Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01040-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01040-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-01040-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2021 01040 01 (0275-2023)
Demandante: Ismael García Vargas
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Tema: Reliquidación de asignación de actividad. Prima de vuelo. Subsidio de
familia.
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia y se impone la condena
en costas al demandante.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
de primera instancia expedida el 14 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. El accionante instauró demanda en ejercicio del medio de control de la referencia
con el objeto de que se declare la nulidad de los actos S – 2021 – 013277 - DIRAN del 3
de febrero de 2021 y 629182 del 5 de febrero de 2021, mediante los cuales se negó su
petición.
2. A título de restablecimiento del derecho reclamó el reconocimiento y pago de la
prima de vuelo y el subsidio familiar al tenor de lo previsto en el Decreto 1212 de 1990.
Asimismo, pidió la reliquidación de la asignación de retiro incluyendo los emolumentos
solicitados y la indexación de la condena.
3. Adujo que se vinculó con la Policía Nacional el 28 de agosto del 2000 e ingresó al
escalafón del nivel ejecutivo el 1o de septiembre de 2001 y mediante las Resoluciones
01312 del 12 de mayo de 2020 y 4459 del 28 de julio de 2020 fue retirado del servicio y
se reconoció su asignación de retiro, respectivamente. Mencionó que el 24 de enero de
2021 presentó reclamaciones con el fin de lograr el reconocimiento y pago de la prima de
vuelo y del subsidio familiar, así como la reliquidación de su asignación de retiro, pero
fueron negadas mediante los actos acusados, los cuales se deben declarar nulos ya que
violan el principio de igualdad, pues a pesar de cumplir con los requisitos que dispone el
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www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000 23 42 000 2021 01040 01 (0275-2023)
Demandante: Ismael García Vargas
Decreto 1212 de 1990 no se concedieron tales derechos, a diferencia de otro grupo de
trabajadores que ejercen sus mismas funciones y sí los perciben.
Contestaciones de la demanda1.
4. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se opuso a las pretensiones
de la demanda alegando que la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro
no está prevista en la normativa vigente aplicable al personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional. Además, puntualizó que la prima de vuelo solo estaba prevista para los
oficiales, suboficiales y agentes, más no para quienes pertenecen al régimen
mencionado. Formuló la excepción de inexistencia del derecho.
5. Por su parte la Policía Nacional se opuso a las pretensiones al considerar que ha
pagado los salarios y prestaciones de conformidad con la normativa vigente para el nivel
ejecutivo de la entidad, además los emolumentos reclamados no están previstos para
ese personal. Propuso las excepciones de ausencia de norma legal que otorgue lo pedido
por el demandante, inexistencia del derecho a la prima de vuelo y al subsidio familiar,
legalidad de los actos y prescripción extintiva.
Sentencia apelada2.
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones del
demandante; consideró que el marco normativo que regula los salarios y prestaciones
sociales del nivel ejecutivo de la Policía Nacional se encuentra vigente; además, con base
en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional no existe una
transgresión al principio de igualdad al no reconocer la prima de vuelo y el subsidio
familiar, pues el régimen salarial del nivel ejecutivo y de los oficiales y suboficiales de la
entidad están claramente diferenciados por funciones, organización interna, forma de
ingreso, ascenso y retiro. Por último, se abstuvo de condenar en costas.
Recurso de apelación.
7. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación3, en el
que sostuvo que se incurrió en violación del principio de igualdad debido a que no existe
una diferencia en las actividades desempeñadas que justifique el trato diferencial entre
los trabajadores del régimen del nivel ejecutivo y los oficiales, suboficiales y agentes.
Agregó que el a quo no motivó su decisión ya que no incluyó la debida argumentación
respecto de cada emolumento que se reclamó.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
8. Mediante auto del 25 de mayo de 20234 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el demandante. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se
pronunció solicitando que se confirme la sentencia de primera instancia, pues el a quo sí
1 Índice 2 de SAMAI.
2 Íbidem.
3 Íbidem.
4 Índice 4 de SAMAI.
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Demandante: Ismael García Vargas
incluyó argumentos encaminados a justificar el trato diferente entre los regímenes
salariales de la Policía Nacional; además, dicha postura ha sido estudiada en el
precedente del Consejo de Estado5.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia.
9. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico.
10. En concordancia con los reparos concretos formulados en el recurso de
apelación, esta Sala debe determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no
examinó la posible violación del principio de igualdad entre los miembros del nivel
ejecutivo frente a los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, pues aunque
no existe diferencia en las actividades desempeñadas, estos últimos perciben la prima
de vuelo y subsidio familiar y aquellos no. De otro lado, se examinará si el Tribunal se
abstuvo de exponer argumentos puntuales para negar cada uno de los emolumentos
reclamados.
Análisis del problema jurídico
11. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia que confirmará la sentencia de
primera instancia, pues los miembros del nivel ejecutivo no tienen derecho a la prima y
subsidio reclamados, circunstancia que no afecta el derecho a la igualdad invocado por
el recurrente y le impondrá costas en segunda instancia.
