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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00047-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00047-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR los ordinales segundo, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida el veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído, los cuales quedarán así: SEGUNDO: Declarar la excepción de prescripción trienal extintiva de los valores pedidos por el demandante, causados con anterioridad al 26 de mayo de 2018, excepto los aportes a seguridad social desde el doce (12) de enero de dos mil diecisiete (2017) hasta cuando culmine la relación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Para tal efecto, solo deberán pagarse al sistema las diferencias causadas entre lo que efectivamente se pagó y lo que correspondía pagar por concepto de aportes a seguridad social en pensiones. Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia a favor del demandante se actualizarán en su valor. CUARTO: Condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar al demandante FERNANDO RODRÍGUEZ HOYOS, retroactivamente, el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual. Los aportes a seguridad social en pensiones deberán realizarse teniendo en cuenta el 30% de la prima especial de servicios. Las diferencias a pagar deben atender a los períodos estrictamente laborados, hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, siempre que, para ese momento, el demandante continúe prestando el servicio en cargos que generen el derecho a dicha prima especial de servicios o, en su defecto, hasta su desvinculación, sin que, en ningún caso, al sumar la totalidad de los ingresos, se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno para el cargo que otorga el referido emolumento, circunstancia que deberá verificar la entidad al momento de efectuar la liquidación. El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la demandante por los conceptos aquí reconocidos, es decir, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00047-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000234200020220004701 (3049-2025)1
Demandante: Fernando Rodríguez Hoyos
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (art. 14 de la Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada y la
parte demandante, contra la sentencia del veintisiete (27) de junio de dos mil
veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones2

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de: (i) el
Oficio n.° 20216890001205 (sic) y la Resolución n.° 0404 de nueve (09) de julio de
dos mil veintiuno (2021), por medio del cual, el departamento de administración de

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Expediente electrónico.
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Número Interno: 3049-2025
Demandante: Fernando Rodríguez Hoyos
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

personal de la Fiscalía General de la Nación negó el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios como un adicional a la remuneración mensual, así como,
la reliquidación de las prestaciones sociales, durante el período comprendido entre
el doce (12) de enero de mil diecisiete (2017), hasta la fecha.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) reconocer y pagar la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un
adicional a la remuneración mensual, en cuantía equivalente al 30%, durante el
tiempo en el que ha ostentado el cargo que lo hace beneficiario del citado
emolumento, esto es, desde el doce (12) de enero de mil diecisiete (2017), y en
adelante, mientras permanezca vinculado al servicio; (ii) reliquidar las prestaciones
sociales, durante el período en comento, «tomando como base de liquidación de las mismas
el 100% de su sueldo básico mensual, más la prima especial mensual, con carácter salarial,
equivalente al 30% de la asignación básica mensual»; (iii) pagar los intereses que se

causen; (iv) las costas del artículo 188 del CPACA y (v) ordenar el cumplimiento de
la sentencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y siguientes del
CPACA.

1.2. Los hechos3

3. En el escrito de demanda, la parte actora precisó que, ha prestado sus servicios
en la Fiscalía General de la Nación desde el doce (12) de enero de mil diecisiete
(2017), en el cargo de fiscal delegado ante el juez circuito, hasta la fecha (tomando
como referencia la de radicación de la demanda).

4. Indicó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, tiene derecho a percibir la prima especial de servicios, de carácter mensual,
y en cuantía equivalente al 30% del salario básico mensual que devenga.

5. Explicó que, año tras año, el Gobierno Nacional, en cumplimiento de la Ley 4ª de
1992, ha expedido los decretos salariales de los empleados y funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación, hasta la expedición del Decreto 272 de 2021, al
establecer el régimen salarial de los empleados de la rama judicial, incluyendo a los

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Samai, índice 00002.

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Número Interno: 3049-2025
Demandante: Fernando Rodríguez Hoyos
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación. Precisó que se le ha
dado la denominación de prima especial de servicios al 30% del salario de los
funcionarios y empleados que tiene derecho a ella, sin tener en cuenta que el
legislador consideró que ese 30% fuera adicional al salario.

6. Adujo que, la jurisdicción de lo contencioso-administrativo «viene declarando la
nulidad de los actos administrativos que han negado la correcta liquidación de la prima especial de
servicios a los servidores de la Rama Judicial, así como de la Fiscalía General de la Nación». Así,

puso de presente antecedentes como el del diecinueve (19) de marzo de dos mil
diez (2010), dentro del Exp. 2005-01134; del dos (2) de marzo de dos mil trece
(2013), dentro del Exp. 2005-03178; y del veintiuno (21) de abril del dos mil dieciséis
(2016), dentro del Exp. 0239-2014, en los cuales esta Corporación se ha referido al
carácter de la prima especial de servicios como un sobresueldo o adición.

7. Puntualizó que, el veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021), presentó
ante la Fiscalía General de la Nación una petición encaminada a obtener el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico, en cuantía equivalente al 30% del mismo, así como, las respectivas
diferencias entre los valores sufragados y los que se debieron pagar.

8. Manifestó que, mediante el Oficio n.° 2021589000011205 (sic) del treinta y uno
(31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), la entidad accionada negó el
reconocimiento deprecado, decisión contra la cual interpuso recurso de reposición,
el cual fue despachado desfavorablemente, a través de la Resolución n.° 404 del
nueve (09) de julio de ese mismo año.

9. Dijo que, ante la Procuraduría Séptima Judicial para asuntos Administrativos de
Bogotá, el día trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021), intentó conciliación
extrajudicial con la Fiscalía General de la Nación y se declaró fallida el dieciséis (16)
de diciembre del mismo año, quedando agotado este requisito.

