Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00461-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00461-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2022-00461-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2022-00461-01 (5315-2024)
Demandante: Ana María Piñeros Ricardo
Demandados: Nación - Procuraduría General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad y multa
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Trece (13) de Junio de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda.
l. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1. Pretensiones.
1. La señora Ana María Piñeros Ricardo, por conducto de apoderado judicial, y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en
el artículo 138 del CPACA, solicitó la nulidad de las decisiones proferidas dentro del
proceso disciplinario con radicación No. IUS–2012-117526, a saber:
(i) Fallo de primera instancia, del Diecisiete (17) de octubre de Dos Mil Doce
(2012), expedido por el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia
Administrativa, mediante el cual, fue sancionada con multa de 50 salarios
mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilidad general por 10 años;
(ii) Fallo de segunda instancia, del Cuatro (4) de marzo de Dos Mil Trece (2013),
proferido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que
confirmó la decisión inicial.
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Cuaderno No. 1, folios 1 a 126.
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Número interno: 5315-2024.
Demandante: Ana María Piñeros Ricardo
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2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) el reintegro de las sumas pagadas
por concepto de la multa impuesta y la des anotación de la sanción, en los registros
correspondientes; (ii) el reconocimiento y pago de perjuicios morales, estimados en mil
(1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o la suma que determine la
jurisprudencia; y (iii) el reconocimiento y pago de perjuicios materiales, tasados en
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, o la suma que resulte
probada.
3. Adicionalmente, solicitó la liquidación de las condenas debidamente actualizadas,
conforme al índice de precios al consumidor, y se dé aplicación a los artículos 192 y 195
del CPACA, para el cumplimiento de la sentencia.
1.2. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, son los siguientes:
4. Mediante Oficio No. 2-2012-020029 del Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil Doce
(2012), el superintendente Nacional de Salud, remitió a la Procuraduría General de la
Nación, un informe elaborado por la firma KPMG, en el que se advertían presuntas
irregularidades en diversos procesos de SALUDCOOP EPS – OC.
5. Con fundamento en dicho informe, se inició investigación disciplinaria contra varios
funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, entre ellos, la señora Ana María Piñeros
Ricardo, en su calidad de miembro del Consejo de Administración.
6. Mediante auto del Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Doce (2012), la Procuraduría
General de la Nación, dispuso adelantar la actuación por el procedimiento verbal, previsto
en los artículos 175 de la Ley 734 de 2002 y 57 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, bajo
la radicación No. IUS–2012–117526.
7. En el marco de la investigación, se señaló que, los miembros del Consejo de
Administración de SALUDCOOP, habrían incurrido, a título de culpa grave, en la falta
gravísima prevista en el numeral 4° del artículo 53 de la Ley 734 de 2002, por “apropiarse,
directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o
permitir que otro lo haga o utilizarlos indebidamente”, al permitir, conforme a sus
responsabilidades, el ingreso de la suma de Sesenta y Un Mil Millones de Pesos
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Demandante: Ana María Piñeros Ricardo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
($61.000.000.000), provenientes de Epsifarma a favor de SALUDCOOP, a través de
notas crédito, lo que habría implicado el otorgamiento de descuentos comerciales
superiores a lo pactado.
8. Durante el trámite disciplinario, la investigada planteó la nulidad de lo actuado, ante la
falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para disciplinar a los
investigados, y en razón a que, el informe de KPMG no reúne los requisitos de auditoría
forense o dictamen pericial, solicitud que fue resuelta de forma negativa.
9. Surtida la actuación disciplinaria, mediante fallo de primera instancia del Diecisiete (17)
de octubre de Dos Mil Doce (2012), la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia
Administrativa, declaró disciplinariamente responsable a la demandante y le impuso
sanción consistente en multa de cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes,
e inhabilidad general por el término de 10 años.
10. La decisión fue confirmada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de
la Nación, en fallo de segunda instancia del Cuatro (04) de marzo Dos Mil Trece (2013).
11. La demandante pagó la totalidad de la multa impuesta.
12. El Veinte (20) de mayo de Dos Mil Trece (2013), se adicionó el numeral segundo de
la decisión de segunda instancia, a efectos de denominar la calidad de miembros del
Consejo de Administración de los disciplinados, que se omitió en la parte resolutiva de la
decisión.
1.3. Normas violadas y concepto de violación.
13. La parte demandante considera transgredidos los artículos 6, 29, 58, 82, 83 y 333 de
la Constitución Política; Ley 734 de 2002, artículos 4, 6, 9, 13, 17, 20, 28 (numeral 6), 53,
143, 162 y 175; Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011, Decreto 2649
de 1993, Decreto 4 y 13 del Decreto 1281 de 2002, Resolución 548 de 2010, Resolución
4316 de 2011 y Resolución 1424 de 2008.
14. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que, la Procuraduría General de la
Nación, carecía de competencia para disciplinar a los miembros del Consejo de
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Demandante: Ana María Piñeros Ricardo
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Administración de SaludCoop EPS-OC, argumentando que, la investigada no ejerció
labores de administración de recursos públicos, porque los dineros objeto de
controversia, correspondían a "recobros", los cuales, según su criterio, no ostentan dicha
naturaleza.
15. Enfatizó que, la sanción impuesta afectó gravemente la dignidad y el desarrollo
personal de la demandante, alterando sus condiciones de existencia y generando una
reprimenda social y moral desproporcionada, derivada de la alta difusión mediática del
proceso disciplinario.
16. Indicó que, el ente de control incurrió en irregularidades sustanciales, al tramitar el
caso mediante un procedimiento verbal, sin que se cumplieran los requisitos de certeza
exigidos por el artículo 175 de la Ley 734 de 2002; dado que, no existía prueba objetiva
de la falta, ni certeza sobre la responsabilidad, basándose la acusación en un informe
técnico de KPMG, que presentaba falencias, yerros e inconsistencias de soporte.
17. Adujo que la demandante en su calidad de particular, no es sujeto disciplinable,
máxime cuando no manejaba recursos públicos. Adicionalmente, encontró confrontado
el principio de presunción de inocencia, en razón a que, se le endilgó a la demandante,
el no haber obrado con la diligencia y cuidado que le correspondía conforme a los
estatutos, en la aprobación de estados financieros y el cuidado que los recursos públicos
exigen frente a la transferencia de Epsifarma a Saludcoop, sin haber solicitado
información o requerimientos al respecto, acumulando especulaciones y suposiciones sin
sustento jurídico.
18. Arguyó una confusión por parte de la Procuraduría entre el POS y No POS, porque
el proceso disciplinario, versa sobre medicamentos que no están en el plan obligatorio de
salud, y, por lo tanto, no son cubiertos por la UPC, por copagos, cuotas moderadoras, ni
ninguno de los recursos del sistema. Añadió que los únicos recursos parafiscales, son
los destinados al Plan Obligatorio de Salud y su administración, sin embargo, las EPS
también cuentan con recursos propios, frente a los cuales, no se genera administración
y no sería posible determinar disciplinables, no siendo de recibo la afirmación del ente
disciplinario, al afirmar que, la gestión de recobros ante el Fosyga, implica el manejo y
administración de recursos públicos.
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19. Reprochó que se cuestionaran las cláusulas contractuales de descuentos
comerciales, a partir de la ausencia de soporte de dichas condiciones, cuando estas
pueden ser incluso verbales, dada la calidad de las contratantes. Asimismo consideró no
acreditado el presunto sobreprecio de medicamentos, porque de acuerdo con la prueba
testimonial, para el año 2010, esto no era posible.
20. Precisó que, la conducta reprochada, consistente en el ingreso de Sesenta y Un Mil
Millones de Pesos ($61.000.000.000), a través de notas de crédito de Epsifarma, no
configuraba una apropiación indebida de recursos de la UPC; señalando que, Epsifarma
no es una IPS ni una EPS, y dichos recursos correspondían a descuentos comerciales
condicionados y no, a caudales públicos destinados a la salud.
21. Indicó que, en las decisiones disciplinarias, no se efectuó un juicio personal sobre la
intencionalidad de la demandante, sino que, de manera objetiva se estableció una serie
de normas infringidas, sin individualizar la conducta de cada uno de los investigados y
tampoco se valoró la graduación de la culpa, dejando de lado la causal de exclusión de
responsabilidad, ante la convicción de estar actuando en el marco de la legalidad.
22. Finalmente consideró que, los actos administrativos sancionatorios deben ser
anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que se fundaron en
pruebas que debieron ser declaradas nulas —como el informe técnico de la Contraloría—
y en una interpretación errónea de las funciones del Consejo de Administración, respecto
a la aprobación de estados financieros, los cuales, son meros reportes de hechos
económicos ya realizados.
2. Contestación de la demanda2.
23. La Procuraduría General de la Nación, por conducto de apoderado judicial, se opuso
a las pretensiones de la demanda, señalando que, la entidad actuó de conformidad a la
Constitución y la ley.
24. Frente al reconocimiento y pago de perjuicios morales y a las condiciones de
existencia, consideró que carecían de prueba que las sustente.
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Expediente físico, fólios 513 a 555.
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25. Indicó que, la demandante sí es sujeto disciplinable, de conformidad con el artículo
53 del Código Disciplinario Único, dada su calidad de miembro del Consejo de
Administración de la EPS Saludcoop, porque el hecho de tener que aprobar los estados
financieros de la entidad, les genera la responsabilidad de avalar la forma como se han
administrado los recursos del sistema de salud, cumpliendo con la característica de
administración de dineros públicos.
26. Adicionalmente adujo que, la responsabilidad disciplinaria se enmarca en el hecho
de recibir recursos del Estado a cualquier título, sin que sea necesario ahondar en
razones sobre la fuente de donde presuntamente salen los recursos de la EPS, cuando
otorgan beneficios no cubiertos por el POS.
27. Arguyó que la especificación del artículo 44 de la Ley 1474 de 2011, frente a lo que
se entiende por administrar recursos públicos, no modifica el espíritu de la norma
preexistente, pues desde siempre se ha entendido que, los recursos parafiscales, entre
los que se encuentran los del sistema de salud, son recursos públicos y por lo tanto, todos
los particulares que los manejan, reciban o administren, son sujetos disciplinables.
28. Concluyó que, los recobros al Fosyga tienen el carácter de parafiscales y en
consecuencia, son recursos públicos, estando la demandada, en plena facultad de
cuestionar el proceder del representante legal de SaludCoop y de los miembros del
Consejo de Administración.
29. A partir de estos razonamientos, manifestó que, no es cierto que los dineros
destinados al pago de medicamentos a una cooperativa, no hacen parte del sistema o
dejan de ser parte del mismo, y por lo tanto, al hacer parte del sistema de seguridad social
en salud, obliga a quien los administra, a guardar una diligencia debida; por lo que, en el
caso de la demandante, para aprobar los estados financieros de la EPS, correspondía la
revisión exhaustiva de la forma como se administraban estos recursos, y en específico,
cómo generaban una serie de rendimientos y superávits a favor de la EPS, que
ascendieron a $61.000.000.000, por vía de supuestos descuentos.
30. Explicó que, los excedentes que generó Epsifarma en los descuentos, provenían del
margen de facturación fijado por Saludcoop en el recobro por medicamentos no POS, los
cuales, son el resultado de un mayor valor facturado por la EPS al Fosyga, en un 32%
del costo real de los medicamentos, el cual, posteriormente fue recobrado al Fosyga con
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el margen de facturación y girado por Epsifarma a Saludcoop, bajo el concepto de
descuentos por pronto pago y descuentos comerciales, realizando una operación
simulada, a partir de la cual, Saludcoop obtenía mayores recursos provenientes del
Fosyga.
