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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00165-01

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00165-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR el numeral primero, y en su lugar ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia impugnada, los cuales quedarán en un solo numeral, así: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada a: i) Reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración mensual, desde el día 30 de marzo de 2014 y de ahí en adelante hasta Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11 www.consejodeestado.gov.co Radicación: 25000-23-42-000-2022-00165-01 (0777-2023) Demandante: Mario Salazar Grajales que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales, de circuito, y/o equivalente. La mencionada prima solo constituye factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación. ii) Reliquidar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y Salud teniendo en cuenta lo siguiente: desde el 9 de septiembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2002, se haga con base en el 100% de la asignación básica, es decir, incluyendo el 30% del salario que fue descontado para tenerlo a título de prima especial, y a partir del 1o de enero de 2003 respecto de la prima especial del 30% hasta que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales, de circuito, y/o equivalente. En todo caso, al realizar tal liquidación se deberá descontar los aportes que ya se hubieren realizado por el concepto antes indicado. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00165-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

31 de julio de 2026

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00165-01 (0777-2023)
Demandante: Mario Salazar Grajales

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00165-01 (0777-2023)
Demandante: Mario Salazar Grajales
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Revoca numeral primero para estarse a lo resuelto, modifica
numerales cuarto y quinto respecto del restablecimiento y
confirma en lo demás. No se condena en costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 30 de
septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio No. DS-06-12-6-SAJ-0409
del 6 de abril de 20172 y de la Resolución No. 2-2080 del 30 de junio de 20173,
mediante los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago del
reajuste solicitado.

3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] SEGUNDO.- [...]
reconocimiento, liquidación y pago por parte de la Nación y Fiscalía General de la
Nación, las siguientes sumas de dinero[…]

-Por concepto de prima especial equivalente al treinta por ciento (30%) de su
remuneración mensual prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como adición o
agregado a la asignación básica mensual, desde el 1 enero de 1993 hasta la fecha en la
cual se inicie el reconocimiento del incremento, adición o agregado al salario mensual o
hasta que se haga efectiva su cancelación […]

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso.
2 Folios 12-13 del expediente físico.
3 Folios 6-11 del expediente físico.

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Demandante: Mario Salazar Grajales

-Por concepto de prestaciones sociales como prima de servicio, prima de navidad, prima
de vacaciones, cesantías, bonificación anual por servicios prestados, cotización a
seguridad social y demás prestaciones y emolumentos de carácter laboral que se
puedan ver incididos y a aquellos que en el futuro se establezcan como emolumentos d
carácter salarial y que tengan como base la prima especial para su liquidación 4».

Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor Mario Salazar Grajales ha laborado al servicio de la Fiscalía General
de la Nación como fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos desde
el 2 de junio de 1994 a la actualidad.

5. La parte actora elevó petición ante la entidad demandada el 30 de marzo de
2017, en el que solicitó se le reconociera y reliquidara la prima especial de
servicios, y el reajuste de salarios. La cual fue resuelta de manera negativa
mediante los actos demandados.

Fundamentos de derecho

6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123, 150, 189, 209, 228 y 253 de
la Constitución Política; 1, 2, 3, 4, 10 y 14 del CST;5 Leyes 4 de 1992, 54 de 1992
y 270 de 1996.

7. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que el Gobierno nacional no
podía modificar o suprimir la prima especial, toda vez que solo estaba autorizado
para asignarle valores y realizar su pago, sin afectar su integridad jurídica tal
como la había concedido la Ley 4 de 1992.

8. Finalmente, la parte actora señaló que la prima especial se debe entender
como un agregado a la remuneración mensual, y refirió la aplicación de los
principios de favorabilidad e igualdad.

