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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00021-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00021-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Confirmar la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 17 de febrero de 2025, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Gloria Elia Rodríguez Cortes contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). 26 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. 14 Radicación: 25000234200020220002101 (0890-2025) Demandantes: Gloria Elia Rodríguez Cortes Demandado: UGPP Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00021-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00021-01 (0890-2025)
Demandante: Gloria Elia Rodríguez Cortes
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia sin cumplimiento de requisito de tiempo. Subtema: invalidez no
habilita el reconocimiento de la pensión gracia cuando no se acredita el tiempo mínimo de
servicio.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de febrero de 2025, que negó
las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Gloria Elia Rodríguez Cortes presentó demanda contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (en adelante UGPP) para lograr la nulidad de los actos administrativos que
le negaron la pensión gracia. La sentencia apelada negó las pretensiones al
considerar que la docente no cumplió con el tiempo exigido en la ley, el cual se
aplica, incluso, cuando se alegan afectaciones de salud o discapacidad, tal como
lo precisó la sentencia del 29 de mayo de 2024 proferida por esta Sección.

2. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

2.1.1. Pretensiones

1. Gloria Elia Rodríguez Cortes, mediante apoderado judicial, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 14 de
enero de 2022, con las siguientes pretensiones1:

1 Samai, Gestión en otros despachos, tribunal, índice 2, archivo 3312 KB, 02.DEMANDA, folio 1 al 2.

Radicación: 25000234200020220002101 (0890-2025)
Demandantes: Gloria Elia Rodríguez Cortes
Demandado: UGPP

(i) Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 015354 del 21 de junio de
20212, que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia; y RDP 021438
del 23 de agosto de 20213, por medio del cual la UGPP resolvió de manera
negativa el recurso de apelación. Lo anterior, «toda vez que de conformidad
con los certificados de tiempos de servicio obrantes en el cuaderno
administrativo no se logró demostrar que la peticionaria hubiere laborado como
mínimo 20 años como docente».

(ii) Ordenar a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
demandante por reunir los requisitos previstos en las leyes 114 de 1913, 116
de 1928 y 37 de 1933, pues, aunque no completó los 20 años de servicio por
el retiro causado con motivo de la pérdida de la capacidad laboral, cumplió más
del 75 % del tiempo exigido, circunstancia que le permite acceder a la
prestación.

(iii) Condenar en costas a la entidad demandada.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

(i) Nació el 25 de septiembre de 1950, por lo que cumplió 50 años el 25 de
septiembre del 2000.
(ii) Mediante la Resolución 02909 del 20 de octubre de 20054, le fue
reconocida una pensión de invalidez, a partir del 1 de junio de 2005, por
padecer una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 96 %.
(iii) Laboró en calidad de docente con vinculación distrital en los siguientes
períodos: del 21 de febrero de 1980 al 30 de noviembre de 1980; del 24
de febrero de 1981 al 30 de noviembre de 1981; del 2 de mayo de 1985 al
30 de noviembre de 1985; del 21 de marzo de 1986 al 30 de noviembre de
1986; del 9 de marzo de 1987 al 30 de noviembre de 1987; del 4 de marzo
de 1988 al 30 de noviembre de 1988; del 15 de marzo de 1989 al 30 de
noviembre de 1989; del 23 de abril de 1990 al 30 de noviembre de 1990;
del 27 de julio de 1992 al 30 de noviembre de 1992; del 14 de abril de 1993
al 7 de junio de 1993; y finalmente, del 8 de junio de 1993 al 1.º de junio
de 2005. Los periodos laborados descritos arrojan un total de 18 años, 1
mes y 7 días.
(iv) El 21 de abril de 2021, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia ante
la UGPP; reclamación que fue negada mediante Resolución RDP 015354
del 21 de junio de 2021, al considerar que la demandante no cumplió con
el tiempo de servicio exigido por la ley.

