Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00033-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00033-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2022-00033-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00033-01 (0341-2025)
Demandante: Wilman Yecid Camacho Peña
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Tema: Indemnización disminución de la capacidad psicofísica.
Caducidad
Sentencia segunda instancia
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Wilman Yecid Camacho Peña
contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Wilman Yecid Camacho Peña presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en la respuesta electrónica
del 19 de julio de 2021, a través del cual la Dirección de Prestaciones Sociales del
Ejército Nacional le negó el reconocimiento de una indemnización por la disminución
de su capacidad psicofísica.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó (i) el reconocimiento de la indemnización por la disminución de la capacidad
psicofísica; (ii) el pago de los perjuicios morales causados como consecuencia de
la expedición del acto administrativo demandado; y (iii) el ajuste de las sumas que
se llegaren a causar conforme con lo previsto en los artículos 187, 192 y «ss» del
CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes la Sala sintetiza los siguientes:
1 En adelante CPACA.
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Demandante: Wilman Yecid Camacho Peña
3.1. El 5 de diciembre de 1995, Wilman Yecid Camacho Peña inició la prestación del
servicio militar. El 19 de enero de 1996 ingresó como alumno en la Escuela Militar
de Cadetes General José María Córdova y el 1.° de julio de 1997 ascendió al grado
de alférez.
3.2. El 31 de agosto de 1999, cuando ostentaba el grado de alférez, sufrió un
accidente durante una instrucción de lanzamiento de granadas de fusil de práctica,
como consecuencia de la explosión de una lanzada por otro cadete. Situación que
generó la amputación completa de su mano y del tercio distal del antebrazo
izquierdo, así como otras lesiones ocasionadas por esquirlas.
3.3. La lesión fue calificada como ocurrida en el servicio por causa y razón de este,
según el literal B del artículo 35 del Decreto 94 de 1989, mediante Informativo
Administrativo por Lesión 24.
3.4. A través del Acta de Junta Médico Laboral 2430 del 12 de octubre de 1999, la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional le determinó una incapacidad relativa y
permanente, condición de no apto y una disminución de la capacidad laboral del
52%, atribuible a un hecho ocurrido en el servicio por causa y razón de este.
3.5. Mediante el Oficio 2565/DIV05-ESMIC-B1-114 del 19 de octubre de 1999, el
director de la Escuela Militar de Cadetes solicitó al comandante del Ejército Nacional
la autorización para su ascenso al grado de subteniente, lo cual ocurrió. Su carrera
avanzó hasta el grado de mayor.
3.6. Por medio de la Resolución 1363 del 11 de abril de 2000, el Ejército Nacional
negó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales derivadas de la lesión
sufrida.
3.7. Mediante Acta de Junta Médico Laboral 89243 del 12 de septiembre de 2016, la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional efectuó una nueva valoración y le
determinó una disminución acumulada de la capacidad laboral del 55,6%, con
incapacidad permanente parcial y condición de no apto.
3.8. A través de la Resolución 5459 del 31 de julio de 2017, el Ministerio de Defensa
Nacional dispuso su retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios,
con pase a la reserva.
3.9. El «29 de junio de 2021», solicitó ante la Dirección de Prestaciones Sociales del
Ejército Nacional el reconocimiento y pago de la indemnización por disminución de
la capacidad psicofísica; la cual fue negada mediante correo electrónico del 19 de
julio de 2021.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 53, 217 y 220 de la Constitución
Política; y el Decreto 94 de 1989.
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5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:
5.1. La administración inaplicó las disposiciones del Decreto 94 de 1989, pues, pese
a que se determinó que las lesiones sufridas ocurrieron en el servicio y por causa y
razón de este, y que las juntas médico-laborales establecieron una disminución de
la capacidad laboral superior al 50%, se negó el reconocimiento y pago de la
indemnización por disminución de la capacidad psicofísica.
5.2. El derecho reclamado no se encontraba prescrito, puesto que, de conformidad
con lo previsto en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, el término
correspondiente es de 4 años contados desde que el derecho se hace exigible. La
indemnización solo podía reclamarse a partir del retiro del servicio activo, dispuesto
mediante Resolución del 31 de julio de 2017, y la solicitud de reconocimiento fue
presentada el 29 de junio de 2021, esto es, antes de que transcurriera el término
legal.
1.2. Contestación de la demanda
6. La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
con fundamento en los siguientes argumentos3:
6.1. Elacto administrativo demandado fue expedido de conformidad con las
disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso, por lo que se encontraba
amparado por la presunción de legalidad.
6.2. No se configuró ninguna de las causales de nulidad previstas en el ordenamiento
jurídico para desvirtuar la validez del acto administrativo acusado, tales como
infracción de las normas en que debía fundarse, falta de competencia, expedición
irregular, desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, falsa motivación o
desviación de poder.
6.3. El régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública era de carácter
especial y se encontraba regulado por disposiciones constitucionales y legales
específicas, cuya aplicación correspondía a la administración al resolver la solicitud
presentada por el demandante.
