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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00099-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00099-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 22 de septiembre de 2022 emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Gabriel Humberto Romero Rico contra la UGPP. SEGUNDO. Condenar en costas a la entidad demandada en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00099-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2022 00099 01 (6425-2022)
Demandante: Gabriel Humberto Romero Rico
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Carga de la prueba. Naturaleza de
la vinculación docente. Aplicación de sentencia de unificación
jurisprudencial del 21 de junio de 2018.

Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia debido a que el
demandante acreditó la totalidad de requisitos para acceder a la
pensión gracia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 22 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES.

Demanda1

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, solicitó
que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP021232 del 17 de septiembre de 2020,
RDP025315 del 6 de noviembre de 2020 y RDP026960 del 24 de noviembre de 2020, a
través de las cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la mencionada prestación periódica, el retroactivo de las
mesadas causadas y dejadas de percibir, los intereses corrientes y moratorios causados
sobre las cesantías definitivas dejadas de pagar; asimismo, solicitó que el fallo se cumpla
dentro de los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, que se reconozca y
paguen los valores adeudados debidamente indexados tomando como base la variación
del índice de precios al consumidor (IPC) y que se condene a la entidad demandada en
costas.

1 Expediente virtual

Radicación: 25000 23 42 000 2022 00099 01 (6425-2022)
Demandante: Gabriel Humberto Romero Rico

3. Como fundamento de sus pretensiones, el demandante manifestó que nació el 27
de febrero de 1952 y que se vinculó como docente departamental (nacionalizado) desde
el 28 de febrero de 1972 —en virtud del nombramiento efectuado mediante Decreto 0290
de ese mismo año— hasta el 1.º de diciembre de 1991 —fecha en la cual presentó
renuncia—. Indicó que posteriormente fue nombrado docente por el Departamento de
Cundinamarca mediante Resolución 001011 del 15 de febrero de 2008, tomó posesión el
27 de febrero de 2008 y se retiró del servicio el 25 de julio de 2008.

4. Manifestó que volvió a ser nombrado docente el 31 de julio de 2008, a través de
Resolución 5238, posesionándose el 12 de agosto de 2008 y retirándose el 1° de enero
de 2012. Por tanto, concluyó que, como docente del orden departamental logró acumular
23 años, 6 meses y 23 días.

5. En ese contexto, indicó que el 5 de junio de 2020 presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad demandada al considerar que
reunía los requisitos legales para acceder a dicha prestación; sin embargo, le fue negada
su petición a través de los actos administrativos demandados.

6. Finalmente, sostuvo que los actos administrativos acusados vulneraron diversos
preceptos de la Constitución Política y de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 6 de 1945,
91 de 1989 y 812 de 2003, así como la jurisprudencia de esta Corporación. En esa línea,
formuló el cargo de falsa motivación, al estimar que la entidad omitió valorar los períodos
laborados como docente nacionalizado entre 2008 y 2012, bajo el único argumento de
que en la Certificación Electrónica de Tiempos Laborales (CETIL) tales vinculaciones
figuraban como de carácter nacional.

Contestación de la demanda2

7. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
argumentando que el actor no acreditó el cumplimiento de los requisitos de ley para
acceder a la pensión gracia. Para el efecto, sostuvo que el demandante demostró una
vinculación de carácter nacional entre el 27 de febrero y el 25 de julio de 2008 y entre el
13 de agosto de 2008 y el 1° de enero de 2012, siendo este tiempo incompatible con la
prestación solicitada.

8. Propuso como excepciones de fondo las que tituló como «inexistencia de la
obligación por no cumplimiento de los requisitos legales», «ausencia de fundamentos
jurídicos», «presunción de legalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad
de pensiones», «buena fe», «prescripción» y la innominada.

Sentencia apelada3

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 22 de septiembre
de 2022, mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos cuestionados. A

2 Índice 14 Samai Tribunal

3 Índice 26 Samai tribunal

Radicación: 25000 23 42 000 2022 00099 01 (6425-2022)
Demandante: Gabriel Humberto Romero Rico

título de restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada a reconocer y
pagar al demandante una pensión gracia en cuantía equivalente al 75% de todo lo
devengado en el año inmediatamente anterior a la fecha de adquisición del estatus
pensional. Sin embargo, declaró prescritas las sumas causadas con anterioridad al 5 de
junio de 2017.