2 Samai, Gestión en otros despachos, tribunal, índice 2, archivo 3312 KB, 02.DEMANDA, folios 19 al 20.
3 Samai, Gestión en otros despachos, tribunal, índice 2, archivo 3312 KB 02.DEMANDA, folios 21 al 23.
4 Samai, Gestión en otros despachos, tribunal, índice 2, archivo 3312 KB, 02.DEMANDA, folios 25 al 27.

2

Radicación: 25000234200020220002101 (0890-2025)
Demandantes: Gloria Elia Rodríguez Cortes
Demandado: UGPP

(v) La UGPP confirmó la decisión denegatoria mediante la Resolución RDP
021438 del 23 de agosto de 2021, que resolvió el recurso de apelación.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La actora citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política,
artículos 2, 13, 25, 53 y 58; Ley 114 de 1913; Ley 116 de 1928; Ley 37 de 1933; Ley
43 de 1975; Ley 91 de 1989; Ley 60 de 1993; Ley 715 de 2001 y Código Sustantivo
del Trabajo.

4. En el concepto de violación, la demandante afirmó que la imposibilidad de
completar los veinte años de servicio obedeció a una causa de fuerza mayor
derivada de la pérdida de la capacidad laboral del 96 %, por lo que debía aplicarse
el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 constitucional. Indicó que logró
acreditar más de dos terceras partes del tiempo mínimo exigido, evento en el cual
la jurisprudencia del Consejo de Estado ha permitido el reconocimiento de la
prestación, tal y como lo resolvió la sentencia del 30 de septiembre de 20105, en la
que reconoció la pensión gracia con menos de 20 años de servicio, al constatar que
el retiro por invalidez impidió completar la totalidad del tiempo.

5. Precisó que, conforme lo dispuesto en la jurisprudencia de unificación de la
Sección Segunda del Consejo de Estado del 22 de enero de 2015 6, la expresión
«docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» no exige un vínculo vigente
en esa fecha, por lo que la falta de continuidad no constituye causal de pérdida del
derecho pensional. Además, afirmó que el tiempo servido como docente de hora
cátedra, en interinidad o por contrato de prestación de servicios también es válido
para acceder al derecho pensional.

6. Asimismo, señaló que la pensión gracia es compatible con la pensión de
invalidez según lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia reiterada del
Consejo de Estado que señala la naturaleza disímil de ambas prestaciones, pues
las pagan entidades diferentes y no existe norma que establezca su
incompatibilidad. Con fundamento en ello, afirmó que la UGPP incurrió en una
interpretación restrictiva de la ley, que desconoce la finalidad compensatoria del
régimen especial.

2.2. Contestación de la demanda

7. El apoderado de la UGPP propuso las excepciones de inexistencia de la
obligación, cobro de lo no debido y prescripción de las mesadas. Afirmó que el
reconocimiento de la pensión gracia es improcedente porque la señora Gloria Elia

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30

de septiembre de 2010, Rad. 17001-23-31-000-2007-00187-01 (1067-09), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 22

de enero de 2015, Rad. 25000-23-42-000-2012-02017-01 (0775-14), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Radicación: 25000234200020220002101 (0890-2025)
Demandantes: Gloria Elia Rodríguez Cortes
Demandado: UGPP

Rodríguez Cortes no acreditó el requisito de 20 años de servicio en plazas docentes
del orden territorial o nacionalizadas, solo cuenta con 19 años, 3 meses y 18 días.
Añadió que correspondía a la demandante demostrar los hechos en que sustenta la
solicitud, incluido el tiempo mínimo de servicio docente y la naturaleza territorial o
nacionalizada de la vinculación.

8. Respecto de la excepción de prescripción, el apoderado indicó que, si bien el
derecho a solicitar el reconocimiento de la pensión es imprescriptible, frente a las
mesadas causadas tres años antes de la presentación de la reclamación opera el
fenómeno prescriptivo previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969. Agregó
que los intereses moratorios solo proceden cuando existe mora en el pago de una
pensión ya reconocida, por lo que no son exigibles en este caso, pues no existe una
obligación pensional a cargo de la UGPP7.