Contestación de la demanda

9. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda6 y se opuso a las
pretensiones en razón a que a partir del año 2003 los salarios y prestaciones
sociales se han liquidado con base en el 100% de éste. Así mismo, precisó que
la prima especial de servicios solo constituye factor salarial para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

10. Finalmente, presentó las excepciones de «prescripción», «carencia de
objeto», «inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de

4
Transcripción literal del acápite de pretensiones.
5 Código Sustantivo del Trabajo.
6 Folios 56-61 del expediente.

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liquidación en la pensión de jubilación», e «improcedencia de extralimitar el límite
previsto en el artículo 4° de la Ley 4 de 1992».

Sentencia de primera instancia

11. Mediante sentencia proferida el 30 de septiembre de 20227, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió a las súplicas de la demanda.

12. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que la prima especial del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 equivale al 30% adicional al 100% del salario
básico, en virtud del principio de progresividad, y no como parte de su
remuneración mensual.

13. Determinó que en el presente caso operó la prescripción trienal sobre las
diferencias causadas con anterioridad al 30 de marzo de 2014, toda vez que la
petición de reconocimiento se hizo el 30 de marzo de 2017, «salvo que estos si
deben ser tenidos en cuenta para la reliquidación de la pensión de jubilación o
aportes para el sistema de seguridad social en pensiones, por ser un derecho
irrenunciable e imprescriptible y constituir factor salarial para estos efectos,
respecto del 30%».

14. En consecuencia, se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 15 de diciembre
de 20208, declaró probada la excepción de prescripción de las sumas reclamadas
anteriores al 30 de marzo de 2014, y a título de restablecimiento del derecho
dispuso:

«CUARTO.- Condénese […] a reconocer y pagar al demandante […]
retroactivamente, el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario
básico mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en
idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima
de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por
servicios prestados, etc., causados desde el 30 de marzo de 2014, en adelante, y
hasta cuando funja como fiscal delegado ante jueces del circuito, por habérsele
deducido durante los extremos temporales laborados, computando para este
ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada
correspondiente para los cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la prima
consagrada en la citada norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial
para la reliquidación de la pensión de jubilación por aportes durante toda la relación
laboral así para aportes seguridad social en salud […].

QUINTO. - En consecuencia, se le debe reconocer y pagar al demandante en los
extremos temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los
correspondientes reajustes prestacionales anuales, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.»

Recurso de apelación

7 Folios 90-111 del expediente.
8
Radicación: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).

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15. Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte demandada la recurrió
en apelación.9

16. En su intervención, la entidad demandada sostuvo que, conforme a la
sentencia del 15 de diciembre de 202010 proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, a partir del año 2003, en los decretos
salariales de la Fiscalía General de la Nación no se estipuló porcentaje alguno
por concepto de prima especial de servicios, toda vez que los fiscales no eran
beneficiarios de este emolumento, por lo cual desde el año 2003 y en adelante
no se continuó adjudicando el 30% como prima y por consiguiente tampoco
descontó el factor prestacional en ese porcentaje, es decir, «ha liquidado y
pagado el 100% del salario decretado para cada año y el 100% de las
prestaciones sobre el salario básico».

17. Agregó que, desde el 1 de enero de 2021 ha pagado la prima especial de
servicios en un 30%, conforme el Decreto 272 de 2021.

18. Frente a la condena de pago de aportes a pensión y salud, señaló que la
misma debe limitarse a partir del 9 de septiembre de 1998, fecha de entrada en
vigor de la Ley 476 de 1998.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

19. Por auto del 12 de junio de 2026,11 se admitió el recurso de apelación de la
entidad demandada.

20. Las partes guardaron silencio.

21. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.

9
Folios 103-106 del expediente.
10 Radicación: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
11 Índice 00033 de Samai.
12 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Problema jurídico

23. Le corresponde a la Sala establecer si el actor tiene derecho a que se
reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación como
lo determinó el Tribunal de instancia, o si por el contrario la entidad no adeuda
ningún valor por concepto de salario y prestaciones sociales.

