciones pensionales), el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite deberá acreditar la existencia de vida marital con el causante hasta su
muerte, así como la convivencia no inferior a 5 años continuos inmediatamente
anteriores al deceso. A su turno, igualmente se prevén 2 hipótesis determinadas por
la edad del beneficiario y la existencia o no de los hijos en común, a partir de los
cuales se define el carácter temporal o vitalicio de la pensión.

41. Revisado el expediente digital, logra advertirse que las pruebas aportadas
por la parte demandante y debidamente incorporadas al proceso corresponden a
los actos administrativos demandados y las actuaciones administrativas surtidas
durante el trámite de la investigación administrativa especial que dio lugar a la
revocatoria del reconocimiento pensional (IAE No. 244-20).

42. En dicho trámite administrativo reposan, entre otros, las declaraciones
hechas por las señoras Rosa María Ayala Álzate15, Stella Sáenz Velásquez y Beatriz
Elena Sáenz de Aguirre, y el señor Francisco Asdrúbal Gómez Pastor, quienes
coinciden en señalar que entre la pareja Sáenz Velásquez – Latorre Puente no
había convivencia después de su divorcio. Estas están contenidas en documentos
privados que fueron autenticados ante notaria, pero no fueron ratificadas durante el
proceso.

43. Asimismo, obran las declaraciones extra-juicio16 de las señoras Dilsa
Patricia Latorre Puente, Martha Mireya Aldana Sandoval y Claudia Patricia Chiriví
Pinzón, quienes indicaron que entre la primera y el señor Sáenz Velásquez existió
una comunidad de vida y compartieron techo, lecho y mesa hasta la fecha de muerte
del causante. Además, se observan, entre otros, el contrato laboral a término
indefinido de la señora Edna Nayive García Navarro de 1 de enero de 2007, en el
que se estableció como horario laboral de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm.;
un certificado expedido por la sociedad Jardines de Paz SA, en el que se indica que
el señor Sáenz Velásquez era beneficiario de un plan exequial adquirido por la
señora Liliana Sáenz Urrego el 1 de junio de 2018; el registro de defunción del
causante; y el registro civil de la señora Latorre Puente con la nota sobre el divorcio
con el señor Sáenz Velásquez en el 2012.

44. Sin embargo, en el expediente administrativo allegado como prueba en este
proceso no reposan las pruebas que respaldan el informe rendido por la firma
COSINTE LTDA en el 2020 (COLCO-231338), que, a su turno, sirvió de fundamento
para dar apertura a la investigación administrativa especial adelantada por
Colpensiones contra la señora Latorre Puente.

15 Quien manifestó vivir en Medellín y se amiga del señor Sáenz Velásquez.
16 Rendidas ante notario en Bogotá.

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45. En lo que respecta a los testimonios practicados en la audiencia de pruebas
de 23 de enero de 2024, se tiene que la señora Luz Patricia Rodríguez Ardila y los
señores Luis Enrique Barragán Amaya, Mario André Sáenz Latorre y Mauricio
Valderrama Gómez concuerdan en que si existió convivencia entre la señora Latorre
Puente y el señor Sáenz Velásquez, que compartieron el mismo techo hasta el día
de la muerte de este último en la ciudad de Bogotá, que dicha relación fue
interrumpida, que existió apoyo entre ellos, y que durante la enfermedad del
causante quien lo acompañó fue la demandada.

35. En ese orden, se tiene entonces que la parte demandante no allegó las
pruebas suficientes que permitan la verificación los hechos en que sustentó la
revocatoria directa del acto por el cual se reconoció la pensión de sobreviviente,
esto es, el presunto actuar irregular y/o fraudulento de la señora Latorre Puente. Lo
anterior se justifica en que las conclusiones de la Administración durante la
investigación especial no constituyen, por sí solas, prueba de los hechos afirmados
dentro del proceso judicial. Tales conclusiones debían estar respaldadas por los
respectivos medios de prueba, los cuales debían haber sido debidamente
incorporados al expediente de la referencia, en el cual tal como se reseñó obran
elementos de juicio que permiten dar por satisfecho el requisito de convivencia que
exige la ley para el reconocimiento pensional que aquí se estudia.

36. A partir de lo anterior, la Sala advierte, como lo hizo el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que no se acreditó dentro de este juicio subjetivo
de legalidad una conducta irregular o fraudulenta imputable a la señora Dilsa
Patricia Latorre Puente, pues, por el contrario, quedó acreditado que si existió
comunidad de vida entre ella y el causante durante los 5 años anteriores al
fallecimiento de este último. En efecto, al expediente judicial no fueron incorporados
las pruebas que, según la entidad, demostraban la interrupción definitiva de la
convivencia de la demandada con el causante.