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 17 de
febrero de 2025, negó las pretensiones y se abstuvo de imponer condena en costas.
Al sustentar la decisión, tuvo en cuenta la certificación expedida por la Secretaría
de Educación de Bogotá, mediante la cual se acredita que la demandante prestó
servicios como docente «desde el 21 de febrero de 1980 al 7 de junio de 1993,
mediante vinculaciones temporales», y desde el 8 de junio de 1993 hasta el 31 de
mayo de 2005, como docente titular en propiedad, por lo que acumuló 19 años, 3
meses y 18 días de servicio. En consecuencia, consideró que la actora no cumplió
el tiempo de servicio en plazas del orden territorial o nacionalizado, indispensable
para acceder a la pensión gracia8.

10. Asimismo, precisó que, aunque en decisiones previas el Consejo de Estado ha
aplicado cierta flexibilidad frente al requisito de tiempo de servicio cuando el retiro
se produce por pérdida de capacidad laboral, esta postura fue unificada y rectificada
mediante sentencia del 29 de mayo de 20249, en la que se dispuso que la invalidez
no exonera al docente de acreditar ese presupuesto.

2.4 . Recurso de apelación

11. La señora Gloria Elia Rodríguez Cortes cuestionó la falta de aplicación del
principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución Política. Al
respecto, afirmó que el retiro de la labor docente obedeció a una pérdida de la
capacidad laboral equivalente al 96 %, situación de fuerza mayor que le impidió
completar veinte años de servicio. Como para el momento del retiro contaba con

7 Samai, Gestión en otros despachos, tribunal, índice 10, archivo 11507 KB.
8 Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 79.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 29 de mayo de

2024, exp. 0473-2018, M.P Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 25000234200020220002101 (0890-2025)
Demandantes: Gloria Elia Rodríguez Cortes
Demandado: UGPP

más del 75 % del tiempo mínimo requerido, considera que tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.

12. Para sustentar dicha tesis, citó la sentencia T-174 de 2005 de la Corte
Constitucional y decisiones del Consejo de Estado que han admitido la
compatibilidad de la pensión gracia y la pensión de invalidez, además de reconocer
la prestación cuando la imposibilidad de completar el tiempo de servicio proviene de
una invalidez no imputable al docente, siempre que se acrediten, al menos, las dos
terceras partes del tiempo exigido10.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

13. Esta corporación, mediante auto del 9 de julio de 2025, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la demandante en los términos del artículo 247 del
CPACA11 y ordenó su notificación conforme con lo previsto en el artículo 198 y 205
de la misma codificación, diligencia que se llevó a cabo el 11 de julio del presente
año12. Al no existir solicitud de pruebas se prescindió del periodo para correr traslado
a las partes.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

14. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el
inciso primero del artículo 150 del CPACA para conocer de los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

15. De acuerdo con los reparos expuestos por la demandante en el recurso de
apelación, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

16. ¿Procede el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la docente que se
retiró del servicio antes de cumplir 20 años, por motivo de la condición de invalidez
generada por una pérdida de la capacidad laboral del 96 %?

17. En caso de que la respuesta al anterior problema sea afirmativa, procederá la
Sala a resolver si ¿la pensión gracia es compatible con la pensión de invalidez
reconocida a la actora?

10 Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 83.
11 Samai, índice 4.
12 Samai, índice 7.

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Radicación: 25000234200020220002101 (0890-2025)
Demandantes: Gloria Elia Rodríguez Cortes
Demandado: UGPP

3.3. Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–

18. La Ley 114 de 191313 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los
maestros de escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo
no menor de veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado
en los dos últimos años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese
variable, siempre que cumplieran los siguientes requisitos: (i) desempeñar el empleo
con honradez y consagración; (ii) carecer de medios de subsistencia de acuerdo
con su posición social y costumbres14; (iii) no recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional.

