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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00042-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00042-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 11 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia por las razones expuestas en la presente providencia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00042-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho–Ley 1437 de 2011.
Radicación : 25000-23-42-000-2022-00042-02 (1612-2025)1.
Demandante : José Javier Pérez Holguín.
Demandada : Nación–Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
Tema : Retiro por llamamiento a calificar servicios.
Decisión : Se confirma la sentencia apelada. El retiro por llamamiento a
calificar servicios cumplió los presupuestos legales de
procedencia. No se acreditó falta de motivación, vulneración
de la presunción de inocencia ni desviación de poder.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 11 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F2, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, instauró demanda contra la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Ejército
Nacional, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución No. 2613 del 24 de septiembre
de 2020, mediante la cual fue retirado del servicio activo por llamamiento a calificar
servicios.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara su reintegro al grado
que debía corresponderle por ascenso, tomando como parámetro el ostentado por sus
compañeros del curso de oficiales, así como el reconocimiento y pago indexado de los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la desvinculación hasta el
reintegro. De igual forma, pidió el pago de perjuicios materiales e inmateriales, intereses,
costas, y que se declarara que no existió solución de continuidad en la prestación del
servicio.

1 Expediente digital en Samai.
2 Decisión suscrita por los magistrados: Beatriz Helena Escobar Rojas, Patricia Salamanca Gallo y Luis Alfredo Zamora

Acosta.

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00042-02 (1612-2025).
Demandante: José Javier Pérez Holguín.

3. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que ingresó al Ejército Nacional el 15
de marzo de 1999, ascendió al grado de Subteniente el 1º de junio de 2002 y,
posteriormente, al grado de Mayor. Indicó que durante su carrera militar se desempeñó
con competencia, lealtad, disciplina y responsabilidad, obtuvo títulos académicos,
condecoraciones y exaltaciones, y no registró sanciones penales, disciplinarias ni
anotaciones negativas en su hoja de vida.

4. Señaló que el 14 de agosto de 2020 la Junta de Evaluación y Clasificación para
Oficiales del Ejército Nacional le comunicó que no había sido considerado para integrar
el Curso de Estado Mayor CEM-2021, decisión que, en su criterio, careció de motivación
seria y suficiente, pues no se anexó el acta correspondiente ni se explicaron las razones
concretas de la determinación. Agregó que presentó recurso de reconsideración contra
esa decisión, el cual fue resuelto de manera desfavorable el 9 de septiembre de 2020.

5. Sostuvo que el acto de retiro desconoció la Constitución, el debido proceso y los
derechos al trabajo, igualdad y estabilidad, porque la administración habría ejercido una
facultad discrecional absoluta, sin valorar su hoja de vida, sin acreditar desmejora del
servicio y sin consignar razones objetivas que justificaran su separación de la institución.

6. Adujo que se configuró desviación de poder, en la medida en que su retiro no obedeció
al mejoramiento del servicio, sino a una decisión subjetiva y caprichosa de la Junta
Asesora y del Ministerio de Defensa, pese a que su desempeño había sido óptimo y no
existían antecedentes que justificaran su desvinculación.

7. Finalmente, alegó falta de motivación o motivación insuficiente, pues la Resolución No.
2613 de 2020 no habría indicado los hechos u omisiones concretas que justificaban su
retiro ni las razones por las cuales se habría perdido la confianza institucional. Añadió
que la sola causación del derecho a la asignación de retiro no habilitaba, por sí misma,
el llamamiento a calificar servicios.

Contestación de la demanda

8. La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y, sostuvo que el
acto acusado se ajustó a la Constitución, a la ley y al régimen especial aplicable a los
miembros de las Fuerzas Militares.

9. Señaló que el llamamiento a calificar servicios constituye una modalidad de retiro
prevista legalmente, cuya motivación se encuentra intrínseca en la ley, razón por la cual
no era exigible una motivación adicional, siempre que el oficial cumpliera los requisitos
para acceder a la asignación de retiro.

10. Indicó que dicha figura responde a la estructura jerarquizada y piramidal de la carrera
militar, así como a la necesidad de renovación del personal uniformado y, precisó que se
trata de una potestad inherente al poder jerárquico de mando y que, en el caso concreto,
el demandante cumplía el requisito temporal exigido para su procedencia.