31. Encontró configurada la falta, al no ser avizorado, ni reprochado por parte de los
miembros del Consejo Directivo, el actuar referenciado.
32. De otra parte, enfatizó en la confiabilidad del informe de KPMG, además de
referenciar que la actuación disciplinaria no solo tuvo como base este documento y el
procedimiento verbal, era el que correspondía legalmente para el asunto.
33. Finalmente, enfatizó en el compromiso de la ilicitud sustancial, porque se verificó el
desconocimiento del deber funcional respecto de los recursos públicos.
3. Sentencia de primera instancia.
34. Inicialmente, la Sección Primera – Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, profirió sentencia de primera instancia, el Quince (15) de octubre de Dos
Mil quince (2015)3. No obstante, mediante auto de Trece (13) de noviembre de Dos Mil
Diecinueve (2019)4, se declaró la nulidad de la decisión de primera instancia, ante la falta
de competencia del A- quo, disponiendo la remisión de las actuaciones, a la sección
segunda de dicho tribunal.
35. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”,
mediante sentencia del Trece (13) de junio de Dos Mil Veinticuatro (2024)5, negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
36. Frente al cargo de falta de competencia, consideró que, la Procuraduría General de
la Nación, sí estaba habilitada para investigar y sancionar a la demandante, en su
condición de miembro del Consejo de Administración de Saludcoop EPS, por tratarse de
una entidad que administra recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
los cuales tienen naturaleza pública, conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley
734 de 2002, y la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado.
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Folios 708 a 787 expediente físico.
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Folios 961 a 964 expediente físico.
5
Folios 981 a 993 expediente físico.
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37. Analizó que, las funciones administrativas por parte de particulares, se deben
desarrollar con observancia de los principios constitucionales de buena fe, igualdad,
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación,
publicidad, responsabilidad y transparencia, para lo cual, la Ley 734 de 2002, estatuye tal
responsabilidad en los representantes legales de personas privadas y en los miembros
de sus juntas directivas, porque de no ser así, existirían conductas, que si bien son
disciplinables, no se podrían atribuir a ninguna persona, contando la Procuraduría
General de la Nación, con la competencia para iniciar el trámite disciplinario y sancionar
a la demandante.
38. En cuanto al trámite verbal, estimó que, se cumplían los presupuestos de los artículos
152 y 175 de la Ley 734 de 2002, dado que, se investigaba una presunta falta gravísima,
relacionada con la apropiación o utilización indebida de recursos públicos, sustentada
inicialmente en el informe remitido por la Superintendencia Nacional de Salud.
39. Consideró que, atendiendo la magnitud de los hechos, resultaba procedente y
adecuado, iniciar la investigación disciplinaria mediante el proceso verbal, encontrándose
acreditados los elementos de la prueba, hasta ese momento suficientes para abrir pliego
de cargos para los miembros del Consejo de Administración de Saludcoop, entre los que
se encontraba la demandante.
40. Respecto a la nulidad sustentada en el informe técnico, contable y financiero de la
Contraloría General de la República, concluyó que, no se configuró irregularidad alguna,
en tanto se dio traslado a la parte disciplinada para ejercer contradicción y dicho
documento fue valorado junto con otros múltiples medios probatorios, apreciados de
manera conjunta, conforme a las reglas de la sana crítica.
41. Descartó la vulneración del principio de presunción de inocencia y la ausencia de
individualización de la conducta, al considerar que, la responsabilidad fue atribuida de
manera personal a la demandante, por aprobar estados financieros sin exigir
explicaciones sobre notas de crédito, que representaban ingresos superiores a Sesenta
y Un Mil Millones de Pesos ($61.000.000.000), derivados de recobros al Fosyga,
configurándose la culpa grave, por falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones.
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42. Finalmente, concluyó que, los actos administrativos demandados se fundaron en
pruebas legalmente allegadas y valoradas en conjunto, sin evidenciarse vulneración al
debido proceso, ni a los principios invocados; por lo que, se mantuvo incólume su
presunción de legalidad y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, sin
condena en costas.
4. El recurso de apelación6.
43. La parte actora, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, reiterando los argumentos de la demanda y señalando que, el Tribunal avaló
indebidamente la competencia disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación,
frente a miembros del Consejo de Administración de SaludCoop EPS, pese a que, la
conducta reprochada, no correspondía al ejercicio de función pública, ni a la
administración de recursos públicos, en los términos del artículo 53 de la Ley 734 de
2002.
44. Sostuvo que, la sentencia incurrió en violación del principio de legalidad, al extender
la competencia disciplinaria, con fundamento en la naturaleza del sistema de seguridad
social, sin verificar si la actuación atribuida —la aprobación de estados financieros que
registraban notas crédito otorgadas por Epsifarma— implicaba administración de rentas
públicas o parafiscales, cuando tales recursos, provenían de una entidad privada y
respondían a relaciones contractuales de derecho privado.
45. Adujo que, en la sentencia objeto de reproche, tácitamente se indicó que, el ejercicio
de la facultad de aprobar estados financieros, en cuanto al ingreso a una contabilidad de
unas notas de crédito, provenientes de un particular, es una función pública o ejercicio
de función administrativa, lo cual, en su criterio, no es cierto, pues no se están manejando
recursos fiscales, ni parafiscales, sino recibiendo unos dineros de naturaleza privada,
pues proviene de una entidad de ese carácter, en cumplimiento de una relación
contractual.
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Expediente físico, folios 994 a 1018.
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46. Enfatizó que, la Procuraduría al poner en duda la razonabilidad del traslado del
dinero, olvidó que, ni la EPS, ni Epsifarma, tenían obligación legal o reglamentaria de
tener una justificación para sus costos o utilidad; y aunque sí existía dicha explicación,
no fue suficiente para la Procuraduría, sin que, para la fecha de los hechos, existiera un
precepto que obligara a determinada justificación económica o jurídica.
47. Refirió que los quebrantos a la competencia Funcional de la Procuraduría General de
la Nación, violan el principio de legalidad contenido en el artículo 4 del CDU, al sancionar
a la demandante por comportamientos que no se encuentran dentro de los sancionables
disciplinariamente, además de quebrantar el derecho fundamental al debido proceso,
porque uno de los elementos esenciales es la competencia del funcionario en la
correspondiente investigación disciplinaria.
48. Indicó que, la falta de competencia debió se acogida por la Procuraduría, en virtud
de la presunción de inocencia (artículo 9° del Código Disciplinario Único), que establece
que durante la actuación, toda duda razonable se resolverá a favor del investigado,
cuando no haya modo de eliminarla, además de los términos de la interpretación de la
ley disciplinaria (artículo 20 del Código Disciplinario Único), que indican que en la
interpretación y aplicación de la ley disciplinaria, el funcionario competente debe tener en
cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del
derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos
y garantías debidos a las personas que en él intervienen, argumentos que no fueron
evaluados en la sentencia recurrida, existiendo falta de motivación.
49. Aseguró que, los miembros del consejo de administración no administran recursos
recibidos del Fosyga, dentro del proceso de recobro como compensación legal, natural y
legítima de orden económico, por la prestación de un servicio que no tiene obligación
legal, ni reglamentaria de asumir en su origen, no cumpliéndose el presupuesto de la
norma, para que exista un sujeto disciplinable en cabeza del particular.
50. Insistió en que los recursos objeto de descuento comercial, no son públicos ni
privados, y tampoco existe norma que les establezca tal naturaleza.
51. Cuestionó la validez del trámite verbal adelantado por la Procuraduría, al estimar que,
no se verificaron objetivamente los presupuestos exigidos por el artículo 175 de la Ley
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734 de 2002, pues no existía prueba suficiente que los valores cuestionados
correspondieran a recursos públicos, ni que estuviera acreditada la falta antes de la
citación a audiencia, en tanto el informe técnico en que se sustentó el proceso verbal,
tenía yerros e inconsistencias que quedaron acreditadas en el proceso disciplinario y por
lo tanto, la actuación carecía de fundamento legal y fáctico, debiendo acreditarse que los
sesenta y un mil millones de pesos, corresponden a dineros públicos, es decir, que eran
dineros de la UPC (unidad de pago por capitación); en su ausencia, consideró que, no se
había verificado objetivamente la configuración de la falta, vulnerándose el artículo 162
del CDU.
52. Expresó que, en los estados financieros no se “adquieren” ingresos, ni se giran
recursos, y en ellos solo se reflejan los hechos económicos ya realizados, considerando
que, con la aprobación de dichos estados financieros, no se cumple con los criterios
enunciados en la norma, para acudir el proceso verbal.
53. Adujo vulneración del derecho de defensa, en relación con el informe técnico contable
de la Contraloría, por cuanto, aunque se concedió traslado formal, no se resolvieron de
fondo las solicitudes de aclaración y complementación presentadas por la defensa, lo
que, a su juicio, viciaba la valoración probatoria y comprometía la validez del soporte
fáctico de la sanción.
54. Reprochó que, el Tribunal desestimara el cargo de violación del principio de
presunción de inocencia, al considerar probada la apropiación indebida de recursos
públicos, sin que existiera demostración concluyente, que las notas crédito provinieran
de dineros parafiscales, ni que la investigada hubiera actuado con dolo o culpa grave,
trasladándole indebidamente, la carga de desvirtuar imputaciones basadas en conjeturas.
55. Manifestó que, Epsifarma no es empresa promotora de salud, ni una entidad
integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud, como lo señaló el Ministerio de
Salud y Protección Social, el Doce (12) de julio de Dos Mil Doce (2012), documento que
nunca fue tachado de falso, siendo una cooperativa privada, dedicada entre otras
actividades, a la importación y comercialización de productos farmacéuticos y
hospitalarios al por mayor y detal, y por ende, los recursos provenientes de descuentos
comerciales que otorga, no son ni parafiscales y mucho menos públicos, pudiendo otorgar
a sus clientes, los descuentos que considere pertinentes.
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56. Adujo que, a pesar de esta circunstancia, la Procuraduría insistió en una triangulación
de una operación simulada, que necesariamente implica un comportamiento doloso,
cuando la imputación fue culposa.
57. Insistió en que, la sentencia omitió analizar de manera integral la naturaleza jurídica
de los recobros NO POS, desconociendo que, conforme a la normativa y jurisprudencia
citadas, estos constituyen un mecanismo de restablecimiento del equilibrio económico de
las EPS, y que no todos los recursos que ingresan a estas entidades, tienen carácter
público o parafiscal, especialmente cuando provienen de patrimonio propio o financiación
privada.
58. Manifestó que, no se probó que los servicios NO POS hubiesen sido financiados con
recursos de la UPC, ni que los valores reconocidos por el FOSYGA mantuvieran
naturaleza pública una vez pagados, por lo que, la conclusión acerca de la administración
de recursos públicos, carecía de sustento legal y probatorio.
59. Señaló una indebida valoración probatoria respecto de las notas crédito, indicando
que, estas obedecían a descuentos comerciales condicionados por volumen de
facturación, aplicables tanto a facturas POS como NO POS, y no a una operación
simulada, orientada a inflar recobros, como lo sostuvo la autoridad disciplinaria.
60. Destacó que, no se demostró la existencia de sobreprecio en medicamentos, ni que
los valores recobrados por SaludCoop superaran los promedios del mercado, y que,
incluso los propios informes técnicos reconocieron la imposibilidad de efectuar un análisis
especializado de precios, lo que desvirtuaba la tesis de fraude al sistema de salud.
