República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-42-000-2022-00692-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
31 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero sustanciador: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Acción : Hábeas corpus (impugnación)
Expediente : 25000-23-42-000-2022-00692-01
Actora : Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, como agente oficiosa
del señor Germán Rodrigo Ricaurte Tapia
Accionado : Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (sala
penal)
Se ocupa este despacho de decidir la impugnación interpuesta por la señora
Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, quien actúa en condición de agente oficiosa
del ciudadano Germán Rodrigo Ricaurte Tapia, contra la providencia de 20 de
octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que negó la acción pública de la referencia1.
I. ANTECEDENTES
1.1 La acción. Por medio de escrito de 19 de octubre de 2022, la actora, quien
actúa como agente oficiosa del señor Germán Rodrigo Ricaurte Tapia,
instauró acción de hábeas corpus, con fundamento en los hechos que se
sintetizan a continuación:
Mediante sentencia de 20 de agosto de 2020 dictada por el Juzgado Quinto
(5º) Penal del Circuito de Cúcuta, el señor Ricaurte Tapia fue condenado a la
pena principal de treinta y seis (36) meses de prisión por el delito de acoso
sexual, motivo por el cual el 25 de octubre de 2021 se presentó
voluntariamente ante las respectivas autoridades, quienes dispusieron su
reclusión en la «cárcel y penitenciaría para miembros de la fuerza pública de
alta y media - Ejército Nacional», de Bogotá.
Durante el trámite de segunda instancia el señor Ricaurte Tapia advirtió al ad
quem, como hecho sobreviniente, la existencia del fenómeno de la «[…]
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL conforme al Artículo 292 de la Ley
906 de 2004 por razón que la “formulación de imputación” se desarrolló el
23 de octubre de 2018 y que trascurriendo a fecha 23 de octubre de 2021 se
cumplieron tres (3) años, para efectos de la prescripción, a la fecha se
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2022-00692-01
Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, como agente oficiosa del señor Germán Rodrigo
Ricaurte Tapia, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (sala
penal)
configuraría la PROLONGACION ILEGAL DE LA PRIVACION DE LA
LIBERTAD […]» (sic); empero, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta (sala penal), a través de auto AP-TSP-P-2022-1100 de 22 de julio de
2022, negó dicha petición «[…] bajo unos desacertados fundamentos y error
de cálculo taxativo, al considerar; “que el lapso prescriptivo sería de 4 años y
6 meses” y extrañamente no lo dividieron a la mitad como […] el artículo 292
de la Ley 906 de 2004 lo indica […]» (sic).
1.2 Trámite de la acción. Revisado el expediente digital, se observa que el
presente asunto fue repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
despacho a cargo del señor magistrado Jaime Alberto Galeano Garzón, quien
asumió su conocimiento, con auto de 19 de octubre de 2022; y se pronunció
de fondo el 20 siguiente. Mediante acta individual de reparto de 27 de octubre
de 2022, correspondió a este despacho desatar la impugnación formulada
contra la anterior determinación.
1.3 Decisión de primera instancia. Con providencia de 20 de octubre de
2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la acción de hábeas
corpus, al estimar que no ha operado la prescripción de la acción penal, dado
que, como «[…] el 23 de octubre de 2018 el representante de la Fiscalía
General de la Nación formuló imputación […] por la conducta punible de
acoso sexual homogéneo y sucesivo, [ese fenómeno] operará el 23 de abril de
2023, como acertadamente lo sostuvo el Tribunal Superior de Cúcuta- Sala
Penal […]» (sic).
1.4 La impugnación. Inconforme con la decisión de primera instancia, la
accionante la impugnó el 24 de octubre de 2022, para lo cual pidió dar
aplicación a la sentencia SU-433 de 2020 de la Corte Constitucional, que
explicó la manera de calcular la prescripción, puesto que las fórmulas tenidas
en cuenta por el a quo, fundadas en un pronunciamiento de la Corte Suprema
de Justicia (sala de casación penal) de 27 de abril del presente año2, no
resultan aplicables, pues «[…] ni la prescripción de la acción penal, ni la
interrupción del término prescriptivo puede ser igual […]», habida cuenta de
que se analizó el caso de otro tipo de servidor público por una conducta
punible disímil.
