Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00493-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00493-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2022-00493-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00493-01 (6435-2023)1
Demandante: Ruth Virginia Díaz Velasco
Demandada: Procuraduría General de la Nación2 y otro3
Tema: Disciplinario. Prescripción de la acción disciplinaria. Falta
prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002
por participación en el «carrusel de las devoluciones del impuesto a
las ventas».
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 30 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
I Antecedentes
1.1. La demanda4 y su subsanación5
1.1.1. Las pretensiones
1. Ruth Virginia Díaz Velasco en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
1 Se precisa que los documentos relacionados —salvo las actuaciones de segunda instancia—
fueron consultados en el expediente digital que reposa en Samai, proceso
25000234200020220049300, así como en los documentos aportados en esta instancia.
2 En adelante PGN.
3 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN.
4 Carpeta zip «02. 1_ED_ONEDRIVE_1_1272022(.zip) NroActua 2», archivo «01. 2019-00089
CUADERNO1 FOL1-201», pág. 1.
5 Carpeta zip «02. 1_ED_ONEDRIVE_1_1272022(.zip) NroActua 2», archivo «02. 2019-00089
CUADERNO2 FOL202-426», pág. 312.
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Demandante: Ruth Virginia Díaz Velasco
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso - administrativo6 acudió a esta
jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos:
1.1. Fallo de primera instancia expedido el 29 de junio de 2017 por la Procuraduría
Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, por medio del cual fue
sancionada con destitución e inhabilidad general por 14 años por la comisión
de las faltas gravísimas previstas en los numerales 1, 60 y 61 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002.
1.2. Fallo de segunda instancia del 19 de junio de 2018 ─suscrito por la Sala
Disciplinaria de la PGN─ que confirmó la decisión.
1.3. Resolución 006431 del 14 de agosto de 2018 expedida por la Dian, la cual hizo
efectiva la sanción.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) el reintegro al cargo que
desempeñaba en el momento en que se hizo efectiva la sanción; y (ii) el pago de
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento del retiro.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
4. El 14 de enero de 2011 la Coordinación Nacional de Investigaciones Especiales
de la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Dian expidió el
auto 1001-14, por medio del cual ordenó el inicio de la indagación preliminar con el
fin de aclarar los siguientes hechos irregulares puestos en conocimiento por la
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá:
«[...] la creación de empresas ficticias, la simulación de exportaciones y
transacciones comerciales para la obtención de devoluciones de saldos a
favor a y a empresas del sector chatarrero las cuales solicitan cambios de
dirección en el RUT registrando datos inexistentes, [...].
Igualmente se recibió información de una ciudadana que reservó su nombre,
en donde se afirm[ó] que empresas RYB asesores, Chatarras y Desechos
industriales el Amigo SAU [...], Metales y Desechos Industriales SAU, [...], y CI
Pacific Metal International SA, esta[ban] involucradas en devoluciones
fraudulentas con la presunta participación de funcionarios de la Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá» [sic].
5. Con auto del 14 de julio de 2011, el procurador general de la Nación decidió
ejercer el poder disciplinario preferente en relación con el proceso 213-304-2011-15
6 En adelante CPACA.
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adelantado por la Dian. Esta última remitió la documentación correspondiente el 18
de julio de 2011.
6. El 18 de septiembre de 2012, la Procuraduría Segunda Delegada para la
Vigilancia Administrativa dio apertura a la investigación disciplinaria con el radicado
IUS 2011-253546 por 2 asuntos: (i) la posible colaboración de servidores públicos
con el «entramado criminal» desarrollado por la empresa R&B Ltda. y liderado por
Blahca Jazmín Becerra Segura, a través de la cual se obtenían devoluciones de
impuestos mediante procedimientos fraudulentos que habrían tenido lugar entre
2008 y 2011; y (ii) eventuales irregularidades en el desarrollo de una diligencia de
registro desarrollada en julio de 2010 a la sede de dicha sociedad y el
desenvolvimiento posterior del proceso administrativo adelantado por la Dian [frente
a la cual se surtió posteriormente la ruptura procesal].
7. Por el primer asunto se vinculó a Ruth Virginia Díaz Velasco [y otros] y se expuso,
entre otras cosas, que (i) en los periodos de los años 2008 a 2010 el programa Post
Devoluciones detectó irregularidades en los documentos soportes de las solicitudes
como «inexistencia de las Comercializadoras internacionales, falsos certificados al
proveedor, inexistencia de proveedores, inexistencia de contribuyentes, ventas
inexistentes» en empresas como Divipacas S.A. y Alumek Ltda.; y (ii) una vez
recibidos los documentos para solicitar la devolución, un funcionario de la Dian
determinaba si había lugar o no a efectuar la visita al contribuyente y/o a sus
proveedores para efectos de tener mayor claridad sobre las transacciones
reportadas, decisión que era revisada por otro funcionario, para luego –en caso de
ser procedente– realizarla. Más adelante concluyó:
«De los elementos materiales de prueba allegados a la presente indagación
preliminar adelantada por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la DIAN, se
encuentran conductas con connotaciones disciplinarias por parte de funcionarios
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia – DIAN,
relacionadas con la presunta colaboración, favorecimiento y negligencia en la
verificación de la documentación presentada por los representantes legales y/o
autorizados de estos, de las empresas contribuyentes en las solicitudes de
devoluciones de IVA de los años 2008 a 2011, antes de proceder a las
devoluciones solicitadas, dentro de los 22 trámites relacionados en la parte
considerativa de la presente decisión, y dentro de los demás trámites de tales años
que puedan ser objeto de análisis por parte de esta Procuraduría Delegada, por
cuanto dichas empresas no tenían derecho a tales devoluciones.»
8. El 11 de febrero de 2013 se expidió el auto de cierre parcial de la investigación y
ruptura de la unidad procesal en lo referente a la diligencia de registro realizada en
julio de 2010 y las actuaciones desarrolladas en ella por Raúl Vargas y Antonio
Ramón Angulo, mientras que se continuó con la investigación respecto de la
participación de otros servidores públicos vinculados a la Dian ─Seccional Bogotá─
en las actividades fraudulentas con la sociedad R&B.
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9. El 6 de junio de 2015 se prorrogó el término de la investigación disciplinaria por
6 meses con sustento en que el material probatorio ─hasta ese momento─ no
permitía tomar una decisión definitiva sobre el curso del proceso.
10. El 10 de diciembre de 2015 se cerró la investigación, decisión que fue objeto de
recurso de reposición que se resolvió desfavorablemente el 10 de febrero de 2016.
11. El 16 de marzo de 2016 se dictó el pliego de cargos en contra de Ruth Virginia
Díaz Velasco [entre otros], así:
Primer cargo Segundo cargo
Realizó «objetivamente una descripción
típica consagrada en la ley como delito
sancionable a título de dolo [cometida] en
razón, con ocasión [...] de la función o
cargo, o abusando del mismo», descripción
«La disciplinada ejerció «las potestades
típica que, para este caso, remite a las de
que su empleo o función le [concedían]
los tipos penales de cohecho propio
para una finalidad distinta a la prevista en
(artículo 405 de la Ley 599 de 2000), según
la norma otorgante» que, adicionalmente
la cual incurre en delito «[e]l servidor
tenía el «propósito de defraudar otra norma
público que reciba para sí o para otro,
de carácter imperativo». Esta imputación,
dinero u otra utilidad, o acepte promesa
constitutiva de falta gravísima, remite al
remuneratoria, directa o indirectamente,
hecho de que la disciplinada utilizó su
para retardar u omitir un acto propio de su
posición en la Dian así como los
cargo, o para ejecutar uno contrario a sus
conocimientos y el acceso que le ofrecía su
deberes oficiales»; y de concierto para
rol en la dirección de impuestos de Bogotá,
delinquir (artículo 340 de la Ley 599 de
para convertirse en un eslabón útil de la
2000) que estipula que «[c]uando varias
cadena que se fue forjando a partir de las
personas se concierten con el fin de
actividades ilegales de BLAHCA JAZMÍN
cometer delitos, cada una de ellas será
BECERRA SEGURA y sus socios. De este
penada, por esa sola conducta [...]».
modo, la señora DÍAZ VELASCO
compaginaba el ejercicio de su cargo en la
Lo anterior, por su participación en la
dirección de impuestos con su carácter de
empresa criminal liderada por Blahca
miembro de la organización delictiva de
Jazmín Becerra Segura. Además, por su
R&B, sin que exista ninguna prueba que
compromiso permanente con la estructura
permita suponer que se haya desligado de
delictiva para la obtención de devoluciones
esta última antes de su desmantelamiento
de impuestos que nunca fueron pagados,
por parte de las autoridades».
«con lo que se generó una defraudación a
la dirección de impuestos y a las arcas de
la Nación».
Normas presuntamente violadas y concepto de la violación:
Incurrió en la falta gravísima prevista en los numerales 1, 60 y 61 del artículo 48 que
establecían en su orden: (i) «[r]ealizar objetivamente una descripción típica consagrada
en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se comet[iera] en razón, con
ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo»; (ii)
«[e]jercer las potestades que su empleo o función le conced[ieran] para una finalidad
distinta a la prevista en la norma otorgante»; y (iii) «[e]jercer las funciones con el propósito
de defraudar otra norma de carácter imperativo».
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La prevista en el numeral 1, en línea con los delitos de cohecho propio y concierto para
delinquir previstos en la Ley 599 de 2000 que dispusieron:
«Artículo 405. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro,
dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para
retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus
deberes oficiales, incurrirá en prisión [...].
Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el
fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con
prisión [...].»
Lo anterior, por las siguientes razones:
«Lo que indican las pruebas antes relacionadas es que la señora DÍAZ VELASCO,
presumiblemente con ocasión de su designación en el grupo de devoluciones de
personas jurídicas, entre 2008 y hasta el desmantelamiento de la organización
criminal, en julio de 2011, hizo parte de la estructura delictiva liderada por BLAHCA
JAZMÍN BECERRA SEGURA, prestando un apoyo concreto y eficaz para el logro de los
objetivos ilícitos que se habían propuesto, entiéndase la obtención ilegítima de
devoluciones de impuestos a las ventas que nunca fueron pagados, utilizando para
ello la simulación de operaciones comerciales y el ocultamiento de su accionar, para
lo que se constituyó un grupo de servidores públicos, entre ellos la aquí imputada, que
brindaban información y asesoría, facilitaban el contacto con otros servidores públicos
y ayudaban a mantener en secreto la existencia y funcionamiento de la organización».
12. El 27 de junio de 2017 se dictó el fallo de primera instancia. En este se resolvió
sancionar disciplinariamente a Ruth Virginia Díaz Velasco [y otros] y, en
consecuencia, imponerle la sanción de destitución e inhabilidad general por el
término de 14 años. El 19 de junio de 2018 la Sala Disciplinaria de la PGN confirmó
la decisión.
13. Mediante la Resolución 0006431 del 14 de agosto de 2018 se hizo efectiva la
sanción de destitución e inhabilidad por el término de 14 años. La decisión se
notificó el 15 de agosto de 2018.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
14. Como tales se señalaron los artículos 137 y 138 del CPACA; 128, 129 y 130 de
la Ley 734 de 2002; en su concepto, por:
→ Falsa motivación
15. El delito de cohecho se sustentó en testimonios de oídas o indirectos que
documentaron la narración «que otro hizo respecto de un hecho», pero no su
veracidad, lo cual obligaba al operador disciplinario a realizar un estudio detallado
de su credibilidad, así como la fuente de su juicio, pues no existía efectiva
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aproximación al hecho que se pretendía verificar.
16. En el proceso disciplinario se practicaron los testimonios de Blahca Jazmín
Becerra, Liliana Paola Huertas y Sandra Liliana Rojas García, quienes hicieron
«desafortunadas inferencias» y afirmaciones incoherentes respecto de la exigencia
del dinero y su monto, los lugares de entrega, así como las personas involucradas,
por lo tanto, sus declaraciones no eran eficaces para demostrar la conducta
reprochada. Estos solo podían admitirse como verdaderos si se probaban con otros
«datos reconocidos como verídicos», pero ello no ocurrió.
17. Sandra Liliana Rojas García expuso que le constaba la participación porque así
lo comentó Blahca Jazmín Becerra, quien además afirmó que Ruth Virginia Díaz
Velasco hizo parte del engranaje delictivo porque realizó visitas a las sociedades
que efectuaron el trámite de las devoluciones, pero también expuso que Hervin
Martínez Calvera7 era la persona a quien se le entregaba el porcentaje acordado, lo
que significaba que no existía una prueba directa que demostrara que fue la
solicitante quien hizo «una solicitud indebida por el ejercicio de su función como Servidora
Pública».
18. Si bien ella cumplió con la función de hacer la visita a los contribuyentes, lo
cierto era que se trató de la facultad otorgada mediante auto comisorio; además, no
podía percatarse de que los documentos solo daban apariencia de legalidad y
formalidad, máxime si el término para rendir el concepto era perentorio y no tenía
medios de prueba o mecanismos para considerar fraudulentas las acciones que
adelantaron las personas encargadas de la contabilidad de la sociedad R&B
Consultores SAS. En consecuencia, debió aplicarse el principio de indubio pro
disciplinado.
19. Asimismo, se omitió verificar que (i) los testigos no tuvieran antecedentes de
haber mentido; (ii) si existía algún interés en el proceso; y (iii) las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Estas brillaron por su ausencia,
pues se les dio «plena credibilidad, en la única circunstancia de que la autorización de las
devoluciones, y sin que se definiera tiempos específicos, modos específicos o mecanismos
de la supuesta entrega de dinero a ella por los favores proporcionados, montos de dinero,
tiempo y lugar de entrega de los dineros, entre otros aspectos necesarios para conferir
credibilidad a las afirmaciones hechas en su contra».
20. Las pruebas trasladadas del proceso penal no fueron valoradas en su conjunto
y se desconoció que existía interés de las declarantes en obtener los beneficios
propios del principio de oportunidad.
7 Otro funcionario de la Dian, también investigado y sancionado en la misma cuerda procesal con
destitución e inhabilidad.
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→ Prescripción de la acción disciplinaria
21. Los 5 años previstos en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 empezaron a correr
el 18 de septiembre de 2012 [cuando se expidió el auto de apertura de la
investigación disciplinaria] y, por consiguiente, vencían el mismo día y mes de 2017.
No obstante, para esta fecha no había quedado en firme el fallo sancionatorio, «toda
vez que esto ocurrió con posterioridad del 18 de Agosto de 2018».
1.2. Admisión de la demanda
22. El 28 de febrero de 2019 el proceso fue repartido al Juzgado 54 Administrativo
de Bogotá8. El auto admisorio se profirió el 11 de abril de 20199.
1.3. Contestación de la demanda
23. Las entidades demandadas se opusieron a las pretensiones con sustento en lo
siguiente:
1.3.1. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales10
24. La parte demandante solicitó la anulación de los actos administrativos
expedidos por la PGN, por lo tanto, como no tuvo injerencia en la investigación
disciplinaria, debía declararse la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
25. La Resolución 0006431 del 14 de agosto de 2018 era un acto de ejecución que
no contenía una expresión de la voluntad de la administración y, por consiguiente,
no era susceptible de control jurisdiccional.
1.3.2. Procuraduría General de la Nación11
26. Las autoridades disciplinarias actuaron en el marco de su competencia, bajo la
estructura y esquema de la Ley 734 de 2002, así como de las pruebas recaudadas.
La decisión no se sustentó exclusivamente en las pruebas testimoniales aludidas
en la demanda.
8 Carpeta zip «02. 1_ED_ONEDRIVE_1_1272022(.zip) NroActua 2», archivo «02. 2019-00089
CUADERNO2 FOL202-426», pág. 308.
9 Carpeta zip «02. 1_ED_ONEDRIVE_1_1272022(.zip) NroActua 2», archivo «02. 2019-00089
CUADERNO2 FOL202-426», pág. 341.
10 Carpeta zip «02. 1_ED_ONEDRIVE_1_1272022(.zip) NroActua 2», archivo «02. 2019-00089
CUADERNO2 FOL202-426», pág. 360.
11 Carpeta zip «02. 1_ED_ONEDRIVE_1_1272022(.zip) NroActua 2», archivo «02.1. 2019-00089
APELACION AUTO», pág. 2.
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27. La decisión adoptada se fundó en la inequívoca aplicación de la ley disciplinaria,
con respeto de las garantías constitucionales que le asistían como disciplinada y
con plena garantía de objetividad «y la irrenunciable convicción de culpabilidad conforme
las pruebas que obra[ban] dentro del expediente».
28. Tampoco operó la prescripción de la acción disciplinaria, en tanto (i) si bien el
proceso inició el 14 de enero de 2011 en la Dian, para esa fecha el proceso se
encontraba en averiguación de responsables; (ii) el 14 de julio de 2011 el procurador
general de la Nación ejerció el poder disciplinario preferente; (iii) el 18 de septiembre
de 2012 se dio apertura a la investigación disciplinaria; (iv) el fallo sancionatorio se
expidió el 29 de junio de 2017, es decir, 3 meses antes de que aquella se
configurara.
1.4. Etapa de excepciones
29. En la audiencia inicial realizada el 24 de octubre de 2019 el Juzgado 54
Administrativo de Bogotá resolvió las excepciones propuestas12. Se declaró
probada la de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Dian bajo
el supuesto de que la Resolución 0006431 del 14 de agosto de 2018 era un acto de
ejecución y, por lo tanto, no era susceptible de ser acusado. Se resolvieron
desfavorablemente las alegadas por la Procuraduría General de la Nación.
30. Contra la anterior decisión, la PGN y la parte demandante interpusieron recursos
de apelación y en auto del 4 de diciembre de 202013 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó parcialmente la decisión, pero declaró no probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Dian con
fundamento en que la parte demandante pretendió el reintegro y pago de los
salarios dejados de percibir.
1.5. Decisión sobre la competencia
31. En auto del 17 de junio de 2022 el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá resolvió
remitir el proceso por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca con
fundamento en el artículo 152 del CPACA y el auto del 8 de septiembre de 2020
[radicación 11001-03-25-000-2019-00060-00] dictado por esta corporación14.
12 Carpeta zip «02. 1_ED_ONEDRIVE_1_1272022(.zip) NroActua 2», archivo «02.1. 2019-00089
APELACION AUTO», pág. 47.
13 Carpeta zip «02. 1_ED_ONEDRIVE_1_1272022(.zip) NroActua 2», archivo «02. 2019-00089
CUADERNO2 FOL202-426», pág. 58.
14 Carpeta zip «02. 1_ED_ONEDRIVE_1_1272022(.zip) NroActua 2», archivo «14. 2019-
00089Auto20220617».
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32.En auto del 15 de julio de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
avocó el conocimiento del asunto y precisó que «el referido trámite, las pruebas
recaudadas, los alegatos presentados, así como las demás actuaciones, conserva[ban] su
validez»15.
1.6. La sentencia apelada16
33. Mediante sentencia proferida el 30 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas.
34. Para tal efecto, se detuvo en el marco normativo y jurisprudencial del régimen
jurídico aplicable, así como del control judicial de las sanciones disciplinarias y
resolvió los cargos de la demanda en los siguientes términos:
→ Prescripción de la acción disciplinaria
35. Se trató de una investigación disciplinaria por hechos continuados ocurridos en
los años «2008 y 2011» que cesaron el 14 de julio de 2011 por la captura de la líder
de la sociedad R&B consultores, Blahca Jazmín Becerra Segura, y varios de sus
colaboradores más cercanos.
36. El auto de apertura de la investigación se expidió el 18 de septiembre de 2012,
por lo tanto, el término de prescripción fenecía el 18 de septiembre de 2017. En
consecuencia, el fallo de primera instancia se expidió el 29 de junio de 2017 y se
notificó el 17 de julio del mismo año, es decir, dentro del término legal.
→ Cargos de la demanda
37. Las autoridades disciplinarias soportaron su decisión en más de 59 pruebas
documentales, técnicas, testimoniales, informes de visitas especiales, actas de
inspección, transcripciones de interceptaciones de comunicaciones entre
empleados de la sociedad R&B entre junio y julio de 2011 y el informe de policía
judicial del 24 de octubre de 2011, por lo tanto, no era cierto que solo se
consideraron los testimonios de Blahca Jazmín Becerra Segura, Liliana Paola
Huertas y Sandra Liliana Rojas García para declararla responsable.
38. Respecto de las inconsistencias de dichas declarantes, la valoración se hizo en
conjunto con los demás medios probatorios. Además, Liliana Paola Huertas Adán
[quien fungió como contadora de la empresa R&B] el 11 de junio de 2013 «fue
15 Samai, índice 03.
16 Samai, índice 10.
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Demandante: Ruth Virginia Díaz Velasco
contundente» al dar cuenta de la participación de la actora y haber presenciado la
entrega de dineros por parte de Sandra Liliana Rojas García y Carolina Gómez.
Asimismo, Blahca Jazmín Becerra Segura –en todas sus intervenciones– la señaló
como una funcionaria de la Dian que estaba a su servicio, sin que hubieran sido
tachadas de falsas.
39. De esas declaraciones no se advertían las incongruencias alegadas, pues
dieron cuenta de la participación de algunos servidores de la Dian y la forma en que
eran entregadas las dádivas. Los compromisos de la actora se dirigían a realizar
visitas de verificación a las empresas solicitantes de devoluciones y sus
proveedores y emitir concepto de legalidad para obtener la devolución de impuestos
a las ventas que nunca fueron pagados.
40. No había lugar a hacer un pronunciamiento respecto de la Resolución 06431
del 14 de agosto de 2018, toda vez que no era posible revisar la legalidad de la
decisión adoptada el 4 de diciembre de 2020.
1.7. El recurso de apelación17
41. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así:
42. En cuanto a la prescripción, debió aplicarse el artículo 30 de la Ley 734 de 2002
que previó el término de 5 años a partir de la fecha de los hechos materia de
investigación. Estos ocurrieron entre 2009 y 2010, por lo tanto, la fecha de captura
de Blahca Jazmín Becerra [14 de julio de 2011] no tenía injerencia con la «perfección
de la conducta» porque no tenía la calidad de servidora pública y la naturaleza de la
investigación se centraba en verificar las actuaciones administrativas de Ruth
Virginia Díaz Velasco en los procesos de devoluciones tributarias [actuaciones
anteriores]. En consecuencia, el término de 5 años se debió contabilizar con los
hechos de 2010.
43. Los testimonios practicados no fueron directos y no dieron cuenta de la
participación en el «entramado criminal» y menos de recibir y/o dar para obtener un
beneficio por fuera del marco legal. Todos se refirieron a que alguien les manifestó
que Ruth Virginia Díaz Velasco tuvo participación, pero ello no podía ser prueba
fehaciente para declarar la responsabilidad disciplinaria.
44. La Procuraduría General de la Nación señaló que el delito de cohecho se derivó
de la prueba testimonial, la cual «documentó la narración que otro hizo respecto de un
hecho, pero no su veracidad, lo cual no indica[ba] que deb[iera] ser rechazado; pero si
obligaba al operador disciplinario a realizar un estudio detallado del caso puesto bajo
17 Samai, índice 14, archivo «13_RECIBEMEMORIALES_TACS2RAD2022493(.pdf) NroActua 14».
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conocimiento [...] para analizar de manera razonable su credibilidad de acuerdo con las
circunstancias personales y sociales del testigo, así como las de la fuente de su juicio, pues
no presenció el desarrollo de los acontecimientos y, por ende, no exist[ió] efectiva
aproximación al hecho que se pretendió acreditar».
45. Los testimonios de Blahca Jazmín Becerra, Liliana Huertas y Sandra Liliana
Rojas presentaron incoherencias en cuanto a la exigencia de dádiva y las personas
involucradas, aspecto que impedía que fueran eficaces para acreditar que Ruth Díaz
Velasco hubiera solicitado directa o indirectamente retribución económica. Sus
asertos solo podían considerarse verdaderos si hubieran sido confrontados con
otros elementos probatorios directos, pero ello no ocurrió.
46. No existió medio de prueba que la ubicara «realizando una solicitud indebida por
el ejercicio de su función como servidora pública a particulares, resaltando [...] que, el hecho
de haber sido una de las funcionarias que adelantó la visita administrativa a los
contribuyentes, se debió a que contaba con un auto comisorio que la facultaba, y el informe,
efectivamente que rindió [...] se ajustó a derecho por cuanto cada una de las empresas que
visitó, aportaron documentos respectivos, resaltando que para ese momento [...] no podía
percatar que dichos documentos solo daban apariencia de legalidad y formalidad, más aún
si se analiza[ba] que el término en el cual se debía dar concepto después de realizada la
visita administrativa al Contribuyente, era perentorio, conforme el Estatuto Tributario» [sic].
