RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2022-00123-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00123-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00123-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00123-01 (7313-2023)
Demandante: Harold Yesid Neuta Carvajal
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares

Tema: asignación de retiro. Subtema 1: régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004
para el personal vinculado antes de la vigencia de dicha norma.

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 22 de febrero de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

1. Síntesis del caso

Harold Yesid Neuta Carvajal pretende la nulidad del acto administrativo por medio del
cual la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante Cremil) le negó
el reconocimiento de la asignación de retiro en calidad de suboficial del Ejército, por
no acreditar 20 años de servicio. La Sala confirmará la sentencia apelada por la entidad
demandada, al encontrar acreditado que el demandante es beneficiario del régimen
de transición que le permite acceder a la asignación de retiro con 15 años de servicio,
aun cuando la desvinculación hubiera derivado de la separación absoluta.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Harold Yesid Neuta Carvajal, mediante apoderada judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declare la nulidad de
las resoluciones 4333 y 5952 del 1 de agosto y el 27 de septiembre de 2012 y del
Oficio 20643672 del 21 de abril de 2021, por medio de los cuales Cremil le negó la
asignación de retiro al considerar que no acreditó el tiempo mínimo de servicio exigido.

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00123-01 (7313-2023)
Demandante: Harold Yesid Neuta Carvajal
Demandado: Cremil

Igualmente, solicitó la inaplicación por inconstitucionalidad del artículo 1 del Decreto
991 de 2015.

2. Como consecuencia solicitó, a título de restablecimiento del derecho, el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro de acuerdo con el tiempo de servicio
prestado en el Ejército Nacional, efectiva después de los 3 meses de alta, de
conformidad con los artículos 158 y 163 del Decreto 1211 de 1990; el pago de los
sueldos, primas, bonificaciones y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el
momento de su desvinculación hasta la fecha del reconocimiento; el cumplimiento de
la sentencia en los términos del artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) y condenar en
costas a la entidad demandada1.

2.1.1. Hechos

3. El señor Harold Yesid Neuta Carvajal ingresó a la Escuela de Suboficiales del
Ejército Nacional como alumno, el 1 de septiembre de 1992, e inició servicio como
suboficial el 21 de agosto de 1993.

4.El demandante fue retirado del servicio por separación absoluta mediante la
Resolución 1832 del 29 de noviembre de 2010, época en la que contaba con 18 años,
6 meses y 11 días de servicio (sic).

5. Cremil, mediante Resolución 4333 del 1 de agosto de 2012, le negó el
reconocimiento de la asignación de retiro por no reunir el requisito de 20 años de
servicio. Contra dicha decisión interpuso recurso de reposición que fue resuelto de
manera desfavorable mediante la Resolución 5952 del 27 de septiembre de 2012.

6. La entidad reiteró la negativa mediante Oficio 20643672 del 21 de abril de 2021, al
resolver la petición del actor que pretendía «nuevamente estudiar» la procedencia del
reconocimiento de la asignación de retiro.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

7. El actor consideró que los actos administrativos demandados desconocieron los
artículos 53, 150 y 220 de la Constitución Política, 158 y 163 del Decreto 1211 de 1990,
1 y 4 de la Ley 4 de 1992 y 3 de la Ley 923 de 2004.

8. En el concepto de violación afirmó que el acto demandado fue expedido con falsa
motivación porque no atendió las normas superiores en las que debía fundarse, al
desconocer que el régimen aplicable es el previsto en el Decreto 1211 de 1990 que
establece un tiempo mínimo de servicio de 15 años para acceder a la asignación de
retiro. Lo anterior, en atención a lo previsto en la Ley 923 de 2004 a favor de quienes
se encontraban en servicio activo al momento de la transición normativa.

1 Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), documento 1_ED_EXPEDIENTEDIGITALC, págs. 1 a

8.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00123-01 (7313-2023)
Demandante: Harold Yesid Neuta Carvajal
Demandado: Cremil

9. Puso de presente que el Consejo de Estado declaró la nulidad del artículo 14 de
los decretos 4433 de 2004 y 991 de 2015 por desatender el régimen de transición
previsto en la Ley 923 de 2004, que permitía al personal activo al momento del cambio
legislativo acceder a la asignación de retiro con 15 años de servicio. Consideró que la
prestación reclamada se debe reconocer conforme con el régimen vigente antes del
cambio legislativo.