1.3. Concepto de la violación

10. La parte demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados violan los
artículos 53 y 150 de la Constitución Política; la Ley 332 de 1996, Ley 4ª de 1992, y
el Decreto 53 de 1993; los decretos expedidos año a año, por medio de los cuales,

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Número Interno: 3049-2025
Demandante: Fernando Rodríguez Hoyos
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

el Gobierno Nacional fija el régimen salarial y prestacional de los servidores de la
entidad; los artículos 127, 128, 132 y 157 del Código Sustantivo del Trabajo; el
Convenio 100 de 1951 de la OIT; y las Leyes 16 de 1972 y 319 de 1996.

11. Manifestó que, la Fiscalía General de la Nación ha desconocido lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, ley marco de la cual también destacó lo
establecido en el artículo 2º, literal a), en punto a precisar que, el Gobierno, al fijar
el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, debe respetar los
derechos adquiridos y le está proscrito desmejorar los salarios y prestaciones.

12. Hizo referencia a la sentencia de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, proferida el dos (02) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019) y del quince (15) de diciembre de (2020), para resaltar la interpretación
acogida por la Corporación frente al alcance del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
que, sobre el particular, ha sostenido que el 30% de la prima especial de servicios
es el parámetro para cuantificar el valor del emolumento que se suma al salario
básico del servidor o funcionario, es decir, aquél que se concibe como un
incremento remuneratorio o un sobresueldo.

13. Con base en los antecedentes de esta Corporación, y del marco normativo
aplicable a la prima especial de servicios, concluyó que tiene derecho a que se le
reconozca y pague el emolumento, en cuantía equivalente al 30% del salario básico,
durante el tiempo de servicios prestados a la Fiscalía General de la Nación. De igual
manera, reiteró que, le asiste el derecho a que sean reliquidadas las prestaciones
sociales, tomando como base de liquidación el 100% de la remuneración
devengada, sin que sea dable sustraer el 30% por concepto de prima especial.

1.4. La contestación de la demanda4

14. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda, al sostener que, la entidad ha liquidado y pagado la asignación
salarial y prestacional de sus servidores incluyendo al demandante con estricta
sujeción a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, en los cuales se
estipula que, ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional estatuida en los decretos expedidos por el ejecutivo, en concordancia

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Samai, índice 00024.

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Número Interno: 3049-2025
Demandante: Fernando Rodríguez Hoyos
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

con lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley 4ª de 1992.

15. Expresó que, la Ley 4ª de 1992 estableció los objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos. Además, indicó que, el artículo 14 ibidem, previó la posibilidad
de crear una prima especial, sin carácter salarial, no inferior al 30%, ni superior al
60% del salario básico devengado, entre otros, para funcionarios de la Fiscalía
General de la Nación, la que es diferente a los servidores de la rama judicial.

16. Anotó que, mediante la Ley 332 de 1996, el legislador dispuso que, la prima
especial de servicios (de la que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992), hace parte
del ingreso base, únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación, «para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley ».

17. Agregó que, a través de la Ley 476 de 1998, los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993,
o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico, sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo al cargo
correspondiente.

18. Subrayó que, la Sección Segunda del Consejo de Estado «se ha ocupado del estudio
de legalidad de los decretos que han fijado la escala salarial de los servidores de la Fiscalía General
de la Nación, providencias en las que se ha declarado la nulidad de los artículos que contemplan la
prima especial del 30% sin carácter salarial». En esa línea, trajo a colación la sentencia del

quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), proferida por esta Corporación,
para señalar que se trata del precedente vigente para la solución del caso
planteado.

19. Finalmente, propuso como excepciones las de: (i) prescripción; (ii) carencia de
objeto respecto a las prestaciones de carácter laboral; (iii) inaplicabilidad como
factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación; y
(iv) la improcedencia de extralimitar el límite previsto en el artículo 4º de Ley 4ª de
1992.

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Demandante: Fernando Rodríguez Hoyos
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1.5. La sentencia de primera instancia5

20. Mediante sentencia del veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025), la
Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se estuvo a lo resuelto
en la sentencia de unificación del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020),
proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda y, en consecuencia,
declaró la nulidad de los actos acusados. En tal virtud, condenó, a título de
restablecimiento del derecho, al reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios, en cuantía equivalente al 30% de la asignación, así como, la reliquidación
de las prestaciones tomando como base la totalidad del salario. A su vez, se declaró
probada la prescripción trienal respecto a las sumas causadas con anterioridad al
veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Así, dispuso:

PRIMERO. Estarse a lo resuelto en la Sentencia de Unificación – SUJ – 023-CE-S2-2020 de
15 de diciembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, radicación 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018) Accionante: Nayibe
Lorena Pérez Castro contra la Fiscalía General de la Nación C.P. Jorge Iván Rincón
Córdoba, en cuanto, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Declarar la excepción de prescripción trienal extintiva de los valores pedidos por
el demandante, causados con anterioridad al 26 de mayo de 2018, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.

TERCERO: Declarar la nulidad de los actos administrativos acusados: El contenido en el
Oficio N° 20215920006401 del 31 de mayo de 2021 y la Resolución N°. 404 del 9 de julio
del mismo año, proferidas por la Subdirectora Regional Central (e) de la Fiscalía General de
la Nación, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: Condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar al
demandante FERNANDO RODRÍGUEZ HOYOS, retroactivamente, el REAJUSTE
SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias
prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de
servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad socialen salud y pensión,
bonificación por servicios prestados, etc., causados desde el 26 de mayo de 2018, como
Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito y en adelante hasta cuando por razón del cargo
tenga derecho, por habérsele deducido durante los extremos temporales laborados,
computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual
devengada correspondiente para los cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la
prima consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial
para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para
aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: En consecuencia, se le debe reconocer y pagar al demandante en los extremos
temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los correspondientes reajustes
prestacionales anuales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

SEXTO: Ordenar que los valores a pagar sean actualizados de conformidad con el artículo
187 del C.P.A.C.A, tomando como base la variación porcentual de los índices de precios al
consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.

SÉPTIMO: Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se dan

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los supuestos de hecho y de derecho del artículo 195 del C.P.A.C.A.

OCTAVO: Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del término
previsto en el artículo 195 del C.P.A.C.A., acatando lo ordenado en Sentencia C - 188 de
1999.