37. En otras palabras, aunque Colpensiones sostuvo que durante la actuación
administrativa quedó demostrado el incumplimiento del requisito de convivencia,
dicha conclusión no puede tenerse por acreditada dentro de este proceso judicial
únicamente a partir de los actos administrativos y de las conclusiones consignadas
en los informes al interior de la actuación administrativa.

38. Frente a los reparos de la apelación, debe indicarse que, contrario a lo
afirmado por Colpensiones

(i) La señora Rodríguez Ardila, sí manifestó haber tenido una amistad intima
con la pareja Sáenz Velásquez – Latorre Puente por más de 30 años, habiendo
conocido primero al señor Sáenz Velásquez jugando tenis, luego a la señora
Latorre Puente e, incluso, compartieron vacaciones en un paseo juntos;

(ii) Pese a que los señores Barragán Amaya y Valderrama Gómez no
invocaron una amistad intima si dieron cuenta de las razones por las cuales
conocían de tiempo atrás a la pareja, así como la forma en la que está se

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relacionaba entre sí, pues, de un lado, el señor Barragán Amaya trabajó por
25 años con la demandada y sus hijos compartían frecuentemente y, del otro,
el señor Valderrama Gómez tuvo la oportunidad de conocerlos como vecinos
desde el año 2009;

(iii) El tribunal sí tuvo en cuenta las manifestaciones de quienes fueron
empleadas del señor Sáenz Velásquez (secretaria y empleada doméstica),
rendidas en el marco del trámite administrativo, solo que las valoró a partir de
la naturaleza de dichas relaciones y las condiciones de tiempo y lugar de estas;

(iv) Revisada la página consulta de procesos de la Rama Judicial, sí existen
2 procesos en los que la señora Edna Nayive García Navarro presenta
demanda de carácter laboral contra el señor Sáenz Latorre, tal como este lo
afirmó en su declaración;

(v) La declaración del señor Sáenz Latorre fue enfática en señalar que entre
la señora Latorre Puente y el señor Sáenz Velásquez existió comunidad de
vida y apoyó permanente hasta el día de la muerte de este último. No resulta
razonable concluir que la relación se redujera a un trato meramente cordial,
pues ello no fue lo que afirmó el declarante; y

38. En consecuencia, se tiene por acreditado el requisito en comento ante
hechos tales como convivencia bajo el mismo techo, el acompañamiento en
enfermedad, las relaciones familiares y las actividades comunes.

39. Sobre el argumento relativo a la afectación de la sostenibilidad y/o
estabilidad fiscal del sistema pensional, la Sala observa que no es más que una
mera afirmación sin sustento probatorio. La invocación de aquel principio no releva
a la entidad del cumplimiento de las cargas probatorias que le asisten dentro del
proceso. Aun cuando la finalidad perseguida consista en proteger recursos públicos,
la prosperidad de las pretensiones exige demostrar los supuestos que sustentan la
ilegalidad alegada.

40. En ese sentido, Colpensiones, en los términos del artículo 167 del CGP, no
probó los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
perseguía y, en consecuencia, se concluye que no se demostró ni la existencia de
una actuación fraudulenta atribuible a la demandada ni el incumplimiento del
requisito legal de convivencia. Debe aclararse que el análisis efectuado no implica
un pronunciamiento sobre la legalidad de las resoluciones que revocó el
reconocimiento pensional, pues dicho acto administrativo no fue demandado en el
proceso de la referencia.

41. La carga de la prueba no se satisface con la mera presentación de medios
de prueba (documentos), si (i) sobre estos la parte no explica con suficiencia el
alcance y mérito de cada uno de ellos para probar el supuesto de las normas cuya
consecuencia jurídica persigue o (ii) los mismos (entiéndase los medios de prueba),

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simplemente, no cuentan con dichos atributos (alcance técnico y mérito
probatorio)17.

46. En mérito de lo expuesto, existen razones suficientes para confirmar la
decisión que negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

47. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos.

49. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirán conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

50. En consecuencia, se confirmarán la condena en costas de primera instancia
y se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, porque
Colpensiones resultó vencida en el proceso, toda vez que no se accedió a las
súplicas de la demanda ni a las del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

17 Sobre los conceptos de carga de la prueba, alcance técnico y mérito probatorio, puede consultarse:

Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 9 de julio de 2026, Rad. 41001-23-33-000-2019-
00360-01 (29.475).

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 25000-23-42-000-2021-01030-02 (4029-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 22 de marzo de
2024 proferida por la Subsección B de la sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a favor de la señora Dilsa Patricia
Latorre Puente. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el
despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría de Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 11
Bogotá D.C. – Colombia

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