2.2. Contestación de la demanda

10. Cremil se opuso a las pretensiones de la demanda por las siguientes razones2:

11. Resaltó que los miembros de las Fuerzas Militares gozan de un régimen especial
en materia prestacional, de carrera y disciplinaria, tal y como lo establece el artículo
217 de la Constitución Política. En ese sentido, afirmó que el reconocimiento de la
asignación de retiro se rige por las normas vigentes al momento de la desvinculación,
tal y como lo dispone el artículo 234 del Decreto 1211 de 1990.

12. Afirmó que el señor Neuta Carvajal no tiene derecho al reconocimiento de la
asignación de retiro porque la desvinculación de las fuerzas militares se debió a la
separación absoluta del servicio, modalidad que no está prevista en la lista que habilita
el acceso a la prestación solo en los eventos señalados en la ley. Por tanto, en atención
al criterio de interpretación gramatical, no es viable darle diferentes interpretaciones a
la norma que prevé los requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro.

13. A su vez, manifestó que acceder a lo solicitado por el demandante implica que la
entidad asuma una carga prestacional que no le corresponde por no encontrarse
acreditada alguna de las modalidades de retiro que permiten acceder a la prestación,
además, afecta la seguridad jurídica y la estabilidad «macroeconómica» del sistema.

2.3. Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda mediante sentencia del 22 de febrero de 2023, declaró la
prescripción de las mesadas causadas antes del 7 de abril de 2018 y se abstuvo de
condenar en costas a la entidad demandada3.

15. Precisó que el régimen aplicable al actor es el previsto en el Decreto 1211 de 1990,
porque para la fecha del cambio legislativo previsto en la Ley 923 de 2004 se
encontraba en servicio activo, circunstancia que le permite acceder a la asignación de
retiro con un mínimo de 15 años de servicio.

16. Al verificar el requisito de tiempo de servicio, señaló que el demandante ingresó al
Ejército Nacional como alumno de la Escuela de Suboficiales en el año 1992 y
permaneció en servicio activo durante más de 18 años, hasta el 29 de noviembre de
2010, fecha en la que fue desvinculado por separación absoluta del servicio, causal

2 Samai, índice 2, archivo Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), documento
11_RECIBEMEMORIALES_2022078123_CONTESTAC.
3 Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), documento 26_SENTENCIA.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00123-01 (7313-2023)
Demandante: Harold Yesid Neuta Carvajal
Demandado: Cremil

que se entiende incluida en la denominada «conducta deficiente», la cual exceptúa el
pago de 3 meses de alta para la conformación del expediente prestacional.

17. Concluyó que el demandante tiene derecho al reconocimiento de la asignación de
retiro a partir del 30 de noviembre de 2010, «pero con efectos fiscales desde el 7 de
abril de 2018», porque la prescripción trienal prevista en el Decreto 4433 de 2004 opera
por una sola vez contada en este caso desde la última petición radicada el 7 de abril
de 2021.

2.4. Recurso de apelación

18. Cremil presentó inconformidad con la sentencia en lo relacionado con el régimen
aplicado para el reconocimiento de la asignación de retiro del actor con 15 años de
servicio, pues, a su juicio, «no es procedente […] asemejar la separación absoluta [...]
por el delito de desobediencia [...] a la conducta deficiente», dado que la primera no
está relacionada en los eventos de procedencia de la prestación establecidos en el
Decreto 1211 de 1990, circunstancia que impone la aplicación del Decreto 4433 de
2004 que exige 20 años de servicio en caso de retiro por solicitud propia.

19. Aunado a lo anterior, expuso que el requisito de 20 años de servicio para acceder
a la asignación de retiro se encuentra vigente, porque la sentencia que declaró la
nulidad del artículo 1 del Decreto 991 de 2015 «no se encuentra ejecutoriada» al estar
pendiente por resolver un recurso de súplica. De igual forma, expuso que en caso de
que se anule tal disposición los efectos que produce son hacia el futuro.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

20. El despacho, mediante auto del 30 de mayo de 2024, admitió el recurso de
apelación y prescindió del traslado a las partes para alegar de conclusión por no existir
peticiones probatorias para decretar4.