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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00042-02 (1612-2025).
Demandante: José Javier Pérez Holguín.

11. Afirmó que el llamamiento a calificar servicios no tiene naturaleza sancionatoria, no
constituye deshonra militar ni implica afectación al buen nombre del retirado, pues
corresponde a un retiro temporal con pase a la reserva. Por ello, sostuvo que las
calidades profesionales, la idoneidad y el buen desempeño del actor no generaban fuero
de estabilidad ni impedían el ejercicio de la potestad discrecional de retiro.

12. Finalmente, señaló que correspondía a la parte demandante acreditar los vicios de
nulidad alegados, en particular la desviación de poder, el abuso de la facultad discrecional
y la falsa motivación. En consecuencia, propuso la excepción de legalidad del acto
administrativo definitivo demandado.

II. SENTENCIA APELADA

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 11 de marzo de 2025,
negó las pretensiones de la demanda, por considerar que el retiro del servicio del actor
se hizo en legal forma, ya que, la entidad demandada tenía la facultad legal de llamar a
calificar servicios al Mayor José Javier Pérez Holguín.

14. Señaló que la Resolución No. 2613 del 24 de septiembre de 2020 cumplió los
requisitos establecidos para el retiro por llamamiento a calificar servicios, esto es, el
tiempo mínimo de servicios, que llevaba implícito el derecho a la asignación de retiro, y
el concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas
Militares y, precisó, que al momento de la expedición del acto, el demandante contaba
con más de 20 años de servicio y existía recomendación unánime de retiro consignada
en el Acta No. 009 del 10 de agosto de 2020.

15. Agregó que la decisión demandada tuvo como fundamento lo consignado en el acta
de la Junta Asesora, en la cual se aludió a la estructura jerárquica y piramidal de la
institución, la necesidad de mantener la jerarquía de los grados y la subordinación, así
como los mecanismos de renovación institucional. También sostuvo que, conforme a la
jurisprudencia citada, la fundamentación del llamamiento a calificar servicios es extra
texto, pues su motivación se encuentra en la legislación que regula esa modalidad de
retiro.

16. Frente a los cargos de violación de la Constitución, desviación de poder y falta de
motivación, el Tribunal consideró que no eran válidos los argumentos del demandante,
porque la expedición del acto de retiro no imponía un estándar de razonabilidad y
proporcionalidad distinto al cumplimiento de las causales objetivas, las cuales estimó
satisfechas. Agregó que el actor no probó que con su retiro se hubiera desmejorado el
servicio, que se hubiera satisfecho una finalidad contraria a los intereses públicos o
institucionales, ni que la figura del llamamiento a calificar servicios se hubiese utilizado
de forma indebida.

17. Finalmente, el a quo resaltó que, aunque la hoja de vida del actor no registraba
desméritos, conceptos negativos o llamados de atención, y que los testimonios resaltaron
sus calidades personales y profesionales, tales elementos no fueron suficientes para

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Demandante: José Javier Pérez Holguín.

desvirtuar la legalidad del acto acusado ni para acreditar los vicios alegados. Por ello,
negó las pretensiones de la demanda.

III. RECURSO DE APELACIÓN

18. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con el fin de que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a las pretensiones
de la demanda. Como fundamento principal alegó que el Tribunal se apartó del deber de
proteger al trabajador y de garantizar los principios de progresividad, prohibición de
regresividad, primacía de la Constitución, trabajo en condiciones dignas y justas, y
aplicación de los principios mínimos fundamentales del derecho laboral.

19. Afirmó que el Tribunal se equivocó al considerar ajustadas a derecho las razones del
Comité Evaluador consignadas en el Acta No. 9456 del 13 de agosto de 2020, pues la
pérdida de confianza atribuida al demandante se fundó en una investigación penal en
etapa de instrucción, pese a que no había sido declarado culpable mediante sentencia
ejecutoriada. Por ello, alegó desconocimiento de la presunción de inocencia prevista en
el artículo 29 de la Constitución.

20. Señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta que, tratándose de actos expedidos en
ejercicio de facultades discrecionales, cuando la hoja de vida refleja una trayectoria
comprometida, sin deficiencias en el servicio ni antecedentes disciplinarios, debe
aparecer en el proceso alguna razón que justifique la mejora del servicio, para evitar
excesos frente a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

21. Sostuvo que el a quo omitió advertir que en el acta de la Junta Asesora no existió un
análisis mínimo de la hoja de vida del demandante, de la desmejora del servicio, de la
afectación de la excelencia institucional, de su supuesta ineptitud o falta de mérito para
ascender, ni de los informes de inteligencia o contrainteligencia. En criterio del apelante,
ello evidenciaba una omisión del debido proceso sustancial y el encubrimiento de una
facultad discrecional absoluta.

22. Indicó que la investigación penal mencionada en el Acta No. 9456 llevaba 18 años,
se encontraba en etapa de instrucción y, según expuso, estaba prescrita, por lo que
cuestionó que pudiera servir como obstáculo para recomendar al actor al Curso de Estado
Mayor. Además, invocó los testimonios de Edilson Fernández Sierras y Leonardo Díaz
Matiz, quienes resaltaron que el actor no tenía sanciones, que su investigación penal no
afectaba la evaluación, que contaba con condiciones personales y profesionales, y que
había recibido concepto favorable de idoneidad profesional en 2019.

23. Adujo que el Tribunal erró al concluir que el concepto de la Junta Asesora era
ajustado a derecho, pues, en su criterio, no tuvo en cuenta la hoja de vida del demandante
ni las recomendaciones de sus evaluadores. También señaló que los verdaderos motivos
del retiro no fueron plasmados en el acta ni conocidos mediante la debida notificación.

Insistió en que el Tribunal desconoció las reglas jurisprudenciales sobre el retiro
discrecional de miembros de la Fuerza Pública, en particular la exigencia de que la

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Demandante: José Javier Pérez Holguín.

recomendación de retiro esté respaldada en razones objetivas, sin arbitrariedad o
capricho, y que se deje plasmado el estudio pertinente y completo que fundamente la
desvinculación, conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, esto, en
atención a lo indicado en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 7 de abril
de 2022 y en la SU-091 de 2016 proferida por la Corte Constitucional.

24. Finalmente, sostuvo que el acto acusado no estuvo motivado en razones del buen
servicio, sino en arbitrariedad, pues la administración habría considerado
equivocadamente que bastaba con que el demandante tuviera derecho a asignación de
retiro. Afirmó que dicha circunstancia no avalaba por sí sola el llamamiento a calificar
servicios y que el actor merecía igualdad y selección objetiva para permanecer en la
institución y aspirar a ascensos, salvo que existieran criterios objetivos y razonables que
justificaran lo contrario.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

25. Mediante auto proferido el 18 de junio de 20243 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.

26. El Ministerio Público no rindió concepto.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

27. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.

Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en los errores de valoración probatoria que le atribuye la parte demandante al
negar las pretensiones de la demanda; particularmente, si desconoció que la
recomendación de retiro y la decisión administrativa se sustentaron en una investigación
penal que permanecía en etapa de instrucción, sin sentencia condenatoria, y en razones
presuntamente insuficientes para desvirtuar la hoja de vida, trayectoria profesional y
conceptos favorables del actor, con vulneración de los principios de proporcionalidad,
razonabilidad, debido proceso y presunción de inocencia; o si, por el contrario, acertó al
concluir que la actuación de la administración constituyó un ejercicio legítimo de la

3 Índice 0004 de Samai.

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Demandante: José Javier Pérez Holguín.

facultad legal de llamamiento a calificar servicios prevista en el Decreto Ley 1790 de
2000.

Análisis del problema jurídico

29. La Sala confirmará la sentencia apelada por considerar que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca no incurrió en los desaciertos jurídicos y probatorios que le atribuye la
parte apelante. La sentencia de primera instancia valoró adecuadamente el marco
normativo y jurisprudencial aplicable al retiro por llamamiento a calificar servicios, así
como el material probatorio obrante en el expediente, para concluir que la Resolución No.
2613 del 24 de septiembre de 2020 fue expedida en ejercicio legítimo de la facultad legal
de llamamiento a calificar servicios prevista en los artículos 100 y 103 del Decreto Ley
1790 de 2000.

