Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00161-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00161-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2023-00161-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de julio de 2026
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2023-00161-02 (4542-2024)
Demandantes: Carlos Mario Díaz Morales
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional
Tema: Desconocimiento del debido proceso por indebida valoración
probatoria como causal de nulidad de los actos administrativos.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Carlos Mario Díaz Morales instauró demanda en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 20 de
mayo y el 27 de diciembre de 2021 por la Oficina de Control Disciplinario Interno y
por la Inspección Delegada Especial de la Dirección General de la Policía Nacional,
respectivamente, mediante las cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad
general por el término de diez (10) años; y la nulidad de la Resolución 01485 del 25
de mayo de 2022, que hizo efectivo el correctivo.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro al cargo, con la
antigüedad que debería tener de no haber sido retirado de la Institución, pues ya
había aprobado el curso de subintendente, junto con el pago de los salarios y
prestaciones sociales que dejó de percibir y los aportes a vivienda militar,
debidamente actualizados.
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HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que para el año 2017 pertenecía a la Dirección Antinarcóticos de la Policía
Nacional y el 16 de junio de ese año le correspondió por sorteo la prestación del
servicio de inspección a carga y correo, esto es, a la bodega del correo 472 y UPS
del Aeropuerto Internacional El Dorado.
6. Que, en medio del procedimiento de inspección, perfiló una guía de envío de la
empresa 4-72 con destino Bogotá-París (Francia) y logró evidenciar un aproximado
de 67 llaveros, de los cuales algunos contenían una sustancia pulverulenta, lo que
implicó la aplicación de un narco test que arrojó resultado positivo para cocaína.
7. Agregó que, como debía continuar con la revisión aleatoria de las figuras, optó
por separar dos llaveros de los no contaminados para un análisis más detallado y
los guardó en su bolsillo y, cuando retomó el procedimiento de inspección, fue
abordado por el capitán Jeison Alberto Reyes Tapia, quien le manifestó que en las
cámaras del circuito cerrado de televisión lo había visto guardar dos elementos en
el bolsillo de su uniforme. A dichos elementos se les aplicó el narco test, con
resultado negativo, en presencia del referido funcionario.
8. Que el capitán Reyes Tapia elaboró un informe de novedad con fundamento en
lo sucedido, lo que dio lugar a que se ordenara la apertura de una «investigación
disciplinaria (sic)» por auto del 20 de octubre de 2017, en la cual se libraron las
solicitudes probatorias y se practicaron pruebas sin notificarlo previamente y el «15
de febrero de 2019, se procedió a emitir Auto de Apertura de investigación
disciplinaria formal» y nuevamente se adelantaron diligencias probatorias sin
notificarle la decisión.
9. Que se formuló pliego de cargos por la falta disciplinaria gravísima del artículo
34.14 de la Ley 1015 de 2006, a título de dolo y, en consecuencia, fue sancionado
con destitución e inhabilidad general por 10 años mediante la expedición de los
actos demandados; decisión que se ejecutó con la Resolución 01485 del 25 de
mayo de 2022, notificada el 31 del mismo mes y año.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Constitución Política: artículos 1, 4, 5, 13 y 29; Ley 734 de 2002: artículos 6, 20,
128, 129, 130, 137, 141, 142 y 153; Ley 1015 de 2006: artículos 5 y 6.
11. Considera que con la expedición de los actos demandados se desconocieron
los derechos constitucionales a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad, en
la medida en que la demandada no tuvo en cuenta sino aquello que «le convenía»
y descartó lo que creaba duda o favorecía al disciplinado y no consideró que con
ello se lesionaban no solo sus derechos sino los de su familia, así como
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disposiciones de tratados internacionales y pronunciamientos jurisprudenciales;
pues retirarlo del cargo implicó la afectación de su mínimo vital y móvil.
12. Que en las decisiones disciplinarias no se realizó la valoración integral de las
pruebas, lo que significó un quebrantamiento del derecho a la igualdad, pues fue
discriminado por una simple sospecha y un desconocimiento de la garantía
constitucional de debido proceso, en la medida en que en el trámite sancionatorio
no existe prueba alguna de que se hubiese apropiado de los elementos (llaveros)
en beneficio propio, lo que da cuenta de que ninguna de las instancias tuvo certeza
acerca de la comisión de la falta.
13. Que la investigación disciplinaria no fue adelantada por el funcionario
competente según su cargo y función y no se cumplió con la finalidad de dicha
etapa, pues no se pudo establecer ni siquiera qué elementos se extraviaron, si se
tiene en cuenta que en algunas ocasiones se habló de dos llaveros y en otras de
tres; además, el capitán Reyes no fue testigo de lo ocurrido, por lo que incurrió en
falsedad al rendir su informe y aunque se decretó como prueba el testimonio del
señor José Fredy Ríos (funcionario de 472), este no se recibió.
14. Que la demandada no practicó pruebas de oficio para llegar a la verdad material
y, en consecuencia, expidió los actos sancionatorios sin que existiera soporte de su
culpabilidad, pues inclusive los testimonios recaudados resultaron contradictorios y
no permitían inferir que los elementos se hubiesen tomado para un beneficio propio
y, pese a las dudas respecto de la ocurrencia de la conducta disciplinable, optó por
imponer el correctivo disciplinario.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
15. La demanda fue admitida el 25 de mayo de 20231. La Policía Nacional se opuso
a las pretensiones, por considerar que los actos demandados se expidieron en
1 Véase archivo «4_AUTOADMITEDEMANDA» del expediente digital. La demanda correspondió por reparto al
Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, el cual, por auto del 30 de enero de 2023 la rechazó por considerar
que había operado la caducidad de la acción (véase archivo «007RechazaDemandaCaducidad», disponible en
la carpeta .zip «1_ED_25000234200020230016» del expediente digital). En contra de dicha decisión, el
demandante interpuso recurso de apelación, que fue rechazado por extemporáneo el 3 de marzo de 2023
(véase archivo «010RechazaApelacion» », disponible en la carpeta .zip «1_ED_25000234200020230016» del
expediente digital).