2.6. Ministerio Público

21. La Procuraduría Tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el que solicitó confirmar la sentencia apelada, al considerar que la connotación
sancionatoria que tiene la figura de la separación absoluta no implica la pérdida del
derecho a la asignación de retiro5.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

22. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

4 Samai, índice 4.
5 Samai, índice 9.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00123-01 (7313-2023)
Demandante: Harold Yesid Neuta Carvajal
Demandado: Cremil

3.2. Problema jurídico

23. A la Sala le corresponde resolver el siguiente problema jurídico de acuerdo con los
argumentos expuestos por la entidad en el recurso de apelación:

24. ¿El actor tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro con 15 años
de servicio en los términos del artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, aun cuando la
causa del retiro derivó de la causal de separación absoluta por la imposición de
condena penal?

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

25. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 66 de 1989, expidió el Decreto Ley 1211 de 1990 por medio del
cual reglamentó el reconocimiento de la asignación de retiro como una prestación
económica equiparable a la pensión de vejez6 para los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares que fueran retirados del servicio activo después de quince (15) años
por las siguientes causales (art. 163):

i) llamamiento a calificar servicios;
ii) por voluntad del Gobierno o de los Comandos de Fuerza;
iii) sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado;
iv) disminución de la capacidad psicofísica;
v) incapacidad profesional;
vi) inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada;
vii) por conducta deficiente.

26. En el evento de retiro por solicitud propia, la norma citada previó que el tiempo
exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro sería de 20 años de servicio.

27. En lo atinente a la efectividad y el monto de la prestación, el Decreto 1211 de 1990
establece que surge a partir de la terminación de los 3 meses de alta y en cuantía
equivalente al 50 % de las partidas establecidas en el artículo 158, por los primeros 15
años de servicio, y un 4 % adicional por cada año que exceda del mínimo, sin que
sobrepase el 85 %.

28. Con posterioridad, la Ley 923 de 20047, por medio de la cual se fijó el régimen
pensional y de asignación de retiro del personal de oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, estableció que el tiempo válido para acceder a la prestación es el
laborado durante la «formación, el de servicio y/o el aportado», por lo menos durante
18 años, sin que en ningún caso se exija «como requisito para reconocer el derecho
un tiempo superior a 25 años» (art. 3.1.).

6 Corte Constitucional, sentencia C-432 de 2004.
7 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».

5

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00123-01 (7313-2023)
Demandante: Harold Yesid Neuta Carvajal
Demandado: Cremil

29. Ante la transición normativa generada por la Ley 923 de 2004, el inciso 2 del
artículo 3 de dicha norma previó que los miembros de la fuerza pública que se
encontraban activos a la fecha de su entrada en vigor accederían a la asignación de
retiro en los términos descritos en el régimen anterior, esto es, con un mínimo de 15
años de servicio en los casos dispuestos en el Decreto 1211 de 1990, o 20 años en el
evento de solicitud propia8.

30. El Gobierno nacional reglamentó la Ley 923 de 2004 mediante el Decreto 4433 de
2004, en el que previó el derecho a la asignación de retiro para los oficiales y
suboficiales cuando contaran con 18 años o más de servicio por las causales
determinadas en dicha normativa o con 20 años en los casos de solicitud propia o
separación absoluta.

31. Frente al régimen de transición, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 23 de octubre de 2014 9, declaró la nulidad del artículo 14 del
Decreto 4433 de 2004 por exceder la potestad reglamentaria y vulnerar la reserva de
ley, bajo la consideración de que el Gobierno nacional no podía exigir al personal que
se encontraba en servicio activo al entrar en vigor la Ley 923 de 2004 un tiempo
superior al previsto en el régimen anterior.

32. En este orden, concluyó que la exigencia de 18 años de servicio prevista en el
Decreto 4433 de 2004 para acceder a la asignación de retiro que el régimen anterior
preveía con 15 años para los uniformados en ejercicio quebrantó la Ley 923 de 2004
y, con ello, el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.

33. En síntesis, consideró que el legislador podía hacer más exigente el requisito de
tiempo de servicio para acceder a la asignación retiro, pero la Ley 923 de 2004 dispuso,
de manera expresa, que tal cambio normativo no resultaba exigible a quienes se
encontraban en ejercicio activo cuando entró a regir dicha norma.