61. Concluyó que, no se trata que no esté probada la aprobación de estados financieros
con las notas de crédito que provenían de una entidad privada, sino que, no está probada
la mala fe, ni el actuar fraudulento constitutivo de operaciones simuladas o ficticias, como
se plantea en los actos administrativos demandados y en la sentencia; considerando
comprometida la presunción de inocencia, al exigírsele a la demandante, acreditar la falta
de trasgresión de las normas penales, cuando es la administración de justicia, la que
tiene el deber constitucional y legal, de demostrar, más allá de toda duda razonable, que
el investigado incurrió en el hecho reprochable.
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62. Añadió que, tanto en las decisiones disciplinarias como en el fallo de primera
instancia, existió indebida valoración probatoria, al desconocer que, los descuentos
comerciales se efectuaron tanto en medicamentos no POS, como en medicamentos
POS, los cuales, no eran objeto de recobro al Fosyga, insistiendo que la decisión de la
Procuraduría se basó en una suposición, la cual, es reproducida por el Tribunal de
primera instancia, atentando contra las garantías y derechos fundamentales de la
demandante.
63. Indicó que, el contrato con Epsifarma, en su cláusula 4, literal c, se refería a un
retorno de beneficios, derivados de los procesos de compra, para ser aplicados al servicio
de salud, sin que estuvieran asociados a la condición que fueran POS o NO POS, que
no dependía de los cobros al Fosyga, sino que, obedecían a condiciones diferentes y
eran condicionados al cumplimiento de un evento futuro, como lo indicó la aclaración que
dio el Informe Técnico de la Procuraduría, por el volumen de la facturación.
64. Consideró que, hubo indebida valoración probatoria, porque hubo facturas POS
sobre las que se aplicaron notas crédito y no eran objeto de recobro al Fosyga, ya que,
su causa derivaba del volumen de facturación y no, de ser facturas NO POS recobradas
al Fosyga, lo que lleva a exonerar de cualquier responsabilidad disciplinaria a la
demandante, como miembro del Consejo de Administración de Saludcoop.
65. Exaltó que, no hubo valoración probatoria frente a la verdadera realidad económica
de Epsifarma, acreditada en el proceso disciplinario, en tanto el tribunal adujo que, los
descuentos eran la operación simulada, en el que supuestamente, luego de efectuado
el recobro del mayor valor del 32%, era girado por Epsifarma a Saludcoop, por lo que,
era necesario que, Epsifarma registrara una utilidad mayor a ese porcentaje, antes de
transferirlo a la EPS, para que fuera disminuida con los descuentos comerciales, sin
embargo, la información contenida en los estados financieros que obran en el
expediente disciplinario, demuestran una realidad totalmente diferente, en tanto las
utilidades fueron obtenidas de los ingresos por operaciones comerciales con empresas
distintas a Saludcoop, como de las eficiencias logísticas que la entidad logró en la
administración y manejo de la dispensación, almacenamiento, transporte, custodia y
control de los medicamentos e insumos que se entregaron a los usuarios en el año
2010.
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66. Insistió en que, los descuentos condicionados no son una institución extraña,
novedosa o maquinada por Epsifarma y en el sector farmacéutico es una práctica
comercial de uso frecuente y permanente, conceder descuentos entre laboratorios y
distribuidores, laboratorios y sus clientes, y entre los diferentes agentes que participan en
la cadena de distribución de medicamentos.
67. Adujo que, el Tribunal olvida y desconoce que el informe técnico en el que se apoyan
las decisiones de la Procuraduría, fue objeto de aclaraciones y ampliaciones por parte de
la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la entidad, desvirtuando que la
EPS tenía una situación de iliquidez, como que las notas no tuvieron un efecto en la
solvencia de la EPS.
68. Enfatizó en que Epsifarma como particular, puede, en ejercicio de la libre empresa y
de su derecho a la propiedad privada, establecer su margen de administración y dentro
de este, la utilidad esperada y otorgar a sus clientes, aquellos descuentos comerciales
que considere pertinentes y adecuados.
69. Manifestó que, el único obstáculo para este ejercicio, lo constituía el hecho de
cobrarse más de lo debido, que solo sería posible, cuando exista un control de precios
sobre el producto ofrecido, cuestión que no era posible para el año 2010, en materia de
medicamentos.
70. Afirmó que, la sentencia no realizó un juicio personal de reprochabilidad, sino que,
atribuyó responsabilidad objetiva a todos los miembros del Consejo de Administración,
por el solo hecho de haber aprobado los estados financieros, sin individualizar la
conducta, analizar las funciones específicas de la demandante, ni valorar su actuación
bajo los principios de buena fe y confianza legítima.
71. Planteó que, el tribunal no estudió el cargo de violación del principio de buena fe,
ante la falta de aplicación de una de las causales de exclusión de responsabilidad,
manifestando de manera simple que, el tema había sido estudiado por la Procuraduría,
porque los miembros del consejo de administración, actuaron considerando que, estaban
ajustados a la legalidad, por la confianza legítima que generaban los antecedentes
normativos, jurisprudenciales y doctrinarios en la materia, lo que daba lugar a la
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Número interno: 5315-2024.
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aplicación del numeral 6 del artículo 28 del CDU, bajo la convicción errada e invencible
que, su actuar no constituía falta disciplinaria.
5. Trámite del recurso de apelación
72. Mediante auto del Catorce (14) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025) 7, el
despacho sustanciador admitió el recurso de apelación, y, de acuerdo con el numeral 5°
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar.
73. En esta etapa procesal, la Procuraduría General de la Nación en su calidad de parte
demandada8, presentó escrito, en el que solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, al considerar que, no le asiste razón a la parte demandante y los actos
administrativos acusados se ajustan al ordenamiento jurídico. Señaló que, el recurso de
apelación carece de una adecuada sustentación, en tanto no formula reproches
concretos frente a la decisión adoptada por el Tribunal, sino que, se limita a reiterar los
argumentos expuestos en la demanda y en los alegatos de primera instancia.
74. Indicó que, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados, pues, las inconformidades de la actora se circunscriben a
una discrepancia interpretativa y probatoria, sin evidenciar la configuración de causal de
nulidad.
75. Finalmente, sostuvo que, en la actuación se respetaron las garantías del debido
proceso y el derecho de defensa, y, la valoración probatoria se efectuó conforme a las
reglas de la sana crítica, razón por la cual, no hay lugar a revocar la decisión de primera
instancia.
6. Concepto del Ministerio Público9
76. El Ministerio Público, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al
considerar que, la actuación disciplinaria adelantada contra la señora Ana María Piñeros
Ricardo, respetó las garantías del debido proceso, el derecho de defensa, la presunción
de inocencia y el principio de legalidad, y que, los actos sancionatorios fueron proferidos
7
Aplicativo Samai - índice 00015.
8
Aplicativo Samai - índice 00015.
9
Aplicativo Samai - índice 00022.
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por autoridad competente, con fundamento en pruebas legalmente recaudadas y
valoradas de manera integral.
77. Indicó que, la Procuraduría General de la Nación, sí tenía competencia para
investigar y sancionar a la demandante, en su condición de miembro del Consejo de
Administración de SaludCoop EPS, por tratarse de una entidad que administra recursos
públicos del sistema de salud, de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 734 de
2002 y la jurisprudencia constitucional que reconoce como sujetos disciplinables a los
miembros de juntas directivas cuando incumplen sus deberes funcionales.
78. Señaló que, la conducta imputada se adecuó al numeral 4 del artículo 55 de la Ley
734 de 2002, al configurarse una falta gravísima, consistente en permitir la apropiación o
uso indebido de recursos públicos, calificada a título de culpa grave, al haberse aprobado
estados financieros que reflejaban recobros por valores superiores a los costos reales,
sin ejercer la debida diligencia en su revisión.
79. Sostuvo que, no se configuró vulneración a la buena fe ni causal de exclusión de
responsabilidad, dado que, las eximentes disciplinarias son taxativas y no resultaban
aplicables al caso, pues se evidenció una omisión grave en el deber de vigilancia y control
sobre la administración de recursos del sistema general de seguridad social en salud.
80. Concluyó que, los actos disciplinarios conservaron su presunción de legalidad, que
la falta resultó típica, antijurídica y culpable, y que, no se acreditó quebrantamiento alguno
de las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual, solicitó confirmar la
decisión del Tribunal que negó las pretensiones de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
81. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
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82. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 32810 del Código General del
Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico
83. Corresponde a la Sala establecer:
debe revocarse la sentencia del Trece (13) de junio de Dos Mil Veinticuatro (2024),
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, declarar la nulidad de los
fallos de primera y segunda instancia, proferidos dentro de la actuación disciplinaria con
radicación No. IUS–2012-117526, en contra de la señora Ana María Piñeros Ricardo, al
ser expedidos con violación del debido proceso, el derecho de defensa y la presunción
de inocencia? con tal fin se debe verificar:
i) La competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar a la demandante como miembro del Consejo de Administración de
SaludCoop EPS;
ii) La validez del trámite verbal adelantado por la Procuraduría, ante la presunta falta
de verificación de los presupuestos exigidos por el artículo 175 de la Ley 734 de
2002;
iii) La debida incorporación y valoración, del informe técnico contable de la
Contraloría General de la República;
iv) La correcta estructuración de la tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, bajo un
juicio personal de reprochabilidad y no de responsabilidad objetiva.
84. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo; 2.4. Material probatorio; y 2.5 Caso concreto.
10
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»
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2.3. Marco normativo
85. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 734 de 2002, la titularidad de la potestad
disciplinaria corresponde al Estado, la cual se adelanta a través del poder disciplinario
preferente por la Procuraduría General de la Nación, pero también, por las Personerías
Distritales, Municipales o las Oficinas de Control Interno Disciplinario.
86. La acción disciplinaria tiene un carácter eminentemente oficioso; sin embargo, los
artículos 69 y 70 de la Ley 734 de 2002, disponen que puede iniciar por informe,
compulsa, queja o anónimo, cumpliendo los requisitos del artículo 38 de la Ley 190 de
1995 y el artículo 27 de la Ley 24 de 1992. Cualquiera sea el acto, que dé inicio a la
acción disciplinaria, en un primer momento se abre una indagación preliminar, la cual,
tiene como fin, verificar la ocurrencia de la conducta y, determinar si es constitutiva de
falta disciplinaria o si se ha actuado bajo el amparo de una causal de exclusión de la
responsabilidad.
87. Cuando de la información recibida, permita la identificación del autor o los autores de
la falta disciplinaria, el operador iniciará la investigación, con la finalidad de: verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta, esclarecer los motivos
determinantes, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, identificar los
perjuicios causados a la administración, y establecer la responsabilidad del
disciplinado. En este punto dicta auto de cierre de la investigación por vencimiento de
términos o con el fin de decretar pruebas para formular cargos. En el segundo evento, se
puede dar por terminada la actuación artículos 156 y 161 Ley 734 de 2002, formular
cargos artículo -175 ídem-, o remitir por competencia.
88. En el evento que se dicte auto de formulación de cargos disciplinarios, tal decisión
debe reunir los siguientes requisitos sustanciales: que se halle objetivamente demostrada
la falta y que se cuente con pruebas que comprometan la responsabilidad del
investigado11. Igualmente debe cumplir los siguientes requisitos formales: descripción y
determinación de la conducta investigada con indicación de las circunstancias de modo,
tiempo y lugar y modalidad específica de la conducta; normas violadas y concepto de
11 ARTÍCULO 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento formulara pliego de cargos
cuando este objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
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violación; identificación del autor o autores de la falta; análisis de las pruebas por cada
uno de los cargos formulados; exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para
determinar gravedad o levedad de la falta, clasificadas en gravísimas, graves y leves;
forma de culpabilidad, ya sea a título de dolo, culpa gravísima o grave.