10. Para el efecto, encontró probado que mediante Decreto del 9 de febrero de 1972
fue nombrado por el Departamento de Cundinamarca como docente desde el 28 de
febrero de 1972 hasta el 1° de diciembre de 1991, es decir, durante 19 años, 6 meses y
23 días.

11. Posteriormente, fue designado por medio de la Resolución 001011 del 15 de
febrero de 2008 como docente departamental, prestando sus servicios desde el 27 de
febrero de 2008 hasta el 25 de julio de 2008, es decir, en el transcurso de 4 meses y 29
días. Finalmente, fue vinculado por medio de la Resolución 005238 del 31 de julio de
2008 como docente departamental, sirviendo desde el 12 de agosto de 2008 hasta el 1°
de enero de 2012, es decir, a lo largo de 3 años, 4 meses y 20 días.

12. En tal sentido, concluyó que el demandante acreditó vinculación como docente
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 y en esa misma calidad por más de 20
años de servicio.

13. Adicionalmente, estableció que conforme a lo estipulado por los artículos 41 y 102
de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente, para interrumpir la
prescripción, el actor contaba con los tres años subsiguientes al momento en que adquirió
el estatus pensional; contando también con los otros tres sucesivos para reclamar el
derecho en sede judicial. En el caso concreto, determinó que el demandante adquirió el
estatus pensional a partir del 22 de mayo de 2008, presentó la petición de reconocimiento
pensional el 5 de junio de 2020 y radicó la demanda el 26 de abril de 2021.
Consecuentemente, prescribieron las mesadas causadas con anterioridad al 5 de junio
de 2017.

Recurso de apelación4

14. La entidad demandada presentó recurso de apelación solicitando que se revoque
la sentencia de primera instancia.

15. Afirmó que, de acuerdo con la Certificación electrónica de Tiempos Laborados
CETIL 201910899999114900320096 expedida el 26 de octubre de 2019 por la Secretaría
de Educación de Cundinamarca, los períodos comprendidos entre el 27 de febrero de
2008 y el 25 de julio de 2008, así como entre el 13 de agosto de 2008 y el 1.º de enero
de 2012, no pueden ser computados, toda vez que durante dichos lapsos el demandante
ostentaba una vinculación de docente de carácter nacional. Indicó que este carácter
nacional también se puede evidenciar en los Formatos Únicos para la Expedición de
Certificado de Salarios aportados por el demandante.

4 Índice 29 Samai tribunal

Radicación: 25000 23 42 000 2022 00099 01 (6425-2022)
Demandante: Gabriel Humberto Romero Rico

16. Agregó que, por medio del Decreto 726 de 2018, la oficina de bonos pensionales
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público creó los CETIL, siendo el único documento
válido para certificar tiempo laborado o cotizado para el reconocimiento de pensiones.

17. A su turno, añadió que la sentencia C-489 del 2000 de la Corte Constitucional
precisó que la pensión gracia solo procede para los docentes oficiales territoriales y
nacionalizados que hayan causado el derecho antes del 29 de diciembre de 1989
(entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989).

18. En consecuencia, concluyó que el actor no cumplió los requisitos legales exigidos
para acceder a la pensión gracia, en especial el haber prestado sus servicios como
docente nacionalizado o territorial durante 20 años.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

19. Mediante auto del 13 de abril de 2023 se admitió el recurso de apelación5 y se le
advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para
pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que podía emitir concepto
hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para sentencia.

20. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

22. Conforme a los cargos específicos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
procederá a evaluar si los períodos durante los cuales el demandante prestó sus servicios
docentes tuvieron un carácter nacional o, en su defecto, si se limitó al ámbito territorial
y/o nacionalizado. Especialmente, se revisará el interregno que se originó con los
nombramientos realizados en virtud de las Resoluciones 001011 del 15 de febrero de
2008 y 005238 del 31 de julio de 2008.

23. La Sala también abordará el argumento de la recurrente según el cual la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que los docentes oficiales, para acceder a la
pensión gracia, debían consolidar la totalidad de los requisitos con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, esto es, antes del 29 de diciembre de ese año.

5 Índice 4 Samai Consejo de Estado

Radicación: 25000 23 42 000 2022 00099 01 (6425-2022)
Demandante: Gabriel Humberto Romero Rico

24. Esta evaluación se realiza con el propósito de verificar el cumplimiento del requisito
que establece que el solicitante debe haber ejercido durante un mínimo de 20 años como
docente oficial de carácter territorial y/o nacionalizado, tal como lo estipulan las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

Análisis de los problemas jurídicos

25. La Sala considera que la parte demandante acreditó en su totalidad los requisitos
legales para acceder a la pensión de gracia, conforme a las motivaciones que se
expondrán a continuación.