47. La PGN y el a quo partieron de que Ruth Virginia Díaz Velasco emitió concepto
favorable después de realizada la visita al contribuyente; sin embargo,
desconocieron que este se presentó a partir de los documentos que le pusieron de
presente y que no tenían visos de ilegalidad. Tampoco contaba con medios de
pruebas o mecanismos para considerarlos fraudulentos y, de cualquier modo, las
actuaciones administrativas no eran autónomas para determinar la decisión.
48. Blahca Jazmín Becerra no se refirió a la concreción del actuar de Ruth Virginia
Díaz Velasco y tampoco concretó las razones por las cuales obtuvo un provecho
indebido; además, tenía interés en obtener un beneficio judicial como lo era el
principio de oportunidad.
49.El a quo indicó que, adicionalmente a las pruebas testimoniales, se trasladaron
audios en los que se mencionó a Ruth Virginia Díaz Velasco; sin embargo, no se
pudo determinar si dichas grabaciones correspondían a «copias espejo o fueron
tomadas directamente, aspecto que diezma[ba] la legalidad del medio de prueba en el
proceso disciplinario». Ello, sumado a que tampoco fue individualizada ni se
determinó que se encontraba entre las interlocutoras.
50. El hecho de que la mencionaran no podía ser considerado como elemento
determinante para vincularla directamente como responsable disciplinaria, «más si
se considera que nunca se procedió a determinar la eficacia probatoria de esos audios,
para determinar la autenticidad».
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1.8. Trámite en segunda instancia
51. En auto del 19 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca18.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
52. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
53. De conformidad con el recurso de apelación, se deben resolver los siguientes
interrogantes:
53.1. ¿Debía aplicarse el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 [sin la modificación
prevista en la Ley 1474 de 2011], en razón a que los hechos objeto de reproche
ocurrieron entre 2009 y 2010 y, por consiguiente, operó la prescripción de la
acción disciplinaria?
53.2. En caso de ser negativa esa respuesta, ¿la autoridad disciplinaria valoró
en debida forma las pruebas aportadas al proceso disciplinario, en especial, los
testimonios de Blahca Jazmín Becerra Segura, Sandra Liliana Rojas y Liliana
Paola Huertas Adán?
54. Comoquiera que los argumentos de apelación se circunscriben a la prescripción
de la acción disciplinaria y la valoración probatoria que efectuó la entidad
demandada para determinar la comisión de la falta [juicio de tipicidad], la Sala
expondrá las actuaciones relevantes de la actuación disciplinaria y abordará cada
tema por separado. En cada uno se expondrá el marco normativo y jurisprudencial
y desarrollará el caso concreto.
18 Samai, índice 4.
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2.3. La actuación administrativa
2.3.1. Investigación disciplinaria 213-304-2011-15 adelantada por la Dian
55. Mediante auto 1001-14 del 14 de enero de 2011 el coordinador nacional de
investigaciones especiales ordenó la indagación preliminar19 por las siguientes
razones:
«La presente actuación tiene origen en la Queja Disciplinaria radicada bajo el
numero 213-305-2010-476 del 09 de diciembre de 2010 (folio 1), abierta en razón
del Oficio No. 1-32-202-201-0987 del 1 de diciembre de 2010 suscrito por la
doctora María Eugenia Torres Arenales, Directora Seccional de Impuestos de
Bogotá (folios 2 y 3), que alude a presuntas irregularidades relacionadas con la
creación de empresas ficticias, la simulación de exportaciones y transacciones
comerciales para la obtención de devoluciones de saldos a favor y a empresas
del sector chatarrero las cuales solicitan cambios de dirección en el RUT
registrando datos inexistentes, hechos en los que pueden estar involucrados
funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
Igualmente, se recibió información de una ciudadana que reservo su nombre, en
donde se afirma que las empresas RYB asesores, Chatarras y Desechos
Industriales, con Nit. 900330376-4; Desperdicios y Chatarras Industriales el
Amigo SAU, con Nit. 900226159- 8, Metales y Desechos Industriales SAU, con
Nit. 900226151-l/Bogotana de Textiles González con Nit. 900330376-4, y CI
Pacific Metal Internacional S.A., están involucradas en devoluciones
fraudulentas con la presunta participación de funcionarios de la Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá» [sic].
56.Mediante autos del 18 de enero20, 22 de febrero21, 1122 y 2523 de mayo de 2011
se decretaron pruebas de oficio [declaraciones juramentadas, inspecciones
administrativas, documentales, entre otras].
2.3.2. Continuación del proceso disciplinario en la Procuraduría General de
la Nación. Radicación IUS-2011-253546
57. En auto del 14 de julio de 2011 el procurador general de la Nación ejerció el
poder preferente por tratarse de un asunto de trascendencia nacional, de
conformidad con la Constitución Política y el Decreto 262 de 2000. También se
designó al procurador segundo delegado para la vigilancia administrativa como
funcionario especial para que asumiera el conocimiento del proceso y tomara las
19 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 1», pág. 13.
20 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 1», pág. 24.
21 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 1», pág. 114.
22 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 1», pág. 188.
23 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 1», pág. 222.
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decisiones procedentes [fallo de primera instancia]24.
58. El 15 de julio de 2011 se ordenó la remisión inmediata y se cerró el expediente
en la Dian por traslado a la Procuraduría General de la Nación25.
59. El 18 de septiembre de 201226, la Procuraduría Segunda Delegada para la
Vigilancia Administrativa dio apertura a la investigación disciplinaria en contra de los
funcionarios del «Grupo Interno de Trabajo Devoluciones Personas Jurídicas de la
División de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá» [entre ellos la
demandante] con sustento en que se aportaron los trámites de devoluciones de IVA
por concepto de exportaciones en los periodos 2008 a 2010, frente a los cuales, en
el programa de «Post Devoluciones» se determinaron irregularidades en los
documentos que soportaron las solicitudes de, por ejemplo, las empresas Divipacas
SA y Alumek Ltda. Seguidamente se expuso:
«Del trámite que se impartía a las solicitudes presentadas por las empresas para
la correspondiente devolución del IVA, de conformidad con lo establecido en el
Estatuto Tributario, se encuentra que una vez recibidos y revisados los
documentos necesarios para solicitar la devolución, un funcionario de la DIAN
determinaba si había o no lugar a efectuar visita al contribuyente y/o a sus
proveedores para efectos de tener mayor claridad sobre las transacciones
reportadas, decisión que era revisada por otro funcionario, para luego en el caso
de ser procedente la visita, ser efectuada por el funcionario asignado del grupo de
devoluciones, y en el caso de no requerirse la visita, se procedía a expedir la
correspondiente resolución de devolución por parte del Jefe de División de Gestión
de Recaudo, que para los casos objeto de análisis del presente proceso
disciplinario, correspondió a los señores [...].
Posterior a la resolución de devolución se determinaba en cada trámite si era
procedente analizar las solicitudes en el Comité de Devoluciones, y en el mismo
se decidía si era necesario abrir un proceso denominado “Post devoluciones”, para
revisar con mayor rigor los documentos presentados para obtener las
correspondientes devoluciones del IVA, y si había lugar al valor solicitado. En los
trámites de devoluciones estudiadas por este Despacho, en su mayoría se
adelantó el programa Post devoluciones, dentro de los que se pudo establecer
que existieron irregularidades en los documentos presentados por los
contribuyentes, tales como que las empresas proveedoras eran una mera ficción,
la inexistencia de las exportaciones y por tanto la falsedad en los certificados al
proveedor, presentados por las mismas, entre otras, situaciones que deben ser
objeto de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, puesto
que se considera que de haberse efectuado una correcta verificación de los
documentos y demás datos relacionados por los contribuyentes en las diferentes
solicitudes de devolución del impuesto del IVA, se habría podido evitar la entrega
de dineros del Estado a empresas que no tenían derecho a las devoluciones, y
que configuraban una asociación delictiva para desfalcar las arcas del Estado,
incluso con la colaboración interna de funcionarios de la Dirección de Impuestos y
24 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 1», pág. 331.
25 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 1», pág. 332.
26 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 2», pág. 4.
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Aduanas Nacionales, lo cual también será objeto de verificación durante la
presente investigación disciplinaria
De los elementos materiales de prueba allegados a la presente indagación
preliminar adelantada por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la DIAN, se
encuentran conductas con connotaciones disciplinarias por parte de funcionarios
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia – DIAN,
relacionadas con la presunta colaboración, favorecimiento y negligencia en la
verificación de la documentación presentada por los representantes legales y/o
autorizados de estos, de las empresas contribuyentes en las solicitudes de
devoluciones de IVA de los años 2008 a 2011, antes de proceder a las
devoluciones solicitadas, dentro de los 22 trámites relacionados en la parte
considerativa de la presente decisión, y dentro de los demás trámites de tales años
que puedan ser objeto de análisis por parte de esta Procuraduría Delegada, por
cuanto dichas empresas no tenían derecho a tales devoluciones».
60. En autos del 14 de noviembre de 201227 y 28 de enero de 201328 se solicitó el
apoyo técnico a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN y se
ordenaron pruebas.
61. El 11 de febrero de 201329 se cerró parcialmente la investigación y se ordenó la
ruptura de la unidad procesal respecto de la investigación relacionada con el
operativo realizado el 13 de julio de 2010 en el que estaban involucrados otros
funcionarios de la Dian30. Respecto de los demás [entre ellos la demandante] se
continuó con la investigación. Esta decisión fue objeto de aclaración el 5 de marzo
de 201331.
62. En auto del 6 de junio de 2014 se prorrogó por 6 meses la investigación y se
ordenó la vinculación de nuevos implicados32.
63. En auto del 30 de diciembre de 201433 la Procuraduría Segunda Delegada para
la Vigilancia Administrativa se pronunció sobre la solicitud de ejercicio de poder
preferente de otras investigaciones que se iniciaron, entre ellas, la radicada con el
número 1704-01-2012-111 contra Ruth Virginia Díaz Velasco [y otros] que
27 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 2», pág. 70.
28 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 2», pág. 74.
29 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 2», pág. 387.
30 Se anotó: «Así las cosas, encuentra este despacho que, a pesar del origen común de la denuncia,
la presente investigación se refiere a dos situaciones fácticas diversas, una de ellas generada
alrededor del operativo de la DIAN a R&B el 13 de julio de 2010 y la otra relativa a la implicación de
funcionarios de la DIAN en el trámite irregular de devoluciones del impuesto a las ventas.
Adicionalmente, este despacho considera que frente a los hechos referidos a la visita administrativa
del 13 de julio de 2010 y el trámite administrativo correspondiente ya se ha recaudado material
probatorio suficiente que permite su evaluación preliminar, por lo que resulta procedente el cierre
parcial de la investigación en lo que a ese aspecto se trata, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 160 de la Ley 734 de 2002, adicionado por el artículo 53 de la Ley 1474 de 2011».
31 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 3», pág. 16.
32 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 15», pág. 2.
33 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 31«, pág. 81.
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adelantaba la Dian34.
64.El 10 de febrero de 201535 se ordenó el cierre de la investigación disciplinaria.
Contra esta decisión 2 de los disciplinados presentaron recurso de reposición36; sin
embargo, se resolvió negativamente en auto del 29 de abril del mismo año 37.
65. En auto del 16 de marzo de 201638 se dispuso el archivo parcial de la actuación,
se declaró la prescripción parcial y se formuló el pliego de cargos. En concreto,
sobre Ruth Virginia Díaz Velasco se consideró y resolvió39:
«i. RUTH VIRGINIA DÍAZ VELASCO
Descripción, determinación de la conducta investigada y formulación
concreta de cargos.
La señora RUTH VIRGINIA DÍAZ VELASCO, servidora pública vinculada a la Dian,
dirección seccional de impuestos de Bogotá, hizo parte activa de la organización
delictiva liderada por BLAHCA JAZMÍN BECERRA SEGURA desde la sociedad R&B,
dedicada al trámite irregular de devoluciones del impuesto a las ventas, con la
que se comprometió y a la que colaboró de manera eficaz y directa,
presumiblemente entre el año 2008, y el mes de julio de 2011, cuando la
organización fue desmantelada debido a la captura de sus principales miembros,
puesto que no existe prueba de que haya roto sus vínculos con ese grupo en
ningún momento anterior, ni denunció ni actuó nunca con el propósito de dar al
traste con las actividades de defraudación.
Es necesario tener en cuenta que, aunque en el caso de la señora DÍAZ VELASCO,
se ha determinado que su participación en la empresa criminal incluyó su
involucramiento personal y directo en el adelantamiento de trámites de
devolución concretos, dadas sus funciones en el grupo de devoluciones que le
permitieron conocer expedientes específicos de empresas que hacían parte del
montaje de la organización como Divipacas (f. 1295, reverso, c. a. 142), tales
actividades no agotan su aporte a la empresa criminal, puesto que las pruebas
obrantes en el expediente demuestran que llegó a ser ampliamente conocida por
los miembros de la organización criminal, lo que se evidencia en el hecho de que
34 Consideró que «En lo referente al radicado 2012-111, se evidencia que los hechos que vienen
siendo materia de investigación no corresponden a aquellos que han motivado este trámite
disciplinario, puesto que aunque se trata de presuntas irregularidades en el trámite de devoluciones,
una parte de ellas corresponde a impuesto de renta, mientras que la investigación que aquí se
adelanta se ha limitado a defraudaciones relativas al impuesto a las ventas. Ahora bien, es claro que,
según el auto de investigación disciplinaria dictado por la ITRE, también hay hechos relacionados
con problemas en devoluciones de impuesto a las ventas, pero la investigación que la agencia
desarrolla está referida a una sociedad en particular, Celis %: Asociados, Ltda, la cual no hace parte
de las personas jurídicas en las que ha centrado su interés esta oficina. En conclusión, no se
considera procedente ejercer el poder preferente para asumir el proceso 2012-111, además de que
tampoco se avizoran otras causales que pudieran justificar desplazar de su competencia a la ITRC
en este asunto».
35 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 32», pág. 242.
36 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 32», pág. 284.
37 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 33», pág. 154.
38 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 35», pág. 2.
39 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 35», pág. 142 y 219.
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aparece en la relación de funcionarios que hicieron, por separado, tanto BLAHCA
JAZMÍN BECERRA SEGURA, como las contadoras de R&B LILIANA PAOLA HUERTAS
ADÁN Y SANDRA LILIANA ROJAS GARCÍA.
[...] Cargo Primero: Realizó «objetivamente una descripción típica consagrada
en la ley como delito sancionable a título de dolo [cometida] en razón, con
ocasión [...] de la función o cargo, o abusando del mismo», descripción típica
que, para este caso, remite a las de los tipos penales de cohecho propio (artículo
405 de la Ley 599 de 2000), según la cual incurre en delito «[e]l servidor público
que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa
remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de
su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales»; y de concierto
para delinquir (artículo 340 de la Ley 599 de 2000) que estipula que «[c]uando
varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas
será penada, por esa sola conducta [...]».
Falta gravísima que se refiere a la participación de la señora DÍAZ VELASCO en la
empresa criminal liderada por la señora BLAHCA JAZMÍN BECERRA SEGURA, cuyo
funcionamiento ha sido ya descrito con anterioridad, y que consistió en un
compromiso permanente con la estructura delictiva para la obtención de
devoluciones de impuestos que nunca fueron pagados, con lo que se generó una
defraudación a la dirección de impuestos y a las arcas de la Nación.
[...] Así, las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales y
administrativas permiten establecer que, tanto la señora DÍAZ VELASCO como los
demás servidores públicos vinculados a este esquema delictivo, recibían una
remuneración ilegal, no por incurrir en desviaciones ocasionales y aisladas de
sus deberes para con la administración, sino para mantener en funcionamiento
el propósito criminal, manteniendo informados a quienes en él participaban sobre
las actuaciones de la Dian, sobre otros servidores que participaran en los
trámites que interesaban a BECERRA SEGURA y sus socios y manteniendo ocultos
sus alcances corruptores al interior de la administración de impuestos.
Cargo Segundo: La disciplinada ejerció «las potestades que su empleo o
función le [concedían] para una finalidad distinta a la prevista en la norma
otorgante» que, adicionalmente tenía el «propósito de defraudar otra norma de
carácter imperativo». Esta imputación, constitutiva de falta gravísima, remite al
hecho de que la disciplinada utilizó su posición en la Dian así como los
conocimientos y el acceso que le ofrecía su rol en la dirección de impuestos de
Bogotá, para convertirse en un eslabón útil de la cadena que se fue forjando a
partir de las actividades ilegales de BLAHCA JAZMÍN BECERRA SEGURA y sus socios.
De este modo, la señora DIAZ VELASCO compaginaba el ejercicio de su cargo en
la dirección de impuestos con su carácter de miembro de la organización delictiva
de R&B, sin que exista ninguna prueba que permita suponer que se haya
desligado de esta última antes de su desmantelamiento por parte de las
autoridades.
De otra parte, es claro que ese ejercicio desviado de sus potestades como
servidora pública de la Dian buscaba defraudar las normas que establecieron y
regularon las exenciones al impuesto sobre las ventas y el derecho a devolución
que el ordenamiento jurídico estableció para quienes, estando exentos por la
naturaleza de sus actividades económicas, se veían obligados a pagar el referido
tributo para mantener sus operaciones comerciales. Esas normas, que han sido
extensamente citadas en otro aparte de este auto, preveían las condiciones tanto
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Demandante: Ruth Virginia Díaz Velasco
de la exención como del derecho a devolución y fueron permanentemente
defraudadas por la empresa criminal a la que se afilió la señora DÍAZ VELASCO.
Como corolario de lo anterior, esta delegada encuentra que, de manera
preliminar, es posible predicar de parte de la señora RUTH VIRGINIA DÍAZ VELASCO
un pertinaz incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales que, hasta
el momento, no se halla amparado por causal alguna de exclusión de
responsabilidad, afectando de manera directa los principios de la función pública
a cuya observancia estaba obligada, por lo que su conducta deviene
sustancialmente ilícita en los términos del artículo 5 de la Ley 734 de 2002.
[...] PRIMERO: Formular cargos a los señores [...] RUTH VIRGINIA DÍAZ VELASCO (CC
40015860), [...] en calidad de servidores públicos de la dirección seccional de
impuestos de Bogotá de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian),
para la época de los hechos, en los términos en que fue especificado en el
apartado considerativo del presente proveído.»
66. En auto del 26 de abril de 201640 se reconoció personería para actuar en
representación de Ruth Virginia Díaz Velasco a la profesional del derecho Martha
Yanneth Quiroz Burgos. Posteriormente, la disciplinada presentó sus descargos41.
67. En auto del 7 de junio de 201642 se resolvió no acceder a la declaratoria de
prescripción solicitada por Plinio Callejas Vallejo, Alfredo Farías Sepúlveda, Luz
Mery Guevara Borbón, Fabio Iván Escobar Salazar, William Gutiérrez Contreras,
Hervin Enrique Martínez Calvera, William Ribero Valderrama y Henry Fernando
Ávila Nieto; y negar la declaratoria de nulidad pedida por Óscar Javier Ceballos
Acosta, Luz Mery Guevara Borbón y John Wilson Barrios Torres. También se
decretaron pruebas y se negaron las solicitadas por la demandante. Contra esta
decisión se presentó recurso de apelación.
68. En auto del 24 de mayo de 201643 se programó la diligencia de versión libre de
la actora y otros. El 9 de junio de 201644 Ruth Virginia Díaz Velasco rindió su versión
libre45.
69. El 26 de julio de 201646 se negó una solicitud de nulidad y el 22 de septiembre
siguiente47 se resolvió el recurso de reposición contra aquella decisión.
70. En auto del 15 de diciembre de 201648 la Sala Disciplinaria de la PGN resolvió
«MODIFICAR la decisión del 7 de junio de 2016, proferida por la Procuraduría Segunda
Delegada para la Vigilancia Administrativa, en el sentido de ordenar el decreto de las
40 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 37», pág. 2.
41 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 37», pág. 102.
42 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 37», pág. 222.
43 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 38», pág. 181.
44 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 38», pág. 53.
45 La cual se transcribirá y analizará en el caso concreto.
46 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 39», pág. 147.
47 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 39», pág. 230.
48 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 41», pág. 177.
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pruebas c) del numeral 3.2.1. y f) del numeral 3.2.2, de la parte considerativa de esta
providencia, ésta última únicamente en cuanto a la ampliación del testimonio del señor
PLINIO CALLEJAS VALLEJO; y CONFIRMAR en todo lo demás, [...]».
71. Mediante auto del 17 de febrero de 201749 se corrió el traslado para alegar de
conclusión. La aquí demandante se pronunció para alegar la prescripción de la
acción disciplinaria, con sustento en la aplicación del artículo 30 de la Ley 734 de
200250.
72. En el fallo de primera instancia dictado el 29 de junio de 2017 la Procuraduría
Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa resolvió declarar la
responsabilidad de Ruth Virginia Díaz Velasco e imponerle la sanción de destitución
e inhabilidad general por el término de 14 años. En síntesis, se consideró lo
siguiente:
72.1. Aunque la defensa alegó que las visitas realizadas fueron en las vigencias
2009 y 2010, la temporalidad de las conductas imputadas estaba relacionada con
la vocación de permanencia, proyección y funcionamiento de la empresa criminal
liderada por Blahca Jazmín Becerra Segura; en consecuencia, era procedente la
aplicación de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Directiva 016 de 2011.
Lo anterior, sumado a que hacía parte del grupo en el que se surtía el procedimiento
tendiente a resolver las solicitudes de devolución y/o compensación, por lo tanto,
los comportamientos tuvieron alcance y repercusiones dentro del funcionamiento de
la organización criminal.
72.2. No se accedía a la solicitud de considerar los testigos como sospechosos por
las presuntas difamaciones que involucraban a la disciplinaria, pues no fueron
producidas en forma ilegal, sino ante una autoridad penal que dio lugar a una
sentencia condenatoria y, adicionalmente, fue trasladada a la actuación disciplinaria
en los términos de la ley.
72.3. Los miembros de la organización tenían conocimiento de la dinámica del
esquema de defraudaciones y esta interacción les permitía el intercambio de
información constante sobre lo que ocurría con los trámites, los funcionarios que
eran contactados para lograr que la solicitud fuera radicada de modo tal que se
procurara la apariencia de legalidad de las operaciones y los documentos adjuntos.
Tampoco se observaban elementos de juicio que comprobaran que las afirmaciones
hubieran sido tachadas por falsedad, por el contrario, correspondían al
conocimiento sobre el funcionamiento, distribución de tareas, personas
involucradas y la forma como los servidores de la Dian fueron sumándose a los
propósitos de la organización. A la par, se observaron elementos de coincidencia
sobre el tipo de contribución con base en el rol y cargo que tenían en las
49 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 42», pág. 205.
50 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 43», pág. 45.
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dependencias.
72.4. Las afirmaciones de Liliana Paola Huertas y Blahca Jazmín Becerra Segura
coincidían; además, eran conocedoras directas de lo que ocurría en la dinámica e
interacción propia que tenían para coordinar la estratagema que permitía sacar
avante la defraudación. De otro lado, Sandra Liliana Rojas dio cuenta de cómo
funcionaba el aporte de cada servidor involucrado y la retribución dineraria por esa
labor; en todo caso era lógico que la entrega del dinero no tuviera soporte y la falta
de mención de una suma exacta no significaba que no hubiera entregado o que la
servidora no lo haya recibido.
72.5. El informe de visita 2367 del 16 de octubre de 2016 a la empresa Divipacas
fue suscrito por la disciplinada. Con ocasión de este se expidió la Resolución 10903
del 21 de octubre siguiente, en la cual se ordenó la compensación de $393.537.00
y la devolución de $1.914.811.000 a través de títulos de devolución [ TIDIS]. Respecto
de esta empresa, en el informe final de la visita al sexto bimestre de 2008 la División
de Gestión de Fiscalización de la Dian detectó irregularidades en la información,
operaciones y en la facturación, aspectos que eran verificables en la visita que le
correspondía, es decir, eran una alerta por tratarse de una empresa del «denominado
sector sensible».
72.6. En el informe de visita 299 del 22 de febrero de 2010 practicada a la empresa
Alumek Ltda. [segundo bimestre de 2009] la funcionaria dejó constancia de que se
estaban manejando diferentes direcciones con registros seguidos en Cámara de
Comercio y que todos los proveedores remitían las facturas a una misma dirección.