6.4. Como excepción planteó la «legalidad del acto definitivo demandado».
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sección C, en
sentencia proferida el 30 de octubre de 2024 declaró de oficio la caducidad del
2 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso con radicado 25000-23-42-000-2022-
00033-00. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «1_ED_0120221(.PDF)
NroActua 2», archivo «1_250002342000202200033001EXPEDIENTEDIGI20220217160608».
3 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso con radicado 25000-23-42-000-2022-
00033-00. Índice 9, actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«10_RECIBEMEMORIALES_202200033(.pdf) NroActua 9», archivo
«10_250002342000202200033001RECIBEMEMORIAL20220713112112».
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medio de control y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
Asimismo, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandada4.
8. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
8.1. De conformidad con el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, las
demandas promovidas en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho debían presentarse dentro de los 4 meses siguientes
a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo. La
indemnización por disminución de la capacidad psicofísica constituía una prestación
de pago único y no periódico, razón por la cual no se encontraba dentro de las
excepciones previstas para las prestaciones periódicas.
8.2. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado5, la indemnización por
disminución de la capacidad psicofísica ha sido una prestación autónoma e
independiente de otras prestaciones derivadas de la pérdida de capacidad laboral,
por lo que las pretensiones encaminadas a obtener su reconocimiento debían
ejercerse dentro del término legal de caducidad.
8.3. La solicitud presentada por el demandante en junio de 2021, que dio respuesta
negativa emitida el 19 de julio de ese año, pretendía reabrir una situación jurídica
definida con ocasión de la expedición de la Resolución 1363 del 11 de abril de 2000,
mediante la cual se le negó al demandante el reconocimiento de la indemnización.
Así entonces, dicho acto administrativo era el que debió ser controvertido dentro de
los 4 meses siguientes a su comunicación, no obstante, la demanda fue radicada el
18 de enero de 2022, cuando ya había operado la caducidad del medio de control,
por lo que procedía declararla de oficio.
8.4. La condena en costas resultaba improcedente, pues no se evidenció abuso del
derecho, mala fe o temeridad de las partes y tampoco se demostró su causación.
1.4. El recurso de apelación
9. William
Yecid Camacho Peña apeló la sentencia de primera instancia, con
fundamento en los siguientes argumentos6:
9.1. El tribunal erró al haber declarado la caducidad del medio de control, bajo el
entendido que el término para demandar debía contarse desde la expedición de la
Resolución 1363 del 11 de abril de 2000, mediante la cual se negó inicialmente el
reconocimiento de la indemnización por disminución de la capacidad psicofísica.
4 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso con radicado 25000-23-42-000-2022-
00033-00. Índice 20, actuación «SENTENCIA», documento
«21SENTENCIA_202233sentenciaindem(.pdf) NroActua 20», archivo
«21_SENTENCIA_202233sentenciaindem_0_20241101122633678».
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2014, radicado
50001-23-31-000-2005-10203-01 (1860-2013) y sentencia del 3 de marzo de 2021, radicado 05001-
23-33-000-2018-01112-01 (0948-2020).
6 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso con radicado 25000-23-42-000-2022-
00033-00. Índice 24, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«23_MemorialWeb_Recurso-20241120APELACION(.pdf) NroActua 24», archivo
«23_250002342000202200033002MemorialWeb2024112113040».
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9.2. De conformidad con los artículos 174 y 181 del Decreto 1211 de 1990, el derecho
a reclamar la indemnización solo se hizo exigible a partir de su retiro del servicio
activo, ocurrido el 31 de julio de 2017, debido a que continuó vinculado al Ejército
Nacional después de la lesión sufrida en el año 1999, sin recibir indemnización
alguna durante su permanencia en la institución.
9.3. La solicitud presentada en junio de 2021 fue radicada dentro del término de 4
años previsto en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, contado desde la fecha
en que el derecho se hizo exigible, razón por la cual no había operado la
prescripción ni podía predicarse la caducidad del medio de control.
9.4. El a quo aplicó equivocadamente los criterios normativos que regían el asunto,
pues su situación jurídica debía resolverse con fundamento en el Decreto 1211 de
1990, vigente para la época en que ocurrió la lesión y se determinó la disminución
de su capacidad psicofísica.
9.5. Así las cosas, se debía revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las súplicas de la demanda.
1.5. Trámite en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo traslado a las partes para alegar, en cuanto no
fue necesario el decreto de pruebas7.
11. No obstante, la parte demandada presentó escrito en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, al considerar que operó la caducidad del medio de
control, pues la situación jurídica del demandante fue definida a través de la
Resolución 1363 del 11 de abril de 2000, sin que la solicitud formulada en el año
2021 tuviera la virtualidad de reabrir los términos para controvertirla. Además,
tampoco procedía el reconocimiento de la indemnización reclamada porque el actor
continuó en el servicio activo y ascendió hasta el grado de mayor; no obstante, el
derecho se encontraba prescrito8.