1. Análisis del tiempo de servicios

• Periodo del 28 de febrero de 1972 al 1° de diciembre de 1991 (19 años, 9
meses y 3 días)

26. En el expediente está acreditado que, a través del Decreto del 9 de febrero de
1972 6 el gobernador de Cundinamarca nombró al demandante como profesor de
educación media en la Escuela Vocacional de Fomeque. Tomó posesión del empleo el
28 de febrero de 19727 ante la Secretaría de Educación Departamental de Cundinamarca
y, conforme al Decreto 053 de noviembre 21 de 1991, se aceptó su renuncia a partir del
1° de diciembre de 19918, es decir, en ese periodo ejerció como docente durante 19 años,
9 meses y 3 días.

27. Tras examinar el Decreto 0290 de 1972, se evidencia que este dispuso un
nombramiento de carácter territorial (departamental), por cuanto fue expedido de manera
autónoma por el gobernador de Cundinamarca, en ejercicio de sus facultades legales
como autoridad nominadora del respectivo ente territorial.

28. Se descarta que se trate de un nombramiento docente de carácter nacional, ya
que no fue efectuado directamente ni por delegación del Gobierno Nacional —a través
del Ministerio de Educación—, conforme a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de
1989.

29. En consecuencia, para la Sala resulta claro que los servicios docentes prestados
por el demandante entre el 28 de febrero de 1972 y el 1° de diciembre de 1991 (19 años,
9 meses y 3 días) son computables para efectos del requisito de 20 años de servicio
establecido en la Ley 114 de 1913 y, además, acreditan la vinculación docente en esa
calidad antes del 31 de diciembre de 1980.

6 Es de anotar que el número del decreto del nombramiento es ilegible; sin embargo, en la respectiva acta de posesión

No. 1355 del 28 de febrero de 1972, se señala que fue nombrado a través de Decreto No. 0290 de 1972. Visible a
índice 7 de Samai Tribunal. Anexos de la demanda
7 Índice 7 Samai Tribunal. Anexos de la demanda
8 Ibidem

Radicación: 25000 23 42 000 2022 00099 01 (6425-2022)
Demandante: Gabriel Humberto Romero Rico

• Periodo desde el 27 de febrero de 2008 hasta el 25 de julio de 2008 (4 meses
y 28 días)

30. En el expediente obra la Resolución 001011 del 15 de febrero de 2008, expedida
por la Secretaría de Educación Departamental de Cundinamarca, mediante la cual se
nombró en provisionalidad al demandante como docente en la Institución Educativa
Departamental San Nicolás, del municipio de Sasaima, en la vacante dejada por el
docente Julián Mauricio González Rodríguez.

31. Para efectuar el nombramiento, la secretaria de Educación invocó el ejercicio de
sus facultades legales, en especial las delegadas mediante el Decreto Departamental
00234 de 2004. En la parte considerativa indicó que el Ministerio de Educación Nacional
emitió concepto de viabilidad para que el ente territorial modificara su planta global de
cargos docentes, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones.

32. Señaló, además, que el gobernador de Cundinamarca modificó la planta de cargos
y ordenó el traslado del profesor Julián Mauricio González Rodríguez de la Institución
Educativa Departamental San Nicolás, del municipio de Sasaima, a la Institución
Educativa Departamental Hernán Venegas Carrillo, del municipio de Tocaima.

33. Con fundamento en el artículo 18 del Decreto 3982 de 2006, la Secretaría solicitó
autorización a la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer el cargo vacante
mediante nombramiento provisional, debido al agotamiento de la lista de elegibles
correspondiente. La Comisión otorgó la autorización mediante comunicación del 14 de
febrero de 2008.

34. Asimismo, se dejó constancia de la existencia de disponibilidad presupuestal en el
Fondo Departamental de Educación —recursos del Sistema General de
Participaciones— libre de afectación y compromiso, para atender los gastos derivados
del nombramiento.

35. Las pruebas documentales obrantes en el expediente dan cuenta que el
demandante asumió el empleo el 27 de febrero de 20089 y lo desempeñó hasta el 25 de
julio de 200810, es decir, durante 4 meses y 29 días.