A pesar de los antecedentes de esta sociedad, propuso proceder con la solicitud de
devolución y compensación.
72.7. Existían serios cuestionamientos sobre la existencia de las empresas
Divipacas S.A. y Alumek Ltda y sus operaciones contables. Esa información daba
cuenta de las alertas que se debían observar y, en todo caso, según los informes
se podía apreciar que había identidad en las personas que figuraban como socios
y representantes y, además, que Liliana Paola Huertas Adán y Sandra Liliana Rojas
«figuraban manejando asuntos contables y operacionales. Todos estos cuestionamientos
no pasaban de forma desapercibida».
72.8. Se demostró la permanente disposición de prestar apoyo a la organización con
las afirmaciones de Blahca Jazmín Becerra Segura, «además del hecho de que su
participación en el fraude llegó a ser conocida por otros miembros del grupo como las
contadoras SANDRA LILIANA ROJAS GARCÍA y LILIANA PAOLA HUERTAS ADÁN quienes [...] la
mencionaron de manera consistente como parte del grupo de apoyo a la organización
criminal al interior de la DIAN». Igualmente, (i) se probó que recibió dinero como
promesa remuneratoria de su labor al interior de la Dian; (ii) se valió de su
investidura de servidora pública para pertenecer al esquema delictivo, cuando su
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deber funcional le demandaba un actuar probo y correcto para el funcionamiento de
la administración pública; (iii) «dentro de la estructura de la organización criminal [se
acreditó] que no solo mediaba un acuerdo de voluntades con la señora BLAHCA JAZMÍN
BECERRA SEGURA, sino que el funcionamiento de esta estructura delictiva tenía una vocación
de permanencia y continuidad».
72.9. «La prueba aportada permit[ía] colegir [...] que la señora RUTH VIRGINIA DÍAZ VELASCO
recibió dinero de parte de BLAHCA JAZMÍN BECERRA SEGURA y sus socios, a cambio de su
compromiso con el entramado diseñado para el desfalco a la dirección de impuestos, para
lo que se aprovechó de su condición de servidora pública vinculada a la dirección seccional
de impuestos de Bogotá. Se considera que los documentos arriba reseñados demuestran
que la señora RUTH VIRGINIA DÍAZ VELASCO participó en la empresa criminal y que sus
compromisos principales con ella se relacionaban con el desarrollo de visitas de verificación
a las empresas solicitantes de devoluciones y sus proveedores, además, claro está, de
mantener protegido al grupo y evitar cualquier fuga de información que pusiera en peligro
su actuar ilícito».
73. Contra la anterior decisión la actora presentó recurso de apelación51. Insistió en
la ocurrencia de la prescripción de la acción disciplinaria y alegó que los testimonios
que sustentaron la decisión no eran eficaces.
74. El recurso se concedió en auto del 28 de agosto de 201752 y el 19 de junio de
201853 la Sala Disciplinaria de la PGN resolvió confirmar la decisión. En particular,
respecto de la prescripción, sostuvo:
«Lo anterior permite colegir a esta colegiatura que no son ciertas las
aseveraciones hechas por los apoderados de los investigados y ellos mismos,
tanto en sus descargos como en los recursos de apelación que ahora verifica esta
instancia, toda vez que si bien el proceso inició el 14 de enero de 2011 en la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, no lo es menos que para esa fecha
el proceso se encontraba en averiguación de responsables, sin ninguna persona
como procesada.
Ahora bien, el señor Procurador General de la Nación el día 14 de julio de 2011
ejerció el poder preferente y, en consecuencia, el proceso fue traído a este órgano
de control en donde luego del análisis probatorio respectivo se ordenó la apertura
de investigación disciplinaria con fecha 18 de septiembre de 2012.
[...] Obsérvese que la imputación efectuada a los funcionarios de la DIAN se
fundamentó en dos conductas penales, como son el cohecho propio y el concierto
para delinquir, este último tipo penal, según la misma Corte Suprema de Justicia,
tiene como una de sus características esenciales la vocación de permanencia en
el tiempo.
Advirtió la Delegada que los hechos materia de investigación culminaron con la
captura de los principales miembros de R&B, es decir, el día 14 de julio de 2011,
51 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 45», pág. 200.
52 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 46», pág. 258.
53 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 47», pág. 117.
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fecha para la cual los funcionarios aún estaban vinculados en la entidad y, por lo
tanto, al pertenecer a dicha estructura delincuencial su actuar delincuencial
trasegó hasta ese momento. Es decir, esa fue la fecha que se determinó como la
última en que se presentaron las conductas reprochadas a los servidores públicos,
específicamente en lo que tiene que ver con el concierto para delinquir.
[...] Con fundamento en las apreciaciones anteriores, considera la Sala
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que le asiste razón a la
primera instancia, en el sentido que las pruebas obrantes en el plenario permiten
dilucidar de manera clara la existencia de una auténtica red delincuencial que
operaba desde afuera de la entidad a través de R&B, liderada por Blahca Jazmín
Becerra Segura y en el interior de la DIAN a cargo del grupo de funcionarios que
fueron sancionados».
75. Y, sobre la responsabilidad de Ruth Virginia Díaz Velasco, consideró lo que se
resume a continuación:
75.1. En la sentencia dictada en el proceso penal se analizaron los elementos
materiales probatorios en su conjunto. Además, se indicó que las solicitudes de
devolución iban acompañadas de una serie de documentos falsos y se logró la
expedición de los actos administrativos de adjudicación, actividad en la cual era
determinadora Blahca Jazmín Becerra Segura, «pero que contó con la colaboración de
un gran número de personas, entre ellas, funcionarios de la DIAN, quienes actuaron
sometidos por un acuerdo de voluntades que incluía una contraprestación económica a su
favor».
75.2. Sobre el interés directo de los miembros de la sociedad R&B porque estaban
negociando su entrega a cambio de información, no podía tenerse como
impedimentos para dar certeza a sus dichos, pues tenían conocimiento de la
dinámica de las defraudaciones y esa interacción les permitía el intercambio de
información sobre lo que ocurría con los trámites y los funcionarios. No existían
elementos que permitieran comprobar que las afirmaciones hubiesen sido
consideradas como dudosas o sospechosas.
75.3. De acuerdo con el material probatorio, Ruth Virginia Díaz Velasco hizo parte
de la organización de Blahca Jazmín Becerra Segura, dedicada al trámite irregular
de devoluciones del impuesto sobre las ventas, «con la que se comprometió y a la que
colaboró de manera eficaz y directa, presumiblemente entre el año 2008 y el mes de julio
de 2011, cuando la empresa criminal fue desestructurada debido a la captura de sus
principales miembros [...]. Conforme con lo referido, la participación de Ruth Virginia Díaz
Velasco en la empresa criminal se encuentra demostrada, colaboración que incluyó su
ayuda personal y directa en el adelantamiento de trámites de devolución concretos, de
acuerdo con sus funciones en el grupo de devoluciones, lo que le permitía tener acceso a
expedientes específicos de las empresas que hacían parte del montaje de Blahca Jazmín,
como DIVIPACAS, por ejemplo».
75.4. El segundo cargo tuvo como fundamento el ejercicio de su función para una
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finalidad distinta de la prevista en la norma otorgante, con el propósito de defraudar
otra norma de carácter imperativo. Esto por haber utilizado su cargo en la Dian, así
como los conocimientos y el acceso que le ofrecía su rol para convertirse en un
eslabón útil en las actividades ilegales, lo cual se demostró con las declaraciones
expuestas por los miembros de la red delincuencial. «[N]o [eran] ciertas las
aseveraciones de la defensa, en el sentido de que no se realizó una correcta valoración de
las pruebas, toda vez que las mismas no indica[ba]n otra cosa más que la participación de
Díaz Velasco en las defraudaciones que le costaron a la entidad más de treinta mil millones
de pesos».
2.4. La prescripción de la acción disciplinaria
2.4.1. Marco normativo y jurisprudencial
76. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002 previó que la acción disciplinaria prescribía
en 5 años «contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para
las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. [...] Cuando
fuer[an] varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones
se cumpl[ía] independientemente para cada una de ellas».
77. Al respecto, en la sentencia de unificación proferida el 29 de septiembre de 200954
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, se hicieron
las siguientes precisiones:
«Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para
que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a
continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera
que la tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que la sanción
disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse
y notificarse el acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el
proceso disciplinario. Es este el acto que define la conducta investigada como
constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad
de la administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados
como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior
cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación
sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del
administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada "vía
gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita o
no los recursos que legalmente procedan contra el acto.
[...]
54 Radicación 11001-03-15-000-2003-00442-01(S)IJ.
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Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar
el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra
el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia
que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del investigado, a su
arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la sanción, porque en
muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias del
trámite de notificación de las providencias.»
78.Luego el artículo 30 citado fue modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de
2011, cuyo tenor literal era:
«Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción
disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de
la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este
término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la
realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado
el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto
de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas
juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente
para cada una de ellas.
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique.»
79.El criterio expuesto en 2009 se mantuvo en la sentencia proferida el 21 de mayo
de 201955 [también por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo]. En esta
oportunidad se explicó lo que a continuación se transcribe:
«La mencionada sentencia del 29 de septiembre de 2009 es la postura actual
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el sentido de señalar
respecto de la aplicación de la prescripción regulada en las Leyes 25 de 1974 y
23 de 1984, que en el régimen sancionatorio disciplinario “la sanción se impone
de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad,
se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa
sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los
recursos de la vía gubernativa” [...].
[...]
91. Entonces, de acuerdo con este fallo del 29 de septiembre de 2009, la Sala
reitera que la sanción disciplinaria se entiende impuesta con la expedición y
notificación del acto principal que la contiene, siendo éste el que concluye la
actuación administrativa y que se tiene en cuenta para efectos de la interrupción
de la prescripción de la acción disciplinaria.»
55 Radicación 11001-03-25-000-2011-00371-00
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80. De acuerdo con lo expuesto, dentro de los 5 años que prevé la norma se deberá
expedir y notificar el acto primigenio que impone la sanción porque con este se
concluye la actuación administrativa, en razón a que el recurso es facultativo del
disciplinado y la decisión se circunscribe a examinar la decisión y a revocarla,
modificarla o confirmarla, según el caso.
81. Es del caso precisar que si bien es cierto que la Ley 1474 de 2011 previó que
los 5 años se contaban a partir del auto de apertura de la investigación, pero no
estableció el extremo final del término de la prescripción de la acción disciplinaria,
también lo es que, de acuerdo con la jurisprudencia, ello ocurre cuando se decide
la situación del disciplinado a través del fallo de primera instancia.
82. En efecto, al revisar los antecedentes de dicha ley, se observa que en la
exposición de motivos del proyecto de ley 142 de 2010 [Senado] y 174 [Cámara] se
propuso modificar los términos de la investigación disciplinaria así [gaceta 607/10]:
«De acuerdo con lo analizado en la práctica diaria por la Procuraduría, se tiene
que existe una serie de obstáculos para llevar a cabo su labor en forma eficiente
y oportuna. Entre tales obstáculos se encuentra que el inicio de las actuaciones
disciplinarias, en muchos casos, no es coetáneo con la comisión de los hechos
respectivos, dada la dilación existente a nivel territorial y/o municipal para dar
traslado de su conocimiento a los órganos de control, o porque no hay un
seguimiento preventivo de la labor de las autoridades pública sino posterior y
reactivo, que dificulta cumplir a cabalidad los términos de investigación y
juzgamiento; aunado a que tales términos son muy cortos dadas las realidades
nacionales anotadas.
[...] La justificación parcial para cada artículo modificado es la siguiente:
A. Se modifican los términos de prescripción de la acción disciplinaria
consagrados en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, [...]. Así mismo, se adiciona
un parágrafo en el que expresamente se consagra que el fallo de primera
instancia interrumpe el término prescriptivo.» [sic]
83.Lo mismo se consignó en el informe de ponencia para el primer debate en el
Senado:
«La justificación particular para cada artículo modificado es la siguiente:
A. Se modifican los términos de prescripción de la acción disciplinaria
consagrados en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, ampliando dicho
término de 5 a 10 años para las faltas leves y graves y para las faltas
gravísimas en un término de 12 años. Así mismo, se adiciona un parágrafo
en el que expresamente se consagra que el fallo de primera instancia
interrumpe el término prescriptivo.
B. En los demás, la norma mantiene los criterios de contabilización de los
términos de prescripción en tratándose de faltas instantáneas y para las de
carácter permanente o continuado, así como para cuando fueren varias las
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conductas juzgadas en un solo proceso y su sujeción a los tratados
internacionales que Colombia ratifique. Así mismo, se adiciona un parágrafo
para consagrar expresamente, que el término prescriptivo se interrumpe
en todos los casos con el fallo de primera instancia».
84. Por tal razón, se propuso que en un parágrafo se incluyera la disposición: «[e]l
término prescriptivo se interrumpe en todos los casos con el fallo de primera instancia».
Luego, según se observa en las Gacetas 19 y 35, se modificó a que el término se
interrumpía en todos los casos «con la notificación de los fallos de primera o única
instancia, según el caso».
85. A pesar de que en el texto final del artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 no se
incluyó la disposición antes transcrita, lo expuesto permite inferir que también
buscaba que el límite de la prescripción fuera el fallo de primera instancia. De ahí
que, incluso con la modificación al artículo 30 de la Ley 734 de 2002, se tenga el
límite previsto en la sentencia antes referida.
86.También lo interpretó de esa manera la Subsección A de esta Sección el 2 de
marzo de 202356:
«Así las cosas, la tesis jurisprudencial a aplicar respecto de la prescripción, es
sin duda la contenida en la sentencia del 29 de septiembre de 2009 de la Sala
Plena del Consejo de Estado, según la cual, tratándose de régimen sancionatorio
disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asignado para ejercer esta potestad se expide y se notifica el acto administrativo
principal que resuelve de fondo el proceso sancionatorio.
[...] En lo que corresponde al primer cargo, la falta disciplinaria que se investigó
es de ejecución continuada, en tanto que los hechos ocurrieron desde el 5 de
febrero hasta el mes de septiembre de 2011, motivo por el cual la norma aplicable
para efectos de la acción disciplinaria, era la Ley 1474 de 2011, que modificó el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002, como se mencionó en el acápite anterior.
Así las cosas, teniendo en cuenta que en el asunto sometido a consideración, el
16 de septiembre de 2013, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa dio apertura de investigación disciplinaria en contra de José Uriel
González Vargas, en su condición de alcalde de Sibaté y de Gustavo Adolfo
Borbón García, en su calidad de gerente encargado de la ESE del municipio de
Sibaté la acción disciplinaria prescribía el 16 de septiembre de 2018; no obstante,
como la decisión disciplinaria de primera instancia se emitió el 23 de febrero de
2016 y se notificó al señor Borbón García, personalmente, el 3 de enero de 2017,
observa la Sala que no se configuró dicho fenómeno».
87. Criterio que también expuso la Sala 5 Especial de Decisión en sentencia del 5
de agosto de 201557 y la Sala 12 Especial de Decisión de esta corporación en
sentencia del 16 de julio de 202558, en la cual expuso:
56 Radicación 25000-23-42-000-2018-00318-01 (2600-2020).
57 Recurso extraordinario de revisión, radicación 11001-03-15-000-2024-06984-00.
58 Recurso extraordinario de revisión, radicación 11001-03-15-000-2024-00835-00.
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«En suma, bajo la vigencia del CDU, modificado por la Ley 1474 de 2011, para
que no se configure la caducidad de la acción disciplinaria, el auto de apertura
de la investigación debe proferirse dentro de los 5 años siguientes a la ocurrencia
de la falta; y para que no opere la prescripción de la acción disciplinaria, la
decisión de primera instancia debe expedirse dentro de los 5 años posteriores al
auto de apertura de la investigación.» [se resalta]
88. En suma, esta corporación ha interpretado que, aun con la modificación de la
Ley 1474 de 2011 se mantiene el criterio de la sentencia del 29 de septiembre de
2009, lo cual coincide con la intención inicial del legislador de establecer
expresamente que la prescripción se interrumpe con el fallo de primera instancia y
su notificación.
2.4.2. Caso concreto
89. En la demanda, la actora alegó que los 5 años de prescripción de la acción
disciplinaria se empezaban a contabilizar desde la fecha en que se produjo el auto
de apertura de la acción disciplinaria [18 de septiembre de 2013], es decir que el
término finalizaba el 18 de septiembre de 2017; sin embargo, el fallo sancionatorio
se expidió el 18 de agosto de 2018, esto es vencido el término legal. Frente a este
aserto, basta remitirse a las consideraciones antes expuestas para señalar que era
con la notificación de la decisión de primera instancia, tal como lo sostuvo el a quo.
90. Luego, en el recurso de apelación varió la argumentación para indicar que la
prescripción de la acción disciplinaria ocurrió porque se debía aplicar el artículo 30
de la Ley 734 de 2002, es decir, 5 años a partir de la fecha en que ocurrieron los
hechos materia de investigación, «dado que los hechos investigados se realizaron entre
2009 y 2010 por ende [era] claro que [eran] previos al 12 de julio de 2011, data en la que
se sancionó la Ley 1474 de 2011». A su vez, la fecha de captura de Blahca Jazmín
Becerra Segura [14 de julio de 2011] no tenía injerencia con «la perfección de la
conducta», en razón a que no ostentaba la calidad de servidora pública.
91.Pues bien, previamente a resolver el cargo de apelación es necesario precisar
que las faltas instantáneas ocurren cuando «la realización del comportamiento descrito
como ilícito se agota en un solo momento, es decir cuando se exterioriza la acción o la
omisión»59, mientras que las continuadas o permanentes se configuran cuando «el
comportamiento se prolonga en el tiempo, de manera que la consumación de la falta se
prolonga o perdura entre tanto dure la conducta»60.
59 Corte Constitucional, sentencia T-282A de 2012.
60 Ibidem.
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92. A su turno, en sentencia del 23 de abril de 2025, esta Subsección61 explicó que
la calificación de la falta [como instantánea o continuada] «está ligada a su adecuación
típica por parte de la autoridad disciplinaria, pues al momento de proferir el pliego de cargos,
la entidad que adelanta el proceso disciplinario debe plasmar con claridad la conducta que
reprocha, incluyendo los límites temporales del deber funcional infringido».
93. Igualmente, se enfatizó que «cuando el acto sancionable se agota de modo
instantáneo, en un sólo momento, la forma de fijar el primer día del término de prescripción
se desencadena, luego de que la acción reprimible se agota en sí misma. Mientras que las
faltas de carácter continuado, permanente o sucesivo, en tanto se prolongan en el tiempo,
mientras sigue lesionando los bienes jurídicos que la norma protege, la prescripción opera
hasta tanto no cesen los efectos de la situación que abrió el camino a ese estado de cosas
trasgresor de la legalidad y ofensivo de los deberes, los principios de la función pública y
de los bienes jurídicos amparados o protegidos por el ordenamiento jurídico62» [se resalta].
94.Entonces, se recuerda que –en el pliego de cargos– la Procuraduría consideró
que Ruth Virginia Díaz Velasco «hizo parte activa de la organización delictiva liderada
por BLAHCA JAZMÍN BECERRA SEGURA desde la sociedad R&B, dedicada al trámite irregular
de devoluciones del impuesto a las ventas, con la que se comprometió y a la que colaboró
de manera eficaz y directa, presumiblemente entre el año 2009, y el mes de julio de 2011,
cuando la organización fue desmantelada, debido a la captura de sus principales
miembros». Era así porque su participación incluyó «su involucramiento personal y
directo en el adelantamiento de trámites de devolución concretos, dadas sus funciones en
el grupo de devoluciones que le permitieron conocer expedientes específicos de empresas
que hacían parte del montaje de la organización»; además, porque recibía una
remuneración ilegal para mantener el funcionamiento del propósito criminal.
95. A la par, expuso que la disciplinada ejerció las potestades que su empleo le
concedía para una finalidad diferente de la prevista en la norma otorgante y que,
adicionalmente, tenía el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo,
en razón a que utilizó su posición en la Dian, así como sus conocimientos y el
acceso que le ofrecía su rol para convertirse en un eslabón útil en la cadena que se
fue forjando a partir de las actividades ilegales dirigidas por Blahca Jazmín Becerra
Segura. A esto agregó: «la señora DÍAZ VELASCO compaginaba el ejercicio de su cargo en
la dirección de impuestos con su carácter de miembro de la organización delictiva de R&B,
sin que exista ninguna prueba que permita suponer que se haya desligado de esta última
antes de su desmantelamiento por parte de las autoridades».
96. Ahora, en el recurso de apelación, la actora afirmó que los hechos ocurrieron
en 2009 y 2010 y, por lo tanto, se debía aplicar el artículo 30 original de la Ley 734
de 2002; no obstante, no hizo precisión de la circunstancia fáctica a la que se refería.
61 Sentencia del 23 de abril de 2025, radicación 11001-03-25-000-2016-00592-00, C.P. Elizabeth
Becerra Cornejo.
62 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2010,
expediente 25000-23-25-000-2004-05678-02(2137-09).
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Aunque señaló que se trataba de las «actuaciones [...] en los procesos de devolución
tributaria», la Sala comprende que se trata de las visitas realizadas por ella a las
empresas Divipacas y Alumek, en cumplimiento de la comisión ordenada por su
superior jerárquico.
97. No obstante, no puede ser este el parámetro para determinar la norma aplicable,
pues la imputación no se erigió en la realización de unas visitas puntuales, sino en
la participación con vocación de permanencia en la organización criminal liderada
por Blahca Jazmín Becerra Segura, en la cual recibía una contraprestación por
colaborar indebidamente a que se accediera a la devolución del impuesto sobre las
ventas.
98. Dicho en otras palabras, se le endilgó el hecho de pertenecer a una
organización criminal y facilitar los resultados de las devoluciones de impuestos
desde el año 2008 a 2011, en razón a que el 14 de julio de este último Blahca Jazmín
Becerra Segura, determinadora y líder, así como los demás miembros fueron
capturados. Tal como lo precisó la Procuraduría, en esa fecha Ruth Virginia Díaz
Velasco continuaba vinculada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y
solo hasta este momento cesó el ejercicio criminal de la organización en la que, con
el fin de obtener una contraprestación económica, realizaba actos para facilitar la
devolución del IVA.
99. De ese modo, contrario a lo sostenido en la apelación, la Sala considera que la
fecha tomada como extremo final de la conducta constitutiva de falta sí era el 14 de
julio de 2011, pues fue en ese día que cesó la situación que dio lugar al estado de
cosas trasgresor de la legalidad y ofensivo de los deberes. Es así, además, porque
de las interceptaciones telefónicas se desprende que el actuar criminal se extendió
hasta el momento de la captura63.
63 Por ejemplo: «ID 3610302 2011/05/25-13:28:44 ENTRANTE/3017266492 Sandra ROJAS recibe
llamada de MUJER NN (Jazmín?), quien le pregunta qué ha pasado?, Sandra ROJAS le dice que
todo está bien, MUJER NN (Jazmin?) le pregunta si mandaron la fotos, Sandra ROJAS le dice que
sí, que la persona que hizo la visita vio las fotos y dijo que tiene muy buena infraestructura, MUJER
NN (Jazmín?) le dice que estuvo hablando con Tulia del cruce con trascontinental, Sandra ROJAS
le dice que están pidiendo el software para la facturación y la información del 5to y el 6to porque eso
lo necesitan, MUJER NN (Jazmin?) le dice que Brillith es MEDAL, también le dice MUJER NN
(Jazmin?) que averiguo ” 21 SIGLO XXI y ya consiguieron el que hace las actas de los repartos,
pregunta si Nelly la embarro o qué?, Sandra JAS le dice que no porque no habló nada, también
MUJER NN (Jazmín?) le pregunta sobre lo del ARRIERO, Sandra ROJAS le dice que hablo con
Jaime, y que se le hace muy raro porque nunca se ha usado para nada, ni siguiera hay facturas,
MUJER NN (Jazmín?) le dice que de pronto fue el paisa a averiguar algo por allá, le pregunta si le
cogió el número, Sandra ROJAS le dice que no, le dice que de LORETEX están haciendo el cruce
con MUNDOCONTEX, MUJER NN (Jazmin?) le dice que fueron a mirar lo de la ADUANA y que les
gustó mucho, también le dice que tanta cosa con el banco de la república, Sandra ROJAS-le dice
que de todas mareras de CIRUTEX no se hacen las transacciones, tendrían que entrar a hacer la
investigación es a la comercializadora, MUJER NN (Jazmín?) 7 le dice que la AEROTEX se sale,
Sandra ROJAS le dice que ahí ya tenían todos los cruces, MUJER NN (Jazmín?)le dice que ya
hubieran podido haber hecho algo, porque para que dejar hasta el último día y ya tendría que haber
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100. En ese hilo de comprensión, la Sala disciplinaria considera que la falta imputada
no fue de carácter instantáneo, sino sucesivo o continuado, en razón a que implicó
una voluntad que se extendió en el tiempo, en perjuicio de la administración pública
y el principio de moralidad. Es decir, sus efectos se mantuvieron hasta el momento
en que cesó la relación con la organización, es decir, el 14 de julio de 2011 cuando
ocurrió la captura antes referida.