Agrega que «NO es lógico, ni de acuerdo al espíritu del articulado [artículo
292 de la Ley 906 de 2004] que primero se dé la interrupción el término
prescriptivo, antes de tasarse la prescripción de la acción penal que es donde
2
Sentencia SP1372-2022, expediente 51288, M. P. José Francisco Acuña Vizcaya.
2
Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2022-00692-01
Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, como agente oficiosa del señor Germán Rodrigo
Ricaurte Tapia, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (sala
penal)
se suma la pena máxima y el agravante, siendo estos un solo cómputo. En la
sucesión de eventos primero se agota la etapa de investigación, y así dar
inicio a la etapa de juzgamiento a partir de la imputación» (sic).
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
2.1 La competencia. Conforme a la previsión contenida en el artículo 7º de la
Ley 1095 de 20063, corresponde a este despacho, como integrante del Consejo
de Estado, ocuparse de la impugnación formulada contra la decisión de 20 de
octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que negó la acción constitucional de hábeas corpus incoada por la señora
Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, como agente oficiosa del señor Germán
Rodrigo Ricaurte Tapia.
2.2 De la acción. La regulación del instituto del hábeas corpus, parte de la
colina de nuestro ordenamiento normativo4, cuyo alcance trasciende la mera
verificación de la legalidad de la privación de la libertad personal, en sentido
material, como parecería entenderse de la lectura desprevenida del artículo 30
superior, pues la doble connotación que este comporta, es decir, como derecho
fundamental y como mecanismo procesal de protección, a voces del artículo
1º de la Ley 1095 de 2006, en armonía con el bloque de constitucionalidad del
cual hace parte, dice relación tanto con el derecho de libertad personal,
tradicionalmente entendido en su perspectiva material o física, de disponer la
persona de la posibilidad de deambular a voluntad, o abstenerse de hacerlo,
como con otros que le son inherentes, vale decir, la vida misma, la dignidad
humana y los demás derechos constitucionales que puedan resultar afectados
por causa o con ocasión de la actuación arbitraria de las autoridades, que prive
a un ser humano sujeto de derechos de la libertad o prolongue ilegalmente su
restricción; así lo anotó la Corte Constitucional en la sentencia sobre control
de constitucionalidad previo de la aludida Ley 1095:
Por lo tanto, el cometido esencial del hábeas corpus no se puede
entender restringido solo a la protección del derecho a la libertad sino
que ha de dársele una proyección mucho más amplia en cuanto
verdaderamente abarca la garantía de todo el conjunto de derechos
fundamentales de la persona que se encuentra privada de su libertad de
manera arbitraria o ilegal, y que por esta circunstancia se encuentran en
latente y permanente amenaza. En tal medida, el radio de protección del
3
«Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política».
4
Artículo 30 de la Carta Política: «Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene
derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el
Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas».
3
Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2022-00692-01
Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, como agente oficiosa del señor Germán Rodrigo
Ricaurte Tapia, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (sala
penal)
hábeas corpus no se limita a cubrir solo el derecho a la libertad sino que
se expande para cubrir los otros derechos fundamentales íntimamente
relacionados con éste, y que le dan soporte, como son los derechos a la
vida y a la integridad personal.
[…]
Así tenemos que, como quedó anteriormente precisado, el hábeas
corpus protege no solo el derecho a la libertad sino también el derecho
a la vida y a la integridad personal, y todos los derechos
fundamentales que resultan igualmente expuestos en las situaciones
de abuso de poder propias de las privaciones irregulares de la libertad.