89. Formulado el pliego de cargos, el vinculado tiene la oportunidad de presentar sus
descargos, para garantizar su debido proceso, así como, la materialización del derecho
de defensa y contradicción, siendo esta una actuación facultativa, en esta misma etapa
el imputado, puede proponer nulidades, controvertir pruebas, solicitar y aportar pruebas.
90. Posteriormente, sigue la fase probatoria y el traslado de alegatos de conclusión, por
el término de 10 días, donde la ley permite la variación de cargos de acuerdo con lo
establecido en el inciso 5 del artículo 165 de la Ley 734 de 2002.
91. Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, la respectiva autoridad
disciplinaria debe dictar decisión definitiva, cuyo contenido puede ser absolutorio o
sancionatorio, de cualquier modo, tal decisión debe cumplir con las exigencias previas en
el artículo 170 de la Ley 734 de 2002. Contra la decisión procede recurso de apelación.
2.3.1. Precedente de unificación de control integral de los actos disciplinarios.
92. Esta Corporación judicial en sentencia SU-00316 de 201612, estudió la legalidad de
las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la Nación en contra
de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso que fijó postura de unificación respecto a
los actos proferidos por el ente de control disciplinario, en el sentido que corresponde al
juez de la Jurisdicción Contencioso Administrativo efectuar un control integral de los actos
sancionatorios, en el que precisó:
«[…]
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo
los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia
especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable
judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite
12
Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente: DR. William Hernández Gómez (E) Bogotá,
D. C., 9 de agosto de 2016. Número de referencia: 110010325000201100316 00 Número interno: 1210-11 Demandante: Piedad
Esneda Córdoba Ruíz.
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procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la
independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo
no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control
judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo
contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»
93. Con estos fundamentos, la Sala Plena de este órgano colegiado, estableció las
siguientes reglas:
«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos proferidos por
los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en los siguientes
términos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral [79] de los
actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción disciplinaria
regulada en la ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el recurso
judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.»
94. Con fundamento en lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral
de los actos administrativos disciplinarios para garantizar la tutela judicial de la persona
sancionada, siendo un postulado de la Constitución Política el respeto de la dignidad
humana, el trabajo, asegurando dentro los fines esenciales la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
2.5. Caso concreto
2.5.1. De la falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación
95. En el presente asunto, el primer punto de inconformidad de la recurrente frente a la
decisión de primera instancia, lo comporta la falta de competencia de la Procuraduría
General de la Nación, para adelantar la actuación disciplinaria en contra de la señora Ana
María Piñeros Ricardo, en su calidad de miembro del Consejo de Administración de
Saludcoop.
96. De acuerdo con las decisiones disciplinarias, la competencia de la Procuraduría en
este caso, está dada por el artículo 53 de la Ley 734 de 2002, en tanto, los miembros del
Consejo de Administración de Saludcoop, a pesar de ser particulares, administran
recursos públicos, teniendo en cuenta la naturaleza de aquellos que pertenecen al
FOSYGA y, por lo tanto, son sujetos disciplinables, criterio que, fue avalado por el
sentenciador de primera instancia.
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97. En la apelación, la parte demandante, se concentra en negar la calidad de recursos
públicos de los dineros comprometidos en la actuación disciplinaria, por provenir de una
entidad privada, y respondían a relaciones contractuales de derecho privado, en las
cuales no existía una obligación legal o reglamentaria de justificar sus costos o utilidad.
98. Asimismo, enfatizó en que, los miembros del Consejo de Administración de
Saludcoop, no administran recursos provenientes del FOSYGA, dentro del proceso de
recobro como compensación legal, natural y legítima de orden económico, por la
prestación de un servicio que no tiene obligación legal, ni reglamentaria de asumir en su
origen; añadiendo que, Epsifarma, como Cooperativa privada, dedicada a la importación
y comercialización de productos farmacéuticos y hospitalarios al por mayor y detal, no
tiene el carácter de EPS, ni integra el sistema de seguridad social en salud, y por ende,
los recursos provenientes de los descuentos comerciales que otorga, no son parafiscales
ni públicos.
99. Manifestó que, no se probó que los servicios NO POS hubiesen sido financiados con
recursos de la UPC, ni que los valores reconocidos por el FOSYGA mantuvieran
naturaleza pública una vez pagados, por lo que, la conclusión acerca de la administración
de recursos públicos, carecía de sustento legal y probatorio.
100. De conformidad con el fallo disciplinario de primera instancia 13, las faltas
disciplinarias en el presente asunto, correspondieron inicialmente, a las consagradas en
los artículos 53 y 55 de la Ley 734 de 2002.
101. Sin embargo, en la audiencia de Seis (6) de mayo de Dos Mil Doce (2012) 14, la
Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, precisó las conductas
atribuidas a los miembros del Consejo de Administración de Saludcoop, así:
«Para los miembros del consejo de administración, encargados del manejo de recursos
públicos, se les atribuye que de acuerdo con los estatutos, tenían la obligación de aprobar
los estados financieros, por lo que ante la situación relacionada con estos recursos recibidos
de Epsifarma, que tenían un impacto importante en la situación financiera de SaludCoop,
debieron pedir las explicaciones del caso, por tal, circunstancia pudieron haber incurrido en
la falta descrita en el numeral 4 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, por la operación
realizada entre SaludCoop y Epsifarma que permitió que se hicieran recobros por valores
mayores a los que, finalmente habrían sido los costos de los medicamentos suministrados
por la cooperativa a la EPS, en virtud de la figura de los descuentos y el traslado entre las
personas jurídicas. Comportamiento que se califica cometido con culpa grave, en
13
Expediente físico, folios 130 a 178.
14
Expediente físico, folio 131.
22
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concordancia con el artículo 62 de los estatutos que les asigna como función aprobar los
estados financieros, falta que se les atribuye con culpa grave, al no observar la diligencia y
el cuidado requeridos, tomando en cuenta que se trata del manejo de recursos públicos, lo
que implica una variación a la imputación inicial. [...]»
102. A efectos de resolver el recurso de apelación, la Sala debe señalar que, el artículo
53 de la Ley 734 de 2002, aplicable al caso concreto, es el vigente con anterioridad a la
modificación de la Ley 1474 de 2011, dado que, los hechos que dieron lugar a la
actuación disciplinaria, corresponden al año 2010; norma que, establecía lo siguiente:
«ARTÍCULO 53. SUJETOS DISCIPLINABLES. El presente régimen se aplica a los
particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales; que ejerzan
funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas; presten servicios públicos a cargo
del Estado, de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política, administren
recursos de este, salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el régimen
privado.
<Inciso 2o. CONDICIONALMENTE exequible> Cuando se trate de personas jurídicas la
responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la
Junta Directiva.»
103. La disyuntiva frente a la competencia de la Procuraduría en el presente asunto, no
parte de la calidad de la demandante, de ser miembro del Consejo de Administración de
Saludcoop15, para la fecha de los hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria,
sino frente a la administración de recursos públicos por parte de la EPS.
104. De entrada, la Sala señala que, la Sección Segunda de esta Corporación, en sus
subsecciones A y B, en asuntos que guardan identidad con la presente litis, en los que,
se evaluó la responsabilidad disciplinaria de otros miembros del Consejo Directivo y del
Consejo de Administración de Saludcoop, ha sido incisiva, en señalar que, los recursos
del Fosyga, tienen la connotación de recursos públicos.
105. Así, en sentencia del Primero (1) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022)16, la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, estableció:
«En este orden de ideas, se hace necesario analizar la naturaleza del
recobro por parte de las EPS al FOSYGA cuando se cubren prestaciones
no cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud, POS, y por lo tanto, no
financiadas con la Unidad per Cápita, UPC.
15 Cuaderno No. 3 proceso disciplinario, folio 612 a 613.
16
Sentencia del Primero (1) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), Sección Segunda – Subsección A, Radicación: 2 5 0 0 0 - 2 3 -
41- 0 0 0 - 20 1 3 - 0 2 1 3 7 - 01 (0 0 9 5 - 2 0 1 6), M.P . Gabriel Valbuena Hernández.
23
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El derecho al recobro surge de la necesidad de garantizar a los afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, la prestación del servicio,
indep endi entem ente de si se encuentra incluido en el POS o no. Para estos
efectos, la jurisprudencia constitucional consideró que es posible
autorizar la prestación médica, incluido los medicam entos y permitir a las
EPS el reembolso por parte del FOSYGA de las prestaciones no cubiertas
por el Plan Obligatorio de Salud, es decir, el recobro no es otra cosa que
el reembolso del valor en que incurrió la EPS por la prestación del servicio
NO POS con cargo a recursos del FOSYGA.
Este derecho al reembolso no se encontraba inicialm ente previsto en la
legislación, Ley 100 de 1993, sino que surgió jurisprudencialmente como
consecuencia de las acciones de tutela de afiliados que no podían acceder,
por ejemplo, a unos medicamentos por no encontrarse incluidos en el POS.
La Corte Constitucional en sentencia SU 480 /97 sostuvo:
“Pero, como se t rata de una relación contractual, la E.P.S. sólo tiene
obligación de lo especificado, el Estado le delegó dentro de reglas
puntuales, luego, si se va más allá de lo reglado, es justo que el
medicamento dado para salvar la vida sea sufragado, mediante
repetición, por el Estado”
En efecto, en el caso de los recobros, las EPS realizan una prestación del
servicio de salud que aunque no está financiada dir ectamente por los
aportes parafiscales derivados de las cotizaciones de los afiliados y del
reconocimiento de la UPC, s e sufraga con recursos del FOSYG A que son de
naturalez a parafiscal y fiscal.
Es decir, la adm inis tr ación o disposición de los recursos del FOSYGA, sí
tienen una destinación específica, que es la de financiar las prestaciones
NO POS, en el caso sub lite, los medicamentos NO POS.
En la Sentencia citada la Corte agregó:
“Como es sabido, los recursos parafiscales “son recursos públicos,
pertenecen al Estado, aunque están destinados a favorecer solamente al
grupo, gremio o sector que los tributa”[8], por eso se invierten
exclusivamente en beneficio de éstos. Significa lo anterior que las
cotizaciones que hacen los usuarios del sistema de salud, al igual que,
como ya se dijo, toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares
y los aportes del presupuesto nacional, son dineros públicos que las
EPS y el Fondo de solidaridad y garantía administran sin que en ningún
instante se confundan ni con patrimonio de la EPS, ni con el presupuesto
nacional o de entidades territoriales, porque no dependen de
circunstancias distintas a la atención al afiliado. (Se subraya)
Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que el Estado delegó en las EPS
la gestión del riesgo en salud de sus afiliados y la prestación de los
servicios de salud incluidos en el POS y bajo algunas condiciones, los NO
24
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POS, en tanto autoriza su recobro o reembolso con cargo a recursos del
FOSYG A, para preservar el equilibrio financiero del Sistema, lo que
comporta una destinación de recursos parafiscales específica consagrada
en el artículo 48 de la Carta.