101. Ello
guarda relación con las conductas delictivas a las que acudió la
Procuraduría al momento de imputar los cargos y sancionar a la demandante:
cohecho propio y concierto para delinquir.
102. Este último, en término de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia «[t]iene lugar cuando varias personas se asocian con el propósito de cometer
delitos indeterminados, ya sean homogéneos, como cuando se planea la comisión de una
misma especie de punibles, o bien heterogéneos, caso en el cual se concierta la realización
de ilícitos que lesionan diversos bienes jurídicos; desde luego, su finalidad trasciende el
simple acuerdo para la comisión de uno o varios delitos específicos y determinados, en
cuanto se trata de la organización de dichas personas en una sociedad con vocación de
dado sus frutos, le dice que no cree que quede algo pendiente con esa, le dice que no mas te faltan
3 semanas, también para ver que hacen con MALTEC, pensó en poner de representante de MALTEC
a James, Sandra ROJAS le dice que él estuvo en capital y ahí tuvieron problemas con Adriana Botina,
MUJER NN (Jazmín?) le pregunta que entonces que hace?»; «2011/07/13 10:20:01 ... Sandra
ROJAS habla con Yazmín, la cual le pregunta si sabe algo de la noticia, SANDRA ROJAS le dice
que en noticias dijeron de un escandalo en la DIAN que iban a capturar a 12 funcionarios, [...]
SANDRA ROJAS le dice que asume que eso fueron las personas que hablaron por allá, Yazmín le
dice que cualquier no puede ir por allá porque queda involucrado, SANDRA ROJAS le dice que eso
dice que eso es de las devoluciones desde el 2004, Yazmín le dice que ahora oyen eso en
barranquilla y de pronto haya algún problema, SANDRA ROJAS le dice que habló con ellos esta
mañana pero solo habló lo del comité pero no tocaron el tema de noticias, YAZMÍN le dice que un
escándalo de la DIAN, eso se oye en todo lado, le dice, porque ahora le toca llamara a Álvaro, le
dice que llamó a Amparo porque como eso salió en las noticias, SANDRA ROJAS le dice que el que
llamó fue el de SISOLEC y le dijo que necesitaba hablar con ella porque está muy preocupado, pero
no dijo porque, Yazmin le pregunta si ya le entregó la papelería a Martha Franco, SANDRA ROJAS
le dice que no porque es hasta el viernes, Yazmín le dice que entonces es mejor no entregarle nada
y decirle que no hubo transacciones, SANDRA ROJAS le dice que se le hace raro eso con ese señor,
Yazmín le dice que seguro vio en las noticias lo de facturas ficticias y por eso es no la había llamado
a contarle eso, yazmín le dice que amapro le dijo que en las noticias dijeron que ya todo estaba visto
[...] SANDRA ROJAS le dice que como no sabe cuales funcionarios ni nada por eso no la llamó,
Yazmin le dice que en el periodico salió que eran 73.5 billones de pesos y que porque se les está
metiendo en la cabeza que son ellos, le dice que lo que la preocupa es que va a pasar con
Barranquilla, porque de pronto paran eso, [...] SANDRA ROJAS le dice que eso siempre ha sido así,
le dice que hasta ahora todo ha salido bien [...] en cambio Yazmín solo tiene a Amparo que le dice,
como por ejemplo ella dijo que ya descubireron a los funcionarios, en noticia salió lo de cobranzas
pero ella dijo que eran los funcionarios de devoluciones a los ex funcionarios y si eso es así el primero
que volara erá PLINO [...] SANDRA ROJAS le dice que lo único que ha mirado fue lo del espectador
que dice que a una funcionaria la apuñalearon porque ella había descubierto todo, Yazmin le dice
que tal que en eso tenga que ver Paulina, SANDRA ROJAS le dice que de pronto es Paulina pero
que ella no sabe nada, [...] Yazmín le dice que le preocupa porque las que estaban pendientes son
las de ellas, [...]» [sic].
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permanencia en el tiempo»64.
103. Además, (i) «el concierto para delinquir subsiste con independencia de que los delitos
acordados se cometan o no»; (ii) «el acuerdo o la adhesión a la empresa criminal puede
ser previo a la realización de los delitos convenidos, concomitante o incluso posterior a la
comisión de algunos de ellos»; y (iii) aquel «es, por antonomasia, un ejemplo del delito de
carácter permanente, pues comienza desde que se consolida el acuerdo de voluntades
para cometer delitos indeterminados y se prolonga en el tiempo hasta cuando cesa tal
propósito ilegal»65.
104. Lo anterior permite afirmar que, por el conocimiento de los procedimientos
tributarios y mientras Ruth Virginia Díaz Velasco conservó la calidad de empleada
pública vinculada a la Dian, estuvo en la capacidad de cumplir con las exigencias
de favorecer en las visitas a la organización criminal a través de conceptos positivos
para que se expidieran las resoluciones a través de las cuales se ordenaba la
devolución del impuesto a las ventas; además, recibía beneficios diferentes del
dinero por parte de la organización [como se expondrá más adelante]. En
consecuencia, su relación legal y reglamentaria vigente para antes del 14 de julio
de 2011 era indicativa de potencialidad de daño a los bienes jurídicos66.
105. Por lo anterior, la Sala considera que, tal como lo consideró la Procuraduría y el
a quo, la conducta reprochada se extendió hasta el 14 de julio de 2011, fecha en la
cual los miembros de la organización criminal fueron capturados. En ese orden, la
norma aplicable era la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
106. Con todo, comoquiera que el auto de apertura de la investigación disciplinaria
se expidió el 18 de septiembre de 2012, el acto sancionatorio de primera instancia
se dictó el 29 de junio de 201767 y la notificación se surtió el 19 de julio del mismo
año68, es decir, dentro del término legal, ha de concluirse que no operó la
prescripción de la acción disciplinaria. En consecuencia, el cargo no tiene vocación
de prosperidad.
64 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 24 de septiembre de 2025, SP1927-2025, M.P. Carlos
Roberto Solórzano Garavito.
65 Ibidem para las 3 citas del párrafo.
66 Este criterio también fue expuesto por esta Subsección en la sentencia supra citada, dictada el 23
de abril de 2025, en la cual se consideró: «[e]n ese sentido, mientras el disciplinado conservó la
calidad de senador estuvo en capacidad de cumplir la exigencia de influir por la región que pactó con
los grupos al margen de la ley, a cambio del apoyo electoral, según lo relató la Corte Suprema en el
aparte trascrito de la sentencia de 8 de junio de 2011, por ende, su permanencia en el Senado de la
República era indicativa de potencialidad de daño a los principios de la función pública, y a los bien
jurídicos protegidos, esto es, entre otros, la dignidad de la investidura de congresista, la
transparencia y la moralidad».
67 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 44», pág. 1 a 500.
68 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 45», pág. 362.
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2.5. La tipicidad y valoración probatoria
2.5.1. Marco normativo y jurisprudencial
2.5.1.1. La categoría dogmática de tipicidad
107. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta,
fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y
correccional69. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que para
imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.
108. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su turno, la
Ley 734 de 2002 que el servidor público y el particular solo serían investigados y
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran descritos como
falta en la ley vigente al momento de su realización.
109. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una «categoría dogmática» que
«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso»70,
así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó solo al
legislador para que establezca qué conductas constituían una infracción de carácter
disciplinario, el cual está obligado «a describir la conducta o comportamiento que considera
ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna
sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»71
110. Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o
sujeto pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de la
falta que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador «definir de forma abstracta
y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio de funciones
públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que le ha
sido encomendado o por el abuso de su ejercicio72».73
111. Es decir que este principio comprende dos garantías74: la primera, de orden
material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
69 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
70 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00
(2388-2010).
71 Sentencia C-135 de 2016.
72 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
73 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
74 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
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previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se
concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual podrá
hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados los
elementos estructurales de la conducta antijurídica»75.
112. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta
corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el
legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar un
servidor público. Al respecto se dijo lo siguiente76:
«El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de
la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable
y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez,
una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo
el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido.
El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la
autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se
encuentra en el derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar
descritos los comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una mayor
flexibilidad al concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la ley haga
un listado detallado de absolutamente todas las conductas constitutivas de
falta77; como consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto de vista
constitucional78, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la
formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una
amplitud tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se
encuentren consagrados los deberes, las funciones o las prohibiciones que se
imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un proceso de hermenéutica
sistemática lógica que demuestre en forma congruente cómo la conducta
investigada se subsume en la descrita por la ley.»
113. En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada apuntó
a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas siempre que las
remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los comportamientos
censurarles», lo cual tiene asidero en que permitir que el operador disciplinario
establezca a su arbitrio la conducta reprochable desconocería el principio de legalidad
previsto en el artículo 29 superior.
75 Ibidem
76 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
77 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las
conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»77,
posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
78 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-
393 de 2006.
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114. De otro lado, respecto de la formulación de los tipos abiertos y en blanco, también
explicó está Sección79:
«Lo anterior se desprende del concepto jurídico avalado en la sentencia C-818
de 200580, entre otras, en la cual se sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas
infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con
un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas,
remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en
las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables
a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se
determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la
orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el
incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una
infracción disciplinaria».
En relación con los tipos en blanco, aquella Corporación también considera que
apunta a preceptos que requieren de una remisión normativa para completar su
sentido81 bajo la condición de que se «verifique la existencia de normas jurídicas
precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos
aspectos de los que adolece el precepto en blanco» exigencia que trasciende al
campo disciplinario, según lo señalado por la sentencia C-343 de 2006.
No obstante, la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para
señalar que los primeros requieren de un suplemento normativo para completar
su alcance82, mientras que los segundos se pueden delimitar así «El tipo abierto,
como lo ha definido su creador, es aquel en el cual el legislador no ha
determinado de manera completa la materia de la prohibición,
correspondiéndole cerrarlo al juez: “la materia de la prohibición no está descrita
en forma total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”83, afirma Hans
Welzel»84. Es así como los tipos en blanco se han incluido en la clasificación de
tipos según su estructura formal85, mientras que los abiertos ingresan en la
división según su contenido86».
115. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
sanciona está descrita de manera precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas; la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación con la conducta.
2.5.1.2. La valoración probatoria en los procesos disciplinarios
116. La Ley 1015 de 2006 «[p]or medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para
79 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
80 En este aparte cita la Sentencia C-401 de 2001.
81 Ver la sentencia 404 de 2001.
82 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
83 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,
Depalma, 1979, p.6.
84 Gómez Pavajeau. Óp. Cit., p. 431.
85 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
86 Ibidem p.118.
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la Policía Nacional» previó que los autos interlocutorios y los fallos proferidos dentro
del proceso disciplinario deberán estar debidamente motivados, atendiendo los
principios de razonabilidad y congruencia [art. 18] y que, en lo no previsto, se
aplicarían «los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por
Colombia, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Contencioso Administrativo,
Penal, Penal Militar, Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que [fuera]
compatible con la naturaleza del derecho disciplinario» [art. 20].
117. A su turno, la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único vigente para la época
de los hechos e investigación, dispuso lo siguiente:
1.1. Artículo 128: toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario debe fundarse
en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de
cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba
corresponde al Estado.
1.2. Artículo129: el funcionario debe buscar la verdad real. Para ello es
obligatorio investigar con igual rigor todos los hechos y circunstancias que
demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del
investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de
responsabilidad. Para tal efecto, puede decretar pruebas de oficio.
1.3. Artículo 141: las pruebas deben apreciarse conjuntamente de acuerdo con
las reglas de la sana crítica. En toda decisión motivada debe exponerse
razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.
118. Al respecto, en la sentencia de unificación dictada el 9 de agosto de 2016 87, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sostuvo que el juez puede examinar
sin restricciones la interpretación normativa efectuada por el operador disciplinario
y realizar una nueva valoración del acervo probatorio de acuerdo con la sana crítica.
119. Es así como al juez le corresponde verificar el grado de solidez de las
inferencias probatorias de la autoridad disciplinaria para constatar si las
conclusiones que fundamentaron la sanción se ajustaron a la realidad y si esta se
estructuró a la luz de los postulados de la sana crítica.
120. Esta Sección ha señalado que aquella —la sana crítica— como criterio de
valoración probatoria, «está edificada con los criterios de la lógica, el uso de la ciencia y
de la técnica, y las reglas de la experiencia»88. Igualmente, precisó lo que sigue89:
87 Radicación 11001-03-25-000-2011-00316-00(SU).
88 Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicación 11001-03-25-000-2011-00718-
00(2720-11).
89 Ibidem.
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«En cuanto a la ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones,
estudios y dictámenes de los expertos en determinadas materias. A su vez, las
reglas de la experiencia pueden ser individuales y colectivas, como también
pueden ser construidas por conocimientos públicos y privados.90 Una regla de la
experiencia plena es la que tiene en cuenta tanto lo colectivo como lo
público.91 Estas pueden acreditarse por cualquier fuente de conocimiento, sin
que sea necesario una prueba o cierta formalidad.92».
Así las cosas, si bien no existe una tarifa legal para decir cómo debe acreditarse
un hecho o circunstancia, los razonamientos probatorios pueden apoyarse en
diferentes medios de convicción que lleven al convencimiento sobre algo que
ocurrió, lo cual requiere un proceso racional, ponderado, objetivo, revestido de
ecuanimidad y rectitud de juicio».
121. De acuerdo con lo anterior, las pruebas deben analizarse conjuntamente de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, las cuales harán parte de la motivación
del acto sancionador. Para ello, es imprescindible que la autoridad señale y haga
un examen crítico de los documentos, testimonios y demás elementos aportados a
la investigación; dicho de otro modo, no es «dable emitir un fallo sancionatorio en el que
no obre prueba en el proceso que conduzca a la certeza en cuanto a la existencia de la falta
y responsabilidad del investigado»93.
2.5.1.3. Prueba testimonial
122. Tal como lo ha señalado la doctrina, las declaraciones son «hechas —en general,
aunque no necesariamente, en respuesta a preguntas formuladas en el curso de un
interrogatorio ad hoc— por una persona que supuestamente sabe algo que puede ser útil
para establecer la verdad de los hechos en disputa—»94.
123. Cuando se trata de testimonios, esta corporación ha señalado que, a través de
este, el juez puede reconstruir los hechos objeto de investigación, a partir de la
narración que realice quien haya tenido conocimiento por haberlos percibido con
sus sentidos95. Así, el testigo es una persona «de quien se supone que sabe algo
relevante sobre los hechos del caso y a quien se interroga bajo juramento con el fin de
saber lo que ella conoce sobre tales hechos96»97, por tal razón, es necesario establecer
90 Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio. LÓGICA, CIENCIA Y EXPERIENCIA EN
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Revista Chilena de Derecho, vol. 41, n.º 2, pp. 673 – 703. 2014.
91 Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicación 15001-23-33-000-2015-00502-
01(4235-17).
92 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería ediciones del Profesional LTDA.
Décima sexta edición. Bogotá. 2008. Pp. 96 y 97.
93 Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2021, radicación 11001-03-25-000-2011-00367-
00 (1380-2011).
94 Taruffo Michele, La prueba. Ed. Marcial Pons, 2008, pág. 62.
95 Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación 44001-23-33-000-2016-00115-01
(0226-2017).
96 Acerca de la historia del testimonio véanse LEVY, 1963a: 49; GILISSEN, 1963: 800;
KIEL.MANOVICH, 1996: 119.
97 Óp. Cit. 75. Pág. 62.
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sus características para determinar que su relato sea creíble y fidedigno, tales como
el interés o si es parte o no de la causa.
124. Frente al primero, se ha sostenido que no es una causa para excluir el
testimonio, pues aun teniendo interés puede ser interrogado, máxime si con su
relato se demuestra que tuvo conocimiento directo de los hechos. En el segundo
caso, las partes son «quienes mejor conocen los hechos en litigio»98 aunque deben
examinarse con «sumo cuidado»99.
125. Ciertamente, la jurisprudencia de esta Sección ha reconocido que la prueba
testimonial ofrece algunos peligros «a los cuales inevitablemente está sometida la
justicia a la hora de valorarlos100; los riesgos de error y falsedad son frecuentes y difíciles
de descubrir, no obstante, no puede considerarse que el remedio a estos problemas
consista en eliminar esta prueba, pues, salvo en el campo de los negocios jurídicos, “es un
mal necesario”101».
126. En ese orden, la fuerza probatoria material depende de que el juez o la autoridad
administrativa encuentre en cada una de las declaraciones, en su conjunto con las
demás, «argumentos que le sirvan para formarse su convencimiento sobre los hechos que
interesen al proceso»102, los cuales deberán erigirse a la luz de las reglas de la sana
crítica.
127. Para tal efecto, se han establecido criterios racionales a partir de los desarrollos
de la psicología del testimonio que son103:
Criterio Contenido
«La adecuada estructuración lógica del relato ha sido uno de los
criterios más relevantes a la hora de valorar la credibilidad del testigo.
En este caso, en materia punitiva, se exige una persistencia en la
incriminación, o que la declaración no se contradiga. A pesar de lo
anterior, el hecho de que una persona exprese un relato coherente no
La coherencia
es sinónimo automático de su veracidad, porque los testimonios
del relato
falsos suelen presentarse de una manera continuamente
estructurada y generalmente cronológica; además, las
contradicciones pueden originarse en fallos naturales de la memoria
del sujeto.
98 Óp. Cit. 75. Pág. 67.
99 Óp. Cit. 75. Pág. 67.
100 «Un interesante experimento referido por MUSATTI (acerca de la fidelidad de la percepción de los
hechos de los declarantes en una prueba testimonial); dio por resultado que de 36 sujetos, apenas
4 tuvieron una percepción fiel en un 90%, ninguno llegó a la fidelidad total y en conjunto apenas se
llegó a un 68% de fidelidad». Ibidem, p. 84.
101 Ibidem, p. 83.
102 Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación 44001-23-33-000-2016-00115-01
(0226-2017).
103 Ibidem.
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De esta manera, si bien la coherencia de un testimonio no es un dato
a tener en cuenta, por sí solo, a la hora de valorar su credibilidad, ello
no quiere decir que sea inútil, porque puede servirle al juez si lo
analiza conjuntamente con los otros parámetros probatorios que tiene
a su disposición.»
«La contextualización consiste en que el testigo describa datos del
entorno espacial o temporal en el que tuvieron lugar los hechos
acerca de los cuales declara. Así, si lo que manifiesta se inserta
La fácilmente en ese ambiente, ello puede configurarse en un indicio de
contextualización su verosimilitud. En este punto, se reitera que este parámetro también
del relato puede ser distorsionado por la memoria, pero, si esos hechos
ambientales son plausibles y son declarados de forma espontánea
por el testigo, suele valorarse que es difícil que su declaración
corresponda a una mentira.»
«[...] se refiere a que el relato de un testigo se vea corroborado por
otros datos aportados al proceso que, indirectamente, acrediten la
veracidad de la declaración. En ese sentido, esta pauta requiere que
Las
coincidan las diferentes declaraciones que varios sujetos hayan
corroboraciones
realizado sobre un mismo hecho, o que el testimonio del que se
periféricas
estudia su credibilidad, se reafirme con los indicios a través de los
cuales se construyen presunciones que acreditan la hipótesis fáctica
a probar104.»
«[...] esta pauta consiste en que el testigo haga referencia a datos
innecesarios que busquen favorecer a una de las opciones que se
La existencia de debaten en el proceso, o incluso al propio declarante. En este caso
detalles se trata, por ejemplo, de manifestaciones sobre el carácter o la
oportunistas a intencionalidad de una de las partes, o justificaciones de las propias
favor del actuaciones o de la persona que se quiere beneficiar, las cuales van
declarante más allá de lo que se le haya preguntado al declarante. Estos detalles
son indicadores de pérdida de objetividad del testigo que pueden
conducir a la falsedad de sus afirmaciones105.»
128. Adicionalmente, frente al primer criterio, debe señalarse que la jurisprudencia
de esta Sección también ha señalado que las imprecisiones o vaguedades en las
que una persona incurra al momento de rendir su testimonio no son causa suficiente
para descartar la declaración. «Las reglas de la experiencia enseñan que, por lo general,
la fidelidad del relato de lo sucedido, con lo que efectivamente se corresponde con la
realidad, se deteriora con el paso del tiempo, dadas las limitaciones físicas propias de la
104 Ibidem, pp. 227-228: «[…] Con todo, este criterio posee riesgos evidentes. En primer lugar, en
cuanto a lo subjetivo, el hecho de que los diferentes testimonios de varios declarantes no coincidan
en estas circunstancias periféricas, no quiere decir que todos ellos mientan, y ni siquiera que mienta
alguno de ellos, sino que recuerdan los hechos de modo distinto, como consecuencia del
funcionamiento de la memoria […] En segundo lugar, el hecho de que todos los testigos coincidan
en este punto tampoco tiene por qué ser indicativo de verosimilitud. Al contrario, incluso sin mala fe
de los declarantes acordando su testimonio, dependiendo de la manera en la que se haya hecho
declarar a los diferentes sujetos […] es posible que se haya inducido en todo un conjunto de
declarantes una historia errónea que pase por ser auténtica. Y en tercer lugar, también es posible
que las corroboraciones periféricas eviten darle importancia a la prueba del hecho principal,
quedando indemostrado […]».
105 Ibidem, pp. 228-230.
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capacidad humana para memorizar acontecimientos percibidos por los sentidos»106.
129. Precisamente, es a partir de los anteriores elementos que el juez valora o
aprecia la prueba oral en conjunto con las demás que se aporten al plenario y/o
investigación, tal como lo ha señalado la doctrina107:
«Por valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la operación
mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda
deducirse de su contenido. Cada medio de prueba es susceptible de
valoración individual, y en ocasiones puede bastar uno para formar la
convicción del juez; pero lo ordinario es que se requieran varios, de la misma
o de distinta clase, para llegar a la certeza sobre los hechos discutidos, en el
proceso contencioso, o sobre los simplemente afirmados, en el voluntario.
130. Para hacer esa apreciación, entonces, deben atenderse las operaciones del
proceso mental de valorización o apreciación de la prueba como son108: (i)
percepción, representación o reconstrucción y razonamiento deductivo o inductivo;
(ii) la lógica; y (iii) la psicología y la sociología, además de otros conocimientos
científicos y técnicos.
2.5.2. Caso concreto
131. En el recurso de apelación se expuso que los actos se expidieron con falsa
motivación, en razón a que de las declaraciones juramentadas se podía extraer que
no se trataba de testigos directos de la participación en el entramado criminal y que
recibió dádivas para obtener un beneficio por fuera del marco legal; dicho de otro
modo, se trató de testimonios indirectos o de referencia que documentaron la
narración que otro hizo respecto de un hecho, pero no su veracidad. En
consecuencia, la autoridad disciplinaria debía realizar un estudio detallado «para
analizar de manera razonable su credibilidad, de acuerdo con las circunstancias personales
y sociales del testigo, así como las de la fuente de su juicio, pues no presenció el desarrollo
de los acontecimientos y, por ende, no existe efectiva aproximación al hecho que se
pretendió acreditar».
132. En la misma línea, sostuvo que esos testimonios correspondían a los de Blahca
Jazmín Becerra Segura, Liliana Paola Huertas Adán y Sandra Liliana Rojas García,
quienes presentaron incoherencias en cuanto a la exigencia de las dádivas, así
como de las personas involucradas, lo cual hacía ineficaz su dicho para acreditar
que solicitó directa o indirectamente retribución económica. Y más adelante afirmó:
106 Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2019, radicación 11001-03-25-000-2012-00490-
00 (1972-2012).
107 Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Tomo I. Ed. Temis, 2022; pág.
273.