En consecuencia, la definición adoptada por el legislador en el artículo
primero del proyecto que ahora se examina ha de entenderse como
comprensiva tanto de la modalidad de hábeas corpus reparador, como
en la modalidad de habeas corpus correctivo, entendido éste último
como mecanismo para evitar o poner fin a situaciones que
comporten amenazas graves contra los derechos fundamentales de
la persona, como la vida o la integridad personal o el derecho a no ser
desaparecido.
[…]
En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también
pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se
detiene en flagrancia a una persona (C.Po. art. 32) y no se le pone a
disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas
siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga
privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado
legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad.
Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, las detenciones legales
pueden volverse ilegales, como cuando la propia autoridad judicial
prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la
Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la
solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho.
En suma, las dos hipótesis son amplias y genéricas para prever
diversas actuaciones provenientes de las autoridades públicas,
cuando ellas signifiquen vulneración del derecho a la libertad y de
aquellos derechos conexos protegidos mediante el hábeas corpus5
[se destaca].
2.3 Caso concreto. Las pruebas adosadas al expediente digital dan cuenta de
la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente acción, en
tal virtud, se destaca:
a) Sentencia de 20 de agosto de 2021, por medio de la cual el Juzgado Quinto
5
Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
4
Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2022-00692-01
Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, como agente oficiosa del señor Germán Rodrigo
Ricaurte Tapia, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (sala
penal)
(5º) Penal del Circuito de Cúcuta condena al señor Germán Rodrigo Ricaurte
Tapia a las penas principal de treinta y seis (36) meses de prisión y accesoria
de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo
período, como autor responsable de la conducta punible de acoso sexual en
concurso homogéneo y sucesivo (ordinales 1º y 2º de la parte decisoria), y
niega la «[…] suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión
domiciliaria como sustitutiva de la prisión» (ordinal 3º).
b) Mediante escrito de 27 de agosto de 2021, el mencionado señor interpuso
recurso de apelación contra el anterior fallo, que no ha sido desatado.
c) Memoriales de 11 y 31 de enero y 16 de febrero de 2022, por los que el
señor Ricaurte Tapia pide del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta (sala penal) se decrete el «hecho sobreviniente» de la prescripción de
la acción penal, por cuanto, después de realizada la formulación de la
imputación (23 de octubre de 2018), han trascurrido más de 38 meses de los
36 para que se configure dicho fenómeno.
d) Auto AP-TSC-P-2022-1100 de 22 de julio de 2022, por cuyo conducto el
aludido Tribunal decide las solicitudes citadas en la letra precedente, así:
2.1.1 El 23 de octubre de 2018, se llevó a cabo la audiencia preliminar de
formulación de la imputación ante el Juzgado Octavo Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Cúcuta, diligencia en la que se le
imputaron cargos por el presunto delito de acoso sexual en concurso
homogéneo y sucesivo al señor German Rodrigo Ricaurte Tapia, quien
no aceptó la comisión del mismo.
[…]
En tal medida, como el asunto bajo revisión se surte por el delito de
acoso sexual, y este, conforme el artículo 210-A del Código Penal
contempla una pena máxima de 3 años de prisión, que atendiendo la
anterior disposición normativa sería el término prescriptivo señalado para
el delito en cuestión una vez producida su interrupción, pues recuérdese
que, no puede ser inferior a 3 años.
En ese orden, cabe resaltar que la formulación de la imputación ocurrió
el 23 de octubre de 2018 y, atendiendo el término prescriptivo
mencionado, se podría arribar a la conclusión de que, como lo sostiene el
peticionario, la acción penal se encontraría prescrita.
Sin embargo, es menester destacar que, según los términos de la
imputación y la acusación, el señor German Rodrigo Ricaurte Tapia
desplegó los comportamientos presuntamente delictivos bajo su
5
Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2022-00692-01
Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, como agente oficiosa del señor Germán Rodrigo
Ricaurte Tapia, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (sala
penal)
condición de servidor público cuando se desempeñaba como Director del
Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Cúcuta.