30. Conforme al acervo probatorio que reposa en el expediente, se tiene que, mediante
la Resolución No. 2613 del 24 de septiembre de 2020 el Ejército Nacional retiró del
servicio activo de las Fuerzas Militares a varios oficiales superiores, entre ellos al
demandante. En dicho acto se invocaron las facultades previstas en los artículos 99, 100,
literal a), numeral 3, modificado por el artículo 5 de la Ley 1792 de 2016, y 103, modificado
por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006, del Decreto Ley 1790 de 2000. Asimismo, se
indicó que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares
recomendó por unanimidad el retiro del servicio activo por llamamiento a calificar
servicios de los oficiales allí relacionados, quienes contaban con más de 17 años de
servicio, y se precisó que dicha causal permitía la renovación o relevo del personal
uniformado dentro de las escalas jerarquizadas propias de la institución, así como el
ascenso y promoción de otros militares.

31. En ese sentido, para la Sala, contrario a lo indicado por el apelante, el acto acusado
cumplió los presupuestos legales de procedencia del retiro por llamamiento a calificar
servicios, pues estuvo precedido de la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa para las Fuerzas Militares4 y recayó sobre un oficial que reunía el tiempo

4 “El Comandante del Ejército Nacional se permite presentar a consideración de la H. Junta Asesora del Ministerio de

Defensa para las Fuerzas Militares, la propuesta del retiro del servicio activo por Llamamiento a Calificar Servicios de
los Oficiales relacionados a continuación, de conformidad a lo establecido en los artículos 100 (modificado por el
artículo 5° de la Ley 1792 de 2016) literal a) numeral 3° y 103 (modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006)
del Decreto Ley 1790 de 2000.(…)
Que la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios es una facultad consagrada en el artículo 103 del Decreto
Ley 1790 de 2000, modificado por el artículo 25 de la Ley 114 de 2006, según la cual los Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares, solo podrá ser retirados, cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación
de retiro.(…)
Que no existe la obligación de motivar expresamente estos actos de retiro, ya que la motivación está contenida en el
acto de forma extra textual y claramente está dada por la Ley, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en
ella, puesto que es una terminación normal de la carrera.(…)
Que de lo descrito se concluye, que si la Ley está exigiendo como requisito indispensable de procedencia para que
pueda operar la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, el haber cumplido un tiempo mínimo de servicio,
con el fin de garantizar el acceso a una asignación mensual de retiro, como reconocimiento a la labor desempeñada y
al servicio prestado, este mecanismo de terminación normal de la carrera militar procederá por la sola prestación del
servicio dentro del lapso preestablecido por la normatividad, requisito único además para hacerse acreedor a la
asignación de retiro, es una causal de terminación normal de la situación administrativa laboral de un uniformado dentro
de la Institución Castrense.”
Que los Oficiales relacionados, cuentan con más de quince (15) años de servicios, tiempo que los hace acreedores a
una asignación mensual de retiro, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 991 del 15 de mayo de 2015.

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Demandante: José Javier Pérez Holguín.

mínimo de servicios requerido para acceder a la asignación de retiro5, en tanto el material
probatorio acredita que contaba con más de 20 años de servicio registrados en su hoja
de servicios militares, tiempo que, a su vez, sirvió de fundamento para el reconocimiento
de la asignación de retiro, efectuado mediante la Resolución No. 16513 del 28 de
diciembre de 2020.

32. Ahora bien, el apelante sostuvo que el a quo desconoció las reglas jurisprudenciales
sobre motivación y control de los actos discrecionales de retiro. Para ello citó la regla de
la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-26-2022 del 7 de abril de 20226 según la cual “la
recomendación de retiro del servicio de la respectiva junta asesora o de evaluación y
clasificación, que sirve de sustento al acto administrativo definitivo, deberá estar
respaldada en razones objetivas (sin visos de arbitrariedad o capricho), dejando
plasmado el estudio pertinente y completo que fundamente la sugerencia de
desvinculación, de acuerdo con los documentos que permitan entrever su correlación con
los principios de proporcionalidad y razonabilidad”.