36. En ese contexto, contrario a lo sostenido por la recurrente, las características del
nombramiento no evidencian una vinculación como docente nacional. No se advierte
ejercicio de facultad nominadora por parte del Gobierno Nacional —Ministerio de
Educación Nacional—. Por el contrario, el acto de nombramiento muestra que la plaza
estaba adscrita a la planta de cargos del Departamento de Cundinamarca y financiada
con recursos del Sistema General de Participaciones.

9 Ibidem
10 Conforme con la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados –CETIL–, expedida el 26 de octubre de 2019 por

la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Ver anexos de la contestación de la demanda, Índice 14 Samai Tribunal.
Se precisa que en el expediente no se visualiza el acto administrativo por el cual se acepta la renuncia o una
certificación que demuestre hasta cuando laboró.

Radicación: 25000 23 42 000 2022 00099 01 (6425-2022)
Demandante: Gabriel Humberto Romero Rico

37. Sobre el particular, la Sala Plena de esta Sección, en sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 11, precisó que la calidad de
docente nacional no se adquiere simplemente por el hecho de que los salarios sean
financiados con recursos del Situado Fiscal o del Sistema General de Participaciones,
pues dichos recursos se incorporaban a las arcas de la entidad territorial como rentas
exógenas y asumían la calidad de recursos propios. Además, se enfatizó en que lo que
realmente importa es el tipo de plaza que se va a ocupar12. El criterio interpretativo se
unificó en estos términos:

«v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados
para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. […]

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente
al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que
sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la
Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de
las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones.»

38. Ahora bien, la actora insiste en su recurso de apelación en que el certificado CETIL
201910899999114900320096 expedido el 26 de octubre de 2019 por la Secretaría de
Educación de Cundinamarca13, acredita que el vínculo durante este interregno fue de
carácter nacional y que dicho documento es idóneo para probar esa calidad.

39. Sin embargo, la citada sentencia de unificación también estableció estándares
específicos para acreditar la calidad del vínculo docente en materia de pensión gracia,
consolidando la siguiente regla jurisprudencial:

«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al
cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.» (Negrillas de la Sala)

11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
12 Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo

de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000
2017 00661 01 (0605– 2019).
13 SAMAI, expediente digital, archivo «16_CONTESTACIONDEMANDA_UGPP_20190000133553.pdf».

Radicación: 25000 23 42 000 2022 00099 01 (6425-2022)
Demandante: Gabriel Humberto Romero Rico

40. En consecuencia, es claro que la jurisprudencia de esta Corporación tiene por
sentado que el acto administrativo de nombramiento es el documento que principalmente
proporciona información directa sobre las condiciones jurídicas del cargo y la naturaleza
del vínculo. Solo en ausencia de este puede acudirse a otros medios probatorios, que
deberán valorarse conforme a las reglas de la sana crítica, tales como las certificaciones
emitidas por las autoridades nominadoras, constatando que la veracidad de la
información contenida en ellas sea inequívoca.

41. En el presente asunto, la Resolución 001011 del 15 de febrero de 2008 contiene
información clara sobre la naturaleza territorial del vínculo. Por ello, aunque la
certificación CETIL indique carácter nacional, su contenido no prevalece frente al acto
administrativo de nombramiento, que permite establecer con mayor precisión la
naturaleza de la plaza.

42. En ese orden, el acto administrativo de nombramiento desvirtuó el alcance
probatorio de la certificación CETIL en lo relativo al tipo de vinculación, pues ofreció
elementos objetivos suficientes a la Sala sobre las circunstancias fácticas y jurídicas
acerca de la designación de carácter territorial del actor14.

43. Por otra parte, el otro certificado que sirvió de base para fundamentar el recurso
de apelación, esto es, el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 18 de febrero de 2020 aportado con la demanda, no indica que el vínculo sea
de carácter nacional. En este certificado se confirma la existencia del mencionado
nombramiento y sus extremos temporales. No obstante, se observa que están marcadas
las casillas del régimen de pensiones como de carácter «nacionalizado».

44. En relación con la casilla del régimen de pensiones, la Sala reitera el criterio de
que este no es un elemento concluyente para determinar la naturaleza jurídica del vínculo
docente, de acuerdo con las definiciones que consagra el artículo 1° de la Ley 91 de 1989
y la jurisprudencia de esta Corporación para el personal nacional, nacionalizado y
territorial. Dicha casilla está realmente orientada a informar sobre el régimen de seguridad
social en materia de pensión de vejez aplicable al profesor, cuestión que dista de los
requisitos especiales para acceder a la pensión gracia que son de interés para la Sala15.