1.6. Concepto del Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado se pronunció en la instancia
procesal de manera extemporánea, pues allegó su concepto después de que el
proceso ingresara al despacho para proferir sentencia.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
7 Así se dispuso en el auto proferido el 30 de abril de 2025. Samai, índice 4, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «4Autoqueadmite_03412025admiterecurs(.pdf) NroActua
4», archivo «4_Autoqueadmite_03412025admiterecurs_0_20250521165213604».
8 Samai, índice 8, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«6_MemorialWeb_Alegatos-9PRONUNIAMIENTORE(.pdf) NroActua 8», archivo
«6_250002342000202200033012MemorialWeb202563172837».
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13. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «(l)as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «(e)l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos (...)».
2.2. Problema jurídico
14. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si en el caso concreto operó la caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? En caso negativo,
establecer ¿si el actor tenía derecho al reconocimiento de la indemnización por
disminución de la capacidad psicofísica que reclama?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
15. La caducidad es aquel fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del
principio de la seguridad jurídica, implica la extinción o pérdida del derecho a
promover acciones judiciales para reclamar los derechos individuales y subjetivos
como consecuencia del vencimiento del plazo establecido por la ley para su
ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una sanción y un límite
temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al aparato
jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía10.
16. Enreciente oportunidad, esta Subsección señaló que la razón de ser del
fenómeno de la caducidad «(…) radica en el principio de seguridad jurídica, el cual exige
que los litigios sean resueltos en un tiempo razonable. Por ello, el legislador establece
plazos específicos para que cualquier persona acuda a la jurisdicción y obtenga una
decisión definitiva sobre sus pretensiones. Esta medida busca evitar la prolongación
indefinida de situaciones jurídicas inciertas, garantizando el equilibrio y la estabilidad en el
ordenamiento legal»11.
17. En consecuencia, la caducidad impone a los interesados la carga procesal de
actuar con diligencia y eficiencia en la defensa de sus derechos, exigiéndoles que
interpongan sus acciones dentro del plazo legalmente establecido. Esta exigencia
responde no solo a una necesidad de orden procesal, sino también se orienta
a evitar la vulneración de principios constitucionales como el debido proceso y la
seguridad jurídica respecto de las decisiones de la administración, que podrían
verse afectadas por la incertidumbre derivada de reclamos tardíos ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Además, se trata de una figura
de orden público, lo que implica que sus efectos son de obligatorio cumplimiento, no
9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
10 Así lo indicó este despacho en auto del 12 de diciembre de 2023, proferido dentro del proceso con
radicado 25000-23-42-000-2014-02789-01 (0983-2017).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 6 de marzo de 2025, proferido
dentro del proceso con radicado 76001-23-33-000-2021-00856-01 (1626-2024).
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pueden ser modificados, renunciados ni suspendidos por acuerdo entre las partes,
ni tampoco por disposición del juez, por cuanto su finalidad trasciende los intereses
individuales y busca preservar el interés general y la correcta regulación al acceso
de la administración de justicia12.
18. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el
literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA prevé que, salvo las excepciones
señaladas en otras disposiciones legales, la demanda deberá presentarse dentro
de los 4 meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación,
según sea el caso, del acto administrativo que se pretende declarar nulo, por lo cual,
si se promueve luego de ese término, operará la caducidad.
2.3.2. Naturaleza jurídica de la indemnización por disminución de la capacidad
psicofísica y su incidencia en la caducidad del medio de control
19. La Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 30 de marzo de
201713 precisó que la indemnización por disminución de la capacidad psicofísica
constituía una prestación de pago único, cuya reclamación se encontraba sometida
al término de caducidad previsto para el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Asimismo, señaló que las solicitudes posteriores
formuladas por el interesado no tenían la virtualidad de reabrir o revivir el término
legal para controvertir el acto administrativo que definió su situación jurídica
particular. Al respecto, indicó lo siguiente:
«[…] Sobre el particular debe precisarse que la indemnización por disminución de la
capacidad sicofísica no es una prestación de aquellas que se califican con el carácter
de periódica puesto que se agota en un único pago, de manera que la acción que le
pretenda se encuentra sujeta al término de caducidad de cuatro meses que fija el
artículo 136-2 del CCA, distinto de lo que sucede respecto de la pretensión pensional
en tanto es claro que el derecho a ella comporta una obligación de tracto sucesivo14.
Establecido lo anterior, se advierte que en el presente asunto mediante la Resolución
44970 del 19 de mayo de 2005 el director de prestaciones sociales de las Fuerzas
Militares de Colombia reconoció y ordenó el pago de la indemnización por valor de
$6.406.790.50 al actor (f. 165), decisión que fue notificada mediante edicto que se fijó
por un término de 10 días, entre el 14 y el 29 de junio de 2005, por lo que la acción para
controvertirle se encontraba caduca desde el 30 de octubre de 2005, sin que una nueva
petición tenga la capacidad de revivir el término ya vencido.
12 En términos similares lo advirtió la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación en la
sentencia del 13 de junio de 2013, proferida en el proceso 07001-23-31-000-2001-01356-01(25712).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de marzo de 2017,
radicado: 050012331000201200418 01 (3318-2015).