108 Ibidem, pág. 275.
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«[...] más aún cuando la Señora ROJAS GARCÍA en su testimonial, expuso que le
consta la participación de la hoy demandante, ya que, la Señora BECERRA lo
comento, y ésta última manifestó que la Señora RUTH VIRGINIA DIAZ VELAZCO, hizo
parte del engranaje delictivo, por cuanto realizaba visitas a las sociedades que
realizaban el trámite de las devoluciones, enfatizando que el Señor MARTINEZ
CALVERA, era la persona a la que le entregaban un porcentaje acordado, y por
ello se debe insistir en esta etapa procesal que, NO EXISTE MEDIO DE PRUEBA
DIRECTO QUE UBIQUE A MI REPRESENTADA REALIZANDO UNA SOLICITUD INDEBIDA POR
EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN COMO SERVIDORA PÚBLICA A PARTICULARES,
RESALTANDO UNA VEZ MÁS QUE, EL HECHO DE HABER SIDO UNA DE LAS FUNCIONARIAS
QUE ADELANTÓ LA VISITA ADMINISTRATIVA A LOS CONTRIBUYENTES, SE DEBIÓ A QUE
CONTABA CON UN AUTO COMISORIO QUE LA FACULTABA, Y EL INFORME,
EFECTIVAMENTE QUE RINDIÓ SEGÚN PIEZAS PROCESALES QUE REPOSAN EN EL
PLENARIO SE AJUSTO A DERECHO POR CUANTO CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE
VISITÓ, APORTARON DOCUMENTOS RESPECTIVOS, RESALTANDO QUE PARA ESE
MOMENTO LA SEÑORA DIAZ VELAZCO, NO PODÍA PERCATAR QUE DICHOS DOCUMENTOS
SOLO DABAN APARIENCIA DE LEGALIDAD Y FORMALIDAD, más aún si se analiza que
el término en el cual se debía dar concepto después de realizada la visita
administrativa al Contribuyente, era PERENTORIO, conforme el Estatuto
Tributario» [sic].
133. Pues bien, para hacer el examen de las pruebas obrantes en el expediente, es
necesario exponer el contexto de los procesos penales y de las diligencias que
fueron trasladadas al proceso disciplinario [documentales, testimoniales,
interceptaciones telefónicas, entre otros], así como de las personas directamente
involucradas que rindieron testimonio bajo la gravedad del juramento.
134. En sentencia del 5 de octubre de 2012 el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
Especializado de Bogotá condenó –entre otros– a Blahca Jazmín Becerra Segura
[como determinadora109] y Sandra Liliana Rojas García por los delitos de concierto
para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal,
exportación e importación ficticia, cohecho por dar u ofrecer, peculado por
apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares110.
135. Allíse anotó que durante la audiencia de formulación de imputación las
investigadas «respondieron afirmativamente ante la posibilidad de aceptar la totalidad de
los cargos contra ell[as] imputados». En este punto, es menester indicar que, como
consecuencia de ello, en sendas diligencias expusieron ante la Fiscalía General de
109 Al respecto sostuvo: «Respecto de BLAHCA JAZMIN BECERRA SEGURA, en calidad de
“determinadora”, tal calificación resulta viable y ajustada a derecho conforme al aspecto fáctico y
luego de conocer los elementos objetivos y subjetivos en la consumación de este delito, pues la
mencionada al mando de la organización criminal, inducía a los demás miembros a realiza conductas
punibles para defraudar. Lo anterior se evidencia, entre o en las interceptaciones telefónicas donde
la señalada por ejemplo órdenes de pagar la confección de las pólizas falsas. Fue así como en una
interceptación telefónica le dijo a Sandra que sí era el caso pagara veinte millones de pesos para
que sacaran la pólizas”, lo que permite predicar que la mencionada tuvo voluntad incondicional de
inducir, para que se realizará, es decir, delegaba las funciones que se desplegaban al interior de las
diferentes empresas para efectuar la defraudación, muchas de cuales como en este caso, eran
materializadas por tercero indubitadamente conllevaron al fraude procesal» [se resalta].
110 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 2», pág. 326.
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la Nación los pormenores de cada una de las actuaciones que se desarrollaban para
lograr las devoluciones ilegales del impuesto sobre las ventas, así como de todas
las personas que estuvieron o no involucradas, quienes fueron individualizadas de
acuerdo con el rol que cumplían en la organización [entre ellos los funcionarios de
la Dian].
136. Igualmente, en dicha sentencia se expuso sobre la existencia de una
organización criminal dirigida por Blahca Jazmín Becerra Segura y los directivos de
la sociedad Consultores y Asesores R&B SAS que desarrollaba y ejecutaba
actividades ilícitas «con ánimo de permanencia, en un tiempo que se enmarca desde el
año 2008 a julio de 2011, logrando defraudaciones millonarias en trámites de devoluciones
del impuesto sobre las ventas “IVA” ante la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN»111.
Igualmente, encontró acreditado lo siguiente:
«En el tiempo de permanencia de la organización, con división de trabajo y
cumplimiento de los diferentes roles, los arriba citados, en compañía de otras
personas, llevaron a cabo múltiples falsedades de documentos (facturas de
supuestos proveedores, certificados de proveedor, pólizas, entre otras) que luego
hicieron valer como soporte de IVA descontable y por tanto, objeto de devolución;
con el mismo propósito simularon exportaciones ante la Dirección de Impuestos
Nacionales, con la única finalidad de obtener un provecho ilícito, induciendo en
error a funcionarios de la DIAN, para lograr la expedición de actos administrativos
que ordenaron las millonarias devoluciones por concepto de IVA, contando con la
contribución de funcionarios de la DIAN que formaban parte de la actividad delictiva
o que fueron sobornados, obteniendo de manera sistemática múltiples
defraudaciones».
137. De otro lado, en otra investigación, el 13 de octubre de 2016112 se desarrolló la
audiencia preliminar de formulación de imputación e imposición de medida de
aseguramiento por los delitos de «peculado por apropiación en concurso homogéneo,
en concurso heterogéneo con prevaricato por acción en concurso heterogéneo con
concierto para delinquir este último a título de [autor]» en contra de Ruth Virginia Díaz
Velasco, Plinio Callejas Vallejo y otros113 funcionarios de la Dian, Seccional Bogotá.
111 En el mismo sentido, la Fiscalía expuso que la actividad se desarrolló «hasta julio de 2011, con
la cual se estima que lograron defraudar al Estado en una cuantía que supera los 100 mil millones
de pesos [...]. El contexto de los hechos jurídicamente relevantes se contrae a la existencia de una
estructura – organización criminal, conformada entre otras por los señores: BLAHCA JAZMIN BECERRA
SEGURA, SANDRA LILIANA ROJAS GARCIA [...], dirigida y controlada desde Bogotá por parte de los
directivos de la sociedad CONSULTORES Y ASESORES R&B SAS, desarrollando y ejecutando actividades
ilícitas, con ánimo de permanencia, en un tiempo que se enmarca desde el año 2008 a Julio de 2011,
inclusive; [...] pero además los miembros de la organización ofrecieron dinero a funcionarios públicos
de la DIAN para que realizaran asuntos en los que tenían interés y los funcionarios tenían
conocimiento, y en otras ocasiones para que ejecutaran un acto que se hallaba en la órbita de sus
funciones [...]» [sic]. Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 ANEXO 1», pág.
180.
112 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 144», pág. 5.
113 Se expuso que «[...] se ha logrado judicializar por su presunta conexión y disposición permanente
al servicio de esta empresa criminal, contrario a sus deberes y a cambio de dinero de la organización
criminal, el que directa o indirectamente era fruto de las devoluciones fraudulentas, de dieciocho (18)
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138. En este proceso, la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de
acusación, en el cual expuso que los empleados de la División de Recaudo – Grupo
de Devoluciones «a cambio de porcentajes de la devolución, pese a la evidente o
perceptible fachada, generaron su aval o aporte frente a cada trámite [...] que conllevó a la
respectiva devolución fraudulenta». La actuación de Ruth Virginia Díaz Velasco se
concretó así:
«Ruth Virginia Díaz Velasco. Visitas devoluciones: Visitas a las empresas de
fachada y pese a las alertas y evidente montaje de las empresas de fachada,
elaboraba, a cambio de dinero, informe avalando la existencia de las mismas,
generando con ello el insumo para el éxito de la devolución actuando
manifiestamente contrario a la ley
De esta manera, de los elementos materiales probatorios recaudados, se puede
afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que los
imputados:
• PLINIO CALLEJAS VALLEJO, JENNY PATRICIA CHOCONTÁ FONSECA, MARTHA
CONSUELO BELTRÁN CASTRO Y RUTH VIRGINIA DIAZ VELASCO, son coautores de
los delitos de Peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo;
prevaricato por acción en concurso homogéneo y autores del delito de
concierto para delinquir (los tres en concurso heterogéneo), [...]».
139. Lo anterior se sustentó en los testimonios de Blahca Jazmín Becerra Segura,
Sandra Liliana Rojas García, Liliana Paola Huertas Adán [entre otros], respecto de
quienes se expuso:
«Cárcel El Buen Pastor, testigo presencial de los hechos en calidad de líder de
la organización a la que fueron vinculados los funcionarios de la DIAN; (i) el
montaje de empresas de fachada la fachada de las empresas solicitantes del
IVA, de sus proveedoras y comercializadoras internacionales, operaciones
simuladas y la forma como vinculo al servido de la organización para apoyar las
Blahca defraudaciones a funcionarios de la DIAN de forma permanente, entre ellos a los
Jazmín siete aquí imputados el conocimiento que tenían los funcionarios de las
Becerra operaciones de fachada por las empresas solicitantes del IVA; (ii) para tal fin, los
Segura acuerdos de pagos con los funcionarios DIAN y particularmente el acuerdo,
disposición y envío del dinero, a través de funcionarios DIAN enlace y empleados
de confianza de R&B, para siete funcionarios aquí imputados con ocasión a su
aporte ilegal a favor de la organización y (iii) acreditación de voz en
interceptación de comunicaciones sobre relación de funcionarios DIAN aquí
imputados con la organización» [sic].
«El Buen Pastor, testigo presencial de los hechos en calidad de empleada de
confianza de la líder de la organización a la que fueron vinculados los
funcionarios de la DIAN, da cuenta de (i) el montaje de empresas de fachada de
Sandra
las empresas solicitantes del IVA, de sus proveedoras y comercializadoras
Liliana Rojas
internacionales, operaciones simuladas y la forma como se vinculó de forma
García
permanente al servicio de la organización para apoyar las defraudaciones a
funcionarios de la DIAN y la forma como era advertible en principio y luego
conocida por los funcionarios DIAN la existencia de las fachadas y de las
funcionarios de la DIAN y uno de Cámara de Comercio, de los que trece aceptaron cargos y seis se
encuentran en etapa de juicio».
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operaciones simuladas; (ii) lo que le consta del vínculo, pago, coordinación y
servicio para la organización de los funcionarios DIAN aquí imputados y (iii) la
correspondiente acreditación de su voz en interceptación de comunicaciones
sobre tal vinculo en relación con funcionarios imputados».
[Se entregó a las autoridades] «Detención domiciliaria ante Buen Pastor Bogotá.
Dara cuenta, en calidad de revisora fiscal de la organización, del montaje de
empresas de fachada, operaciones simuladas y la forma como vinculó al servicio
Liliana Paola
de la organización para apoyar las defraudaciones a funcionarios de la DIAN; la
Huertas Adán
forma como era advertible para los funcionarios DIAN la existencia de las
fachadas; la forma como se usó, sin su autorización, su firma digital para tramite
en la DIAN de las empresas involucradas. [...]» [sic].
140. Dichos testimonios fueron trasladados al expediente disciplinario en los
términos del artículo 135 de la Ley 734 de 2002114 y, por consiguiente, fueron
conocidos por la demandante y demás disciplinados.
141. Ahora bien, Blahca Jazmín Becerra Segura rindió interrogatorio el 26 de
septiembre de 2011115, oportunidad en la cual se dejó constancia que aceptó cargos
y manifestó que entregaría a la Fiscalía General de la Nación [entre otras cosas] «el
grupo de funcionarios de la Dian encargado de hacer las visitas ante la Dian y de dar el
informe que la empresa estaba legalmente constituida caso que no era cierto [...]».
142. En dicha diligencia también mencionó a Julián Darío Ruiz Montoya, quien
estaba en el sector de los textiles y la empresa a través de la cual solicitaba las
devoluciones se denominaba Divipacas, la cual se ubicó inicialmente en la ciudad
de Medellín y posteriormente en Bogotá con la comercializadora internacional que
no tenía resolución de comercio exterior «y que [era] absolutamente ilegal se llama[ba]
CI INSUMOS Y CONFECCIONES HYR». También refirió lo siguiente:
«BLAHCA: de IVA sí señor de IVA por exportaciones de material textil también hare
el cuadro y les diré el modus operandi del señor quiero anotar a esta fiscalía que
el señor JULIAN traslado las empresas a Barranquilla donde los mismos
funcionarios hicieron los negocios de las empresas de chatarra de los cuales
tienen nombres la funcionaria SANDRA ROJAS SANDRA LILIANA ROJAS [...] se de
primera mano que son los funcionarios que negociaban este tipo de devoluciones
en estas ciudades y los funcionarios de Bogotá que también están involucrados
junto con el funcionario que hoy en día está privado de la libertad en los negocios
de Bogotá.
FISCALIA: quien más de la Dian
BLAHCA: ee um de la Dian son bastantes los de fiscalización
[...] BLAHCA: [...] a una cuenta mía no se consignan las devoluciones porque yo
tenía unos honorarios [...] del diez por ciento donde entre el cinco por ciento entre
114 «Artículo 135. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial
o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante
copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas
en este código.
115 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 133», pág. 64.
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lo que se le pagaba a la Dian y lo que tenía que pagarse de todo lo que es el
andamiaje de la devolución quedaba un tres porciento esos eran mis honorarios
o es que a mí me consignaban la devolución a los funcionarios de la Dian no se
les puede pagar en cheque había que cambiar el efectivo en el error y en la cosa
[...]» [sic].
143. Luego, en declaración del 26 de septiembre de 2011116 explicó que «los
funcionarios eran pieza fundamental» porque se debía «armar la carpeta de colocar el CP
de hacer el cuadro del CP, hacer el cuadro [...] de los impuestos», aunado a la póliza
expedida por la aseguradora y el término de 10 días con el que contaba la Dian para
adelantar el trámite de devolución. Este aserto fue ampliado en el interrogatorio del
6 de octubre de 2011117 cuando afirmó que a los servidores se les repartía la
carpeta, luego a los ponentes y después «a otro grupo que [eran] los que [hacían] las
visitas a las empresas lo que [iban] con el expediente [hacían] las visitas a las empresas
que a ellos se les paga[ban] también para la visita» y que, «quienes estaban más
comprometidos [eran] la señora RUT VIRGINIA» y otros, aunque en esta diligencia no
brindó más detalles sobre la actuación de la actora.
144. Después, en la continuación de declaración jurada del 15 de julio de 2013118, se
detuvo en los procesos de devoluciones y en los funcionarios de la Dian que
colaboraban a la organización para obtenerlas así:
«PREGUNTADO: una vez concedido el tiempo solicitado por usted para análisis de
documentos frente a compromiso de funcionarios de la DIAN en el desfalco por
devoluciones del IVA que se ha tratado en sesiones anteriores; precise ahora que
funcionarios de la DIAN usted conoce se concertaron para apoyar aquel desfalco
en las devoluciones del IVA CONTESTO: manifiesto a esta fiscalía que dentro de
la institución denominada DIAN existe un grupo de funcionarios los cuales
tuvieron un rol importante y permanente en el desarrollo de el trámite de
devoluciones para que estas como fue desde el año 2008 hasta el 2011 fueran
exitosas a nivel nacional, comunico a este despacho que sin la intervención
contraria a la legalidad de las funciones propias de su cargo este trámite sería
inocuo para precisar a esta fiscalía el modus operandi al interior de esta entidad,
primero la radicación de la carpeta origen de la devolución la recibía en las
instalaciones de la DIAN en el grupo de radicación la señora PAUBLINA, [...] luego
el trámite de radicación seguimos al trámite de secretaria donde se hace el
reparto de los expedientes para ser asignados al ponente o sustanciador
correspondiente, [...] estos funcionarios eran los encargados de la revisión de
fondo de la carpeta de solicitud con los cuales se concertaba un porcentaje de
acuerdo al valor de la devolución, [...]. Otro grupo de funcionarios dirigidos por
los funcionarios ponentes anteriormente mencionados manejaban la visita con el
funcionario de confianza para ellos, teniendo en cuenta que este peritaje hecho
por el funcionario era vital para que el trámite siguiera su curso, ellos son
ALFREDO FARIAS, trabajaba con OSCAR IVAN, MARIO BARRENECHE, FERNANDO
funcionario que está enfermo de cáncer, GUSTAVO PULIDO, NELSON VARGAS, RUTH
VIRGINIA, WILLIAM RIVERO, funcionario de visita o a veces era el ponente, el trámite
116 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 ANEXO 1»
117 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 ANEXO 1», pág. 115.
118 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 29«, pág. 113 y 119; archivo
«IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 141», pág. 4.
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de visitas funcionaban de la siguiente manera ellos solicitaban telefónicamente
los soportes que necesitaban para realizar la visita nos decían a través de
nuestra empleada SANDRA ROJAS, CAROLINA GOMEZ, WILLIAM ARDILA, ALEXANDRA
ORJUELA, LILIANA HUERTAS, VIVIANA SILVA, los documentos soportes que se
necesitaban en estas visitas elaborados por las contadoras y personas
anteriormente mencionadas en algunas ocasiones las visitas no se realizaban
en las instalaciones de las empresas solicitantes, si no que se tomaban
fotografías de bodegas las cuales contenían volúmenes importantes de material
para soportar aquellas que no existían trabajo que realizaban las personas antes
mencionados empleados nuestros CAROLINA GOMEZ, WILLIAM ARDILA, ALEXANDRA
ORJUELA, LILIANA HUERTAS, vale la pena resaltar que el funcionario también se
encargaba de decirnos fecha y hora de la visita para tener todo coordinado y
debidamente organizado para su entrega, teniendo conocimiento los
funcionarios tenían pleno conocimiento que todo estaba organizado para
atenderlos y que en ningún momento fueron engañados, es más el funcionario
encargado de la visita en algunas oportunidades asesoraba a la contadora o a la
persona encargada de atenderle la visita en sugerirle como organizara los
documentos como manejar a los inventarios como organizar las facturas de
mínimas cuantías, el funcionario orientaba asesoraba ilegalmente el manejo de
la visita.
PREGUNTADO: precise si los funcionarios de visita sabían previamente que se
trataba de la operación de fraude o desfalco a la DIAN en la devolución que se
buscaba tramitar, precise que funcionario le consta cual es su beneficio en que
periodo y frente a qué empresas CONTESTO: si claro tenían conocimiento de la
actuación que estaban haciendo, es tan claro que por esa razón cobraban una
suma de dinero importante dentro del 20 y 30 por ciento de la devolución [...]»
[sic].
145. El 16 de julio119 y 13 de agosto de 2013120 continuó la declaración bajo la
gravedad del juramento. En esta última, explicó que antes de ser aprobada la
resolución o el pago, el expediente era entregado al grupo de verificación de visitas
de la División de Devoluciones, el cual estaba conformado por varios funcionarios
[entre ellos, Ruth Virginia Díaz Velasco] y se encargaba de:
«[...] verificar la existencia del hecho generador del impuesto, es decir la
existencia de los inventarios, verificar la nómina de la empresa, su representante
legal, el contador en este caso revisor fiscal debido a los volúmenes que estaban
representados en las cifras que el expediente mostraba, es este grupo el que de
primera mano induce al error de omitir cada una de las actuaciones para las
cuales fueron comisionados, como por ejemplo algo tan sencillo en el caso de
un ejemplo de devolución de mil ochocientos millones de saldo a favor, el cual
tenía unas ventas o unos ingresos de más de treinta mil millones y estaban
demostrados en una contabilidad de papel fácil de comprobar, ventas realizadas
a proveedores los cuales tenían como domicilio un mismo sitio, oficina de no más
de 80 metros cuadrados, para demostrar una magnitud de operaciones, la cual
necesitaba por estudios económicos hechos por la misma DIAN una
119 Samai, archivos «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 29«, pág. 127 y «IUS-
253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 141», pág. 12.
120 Samai, archivos «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 141», pág. 22; «IUS-253546-
IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 29», pág. 137; «US-253546-IUC-D-2011-788-419441
ANEXO 139«, pág. 261.
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infraestructura de más de nueve mil metros cuadrados, este dicho lo
demostraremos con el ejemplo de una sola devolución, el modus operandi de
este grupo consistía en llamar telefónicamente a SANDRA LILIANA ROJAS
FUNCIONARIA DE R Y B encargada de atender las visitas a la cual, le manifestaban,
fecha y hora exacta en que el funcionario iría a desarrollar la visita no por un
tiempo mayor a dos horas, el funcionario enviaba un correo donde claramente
pedía que la información que solicitaba se le tuviera lista, en la mayoría de los
casos, se recogía al funcionario para llevarlo a la empresa, el funcionario nos
asesoraba en como entregar los documentos y de manera aleatoria pedir las
copias exactamente de alguno de estos documentos, esto sucedía cuando
efectivamente se desplazaban a la empresa objeto de la solicitud de devolución,
en otras oportunidades, se les llevaba la información a la DIAN o a los sitios que
ellos decidían, nosotros mismos o los encargados de las empresas se
encargaban de tomar las fotos que supuestamente debía tomar el funcionario,
luego el funcionario enviaba el acta de visita debidamente diligenciada solamente
para la firma» [sic].
146. Y en concreto, respecto de Ruth Virginia Díaz Velasco, manifestó lo que se
transcribe a continuación:
«[...] En el caso de RUTH VIRGINIA quien sostenía una relación muy cercana con
la asesora de la empresa, con SANDRA ROJAS y CAROLINA GOMEZ, ella
manifestaba que deseaba hacerse unas sesiones de estética corporales en su
cuerpo ya que estaba un poco pasada de kilos, las cuales eran pagadas por
nosotros a una esteticista de nombre ENDERLEY, quien tenía su SPA en el barrio
Bosque Popular y que su esposo el señor SAMUEL VARGAS quien fungía como
jefe de bodega de la empresa MEDALMETAL, puede constatar que esta señora
RUTH VIRGINIA es funcionaría activa de la DIAN, por que visito la empresa donde
él trabajaba y también visitó su casa donde funcionaba el SPA [...].
[...] De esta forma dejo claro que todos los funcionarios anteriormente
mencionados hacían parte del grupo que permitió el desfalco teniendo en cuenta
que cada uno de ellos conocía la inasistencia del hecho generador del impuesto
sobre las ventas, la inexistencia de los saldos a favor y de absolutamente todas
sus actuaciones por este motivo es que ellos solicitaron aun remuneración
económica, aquí no se trata de dar regalos o de dar prebendas para acelerar un
trámite no se necesitaba teniendo en cuenta que todas las devoluciones tenían
garantía, aquí se pagó claramente unas sumas de dinero importantes porque
cada uno de los funcionarios idóneos, capacitados, formados dentro de los
parámetros de auditoría y de fiscalización tenían claro las actuaciones que
conllevaron a este desfalco [...] si es necesario se demostrara en audiencia como
debía hacer el procedimiento que se debió haber utilizado para el cual se formó
los funcionarios capacitándolos dentro de la misma cual de la DIAN donde se
demuestra claramente y sin lugar a duda que sin la intervención de todos estos
funcionarios es imposible obtener el pago de estas devoluciones teniendo en
cuenta que la norma la ley los actos administrativos, los procedimientos
tributarios, el sistema operativo siglo 21, muisca utilizado por la DIAN es tan
avanzado que en tiempo real da respuesta a todas las consultas que el
funcionario quiera realizar llámense tributarias aduaneras y cambiarias que
sirven de soporte a quien va a firmar el funcionario tiene de primera mano la
información necesaria para establecer los cruces de información los cuales
permitían evidenciar claramente el error en el cual el funcionario competente
podía estar inmerso en una investigación incurriendo acá en la omisión, evasión,
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concusión y favorecimiento al contrabando, se puede argumentar por los
funcionarios como mecanismo de defensa que este funcionario estaba siendo
asaltado en su buena fe o siendo inducido en caer en error hecho que va a ser
imposible demostrar por ellos ante esta fiscalía teniendo en cuenta que toda la
actuación demuestra que se conocía perfectamente el rol que debía cumplir cada
uno de los allí mencionados y más aun teniendo en cuenta que fueron facultados
bajo documentos firmados y comisionados legalmente por la parte motiva para
realizar las gestiones necesarias a cabo de llevar un trabajo de fondo por parte
de esta entidad, [...]» [sic].