Para la Sala no es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante
en el sentido de que se debe determinar la naturaleza de los recursos con
que la EPS sufragó el servicio NO POS, porque aunque hubiere sido con
recursos privados al r eem bolsar se los valores, claramente se encuentran
financiados con recursos públicos originados en el FOSYGA.
En los artículos 218 y siguientes de la Ley 100 de 1993 se determina las
diferentes subcuentas que integran el Fondo de Solid ar idad y Garantía,
FOSYGA, siendo la Subcuenta de Compensación la que financia los
recobros del Régimen Contributivo compuesta por la diferencia entre los
ingresos de cotización de los afiliados y el valor de la UPC reconocido a la
EPS, por lo cual clar amente los recursos son parafiscales.
Esta Corporación en un caso similar ex pres ó:
“ Adicionalmente, los dineros provenientes del Fosyga y que ingresan a
las EPS, son recursos parafiscales, dado que son propios del sistema
de seguridad social, y no pierden su carácter al momento de ingresar
a las empresas, producto del trámite de recobro, en razón a que tienen
la finalidad de atender los costos de los servicios, medicamentos y
prestaciones excepcionales por fuera del POS, para garantizar el
derecho a la salud a todas las personas.
En conclusión, si bien la gestión de recobro no es una actividad de
administración, si debe dársele a estos recursos por parte de las EPS
un manejo dirigido a aplicarse al pago de facturas a proveedores,
clínicas y hospitales que, si constituye una función de administración,
toda vez que constituye disposición y uso de rentas parafiscales »
106. Por su parte, la Subsección B, de la Sección Segunda de la Corporación, en
sentencia del Once (11) de noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021)17, al abordar la
responsabilidad disciplinaria por estos mismos hechos, del presidente ejecutivo de
Saludcoop EPS, concluyó lo siguiente:
«Como se desprende de la sentencia transcrita, son sujetos disciplinables los particulares
en calidad de representantes legales, gerentes, revisores fiscales y miembros de las juntas
directivas de entidades, entre los cuales se encuentran las vinculadas al sistema general
17
Sentencia del Once (11) de noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021), Sección Segunda Subsección B, Radicación 25000-23-42-000-
2013-05574-01 (3352-2018), M.P. César Palomino Cortés.
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de salud, que reciban o administren recursos del Estado a cualquier título, lo que implica
una regla de competencia muy amplia.
Por lo tanto, el señor Carlos Gustavo Palacino Antia en calidad de presidente ejecutivo de
Saludcoop EPS se halla dentro del personal disciplinable, no en su condición del cargo por
el desempeñado, sino porque se trata de una entidad que recibe recursos del Estado a
cualquier título, sin que sea necesario diferenciar la fuente de donde salen los dineros de la
EPS cuando otorgan beneficios no cubiertos por el POS.
De conformidad con lo consagrado en el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, las EPS
recaudan las cotizaciones conformadas por los aportes de los trabajadores y sus
empleadores, y entregan posteriormente esos recursos, cuya naturaleza es la de
parafiscales al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) del Ministerio de Salud y
Protección Social, descontando los valores que se les asignen en calidad de unidad de
pago por capitación (upc), que constituyen los recursos que financian el plan obligatorio de
salud.
Dichos recursos son considerados parafiscales por tratarse de recaudos que se imponen a
una parte de la población para efectos de dedicarlos de manera exclusiva, a la prestación
de un servicio que beneficie a esa misma población, por lo tanto, son recursos públicos que
las entidades promotoras de salud recaudan, administran y manejan por delegación del
Fosyga.
(…)
Adicionalmente, los dineros provenientes del Fosyga y que ingresan a las EPS, son
recursos parafiscales, dados que son propios del sistema de seguridad social, y no pierden
su carácter al momento de ingresar a las empresas, producto del trámite de recobro, en
razón a que tienen la finalidad de atender los costos de los servicios, medicamentos y
prestaciones excepcionales por fuera del POS, para garantizar el derecho a la salud a todas
las personas.
En conclusión, si bien la gestión de recobro no es una actividad de administración, si debe
dársele a estos recursos por parte de las EPS un manejo dirigido a aplicarse al pago de
facturas a proveedores, clínicas y hospitales que, si constituye una función de
administración, toda vez que constituye disposición y uso de rentas parafiscales.»
107. A partir de la posición pacífica y decantada por parte de la Sección Segunda de
esta Corporación, según la cual, con prescindencia de si los recursos del Fosyga están
destinados a cubrir los servicios Pos o No Pos, lo cierto es que, la totalidad de estos
tienen el carácter de recursos públicos, en tanto y en cuanto, están destinados a sufragar
los costos del sistema de Seguridad Social en Salud.
108. En este orden de ideas, aunque la parte demandante reproduce los argumentos
que ha expuesto en los procesos disciplinarios que ha conocido esta Corporación,
enfatizando en el carácter privado que tienen los recobros, una vez ingresan a las arcas
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de personas de derecho privado, lo cierto es que, estos no pierden el carácter para el
cual fueron dispuestos, relativo a la prestación del servicio público de salud, y por lo tanto,
sí existe una administración, por constituir disposición y uso de las rentas parafiscales.
109. Siendo así las cosas, al acreditarse los presupuestos del artículo 53 de la Ley 734
de 2002, dada la calidad de la demandante de miembro del Consejo de Administración
de Saludcoop EPS, y la administración de recursos públicos; es clara para esta Sala de
decisión, la potestad disciplinaria en cabeza de la Procuraduría General de la Nación,
respecto de la señora Piñeros Ricardo, razón suficiente para no acceder al argumento de
la alzada.
2.5.2. Sobre la validez del procedimiento verbal adelantado por la Procuraduría
General de la Nación
110. La parte demandante sostiene que, la decisión por parte de la Procuraduría
Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, de adelantar la actuación
disciplinaria por el procedimiento verbal, vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, porque, al momento de proferirse el auto de citación a audiencia, no existía
prueba suficiente, que permitiera establecer la configuración objetiva de la falta
disciplinaria, en especial, la naturaleza pública de los recursos presuntamente
comprometidos, lo que, impedía acudir al trámite verbal.
111. En contraste, el Tribunal consideró que, la actuación disciplinaria se ajustó a
derecho, en tanto, la falta correspondía a una conducta catalogada como gravísima y,
además, el acto de apertura, contenía los elementos exigidos por los artículos 162 y 175
del Código Disciplinario Único.
112. Para resolver la controversia, la Sala advierte que, el procedimiento verbal en
materia disciplinaria, no es de aplicación discrecional, sino que, exige la verificación
previa de condiciones objetivas, entre ellas, la existencia de elementos de juicio
suficientes, que permitan estructurar razonablemente la imputación y justificar la
celeridad propia de dicho trámite, así:
«ARTÍCULO 175. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO VERBAL. <Artículo derogado a
partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> <Artículo
modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El
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procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el
sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con
elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando
haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.
También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el
artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54,
55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.
En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a audiencia, en cualquier
estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos.
En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre
la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para
proferir pliego de cargos se citará a audiencia.»
113. En el caso bajo estudio, la Sala se observa que, la Procuraduría, en el auto de
Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018)18, que citó a audiencia, fundamentó
la apertura del proceso verbal, principalmente, en el informe técnico, remitido por la
Superintendencia Nacional de Salud, que daba cuenta de presuntas irregularidades en
la contabilización de recursos derivados de notas crédito, otorgadas por Epsifarma a
Saludcoop, así como, en la documentación financiera de la entidad. No obstante, la Sala
encuentra que, uno de los aspectos centrales del debate disciplinario —esto es, la
naturaleza pública o privada de los recursos involucrados— constituía precisamente el
núcleo de la controversia jurídica y fáctica, de los disciplinados, no obstante, la
Procuraduría tenía por establecida su naturaleza pública desde el auto que citó a
audiencia y profirió pliego de cargos, en los siguientes términos:
«En este caso, siguiendo lo que señala el informe de auditoría forense rendido por la firma KPMG
sobre la EPS Saludcoop, en él se indican hechos que pueden se irregulares desde el punto
de vista disciplinario, como se detallan más abajo; donde aparecen involucrados particulares
encargados del manejo de recursos públicos, que pueden ser responsables de tales hechos,
por lo cual serán citados para que den las explicaciones que sean indicadas.»
114. En efecto, como lo plantea la parte actora, la determinación acerca de, si dichos
recursos tenían o no carácter público, era un presupuesto indispensable para estructurar
la tipicidad de la conducta investigada, y no, un aspecto meramente accesorio del debate.
Sin embargo, la Sala también advierte que, tal como se adujo en el acápite anterior, la
Procuraduría tenía elementos objetivos, en esta etapa procesal, para afirmar que se
18 Expediente Disciplinario, cuaderno No. 3, folio 442 a 450.
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trataba de recursos públicos, en razón a que, se trataba recursos del Fosyga y por lo
tanto, de naturaleza parafiscal, independientemente de su carácter pos o no pos,
situación que admitía el procedimiento verbal, de conformidad con el artículo 175 de la
Ley 734 de 2002, sin perjuicio que, dentro de la actuación disciplinaria, este aspecto
pudiera ser controvertido, como en efecto lo fue, por los sujetos disciplinados.
115. Bajo este entendido, la Sala evidencia que, la Procuraduría, para el momento en
que dictó el auto que dispuso adelantar el trámite por el procedimiento verbal, contaba
con un conjunto probatorio inicial —particularmente el informe técnico y los registros
contables— que le permitían inferir, de manera preliminar, la posible configuración de una
irregularidad, en el manejo de recursos vinculados al sistema de salud.
116. Así las cosas, la Sala concluye que, si bien la naturaleza de los recursos era un
aspecto, que los sujetos disciplinarios tenían potestad de controvertir en el trámite de la
actuación, y sujeto a valoración probatoria, ello no desvirtúa, que existieran elementos
suficientes, para dar inicio al procedimiento verbal, sin que se evidencie una vulneración
autónoma del debido proceso por este aspecto.
2.5.3. Sobre la validez del informe técnico contable de la Contraloría General de la
República.
117. Corresponde a la Sala establecer si la incorporación y valoración del informe
técnico contable de la Contraloría General de la República, vulneró el derecho de defensa
y contradicción de la demandante.
118. La parte actora sostiene que, aunque formalmente se corrió traslado del informe,
la Procuraduría omitió pronunciarse sobre las solicitudes de aclaración y
complementación presentadas por la defensa, lo que, en su criterio, vicia la validez de la
prueba y compromete la legalidad de los actos sancionatorios.
119. Tanto la entidad demandada, como el Tribunal, consideraron que, la prueba
trasladada, era plenamente válida conforme al artículo 135 de la Ley 734 de 2002, el cual,
permite la incorporación de pruebas practicadas en otras actuaciones, sin que sea
necesaria su reiteración, y que correspondía al disciplinado solicitar y promover los
medios de prueba para controvertir su contenido.
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120. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditado que, la defensa presentó un
escrito solicitando aclaraciones y complementaciones al informe técnico, contable y
financiero, incorporado como prueba19, orientadas a cuestionar sus conclusiones y
metodología; no obstante, del análisis del expediente, se encuentra que, no es cierto que
la Procuraduría no se haya pronunciado al respecto, por el contrario, mediante auto del
Veintisiete (27) de septiembre de Dos Mil Doce (2012)20, la Procuraduría, aunque corrió
traslado del informe, negó las solicitudes de aclaración y complementación, en los
siguientes términos:
«se aclara que del informe presentado por la Contraloría General de la República se dio
traslado a los sujetos procesales para su conocimiento, pero dicha prueba se considera,
para los fines de esta investigación como un documento adicional. por lo que no se surtirá
el trámite de aclaraciones y complementaciones en lo que a él respecta puesto que no fue
elaborado a instancias de este despacho.»