33. No obstante, la Sala precisa que dicha regla fue fijada para el retiro discrecional por
voluntad del Gobierno o de la autoridad competente, supuesto distinto del llamamiento a
calificar servicios que aquí se examina. En efecto, la providencia de unificación diferenció
esa modalidad de desvinculación del retiro por llamamiento a calificar servicios y,
respecto de esta última, reiteró que su motivación es extratextual y se encuentra
incorporada en las normas que regulan la materia. Por ello, siempre que se acrediten los
presupuestos legales de procedencia de la causal, no se exige una motivación expresa
adicional ni un soporte documental reforzado de la recomendación emitida por la Junta
Asesora7.

34. En esa medida, no resulta procedente trasladar al llamamiento a calificar servicios
las exigencias previstas para el retiro discrecional por voluntad del Gobierno, en particular

Que la Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, después de estudiar las
propuestas sometidas a su consideración por parte del señor General Comandante del Ejército Nacional, y teniendo
en cuenta que los señores Oficiales relacionados cumplen con los requisitos para tener derecho a la asignación de
retiro conforme a lo establecido en los artículos 100 (modificado por el artículo 5°, de la Ley 1792 de 2016) literal a)
numeral 3 y el 103 (modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006) del Decreto Ley 1790 de 2000, recomienda
por unanimidad el retiro del servicio activo por Llamamiento a Calificar Servicios de los Oficiales citados
anteriormente.
5 Respecto de la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, el artículo 103 del Decreto 1790 de 2000 dispone

expresamente que oficiales y suboficiales sólo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, después de
haber cumplido quince (15) años o más de servicio, sin perjuicio de las condiciones de llamamiento especial al servicio
contempladas en el artículo 117.
6 Proferida dentro del proceso de radicado 52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016).
7 […]“En este orden de ideas, actualmente, coincide el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional con el de esta

Corporación, en el sentido de que los actos administrativos de retiro por llamamiento a calificar servicios se presumen
expedidos en aras del mejoramiento del servicio oficial, por lo que no es necesaria su motivación expresa, toda vez
que dicho llamamiento comporta una herramienta indispensable para la renovación de los cuadros de mando de la
fuerza pública, sin que esto implique una potestad arbitraria que esconda otras razones de fondo diferentes a los
requisitos legales para su configuración, y en caso de que ello ocurra el afectado tendrá la posibilidad de demandar a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, eso sí con la carga probatoria tendiente a
desvirtuar la aludida presunción de legalidad. Dicho en otras palabras, el llamamiento a calificar servicios si bien se
efectúa en ejercicio de una facultad discrecional y, para la emisión del respectivo acto administrativo debe observarse
el principio de proporcionalidad (en armonía con el mandato contenido en el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo27, hoy 44 de la Ley 1437 de 201128), tiene como propósito la renovación del personal uniformado, por
lo cual se presume expedido por razones de conveniencia institucional, mas no de carácter subjetivo, y en tal sentido
no es dable exigir una motivación expresa o un soporte documental de esta, ni de la correspondiente recomendación
de la junta asesora.”[…]

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Demandante: José Javier Pérez Holguín.

la obligación de consignar en el acta un estudio individual, completo y detallado sobre las
razones del servicio o las condiciones personales del uniformado. Esto no significa que
la administración carezca de referentes objetivos o antecedentes institucionales para
adoptar la decisión, sino que, tratándose del llamamiento a calificar servicios, la ley no
impone el mismo estándar de motivación expresa y detallada previsto para el retiro
discrecional por voluntad del Gobierno.

35. La anterior conclusión no desconoce el criterio fijado por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-091 de 2016, pues aun bajo el entendimiento allí desarrollado, el
llamamiento a calificar servicios no constituye una sanción ni exige la exposición de
reproches personales, disciplinarios o funcionales contra el oficial retirado, sino que
corresponde a una causal legal de retiro vinculada con la renovación del personal
uniformado y la estructura jerarquizada de la Fuerza Pública. En esa medida, el control
judicial procede para verificar que la decisión no encubra finalidades arbitrarias,
persecutorias, discriminatorias o ajenas al servicio; sin embargo, en el presente asunto
la parte demandante no acreditó que la recomendación de retiro ni el acto acusado
hubieran respondido a tales finalidades, sino que ambos se sustentaron en la causal legal
aplicable, en la recomendación previa de la Junta Asesora y en el cumplimiento del
tiempo de servicios exigido.