19. La Ley 116 de 192815 extendió la prestación pensional a los empleados y
profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.
Posteriormente, la Ley 37 de 193316 cobijó a los maestros que completaron servicios
docentes en establecimientos de enseñanza secundaria.

20. La Ley 43 de 197517 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas
en materia educativa entre la Nación, los departamentos y los municipios al
establecer que «La educación primaria y secundaria oficiales» constituye un servicio
público a cargo de la Nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona,
sufragados por «los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial
de Bogotá y los Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la
presente Ley». Sin embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que
se nacionalizan por medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente,
continuará siendo hecho por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha
función».

21. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización
en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y
nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas
las cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización,
estableció un régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los
docentes territoriales beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de
nacionalización que culminó el 31 de diciembre de 1980.

13 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
14 Derogado por la Ley 45 de 1931.
15 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y
reconocimiento de pensiones.
16 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos

empleados».
17 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los

Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

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Radicación: 25000234200020220002101 (0890-2025)
Demandantes: Gloria Elia Rodríguez Cortes
Demandado: UGPP

22. De este modo, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en
precedencia mantienen el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional
para proteger la expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación
por motivo de la nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir,
los vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería
la pensión ordinaria de jubilación.

23. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la
Ley 91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:

• Personal nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197518, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

24. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia de
unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, estableció, además, que la
vinculación de los docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto
de nombramiento interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo
Regional. Lo anterior, porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía
directamente de las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se
sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema
General de Participaciones. En este orden, la sentencia de unificación fijó las
siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.

18 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán

con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni
tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.».
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Radicación: 25000234200020220002101 (0890-2025)
Demandantes: Gloria Elia Rodríguez Cortes
Demandado: UGPP

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales
no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley
24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados19, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último,
certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).

25. En sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2- 2022 del 11 de agosto de 2022,
la Sección Segunda unificó criterios para el reconocimiento de la pensión gracia en
vigencia de la Ley 91 de 1989. En dicha providencia se estableció la regla para
acceder a esa prestación con observancia de lo dispuesto en el artículo 15, numeral
2-a, de donde explicó que los docentes pueden obtener la pensión gracia antes y
después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento, así:

19 Al respecto, se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el

Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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Radicación: 25000234200020220002101 (0890-2025)
Demandantes: Gloria Elia Rodríguez Cortes
Demandado: UGPP

[…] Conforme al anterior lineamiento, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91
de 1989 no exige que al 31 de diciembre de 1980 el docente debe encontrarse en
servicio activo, pues lo que el texto preceptúa es que dicha fecha «es el límite máximo
para que el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la
mencionada calenda», es decir, que no es válido imponer un requerimiento adicional
que no previó el legislador para restringir el acceso a la prestación.

Igualmente, esta corporación ha explicado que para el reconocimiento de la pensión
gracia a los «docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», la aludida
norma no estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con
determinado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b.
que los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c. que para
la referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales.

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada […].

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas […].

3.4. Análisis del caso concreto

26. En lo atinente al tiempo de servicio prestado por la actora como docente oficial,
la copia del formato único para expedición de certificado de historia laboral proferido
por la Secretaría de Educación de Bogotá acredita que la señora Gloria Elia
Rodríguez Cortes prestó servicios como profesora, con tipo de vinculación
«territorial», en la «Institución Educativa Distrital Atanasio Girardot-República
Oriental del Uruguay», desde el 21 de febrero de 1980 hasta el 30 de noviembre de
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Radicación: 25000234200020220002101 (0890-2025)
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1980 (por hora cátedra) y del 24 de febrero de 1981 al 30 de noviembre de 1981.
En la misma institución, desde el 23 de abril de 1990 hasta el 30 de noviembre de
1990, y desde el 27 de julio de 1992 hasta el 30 de noviembre de 1992.