14 «Sobre el particular, puede consultarse la sentencia del 30 de enero de 2014, radicación: 50001-
23-31-000-2005-10203-01(1860-13), actor: Hugo Osorio González. En ella se indica que «[…] Si de
los actos administrativos se derivan dos prestaciones diferentes, como en el presente caso, pero
sobre una ha operado la caducidad, se debe estudiar el fondo del asunto respecto de aquella
pretensión que no se encuentre inmersa dentro de este fenómeno. Es decir, si el interesado desea
que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo estudie tanto la indemnización como la pensión
de invalidez, previamente agotada la vía gubernativa ante la Junta Médica Laboral y el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, debe realizarlo dentro del término estipulado por la
Ley, pues de lo contrario, solo se podrá estudiar aquél beneficio laboral que cumpla con los requisitos
de prestación periódica. En el presente caso, el Acta del Tribunal Médico de Revisión Militar y de
Policía No. 1700 de 19 de mayo de 2000 fue notificada personalmente el 22 de febrero de 2001, y
como la demanda se presentó sólo hasta el 9 de julio de 2004, ha caducado la acción en lo
concerniente a la indemnización, ya que no es posible que ahora a través de la acción incoada se
pretendan revivir términos de los cuales no hicieron uso de manera oportuna; situación muy distinta
ocurre en cuanto a la pensión de invalidez, ya que al ser una prestación periódica, permite
demandarse en cualquier tiempo […]».
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Así las cosas, es claro que si el actor quería controvertir la indemnización por
disminución de la capacidad sicofísica tenía que haber demandado el acto
administrativo que definió su situación jurídica particular y concreta respecto de dicha
prestación económica, esto es, la Resolución 44970 del 19 de mayo de 2005. No
obstante lo anterior, no existe ninguna pretensión tendiente a cuestionar la validez de
dicho acto, tal y como lo evidenció el juez de primera instancia […]». (sic).
20. Posteriormente, en sentencia proferida el 22 de marzo de 2018 15, al resolver un
asunto en el cual se debatía una pretensión de reconocimiento de una pensión de
invalidez y el reajuste de la indemnización por pérdida de la capacidad, consideró
lo siguiente:
«[…] es evidente la voluntad del legislador ordinario y extraordinario para establecer una
pensión de invalidez para los miembros de la fuerza pública, exigiendo condiciones
puntuales de pérdida de la capacidad laboral y su imputabilidad al servicio; como
también ciertos beneficios económicos que se causan por las mismas razones,
distinguiéndose claramente la indemnización por pérdida de la capacidad sicofísica, que
en juicio de la jurisprudencia de la corporación, cuando se reconoce en aplicación del
régimen especial y al considerar ausencia de norma que establezca su incompatibilidad,
concurre en un mismo beneficiario con la pensión de invalidez16.
De esta manera, también es claro el tratamiento diferencial que se le dio a la pensión y
a la indemnización, al punto que si bien son compatibles eventualmente, responden a
condiciones distintas que como tal le otorgan efectos y sobre todo una naturaleza
autónoma la una de la otra.
Vale la pena destacar, que esta Sala en sentencia del 30 de enero de 2014, exp. 1860-
13, con ponencia de la Consejera Bertha Lucía Ramírez de Páez, dando solución a un
caso como el presente donde se debatía la pretensión de reajuste de la indemnización
por pérdida de la capacidad laboral de manera concurrente con la pensión de invalidez,
consideró así:
«Bajo ese entendido es preciso indicar, tal y como se expresó anteriormente, que si
los actos expedidos por la Junta Médica Laboral y el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, en principio son de trámite y pueden convertirse en
definitivos, como quiera que impiden la continuación del trámite administrativo de
reajustar la indemnización y de reconocer la pensión de invalidez, debe tenerse en
cuenta que el fenómeno de caducidad opera de manera diferente para cada uno de
estos reconocimientos. Lo anterior, porque mientras la primera es de naturaleza
eminentemente temporal, pues se cancela cuando se causa el derecho y por
una sola vez, la segunda es una prestación de carácter periódica que puede ser
solicitada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier
momento.
Entonces, si de los actos administrativos se derivan dos prestaciones
diferentes, como en el presente caso, pero sobre una ha operado la caducidad,
se debe estudiar el fondo del asunto respecto de aquella pretensión que no se
encuentre inmersa dentro de este fenómeno. Es decir, si el interesado desea que
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo estudie tanto la indemnización como
la pensión de invalidez, previamente agotada la vía gubernativa ante la Junta Médica
Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, debe realizarlo
dentro del término estipulado por la Ley, pues de lo contrario, solo se podrá estudiar
aquél beneficio laboral que cumpla con los requisitos de prestación periódica17.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de marzo de 2018, radicado
25000-23-42-000-2012-01417-01 (0412-2017).
16 «Al respecto, consultar sentencia del 22 de noviembre de 2012, exp. 1875-12 CP Víctor Hernando
Alvarado Ardila».
17 «Consejo de Estado, Sentencia de 4 de noviembre de 2004, Radicado No. 25001-23-25-000-1999-
5833-01(5908-03), C. P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero.