12. El problema jurídico se centra en que el Tribunal omitió pronunciarse acerca de
la presunta vulneración del derecho a la igualdad de los miembros del nivel ejecutivo,
frente a los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, pues a estos últimos
sí se les reconoce la prima de vuelo y el subsidio familiar. La anterior apreciación no es
cierta pues el Tribunal sí examinó ese aspecto, al punto que consideró que «tal
circunstancia en criterio de la Sala no configura por sí misma, la vulneración del derecho
a la igualdad de las familias de los uniformados como lo alega el demandante»6.
13. En la argumentación de la sentencia apelada también se sostuvo que «la
condición esencial es que exista un tratamiento diferenciado a dos personas o grupos de
personas que se encuentren en idénticas situaciones de hecho» y los dos grupos objeto
de comparación son «claramente diferenciables en cuanto a niveles, grados, tareas y
5
Índice 9 de SAMAI
6 Lo anterior, al referirse a la omisión de incluir el subsidio familiar, como partida computable para
determinar la asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo.
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Demandante: Ismael García Vargas
responsabilidades asignadas, cuyo régimen de ingreso, ascenso, retiro, remuneración y
prestaciones, se encuentra previsto igualmente en estatutos disímiles». Además, agregó
que el hecho de que se dé un tratamiento diferenciado no implica, per se, la vulneración
de ese derecho. En ese contexto, resulta desacertado el argumento del recurrente, pues
en la sentencia apelada sí se analizó ese aspecto.
14. Igual ocurre con el reproche consistente en que no hubo una argumentación
específica respecto de cada uno de los emolumentos que se reclamaron, pues en lo que
respecta al subsidio familiar, el Tribunal fue claro en señalar que las normas que regulan
esa materia tanto para los miembros del nivel ejecutivo en actividad, como para aquellos
que se han retirado de la institución y disfrutan la asignación de retiro, gozan de
presunción de legalidad y si bien en estos no se consideran partida computable para la
liquidación de la prestación de retiro, no es procedente inaplicar la norma que así lo
dispuso. Por otra parte, en cuanto a la prima de vuelo señaló que «únicamente se
encuentra prevista en la norma que regula el régimen salarial de los suboficiales y
oficiales de la institución y no para los integrantes del nivel ejecutivo».
15. En el anterior contexto, no prosperan los argumentos del demandante acerca de
la falta de sustentación del Tribunal, acerca de los puntos que se expusieron en el
recurso. Con todo, la Sala considera oportuno hacer referencia a la jurisprudencia de la
Corporación7 sobre la materia, así:
Respecto a los criterios válidos que pueden justificar una diferenciación salarial, la
jurisprudencia constitucional ha permitido, entre otros, los siguientes: (i) criterios objetivos
de evaluación y desempeño; (ii) diferencias de la estructura institucional de las
dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie
análogos; y (iii) distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan
diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para
acceder a dichos empleos.
Retomando el hilo de la argumentación, en los párrafos precedentes de esta providencia
se estableció, que desde el punto de vista funcional, los miembros del Nivel Ejecutivo de
la Policía Nacional normalmente no desempeñan actividades aeronáuticas, circunstancia
que a juicio de esta Sala constituye razón objetiva y suficiente para que las normas que
regulan la «prima de vuelo» en la Policía Nacional, esto es, los Decretos 1212 de 1990,109
400 de 1992 y 443 de 2004, nunca hubieren establecido que quienes integren la referida
carrera del Nivel Ejecutivo sean beneficiarios de dicha prestación.
[…]
En conclusión, debido a que existen objetivas diferencias en materia de ingreso,
funciones, jerarquía y ascensos entre el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y las demás
carreras o escalafones de dicha institución, para esta Corporación no se vulnera el
derecho a la igualdad y del principio «a trabajo igual, salario igual», por el hecho de que
el Gobierno Nacional, no hubiese contemplado la «prima de vuelo» -en los Decretos
Reglamentarios 1091 de 1995 y 1858 de 2012- como partida computable en las
asignaciones salariales, prestacionales y de retiro de los miembros del Nivel Ejecutivo,
pues, ello es justamente la materialización, el resultado o reflejo de las diferencias
señaladas.
16. Lo anterior, se traduce en la existencia de diferencias operativas y estructurales
entre los trabajadores del nivel ejecutivo y los oficiales, suboficiales y agentes de la
7
Sentencia del 27 de agosto de 2020, radicación 11001 03 25 000 2013 01011 00 (2268-2013) consejera ponente,
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Ismael García Vargas
entidad demandada que justifican su distinción salarial y prestacional. En tal sentido, el
actor no tiene derecho a los emolumentos solicitados, pues al encontrarse previstos en
el Decreto 1212 de 1990 no le son aplicables al personal del nivel ejecutivo, que cuenta
con una regulación diferente, con prestaciones sociales y salariales específicas.
17. Con base en lo expuesto, se concluye que el Tribunal no erró al decidir que el
actor no tenía derecho a los emolumentos pretendidos en la demanda, pues tal
circunstancia obedece a que pertenece a un régimen salarial diferente al que contiene
tales partidas computables y ello no constituye violación del principio de igualdad; en
consecuencia, no prospera el reparo del apelante.
Condena en costas.
18. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
19. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
20. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
21. En consecuencia, se impondrán costas en segunda instancia al demandante, por
cuanto no prosperaron los reproches del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia expedida el 14 de septiembre
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante, de
conformidad con lo expuesto en la providencia.
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Radicación: 25000 23 42 000 2021 01040 01 (0275-2023)
Demandante: Ismael García Vargas
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DVM
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