NOVENO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO: No condenar en costas.

UNDÉCIMO.-. Expídase por secretaría y entréguese al demandante, copia de esta sentencia
con la constancia de su notificación y ejecutoria, y de ser la primera en que presta mérito
ejecutivo, de conformidad con el artículo 114 del C. G. del P.21.

DUODÉCIMO: Ordénese que por Secretaría se proceda a liquidar los gastos ordinarios del
proceso, y entréguese al demandante el remanente a que hubiere lugar.

DÉCIMO TERCERO: Reconocer personería a la abogada Carmen Vargas Castillo,
identificada con cédula de ciudadanía n° 28’098.547 de Charalá – Santander, y T.P. 192.695
del C.S. de la J, como apoderada de la Nación – Fiscalía General de la Nación, en los
términos y para los efectos del poder conferido, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

21. El A-quo determinó que al demandante, en su condición de fiscal delegado ante
jueces del circuito, le asiste el derecho a «la reliquidación del salario y las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico, es decir, con la inclusión del 30% que le había sido
excluido a título de prima especial de servicios», teniendo en cuenta que, los empleados de

la Fiscalía General de la Nación que se acogieron al régimen salarial consagrado
en el Decreto 53 de 1993, o que se hayan vinculado a la entidad con posterioridad,
tienen derecho al pago de la prima especial de servicios, como un emolumento
adicional que asciende al «30% adicional al salario básico y/o asignación básica», sin que,
en ningún caso, se superen los porcentajes máximos fijados por el Gobierno
Nacional.

22. Frente al fenómeno prescriptivo, la Sala Transitoria explicó que, con sujeción a
las reglas prohijadas en la sentencia de unificación (SUJ-023-CE-S2-2020) del
quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de
1969, el término de prescripción debía computarse «en este caso, el demandante hizo su
petición el día 26 de mayo de 2021, operó el fenómeno jurídico de la prescripción de los derechos
causados con anterioridad al 26 de mayo de 2018, teniendo derecho a lo pedido a partir de esta
fecha última en adelante, salvo que estos si deben ser tenidos en cuenta para la reliquidación de la
pensión de jubilación o aportes para el sistema de seguridad social en pensiones, por ser un derecho
irrenunciable e imprescriptible y constituir factor salarial para estos efectos, respecto del 30%.»

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23. Aunado a lo expuesto, el Tribunal precisó que la Fiscalía General de la Nación,
en los actos acusados no debió negar la reliquidación pedida por el demandante y
reconocer la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
Asimismo, concluyó que, el demandante tiene derecho a que, desde el veintiséis
(26) de mayo de dos mil dieciocho (2018), y mientras siga ostentando el cargo que
le genere tal beneficio, se reliquiden sus prestaciones sociales, la actualización
conforme al artículo 187 del CPACA, los intereses comerciales moratorios si se dan
los presupuestos del artículo 195 del CPACA, y negó las costas.

1.6. Recursos de apelación6

24. Mediante memorial radicado el veintitrés (23) de septiembre de dos mil
veinticinco (2025)7, la entidad demandada solicitó se revoque el fallo de primera
instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Para sustentar
el recurso, la demandada empezó por advertir que, aunque el A-quo se refirió in
extenso a la sentencia de unificación del quince (15) de diciembre de dos mil veinte
(2020), pasó por alto un aspecto de medular importancia, consistente en que «a los
servidores de la Fiscalía General de la Nación, beneficiarios de esta prima del 30% desde el año
2003 se les viene liquidando sus prestaciones sociales sobre el 100% de su salario ».

25. Advirtió que, en el marco de ese proceso, una vez el Consejo de Estado analizó
la constancia de históricos devengados, «se da cuenta que hasta el año 2002, la Fiscalía
General de la Nación pagó a los servidores beneficiarios la prima de 30%, mal liquidada concluye,
pues del 100% de su salario, se tomaba dicho 30% para establecerse como prima ». Sobre esa

base, sostuvo que, desde el 2003, la entidad «dejó de descontar el 30% de su salario para
imputarse como prima, y en cambio, pago de manera completa su salario».

26. Reprochó que, la prima especial no constituye factor de liquidación de las
prestaciones sociales «entre ellas, cesantías, prima de navidad, vacaciones, prima de
vacaciones. Si bien es cierto, los Fiscales del Decreto 53 de 1993 tienen derecho a devengar la prima
especial a partir de 1998, ello no es igual a decir que constituye salario para efectos prestacionales».

27. Adicionalmente, criticó que, el Tribunal hubiera omitido pronunciarse en la parte
motiva sobre las razones por las cuales ordenó la reliquidación de las prestaciones

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Samai, índice 00043.
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Ibidem.

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Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

sociales del demandante. Frente al particular, sostuvo que no era procedente el
«reajuste» de las prestaciones sociales porque «a la parte demandante se le viene
reconociendo dicha prima especial, devengados y deducidos desde el año 2021 en adelante como
Prima Especial de Servicios, por tanto, determinar como lo hace el fallo en el numeral cuarto de la
parte resolutiva (…) es contrario a lo indicado en el Decreto 272 del 11 de marzo de 2021, pues la
entidad demandada viene reconociendo y pagando la prima especial del 30% a los servidores que
tienen el derecho desde el 1° de enero de año 2021, por tanto su reconocimiento hasta cuando por
razón del cargo tenga derecho, es improcedente, DEBIÉNDOSE LIMITAR SU CUMPLIMIENTO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, pues de lo contrario se estaría efectuando un doble pago
por la misma prestación».

28. La parte demandante8 mediante memorial de veinticinco (25) de septiembre de
dos mil veinticinco (2025), reprochó únicamente la aplicación de la prescripción
porque la sentencia es favorable en los demás aspectos, por ello dijo que, en el
presente caso, debe contarse el término de prescripción desde que se profirió la
sentencia SUJ-023CE-S2-2020 de quince (15) de diciembre de dos mil veinte
(2020), que es el momento en la cual se tuvo la certeza de la existencia del derecho,
«siendo así, la reclamación administrativa se realizó con tan solo 5 meses de diferencia, por lo que
no puede haber prescrito ningún valor», por lo que solicitó la modificación de la decisión

en dicho aspecto.