24. Así mismo, si a partir de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, la
entidad reconoce la prima especial en un 30%, y si la condena frente a los aportes
a salud y pensión debe ser a partir del 9 de septiembre de 1998, fecha en que
entró a regir la Ley 476 de 1998.

25. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial; y 2. Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

26. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial13 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

27. Por su parte, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto
53 de 1993, en el cual previó que será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de este. Igualmente,
estableció que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese
decreto (artículo 2), con la excepción14 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª

13 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
14 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General

de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».

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de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.

28. El Legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14
de la Ley 4 de 1992, con el fin de precisar su alcance respecto de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de
la Ley 332 de 199615 determinó con claridad que la prima especial, en los
supuestos que resulte aplicable para esta la entidad, constituye parte del ingreso
básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.

29. Posteriormente se profirió la Ley 476 de 1998, la cual aclaró la anterior
normativa y en su artículo primero dispuso: «Aclárase el artículo 1o. de la Ley
332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión
a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de
1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo
subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».

30. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202016, respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia,
al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten
a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

15 Artículo 6: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos

se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal
Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
Regional de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía,
Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores Seccionales,
Jefes de Oficina, Jefes de División».
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-
2017-00568-01(5472-18).

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4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.»

31. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
6 de junio de 2023,17 10 de septiembre de 202418 y 5 de noviembre 2024.19

32. Igualmente, mediante sentencia del 21 de septiembre de 202220 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos desde 1993, en los cuales señaló
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Hechos probados

33. Dentro del proceso se encuentra probado que el actor prestó sus servicios a
la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegado ante jueces municipales y
del circuito ininterrumpidamente desde 16 de junio de 1994, sin que a la fecha de
expedición de la certificación laboral se reporte retiro del servicio.21

34. Está demostrado que el demandante devengó desde 1998 hasta el año 2002
la remuneración mensual y las prestaciones sociales por montos inferiores a los
que tiene derecho, ya que la Administración restó la prima especial de servicios
del 100% del salario. A partir del año 2003 percibió el 100% del sueldo
correspondiente al cargo de fiscal que desempeñó y que no reporta ningún
emolumento por concepto de la prima mencionada. 22

35. Que el 30 de marzo de 201723 la parte actora realizó petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios, de la cual
obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio 2023. Radicación:

05001233300020150165102 (3578-2018) CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez. Y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
730012333000201700551 01 (2276-2019). CP: Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 10 de septiembre de 2024.
Radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de noviembre 2024.

Radicación: 25000-2342-000-2020-00137-01 (0687-2022). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
20 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
21Folios 14-15 y 45 del expediente. Fecha de certificación 30 de marzo de 2022.
22Folio 15 y 45 del expediente.
23 Ver folios 53-54 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00165-01 (0777-2023)
Demandante: Mario Salazar Grajales

Caso concreto

36. La Sala advierte, conforme lo señalado en la jurisprudencia,24 que desde el
año 2003 los decretos salariales que rigen a la Fiscalía General de la Nación no
previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de esta sí era
procedente como una adición a la asignación básica, según lo dispuesto en la
Ley 476 de 199825, por lo que a partir de dicho año reconoció el 100% de la
asignación básica, y en consecuencia liquidó las prestaciones sociales teniendo
en cuenta dicho emolumento de forma completa. No obstante, se evidencia que
no reconoció ningún concepto por prima especial de servicios del 30%.

37. Ahora bien, en los preceptos salariales que rigen a la entidad demandada,
expedidos entre 1993 y 2002, sí se estableció la prima especial, consistente en
el 30% de la asignación básica26, lo cual generó que se disminuyeran los ingresos
mensuales de los beneficiarios de esta; por lo que durante ese periodo se restó
la prima especial de servicios del 100% del salario, y por lo tanto el salario y las
prestaciones se liquidaron sobre un 70% de aquel.