En ese sentido, dada dicha condición (art. 83 ídem inc. 6), tal guarismo
debe incrementarse en la mitad, es decir, que el lapso prescriptivo sería
de 4 años y 6 meses, que contados a partir de la fecha en que se formuló
imputación, dicho fenómeno ocurriría el 23 de abril de 2023.
Bajo ese discurrir, se advierte que la solicitud del procesado no tiene
vocación de prosperidad en este momento [sic para toda la cita].
e) Oficio TSC-SP-003-039-2022 de 19 de octubre de 2022, a través del cual la
referida Colegiatura, en respuesta al requerimiento realizado por el a quo en
primera instancia, precisa:
Así, se advierte que a la fecha ya se resolvió la inconformidad planteada
por el procesado al interior de la acción constitucional que ahora impetra,
en donde de manera clara se le expuso que la acción penal no se
encontraba prescrita por cuanto la conducta punible acusada fue bajo la
condición de servidor público, la cual si bien no la agrava sí incrementa
el término prescriptivo.
De manera que, con el recuento expuesto queda en evidencia la
insistencia del procesado en obtener su libertad bajo la figura de la
prescripción, que se reitera, atendiendo la fecha de imputación de los
hechos no se ha configurado, no resultando ilegal la actual privación de
su libertad.
Quedando a disposición de su honorable despacho para las explicaciones
o adiciones de información que se estimen necesarias [sic para toda la
cita].
De las pruebas relacionadas, se observa que (i) el señor Ricaurte Tapia fue
condenado por la jurisdicción penal, en primera instancia, por el delito de
acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo, decisión contra la cual
interpuso recurso de apelación el 27 de agosto de 2021, concedido para ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (sala penal); (ii) con escritos
de 11 y 31 de enero y 16 de febrero de 2022 solicitó de este decretar la
prescripción de la acción penal, en la medida en que ya se superó el «[…]
tiempo […] máximo de la pena fijado en la Ley» (36 meses), contado a partir
de la fecha de formulación de la imputación (23 de octubre de 2018), término
que, afirma, venció el 23 de octubre de 2021; y (iii) por medio de proveído
AP-TSC-P-2022-1100 de 22 de julio de 2022, dicha Corporación negó ese
reclamo, al estimar que, en atención a que la conducta endilgada a aquel se
cometió en su condición de servidor público (director del Complejo
6
Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2022-00692-01
Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, como agente oficiosa del señor Germán Rodrigo
Ricaurte Tapia, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (sala
penal)
Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Cúcuta), «[…] tal guarismo debe
incrementarse en la mitad, es decir, que el lapso prescriptivo sería de 4 años y
6 meses, que contados a partir de la fecha en que se formuló imputación, [el]
fenómeno ocurriría el 23 de abril de 2023».
Con el objeto de analizar los argumentos planteados por la demandante, cabe
recordar que los artículos 292 y 83 y 86 de los Códigos de Procedimiento
Penal (CPP) y Penal (CP), en su orden, acerca de la prescripción de la acción,
preceptúan:
ARTÍCULO 292. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. La
prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la
imputación.
Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a
correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el
artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres
(3) años.
ARTÍCULO 83. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
PENAL. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la
pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso
será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo
dispuesto en el inciso siguiente de este artículo.
[…]
ARTÍCULO 86. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL
TÉRMINO PRESCRIPTIVO DE LA ACCIÓN. La prescripción de la
acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.
Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a
correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el
artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5)
años, ni superior a diez (10).
Conforme a lo anotado, formulada la imputación de cargos, el término
prescriptivo se interrumpe y corre de nuevo por un lapso igual a la mitad de
la pena máxima fijada en la ley para el respectivo delito, sin que su umbral
mínimo pueda ser inferior a tres (3) años6.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, resulta evidente que el análisis de
los requisitos y causales para decretar (o negar) la prescripción de la acción
6
Ver fallo SP2934-2016 de 9 de marzo de 2016, Corte Suprema de Justicia (sala de casación penal),
radicación 47103, M. P. Fernando Alberto Castro Caballero.