1.7. Trámite de los recursos de apelación y de la segunda instancia.

29. Mediante el auto de seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026) 9 , el
despacho sustanciador avocó conocimiento de la presente controversia, de acuerdo
con lo preceptuado por el artículo 116 del CPACA, y, adicionalmente, atendiendo a
lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada y el demandante contra el fallo de primera
instancia. Así, al no haber pruebas por practicar, autorizó a las partes para presentar
los alegatos de conclusión por escrito, término dentro del cual sólo se recibió el
pronunciamiento del Ministerio Público.

30. El Ministerio Público10, se opuso respecto a la condena y manifestó que le
asiste razón a la entidad demandada para limitar la misma del periodo comprendido
entre el veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciocho (2018) y el treinta y uno (31)

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Samai, índice 00044.
9
Samai, índice 00004.
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Samai, índice 00009.

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Demandante: Fernando Rodríguez Hoyos
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

de diciembre de dos mil veinte (2020), sin que haya lugar a mantener la expresión
«y en adelante hasta cuando por razón del cargo tenga derecho» , contenida en el numeral

cuarto de la sentencia recurrida, y consideró que este recurso está llamado a
prosperar de forma parcial, «exclusivamente en cuanto cuestiona la extensión de la condena
con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 (…)»

31. En cuanto al recurso de la parte demandante expresó que, no resulta
jurídicamente trasladar el momento inicial de la prescripción a la fecha de la
notificación de la sentencia de quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020),
como lo pretende la parte actora, ello por cuanto la providencia no constituye el
momento a partir del cual surgió el derecho reclamado, sino que reiteró y unificó las
reglas jurisprudenciales aplicables a su reconocimiento, entre ellas, las relativas a
la contabilización de la prescripción, por lo que no está llamado a prosperar.

32. En ese orden, el Ministerio Público solicitó «MODIFICAR» la sentencia de
primera instancia en el sentido de limitar temporalmente el reconocimiento ordenado
al período comprendido entre el veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020), y «CONFIRMARLA»
en lo demás.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

33. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 11 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

11
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”

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34. En el presente caso, le corresponde a la Sala determinar, de acuerdo con los
reparos esgrimidos en el recurso de apelación, lo siguiente:

(i) ¿El juez de primera instancia desconoció el precedente jurisprudencial
contenido en las sentencias sobre la materia proferidas por el Consejo de
Estado para los servidores de la Fiscalía General de la Nación?
(ii) ¿La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
constituye factor de liquidación para efectos prestacionales?
(iii) ¿Se debe limitar el cumplimiento de la orden hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil veinte (2020), teniendo en cuenta que la entidad
viene dando cumplimiento desde el primero (01) de enero de dos mil
veintiuno (2021)?
(iv) ¿Los derechos salariales y prestacionales reclamados por el
demandante, derivados de la inclusión de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, en la base de liquidación
de su salario y prestaciones sociales, se encuentran afectados por el
fenómeno de la prescripción?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios.

35. Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, literal e) de la Constitución
Política, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de
ellas, dictar las normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno nacional para «fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».

36. En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el Legislador
expidió la Ley 4ª de 1992, la cual, en el artículo 14, creó la prima especial de
servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico,
sin carácter salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores

de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de
instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

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37. Valga recordar que, en ese momento, las condiciones salariales y prestacionales
de los servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en
distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992; sin
embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 del siete (7) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993), que instauró un nuevo régimen para quienes se
vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a éste.

38. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial
de servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la Ley
476 de 1998 aclaró que la excepción de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
«[…] no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala
salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho
decreto», por lo que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima

especial, la cual, fuerza iterar, tiene carácter salarial para efectos de la
determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

39. La naturaleza y liquidación de la asignación bajo examen ha sido materia de
estudio por el Consejo de Estado en varias ocasiones. Al respecto, en la sentencia
del tres (03) de marzo de dos mil cinco (2005), la Sección Segunda declaró la
nulidad del artículo 6 del Decreto 53 de 1993, al estimar que « […] no le era dable al
Gobierno Nacional, invocando como sustento las disposiciones contenidas en [la Ley 4ª de 1992],
otorgar, por medio de la norma enjuiciada, el carácter de prima especial de servicios al 30% del
salario básico mensual fijado […] para los servidores de la Fiscalía […]».

40. A su turno, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación,
mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), analizó la naturaleza y alcance de la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que, corresponde a
un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del
trabajador. En el citado pronunciamiento, se ratificó que: (i) la prima especial de
servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de ésta; (ii) sólo constituye factor salarial para efectos de la
pensión de jubilación; y (iii) todos los beneficiarios tienen derecho a percibirla como

13

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un incremento del salario básico, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

41. Posteriormente, la Sala de Conjueces profirió la sentencia SUJ-023-CE-S2 del
quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), en la cual, se establecieron los
parámetros que, en su momento, la Sala consideró adecuados frente al cómputo de
la comentada prima especial de servicios y su reconocimiento a los fiscales a
quienes se les aplica el Decreto 53 de 1993. En esa oportunidad, esta Colegiatura
sentó las siguientes reglas:

(i) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la
prima resulten a su favor.

(ii) La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso
base de liquidación de la pensión de jubilación.

(iii) A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, los empleados públicos
de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53
de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a
la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

(iv) Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con
la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

(v) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

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42. Finalmente, en virtud de la providencia del veintiuno (21) de septiembre del dos
mil veintidós (2022), la Sala de Conjueces se pronunció sobre la legalidad del
Decreto 53 de 1993, y los decretos anuales expedidos por el Gobierno,
modificatorios del régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación
para el período comprendido entre 1994 y 2017, en punto a desentrañar la
naturaleza y forma de liquidación de la prima creada por el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992.