147. Después, en la diligencia del 15 de agosto de 2013 121 se refirió a Ruth Virginia
Díaz Velasco en los siguientes términos: «es quien ya he referido en todas las
diligencias como funcionaria activa del grupo de visitas de devoluciones, cuarto filtro del
capítulo de devoluciones y hacía parte activa del grupo que trabajaba para nosotros en los
términos ya mencionados en diligencias anteriores».
148. Lo anterior fue ratificado en la diligencia del 25 de abril de 2014122 así:
«PREGUNTADO. El señor DIEGO GAITAN era o no consiente de las irregularidades
que rodearon el tramite e inscripción y habilitación de registro de CI PACIFIC.
CONTESTO: Manifiesto a su despacho que el funcionario DIEGO GAITAN, funge para
R Y B como asesor, es decir, él conoce relatos anteriores, de los siguientes
funcionarios: LUZ MERY GUEVARA, OMAR GAITAN, CESAR LEONARDO CASTRO
CASTRO, CLAUDIA JIMENA ARCE, RUTH VIRGINIA DIAZ [...] Vale la pena mencionar
que la posición de los funcionarios de la DIAN siempre fue que ellos tomaban la
iniciativa al ver que las devoluciones eran cuantiosas, [...] PREGUNTADO. Los
funcionarios de la DIAN, de visitas, que usted dice trabajaban para ustedes, en
los términos de anteriores diligencias, eran o no conscientes al recibir los
soportes mínimos ya aludidos en esta respuesta, de la existencia de la fachada
o montaje de las empresas visitadas. CONTESTO. A esta pregunta señor Fiscal
respondo que en las tantas diligencias que he rendido bajo la gravedad del
juramento usted me ha hecho la misma pregunta de diferentes formas, a lo cual
debo responderle de una sola forma, que los funcionarios de la DIAN, son una
organización que conocía y conocen el hecho de que se estaba cometiendo una
conducta ilegal teniendo en cuenta que por su rol de funcionario y el desarrollo
de su trabajo, era totalmente improcedente todas sus actuaciones, es allí donde
nace la concertación con ellos para poder llevar a darle apariencia de legalidad
con su ayuda interna y nuestro trabajo externo a un solo fin, obtener una
resolución de devoluciones a un sin número de sociedades que primero, no
desarrollaban la actividad» [sic].
149. Hasta aquí, la Sala encuentra que la testigo, como líder de la organización
criminal y directa conocedora del trámite de devolución de impuestos y de las
actuaciones irregulares expuso de manera clara, ordenada y detallada cómo se
desarrollaba el procedimiento y los funcionarios de la Dian involucrados en cada
una de las etapas: reparto, radicación, visitas y expedición del acto administrativo.
Tan es así que los mencionó de acuerdo con la función asignada por la entidad y
121 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 141», pág. 29; «IUS-253546-IUC-
D-2011-788-419441 CUADERNO 29», pág. 144.
122 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 139», pág. 279.
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cómo desplegaban la cooperación.
150. En el mismo sentido, expuso que de acuerdo con las condiciones de las
empresas y la situación real de cada una podían evidenciar –por su conocimiento y
experiencia– que la contabilidad y documentación presentada era falsa; además,
eran los mismos funcionarios quienes solicitaban la remisión de la documentación
y tan cercana era la relación con ellos que los llevaban a las supuestas instalaciones
para hacer la visita que, por demás, era muy corta.
151. De ese modo, se considera que la testigo fue coherente en su relato, lo
contextualizó y otorgó todos los detalles para demostrar qué funcionarios de la Dian,
entre ellos, Ruth Virginia Díaz Velasco, estaban involucrados con la organización
que dirigía y participaban activamente por medio de las funciones asignadas por la
entidad.
152. Incluso, en lo que corresponde a la empresa Divipacas, a cargo de Julián Darío
Ruiz Montoya y su relación con Sandra Liliana Rojas, se puede verificar el dicho de
la testigo a través de la autorización rendida para adelantar el trámite de devolución
y compensación del impuesto a las ventas del periodo 4 de 2009 [en el cual participó
la actora]123:
«Yo, JULIAN DARIO RUIZ MONTOYA [...] actuando como representante legal de la
empresa DIVIPACAS S.A. [...] autorizo a la señora SANDRA LILIANA ROJAS [...] para
hacer los trámites respectivos de la solicitud de devolución y compensación por
concepto de ventas del periodo 04 de 2009».
153. En el caso de esta sociedad, se evidencia que se presentó la solicitud de
devolución y/o compensación por el impuesto a las ventas [bimestre 4 de 2009] por
el valor de $2.314.006.000, razón por la cual mediante auto de verificación 2367 del
16 de octubre de 2009 [expediente 2009 2009 13952]124 se comisionó a la actora
«para verificar los registros y soportes contables de carácter interno y externo relativos a la
solicitud de devolución y/o compensación contenidos en el expediente mencionado» y los
ingresos vs compras y demás observaciones que se consideraran.
154. En el informe rendido por Ruth Virginia Díaz Velasco125 se consignó que se
trataba del impuesto a las ventas, del periodo gravable 04-2009, del expediente DI
0909 13952 y que la dirección de la sociedad era «CRR 87 87 31 DE BOGOTÁ».
Además, sugirió la devolución y/o compensación con sustento en lo que se
transcribe:
«En desarrollo de la investigación y en ejercicio de las facultades otorgadas, se
adelantó visita a la sociedad de la referencia, en calidad de solicitante nuevo. En
123 Samai, «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 65», pág. 16.
124 Samai, «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 65», pág. 83.
125 Samai, «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 65», pág. 130.
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la dirección señalada, atendió la visita en calidad de Asesora Tributaria el Sr.(a)
SANDRA ROJAS.
El objeto de la principal de la empresa consiste en la Comercialización de 3
actividades: Elásticos, Hilazas y tejido plano, cuya sede se encuentra en Bogotá,
lugar donde se realizó la visita; y por Venta de Cartón y Chatarra para Fundición,
se informa tener la sede en Medellín, donde inicialmente se tenía el domicilio
fiscal de la Empresa.
SOLICITUD DEL REVISOR: Verificar Ingresos Vs compras, y demás observaciones
que se consideren.
Se tomó información general de la Empresa, y se recibe copia del registro de
libros por Fax al señalar que los libros se encontraban en Medellín.
Se verificó los auxiliares de las cuentas 41 por Ingresos de Exportación,
Excluidos y Gravados, de los diferentes productos facturados, debidamente
contabilizados y declarados, [...], de los cuales se anexa como ejemplo copias
de factura por cada concepto, [...], de igual forma se anexa la contabilización por
el Iva generado.
En relación a Compras y servicios No Gravados del renglón 38, se anexan los
soportes en los Folios (107-110), donde se da a conocer que por Régimen
simplificado se debe dar cumplimiento al art. 3 del Dec 522, por documento
equivalente, y además cancelar la retención por lo que se anexa en los Folios
(111-112), aunque no se llevó en el renglón 54.
Por concepto de Iva Descontable, se revisan los soportes de Facturas, en
cumplimiento del art. 488 del E.T. y 771-2 del E.T., en debida forma según auxiliar
y copia de ejemplo en cada uno de los proveedores, en los Folios (89-104)
Por concepto de Iva Retenido y en cumplimiento del art.484-1 del E.T., se revisa
la contabilización del periodo, según auxiliar de Folios (105-106).
CONCLUSIÓN
De acuerdo a la labor de auditoría, a la información obtenida y análisis con la
declaración objeto de la solicitud de devolución, se propone de acuerdo a la
corrección presentada en el Folio (61) rechazar la suma de UN MILLON
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.658.000.oo) y continuar con la
solicitud de Devolución y/o compensación, para el expediente en referencia, por
la suma de DOS MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL PESOS M/CTE ($2.312.348.000.oo), sin embargo, se informa que en la sede
de Bogotá se pudo ver inventarios de la parte textil, pero no existe nada por venta
de Cartón y Chatarrá, al señalar que se tiene en Medellín, siendo así evaluar una
posible visita a la sede de Medellín». [sic]
155. De acuerdo con este documento, en desarrollo de la comisión y con el fin de dar
trámite a la solicitud de devolución, la demandante practicó una visita a la dirección
reportada en el RUT de la sociedad, en la que verificó el establecimiento, solicitó
información general de la empresa, los registros de libros [recibidos por fax] y
confrontó: (i) los auxiliares de la cuenta 41 [ingresos de exportación, excluidos y
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gravados, de los cuales se anexaron copias de facturas y contabilización del IVA
generado]; (ii) las compras y servicios no gravados [renglón 38 de la declaración]; y
(iii) el IVA descontable, junto con las facturas correspondientes.
156. Con ocasión del informe presentado, se expidió la Resolución de devolución y/o
compensación 10903 del 21 de octubre de 2009, firmado por Plinio Callejas Vallejo,
proyectado por Óscar Iván Gómez Lozada y revisado por Jenny Patricia Chocontá
Fonseca126, en la cual se resolvió (i) compensar el valor de $397.537.000; (ii)
devolver la suma de $1.914.811.000 mediante títulos de devolución [TIDIS] con cargo
emisión 2009; y (iii) rechazar lo anotado en el informe de visita, esto es $1.658.000
por falta de soportes.
157. A simple vista podría afirmarse que la demandante cumplió con su deber y que
–incluso– advirtió que la contabilidad se encontraba en Medellín, lo cual se ajustaba
a su función, pero debe tenerse presente que, a pesar de que la comisión se dirigió
a que se verificara la contabilidad interna y externa y los demás asuntos que
concernían a la devolución, el informe fue estructurado de manera general, sin
detalle alguno que permitiera establecer la procedencia de la devolución. Ello, sin
asomo de duda, evidencia un ocultamiento de información y una intención de
favorecer a la organización, máxime si se tiene en cuenta que, a pesar de que
reconoció que la contabilidad por la venta de cartón y chatarra no estaba ubicada
en el domicilio de la sociedad, sugirió la devolución.
158. Pero además, en cumplimiento del artículo 670 del Estatuto Tributario, según el
cual las devoluciones y compensaciones efectuadas de acuerdo con las
declaraciones tributarias «no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor», en
tanto pueden ser modificadas o rechazadas en un proceso de determinación, la
División de Gestión de Fiscalización de la Dian, dentro del programa de «Post
Devoluciones», inició una investigación fiscal a la sociedad Divipacas.
159. En dicho trámite se emitió el informe final de visita para verificar la procedencia
de la devolución127. Se anotó que el 20 de noviembre de 2009 se realizó otra visita
[en la misma dirección] en la cual se detectó que «desde la puerta de entrada del
establecimiento de 3 pisos, no se detectaba ningún movimiento (empleados, máquinas, ni
se veía mercancía)». Después se hizo otra que fue atendida por Sandra Liliana Rojas
García, en calidad de asesora tributaria, quien puso a disposición documentos como
«Auxiliares de la cuenta 41 Ingresos Operacionales e impuestos descontables, Libro Mayor
y Balances y libro diario con el movimiento de enero de 2009 a octubre del mismo año. No
obstante este hecho no se configuran las irregularidades contempladas en el artículo 654
del Estatuto Tributario».
160. Más adelante se dejó constancia de lo siguiente: «[e]n esta oportunidad, en la
126 Funcionarios que también fueron sancionados en la misma cuerda procesal.
127 Samai, «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 4», pág. 228.
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dirección donde se adelantó la visita se observó que en el tercer piso funciona una oficina
y hay unas máquinas industriales de coser y unas camisetas, en el segundo y primer piso
se encuentran telas, encajes, hilos y en un sector de aprox. 8 mts.2 se encontraban latas
de gaseosas y algunos marcos que parecen de aluminio (folios 158 a 166). En el mismo
sitio figura el domicilio fiscal de Comercializadora de Textiles Donaire y el del señor Hugo
Fernando Gravini»; sin embargo, esta información no fue reportada por la
demandante.
161. En el mismo sentido, se establecieron irregularidades en el domicilio que la
sociedad reportó en el RUT [no se detectó movimiento de empleados, maquinaria o
mercancía en una primera visita] y en las facturas aportadas como soporte externo
de la contabilidad [contaba con dos impresores distintos dentro de los mismos
rangos de facturación, tenía diferencias físicas frente a terceros y existían facturas
sin diligenciar, entre otros aspectos].
162. De igual forma, mediante cruces de información y otras pruebas ordenadas en
la investigación se estableció la inexistencia de proveedores de la sociedad, quienes
no presentaron declaraciones tributarias ni información exógena, nunca realizaron
operaciones, no pudieron ser ubicados en las direcciones que informaron en el RUT
o tenían una actividad diferente de la que realizaba Divipacas S.A.
163. Y es que, al revisar el renglón 37, relacionado con compras y servicios gravados,
se detectó la simulación de las compras que supuestamente había realizado
Divipacas, pues se acreditó que los proveedores de la actora no tenían inventarios;
los pagos a estos realizados se hicieron en efectivo, sin permitir su trazabilidad;
entre otras irregularidades que denotan falencias ostensibles en el ejercicio de las
funciones para las que fue comisionada la actora.
164. Dicho de otro modo, se valoraron documentos contables similares a los
verificados en el acta de la visita realizada por la demandante y, mediante la práctica
de otras pruebas, la autoridad fiscal llegó a unas conclusiones opuestas, pues con
base en estas se determinó la inexistencia de las operaciones que generaron la
devolución pedida por la sociedad.
165. Pero además, se revisaron las facturas que después fueron aportadas por el
revisor fiscal de la sociedad y se encontró lo siguiente:
«En el 4 bimestre de 2009 utiliza las facturas AP 3603 a AP 3814, se advierte que
estas presentan irregularidades tales como que la mayoría figura con el impresor
"Impresos San Joaquin-Nicolas Correa T. NIT 15.321.512-1 Tel 260 60 63
Medellin" y en otras dentro del mismo rango tienen el impresor "Biblios y
Ediciones Ltda. NIT 900201578 Telefax:2393425” por ej. La No. 3685 (folio 874),
las facturas que expide a nombre de Cl World of Export & Business Ltda. tienen
en la parte derecha un distintivo como unas líneas (folios 907 a 909,912 a 914,
917 a 919,922 a 924, 927 a 929, 932 a 939,942 a 949, 951 a 953, 956 a 958,
961 a 963, 966 a 968, 971 a 973, 976 a 978, 981 a 983, 985 a 987,990, 991, 994
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a 996, 999 a 1003); otras facturas sin diligenciar presentan un manchón de forma
oval en la mitad de la hoja, Se encuentran anuladas (sin diligenciar-no hay
ninguna escritura) las Nos. 3605, 3606, 3609, 3612, 3615, 3616, 3618, 3619,
3622, 3624, 3625, 3629, 3630, 3634, 3637, 3638, 3645, 3647, 3650, 3651, 3655,
3656, 3661, 3664, 3665, 3666, 3671, 3673, 3674, 3679, 3680, 3681, 3686, 3689,
3691, 3694, 3695, 3696, 3700,3701,3703,3707,3708,3711,3713 (folios 794, 795,
797 798, 801, 804, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 818, 819, 823, 826, 827, 834,
836 839,840, 844, 845, 850, 853 a 855, 860, 862, 863, 868 a 870, 875, 878,
880,883 a 885, 889, 890892, 896, 897,900,902). Anulada diligenciada 3607,
aparece como asalariado y con domicilio fiscal Cl 20 No. 18-56 de Bogota.
Aparece registrado como representante legal de la sociedad Campillo Mendoza
Metales y desechables (folio 1824).
Mediante Auto comisorio No. 902567 del 18 de agosto de 2010 se comisionó a
los funcionarios de la División de Gestión de Fiscalización Tributaria Personas
Jurídicas y asimiladas a efectuar cruce de información con el Sr. Campillo (folio
1732). Se deja constancia que en la anterior diligencia no fue posible encontrar
el numero la nomenclatura pasa de la Calle 20 No. 18-50 a la Calle 20 No. 18-
60. Los vecinos no conocen al Sr Campillo (folio 1731). El teléfono consignado
en el RUT 2154052 no está en uso. Consultados los archivos sistematizados de
la DIAN se advierte que no le aparecen declaraciones tributarias a pesar de los
dineros que maneja (aprox. 400 millones de pesos según formatos de
declaraciones en efectivo)» [sic].
166. Frente a este punto se anota lo mismo: la servidora comisionada omitió la
verificación de la contabilidad, pues de haberlo realizado habría concluido que
existían irregularidades que hacían improcedente la devolución del impuesto sobre
las ventas, máxime si se trataba de las exportaciones que después, en la última
visita mencionada, se calificaron como inexistentes.
167. Incluso, la demandante podía percatarse de las operaciones simuladas por las
irregularidades en las facturas que supuestamente daban cuenta de las operaciones
y, además, por la consulta de proveedores que podía hacer en los software de
información manejados por la Dian. Ello, en línea con lo que indicó Blahca Jazmín
Becerra Segura: el sistema Muisca utilizado por la Dian permitía consultar en tiempo
real los antecedentes y reportes de los contribuyentes, pero esa actuación brilló por
su ausencia en la labor de «verificación» que hizo Ruth Virginia Díaz Velasco.
168. A lo anterior se agregan los indicios que le permitían establecer las operaciones
simuladas que –de acuerdo con el informe citado- son:
«De los hechos descritos anteriormente, se puede extraer los siguientes indicios:
• Operaciones en efectivo de grandes sumas de dinero
• Proveedores que no tienen establecimiento de comercio o tienen uno para
varias empresas
• No se ubican las sociedades y/o cambian de dirección con frecuencia
• Los proveedores de una de las empresas del grupo son clientes de otras de
las empresas del mismo grupo
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• Proveedores que tienen un solo cliente o muy pocos clientes
• Empresas manejadas por unas mismas personas
• No evidencian que manejen proceso de compras, almacenamiento de
mercancías o manejo de inventarios
• No registran el Transporte y venta de mercancías y pagos de los mismos
Los anteriores hechos demuestran de acuerdo a las reglas de la sana crítica,
que la operación de compra de las mercancías a estas empresas, no existieron.
Lo que hay es una realidad formal, es decir, una simulación con el fin de obtener
un beneficio fiscal (costo o deducción) y determinarse un menor impuesto a
pagar, conducta que ha sido catalogada por la Corte Constitucional como
FRAUDE FISCAL, tal como lo señala en la Sentencia C-015 de 1993.
Del análisis de cada uno de los hechos planteados y las pruebas que reposan
dentro del expediente se tiene que las compras de estas operaciones fueron por
la suma de DIECISEIS MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA SIETE
MIL PESOS MCTE ($16.097.337.000), realizada con proveedores de los cuales
algunos no realizan operaciones, no son ubicados, que no han demostrado tener
la capacidad económica, ni física (infraestructura) para ejecutarlas, las
transacciones se realizan en efectivo o en cheque a nombre de un tercero
diferente a las sociedades, no tienen una guía de transporte, pudiéndose
detectar que fueron constituida con la "sola finalidad de acomodarlas a las
necesidades operacionales del contribuyente en investigación”, evidenciándose
así Un problema de EVASIÓN» [sic].
169. Incluso, si la actora hubiera adelantado la visita en debida forma y, por
consiguiente, verificado la realidad de las operaciones realizadas por la empresa
Divipacas, habría advertido [entre otras cosas] que los representantes legales o
socios de los proveedores eran los mismos, tal como lo expuso la Dian en la
liquidación oficial de revisión128 del mismo impuesto y periodo:
«Se plantea dicho desconocimiento por presunta simulación de operaciones por
cuanto en lo pertinente de las investigaciones adelantadas a los terceros aquí
detallados y por los cuales solicita por compras gravadas la suma de
$16.097.337.000, se establecieron serias presunciones de simulación de
operaciones así: entre ellas existen partes relacionadas dado que los socios y/o
representantes legales de los terceros (proveedores) entre si son los mismos (es
decir administradas por las mismas personas), supuestamente se realizan
ventas de productos y/o servicios que nada tienen que ver con la actividad
económica registrada en el RUT; fue imposible verificar la realidad de las
transacciones; no fueron ubicados y mucho menos se logró constatar su
capacidad operativa; no se realizaron las respectivas retenciones en la fuente
existiendo la obligación de hacerlo; utilizan resoluciones de facturación
acomodadas y que no corresponden a la realidad así como direcciones que no
coinciden con las consignadas en el RUT; aunado a todo lo anterior cambios
frecuentes de domicilio; terceros como Construcciones Los Lares S.A. que
aportaron pruebas de no haber tenido ningún tipo de operaciones con DIVIPACAS
S.A. durante el año gravable 2009 sin embargo esta última lo presenta
documentalmente como si lo fuera; operaciones por cuantiosas sumas de dinero
supuestamente pagadas en efectivo, que dentro de lo normalmente
128 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 19», pág. 150.
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acostumbrado no se maneja de tal manera . Coligiendo de todo ello que lo que
la sociedad en comento esta presentando es una realidad formal (de papel)
configurada en una simulación de operaciones con el fin de obtener un beneficio
fiscal traducido en el presente caso a un saldo a favor con el animo de ser
solicitado en devolución (ver folios 1966 al 1978)
[...] De los hechos expuestos, se coligió tal como se puede observar a folios 1962
a 1964 del expediente, que el desconocimiento obedeció a la falta de pruebas
que permitieran establecer la realidad fáctica de las presuntas ventas de la
sociedad en comento a la C.I. WORLD OF EXPORT & BUSINESS LTDA, NIT
900.249.781, por cuanto no hubo transacciones comerciales de compra y venta
de mercancías (no se demostró transferencia de dominio ... ), No hubo pagos
reales dado que la C.I. aquí referida se creo solo de papel y realmente no tenia
dinero para realizar tales operaciones mucho menos en efectivo como pretende
hacerlo valer DIVIPACAS S.A., Quien aparece como Representante Legal señor
DIEGO LEON LOPEZ GONZALES no sabia de la existencia de la C.I. como tampoco
conoce a la sociedad DIVIPACAS S.A. ni a los socios que aparecen registrados en
el RUT, en consecuencia no hubo tampoco pagos de la comercializadora a
DIVIPACAS S.A.» [sic].
170. Entonces, los hallazgos detectados en la investigación adelantada después de
la devolución soportaron el acto de determinación expedido con posterioridad
[liquidación de revisión], que modificó la declaración del impuesto sobre las ventas
del bimestre 4 presentada por Divipacas S.A., en el sentido de rechazar el monto
pedido por esta en devolución y de imponer las sanciones pertinentes [art. 647 del
ET].
171. En suma, el desarrollo de la comisión para «verificar los registros y soportes
contables de carácter interno y externo relativos a la solicitud de devolución y/o
compensación contenidos en el expediente mencionado», y los ingresos vs compras fue
irregular e insuficiente porque si se hubiera verificado adecuadamente la dirección
reportada en el RUT de la sociedad, la contabilidad con sus soportes internos y
externos [facturas], los ingresos y las compras a través de simples cruces de
información de los proveedores o con las pruebas que se practicaron en la etapa de
investigación, bajo las amplias facultades de fiscalización previstas en el artículo
684 del Estatuto Tributario, la demandante no habría avalado la devolución, sino su
suspensión o su rechazo.
172. Lo expuesto en precedencia permite constatar la veracidad de las afirmaciones
de Blahca Jazmín Becerra Segura, pues hizo alusión a exportaciones del sector
textil y chatarrero como era el caso de la sociedad Divipacas. Igualmente, afirmó
que Sandra Liliana Rojas García estaba involucrada y así se demostró con el
documento de autorización supra citado, así como que la entrega era en dinero, tal
como se hacía con las supuestas operaciones comerciales de las empresas «de
papel».
173. Incluso en la versión libre, la demandante señaló que Blahca Jazmín Becerra
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Segura era una «persona absolutamente desconocida» para ella; sin embargo, también
manifestó: «en una de las visitas realizadas —de la cual debe existir soporte en los
documentos informativos del GIT de Devoluciones-, comenté a la persona que me atendió,
que ese mismo día tenía programada otra visita en un sitio relativamente cercano a donde
me encontraba y la señora de nombre Sandra, quien era muy cortés como ya lo mencioné,
y siendo exfuncionaria de la Entidad (DIAN) no me despertó ninguna sospecha o prevención,
se ofreció a acercarme en el carro de una de las contadoras, pues yo siempre me
desplazaba en buses de transporte público; en el trayecto salió a flote el tema de la belleza
y al comentarle que sólo me había hecho masajes en la casa, ella me refirió el hombre de
una persona que trabajaba muy bien y quedó de entregarme la información de contacto,
que recibí y posteriormente llamé».