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00033-01 (0341-2025)
Demandante: Wilman Yecid Camacho Peña
En el presente caso, el Acta del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía No.
1700 de 19 de mayo de 2000 fue notificada personalmente el 22 de febrero de
2001, y como la demanda se presentó sólo hasta el 9 de julio de 2004, ha
caducado la acción en lo concerniente a la indemnización, ya que no es posible
que ahora a través de la acción incoada se pretendan revivir términos de los
cuales no hicieron uso de manera oportuna; situación muy distinta ocurre en
cuanto a la pensión de invalidez, ya que al ser una prestación periódica, permite
demandarse en cualquier tiempo.»
De acuerdo con el razonamiento anterior, es totalmente autónoma y separable la
pretensión de indemnización por pérdida de la capacidad laboral y/o su reajuste de la
relacionada de la pensión de invalidez, de modo que no es viable desde el punto de
vista jurídico hablar de dependencias o subsunción que permita hacerlas inescindibles
y que por ello, se prediquen los mismos requisitos y las mismas consecuencias cuando
una ocurre de suerte que se entiendan como principal y accesoria.
Por el contrario, debe recordar la Sala que la pensión de invalidez ha sido considerada
como una prestación con carácter periódico que la ley otorga a quien ve disminuida su
capacidad laboral en el porcentaje requerido, con el propósito de que pueda solventar
sus necesidades básicas porque tiene su capacidad sicofísica mermada; mientras que
la indemnización corresponde a un pago unitario y definitivo que compensa la
discapacidad del militar por eventos atribuibles al servicio […]». (negrillas del texto
original) (sic).
21. En sentencia del 3 de marzo de 202118, se reiteró el criterio en relación con la
caducidad y se señaló lo siguiente:
«[…] Sobre el particular debe precisarse que la indemnización por disminución de la
capacidad sicofísica no es una prestación de aquellas que se califican con el carácter
de periódica puesto que se agota en un único pago, de manera que la acción que le
pretenda se encuentra sujeta al término de caducidad de cuatro meses que fija el
numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo «actualmente el
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», distinto de lo que sucede respecto de la pretensión pensional en tanto
es claro que el derecho a ella comporta una obligación de tracto sucesivo. Sobre el
particular, esta Corporación ha señalado lo siguiente19:
“[…] Si de los actos administrativos se derivan dos prestaciones diferentes, como en
el presente caso, pero sobre una ha operado la caducidad, se debe estudiar el fondo
del asunto respecto de aquella pretensión que no se encuentre inmersa dentro de
este fenómeno. Es decir, si el interesado desea que la Jurisdicción de lo Contencioso
«(…)
Para ello ha considerado el criterio gramatical de interpretación que resulta coincidente con los
criterios lógico sistemático y teleológico: La palabra “prestación” según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española es una “cosa o servicio exigido por una autoridad o convenido en
un pacto; una cosa o servicio que un contratante da o promete a otro”. Tal sentido común, coincide
con el sentido técnico jurídico de la palabra: la prestación según la doctrina jurídica se entiende como
el objeto de toda obligación y se traduce en Dar, hacer o no hacer.
(…)
Cualquier calificación adicional que el intérprete pretenda asignar al concepto genérico, se traduce
en una discriminación que el legislador no ha hecho y que es odiosa al verdadero sentido de la
norma, en cuanto extiende erróneamente el efecto de caducidad a acciones para el reclamo o
impugnación de obligaciones de la administración no contempladas en la ley.
Por ello, cuando el legislador trata las “prestaciones periódicas” está regulando todas las
obligaciones que contienen una prestación periódica y que bien pueden ser “prestación social” como
la pensión de jubilación, o no ser “prestación social” como el pago del salario o de una prima que
tenga carácter salarial como la prima técnica.
(…)» (cursiva del texto original).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2021, radicado
05001233300020180111201 (0948-2020).
19 «CONSEJO DE ESTADO, sentencia del 30 de enero de 2014, radicación: 50001-23-31-000-2005-
10203- 01(1860-13), actor: Hugo Osorio González, C. P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez».
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00033-01 (0341-2025)
Demandante: Wilman Yecid Camacho Peña
Administrativo estudie tanto la indemnización como la pensión de invalidez,
previamente agotada la vía gubernativa ante la Junta Médica Laboral y el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, debe realizarlo dentro del término
estipulado por la Ley, pues de lo contrario, solo se podrá estudiar aquel beneficio
laboral que cumpla con los requisitos de prestación periódica. En el presente caso,
el Acta del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía No. 1700 de 19 de mayo
de 2000 fue notificada personalmente el 22 de febrero de 2001, y como la demanda
se presentó sólo hasta el 9 de julio de 2004, ha caducado la acción en lo concerniente
a la indemnización, ya que no es posible que ahora a través de la acción incoada se
pretendan revivir términos de los cuales no hicieron uso de manera oportuna;
situación muy distinta ocurre en cuanto a la pensión de invalidez, ya que al ser una
prestación periódica, permite demandarse en cualquier tiempo (…)”.