43. En esa ocasión, la Corporación expuso que «[…] el 30% del salario básico mensual de
los servidores de la Fiscalía no puede ser considerado como prima especial de servicios », pues,

«no puede ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste », y, al
declarar la nulidad de las normas acusadas, precisó que « del hecho de desaparecer del
mundo jurídico esos decretos, no se sigue que la prima especial de servicios allí contenida haya
también desaparecido. Esta prima sigue vigente, pero en los términos establecidos de esa
sentencia». Asimismo, reiteró que, «la prima de servicios no puede ser inferior al 30% del

salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

44. Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que ha
construido esta Corporación sobre la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y
distinción, no sólo frente a la asignación básica establecida para los fiscales en sus
diferentes órdenes, sino respecto a los demás factores salariales y prestacionales
que integran el correspondiente régimen de asignaciones.

2.3.1. Sobre la reliquidación de factores salariales y prestacionales.

45. En el fallo de la referencia, la Sala de Conjueces advirtió que «los empleados
públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de
las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial ». No obstante, dicha

elaboración dejó de incluir los factores de salario cuya base de liquidación
contempla la asignación básica del respectivo empleo (tales como la bonificación
por servicios prestados o la prima de servicios) y que, naturalmente, no tienen la
naturaleza de prestación social.

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46. Sobre el particular, la teoría clásica del derecho social del trabajo impone
diferencias marcadas entre la naturaleza salarial o prestacional de determinada
asignación, en la medida que, los primeros, se orientan a remunerar directamente
el servicio prestado, mientras que, los segundos, tienen por objeto cubrir
contingencias o riesgos a los que pueda verse expuesto el trabajador, por efecto
directo o indirecto de la actividad laboral. Al respecto, cabe destacar que los fiscales,
en sus distintos órdenes y niveles, perciben las siguientes asignaciones:

Otros
emolumentos
Otros
que no
Factores Prestaciones emolumentos que
integran el
salariales sociales integran el IBC de
IBC de
aportes al SGSS
aportes al
SGSS
Otros servicios
Prima de vacaciones autorizados
Bonificación por la ley
Prima especial
por servicios
30%
prestados Prima de navidad
Bonificación
Bonificación por por actividad
Prima de Cesantías judicial
compensación
servicios

47. En concreto, en el caso de los fiscales, soslayar el reajuste de los factores de
salario en casos como el presente, comportaría una trasgresión de los derechos y
principios previstos en el artículo 53 de la Constitución Política, al menos, en los
siguientes sentidos: (i) se estaría desconociendo la naturaleza salarial e incidencia
de la asignación básica, piedra angular, primer y principal instrumento liquidatario
de todos los factores salariales y prestacionales; y (ii) el sistema de remuneraciones
previsto para la Fiscalía General de la Nación conforma un universo de pautas y
asignaciones que genera relaciones de causalidad y consecuencia liquidatoria entre
éstas, pues, algunas de ellas, integren la base de liquidación de otras asignaciones.

48. Por lo tanto, dejar de efectuar el ajuste de los factores salariales con sustento
en el 30% de asignación básica sustraído, terminaría por afectar la cuantía de las
prestaciones que, con la regla adoptada en la sentencia, se pretenden restablecer.

2.4. Hechos probados

16

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49. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dosier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Mediante petición del veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 12 ,
tramitada con el Rad. n.° 202158900001205, el señor Fernando Rodríguez Hoyos
le solicitó a la Fiscalía General de la Nación «se me reconozca y pague la prima especial
mensual equivalente al 30% del salario básico prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como
adición y agregado a la asignación básica mensual desde el 12 de enero de 2017 hasta la fecha en
que empezó a pagarse a mi favor la prima especial en virtud de lo dispuesto en el Decreto 272 del
11 de marzo de 2021», así como la reliquidación de las prestaciones sociales, teniendo

como base el 100% de la remuneración, incluida la prima en cita.

b) A través del Oficio DAP del treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021),
con el Rad. n.° 20215920000640113, la jefe de departamento de personal (e) negó
el reconocimiento deprecado, arguyendo que la Fiscalía General de la Nación «los
pagos que realizó la Entidad se han ajustado y han respetado los lineamientos trazados por la Ley y
las normas reglamentarias, por tanto, no hay respaldo normativo para que la Fiscalía General de la
Nación realice dicho reconocimiento.»

c) Mediante escrito del veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021)14, el
señor Rodríguez Hoyos interpuso recurso de reposición contra la decisión anterior,
impugnación que fue resuelta por la subdirección de talento humano de la entidad,
mediante la Resolución n.° 040415 del nueve (09) de Julio de la referida anualidad,
en el sentido de confirmar en todas sus partes el acto primigenio.

d) Certificados16 de la subdirectora regional de la Fiscalía General de la Nación del
cinco (05) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) y dieciocho (18) de agosto de
dos mil veinte (2020), se dejó consignado que el señor Fernando Rodríguez Hoyos:
(i) ingresó a la entidad desde el doce (12) de enero de dos mil diecisiete (2017); (ii)
el cargo desempeñado es el de fiscal delegado ante jueces del circuito (396002);
(iii) se encuentra en servicio activo; y (iv) devenga los conceptos de a) sueldo
básico, b) gastos de representación, y c) bonificación judicial.

12
Samai, índice 00002.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.

17

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e) Según la «constancia de servicios prestados»17, expedida el quince (15) de abril de
dos mil veintiuno (2021)18, y del doce (12) de enero de dos mil veintidós (2022), por
el subdirector regional central (e), se dejó consignado que el señor Fernando
Rodríguez Hoyos: (i) ingresó a la entidad desde el doce (12) de enero de dos mil
diecisiete (2017); (ii) el cargo desempeñado es el de fiscal delegado ante jueces del
circuito (396002); (iii) se encuentra en servicio activo; y (iv) devenga los conceptos
de a) sueldo básico, b) gastos de representación, y c) prima especial de servicios
d) la bonificación judicial.

f) Acta de audiencia de conciliación 19 fallida ante la Procuraduría General de la
Nación.