27. Además, aparece el periodo laborado como docente en la Institución Educativa
Distrital Diana Turbay I, del 14 de abril de 1993 al 7 de junio de 1993 y, por último,
el prestado en la Institución Educativa Distrital Nueva Constitución, del 8 de junio de
1993 al 1 de junio de 2005, fecha en la cual se produjo el retiro por invalidez20.

28. La UGPP, mediante Resolución RDP 015354 del 21 de junio de 2021, negó el
reconocimiento de la pensión gracia porque la actora no reunía 20 años de servicio,
solo contaba con 6970 días, equivalentes a 19 años, tal como consta en el
certificado Cetil21.

29. Por Resolución RDP 021438 del 23 de agosto de 2021, la UGPP confirmó la
decisión anterior al resolver el recurso de apelación, con el argumento de que la
actora no cumplió el requisito de 20 años de servicio; el conteo de los periodos arrojó
«6948 días», equivalentes a 19 años y 13 días de labor docente, tal como consta
en el certificado Cetil expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá el 16 de
febrero de 2021, así22:

Período
Fecha de
Fecha inicial Vinculación Meses Días Total días
finalización

21/02/1980 30/11/1980
N/A 9 10 280

24/02/1981 30/11/1981 N/A 9 7 277

20/02/1982 30/11/1982 N/A 9 11 281

13/05/1985 30/11/1985 N/A 6 18 198

21/03/1986 30/11/1986 N/A 8 10 250

04/03/1987 30/11/1987 N/A 8 27 267

01/03/1988 30/11/1988 N/A 9 0 270

06/03/1989 30/11/1989 N/A 8 25 265

30/11/1990 N/A 7 11 221
20/04/1990

20 Samai, Gestión en otros despachos, tribunal, índice 2, archivo 3312 KB, 02.DEMANDA, folios 36 al 37.
21 Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados.
22 La entidad en el acto administrativo demandado mencionó que la demandante contaba con el siguiente tiempo

de servicio: «nueve (19) años dos (3) meses y treinta y seis (18) días». Sin embargo, al hacer la conversión de
los días laborados en años, meses y días, el resultado es de 19 años y 13 días de servicio.
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09/05/1991 30/11/1991 N/A 6 22 202

27/07/1992 30/11/1992 N/A 4 4 124

08/06/1993 04/06/1999 N/A 27 2157
11

05/06/1999 30/05/2005 N/A 11 26 2156

Total días 6948
Total semanas 992

30. Mediante Resolución 02909 del 20 de octubre de 2005, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció a la actora una pensión de
invalidez con sustento en el certificado médico expedido por Red Salud E.P.S., el
28 de abril de 2005, en el que consta que padece una pérdida de la capacidad
laboral del 96 %, sin precisar la causa. La prestación fue reconocida a partir del 1
de junio de 2005, fecha en la que «cesó el subsidio económico»23.

31. Los documentos referidos acreditan que la demandante se retiró de la docencia
oficial a partir del 1 de junio de 2005, por causa de la incapacidad que le generó una
pérdida de la capacidad laboral equivalente al 96 %, época en la que contaba con
19 años de servicio, tal y como se expuso en los hechos de la demanda. En este
escenario, procede la Sala a determinar si es viable el reconocimiento de la pensión
gracia cuando se encuentra demostrado que el motivo del retiro que le impidió a la
docente reunir el requisito de tiempo de servicio obedeció a una condición de
invalidez.