34. Por tanto, el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, que extendió el cambio
normativo al personal en actividad, incurrió en exceso de la facultad reglamentaria al
inobservar el régimen de transición con desconocimiento de las expectativas legítimas
de los servidores en actividad.

35.En aplicación de las consideraciones expuestas en la sentencia de nulidad, la
Subsección ha considerado lo siguiente10:

[…] el actor por ser miembro activo del Ejército Nacional al momento de la entrada en
vigencia de la Ley 923 de 2004 es beneficiario del régimen de transición del artículo 3.º
ordinal 3.1.º de dicha normativa y, en esa medida para el reconocimiento de la asignación
de retiro no se le puede exigir un tiempo de servicio superior al señalado en el artículo 163
del Decreto 1211 de 1990 (15 años por ser retirado en forma absoluta), imponiéndose
razones para confirmar el fallo apelado sin consideración adicional.

8 Entró en vigor el 30 de diciembre de 2004.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07), M.P.

Bertha Lucía Ramírez de Páez.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-00224-01

(3743-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

6

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00123-01 (7313-2023)
Demandante: Harold Yesid Neuta Carvajal
Demandado: Cremil

36. Así, con ocasión de la declaración de nulidad del artículo 14 del Decreto 4433 de
2004, esta corporación ha señalado que se debe acudir al principio de reviviscencia
para llenar el vacío normativo generado con motivo del pronunciamiento judicial y dar
aplicación al artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 que prevé el derecho a la
asignación de retiro con 15 años, en cuantía mínima equivalente al 50 % del monto de
las partidas descritas en el artículo 158 de dicha normativa11.

37. Posteriormente, el presidente de la República, mediante el Decreto 991 de 2015,
reglamentó la asignación de retiro para el personal de oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares escalafonados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, en el
sentido de establecer que tendrán derecho a la mencionada prestación cuando sean
retirados del servicio activo después de 15 años por llamamiento a calificar servicios o
por retiro discrecional, en cuantía equivalente al 50 % del monto de las partidas de que
trata el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 por los primeros 15 años y 4 % más por
cada año que exceda, sin que sobrepase el 85 %. Procede un incremento del 2 % por
cada año adicional después de los 24 años de servicio, sin que el total sobrepase el
95 % de las partidas computables.

38. En cuanto al campo de aplicación del Decreto 991 de 2015, esta corporación, en
sentencia del 28 de abril de 2022, consideró que dicha normativa no cobija a los
beneficiarios de la transición normativa vinculados con anterioridad a la expedición de
dicha norma, por las siguientes razones12:

Ahora, en cuanto a los argumentos de defensa esgrimidos en la alzada por la entidad
demandada en los que sostuvo que a la parte activa le debe ser aplicado el Decreto
991 de 2015, al ser esta la norma que se encontraba vigente al momento de su retiro
del servicio oficial, es pertinente indicar que aceptar dicha tesis como verdadera sería
tanto como desconocer el derecho adquirido por el demandante bajo las prerrogativas
destinadas a su situación particular, toda vez que i) la separación absoluta del cargo
que ocupaba como
mayor en el Ejército Nacional, ocurrió a partir del 3 de septiembre de 2014, momento
para el cual aún no había sido expedido el decreto en mención (15 de mayo de 2015),
y; ii) aquel se encontraba en servicio activo a la fecha de promulgación de la Ley 923
de 2004 (30 de diciembre de 2004), por lo que se hizo beneficiario de la transición allí
contenida, en el sentido de que, para el reconocimiento de su asignación de retiro,
debían aplicarse las disposiciones trazadas en el Decreto 1211 de 1990, para su caso.

39. La sentencia que declaró la nulidad del artículo 1 del Decreto 991 de 2015, citada
en precedencia, cobró ejecutoria el 11 de octubre de dicho año, tal y como consta en
la constancia secretarial del 30 de octubre de 2023 que obra en el expediente digital
visible en el Sistema de Gestión Judicial Samai13. Por tanto, en atención a los efectos
retroactivos de la decisión —ex tunc—, las situaciones jurídicas pendientes de decisión
se rigen por el régimen anterior en razón a la ficción legal según la cual la nulidad del

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2020, proceso con radicado

25000-23-42-000-2013-05972-01 (0094-17), M.P. César Palomino Cortés.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2022, expediente 25000-23-

42-000-2017-00034-01 (4044-2021), M.P. William Hernández Gómez.
13 Samai, expediente radicado bajo el núm. 11001-03-25-000-2015-01058-00 (4673-2015), índice 81, documento

41_OFICIOCOMUNICANDOLADECISION_CONSTANCIADEEJECUT(.pdf).