2.5. Análisis del caso concreto

50. En el asunto sub examine, el señor Fernando Rodríguez Hoyos, en su calidad
de fiscal delegado ante jueces del circuito, pretende el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un
incremento adicional al salario básico, en cuantía equivalente del 30%, desde el
doce (12) de enero de dos mil diecisiete (2017) -fecha de vinculación como fiscal
delegado-, y mientras desempeñe el cargo que genere el pago del citado
emolumento. Asimismo, solicita se ordene la reliquidación de las prestaciones
sociales, tomando como base el 100% del salario básico, es decir, sin sustraer del
total el 30% de la prima especial de servicios.

51. Con base en las pruebas que fueron recaudadas, y bajo la égida de las reglas
jurisprudenciales aplicables al caso de autos20, el Tribunal concluyó que a la parte
actora le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios, como un incremento adicional frente a la asignación básica, desde el
veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciocho (2018), por prescripción, y mientas
funja como fiscal delegado, sin que, en ningún caso, se superen los topes máximos
fijados por el Gobierno Nacional. En la providencia recurrida, el A-quo precisó, por
un lado, que se imponía el reajuste salarial que corresponda al «30% del salario básico
mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación de idéntico porcentaje, de la

17
Ibidem.
18
Folio 57 del expediente físico.
19
Samai, índice 0002.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, M.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.

18

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prima de navidad de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en
salud y pensión, bonificación por servicios prestados, etc., causados (…)» y, por el otro lado,

puntualizó que, «con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión de
jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad social en salud, conforme a
lo expuesto en la parte motiva».

52. Inconforme con la decisión de primera instancia, la entidad demandada solicita
se revoque el fallo impugnado para, en su lugar, negar las súplicas de la demanda,
pedimento que afincó en tres (3) reparos: (i) primero, que el A-quo desconoció las
sentencias proferidas por el Consejo de Estado, para los servidores de la Fiscalía
General de la Nación; (ii) segundo, que la prima especial no constituye factor de
liquidación para las prestaciones sociales del demandante; y (iii) por último, que al
demandante desde el año 2021 se le viene pagando la prima especial, por lo que
se debió limitar la reliquidación ordenada en el ordinal cuarto hasta el treinta (30) de
diciembre de dos mil veinte (2020).

53. Por su parte el demandante, solicita que se revoque parcialmente la sentencia
única y exclusivamente en lo que concierne a la prescripción declarada frente al
periodo de la reliquidación de las prestaciones sociales.

54. Previo a abordar los problemas jurídicos planteados, la Sala encuentra
acreditado que: (i) de conformidad con las constancias de servicios incorporadas al
dosier21, el señor Rodríguez Hoyos se desempeña desde el doce (12) de enero de
dos mil diecisiete (2017) como fiscal delegado ante los jueces del circuito ; y (ii) en
el ejercicio de este mismo cargo, por lo menos desde las fechas de la certificaciones
el año dos mil veintiuno (2021) y dos mil veintidós (2022), en los meses de abril y
enero respectivamente, se pudo corroborar que devenga los conceptos de sueldo
básico, gastos de representación, bonificación judicial y la prima especial de
servicios22.

55. Valga anotar que, en esta instancia, la entidad no discute el derecho del
demandante a devengar la prima especial de servicios, sino la aplicación del
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, según sostuvo, la Fiscalía
General de la Nación viene reconociendo, sin sustraer ningún porcentaje de la

21
Samai, índice 00002.
22
Ibidem.

19

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asignación básica, el citado emolumento a favor de algunos de sus servidores.

56. Precisado lo anterior, la entidad recurrente sostiene, en primer término, que el
A-quo prescindió un hecho esencial abordado en las sentencias, consistente en que,
a los servidores de la Fiscalía General de la Nación beneficiarios de la prima
especial de servicios, desde el 2003, se les dejó de descontar el 30% del concepto
en cita de la asignación básica, y que, desde ese entonces, se liquidan las
prestaciones sociales sobre el 100% del salario.

57. En lo que toca a la conformidad del pago de la prima especial de servicios, la
Sala considera que, no es de recibo el argumento esgrimido por la entidad apelante,
teniendo en cuenta que, justamente, en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del
quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) 23 a la que alude, cuyas
conclusiones no difieren de las de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), se reafirmó que la prima especial de
servicios es un incremento del salario básico y/o asignación mensual de los
servidores públicos beneficiarios de ésta y, en consecuencia, los destinatarios de la
misma tienen derecho, en los términos de tales providencias, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten.

58. Nótese que, esta Corporación ha explicado en distintas oportunidades,
incluyendo los antecedentes mencionados en precedencia, que la prima especial
de servicios no puede concebirse como una proporción de la asignación básica que
se integra a ella, o que se sustrae del total (en un 30%), sino como un agregado al
ingreso de los servidores que la devengan, por lo que, debe representarse como un
aumento y no una merma o reducción en su asignación básica24, entendimiento que
se armoniza con el artículo 53 Constitucional, y con los criterios y objetivos definidos
en la Ley 4ª de 1992, entre ellos, el no desmejoramiento de las condiciones
laborales y salariales, a los cuales el Gobierno Nacional debe estricta observancia.

59. Para ilustrar la naturaleza de la prima especial de servicios como un sobresueldo
o incremento de la asignación y/o salario básico, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda, en la ya citada sentencia del quince (15) de diciembre de dos mil veinte

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, M.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 2 de abril de 2009. Exp. 11001-
03-25-000-2007-00098-00 (1831-07). Consejero Ponente: Gustavo Gómez Aranguren.

20

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(2020), trajo a colación la siguiente representación:

Interpretación correcta: la prima equivale a Interpretación correcta: la liquidación de
un 30% adicional al salario básico y/o las prestaciones sociales y cesantías se
asignación básica debe realizar sobre el 100% del salario.