32. Según la tesis jurisprudencial vigente, adoptada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante sentencia de unificación del 29 de mayo de 202424,
que revocó la sentencia apelada por la UGPP y negó la pensión gracia a favor de
un docente retirado del servicio por presentar una pérdida de la capacidad laboral
del 85 %, «para el reconocimiento de la pensión gracia es requisito ineludible que
el docente nacionalizado cumpla la exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley 114
de 1913, esto es, que complete los 20 años de servicios como docente del orden
territorial. El reconocimiento pensional no procede sin que ello se acredite, incluso
si el docente no cumplió por haber sido declarado en estado de invalidez o por haber
fallecido, aun cuando hubiese alcanzado las tres cuartas partes del tiempo
requerido». Al sustentar esta «conclusión», la Sala señaló lo siguiente:

[E]l objeto de la pensión gracia no abarca la protección para los docentes del riesgo
de invalidez o muerte. Como se ha manifestado en esta providencia de manera
reiterada, el motivo de su creación fue recompensar a los docentes territoriales por

23 Samai, Gestión en otros despachos, tribunal, índice 2, archivo 3312 KB, 02.DEMANDA, folio 26.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018), M.P. Juan

Enrique Bedoya Escobar.
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dedicar 20 años de su vida al servicio de la enseñanza y lograran una vejez digna.
Ni en la Ley 114 de 1913 ni en las que la modificaron se incluyó como propósito el
salvaguardar al docente en su estado de invalidez. Este riesgo, tal como se ha
indicado, se cubrió con las normas del sistema general de seguridad social del cual
estos servidores públicos son beneficiarios. De este modo, con mayor razón puede
afirmarse que el legislador no incurrió en «la prohibición por defecto» que habilita la
aplicación del principio de proporcionalidad, ya que no omitió regular este aspecto
para la pensión gracia, al no ser su finalidad. Además, sí lo regló en las leyes
generales de pensiones.

Así las cosas, la exigencia para los docentes nacionalizados de completar el tiempo
de servicios que ordena el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 es una carga legítima
que no atenta contra el derecho a su seguridad social, incluso si dejaron de cumplir
el requisito por un retiro ajeno a su voluntad, como ocurre con la declaratoria de un
estado de invalidez.
(…)
Es verdad que podría afirmarse que el no acceder a la pensión gracia por exigir el
tiempo de servicio pese al estado de invalidez implicaría una disminución de los
ingresos del docente, ya que podría recibirla junto con la pensión de invalidez. Sin
embargo, este no es un criterio que permita aseverar que se configuró un retroceso
en su derecho a la seguridad social, en la medida en que (i) el estado de invalidez
está protegido con la pensión que cubre este riesgo. En el caso de muerte del
causante, su grupo familiar será amparado por la pensión de sobrevivientes; y (ii) la
pensión gracia en la actualidad no tiene la connotación que tuvo en sus orígenes
cuando los docentes territoriales estaban desprovistos de salarios justos y
protección en su retiro. Por lo que, no obtenerla no implica dejar al docente en un
estado de vulnerabilidad.

Así, aceptar que debe extenderse el derecho a los docentes que trabajaron tres
cuartas partes del servicio por razón de su invalidez o muerte, cambiaría el propósito
de la ley sin sustento, puesto que ni siquiera la realidad social actual lo justifica si se
tiene en cuenta que los ingresos de los docentes nacionalizados aumentaron y el
sistema de seguridad social cubre sus contingencias de vejez, invalidez y muerte.

33. La tesis recogida por la sentencia de unificación, expuesta en sentencia
proferida en 2010 y reiterada en providencias de 2016, 2017, 2018 y 2022,
consideraba procedente el reconocimiento de la pensión gracia a favor de docentes
que acreditaron mínimo 15 años de servicio, con sustento en «(i) la necesidad de
proteger el derecho a la seguridad social del docente en tales condiciones de salud;
y (ii) en virtud de los principios de proporcionalidad y progresividad de los derechos
laborales». Esta motivación cambió a partir de 2024, por las siguientes razones:

[S]e torna improcedente la concesión de la pensión gracia a quien, por distintas
razones, incluso ajenas a su voluntad como la ocurrencia de una invalidez o la muerte,
se retiró del servicio antes de completar los 20 años que exige el artículo 1 de la Ley
114 de 1913, por cuanto (i) el texto de la norma y sus modificaciones posteriores son
claras en exigir su cumplimiento y no dieron lugar a excepciones y (ii) considerar que
sí es factible acceder al derecho sin completarlo va en contravía de la motivación y

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finalidad que tuvo el legislador al expedir la norma, que en todo caso no se enmarca
dentro de los criterios propios de un sistema de seguridad social, según se expuso.