7

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00123-01 (7313-2023)
Demandante: Harold Yesid Neuta Carvajal
Demandado: Cremil

acto general vuelve las cosas al estado en que se encontraban antes de su
expedición14.

40. En conclusión, el personal en actividad de las Fuerzas Militares vinculado antes
de la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004 goza de un régimen de transición que le
confiere el beneficio de acceder a la asignación de retiro en los términos previstos en
el artículo 163 del Decreto 1211 de 199015.

3.4. Caso concreto

41. La sentencia apelada consideró que el demandante es beneficiario del régimen de
transición previsto en la Ley 923 de 2004, por tanto, no le era exigible «un tiempo de
servicio superior al regido por las disposiciones vigentes» al momento de expedición
de dicha ley —30 de diciembre de 2004—. En ese sentido, el tribunal aplicó el
Decreto 1211 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro con 15 años
de servicio bajo la consideración de que la «separación absoluta» se encuentra
inmersa en la causal de conducta deficiente prevista en el artículo 163 ibidem para la
procedencia de la prestación.

42. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior
con el argumento de que no es procedente equiparar la separación absoluta a la causal
de conducta deficiente, comoquiera que la primera no está enlistada en el artículo 163
de Decreto 1211 de 1990.

43. En el caso bajo estudio, se encuentran acreditados los siguientes hechos atinentes
al tiempo de servicio activo:

(i) El actor ingresó como alumno a la escuela de suboficiales desde el 1 de
septiembre de 1992 hasta el 31 de agosto de 199316.

(ii) Ejerció labores como suboficial desde el 1 de septiembre de 1993 hasta el 29
de noviembre de 201017.

(iii) Fue separado en forma absoluta del servicio de las Fuerzas Militares mediante
Resolución 1832 del 29 de noviembre de 2010, con ocasión de la condena penal
impuesta por el delito de desobediencia18.

(iv) El actor afirmó en la demanda que presentó petición ante Cremil para que «se
le reconociera su asignación de retiro teniendo en cuenta el régimen de transición

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de agosto de 2022, radicado 05001-23-33-

000-2016-00362-01 (0908-2020), M.P., Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15 En este mismo sentido, ver los fallos de la Sección Segunda del 12 de agosto de 2021, expediente 15001-23-33-

000-2018-00678-01 (1157-20), M.P. Gabriel Valbuena Hernández; 28 de octubre de 2021, expediente 52001-23-
33-000-2015-00060-01 (3330-19), M.P. William Hernández Gómez; 25 de agosto de 2022, expediente 19001-23-
33-000-2018-00222-01 (0353-2021), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16 Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), documento
12_RECIBEMEMORIALES_EXPEDIENTEADMINISTR, págs. 46 a 48.
17 Ibidem.
18 Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), documento
12_RECIBEMEMORIALES_EXPEDIENTEADMINISTR, pág. 55.

8

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00123-01 (7313-2023)
Demandante: Harold Yesid Neuta Carvajal
Demandado: Cremil

dispuesto por la Ley 923 de 2004, solicitud que fue resuelta mediante la Resolución
4333 del 01 de agosto del año 2012»19.

(v) La entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de la asignación de
retiro mediante las resoluciones 4333 del 1 de agosto de 2012 y 5952 del 27 de
septiembre de dicho año, al considerar que el tiempo de servicio para acceder a
dicha prestación es de 20 años cuando la desvinculación deriva de la separación
absoluta, en aplicación del régimen dispuesto en el Decreto 4433 del 200420.

(vi) El actor presentó una nueva petición de reconocimiento de asignación de retiro
el 7 de abril de 2021. Dicha petición fue resuelta en forma negativa mediante el
Oficio 20643672 del 21 de abril de 2021 y la demanda fue presentada el 1 de
octubre de 202121.

44. Los hechos probados referidos acreditan, en primer lugar, que el señor Neuta
Carvajal se encontraba en servicio activo a la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004,
de tal manera que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 3.1.,
según el cual a los uniformados en servicio activo «no se les exigirá como requisito
para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley» —30 de diciembre
de 2004—.