Establecido lo anterior, se advierte que en el presente asunto mediante la Resolución
208433 de 8 de marzo de 2016 el Subdirector de Prestaciones Sociales del Ejército
Nacional reconoció y ordenó el pago de la indemnización al demandante, por lo que la
acción para controvertirse se encontraba caducada desde el 8 de julio de 2016, sin que
una nueva petición tenga la capacidad de revivir el término ya vencido […]». (sic)
22. Así las cosas, en virtud de los mencionados pronunciamientos, la indemnización
por disminución de la capacidad psicofísica constituye una prestación económica
autónoma, definitiva y de pago único, cuya reclamación se encuentra sujeta al
término de caducidad previsto para el medio de control de nulidad y restablecimiento
de derecho. En consecuencia, el interesado debe controvertir oportunamente el acto
administrativo que define su situación jurídica particular, sin que la formulación de
nuevas solicitudes administrativas tenga la virtualidad de reabrir o revivir los
términos legalmente vencidos.
2.5. Caso concreto
23. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
23.1. Wilman Yecid Camacho Peña nació el 22 de septiembre de 197520.
23.2. De acuerdo con el informe administrativo por lesión 24 del 31 de agosto de
199921, para ese entonces como alférez, sufrió un accidente durante una instrucción
militar relacionada con el manejo de granadas, respecto de lo cual se concluyó que
el hecho ocurrió en servicio, por causa y razón de este, en los términos del literal b)
del artículo 35 del Decreto 94 de 1989.
23.3. Mediante el Acta de Junta Médica Laboral 2430 del 12 de octubre de 199922, la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional determinó que presentaba una
incapacidad relativa y permanente, condición de no apto y una disminución de la
capacidad laboral del 52%, diagnosticado en el servicio por causa y razón de este.
20 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso con radicado 25000-23-42-000-2022-
00033-00. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_0220220117PDFANE(.PDF) NroActua 2», archivo
«2_250002342000202200033002EXPEDIENTEDIGI20220217160608», folio 24.
21 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso con radicado 25000-23-42-000-2022-
00033-00. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_0220220117PDFANE(.PDF) NroActua 2», archivo
«2_250002342000202200033002EXPEDIENTEDIGI20220217160608», folio 8.
22 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso con radicado 25000-23-42-000-2022-
00033-00. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_0220220117PDFANE(.PDF) NroActua 2», archivo
«2_250002342000202200033002EXPEDIENTEDIGI20220217160608», folios 11 y 12.
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00033-01 (0341-2025)
Demandante: Wilman Yecid Camacho Peña
23.4. Por medio del Oficio 2565/DIVO5-ESMIC-B1-114 del 19 de octubre de 199923,
el director de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova solicitó al
comandante del Ejército Nacional lo siguiente:
«[…] Con el presente me permito solicitar al Señor General Comandante del Ejército
Nacional, su autorización para el ascenso del Alférez CAMACHO PEÑA WILLIAM YESID
como su subintendente en diciembre de 1999, a quién le fuera dispuesta a su baja por
Junta Médico Laboral N° 2430 de octubre de 12 de 1999 […]». (sic)
23.5. Por medio de la Resolución 1363 del 11 de abril de 200024, expedida por el
director de prestaciones sociales y el subjefe de estado mayor del Ejército Nacional,
previa solicitud efectuada por el interesado se declaró que no había lugar al
reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de indemnización a favor de
Wilman Yecid Camacho Peña con fundamento en las siguientes consideraciones:
«[…] Que al ALFEREZ CAMACHO PEÑA WILMAN YECID, le fue practicada acta de
Junta Médico Laboral No. 2430 del 12 de octubre de 1999.
Que así mismo en el expediente prestacional consta que el mencionado ALFEREZ
adquirió la lesión en el servicio por causa y razón del mismo.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Decreto 1211 de 1990, no
hay lugar al reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de indemnización y
que el ALFEREZ continua activo y no fue dado de baja por disminución de la capacidad
laboral […]». (sic)
23.6. Mediante el Acta de Junta Medica Laboral 89243 del 12 de septiembre de
201625, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional determinó que presentaba una
disminución de la capacidad laboral del 55.6%. Asimismo, en el acápite de
imputabilidad del servicio se indicó que la afección evaluada se consideraba una
enfermedad de origen común.
23.7. A través de Resolución 5459 del 31 de julio de 2017 26, el ministro de defensa
nacional retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares a diferentes oficiales
superiores del Ejército Nacional por llamamiento a calificar servicios, dentro de los
que se encontraba el mayor Wilman Yesid Camacho Peña.
23.8. Mediante escrito del 23 de junio de 202127, aquel solicitó el reconocimiento y
23 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso con radicado 25000-23-42-000-2022-
00033-00. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_0220220117PDFANE(.PDF) NroActua 2», archivo
«2_250002342000202200033002EXPEDIENTEDIGI20220217160608», folios 14 y 15.