38. Así las cosas, la interpretación del Tribunal de instancia resulta equivocada,
en cuanto ordenó la reliquidación y pago de las diferencias de salarios y
prestaciones sociales a partir del 2014, ya que desde el 2003 el salario fue
reconocido en el 100%, sin descontar ninguna suma respecto de la asignación
básica. En consecuencia, lo que procede es el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico, la cual no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, salvo para efectos de pensión. Lo anterior, se traduce sólo en el pago
del 30% que el demandante no recibió a título de prima especial, por lo que al no
presentarse el indebido descuento del 30% del salario el restablecimiento no
comprende una reliquidación de las prestaciones canceladas.

39. Conforme a lo anterior, se advierte que le asiste razón parcialmente a la
entidad apelante, por lo que se modificarán los numerales cuarto y quinto de la
sentencia de primera instancia con el fin de reconocer y ordenar el pago de la
prima especial sin carácter salarial al actor y eliminar el reconocimiento de
diferencias salariales y prestacionales en un periodo en que no había derecho a
ello.

24 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018)

conjuez ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.
25 Artículo 1o. Aclárase el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí

consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se
vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial
de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan
o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.
26 Es oportuno aclarar que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destinatarios de la prima

especial del 30% tienen derecho a ella a partir de la expedición de la Ley 476 de 1998; no obstante, dicho
emolumento había sido incluido en los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2002, como una reducción
del salario básico, pues el 30% de este se tuvo como prima especial, con lo cual, se generó una merma en
el cálculo de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las cuales
debieron liquidarse sobre el 100% de la asignación básica.

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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00165-01 (0777-2023)
Demandante: Mario Salazar Grajales

40. Por otra parte, es del caso señalar que la cotización a pensión está
íntimamente relacionada con el restablecimiento del derecho, por lo que, al
ordenar el reajuste de dicho emolumento, es deber de la entidad deducir de la
condena el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones, por ser un
derecho irrenunciable e imprescriptible, no solo por la naturaleza parafiscal de los
mismos sino por la sostenibilidad del sistema27.

41. Ahora, los preceptos salariales que rigen a la entidad demandada, expedidos
antes del 2002, sí se estableció la prima especial, consistente en el 30% de la
asignación básica28, lo cual generó que se disminuyeran los ingresos mensuales
de los beneficiarios de esta; por lo que durante ese periodo se restó la prima
especial de servicios del 100% del salario, y por lo tanto el salario y las
prestaciones se liquidaron sobre un 70% de aquel. Igualmente, a partir del 2003
los decretos salariales no previeron la mencionada prima, el reconocimiento de
esta sí era procedente como una adición a la asignación básica, por lo que a
partir de dicho año las diferencias de los aportes pensionales deben liquidarse
respecto de la prima especial del 30 %, bajo el entendido de que, en su momento,
se hicieron los aportes de ley sobre el 100% de la asignación básica.

42. Adicional a lo anterior, la Sala advierte que, el artículo 14 de la ley 4 de 1992
excluyó expresamente de la prima especial de servicios a quienes «[…] opten por
la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del
primero (1º.) de enero de 1993. […]». Así las cosas, fue solo hasta la expedición
de la Ley 476 de 1998 que se aclaró que dicha excepción no cobijaba a los
acogidos a la regulación del Decreto 53 de 1993 o a los vinculados con
posterioridad a dicha norma.

43. Por lo tanto, el pago de dicho emolumento se causó desde 1993 solo para
los fiscales vinculados antes de ese año o que decidieron no se acogerse a esta
última disposición, mientras que para quienes ingresaron en esta clase de cargos
con posterioridad o se sometieron expresamente al nuevo régimen, tal derecho
sería efectivo desde 1998, ya que fue a partir de ese momento en que se resolvió
su situación jurídica frente a la titularidad de dicho haber laboral.

44. Con base en lo expuesto, si bien los aportes a pensión son imprescriptibles,
lo cierto es que, en el presente caso conforme a la fecha de vinculación del actor
como fiscal (en vigencia del Decreto 53 de 1993), el reconocimiento de los
aportes procede desde la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, y no como lo
dispuso el a quo, por lo anteriormente señalado.