Salario básico: $10.000.000 Salario básico: $10.000.000

Prima especial (30%): $3.000.000 Prima especial (30%): $3.000.000

Salario más prima: $13.000.000 Salario más prima: $13.000.000

Total a pagar al servidor: $13.000.000 Base para liquidar prestaciones:$10.000.000

60. Siendo así las cosas, no es acertado, como lo expone la demandada en el
recurso de alzada, que desde el 2003 la Fiscalía General dejó de descontar el 30%
de la prima especial de servicios del salario, procediendo a pagarlo en un 100%, y
que, por ese hecho, viene actuando de conformidad con los decretos que fijan el
régimen salarial y prestacional de los servidores de la entidad, y con el precedente
vinculante, pues, salta a la vista -de ese mismo aserto- que el emolumento bajo
estudio no se ha reconocido como un incremento o un adicional a la asignación.

61. No pasa inadvertido que, las anteriores consideraciones, llevaron a la Sala de
Conjueces de esta Sección a concluir -en esa oportunidad- que los actos
administrativos demandados, por medio de los cuales la Fiscalía General de la
Nación negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como una
adición o agregado de la asignación básica mensual, estaban viciados de nulidad y,
como consecuencia de lo anterior, le ordenó a la entidad, a título de restablecimiento
del derecho, «la consignación de la prima especial correspondiente al 30% del salario y/o
asignación básica que corresponde a la demanda debidamente indexado». Luego, no es cierto,

como lo arguye la apelante, que dicho antecedente prohijó una conclusión distinta,
asociada al pago del emolumento, que resulte aplicable al asunto de marras.

62. Contrario a lo argüido por la entidad demandada, el A-quo fue claro en precisar
que acogía las reglas adoptadas en la pluricitada sentencia SUJ-023-CE-S2-2020
del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020)25, en materia de reliquidación
de las prestaciones sociales, postulados que, fuerza decir, fueron debidamente

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, M.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.

21

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relacionados en la parte motiva de la providencia.

63. En dicho pronunciamiento, en el que se pronunció respecto a la prima especial
establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y su reconocimiento a aquellos
fiscales que acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993, o que se hubieren
vinculado con posterioridad a la entidad, se precisó que: (i) a partir de la entrada en
vigor de la Ley 476 de 1998, los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron
al régimen salarial consagrado en el mentado Decreto, tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional,
atendiendo al cargo correspondiente; y que (ii) los empleados antes descritos tienen
derecho, desde 1998, a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.

64. Sin perjuicio de la mención que hizo el A-quo en la parte considerativa, no
escapa para esta Sala que, la orden emanada por esa sede judicial, en punto a la
reliquidación de las prestaciones sociales, no se afincó en un análisis detallado de
las pruebas allegadas al plenario. Lo anterior, teniendo en cuenta que, al valorar el
certificado de lo devengado por el demandante, de cara a los decretos que fijaron
los salarios anuales de los servidores de la Fiscalía por ese período, no se advierte
que la remuneración mensual hubiese sido fraccionada, por lo que, no puede
afirmarse que, como las prestaciones sociales y otros emolumentos laborales se
liquidan a partir del valor fijado para aquella, su valor se haya visto sustraído o
mermado por la inclusión de la prima especial, comoquiera que no se pagó.

65. Así las cosas, al no verificarse el fraccionamiento de la remuneración mensual
para tenerse por sufragada la prima especial de servicios, queda claro que, las
pretensiones están encaminadas a su reconocimiento, imponiéndose, en
consecuencia, la modificación del ordinal cuarto de la parte resolutiva del fallo
apelado, para concluir que no es procedente y se ordena suprimir el fragmento
orientado a ordenar el pago «en adelante hasta cuando por razón del cargo tenga derecho».

66. Bajo el contexto que antecede, el demandante sí era beneficiario de la prima
especial, no obstante, no había lugar a condenar la liquidación de sus prestaciones

22

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sociales sobre el 100%, también está llamado a prosperar el argumento
encaminado a limitar la condena hasta cuando se inició su pago efectivo en el año
dos mil veintiuno (2021). Ello no es óbice para que esta Sala, con el propósito de
preservar la legalidad en abstracto, de garantizar la efectividad de los derechos
reconocidos en la Constitución y la ley, y de salvaguardar el erario y el principio de
sostenibilidad fiscal, modifique algunos ordinales de la parte resolutiva, los cuales
pueden resultar ambiguos e imprecisos.

67. En la medida en que, para la fecha de presentación de la demanda, el actor se
encontraba en servicio activo, ostentando el cargo de fiscal delegado ante jueces
del circuito, de la Fiscalía General de la Nación, se adicionará un inciso en el ordinal
cuarto de la parte resolutiva del fallo apelado, en orden a precisar que, las
diferencias a pagar deben atender a los períodos estrictamente laborados, hasta
tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, siempre
que, para ese momento, el demandante continúe prestando el servicio en cargos
que generen el derecho a dicha prima especial de servicios o, en su defecto, hasta
su desvinculación, sin que, en ningún caso, al sumar la totalidad de los ingresos, se
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para el cargo que
otorga el referido emolumento, circunstancia que deberá verificar la entidad al
momento de efectuar la liquidación.

68. Asimismo, en el citado ordinal, se adicionará otro inciso en el que se hará constar
que, el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la demandante por los conceptos aquí
reconocidos, es decir, a los derivados de la prima especial. Esta previsión está
orientada a evitar que se incurra en una duplicidad de pagos por conceptos
equivalentes, circunstancia que, de precaverse, lesionaría el erario y atentaría
contra el principio de sostenibilidad fiscal que ampara la Constitución Política.

69. En la medida en que el actor ha ejercido un cargo que le genera el beneficio al
pago de la prima especial de servicios, después de la Ley 476 de 1998, habrá de
distinguirse la orden tendiente a efectuar los aportes al sistema general de
seguridad social en salud y pensiones, los cuales, según lo concluido por el Tribunal,

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Número Interno: 3049-2025
Demandante: Fernando Rodríguez Hoyos
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

son imprescriptibles, aserto que coincide con lo sostenido por esta Sala26.