121. En criterio de la Sala, contrario a lo aducido por la parte demandante, sí existió
pronunciamiento expreso, negando la solicitud de aclaración y complementación, lo que
descarta la afectación al debido proceso alegada, máxime si se tiene en cuenta que, de
conformidad con el artículo 135 de la Ley 734 de 2002, por tratarse el informe técnico de
una prueba trasladada, emanada de la Contraloría General de la República, su
incorporación se efectuó en legal forma, sin que fuera dable un trámite adicional, como si
se tratase de una prueba que debía practicarse de manera primigenia al interior del
proceso.
122. Siendo así las cosas, comoquiera que, de la incorporación de la prueba trasladada,
fue corrido el traslado a la defensa de la señora Piñeros Ricardo, la vulneración al debido
proceso no se encuentra acreditada, debiendo negarse la ilegalidad de las decisiones
disciplinarias por este aspecto.
2.5.4. De los vicios sustanciales en los fallos disciplinarios cuestionados.
123. Adicional a los vicios procedimentales alegados por la parte recurrente, también
se aducen en la alzada, aspectos que comprometen el juicio de responsabilidad
disciplinaria, efectuado por la Procuraduría General de la Nación.
19 E x p e d i e n t e d i g i t a l , F o l io 2662 a 2665 Cuaderno No. 13
20 E x p e d i e n t e d i g i t a l , F o l io 2697 Cu a d e rno No. 13
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124. A efectos de desarrollar los cargos de apelación, debe señalarse que, de
conformidad con el fallo disciplinario de primera instancia21, en la audiencia de Seis (6)
de junio de Dos Mil Doce (2012), se precisó la falta atribuida a los miembros del Consejo
de Administración de Saludcoop EPS, la cual, corresponde a la contenida en el numeral
4 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, que estipula lo siguiente:
«ARTÍCULO 55. SUJETOS Y FALTAS GRAVÍSIMAS. Los sujetos disciplinables por este
título sólo responderán de las faltas gravísimas aquí descritas. Son faltas gravísimas las
siguientes conductas:
1. (…)
4. Apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos
públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente.
(…)»
125. La falta referenciada, se concordó con el artículo 62 de los estatutos22 de la
entidad, relativos a:
«ARTÍCULO 62°. - FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Son funciones
del Consejo de Administración:
[.]
2. Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, los reglamentos y los mandatos de la
Asamblea General.
1.]
10. Aprobar o improbar los estados financieros que se sometan a su consideración. [...]».
126. La conducta atribuida a los miembros del consejo de administración de
Saludcoop, se circunscribió en que «de acuerdo con los estatutos, tenían la obligación
de aprobar los estados financieros, por lo que ante la situación relacionada con estos
recursos recibidos de Epsifarma, que tenían un impacto importante en la situación
financiera de SaludCoop, debieron pedir las explicaciones del caso, por tal circunstancia
pudieron haber incurrido en la falta descrita en el numeral 4 del artículo 55 de la Ley 734
de 2002, por la operación realizada entre SaludCoop y Epsifarma que permitió que se
hicieran recobros por valores mayores a los que, finalmente habrían sido los costos de
los medicamentos suministrados por la cooperativa a la EPS, en virtud de la figura de los
descuentos y el traslado entre las personas jurídicas.»
21 Cuaderno No. 14 del expediente disciplinario, folio 2924 a 3021.
22 Cuaderno No. 3 del expediente disciplinario, folios 421 a 441.
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127. En el juicio de subsunción típica efectuado en la decisión disciplinaria de primera
instancia, se señaló que, el Consejo de Administración no realizó las actuaciones
debidas, frente el ingreso de notas de crédito que, por valor superior a Sesenta y Un Mil
Millones de Pesos ($61.000.000.000), transfirió Epsifarma a Saludcoop.
128. En criterio del operador disciplinario, los excedentes de Epsifarma provenían de
las solicitudes del margen de facturación fijado por SaludCoop que, se recobraba por
concepto de medicamentos no POS. Es decir, dichos excedentes o utilidades, son el
resultado de un mayor valor facturado por SaludCoop al Fosyga, sobre el valor de los
medicamentos suministrados por Epsifarma, fijándolo en un 32 % superior del precio con
el cual Epsifarma adquirió los medicamentos de los laboratorios, los que, una vez
efectuado el recobro al Fosyga, con el margen de facturación, Epsifarma giraba los
excedentes a SaludCoop, que incluían ese margen, bajo el concepto de descuentos por
pronto pago y descuentos comerciales.
129. Consideró que, dado que la falta atribuida, consistió en permitir que otro se
apropiara indirectamente de recursos públicos, debió llamar la atención de los miembros
del consejo de administración que, en el año 2010, la cooperativa Epsifarma, produjo
trece notas crédito a favor de SaludCoop, por un valor superior a sesenta y un mil millones
de pesos ($61.773.637.000), que fueron registradas por la EPS en sus estados
financieros como ingresos no operacionales, por descuentos comerciales condicionados,
crecido más de cien veces, la cantidad reportada en 2009.
130. Relacionó que, pese a que una de las cláusulas del contrato de suministro de
medicamentos establecía el descuento por pronto pago, en un 5 %, si la factura se
pagaba en los primeros 30 días y, en un 3 % si, se efectuaba el pago de la factura dentro
de los siguientes 45 días, aún, si todas las compras de SaludCoop a Epsifarma, se
hubieran pagado a los 30 días, el monto de las notas crédito excede el 5% ofrecido como
descuento, además que, por lo menos 1097 facturas, fueron pagadas con posterioridad
a la radicación en el Fosyga, no procediendo dicho descuento, tal como se estableció en
el informe técnico presentado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de
la Procuraduría General de la Nación.
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131. Cuestionó el origen de los descuentos financieros efectuados por Epsifarma a
Saludcoop por volumen de compras, porque, aunque consideró que se trataba de una
práctica comercial normal, no tenía sustento sobre su origen, el cual, no podía ser el
contrato de suministro, al no estar en su clausulado.
132. Analizó que, si el registro de ingresos no operacionales, se tratara de un traslado
de excedentes, conforme la cláusula 4 contractual, literal c, por ser recursos públicos, el
traslado no podía hacerse de cualquier forma, ni bajo cualquier denominación, ni en
cualquier tiempo, y menos aún, sin un fundamento de los registros contables; y pese a
que se alega la relación comercial entre dos entidades privadas, comoquiera que, una
pertenece al Sistema de Seguridad Social en Salud, y por ser el factor de recobro, el
suministro de medicamentos no Pos, debía sujetarse a las normas que rigen la materia.
133. Para desarrollar el planteamiento, la Procuraduría General de la Nación esbozó:
«La operación realizada entre Epsifarma y SaludCoop es la siguiente, de acuerdo con las
pruebas y análisis que obran en el expediente: la EPS le compra a Epsifarma medicamentos
POs y no POS. En cuanto a los primeros, se sabe que se trata de recursos de la upc, por
lo que no presenta mayor dificultad el entendimiento del problema. En cuanto a los
segundos, se suma aquí el factor del recobro. Se ha establecido que Epsifarma compra los
medicamentos a los proveedores externos a unos precios que, en términos generales son
competitivos, y se los vende a SaludCoop, lo que no necesariamente supone que se los
entregue, sino que asume el proceso de distribución a los usuarios finales, el valor del
medicamento que Epsifarma le factura a SaludCoop es, conforme se ha advertido, el mismo
que le cobra su proveedor, con un margen adicional o sobreprecio.
Ese margen viene a generar una primera distorsión en esta relación comercial
aparentemente normal y favorable al sistema. Ha quedado claro que para el año 2010, al
menos para casi la totalidad de ese año, no existía ningún tipo de regulación para el precio
de los medicamentos, moléculas, principios activos, o como quiera denominárselos, por lo
que esta delegada encuentra igualmente razonable que Epsifarma, como empresa con
fines comerciales, obtuviera una ganancia suficiente para mantener su operación.
Con todo, no se encontró ningún soporte que demuestre cuál es la fundamentación para la
fijación de ese margen que, entre otras cosas era determinado por SaludCoop y no por
Epsifarma, entidad que, a pesar de ser la que llevaba la carga logística y administrativa, no
pudo presentar informes o estudios que pudieran explicar la decisión que, año tras año,
tomaba la presidencia de SaludCoop, de fijar los márgenes de sobre precio en uno u otro
porcentaje.
(…)
Ahora bien, se pudo determinar también que para los años 2008 a 2010, justo cuando
SaludCoop presentaba mayores problemas de liquidez, el margen de facturación de
Epsifarma tuvo un incremento importante, pasando del 18% en el 2008, al 32% en el 2010,
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sin que haya sido posible encontrar ningún sustento, estudio, informe o documento que
sirva para precisar como se fijaron porcentajes.
A ese respecto se puede sostener, como está demostrado en el proceso, que ello provino
de la voluntad de SaludCoop. Surge una entonces una nueva pregunta, ¿qué interés puede
tener un comprador en incrementar, unilateralmente, los valores que se le cobran? Como
se dijo anteriormente, estos son márgenes de facturación, es decir que se aplicaban de
manera automática a los precios de todos los medicamentos que le vendía a SaludCoop,
porque así estaba dispuesto el sistema de facturación de Epsifarma; esa misma factura,
con esos márgenes, le servía de soporte a SaludCoop para tramitar el recobro, actividad
que se hacía a través un operador externo que, en virtud del mismo contrato al que nos
venimos refiriendo, es contratista de Epsifarma.
Ahora bien, si Epsifarma le facturaba y cobraba a SaludCoop, en el año 2010, el valor de
los medicamentos más un 32% de margen de administración y la EPS efectivamente le
pagaba esos valores a Epsifarma, para su sostenimiento, más allá de que no se conocen
los criterios de determinación del margen, puede resultar perfectamente razonable y
legítimo que ese sea el valor que se le recobra al Fosyga puesto que, como ya se ha dicho,
se trata de un reembolso. Sin embargo, es aquí donde las notas crédito antes referidas
surten un efecto importante, puesto que gracias a ellas, producto de descuentos o de
excedentes, SaludCoop recupera dos veces los valores cancelados por los medicamentos
no POS.
En primer lugar los recupera a través del procedimiento de recobro del Fosyga, puesto que
la facturación que se pasa a recobro lleva el margen de administración fijado por SaludCoop
y los recibe nuevamente a través de unas notas crédito por descuentos que, en virtud de
no se sabe qué factores porque los directivos de SaludCoop no lo han logrado explicar, se
convierten en traslados de excedentes.
(…)
Finalmente, no sobra anotar que inflar los precios de recobro, tal como lo hizo SaludCoop,
no solo representa una ilegalidad desde el punto de vista de la indebida apropiación de los
recursos del Fosyga, sino que además tiene otro efecto que tiene un gran impacto en el
sistema de salud, y es que genera una distorsión en los datos que sirven de base para el
cálculo de los costos del sistema y eso afecta a todos los* colombianos que, de una forma
u otra somos los que financiamos al Fosyga.