34. Frente al cambio jurisprudencial descrito, es del caso precisar que la sentencia
de unificación según la cual es requisito ineludible la acreditación del tiempo de
servicio previsto en la Ley 114 de 1913 para acceder a la pensión gracia, aun en los
casos en que el docente se retira del servicio por invalidez, antes de cumplir dicho
requisito, resulta aplicable a todos los asuntos que se encontraban pendientes de
fallo. En consecuencia, el reconocimiento de la pensión gracia solo procede cuando
el docente acredita la totalidad del tiempo de servicio exigido en plazas territoriales
o nacionalizadas, «sin que sea procedente sustituir o reducir dicho lapso por
razones asociadas a contingencias de salud o pérdida de la capacidad laboral».

35. Lo anterior, en atención a la obligatoriedad de las sentencias de unificación
prevista en los artículos 10, 270 y 271 del CPACA, que señalan el deber de
aplicación de esta clase de providencias a situaciones con iguales supuestos
fácticos y jurídicos que se encuentren pendientes de decisión en sede administrativa
o judicial25, conforme con los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza
legítima que exigen resolver casos análogos bajo criterios uniformes.

36. En este orden, el caso analizado debe atender la jurisprudencia unificada de la
Sección según la cual, «para el reconocimiento de la pensión gracia, es requisito
ineludible que el docente nacionalizado cumpla la exigencia prevista en el artículo
1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20 años de servicios como
docente del orden territorial (…), incluso si el docente no cumplió por haber sido
declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese
alcanzado las tres cuartas partes del tiempo requerido».

37. De este modo, como la certificación de tiempo de servicio expedida por la
Secretaría de Educación de Bogotá y los actos administrativos coinciden en señalar
que la demandante prestó servicio en la educación oficial durante 19 años, no
resulta procedente el reconocimiento de la pensión gracia pretendido, por no
acreditar el requisito de 20 años de labor docente, el cual resulta exigible aun en el
evento de que el retiro tenga como causa una situación de invalidez.

38. En consecuencia, la respuesta al primer problema jurídico planteado es
negativa, dado que, en el caso bajo estudio, no resulta procedente el reconocimiento
de la pensión gracia a favor de la docente retirada antes de cumplir 20 años de
servicio, por motivo de la condición de invalidez que dio lugar al reconocimiento de
una prestación pensional. Por tanto, no hay lugar a emitir pronunciamiento frente al
segundo problema jurídico, relacionado con la compatibilidad entre la pensión
gracia y la pensión de invalidez.

25 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018. Rad.

No. 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
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3.5. Conclusión

39. Por lo expuesto, la Sala concluye que, si bien la señora Gloria Elia Rodríguez
Cortes cumple con el requisito de vinculación previa al 31 de diciembre de 1980 y
ejerció la labor docente durante 19 años en plazas de naturaleza territorial, no
resulta procedente el reconocimiento de la pensión gracia porque no acreditó el
tiempo mínimo de veinte (20) años de servicio exigido por la Ley 114 de 1913,
requisito que según la jurisprudencia unificada de esta Sección resulta exigible aun
cuando el docente no lo hubiera cumplido por haber sido declarado en estado de
invalidez.

4. Costas

40. En lo atinente a las costas, la presente providencia, por razones de seguridad
jurídica e igualdad, acoge el criterio de interpretación mayoritario26 de la Subsección
sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la
condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.

41. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas en esta
instancia, dado que no se advierte que la parte demandante haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Confirmar la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 17 de febrero de 2025, que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Gloria Elia Rodríguez Cortes contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).

26 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.

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Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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