36. Por ello, tampoco prospera el argumento del apelante según el cual la Junta Asesora
omitió analizar la hoja de vida del actor, la desmejora del servicio, la supuesta necesidad
de justificar su retiro por ineptitud o falta de mérito para ascender, o los informes de
inteligencia y contrainteligencia. Tratándose del llamamiento a calificar servicios, la
legalidad del acto no depende de que la administración adelante un juicio de reproche
funcional o disciplinario sobre el oficial retirado, ni de que demuestre una deficiencia en
el servicio, pues dicha modalidad de retiro responde a criterios institucionales de
renovación y organización jerárquica de la Fuerza Pública.

37. En relación con el cargo relativo a la presunta vulneración de la presunción de
inocencia, no le asiste razón al apelante al sostener que el Tribunal avaló una decisión
fundada en una investigación penal en etapa de instrucción. Ello es así porque el retiro
por llamamiento a calificar servicios no tuvo naturaleza sancionatoria ni comportó, por sí
mismo, un juicio anticipado de responsabilidad penal o disciplinaria contra el
demandante.

38. Si bien en una actuación previa y distinta al trámite de retiro, esto es, el Acta No. 9456
del 13 de agosto de 2020, expedida por el Comité Evaluador para CEM–CIM 2021 y los
Oficiales Evaluadores, se hizo referencia a antecedentes institucionales relacionados con
la situación del actor,8 de ello no se sigue que la Resolución No. 2613 del 24 de

8
El Comité de Estudios, basado en las herramientas, políticas y lineamientos en Administración de Personal a
desarrollar al interior del Ejército Nacional, así mismo fundamentado en un pormenorizado estudio minucioso, detallado
y justo, durante un lapso de tiempo considerable todos los relacionado con la carrera militar, en los lineamientos éticos,
profesionales y personales del Oficial, además de considerarse y tomar en cuenta otros aspectos que la Fuerza
encuentra necesarios, para seguir escalando dentro del ámbito militar, la recomendación brindada por el colegiado,
concluye finalmente que (en el estudio realizado de su hoja de vida y antecedentes no presenta ninguna situación
especial para no ser llamado) recomienda que el Oficial sea llamado a realizar Curso de Estado Mayor, tomando como
referencia el Artículo 52 del Decreto [Ley] 1790 de 2000, no acredita las condiciones de conducta y profesionales como

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Demandante: José Javier Pérez Holguín.

septiembre de 2020 hubiera tenido como causa determinante una imputación penal no
definida, ni que la administración hubiese sustituido a la autoridad judicial competente.
En realidad, el acto demandado se sustentó en la causal legal de llamamiento a calificar
servicios, en la recomendación de la Junta Asesora y en el cumplimiento del tiempo
mínimo requerido, sin que la parte actora acreditara que tales referencias hubieran sido
empleadas como fundamento sancionatorio encubierto.

39. En todo caso, la Sala precisa que este análisis no implica pronunciamiento alguno
sobre la veracidad material de los antecedentes mencionados ni sobre la responsabilidad
penal o disciplinaria del demandante. Lo relevante para esta instancia es que no se
demostró que la facultad de llamamiento a calificar servicios hubiera sido utilizada con
fines persecutorios, discriminatorios, sancionatorios o ajenos a la finalidad institucional
de renovación y organización jerárquica de la Fuerza Pública.

40. De igual forma, no prospera el reproche según el cual el Tribunal omitió valorar la
trayectoria profesional, académica y funcional del demandante. La Sala advierte que la
sentencia apelada sí se refirió a la hoja de vida del actor, a sus antecedentes
profesionales y a las declaraciones testimoniales practicadas en el proceso. De hecho, el
a quo dejó constancia de que en los folios de vida correspondientes a los años 2018 a
2020 no se registraban anotaciones negativas, llamados de atención o sanciones
disciplinarias, y valoró igualmente los testimonios rendidos por oficiales que destacaron
sus condiciones personales y profesionales.

41. Sin embargo, tales elementos no resultan suficientes para desvirtuar la presunción
de legalidad del acto acusado, pues la idoneidad profesional, la ausencia de sanciones y
las calificaciones favorables no generan un derecho subjetivo a permanecer
indefinidamente en el servicio activo ni limitan, por sí mismas, la facultad de llamamiento
a calificar servicios, prevista para garantizar la renovación y organización piramidal de la
institución militar.