Se estima que en este caso se trató de una operación simulada, conforme a la cual,
SaludCoop elevaba en un 32% en promedio, el precio de los medicamentos adquiridos a
los laboratorios a través de Epsifarma. Esos medicamentos no figuraban en el listado de
los que hacían parte del plan obligatorio de salud, esto es, se trataba de los denominados
medicamentos no Pos, por lo cual su valor se podía recuperar a través de recobros al
Fosyga. Con ello se generaban mayores utilidades de los medicamentos suministrados por
Epsifarma, la cual disponía el traspaso de sus excedentes o utilidades a SaludCoop,
mediante las denominadas notas crédito. En ese sentido este Despacho encuentra que está
ante una operación simulada, ficticia, de triangulación, destinada a obtener mayores
recursos del sistema, para incrementar el nivel de utilidades.
Estaba previsto que las cooperativas integrantes del sistema traspasaran sus excedentes
a SaludCoop. Ello en sí mismo no es ilegal y está previsto en la ley. Lo que se considera
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anormal es el procedimiento seguido para la fijación de los precios, con un sobre costo por
encima del 32% del precio realmente facturado por los laboratorios. Sobrecosto que los
investigados nunca lograron justificar de dónde provenía.
Puede asegurarse que fue un mayor valor ordenado, como estimado de costos y gastos en
que debían incurrir en el proceso de compra, administración, trasporte y distribución de los
medicamentos. Este despacho estima que ello bien podía establecerse y demostrarse.
Pese a que se requirió expresamente la documentación que podía servir de sustento a ese
sobreprecio, ella no se encontró y según expresado por los empleados requeridos, no
tenían conocimiento de esos estudios o soportes.
En este punto es conveniente anotar que, merced a los abusos en que estaban incurriendo
las EPS, el gobierno decidió fijar dicho valor en un 12%. Ello permite asegurar que aun
aceptando que pudiera estar por el orden de ese 12%, se sigue registrando un 20% por
encima, que carece de justificación. Con ello se puede concluir que tal porcentaje resulta
excesivo, abusivo, carente de justificación y de soporte, y que por esa vía, SaludCoop
obtuvo mayores recursos públicos, con lo cual se puede sostener que se aprovechó de las
deficientes condiciones de organización del sistema, para obtener un ingreso injustificado
en su patrimonio.
Puede catalogarse de válido y legal el que se generaran mayores costos por los procesos
de compra, almacenamiento, refrigeración, transporte, distribución y los gastos de la
actividad de compra, adquisición y distribución de medicamentos. Pero no se encuentra
sustento de ese mayor valor de facturación en los registros contables, ni en los financieros,
ni en las actas o decisiones de los órganos de dirección y administración de Epsifarma y de
SaludCoop, por lo que carecen de soporte, para poder decir que con base en esos costos
se obtuvo una mayor cantidad de recursos provenientes del Fosyga. Tampoco aparecen
soportes confiables que respalden las operaciones de traslado de excedentes, mediante
las denominadas notas credito, todo ello acreditado tanto por la intervención de SaludCoop
como por la gerencia de Epsifarma (ff. 235, 238 a 241, 267 y 268 a 271 c.v. 1 y 2583 a 2586
c./o. 12).
Por el contrario, hay pruebas irrebatibles de que tales traspasos se efectuaban por órdenes
verbales, por cuantías que no se demostró que tuvieran una base contable o financiera
confiable, y donde para equilibrar el monto girado como nota crédito, simplemente se
acumulaban valores de facturación por una suma igual. Ello sirve para asegurar que ni
siquiera correspondía a una operación real. Menos se puede decir que fuera resultado de
excedentes o utilidades, porque el valor de la nota creada corresponde exactamente al valor
de facturación de los medicamentos, no a un porcentaje dicho valor de facturación.»
134. La primera inconformidad de la parte recurrente, surge del hecho de considerar
que, la sentencia de primera instancia, no tuvo en cuenta la presunción de inocencia de
la demandante, en tanto, no evaluó que, las decisiones disciplinarias desconocieron que,
las notas de crédito no corresponden a recursos privados, en tanto, Epsifarma es un
particular que no pertenece al Sistema de Seguridad Social en Salud, ni administra
recursos públicos; y en ejercicio de la libre empresa, puede otorgar los descuentos
comerciales que, considere convenientes, sin embargo, se parte de una actuación ficticia
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y simulada, conclusión basada en conjeturas y sospechas, pese a no estar probada la
mala fe de la demandante en la aprobación de los estados financieros.
135. Al respecto, es absolutamente claro para la Sala que, el argumento de la
recurrente, parte de un erróneo entendimiento de la conducta atribuida. A esta conclusión
arriba la Sala, porque, en ningún momento en la actuación disciplinaria, a la demandante
se le atribuye la participación en la operación simulada que analiza la Procuraduría
General de la Nación, para dilucidar la indebida apropiación de recursos del Fosyga por
parte de Saludcoop; lo que se le atribuye a la demandante, es no haber efectuado ningún
reparo frente a los estados financieros puestos en su conocimiento, frente a los ingresos
no operacionales en el año 2010, a partir de los cuales, hubiese podido advertir la
operación entre Epsifarma y Saludcoop, y adoptar, en su calidad de miembro del consejo
de administración de la EPS, los correctivos correspondientes.
136. De esta manera, dado que, el recurso de alzada, parte de una apreciación
equívoca frente a los hechos base de su responsabilidad disciplinaria, no es factible
acceder al planteamiento.
137. El siguiente argumento de apelación, redunda en la naturaleza privada de los
recobros efectuados al Fosyga, toda vez que, este planteamiento fue absuelto al
momento de evaluar la falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación
para disciplinar a la demandante, de manera sumaria se insiste que, a partir del desarrollo
jurisprudencial en la materia, estos rubros tienen el carácter de públicos, por pertenecer
al Sistema de Seguridad Social en Salud, con prescindencia de si cubren servicios pos o
no pos.
138. En cuanto al cargo de apelación, relativo a la ausencia de acreditación del
sobreprecio de medicamentos, y el desconocimiento de la primera instancia que, los
descuentos comerciales entre Epsifarma no tenía relación con el resultado del proceso
de cobro al Fosyga, la parte insiste en que la totalidad de las facturas no eran por servicios
no pos, adicional a que, más del 60 % de los descuentos eran servicios Pos, los cuales,
no eran objeto de recobro, además que, para el año 2010, no era factible que existiera la
figura del sobreprecio, como lo declaró el testigo experto del Ministerio de la Protección
Social.
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139. Añadió que, la operación se trataba de descuentos condicionados, establecidos
en la cláusula c, del contrato de suministro, existiendo una indebida valoración probatoria
en las decisiones de la Procuraduría, porque el Informe Técnico establece que, los
descuentos fueron por el volumen de facturación.
140. También indicó que, no se verificó la realidad económica de Epsifarma, para
establecer que, fueron los excedentes obtenidos por Epsifarma, más sus ingresos
operacionales, y no la operación específica de suministro de medicamentos No Pos,
recobrados al Fosyga, el origen de las notas de crédito concedidas a la EPS.
141. Adicionalmente, cuestionó la afirmación de la sentencia frente a la iliquidez de
Saludcoop, porque en el año 2012, se aclaró que para el año 2010, la EPS conservó su
liquidez.
142. Advirtió que se desconoció que no hubo giro de recursos por parte de Epsifarma a
Saludcoop, porque no hubo desembolso efectivo de recursos, debido a que, las notas
fueron aplicadas a la facturación de medicamentos entregados a los usuarios de la EPS
y por lo tanto, no podían calificarse como recursos económicos de naturaleza pública.
143. En criterio de la Sala, ninguno de los argumentos esbozados en el recurso de
alzada, tiene la solidez, para enervar el juicio de adecuación típica efectuado por la
Procuraduría General de la Nación.
144. De conformidad con el fallo disciplinario de primera instancia, entre los estados
financieros de Saludcoop, de los años 2009 y 2010, existen diferencias protuberantes en
los ingresos no operacionales, a saber:
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145. A partir de dicha información, el reproche del ente de control disciplinario, frente al
Consejo de Administración de Saludcoop, es absolutamente sólido, en tanto, parte de
interrogar, la total inobservancia de sus miembros, frente a las razones o fundamentos
de dicho incremento.
146. De igual manera, aunque en el fallo con responsabilidad disciplinaria, no se
cuestiona la libertad de empresa, ni los acuerdos comerciales entre Epsifarma y
Saludcoop y por el contrario, se dan por establecidos, el reparo estuvo en el sustento
contractual para los descuentos comerciales condicionados reportados.
147. Verificado el contrato de suministro de Primero de abril de Dos Mil Seis (2006), se
tiene que, en efecto, el parágrafo segundo de la cláusula novena, establece:
«PARAGRAFO SEGUNDO.- EL ORDENANTE a su vez pagará el precio de las facturas,
dentro de los cuarenta y cinco (45), días calendario siguientes, a la fecha de su radicación
y aceptación en las oficinas de EL ORDENANTE, procediendo modalidades de pago
diferente, cuando EL ORDENANTE solicite cierto nivel de existencias o procesos
consolidados de facturación, términos que se acordaran mediante anexo 1 al presente
contrato. En caso de mora reiterada en el pago, EL ORDENANTE cancelará a EL
PROVEEDOR los intereses de mora liquidados a la tasa del DTF, vigente para la fecha de
la mora, los cuales cancelará en la factura inmediatamente siguiente a la ocurrencia de este
evento. Una vez hecha la revisión de la facturación y haya lugar a glosa se conciliará entre
las partes. Se ofrece descuento por pronto pago así: del 5% por pago a los 30 días y
del 3 % por pago a los 45 días. Resalta la Sala.»
148. Por su parte, la cláusula cuarta del acuerdo de voluntades, expresa:
«CUARTA.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:
Son obligaciones frente a las prestaciones que le corresponde atender:
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a) (…)
b) Abstenerse de adelantar procesos de adquisición mediante los cuales derive un
margen, siendo su deber el trasladar todos los beneficios en los procesos de compra a EL
ORDENANTE. Los recursos que se obtengan estarán dirigidos a asumir los costos de la
operación frente a la cual media el derecho de reembolso o a lograr la mayor eficiencia y
economía a efecto de optimizar la UPC que recibe EL ORDENANTE»
149. Aunque la recurrente, indiscriminadamente aduce que, las notas de crédito
otorgadas por Epsifarma, correspondían tanto a los descuentos condicionados, como a
los excedentes de la cooperativa, los cuales, de acuerdo con sus estados financieros,
arrojaban una suma de $61.061.000.000; lo cierto es que, la Sala no encuentra
justificación jurídica, para que, a partir del contrato de suministro de medicamentos, se
termine trasladando a Saludcoop, la totalidad de ingresos percibidos durante una vigencia
fiscal.
150. En contraposición, considera la Sala que, el cuestionamiento efectuado por la
Procuraduría General de la Nación, parte del propio acuerdo de voluntades, según el
cual, si los descuentos por pronto pago, correspondían al 3 % y 5 %, dependiendo del
momento del pago de las facturas, no existe congruencia en el valor reportado como
ingresos no operacionales por suministro de medicamentos, máxime que, se reportaron
más de mil (1000) facturas que, al momento del recobro no habían sido pagadas.
151. En este orden de ideas, cierto es que, como bien lo adujo la Procuraduría, aunque
la libertad de empresa de las contratantes, les permitía llegar a acuerdos comerciales en
el marco de su relación contractual, incluso de carácter verbal, estableciendo descuentos
y retorno de excedentes, no se encuentra dentro del plenario, el sustento que diera lugar
a tales valores, en tanto y en cuanto, ni Epsifarma, ni Saludcoop, aportaron actas o algún
otro documento, donde se soportaran tales acuerdos comerciales, aspecto que, contrario
a lo aducido por la demandante, sí era relevante, justamente por la administración de
recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, donde el manejo de estos debía
estar dotado de total claridad.