24 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso con radicado 25000-23-42-000-2022-
00033-00. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_0220220117PDFANE(.PDF) NroActua 2», archivo
«2_250002342000202200033002EXPEDIENTEDIGI20220217160608», folio 16.
25 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso con radicado 25000-23-42-000-2022-
00033-00. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_0220220117PDFANE(.PDF) NroActua 2», archivo
«2_250002342000202200033002EXPEDIENTEDIGI20220217160608», folios 17 a 19.
26 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso con radicado 25000-23-42-000-2022-
00033-00. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_0220220117PDFANE(.PDF) NroActua 2», archivo
«2_250002342000202200033002EXPEDIENTEDIGI20220217160608», folios 22 a 23.
27 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso con radicado 25000-23-42-000-2022-
00033-00. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«2_ED_0220220117PDFANE(.PDF) NroActua 2», archivo
«2_250002342000202200033002EXPEDIENTEDIGI20220217160608», folios 3 a 5.
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Demandante: Wilman Yecid Camacho Peña
pago de la indemnización por disminución de la capacidad psicofísica.
23.9. El 19 de julio de 2021, a través de correo electrónico, la gestora y orientadora
del servicio al ciudadano del Ejército Nacional informó acerca de la imposibilidad de
acceder a lo pretendido, en los siguientes términos:
«[…] Que la función primordial de esta Dirección de conformidad con lo establecido en
la Resolución Ministerial No 15597 de 1997 y Resolución Ministerial No 4158 de 2010,
que descentralizó las responsabilidades del Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa, siendo creada esta oficina prestacional, encargándonos
únicamente por delegación del reconocimiento y orden de pago de las prestaciones
sociales UNITARIAS, tales como la compensación por muerte, cesantías definitivas,
giros por causación de cesantías hacia Caja Honor “Caja Promotora de Vivienda Militar
y de policía”, bonificación por el tiempo de soldado voluntario, indemnización por
disminución de la capacidad laboral, a partir de diciembre de 1997.
Ahora bien, es preciso indicar que no es posible acceder a su pretensión, como quiera
que al momento de practicada la Junta Medica Laboral No. 2430 de 1999 el señor
CAMACHO PEÑA WILMAN YECID ostento la categoría de ALFEREZ y continuo activo
situación que no existe fundamento legal para el reconocimiento indemnizatorio por
disminución de la capacidad laboral y en caso de acceder favorablemente a lo solicitado,
esta Dirección se apartaría del principio de legalidad.
Lo anterior, en el entendido que esta dirección se basa conforme al decreto 1211 de
1990 el cual señala lo siguiente:
ARTICULO 226. INDEMNIZACION POR DISMINUCION DE LA
CAPACIDADSICOFISICA.
El alumno de las Escuelas de Formación que sea dado de baja por disminución de su
capacidad sicofísica adquirida en actos relacionados con el servicio, tendrá derecho a
que el Tesoro Público le pague por una sola vez, una indemnización, de acuerdo con el
reglamento respectivo, así:
a. Alférez, Guardiamarina o Pilotín, la que corresponda al cincuenta por ciento (50%)
del sueldo básico de un Subteniente o Teniente de Corbeta.
b. Los demás alumnos de las Escuelas de Formación de Oficiales, la que corresponda
al treinta por ciento (30%) del sueldo básico de un Subteniente o Teniente de Corbeta
Dicho esto, la norma indica que solo se paga indemnización siempre y cuando el alumno
sea dado de baja a causa de la disminución de la capacidad laboral, situación que aquí
no se presentó y continuo en el servicio hasta llegar al grado de Mayor.
Por último reiterando que la Resolución 1363 de fecha 11 abril de 2000 se encuentra
ajustada en derecho. […]». (sic) (resaltado del texto original) (sic)
2.6. Análisis sustancial del caso concreto
24. En el presente asunto, se observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en sentencia proferida el 30 de
octubre de 2024 declaró la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.
25. Lo anterior, toda vez que la indemnización por disminución de la capacidad
psicofísica constituía una prestación de pago único y no periódica, sometida al
término de caducidad previsto para dicho medio de control. La solicitud presentada
por el demandante en junio de 2021 pretendió reabrir una situación jurídica
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previamente definida mediante la Resolución 1363 del 11 de abril de 2000, acto que
debió ser controvertido dentro de los 4 meses siguientes a su comunicación.
26. Inconforme con lo anterior, la parte demandante apeló dicha decisión al
considerar que el tribunal había interpretado erróneamente las normas aplicables al
caso, pues el derecho a reclamar la indemnización solo se hizo exigible a partir de
su retiro del servicio activo, ocurrido el 31 de julio de 2017. En ese sentido, la
solicitud presentada en junio de 2021 fue formulada dentro del término previsto en
los artículos 174 y 181 del Decreto 1211 de 1990, por lo que no había operado la
prescripción ni podía declararse la caducidad del medio de control.
27. En este sentido, el análisis de la Sala se circunscribirá a establecer si en el caso
concreto operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho respecto de la pretensión de reconocimiento de la indemnización por
disminución de la capacidad psicofísica reclamada por el demandante.