174. Aunado a lo anterior, la actora manifestó que «para anunciar la visita a realizar por
parte de la suscrita, se hacía contacto telefónico al número reportado en la solicitud y/o el
señalado en el RUT, gestión que se realizó única y exclusivamente en los casos que se
reportan para las sociedades Divipacas y Alumek».
175. Estos asertos no permiten dilucidar una actuación sujeta al ordenamiento
jurídico, sino reforzar la veracidad de la declaración de Blahca Jazmín Becerra,
particularmente en que (i) les indicaba o avisaba la fecha y hora de la visita; (ii) la
relación que la demandante sostenía con Sandra Liliana Rojas García; (iii) en la
mayoría de los casos se llevaba al funcionario a la empresa; y (iv) Ruth Virginia Díaz
Velasco manifestó que deseaba hacerse sesiones de estética que eran pagadas por
la organización criminal. El primer punto resulta especialmente relevante si se tiene
en cuenta que las declarantes129 coincidieron en que, una vez alertadas de la visita,
procedían a llevar personal y material para «dar apariencia de legalidad» a las
operaciones y, además, preparaban las fotografías que se presentaban en el
informe que debía rendir el servidor público.
176. Con todo, por la estructura, claridad, detalle y espontaneidad de la testigo, la
Sala otorga plena credibilidad a que la actora era parte de la estructura delincuencial
que ocasionó el desfalco de las devoluciones del IVA y que, como contraprestación
de la omisión de informar a la Dian las anomalías contables de las empresas, recibía
dinero en efectivo.
177. Todo lo anterior también encuentra respaldo en las declaraciones de Sandra
Liliana Rojas García y Liliana Paola Huertas Adán, así como en los documentos
relacionados con la empresa Alumek que se exponen a continuación:
178. Sandra Liliana Rojas García, como supra se expuso, también hizo parte de la
organización de Blahca Jazmín Becerra Segura, aceptó los cargos que le fueron
imputados y explicó de manera pormenorizada cómo se desarrollaron las
actuaciones ilegales y quiénes estuvieron involucrados.
129 Como se expondrá más adelante.
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179. Por ejemplo, en el interrogatorio del 16 de agosto de 2011 130 se refirió al
procedimiento tributario; dio cuenta de que llevaban a los empleados a las empresas
y de su relación con Ruth Virginia Díaz Velasco:
«[...] aquí en Bogotá como usted sabe fue manejado por EDWIN MARTINEZ que él
era el que manejaba las devoluciones en devoluciones existió gente como OSCAR
IVAN, CARLOS pero pues esos están en las devoluciones que salían como ahí
están las de ICM, FUNDACET, con las personas que proyectaron esas
resoluciones, también trabajaban con las personas que se hacían las visitas en
la DIAN, pues igual cuando llegaba la visita de devoluciones que sean cierta se
juntan y nos avisaban cuando era la visita cuales eran las personas que iban a
ir pues se cuadraba eso, entre esos funcionarios estaban WILLIAM HERRERA,
ALFREDO GAVILLAS, MERY, RUT VIRGINIA son las personas que nos hacían de estos
y posterior se les dio una suma no muy significativa pero sí en ese momento por
las visitas recibían cinco, siete, diez dependiente de la dificultad que vieran que
les pagaban por esa visita.
FISCALIA: entonces concretemos en definitiva cuantos funcionarios públicos
incluyendo y en que entidades
SANDRA: los funcionarios que más intervinieron fue de la DIAN
FISCALIA: quienes [...]
SANDRA: que fueron de Barranquilla FRANKIN SANCHEZ, JOSE MENDIOLA, de santa
marta fueron CESAR TERNERA, e GLADYS VEGA, LUIS MARIN, FERNANDO de Cúcuta
son e no me acuerdo el apellido de Bogotá JAVIER NAVAS, EDUWIN MARTINEZ,
WILLIAM HERRERA, MARLON FARIAS, VIRGINIA, MELY [...]
FISCALIA: bueno y entonces únicamente esos funcionarios de la DIAN
SANDRA: pues igual directamente con migo eran ellos.» [sic].
180. Luego, en la declaración juramentada del 6 de junio de 2013131 –en los mismos
términos de Blahca Jazmín Becerra Segura– manifestó que «[e]n el tema de las
devoluciones también se manejaban las visitas para la verificación de la existencia de la
empresa de devolución de la documentación contable y de la existencia del material
existente para poder rendir informe de veracidad de la transacción, todo esto se coordinaba
en la empresa CONSULTORES Y ASESORES RYB para tener lista toda la documentación y las
instalaciones debidamente arregladas para darle la apariencia de legalidad [...] hubo otros
funcionarios que realizaban las visitas como RUTH VIRGINIA que fue atendida por ALEXANDRA
ORJUELA empleada de RYB, encargada de darle su dinero» y luego justificó su afirmación
así:
«PREGUNTADO: Acorde con su respuesta anterior, precise entonces cual es la
razón para la entrega de dinero que usted refirió se hizo frente a funcionarios
como OSCAR IVAN ZULUAGA, CARLOS, WILLIAM RIVERO, ALFREDO FARIAS, PAULINA
130 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 ANEXO 1, pág. 7».
131 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 29», pág. 321 y 176.
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RUBIO, RUTH VIRGINIA Y MERY, JAVIER NAVAS? CONTESTO: Era el de agilizar el
trámite ya que debido a las cargas de trabajo que (ilegible) y la verificación de
los documentos, de las instalaciones y de la contabilidad, tiene un lapso de 10
días por ser radicada esta solicitud con garantía o póliza, y era muy corto el
tiempo y para evitarnos un auto inadmisorio y perder tiempo en volver a realizar
el trámite, se les pagaba para que se agilizara, se le diera la prioridad y así
realizar la devolución en los 10 días que la ley contemplaba, hasta que hubo el
cambio en la reforma tributaria del 2011 que la amplió el término a 20 días para
que la DIAN pudiera realizar las investigaciones con más tiempo.
[...] PREGUNTADO: Frente a funcionarios que usted señala también recibieron
dinero como PAULINA RUBIO, RUTH VIRGINIA, MERY, que le consta CONTESTO: Me
consta que le entregue dinero a PAULINA RUBIO, como ya dije entre 20 a 30
millones de pesos, por agilizar trámites, en el año 2010, soportes no hay porque
todo fue en efectivo, CAROLINA GÓMEZ también le entrego dinero a PAULINA RUBIO
y MERY, a RUTH VIRGINIA le entrego ALEXANDRA ORJUELA, lo cual no me consta
porque todo lo comentaba JAZMIN BECERRA, y como yo era la asistente de ella
me enteraba por ella misma, pero lo que mencione de PAULINA RUBIO me consta
porque yo entregue el dinero, en dos o tres veces, el total de entrega fue de 20
y 30 millones de pesos».
181. Asimismo, en la declaración del 30 de enero de 2014132 afirmó que era
conocedora de las promesas remuneratorias a los funcionarios de la Dian para el
fin fraudulento y, en lo que respecta a Ruth Virginia Díaz Velasco, ratificó que no le
entregó el dinero directamente, pero sí lo hizo otra persona [Alexandra Orjuela]:
«[...] PREGUNTADO: Señala LILIANA HUERTAS en testimonio que vio cuando usted
le entregó un paquete con dinero en una cafetería frente a una empresa de
ENGATIVA a RUTH VIRGINIA DIAZ y que luego comentaron eso con CAROLINA GOMEZ
que puede señalar al respecto. CONTESTO: Yo si conocía RUTH VIRGINIA porque
le atendí una o dos visitas pero nunca le entregué dinero, la encargada de
entregarle dinero a ella fue ALEXANDRA ORJUELA y con respecto al comentario que
se supone que hicimos no sé de qué habla LILIANA porque ella sabía cómo
funcionaba la empresa RYB y sabía cuándo se les entregaba dinero a los
funcionarios
[...] PREGUNTADO: De lo que ha referido frente a ALFREDO FARIAS recuerda frente
a devoluciones de que empresa se le entregó dinero CONTESTO: las empresas
de Bogotá eran muy poquitas, casi siempre era por las mismas empresas, en
devoluciones siempre eran las mismas personas las que hacían las visitas
WILLIAM RIVERO, ALFREDO FARIAS, LUZ MERY ellos eran los que más iban RUTH
VIRGINIA y otra muchacha porque eran los funcionarios que la DIAN tenía
destinados para hacer esas visitas de devolución. Las empresas por las cuales
se sacaban devoluciones en la ciudad de BOGOTÁ fueron; FUNDALCER, METALES
MEDELLIN, ALMETAL, EXCEDENTES LCM, DIVIPACAS, RECUPERADORA QUINTERO, EL
GUAJIRO, TATO, METALES DE CALDAS, ALUMEK, SANTA LIBRADA, CIRURTEX,
MEDALMETAL, IDILIO, COEXFER, LA MEJOR RESTREPO, CATEXCO, METALES GIOVANNY,
TODO METALES, MULTIMETALES DEL VALLE, METALES CALI DEL VALLE» [sic].
132 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 29», pág. 183; «IUS-253546-
IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 139», pág. 317.
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182. La pregunta transcrita obedeció a que Liliana Paola Huertas, en los mismos
términos de las otras declarantes, manifestó lo siguiente:
«Quiero referirme ahora funcionarios DIAN que estuvieron en los hechos
relacionados: RUTH VIRGINIA DIAZ VELASCO, LUZ MERY GUEVARA, NELSON VERGARA,
JAVIER NAVAS ALONZO VIENA, CESAR MAHECHA, WILLIAM GUTIERREZ, JAIME
BALLESTEROS, MARIA PULINA RUBIO QUIJANO (radicación de devoluciones),
AMPARO BARAJAS (Fiscalización GIT), HERVIN MARTINEZ CALVERA el resto de
funcionarios pertenecientes al área de devoluciones de los cuales tengo
conocimiento de lo siguiente Rut Virginia Días Velazco cc 40.015.860 realizaba
visitas antes de la devolución estuvo en devoluciones como comercializadora
industrial de metales de caldas, auto de verificación No 197 del 2 de febrero del
2010, Alumek Ltda., donde en la visita de devolución de Alumek 2 de 2009 vi que
Sandra rojas al frente de la empresa ubicada en Engativá en una cafetería donde
le dio un paquete con dinero que guardo en el bolso y luego en el carro iban
hablando del tema con carolina Gómez sé que participo en visitas de más
devoluciones de empresas que yo no manejaba ya que el día antes de la visita
coordinaron con Sandra rojas para recogerla y todas llegaron con ella en el carro
de carolina el día de la visita [...]». [sic]
183. Aunque las dos declarantes disienten en la persona que entregó el dinero a
Ruth Virginia Díaz Velasco, pues Sandra Liliana Rojas manifestó que fue Alexandra
Orjuela y Liliana Paola Huertas dijo que fue aquella [Sandra], para la Sala resulta
irrelevante, pues ninguna negó el hecho de que efectivamente recibió el dinero por
las visitas realizadas, además, el dicho de esta última testigo coincide con lo
manifestado por la misma disciplinada en la versión libre cuando adujo que después
de una visita Sandra Liliana Rojas se ofreció a acercarla en el carro de una de las
contadoras.
184. De otro lado, en ese interrogatorio rendido el 27 de diciembre de 2012 133, Liliana
Paola Huertas Adán manifestó entregarse voluntariamente a la justicia y explicar su
vinculación a la empresa R&B, así como su participación en cada una de las
empresas investigadas. En esta oportunidad, no solo se detuvo en las empresas
que sirvieron para adelantar los trámites fraudulentos, sino que mencionó a Julián
Darío Ruiz y a Alexandra Orjuela, tal como lo hicieron Blahca Jazmín Becerra
Segura y Sandra Liliana Rojas García:
«En noviembre del 2009 la señora JAZMIN me asignó las siguientes empresas del
sector chatarrero que son: ALUMEK LTDA, la cual la revisoría fiscal estaba en
cabeza de la señora LUZ ADRIANA MATAMBA SEPÚLVEDA quien fue la que tramito
las declaraciones de IVA de los periodos 2do del 2009, 3ro del 2009 y 6ta del
2009. Las cuales yo firme la solicitud de devolución y las certificación de
devolución con base en los libros oficiales, asientos fiscales y declaraciones de
IVA, además esta empresa tenía derecho al saldo a favor ya que trabajaban con
empresas gran contribuyentes que le retenían el 50% del IVA, esta empresa tenía
ventas reales comprobadas, entre las cuales podemos mencionar ALUMINA,
INDUSTRIAS LENER, EMA Y CIA entre otras y gran parte del saldo a favor eran
133 Samai 11001334205420190008900, índice 45, archivo «FOLIO 2097 A 2366», pág. 85.
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producto del esta retención, con el tiempo llegaron PD (post devolución por parte
de la DIAN) donde tuve que realizar una auditoría a todos esos periodos en la
cuales nunca estuvieron a mi cargo, donde se encontró que habían
transacciones y soportes que no eran reales y donde no se tenía el conocimiento
por parte del gerente, ya que la contabilidad de estas empresas era manejada
en R&B donde en varias citaciones ante la DIAN, se procedía a realizar la
corrección a las declaraciones presentadas y a solicitar acuerdos de pago ante
esta entidad, donde se llegaron ha hacer abonos por aproximado trecientos
millones y no se pudo completar el acuerdo, ya que las garantías no fueron
aceptadas por la DIAN [...].
[...] PAOLA NIÑO trabajadora de R&B encargada del proyecto llamado JULIAN DARIO
RUIZ de textiles, realizaba los proyectos y borradores de las declaraciones de IVA
para solicitud de devolución, donde se simulaba todas las supuestas
transacciones, direccionaba la elaboración de facturas de compra venta,
soportes de las devolución, atendía las visitas de la devolución y de las
proveedoras, ALEXANDRA ORJUELA encargada y directora del proyecto ALDEMAR
MONCADA, atendía las visitas de devolución y proveedoras del gremio chatarrero,
direccionaba la elaboración de compra y venta, soportes de las devoluciones, se
hacía pasar por asistente de las revisoras o administradora [...]» [sic].
185. A la par, respecto de Ruth Virginia Díaz Velasco, sostuvo que «realizaba visitas
antes de la devolución» y que estuvo en las de la Comercializadora Industrial de
Metales de Caldas y Alumek, en esta última, para el bimestre 2 de 2009. Luego en
la entrevista realizada el 31 de enero de 2013134 ratificó su conocimiento de la
empresa Alumek y sobre la aquí demandante expresó:
«Ahora me referiré a funcionarios de la DIAN de los cuales tengo conocimiento
que "al participaron en el proceso de devoluciones ante la DIAN, entre los cuales
están RUT VIRGINIA DIAZ VELAZCO, con cedula No 40.015.860, [...] ellos realizaban
visitas a las empresas que solicitaban devolución irregulares para verificar que
la devolución era procedente ellos se dirigían a las direcciones que aparecían en
el RUT de la empresa que estaban solicitando la devolución, estas visitas ya
estaban coordinada con R&B CONSULTORES para que dieran el aval de la
devolución sabiendo que mucha información era inexistente, como compras y
ventas, y por esto recibían un pago de dinero en cada visita por parte de la señora
Blahca Yasmin que era enviado con SANDRA ROJAS o CAROLINA GOMEZ y muchas
veces con HERVIN MARTINEZ, ellos también realizaban visitas antes de la
devolución, [...]»
186. Lo anterior fue reiterado en el interrogatorio adelantado el 17 de junio de
2013135, oportunidad en la cual expuso de manera detallada su conocimiento sobre
las exportaciones fraudulentas, así como su conocimiento respecto de la entrega de
dinero a la actora. Por la importancia de la declaración, se cita in extenso:
«[...] LILIANA PAOLA: pues realmente si había una organización como tal no me
consta pero sí puedo decir se que funcionarios se les dio dinero se les pago
como por agilizar o porque hacían parte del trámite o porque no fueran a detener
134 Samai 11001334205420190008900, índice 45, archivo «FOLIO 2097 A 2366», pág. 101.
135 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 139», pág. 287.
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la visita o porque no le fueran a poner ningún inconveniente o si de pronto había
un inconveniente que se pudiera subsanar entre comillas internamente porque
digamos si el funcionario encuentra algún error en la carpeta que debe hacer
negar la solicitud dar un auto inadmisorio es decir que la niega porque no se
encontró un proveedor no se anexo copia de un cuadro anexo y ese trámite es
que devuelven la devolución a su tramite inicial que es volverla a radicar pero
como esto era con pólizas y las pólizas tienen un vencimiento y la idea es que
salga dentro de los diez día entonces lo que se hacía era manipular al funcionario
para que ayudara en este tipo de cosas pero realmente el que concertaba todo
y el que manejaba todo era ERVIN MARTINEZ [...] entonces los funcionarios se
conocían con SANDRA ROJAS o CAROLINA GOMEZ que eran las que siempre nos
acompañaban en la visita [...].
LILIANA PAOLA: digamos en la visita pues hubo una visita que al ojo de cualquier
persona hubo una empresa que tenía un montoncito de chatarra no tenía más
una bodega chiquita donde había un escritorio no habían ni siquiera
computadores entonces a la visita realmente se ve que no hay movimiento
entonces llego la funcionaria pidió dos o tres papeles lleno el acta llego con
SANDRA ROJAS y con CAROLINA GOMEZ en el carro la recogieron antes de llegar la
visita llegaron las tres hicimos el acta yo era la revisora fiscal de una empresa
me pidieron tres papeles no más se fue con ella se que le dieron un paquete al
frente de la empresa y se fueron otra vez las tres ya después llegamos a la oficina
y CAROLINA me dijo que le habían dado un dinero pero a mi me consta que le dio
un paquete porque yo estaba en la mesa de al lado.
[...] FISCALIA: permítame LILIANA entonces vamos a ser ordenadamente la
persona que le conste en una manera ordenada si es que había una secuencia
eso es entregarle dinero o en su labor que ellas cumplían entonces la persona
que le conste que recibían dinero y si tenemos como soportarlo.
LILIANA PAOLA: RUTH VIRGINIA DIAZ VELASCO ella estuvo presente en la visita antes
de la devolución de comercializadora industrial de metales de caldas hay un acto
de verificación número 197 del 02 de febrero de 2010 que es el que voy a anexar
copia de ese auto
FISCALIA: de quienes le consta que recibieron dinero y porque
LILIANA PAOLA: bueno ruth virginia diaz velasco ella estuvo en la visita antes de
la devolución de comercializadora industrial de metales de caldas ella dejo el
acta o el auto de verificación 197 del 02 de febrero de 2010 donde decía que era
procedente la devolución ese día ella llegó a la visita ella llego a la visita con
SANDRA ROJAS y CAROLINA GOMEZ llegaron los tres en el carro de ella me
presentaron me pidió realmente tres documentos básicos que me pidió la visita
no se demoró más de media hora hizo el acta donde la devolución era
procedente luego al frente de esa empresa quedaba una cafetería donde nos
sentamos a tomar café CAROLINA y SANDRA se hicieron en otra mesa y vi cuando
a CAROLINA le ingresaron un paquere en el bolso ella dijo gracias se fueron y ya
salieron.
FISCALIA: usted vio o no vio que era ese paquete
LILIANA PAOLA: no pero sé que era dinero porque a SANDRA y CAROLINA ya les
habían dicho el día anterior
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FISCALIA: que le dijeron el día anterior
LILIANA PAOLA: que tenían que llevarle un dinero a la funcionaria para que no
hubiera ningún inconveniente como en la visita ya sabíamos que iba a ir entonces
me citaron a la oficina de BLAHCA JAZMIN para decirme que tenía que estar en la
visita ese día ya era la hora de salida y ellas estaban alistando el dinero que
tenían que llevar porque la visita era ese día a las 07:00 de la mañana.
FISCALIA: usted quiere entregar ese paquete
LILIANA PAOLA: si señor
FISCALIA: usted vio cuando alistaron el paquete
LILIANA PAOLA: no ellas lo sacaron el día anterior pero exactamente cual cantidad
dinero pero exactamente no
FISCALIA: porque era dinero
LILIANA PAOLA: porque ese día que me citaron a la oficina lo tenían en paquetes
y lo metieron en el sobre
FISCALIA: usted vio los billetes
LILIANA PAOLA: si
FISCALIA: bueno y entonces que paso con esa señora
LILIANA PAOLA: se fue ya la devolución no tuvo ningún problema salió procedente
FISCALIA: sabe o no sabe que cantidad de dinero era
LILIANA PAOLA: de la devolución
FISCALIA: no de lo entregado a ella
LILIANA PAOLA: no realmente no
FISCALIA: usted sabe porque motivo le entregaron ese dinero
LILIANA PAOLA: no no se si era porque ya sabían o no o por agilizar pues ya se
manejaba la costumbre que se les daba dinero cuando se iba a manejar la visita
pero no me consta si ellos sabían que la empresa no existía o simplemente era
para que no pusieran ningún inconveniente en la visita para que la devolución
siguiera su transcurso normal pero si siempre se avisaba que funcionario iba a
la visita que por lo general eran los mismos funcionarios
[...] FISCALIA: frente a esta señora que usted ha mencionado RUTH VIRGINIA usted
me acaba de indicar que no sabe si el dinero que recibió para agilizar el trámite
o porque conociera de esa defraudación pero sabe si ese dinero lo recibió con
ocasión a la visita que estaba realizando o fue por un hecho ajeno particular
LILIANA PAOLA: fue por la visita porque a los funcionarios siempre se les daba la
plata por la visita
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FISCALIA: no por prestamos auxilio o por situación laboral
LILIANA PAOLA: no siempre le decían que el detallito para el funcionario
[...] FISCALIA: el propósito de esta diligencia fuera de lo ya avanzado es que
puntualicemos que funcionarios le consta a usted recibían este dinero y porque
LILIANA PAOLA: RUTH VIRGINIA
FISCALIA: que más le consta a usted de esta señora haya actuado
LILIANA PAOLA: sé que estuvo en varias visitas porque ya eran los mismos
funcionarios que iban a las visitas pero a mí no me consta me consta son en las
empresas que yo estuve y que yo era revisora fiscal se que ella fue a varias
visitas con otras revisoras fiscales dependiendo si nosotras teníamos la revisión
fiscal o no pero si era un nombre conocido en R&B entonces sabíamos que si iba
ella no había ningún problema
[...] FISCALIA: frente a esta señora VIRGINIA frente a lo que ocurrió hay manera de
soportarlo
LILIANA PAOLA: el acta número 197 del dos de febrero de 2010 que fue el día que
dio procedente la devolución que esa acta yo la tengo
FISCALIA: allí que aparece
LILIANA PAOLA: pues que se hizo la visita y da que no hubo ninguna anomalía y
es la que se deja se anexa a todo el trámite de devolución para que pase sin
ningún inconveniente entonces se deja el soporte que no tenía ninguna
irregularidad porque en todas las actas se debe dejar el soporte que falta tal cosa
pero como sabíamos que eran tres o cuatro cositas que se iban a pedir entonces
tenían todo listo que ese día sabíamos que teníamos que tenerle listo facturas
de compra y facturas de venta y ya
FISCALIA: es decir frente a lo que usted ya tenía listo y ya se ha pedido era o no
evidenciable para ella para la señora RUTH VIRGINIA en este caso concreto de ella
era o no evidenciable que había una fachada o montaje o no necesariamente
para dar
LILIANA PAOLA: no no necesariamente porque ella cumplía con los requisitos
entonces los documentos que pedían estaban conforme a la ley entonces
cumplía con todos los requisitos que exigían entonces no era evidenciable
FISCALIA: frente al propósito de ese dinero quiere por favor concretar su
respuesta que finalidad tuvo el dinero que usted dice que le entregaron
LILIANA PAOLA: pues realmente no se pero ellos siempre manejaban el detallito
para el funcionario pero que me conste si sabían del ilícito no más bien fue para
que no me pusiera ningún problema en la visita
FISCALIA: cuando usted refiere paquete que le entregaron se podía evidenciar
una suma gruesa basta o que se evidenciaba en ese paquete
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LILIANA PAOLA: no yo pienso que por ahí dos millones y por lo general por lo que
uno escuchaba y me consta más o menos era el pago que se le daba a los
funcionarios por las visitas
[...] FISCALIA: de los que le consta a usted que hubo entrega de dinero son
LILIANA PAOLA: RUTH VIRGINIA NELSON VERGARA esos son los que yo vi física que
le entregaron dinero a uno pues porque yo tuve que hacerlo y al otro porque lo
hicieron en presencia mía de lo otro es porque si se escuchaba si supe pero que
yo haya visto al frente mío no» [sic].