152. Asimismo, frente al planteamiento relativo a que, lo trasladado fueron los
excedentes de Epsifarma, más allá que, no es la razón que sustentan los estados
financieros, en cuanto atañen a los descuentos condicionados por los contratos de
suministro de medicamentos, justamente los hallazgos de la Procuraduría General de la
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Nación, advierten que el sobrecosto de los medicamentos, además de no contar con las
razones para su imposición, eran fijados por la propia Saludcoop.
153. Sin perjuicio de lo anterior, no pierde de vista la Sala que, lo reprochado por la
Procuraduría fue la imposibilidad de concretar las causas del sobrecosto en el 32%, sin
que se acreditara la forma de establecer el margen de administración, el cual, según
Epsifarma, era determinado por la propia Saludcoop.
154. A partir de este hallazgo, el cual, sumado a los incrementos de los ingresos no
operacionales en la vigencia 2010, y teniendo como base facturas del servicio No Pos,
llevaron a la entidad a comprender, a partir del informe técnico de la Procuraduría, que,
pese a los descuentos concedidos por Epsifarma, Saludcoop recobraba el valor total,
previo al descuento, ante el Fosyga, lo que lógicamente, imponía a esta última a asumir
el mayor valor.
155. En este punto, pese a que la parte demandante refiere que, no era posible
establecer sobrecostos para el año 2010, porque la norma que impuso tal límite data del
año 2011, lo cierto es que, al tratarse de recursos públicos, pertenecientes al sistema de
seguridad social en salud, la falta de norma expresa, no facultaba a Saludcoop para que,
a su arbitrio, elevara los costos de los medicamentos, resultando inverosímil que ente el
año 2008 y el 2010, haya existido un incremento del 14 %, cuando, confrontado el recargo
admitido a partir del 2011, este se estableció en un 12 %, lo que permite entrever lo
exuberante de un incremento total del 32 %, para el año 2010.
156. Vistas así las cosas, no asiste razón al extremo procesal activo, al afirmar el cabal
cumplimiento y acreditación de las operaciones comerciales, contrario sensu, al estar en
entre dicho la forma como ingresaron los sesenta y un mil millones de pesos a Saludcoop,
la falta atribuida a la demandante, se encuentra debidamente edificada, porque, al
aprobar los estados financieros, no verificó la razón de este incremento en el patrimonio
de Saludcoop, que, sea del caso señalar, con prescindencia de la forma como fue
ingresado, influyó en los estados financieros; observancia que, era necesaria, al estar
comprometidos recursos públicos.
157. De otro lado, aunque el recurso de alzada reprocha la decisión de primera
instancia, en cuanto a la manifestación de falta de liquidez de la entidad, no se encuentra
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dicho argumento en la parte motiva de la providencia, sin embargo, aun dejando de lado
el planteamiento de la iliquidez de Saludcoop para el año 2010, lo cierto es que esto no
enerva el juicio de adecuación típica efectuado por la Procuraduría.
158. Con fundamento en las razones expuestas, para la Sala, la falta disciplinaria no
está basada en meras conjeturas, como lo expone la parte demandante, y por el contrario,
cuenta con el soporte necesario para dotar de certeza la comisión de la conducta, razón
suficiente para mantener incólume el elemento tipicidad.
2.5.5. De la ausencia de juicio personal de reproche disciplinario frente a la
demandante.
159. Afirma la apoderada de la señora Piñeros Ricardo, que, en las decisiones
disciplinarias, no se delimitó su responsabilidad personal, porque, solamente se
relacionaron una serie de condiciones objetivas, sin verificar que, no se encuentra que,
sea anormal que, la obtención de descuentos que, corresponden al 2% del total de
ingresos, debieran llamar su atención.
160. A partir del cargo de apelación, la Sala encuentra que, existen dos fundamentos
en el planteamiento, el primero, referido a la responsabilidad personal de la demandante,
y el segundo, frente a la ausencia de responsabilidad.
161. Respecto a la inexistencia de juicio personal de reproche, para la Sala es claro
que, a lo largo de la actuación disciplinaria, a la demandante, de manera expresa se la
integró como sujeto disciplinable, asimismo, se le dio a conocer la falta atribuida,
correspondiente a la contenida en el numeral 4 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002,
concediéndole los términos legales, para que, ejerciera su derecho de defensa y
contradicción.
162. Por su parte, en la decisión disciplinaria se verifica que, si bien no se señaló de
manera específica, el nombre de los miembros del Consejo de Administración
comprometidos, sí se estableció, de manera concreta que, todos habían coincidido en
manifestar, la falta de verificación de los ingresos no operacionales de los estados
financieros, y que solamente habían hecho alusión a ellos, para mostrar su conformidad
con este item.
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163. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que, teniendo en cuenta que, no
existía al interior del proceso, un aspecto diferenciable sobre alguno de los miembros del
consejo de administración, el hecho que en el análisis, la Procuraduría los haya
comprendido a todos, no desvirtúa el juicio personal de reproche, por lo cual, este cargo
no prospera.
2.5.6. De la exclusión de responsabilidad de la demandante.
164. Alude la parte demandante que, estando proscrita la responsabilidad objetiva, no
se tuvo en cuenta, de manera razonable que, no resultaba particularmente anormal que,
la obtención de descuentos comerciales, que correspondían al 2% del total de ingresos
de Saludcoop, se pretenda un entramado por supuestos sobrecostos de medicamentos
y recobros, destinados a apropiarse de recursos públicos.
165. Adicionalmente, los miembros del consejo de administración actuaron,
considerando que, su conducta se encontraba en el marco de sus funciones, y dentro del
ordenamiento legal, por la confianza legítima que generaban todos los precedentes
normativos, jurisprudenciales y doctrinarios en la materia, lo que equivale a actuar, con
la convicción errada e invencible, que su conducta no constituía falta disciplinaria.
166. En criterio de la Sala, ninguno de los planteamientos esgrimidos en el recurso de
apelación, tiene vocación de prosperidad.
167. Pese a que la parte demandante considera mínima la proporción comprometida
en este asunto, que, asciende al 2 % de los ingresos de la entidad, la Sala considera que,
lo preponderante es que se trata de recursos públicos y, por lo tanto, independientemente
de su cuantía, los encargados de su manejo y administración, deben actuar con el mayor
cuidado y diligencia para su preservación.
168. En consonancia con lo anteriormente expuesto, tampoco es de recibo la confianza
legítima que aduce la demandada, relativo a la convicción que, su actuar estaba revestido
de legalidad, para aplicar el eximente de responsabilidad contenido en el numeral 6 del
artículo 28 de la Ley 734 de 2002, relativo al error invencible. La norma en comento,
estipula:
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«ARTÍCULO 28. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Esta
exento de responsabilidad disciplinaria quién realice la conducta:
1. (…)
6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta
disciplinaria.»
169. Frente al error invencible, esta Corporación23 ha sostenido:
«En lo que respecta a la fijada en el numeral 6.º de la norma invocada consistente
en que no hay responsabilidad cuando se actúa « […] Con la convicción errada e
invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria […]» debe decirse
que la misma conlleva dos requisitos que deben confluir para que sea aceptada
por la autoridad disciplinaria a saber: i) Que exista un convencimiento errado y ii)
que el error sea invencible.
El primero de los eventos citados se materializa cuando el disciplinado actúa con
la total y sincera creencia de que lo hace conforme lo señala el ordenamiento
jurídico, esto es, su proceder lo efectuó de buena fe. El segundo ítem hace alusión
a que el error sea invencible, lo que quiere significar que no era humanamente
superable en consideración a las condiciones personales del servidor público y las
circunstancias en las que se ejecutó la conducta24. En palabras de esta subsección
el error es invencible cuando «[…] su entidad sea tal que sea imposible salir de
la equivocación25 […]» lo que implica que «[…] solo se puede eximir de
responsabilidad cuando el ilícito disciplinario se comete de buena fe26 por
ignorancia invencible […].» (Resalta la Sala).
Reunidos tales requisitos, el sujeto disciplinable no puede ser considerado
responsable a ni a título de dolo «[…] porque en el encartado no hay la conciencia
de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le
puede ser reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y diligencia
para determinar que su conducta no era contraria a la ley [...]»27.»
23
Sentencia del Dieciséis (16) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), Sección Segunda – Subsección A, Radicación: 1 1 0 0 1 - 0 3 -
2 5 - 0 0 0 - 2 0 1 2 - 0 0 0 0 2 - 0 0 ( 0 0 5 8 - 1 2 ) , M.P . William Hernández Gómez.
24Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera ponente:
Bertha Lucia Ramírez de Páez (e). Bogotá D. C. 27 de febrero de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00888-
00(2728-12). Actor: Albeiro Freddy Patiño Velasco. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En
esta providencia se analizó la causal de exclusión de responsabilidad contenida en el numeral 6.º del artículo 28 de la
Ley 734 de 2002, la cual es idéntica a la que trae el numeral 6.º del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006 luego el análisis
que trae es aplicable a ambas disposiciones.
25Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente:
Alfonso Vargas Rincón. Bogotá, D.C.16 de julio de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2011-00680-00(2622-11).
Actor: Alba Leticia Chaves Jiménez. Demandado: Procuraduría Regional del Valle del Cauca.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente
Alfonso Vargas Rincón. Sentencia de 7 de febrero de 2008. Radicación: 25000-23-25-000-2001-11811-01(2941-05).
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera ponente:
Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D. C. 19 de marzo de 2015. Radicación: 11001-03-25-000-2009-00132-00(1907-
09). Actor: Helman Eliecer Soto Martínez. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
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170. En el presente asunto, aunque la parte demandante aduce la convicción de estar
actuando conforme a la legalidad, a juicio de esta Sala, dicho error no era invencible,
teniendo en cuenta que, tal como se evidenció al momento de indagar la naturaleza de
los recursos del Fosyga, la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido
su carácter público, bajo este presupuesto, no hay lugar a la pretendida exoneración de
responsabilidad.
2.5.7. Ilicitud sustancial.
171. Acreditada como se encuentra la conducta de la demandante, en su calidad de
miembro del Consejo de Administración de Saludcoop para el año 2010, justamente la
omisión de verificar en debida forma los estados financieros, y, en específico, lo relativo
a los ingresos no operacionales, dan cuenta de la afectación al deber funcional, pues, la
administración de los recursos públicos por parte de la EPS, imponía el cuidado debido,
garantizar su debida destinación, omisión que permitió que, Saludcoop se apropiara de
manera indebida, de los recursos del sistema.
2.5.8. Culpabilidad.
172. Aunque la disciplinada alude que, dado que, lo que verificó la Procuraduría fue un
actuar doloso en la destinación de los recursos, existe una incongruencia al calificar la
culpabilidad en el presente asunto, como culpa grave.
173. La Sala insiste que, a la demandante no se le atribuye la operación comercial
efectuada entre Epsifarma y Saludcoop, sino el permitir, ante la indebida verificación de
los estados financieros, que la EPS se apropiara de dichos recursos, correspondiéndose
a la culpa grave consagrada en el artículo 44 de la Ley 734 de 2002.
174. En todo caso, aunque la culpabilidad se hubiera establecido en forma errada, lo
cierto es que, favorecía a la disciplinada, razón por la cual, no resulta atendible la censura.
175. En razón a todo lo expuesto, se confirmará integralmente la decisión de primera
instancia.
2.6. Condena en costas
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176. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR integralmente, la sentencia del Trece (13) de junio de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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