27 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la

Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
28 Es oportuno aclarar que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destinatarios de la prima

especial del 30% tienen derecho a ella a partir de la expedición de la Ley 476 de 1998; no obstante, dicho
emolumento había sido incluido en los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2002, como una reducción
del salario básico, pues el 30% de este se tuvo como prima especial, con lo cual, se generó una merma en
el cálculo de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las cuales
debieron liquidarse sobre el 100% de la asignación básica.

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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00165-01 (0777-2023)
Demandante: Mario Salazar Grajales

45. Con base en lo expuesto, se ordenará que el reajuste de aportes con destino
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones desde el 9 de septiembre de 199829
hasta el 31 de diciembre de 2002, se haga con base en el 100% de la asignación
básica, es decir, incluyendo el 30% del salario que fue descontado para tenerlo a
título de prima especial, y a partir del 1o de enero de 2003 respecto de la prima
especial del 30% hasta que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante jueces
municipales, circuito y/o un cargo igual o equivalente. En todo caso, al realizar tal
liquidación se deberá descontar los aportes que ya se hubieren realizado por el
concepto antes indicado30.

46. Ahora, frente al argumento de la entidad de que a partir del Decreto de 272
de 2021 ha pagado la prima especial en un porcentaje del 30% adicional a la
asignación básica mensual. Revisado el expediente, se encuentra que obra
constancia de servicios prestados31, en la cual se relaciona que para el mes de
marzo de 2022 el actor devengó dicho emolumento; sin embargo, no acreditó que
a partir del 1 de enero de 2021 lo hubiera reconocido, por lo que no es posible
acceder a la solicitud de limitar el restablecimiento en los términos solicitados por
la Fiscalía en el recurso de apelación.

47. Por otro lado, se dispondrá revocar el numeral primero del fallo impugnado
que se estuvo a lo dispuesto en la providencia del 15 de diciembre de 2020, para
estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 202232 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y 2017 en los cuales
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Además, se declaró la nulidad de la siguiente previsión «ninguna autoridad podrá
establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas
del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos».

48. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral primero,
y en su lugar estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022
dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018); ii) modificar los
numerales cuarto y quinto frente al restablecimiento del derecho; y iii) se
confirmará en lo demás la sentencia apelada.

Condena en costas

29 Fecha en que entró en vigor la Ley 476 de 1998.
30 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda-
Subsección A- Sentencia del 22 de enero de 2026, radicado 25000 23 42 000 2022 00698 01 (4891-2024),
magistrado ponente Juan Camilo Morales Trujillo.
31 Folio 45 vto del expediente físico.
32 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

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Demandante: Mario Salazar Grajales

49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

52. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que el recurso de apelación está siendo concedido de manera parcial, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en
el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

53. .En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR el numeral primero, y en su lugar ESTARSE a lo
resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03
25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia
impugnada, los cuales quedarán en un solo numeral, así:

A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad
demandada a: i) Reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración
mensual, desde el día 30 de marzo de 2014 y de ahí en adelante hasta

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Demandante: Mario Salazar Grajales

que desempeñe el cargo de fiscal delegado ante los jueces
municipales, de circuito, y/o equivalente. La mencionada prima solo
constituye factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación de
la pensión de jubilación. ii) Reliquidar los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones y Salud teniendo en cuenta lo siguiente: desde el 9 de
septiembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2002, se haga con base en
el 100% de la asignación básica, es decir, incluyendo el 30% del salario que
fue descontado para tenerlo a título de prima especial, y a partir del 1o de
enero de 2003 respecto de la prima especial del 30% hasta que desempeñe
el cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales, de circuito, y/o
equivalente. En todo caso, al realizar tal liquidación se deberá descontar los
aportes que ya se hubieren realizado por el concepto antes indicado.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 30 de septiembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones
y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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