42. Tampoco prospera el cargo relacionado con la supuesta falta de motivación suficiente
de la Resolución No. 2613 de 2020. Al tratarse de un retiro por llamamiento a calificar
servicios, dicho acto no requería una motivación adicional o reforzada, distinta de la
identificación del fundamento normativo, la causal aplicada, la recomendación previa de
la Junta Asesora y el cumplimiento del tiempo de servicios exigido para acceder a la
asignación de retiro, aspectos que fueron consignados en la decisión acusada.

requisitos comunes, toda vez que no genera la confianza en el mando para asignarle funciones y cargos de mayor
responsabilidad que permita realizar con éxito las misiones y tareas que se deben cumplir con los mejores soldados,
lo cual es de suma importancia pues, las vidas de hombres y mujeres que integran el Ejército Nacional, sin mencionar
la seguridad del Estado, dependen de lo competentes que sean los comandantes, lo cual no es observado en el Oficial,
por las razones que a continuación de exponen así: “Por otro lado, en la parte jurídica el Oficial registra investigación
penal adelantada por la conducta típica de HOMICIDIO AGRAVADO, que, pese a que se encuentra en etapa de
instrucción, los hechos que dieron lugar a la misma puede dejar entre dicho el manejo y control y cuidado del personal
que se encontraba bajo su mando, así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad que deben ser
considerados por la zona geográfica de alto riesgo en la que se desarrollaron los hechos”. Es de resaltar, que al ser el
Ejército Nacional un sistema piramidal y de escalonamiento, por ello es necesaria la selección del personal, cuya hoja
de vida no presente señalamientos que dejen entre dicho las decisiones administrativas en materia de selección del
perfil del personal seleccionado para próximos ascensos.

9

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00042-02 (1612-2025).
Demandante: José Javier Pérez Holguín.

43. En ese contexto, el contenido del acta de la Junta Asesora no configura una falta de
motivación suficiente del acto demandado, pues dicha acta constituye el concepto previo
exigido para la procedencia del llamamiento a calificar servicios y no el acto definitivo de
retiro. Además, en ella se dejó constancia de la recomendación favorable de retiro y de
los presupuestos que habilitaban su expedición.

44. De igual forma, no se acreditó la vulneración del derecho a la igualdad ni la aplicación
de criterios subjetivos o discriminatorios en la selección del demandante para el retiro. Si
bien el apelante sostuvo que la administración no explicó por qué fue llamado a calificar
servicios frente a otros oficiales que permanecieron en la institución, lo cierto es que no
aportó elementos de comparación idóneos que permitieran establecer que otros
uniformados en igual situación jurídica y funcional recibieron un trato más favorable sin
justificación objetiva. Además, del acto acusado y de la recomendación previa de la Junta
Asesora no se desprende que la decisión hubiera obedecido a razones personales,
arbitrarias o ajenas a la política institucional de renovación y relevo del personal militar.

45. Así las cosas, para la Sala el Tribunal acertó al considerar que no se acreditaron los
elementos constitutivos de desviación de poder, arbitrariedad o desproporción alegados
por la parte demandante. La inconformidad del apelante se orientó, en realidad, a
cuestionar el criterio de conveniencia institucional adoptado por la administración y a
proponer una valoración distinta de su trayectoria profesional; sin embargo, ello no resulta
suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado ni para demostrar
que la facultad de llamamiento a calificar servicios fue empleada como mecanismo
sancionatorio, persecutorio o discriminatorio. Por consiguiente, habrá lugar a confirmar la
sentencia apelada.

Condena en costas
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

48. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
sobre la parte vencida en el proceso.

49. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, y su la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en
el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

10

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00042-02 (1612-2025).
Demandante: José Javier Pérez Holguín.

50. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia,
por cuanto el recurso de apelación no prosperó. Para el efecto, las agencias en derecho
serán fijadas por el despacho competente y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo previsto
en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 11 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia por las
razones expuestas en la presente providencia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00042-02 (1612-2025).
Demandante: José Javier Pérez Holguín.

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

12

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