7
Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2022-00692-01
Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, como agente oficiosa del señor Germán Rodrigo
Ricaurte Tapia, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (sala
penal)
penal recae exclusivamente en los funcionarios de esa jurisdicción, sin que sea
dable, como lo pretende la actora, hacer uso de este mecanismo constitucional
para provocar una decisión acorde a sus intereses, toda vez que su propósito es
conjurar las privaciones arbitrarias de la libertad y no servir de instancia
adicional dentro de las actuaciones penales.
Acerca de este tema, la Corte Suprema de Justicia (sala de casación penal), al
desatar una controversia similar a la que ahora nos ocupa7, dijo:
Bajo esta perspectiva, es claro que la acción promovida no cumple el
requisito de subsidiariedad, consistente en el agotamiento de la
discusión sobre la concesión de la libertad ante el funcionario de
garantías, y en el ejercicio de los medios de defensa judicial con los que
legalmente se cuenta para obtener la satisfacción de la pretensión en el
evento de ser negada, antes de acudir a la acción constitucional. Lo
contrario, constituiría una invasión indebida en la órbita del funcionario
competente.
6. Ahora, en lo atinente al motivo de inconformidad referido a la
presunta prescripción de la acción penal, se ha de indicar que el tema
debe ser abordado y resuelto por el juez ordinario circunstancia por la
cual el juez de habeas corpus no puede involucrarse porque el trámite
constitucional no supone la posibilidad de una instancia adicional de
las discusiones que allí se susciten.
Pretender entonces, en esta sede, un pronunciamiento de fondo sobre la
problemática planteada a través de la vía de amparo, resulta del todo
inviable, en tanto ello demandaría un análisis de los presupuestos
facticos y jurídicos bajo los cuales solicita la declaratoria pretendida, lo
cual implicaría el desplazamiento de las competencias del juez
ordinario, encargado de decidir aspectos como el anotado.
En conclusión, la acción de habeas corpus no es el mecanismo jurídico
idóneo para establecer si los delitos imputados dentro de una
determinada actuación se encuentran prescritos y menos para declarar
que tal fenómeno ha acontecido.
En igual sentido, respecto de las irregularidades que arguye el
accionante existen dentro del proceso penal, tales como la aplicación
de una norma posterior al momento de ocurrencia de los hechos y el
análisis erróneo de la prueba, se debe advertir que, como se ha
reiterado esos asuntos deben ser controvertidos ante el juez natural [se
subraya].
7
Providencia AHP2533-2020 de 2 de octubre de 2020, radicado 58244, M. P. Eugenio Fernández Carlier.
8
Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2022-00692-01
Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, como agente oficiosa del señor Germán Rodrigo
Ricaurte Tapia, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (sala
penal)
Por consiguiente, no es dable a través de este trámite ventilar asuntos que son
únicamente de la órbita del juez natural, puesto que la acción de hábeas corpus
no puede dar cabida a otra instancia procesal, pues se insiste en que esta busca
proteger el derecho constitucional fundamental a la libertad frente a
actuaciones arbitrarias, como lo dijo la Corte Constitucional8:
[…] el Juez Constitucional no puede inmiscuirse en la órbita de
competencia de la jurisdicción ordinaria, para entrar a decidir sobre el
derecho a la libertad del acusado, porque es claro que quien debe
examinar si la restricción de la libertad cumple con las garantías
constitucionales y con los supuestos legales que la permiten es el juez
del proceso, en la medida en que es ante él ante quien se ejercen los
recursos procesales dispuestos para tal fin […].