45. En conclusión, la plaza docente ocupada por el actor entre el 27 de febrero de
2008 y el 25 de julio de 2008 (4 meses y 28 días) fue de carácter departamental
(territorial), en razón a que hacía parte de la planta de cargos propia del Departamento
de Cundinamarca y se financiaba con recursos del Sistema General de Participaciones,
esto es, a través de rentas exógenas que se incorporaron a las arcas del ente territorial.
Por ende, este tiempo es computable para el conteo de los 20 años de servicios exigidos
por la ley para gozar de la pensión gracia.

14 En aplicación de la regla probatoria contenida en la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018.
15 Esta Subsección ha sostenido dicho criterio en la siguientes providencias: i) sentencia del 4 de septiembre de 2025,

rad. 66001 23 33 000 2020 00004 01 (1470-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; ii) sentencia del 21 de agosto de
2021, rad. 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.

Radicación: 25000 23 42 000 2022 00099 01 (6425-2022)
Demandante: Gabriel Humberto Romero Rico

• Periodo del 12 de agosto de 2008 al 1° de enero de 2012 (3 años, 4 meses y
20 días)

46. En el expediente reposa copia de la Resolución 005238 del 31 de julio de 2008,
mediante la cual la Secretaría de Educación Departamental de Cundinamarca designó
en provisionalidad al actor en vacante temporal dentro de la planta de cargos de esa
entidad territorial, específicamente en la Institución Educativa Departamental Agustín
Gutiérrez. El demandante tomó posesión del empleo el 12 de agosto de 2008.

47. En la parte considerativa del acto se indicó que la vacante obedecía a una situación
administrativa generada por el nombramiento en período de prueba de un directivo
docente, circunstancia que hizo necesario proveer temporalmente el cargo para
garantizar la continuidad del servicio educativo.

48. La decisión se fundamentó en el artículo 13 del Decreto 1278 de 2002, que autoriza
el nombramiento provisional para suplir vacantes temporales mientras subsista la
situación que las origina. Se dejó constancia del agotamiento de la lista de elegibles y de
la viabilidad jurídica del nombramiento en ausencia de lista vigente, conforme al criterio
de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Asimismo, se acreditó que el actor cumplía los
requisitos legales para ejercer la docencia y que existía disponibilidad presupuestal en el
Fondo Departamental de Educación, con cargo a recursos del Sistema General de
Participaciones.

49. El vínculo finalizó mediante Resolución 011460 del 28 de diciembre de 2011, por
medio de la cual el secretario de Educación de Cundinamarca aceptó la renuncia
presentada por el actor, con efectos a partir del 1.º de enero de 2012. En consecuencia,
el período de servicio se extendió por 3 años, 4 meses y 20 días.

50. Desde la perspectiva jurídica, el problema planteado es sustancialmente idéntico
al analizado en el período anterior. El acto de nombramiento fue expedido por el
Departamento de Cundinamarca, respecto de una plaza adscrita a la planta de cargos
del ente territorial, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones. No
se evidencia intervención, delegación o aprobación del Gobierno Nacional en ejercicio de
facultad nominadora.

51. En este orden, resultan plenamente aplicables las reglas jurisprudenciales ya
expuestas en relación con la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, según las
cuales la naturaleza nacional o territorial del vínculo no depende del origen de los
recursos con los que se sufraga la remuneración, sino de la naturaleza jurídica de la plaza
y de la autoridad nominadora que efectuó el nombramiento.

52. La apelante cuestionó igualmente este período con fundamento en el certificado
CETIL de 2019 y en el Formato Único de Historia Laboral de 2020. Sin embargo, por las
razones ya desarrolladas, dichos documentos no prevalecen sobre el contenido del acto
administrativo de nombramiento (Resolución 005238 del 31 de julio de 2008), que
constituye la fuente probatoria inicial para determinar la naturaleza del vínculo.

Radicación: 25000 23 42 000 2022 00099 01 (6425-2022)
Demandante: Gabriel Humberto Romero Rico

53. Por lo tanto, con fundamento en el acto administrativo de nombramiento y en las
reglas jurisprudenciales previamente expuestas, se concluye que la plaza ocupada por el
actor entre el 12 de agosto de 2008 y el 1º de enero de 2012 (3 años, 4 meses y 20 días)
fue de carácter departamental. Este tiempo es acumulable para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.