70. Así pues, se modificará el ordinal segundo de la providencia objeto de apelación,
que se relaciona con la excepción de prescripción, para aclarar que, sin perjuicio
del período frente al cual operó la prescripción trienal (sumas causadas con
anterioridad al 26 de mayo de 2018), los aportes al sistema general de seguridad
social en pensiones y salud deberán ser liquidados y pagados por la entidad
demandada por todo el período en que el haya ejercido como fiscal delegado, y
durante todo el tiempo en que hubiere tenido derecho a percibirla, desde el doce
(12) de enero de dos mil diecisiete (2017) (inicio de la relación laboral), hasta que
finalice la misma.

71. En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada
debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral y, además, queda
facultada para hacer los respectivos descuentos de ley al demandante a fin de
garantizar la realización de los mismos. Dichos descuentos se aplicarán en el
período no cobijado por el fenómeno prescriptivo.

72. Como corolario de lo anterior, la Sala modificará el ordinal cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia del veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticinco (2025),
proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
suprimir lo relacionado con las consecuencias prestacionales en la reliquidación y
el fragmento relativo a «en adelante hasta cuando por razón del cargo tenga derecho» , y
agregar dos incisos; a su turno, modificará el ordinal segundo y quinto, con las
precisiones antedichas; y, en lo demás, confirmará la providencia apelada.

73. Ahora, respecto a la prescripción alegada, el demandante sostiene que, el
Tribunal erró al declarar probada la excepción de prescripción trienal de las
acreencias reclamadas. En su criterio, aunque el ordenamiento jurídico prevé un
término de tres (3) años para reclamar las diferencias salariales y prestacionales,
dicho término no podía contabilizarse desde la exigibilidad del derecho, sino desde

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« Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de
carácter irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido
desarrollada de manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En
consecuencia, los beneficiarios del sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo,
como mecanismo para garantizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge
Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.

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Demandante: Fernando Rodríguez Hoyos
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

la sentencia SUJ-023CE-S2-2020 del quince (15) de diciembre de dos mil veinte
(2020), mediante la cual el Consejo de Estado, fijó los criterios temporales para el
reconocimiento de la prima solicitada de la Fiscalía General de la Nación. Entonces,
como la reclamación se hizo cinco meses después de la sentencia citada, no pudo
haber prescrito ningún valor.

74. Pues bien, la Sala advierte que la sentencia mencionada por el apelante fijó una
regla clara respecto de la prescripción de las diferencias salariales y prestacionales
derivadas de la prima especial de servicios. En efecto, precisó que, «Para la
contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial, se tendrá en cuenta en
cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969». Esta regla constituye precedente obligatorio y ha sido reiterada por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación.

75. En el presente asunto se encuentra acreditado que el señor Fernando Rodríguez
Hoyos, presentó reclamación administrativa el veintiséis (26) de mayo de dos mil
veintiuno (2021), mientras que el período respecto del cual reclama las diferencias
salariales y prestacionales por concepto de prima especial de servicios,
corresponde desde el doce (12) de enero de dos mil diecisiete (2017). En esas
condiciones, operó el fenómeno jurídico prescriptivo de los derechos causados con
anterioridad al veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

76. En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal acertó al declarar probada la
excepción de prescripción trienal, pues, aplicó correctamente la regla fijada por la
sentencia de unificación mencionada por el recurrente. Por consiguiente, este
reparo de la alzada no está llamado a prosperar.

2.6. Conclusiones

77. La Sala concluye que el demandante tiene derecho a la prima especial conforme
lo expuso el a quo, no obstante, modificará la decisión respecto a las consecuencias
prestacionales en su reliquidación para negarlas; declarará la imprescriptibilidad de
los aportes pensionales y la concederá hasta tanto la entidad dé aplicación a lo
dispuesto en el Decreto 272 de 2021.

2.7 Condena en costas.

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Demandante: Fernando Rodríguez Hoyos
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

78. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales segundo, cuarto y quinto de la parte resolutiva
de la sentencia proferida el veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025),
proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
medio de la cual, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído, los cuales
quedarán así:

SEGUNDO: Declarar la excepción de prescripción trienal extintiva de los valores pedidos por
el demandante, causados con anterioridad al 26 de mayo de 2018, excepto los aportes a
seguridad social desde el doce (12) de enero de dos mil diecisiete (2017) hasta cuando
culmine la relación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Para tal efecto, solo deberán pagarse al sistema las diferencias causadas entre lo que
efectivamente se pagó y lo que correspondía pagar por concepto de aportes a seguridad
social en pensiones. Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia
a favor del demandante se actualizarán en su valor.

CUARTO: Condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar al
demandante FERNANDO RODRÍGUEZ HOYOS,
retroactivamente, el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico
mensual.

Los aportes a seguridad social en pensiones deberán realizarse teniendo en cuenta el 30%
de la prima especial de servicios.

Las diferencias a pagar deben atender a los períodos estrictamente laborados, hasta tanto
la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, siempre que, para ese
momento, el demandante continúe prestando el servicio en cargos que generen el derecho
a dicha prima especial de servicios o, en su defecto, hasta su desvinculación, sin que, en
ningún caso, al sumar la totalidad de los ingresos, se supere el porcentaje máximo fijado por
el Gobierno para el cargo que otorga el referido emolumento, circunstancia que deberá
verificar la entidad al momento de efectuar la liquidación.

El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada
no haya realizado otro pago a la demandante por los conceptos aquí reconocidos, es decir,
a los derivados de la prima especial.

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Demandante: Fernando Rodríguez Hoyos
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

QUINTO: En consecuencia, se le debe reconocer y pagar al demandante en los extremos
temporales indicados, sus salarios, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.

SEGUNDO. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia del veintisiete (27) de junio de
dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, atendiendo a las razones señaladas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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