Sin perjuicio de lo anterior, agrégase que, amén de que no se observan visos
de arbitrariedad de la Administración de justicia, puesto que el señor Germán
Rodrigo Ricaurte Tapia se encuentra privado de su libertad por cuenta de una
decisión emitida por autoridades judiciales9, la cual se presume ajustada al
ordenamiento jurídico, él aún cuenta con mecanismos procesales propios de la
legislación penal idóneos para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta (sala penal) revise los argumentos que soportan el aludido reclamo
(incluidos los consignados en la solicitud de hábeas corpus, si así lo estima),
esto es, plantearlos en el escrito de alegaciones finales, de conformidad con el
artículo 446 del CPP10, con la finalidad de que sea decidido en el fallo que
defina la segunda instancia y, de resultar desfavorable, acudir en sede del
recurso extraordinario de casación que, según el artículo 181 ibidem, «[…]
procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos
adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales
[…]», por «Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida
de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal,
llamada a regular el caso», entre otros defectos.
Así las cosas, en concordancia con los lineamientos antes trascritos, la acción
de hábeas corpus no es el escenario para emitir un pronunciamiento sobre el
fenómeno prescriptivo de la acción penal, habida cuenta de que, además de no
8
Sentencia T-724 de 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
9
En el ordinal 3º de la parte decisoria del fallo de primera instancia, el Juzgado Quinto (5º) Penal del Circuito
de Cúcuta «NEG[ó] el otorgamiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión
domiciliaria como sustitutiva de la prisión».
10
«Contenido. La decisión será individualizada frente a cada uno de los enjuiciados y cargos contenidos en
la acusación, y deberá referirse a las solicitudes hechas en los alegatos finales. El sentido del fallo se dará a
conocer de manera oral y pública inmediatamente después del receso previsto en el artículo anterior, y
deberá contener el delito por el cual se halla a la persona culpable o inocente» (se subraya).
9
Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2022-00692-01
Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, como agente oficiosa del señor Germán Rodrigo
Ricaurte Tapia, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (sala
penal)
haberse agotado la etapa ordinaria prevista en el ordenamiento jurídico para
ello, un pronunciamiento sobre el particular implicaría una intromisión en las
competencias del juez natural.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia (sala de casación penal)11 ha
precisado:
[…] se aclara que […] es improcedente su trámite [hábeas corpus] en
los siguientes eventos: (i) sustituir los procedimientos judiciales
comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de
libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y
apelación a través de los cuales deben impugnarse las decisiones que
interfieren ese derecho fundamental; (iii) desplazar al funcionario
judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa –a manera
de instancia adicional- de la autoridad competente para
resolverla […] (negrillas del despacho).
A partir de los anteriores prolegómenos, el despacho concluye que las
circunstancias propias de este caso no satisfacen los presupuestos legales ni
jurisprudenciales para la procedencia de la acción de hábeas corpus, razón por la
cual se impone revocar la providencia impugnada, que negó las súplicas y, en su
lugar, se rechazará por improcedente.
En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado del Consejo de Estado,
sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,
DECIDE:
1º. Revócase la providencia impugnada, proferida el 20 de octubre de 2022
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la acción de
hábeas corpus instaurada por la señora Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, quien
actúa en condición de agente oficiosa del ciudadano Germán Rodrigo Ricaurte
Tapia y, en su lugar, recházase por improcedente, en armonía con lo dicho en
la parte motiva.
2º. Comuníquese lo decidido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta (sala penal).
3º. Por secretaría, notifíquese a la señora Fanny Leonor Tapia de Ricaurte y al
11
Sentencia de 24 de mayo de 2017, M. P. Éyder Patiño Cabrera, expediente 46897.
10
Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2022-00692-01
Fanny Leonor Tapia de Ricaurte, como agente oficiosa del señor Germán Rodrigo
Ricaurte Tapia, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (sala
penal)
señor Germán Rodrigo Ricaurte Tapia, a la brevedad, y entrégueseles copia
completa de esta decisión.
4º. Surtido lo anterior, previas las anotaciones que fueren menester,
devuélvase el expediente constitucional al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase,
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
11
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