54. En consideración de lo anterior, la Sala encuentra acreditado un total de 23 años,
6 meses y 21 días como docente de carácter territorial-departamental, con los que
se satisface el requisito contemplado en el artículo 1° de la Ley 114 de 1913 (20 años de
servicios). Los tiempos se discriminan así:

Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses Días
Territorial-departamental 28/02/1972 01/12/1991 19 9 3
Territorial-departamental 27/02/2008 25/07/2008 0 4 28
Territorial-departamental 12/08/2008 01/01/2012 3 4 20
TOTAL 23 6 21

55. En suma, está acreditado que el actor cumplió con la totalidad de los requisitos
exigidos para acceder a la pensión gracia. No solo demostró los requisitos previamente
analizados, sino que también acreditó haber cumplido 50 años de edad el 27 de febrero
de 200216. Además, no se encontraron reproches que cuestionen su desempeño en el
ámbito educativo, lo que permite concluir que también se satisface la exigencia de
honradez, dedicación y buena conducta. Finalmente, no se evidencia que perciba una
doble compensación o erogación nacional incompatible con la pensión gracia.

56. En relación con la fecha en que se adquirió el estatus pensional, se coincide con
el criterio del a quo al considerar que este se obtuvo el 22 de mayo de 2008, momento
en que el actor cumplió los 20 años de servicio. Asimismo, se avala la conclusión de
declarar probada la prescripción extintiva respecto de las mesadas causadas antes del 5
de junio de 2017, dado que la solicitud de reconocimiento pensional fue presentada una
vez transcurridos más de tres años desde la adquisición del derecho (5 de junio de 2020);
además, la demanda fue radicada el 26 de abril de 2021 (dentro de los 3 años
subsiguientes).

2. Reparo relacionado con la acreditación de la totalidad de requisitos para acceder
a la pensión gracia antes del 29 de diciembre de 1989

57. La entidad apelante sostiene que el tribunal de primera instancia ignoró las
directrices establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-489 de 2000. Según
la apelante, el demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia
puesto que al 29 de diciembre de 1989 no contaba con los 20 años de servicios exigidos
por la ley.

16 En el expediente obra cédula de ciudadanía que corrobora que el actor nació el 27 de febrero de 1952. Anexos de la

demanda. Índice 7 de Samai de Tribunal

Radicación: 25000 23 42 000 2022 00099 01 (6425-2022)
Demandante: Gabriel Humberto Romero Rico

58. Tras el análisis de la mencionada providencia de constitucionalidad, se concluye
que en ninguno de sus apartes se estipuló un requisito como el que argumenta la entidad
demandada. Además, la Sala Plena de esta Sección, a través de la sentencia de
unificación jurisprudencial SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 202217, interpretó el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989, en conjunto con lo dispuesto en
los fallos de la Corte Constitucional previamente citados, estableciendo la siguiente regla
aplicable al presente caso:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento.»

59. Siguiendo este precedente judicial, el accionante tiene la posibilidad de demostrar
el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión gracia tanto antes como
después de la promulgación de la Ley 91 de 1989, sin que importe el momento en que
logren satisfacer los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, lo puede realizar
antes o después del 29 de diciembre de 1989. Por ende, el reparo presentado por la parte
demandada en este aspecto carece de la entidad necesaria para revocar la sentencia
apelada.

60. En conclusión, la Sala considera que la parte demandante acreditó en su totalidad
los requisitos legales para acceder a la pensión de gracia. Por tal razón, se procederá a
confirmar la sentencia emitida en primera instancia.

Condena en costas

61. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

62. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación proferida bajo el radicado 15001 23 33 000 2016

00278 01 (3018-2017). En la mencionada sentencia se fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre la interpretación del
artículo 15, numeral 2.º, literal a), de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, lo
siguiente: «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y
cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Radicación: 25000 23 42 000 2022 00099 01 (6425-2022)
Demandante: Gabriel Humberto Romero Rico

63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

64. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 22 de septiembre de 2022 emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Gabriel Humberto Romero
Rico contra la UGPP.

SEGUNDO. Condenar en costas a la entidad demandada en segunda instancia. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

Radicación: 25000 23 42 000 2022 00099 01 (6425-2022)
Demandante: Gabriel Humberto Romero Rico

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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