28. Valga recordar, como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la indemnización por
diminución de la capacidad psicofísica constituye una prestación económica
autónoma, definitiva y de pago único, razón por la cual las controversias
encaminadas para obtener su reconocimiento, reliquidación o reajuste se
encuentran sujetas al término de caducidad previsto para el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo, que las solicitudes posteriores
formuladas por el interesado no tienen la virtualidad de reabrir o revivir los términos
legalmente establecidos para controvertir el acto administrativo que definió su
situación jurídica particular.
29. En este sentido, el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispone:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al
de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según
el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales; […]
30. En el presente asunto se encuentra acreditado que mediante la Resolución 1363
del 11 de abril de 2000, el Ejército Nacional definió la situación jurídica particular
del actor al negarle el reconocimiento de la indemnización por disminución de la
capacidad psicofísica derivada de las lesiones sufridas el 31 de agosto de 1999
durante una instrucción militar. Asimismo, se observa que el actor presentó una
nueva solicitud de reconocimiento de dicha prestación en junio de 2021 [ver párrafo
23.8], la cual fue resuelta de manera desfavorable por la entidad el 19 de julio de
2021.
31. Para la Sala, la actuación adelantada en el año 2021 no dio origen a una
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situación jurídica nueva e independiente de la que fue definida previamente
mediante la Resolución 1363 del 11 de abril de 2000, sino que constituyó la
reiteración de una petición efectuada con anterioridad encaminada a obtener el
reconocimiento de una prestación económica que ya había sido negada por parte
de la administración. En consecuencia, dicha solicitud no tiene la capacidad de
reabrir ni de revivir el término de caducidad previsto para controvertir el acto
administrativo que resolvió de manera primigenia y definitiva la solicitud
indemnizatoria.
32. En efecto, admitir que una nueva petición presentada varios años después de
haberse resuelto de fondo el mismo pedimento genera un nuevo término para
acudir a la jurisdicción, desvirtuaría la finalidad de la caducidad y el principio de
seguridad jurídica que la sustenta, pues permitiría prolongar indefinidamente la
controversia y afectar la estabilidad de las decisiones adoptadas por la
administración. Por ello, correspondía al interesado ejercer oportunamente los
mecanismos judiciales previstos por el ordenamiento jurídico para controvertir la
decisión administrativa que negó el reconocimiento de la indemnización por
disminución de la capacidad psicofísica en un primer momento.
33. Tampoco resulta de recibo el argumento del apelante según el cual el derecho
solo se hizo exigible a partir de su retiro del servicio activo, ocurrido el 31 de julio
de 2017, con fundamento en los artículos 174 y 181 del Decreto 1211 de 1990. Lo
anterior, por cuanto la controversia planteada no versa sobre la prescripción del
derecho prestacional, sino sobre la oportunidad para controvertir judicialmente el
acto administrativo que resolvió de manera expresa la solicitud de reconocimiento
de la indemnización. En efecto, si el actor consideraba que la decisión
administrativa que negó el reconocimiento de la indemnización era contraria al
ordenamiento jurídico, debió controvertirla a través de los mecanismos judiciales
previstos para tal efecto, sin que una nueva solicitud formulada años después
pudiera generar una nueva oportunidad para hacerlo.
34. Además, de conformidad con la jurisprudencia citada en el marco normativo de
esta providencia, las solicitudes posteriores formuladas por el interesado no tienen
la virtualidad de revivir los términos de caducidad ya vencidos ni generar una nueva
oportunidad para controvertir judicialmente el acto administrativo que resolvió de
manera definitiva la prestación reclamada.
35. Así las cosas, aun si se tomara como referencia la respuesta emitida el 19 de
julio de 2021, esta no constituyó un acto administrativo que hubiese creado una
situación jurídica nueva susceptible de ser demandada de manera autónoma, pues
se limitó a reiterar una decisión previamente adoptada por la administración. Por
tanto, la demanda presentada el 18 de enero de 2022 no podía tener el efecto de
reabrir la discusión respecto de una situación jurídica definida desde el año 2000,
cuya controversia judicial debía plantearse oportunamente frente al acto que
resolvió de fondo la solicitud indemnizatoria [Resolución 1363 del 11 de abril de
2000].
36. En estas condiciones, al encontrarse acreditada la caducidad del presente medio
de control, la sala se relevará de efectuar un pronunciamiento sobre la procedencia
del reconocimiento de la indemnización por disminución de la capacidad psicofísica
reclamada por el demandante.
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37. En consecuencia, la Sala concluye que operó la caducidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual se confirmará la
sentencia apelada en cuanto la declaró probada de oficio dicha excepción y negó
las pretensiones de la demanda.
2.8. Costas
38. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
39. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
40. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma28.
41. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
42. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
43. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra acreditado que operó la
caducidad respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia apelada que así lo declaró y, en
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
28 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Wilman Yecid Camacho Peña
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, que declaró de
oficio la caducidad del medio de control y, en consecuencia, negó las pretensiones
de la demanda, el proceso promovido por Wilmar Yecid Camacho Peña en contra
de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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