45. De esta manera, el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante se
rige por el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, que establece los siguientes
requisitos:

Durante la vigencia del presente estatuto, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por
llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Gobierno o de los Comandos de
Fuerza, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o
por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por
inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada, o por
conducta deficiente, y los que se retiren a solicitud propia después de veinte (20) años
de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de
alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se les pague una asignación
mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas
de que trata el artículo 158 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años servicio
y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el
total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto.

46. Ahora, en lo que tiene que ver con la causal de retiro y la incidencia de esta en el
régimen aplicable para el reconocimiento de la asignación, la hoja de servicios
demuestra que fue desvinculado por «separación absoluta» derivada de la condena
penal por el delito de desobediencia.

19 Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), documento 1_ED_EXPEDIENTEDIGITALC, pág. 3.
20 Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), documento 1_ED_EXPEDIENTEDIGITALC, págs. 9

a 14.
21 Samai, índice 2, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), documento 1_ED_EXPEDIENTEDIGITALC, págs. 15,

16 y 38.

9

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00123-01 (7313-2023)
Demandante: Harold Yesid Neuta Carvajal
Demandado: Cremil

47. Al respecto, la jurisprudencia de esta Subsección ha considerado que la modalidad
de retiro por separación absoluta «debe equipararse a la causal de retiro del servicio
por comportamiento deficiente o mala conducta» prevista en el artículo 163 del Decreto
1211 de 1990, porque «debe comprenderse como un tipo en blanco, en el cual se
incluyen aquellos eventos cuestionados a nivel disciplinario, penal o fiscal que
conllevan a la separación de la institución policial»22.

48. Por lo expuesto, la Sala desestima los cargos de la apelación respecto a la
exigencia de un tiempo de servicio superior a 15 años de servicio para acceder a la
asignación de retiro, pues se encuentra demostrado que el demandante es beneficiario
del régimen de transición que le permite acceder a la asignación de retiro en los
términos del artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, aun cuando el retiro del servicio
haya tenido como causa la condena penal impuesta en su contra, pues esta se
equipara a los eventos de conducta deficiente previstos en dicha normativa.

49. En lo relativo a la prescripción, el tribunal realizó el cómputo desde la petición del
7 de abril de 2021, aspecto que no fue cuestionado en el recurso interpuesto por la
entidad demandada, motivo por el cual la Sala se releva de pronunciarse sobre este
punto, en atención al principio de la non reformatio in pejus.

50. En consecuencia, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca será confirmada, comoquiera que el señor Neuta Carvajal es
beneficiario del régimen de transición de la Ley 923 de 2004 y la norma aplicable para
el reconocimiento de la asignación de retiro es el Decreto 1211 de 1990 que permite
acceder al derecho con 15 años de servicio, aun cuando la desvinculación derive de
la separación absoluta del servicio.

3.6. Conclusión

51. El demandante es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 923 de
2004 por encontrarse en servicio activo al momento de entrada en vigor de dicha
normativa. Por tanto, tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro con 15
años o más de servicio, en los términos previstos en el artículo 163 del Decreto 1211
de 1990, porque la desvinculación por condena penal se entiende incluida en la causal
de retiro por conducta deficiente mencionada en dicha normativa. En este orden, la
sentencia apelada que accedió a las pretensiones será confirmada.

3.7. Costas

52.La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 23 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, consistente en que para decretar la

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2025, radicado 50001-23-33-

000-2016-00347-01 (1300-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, que reitera lo dicho por la Subsección B en
la sentencia del 25 de agosto de 2022, radicado 19001-23-33-000-2018-00222-01 (0353-2021); Subsección A,
sentencia del 17 de febrero de 2022, radicado 76001-23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021).
23 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente

10

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00123-01 (7313-2023)
Demandante: Harold Yesid Neuta Carvajal
Demandado: Cremil

condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o
de mala fe.

53. Así, en atención a que en este caso no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas, no hay lugar a imponer dicha condena.

54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 22 de febrero de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Magistrada
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Magistrado
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Magistrado

aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

11

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00123-01 (7313-2023)
Demandante: Harold Yesid Neuta Carvajal
Demandado: Cremil

Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.