187. Esta declarante mencionó 2 intervenciones de Ruth Virginia Díaz Velasco: en la
empresa Comercializadora de Caldas y Alumek. Incluso, aportó un documento de
participación de funcionarios de la Dian, en la cual la relacionó con dichas
sociedades. Se precisa nuevamente que en el caso de Alumek la devolución
correspondía al bimestre 2 de 2009.
188. Además, como respaldo de su dicho mencionó el auto de verificación 197 del 2
de febrero de 2010, cuya existencia se constata con la relación de las empresas en
las que hizo las visitas y que fueron relacionadas por la Fiscalía General de la
Nación al impartirle órdenes a la Policía Judicial136:
«Comercializadora de metales caldas: intervienen:
• [...] Grupo de verificación – visitas: WILLIAM RIVERO, RUTH VIRGINIA [...], auto
de verificación 197 de 1 enero 2010 y demás al respecto (RUTH VIRGINIA y LUZ
MERY MERY) (10)
ALUMEK: intervienen:
• Grupo de verificación – visitas: WILLIAM RIVERO, RUTH VIRGINIA [...]
DIVIPACAS: intervinieron:
• Grupo de verificación – visitas: WILLIAM RIVERO, RUTH VIRGINIA [...]» [se
resalta].
189. En lo que concierne a la sociedad Alumek, se comprueba que –tal como lo
anunció la testigo– Luz Adriana Matamba Sepúlveda fue registrada como revisora
fiscal en el certificado de existencia y representación137 y que el representante legal
otorgó autorización a Yoana Carolina Gómez para que efectuara los trámites de
devolución del IVA138:
«Yo HECTOR FABIO MOSQUERA CORTES [...] en mi calidad de representante legal
de la empresa ALUMEK LTDA autorizo a la señorita YOANA CAROLINA GOMEZ
GUTIERREZ para que efectué ante la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
136 Samai, archivo «IUS-2011-253546-IUC-D-2013-788-586204 CUADERNO 6», pág. 15.
137 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 67», pág. 4.
138 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 67», pág. 10.
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NACIONALES DIAN ADMINISTRACIÓN BOGOTÁ todos los trámites correspondientes a
la radicación de la carpeta de devolución del IVA del segundo bimestre 2009»
[sic].
190. Asimismo, se evidencia que Ruth Virginia Díaz Velasco suscribió el informe de
visita por el periodo gravable 02-2009, en el expediente «DI 09 10 3857» y a la
dirección «CLL 69 112ª 30 DE BOGOTÁ». En este consignó lo siguiente:
«En desarrollo de la investigación y en ejercicio de las facultades otorgadas, se
adelantó visita a la sociedad de la referencia, en calidad de solicitante nuevo. En
la dirección señalada, se atendió la visita en calidad de Revisora Fiscal el Sr(a):
El objeto principal de la empresa consiste en la Compra y venta de chatarra, en
Bogotá y en Bodega en Cali, se transforma para aluminio.
SOLICITUD DEL REVISOR: Verificar los Ingresos Vs Compras
De acuerdo a los antecedentes del expediente, se observó que han manejado
diferentes direcciones: En cámara de Comercio del Folio 3, CRA 78F 0 33 BL 2
INT 8 OF 501; en la Cámara de Comercio del Folio (47) señala la dirección CRR
68B 4 05 NUEVAS MARCELLA, ETAPA 3, y se actualiza el RUT, con igual dirección,
según el folio (49); y en el Folio (75) se registra en Cámara de Comercio la
dirección CLL 69 112ª 30, donde finalmente se realizó la visita, pese a que no se
ha actualizado el RUT. Sin embargo, todos los proveedores remiten las facturas
a ALUMEK LTDA a la dirección TV 3F 70 67 de Bogotá.
Por ingresos, se revisan cada una de las facturas generadas como ventas
gravadas y a Comercializadora, de las cuales se anexa copia de facturas y
ejemplo del pago de dichos clientes (Transferencia Bancaria y/o Efectivo), así
mismo, se anexa auxiliar contable, en los Folios (114-139)
Se verificó por Iva Generado y Descontables, los soportes de facturas de compra
y la contabilización, dando cumplimiento con lo requerido en los artículos 488 y
771-2 del E,T., se anexa copia de cada una de las facturas por proveedores,
según los Folios (140-155)
CONCLUSIÓN
De acuerdo a la labor de auditoría, a la información obtenida y análisis con la
declaración objeto de la solicitud de devolución, se propone Proceder con la
solicitud de devolución y compensación, para el expediente de la referencia»
[sic].
191. Este informe fue el sustento de la Resolución 3133 del 12 de marzo de 2010,
en la cual se resolvió compensar y devolver las sumas de $21.413.000 y
$235.954.000, respectivamente139.
192. Después de desembolsada la suma antes referida, la Dian expidió la liquidación
oficial de revisión 322412012000141 por el impuesto a las ventas del periodo 2009-
139 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 67», pág. 183.
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2 de Alumek. En este documento se advirtieron las irregularidades en las
declaraciones de IVA, tan así fue que se corrigió voluntariamente en el sentido de
que, en el renglón 27 [ingresos brutos por exportaciones] pasó de $1.576.000.000
a $0. Estas fueron:
«[...] Por lo tanto este despacho al verificar las pruebas que reposan dentro del
expediente determina que el valor de $1.576.000.000 solicitado como ingresos
exentos por exportaciones en la declaración No. 91000068107226 del impuesto
sobre las ventas del segundo bimestre del año 2009 presentada el 12-05-2009,
respaldado con el Certificado al Proveedor No. 18, expedido por la
comercializadora C.I. NEGOCIOS DE COLOMBIA E.U. Nit 900.202.899, no tienen la
calidad de exentos, pues la compañía que expidió el certificado al proveedor, no
exportó bienes durante los años gravables 2009 y 2010.
[...] Se sancionará por inexactitud de conformidad con lo establecido en el
artículo 647 del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta que la sociedad ALUMEK
S.A.S, (Antes ALUMEK LTDA) Nit 900.067,117-6 reportó en la declaración datos
que no corresponden a la realidad económico, toda vez que informo que realizó
ventas de bienes a la comercializadora C.I. NEGOCIOS DE COLOMBIA E.U, Nit
900.202.699 quien a su vez expidió el CERTIFICADO AL PROVEEDOR con
inconsistencias y nunca realizó la exportación de los bienes adquiridos,
obteniendo con ello un beneficio que generó un saldo a favor en la declaración
No. 9100006810728 del impuesto sobre las ventas del segundo bimestre de
2009 presentada el 12-5-2009, el cual fue compensado y devuelto mediante
Resolución No, 3133 del 12-03-2010 expedida por la División de Gestión de
Recaudo, conducta que se encuentra tipificada como inexacta, derivando de este
procedimiento un menor impuesto, articulo que señala: [...]» [sic].
193. Posteriormente, se expidió la Resolución 322412013000649 por el concepto
«B. Improcedencia en las Devoluciones y/o Compensaciones»140, en la cual se impuso
la sanción de reintegro de $257.367.000 más los intereses moratorios aumentados
en un 50%. En esta se hizo alusión a las operaciones simuladas.
194. De acuerdo con lo sostenido por las testigos, la demandante omitió las
irregularidades de cada sociedad para sugerir la devolución del impuesto sobre las
ventas y, por consiguiente, incumplió con el mandato previsto en el artículo 856 del
Estatuto Tributario, conforme con el cual la constatación se debía efectuar sobre la
existencia del saldo a favor y el cumplimiento de los requisitos legales para la
aceptación de los impuestos descontables, para lo cual se debía comprobar que
existían los proveedores señalados en la solicitud y que estos efectivamente
liquidaron el impuesto denunciado por el peticionario, lo cual se verificaba con los
cruces de información del sistema Muisca administrado por la Dian para verificar la
existencia de los proveedores, al menos con el cumplimiento de las obligaciones
formales como la presentación y pago de sus declaraciones tributarias por cuenta
del monto de las operaciones que tales proveedores realizaban.
140 Samai 11001334205420190008900, índice 45, archivo «FOLIO 2595 AL 2915», pág. 207; «IUS-
253546-IUC-D-2011-788-419441 ANEXO 141», pág. 275.
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195. Agregase que, de haber actuado con sujeción a la norma, la demandante
habría sugerido la suspensión de la devolución como lo ordenaba el artículo 857-1
ibidem, pues se configuraba el segundo de los supuestos, esto es «[c]uando se
verifique que alguno de los impuestos descontables denunciados por el solicitante no
cumple los requisitos legales para su aceptación, o cuando sean inexistentes, ya sea
porque el impuesto no fue liquidado, o porque el proveedor o la operación no existe por ser
ficticios», de manera que la justificación expuesta en la apelación sobre el término
perentorio tampoco es de recibo.
196. Ciertamente, de acuerdo con las pruebas testimoniales y documentales, en las
empresas Divipacas y Alumek la demandante debía verificar las operaciones
realizadas con los proveedores; no obstante, los informes rendidos no solo
desconocieron las normas citadas, sino que omitieron la inexistencia de
exportaciones y proveedores. Incluso, a pesar de que la Dian establecía como
indicio de operaciones simuladas las transacciones en efectivo y así lo certificó en
el informe de la empresa Alumek, propuso la devolución aun cuando era
conocedora de su improcedencia; además, bastaba verificar los certificados de
existencia y representación para evidenciar que eran los mismos socios y
representantes legales y, aun si se aceptara que no era necesario, era motivo de
sospecha que las mismas personas atendieran las visitas en una y otra.
197. Inclusive, las operaciones simuladas de dichas empresas eran conocidas al
interior de la Dian, pues –por ejemplo– desde la liquidación oficial de revisión del
periodo 2008-6141 se advirtió que las operaciones reportadas por Divipacas eran
inexistentes, es decir, había una simulación con el fin de obtener el beneficio fiscal,
lo que en términos de la misma entidad fue denominado «fraude fiscal» al tenor de
la sentencia C-015 de 1993 dictada por la Corte Constitucional.
198. A la par, en dicho documento se dejó constancia de las siguientes
irregularidades advertidas desde los años 2008 y 2009:
198.1. Según los libros auxiliares de los proveedores, los pagos se recibían en
cheques y a la vez se pagaba en dinero en efectivo a los transportadores,
«manejando cifras considerablemente altas sin ningún control contable en soportes
que demuestre la entrega y el recibido de este dinero por personas o entidades
diferentes».
198.2. El transporte tampoco lo hacían directamente las sociedades, sino que se
subcontrataba con personas naturales que no expedían documentos que
demostraran la entrega y el recibido de la mercancía. Además, se suministró
la información de camiones de 8 y 10 toneladas que no correspondía al
volumen de carga que vendía Divipacas.
141 Samai, archivo «IUS-253546-IUC-D-2011-788-419441 CUADERNO 19», pág. 60.
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198.3. La verificación de la realidad de las compras de Divipacas no se pudo
verificar en los libros oficiales de los proveedores ni en los transportadores.
Además, las instalaciones eran compartidas y las oficinas y bodegas no
demostraban movimiento ni capacidad administrativa ni operativa en activos
disponibles [muebles, enseres, equipos básicos para oficina, almacenaje,
cargue y descargue de mercancías].
198.4. El cambio frecuente de direcciones también era motivo de sospecha [que
debía tenerse en cuenta para el caso de Alumek].
199. Lo anterior debía conocerlo la funcionaria, pues de acuerdo con la Orden
Administrativa 004 de 2002 [también aportada al expediente disciplinario],
«[p]reviamente a la toma de decisiones por parte del Comité de Devoluciones» se debía
verificar (i) el listado de los indicadores financieros y fiscales, estudios económicos
y demás información obtenida a través de las aplicaciones informáticas disponibles
que permitieran analizar el comportamiento tributario del contribuyente; y (ii) el
reporte del sistema gestor en que se relacionaran los actos administrativos
proferidos al mismo contribuyente por todos los impuestos y periodos gravables.
200. Además, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 1000 de 1997 debía verificar
los documentos expedidos por la sociedad comercializadora internacional, así
como los conocimientos de embarque, cartas de porte o guías aéreas en las cuales
constara el número del documento, fecha, valor, cantidad de mercancía exportada
y el nombre de la empresa transportadora; sin embargo, en sus informes nada de
lo mencionado fue reportado.
201. Respecto de este punto, la Sala vuelve sobre el deber de consultar los sistemas
de información de la Dian, pues de haberlo hecho se habría percatado de lo
anunciado por Blahca Jazmín Becerra Segura: en el caso de la sociedad Divipacas
se reportaron operaciones con una CI142 que no poseía resolución de comercio
exterior y que era ilegal, tal como se advirtió en el procedimiento posterior
adelantado por la entidad:
«[...] Como se evidencia en las pruebas recolectadas por la Administración
Tributaria Cl World of Export & Business Ltda nunca ha efectuado operaciones,
ni la persona que aparece como representante legal conoce la sociedad, ni
aparecen exportaciones de esta comercializadora en los archivos sistematizados
de la Dian, adicionalmente en los CP anexados por Divipacas con ocasión a la
solicitud de devolución aparece en la casilla 41 Código C.l asignado el No 159 (
folio 18), el cual como se dijo anteriormente no ha sido asignado por la Dian. Así
las cosas, es indiscutible que las exportaciones invocadas por Divipacas S.A.
para hacerse beneficiario de la devolución del impuesto sobre las ventas por el
4 bimestre de 2009 no existieron.
142 Comercializadora internacional.
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Demandante: Ruth Virginia Díaz Velasco
En este orden de ideas, tal y como se ha demostrado las ventas C.l. World of
Export SBusiness Ltda. NIT 900.249.781 que pretende hacer valer Divipacas
S.A. como exportaciones no existieron; en consecuencia, la sociedad DIVIPACAS
S.A. NIT 900.243.625-0. no podía llevar como ingresos brutos por exportaciones
la suma de $14.796.364.000. Así las cosas, el valor del Renglón 27 “Ingresos
por Exportaciones" se propone en $0» [sic] [se resalta].
202. En línea con lo anterior, debía comprobar si la infraestructura de cada una de
las empresas se acompasaba con los valores y transacciones reportados en la
declaración, pero ello tampoco ocurrió. Respaldo de este dicho es el escrito de
acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación, en el cual se advirtió
que, según la información reportada por la Cámara de Comercio, la dirección
correspondía a la «carrera 87 N 87-31 Bogotá» [misma que fue anotada por la actora
en su informe]; sin embargo, al realizar las labores de verificación y vecindario se
estableció que «no exist[ía] la razón social en este inmueble y según lo manifestado por
una señora que resid[ía] al lado inform[ó] que funcionaba una empresa de empanadas
manif[estó] que nunca a habido otro negocio y que la casa está en venta» [sic],
información que es de capital importancia, pues ni siquiera se trataba de una
bodega en las que se simularan las operaciones diarias de una empresa.
203. Pero además, para Sala deviene claro que las comercializadoras
internacionales eran dirigidas por la sociedad R&B que era liderada por Blahca
Jazmín Becerra Segura; conjuntamente, eran aquellas las que debían expedir los
certificados de exportación que utilizaba el contribuyente para soportar la solicitud
de devolución. En ese orden, era la sociedad fraudulenta la que generaba esos
ingresos inexistentes para que después, sobre la base de estos, pudieran solicitar
la devolución del IVA pagado a proveedores. Ello, en criterio de la Sala, debía ser
conocido por la demandante por todas las razones antes expuestas.
204. De otro lado, se insiste en que si la actora fue comisionada para verificar la
realidad de los ingresos y costos, su deber se contraía a constatar que existieran
los bienes requeridos para la exportación y las operaciones constitutivas de costo
por lo menos desde el punto de vista contable, es decir, si existían las facturas [y si
se ajustaban a los rangos asignados] o los documentos equivalentes, así como los
soportes internos y externos, máxime si se trataba de proveedores que pertenecían
al régimen simplificado.
205. Lo anterior, en tanto existían facturas con idéntico número, además de 2
empresas que las expedían con el mismo rango de facturación. Ciertamente, la
demandante conocía que en los artículos 617 y 771-2 del Estatuto Tributario y
desde las resoluciones 3878 y 5709 de 1996, así como del concepto 85922 de
1998, dicha entidad estableció que (i) los obligados a facturar debían solicitar
autorización de la numeración para ejercer el control; (ii) esta [la numeración] era
incluida en el registro que la entidad llevara para cada contribuyente y se
incorporaba a un sistema nacional informático para su verificación en todo el país
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como base para los programas de fiscalización que se debían adelantar en
desarrollo del plan de choque contra la evasión; y (iii) las facturas debían contener
el nombre del impresor.
206. Nótese que tanto las normas como la doctrina de la Dian establecieron que se
autorizaba un rango de facturación por cada empresa y que se debía identificar el
impresor, es decir, solo debía existir una empresa que expidiera las facturas del
rango de facturación «autorizado»; de ahí que fuera motivo de sospecha que [en el
caso de Divipacas] en el mismo rango [3603 a 3804] figuraran 2 impresores distintos
[§165]; sin embargo, la demandante decidió encubrir tal irregularidad y sugerir la
devolución.
207. Con todo, la Sala encuentra acreditados los requisitos para dar veracidad a las
declaraciones rendidas por Blahca Jazmín Becerra Segura, Sandra Liliana Rojas
García y Liliana Paola Huertas Adán, pues sus relatos fueron coherentes,
espontáneos y detallados y, aunque existe una afirmación contraria sobre la
persona que entregó el dinero a Ruth Virginia Díaz Velasco, coinciden en que lo
recibió a cambio de sugerir la devolución y que era una participante activa en la
organización, tan así que, cuando se enteraban que era esta funcionaria la
designada para realizar la visita, tenían claridad en que «no habría ningún problema».
208. Asimismo, se cumple con el supuesto de contextualización del relato. Las 3
testigos delimitaron sus dichos y, aunque no mencionaron la suma exacta que le
fue entregada a la actora, lo cierto es que señalaron en qué empresas y periodos
se dio tal situación, los cuales pudieron comprobarse con las pruebas documentales
supra citadas. Se recuerda que en este puede ocurrir la omisión de datos exactos
por el pasar del tiempo como ocurrió en este caso, pues el relato exacto de la
colaboración de los servidores públicos involucrados en los procedimientos
tributarios de 2009 y 2010 ocurrió en los años 2013 y 2014.
209. En la misma línea, se cumplió con las corroboraciones periféricas, pues los
relatos se respaldan en todos los documentos que reposan en el expediente
disciplinario que dan cuenta de las irregularidades en los asuntos contables y
transaccionales de las sociedades solicitantes de la devolución del impuesto a las
ventas.
210. Además, contrario a lo sostenido en el recurso de apelación, no se observa que
las declarantes hubieran encausado su discurso hacia un beneficio propio. Aunque
es cierto que sus declaraciones se rindieron en virtud del compromiso adquirido con
la Fiscalía General de la Nación, ello no permite afirmar con grado de certeza que
existía un interés particular y concreto de perjudicar a la actora o de beneficiarse
por dicha negociación. Se insiste en que las declaraciones se limitaron a explicar
las actuaciones ilegales y exponer a las personas involucradas y ello, en suma,
derivó no solo de la captura, sino de todas las pruebas recaudadas por la Fiscalía
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que daban cuenta fehaciente del actuar ilegal: interceptaciones telefónicas,
testimonios, documentos, entre otros.
211. También es del caso señalar que, contrario a lo sostenido por la actora, las
testigos sí dieron cuenta de su participación en el entramado criminal, así como de
la entrega de dineros a cambio de conceptos favorables para la devolución del
impuesto sobre las ventas. Dicho en otros términos, eran «eficaces» por su
conocimiento y exposición pormenorizada y, además, porque fueron respaldados
por documentos que fueron incorporados en legal forma al expediente disciplinario.
212. Ahora, en el recurso también se expuso que no existía medio de prueba alguno
que la ubicara realizando una solicitud indebida por el ejercicio de su función como
servidora pública; no obstante, se pasa por alto que el artículo 405 del Código Penal
prevé que el cohecho propio se configura cuando este recibe para sí dinero u otra
utilidad para retardar u omitir un cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes
oficiales, es decir, no era necesario demostrar la exigencia referida.
213. Aunado a lo anterior, los elementos de dicho tipo penal fueron debidamente
demostrados por la Procuraduría General de la Nación con los testimonios y
documentos, pues estos exhiben que la actora omitió reportar las irregularidades
de las empresas para que se emitiera el acto de devolución del IVA a cambio de
dinero y utilidades, como los servicios de spa que señaló Blahca Jazmín Becerra
Segura.
214. Asimismo, se comprobó la configuración de los elementos del concierto para
delinquir, pues se asoció con la organización criminal que tenía vocación de
permanencia [tal como lo afirmaron las testigos] y sus actuaciones se concretaban
al momento de cumplir con las visitas en las que era comisionada.
215. De otro lado, tampoco es de recibo el argumento relativo a que los informes se
presentaron a partir de los documentos que se le pusieron de presente y que
tampoco contaba con medios o mecanismos para considerarlos fraudulentos, pues
lo cierto es que la normativa vigente para la época le exigía verificar los registros
contables, existencia de proveedores, antecedentes de la sociedad, tal como se
expuso anteriormente.
216. Finalmente, para dar respuesta a los demás cargos de apelación, es del caso
señalar que Blahca Jazmín Becerra Segura sí hizo énfasis en que las actuaciones
de los funcionarios eran imprescindibles para el éxito de las devoluciones, pues
solo a través de la colaboración y conceptos favorables de los servidores públicos
se entregaría el dinero. Además, Sandra Liliana Rojas y Liliana Paola Huertas
también sostuvieron que la contraprestación tenía como fin que no se detuviera la
visita o no se «pusiera ningún inconveniente».
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217. Tampoco encuentra la Sala razón alguna para descartar los audios, videos y
transliteraciones de las declaraciones. Estos fueron trasladados del proceso penal
en los términos del artículo 135 de la Ley 734 de 2002 y conocidos por la actora y
su apoderada; además, en los primeros se evidencia que los interrogatorios fueron
practicados por el fiscal designado y, por tratarse de documentos públicos, gozan
de la presunción de autenticidad prevista en el artículo 244 del Código General del
Proceso que, por demás, no fue desvirtuada en sede administrativa ni en el proceso
de la referencia.
218. En suma, con la valoración conjunta de las pruebas aportadas y a la luz de la
sana crítica, la Sala considera que la demandante sí cometió las faltas que le fueron
imputadas en el proceso disciplinario, en razón a que recibió dádivas para emitir
conceptos favorables en los procesos de devolución, hizo parte de la organización
criminal y se valió de su cargo como servidora pública para faltar a la verdad y los
deberes impuestos por el ordenamiento jurídico; en consecuencia, se confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
2.6. Conclusión
219. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala confirmará la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones
de la demanda.
220. Contrario a lo sostenido por la parte actora, no se configuró la prescripción de
la acción disciplinaria, pues se trató de una asociación delictiva con vocación de
permanencia que cesó en julio de 2011 cuando fue capturada la determinadora y
líder de la organización. De ahí que fuera procedente la aplicación de la Ley 1474
de 2011, conforme con la cual el proceso disciplinario se debía adelantar dentro de
los 5 años contados desde el auto que inició la investigación disciplinaria hasta la
notificación del fallo de primera instancia, lo cual ocurrió el 18 de septiembre de
2012 y 19 de julio de 2017, respectivamente, es decir, dentro del término legal.
221. De otro lado, se demostró que la actora se valió de su calidad de servidora
pública para participar activamente en dicho entramado [con vocación de
permanencia] al realizar las visitas y sugerir la devolución con el fin de obtener una
contraprestaciones y beneficios que fueron entregados y sufragados por los
miembros de la organización, en concreto, Blahca Jazmín Becerra Segura.
2.7. Costas
222. La condena en costas en la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo está
prevista en el artículo 188 del CPACA que dispuso:
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«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
223. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
224. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma143.
225. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
226. En esta instancia no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual no se condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 30 de junio de 2023, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda presentada por Ruth Virginia Díaz Velasco contra la
Procuraduría General de la Nación.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
143En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara el voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH
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