El demandante presentó acción de tutela por considerar lesionados sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.
En sentencia del 26 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó los derechos
invocados, pues encontró que según los hitos del proceso, el señor Díaz Morales tenía hasta el 6 de diciembre
de 2022 para radicar la demanda y que intentó hacerlo desde el 1 de ese mes y año, pero recibía una respuesta
automática que le informaba que debía reducir el tamaño de su mensaje, por lo que nuevamente intentó la
radicación el 5 del mismo mes y año, con la misma respuesta automática. Luego, el 6 de diciembre de 2022
recibió un mensaje en el cual se le indicó que el canal habilitado para radicar la demanda era un hipervínculo
que le fue remitido y, finalmente, el 7 de diciembre de 2022, desde la dirección
demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co se le confirmó el recibo de su «solicitud», que fue repartida al
Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá el 9 de diciembre de 2022, con el radicado
110013333501620220047100, autoridad que la rechazó al tenerla como radicada el 7 de ese mes y año, de lo
cual concluyó que se había acudido a la jurisdicción por fuera del término previsto en la ley.
En la sentencia de tutela se concluyó que los usuarios de la administración de justicia no se encuentran en el
deber de soportar la inadecuada disposición de los medios tecnológicos y se ordenó al juzgado que analizara
de nuevo la demanda con excepción del estudio de caducidad de la acción (véase archivo
«013SentenciaTutelaOrdenaAdmitir», disponible en la carpeta .zip «1_ED_25000234200020230016» del
expediente digital). No obstante, por auto del 2 de mayo de 2023 el Juzgado declaró la falta de competencia y
ordenó la remisión del asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (véase archivo
«015ObedeceRemite», disponible en la carpeta .zip «1_ED_25000234200020230016» del expediente digital).
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cumplimiento de los presupuestos procesales y con la debida aplicación del régimen
disciplinario correspondiente por la autoridad competente, de tal forma que no se
desconocieron derechos fundamentales y se respetaron las garantías
constitucionales del demandante, quien pudo ejercer su derecho de defensa y
contradicción y contó con la representación de su apoderado de confianza.
16. Afirmó que en el marco del procedimiento de inspección que realizó el entonces
funcionario de la Policía Nacional solo informó acerca de los elementos que guardó
en su pantalón cuando fue requerido por el capitán Reyes Tapia, comportamiento
que resultó contrario al protocolo que debía aplicar y del cual tenía conocimiento.
17. Que la conducta por la cual fue sancionado el señor Díaz Morales se encuentra
prevista como falta disciplinaria gravísima en el régimen de la Policía Nacional y se
acreditó su ocurrencia con fundamento en pruebas valoradas de manera integral.
En ese orden, el demandante se refiere a «dudas» en su concepto de violación, sin
que de manera específica se indique en qué consisten y tampoco ataca las pruebas
practicadas; simplemente pretende reabrir el debate que en este sentido se agotó
en debida forma ante la autoridad disciplinaria.
18. Que en la actuación quedó demostrada la afectación al deber funcional y la
imagen institucional y que no puede aceptarse la tesis de que el comportamiento
investigado no existió, pues inclusive el entonces disciplinado aceptó haber
sustraído unos elementos y meterlos en el bolsillo de su uniforme, de manera que
no son falsos los testimonios recaudados en ese sentido y la supuesta duda
respecto del número de elementos que guardó no podría conducir a la nulidad de
los actos, pues no debió tomar ninguno.
19. Propuso como excepción de mérito la de «acto administrativo ajustado a la
Constitución, la ley y la jurisprudencia»2.
20. Se celebró audiencia inicial el 5 de marzo de 20243 en la cual se fijó el litigio y
se resolvió sobre el decreto de pruebas, respecto de lo cual se negaron las
testimoniales solicitadas por el demandante, quien interpuso recurso de reposición
y en subsidio apelación. Se negó la reposición y se concedió la apelación4.
Finalmente se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al
Ministerio Público para que presentara su concepto. Cerrada esta etapa, se profirió
sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del veintiocho
(28) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)5, negó las pretensiones tras concluir
que el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
2 Véase archivo «CONTESTACION DE DEMANDA CARLOS MARIO DÍAZ MORALES
25000234200020230016100», disponible en la carpeta .zip
«011_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACIONDEMANDA», del expediente digital.
3 Véase archivo «030AUDIENCIAINICI_INICIAL_ACTA22023161CARLOSDI», del expediente digital.
4 El recurso de apelación fue resuelto por esta Corporación en auto del 19 de junio de 2024, en el cual se
confirmó la decisión recurrida (véase archivo «050REGRESO_5_Autoqueresuel_2307» del expediente digital.
5 Véase archivo «040SENTENCIA QUE N_DIGITAL202316100CARL» del expediente digital.
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demandados, pues las pruebas recaudadas por la autoridad disciplinaria permitían
determinar que, mientras se encontraba en servicio activo el 16 de junio de 2017,
en funciones como inspector portuario y aeroportuario de la Compañía
Antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, tomó dos elementos de
una encomienda objeto de inspección y los guardó en el bolsillo derecho de su
pantalón, según se acreditó con el video UPIS2 AEROPUERTO 100-1100-
16062017 (minuto 20:54); luego de lo cual verificó unos documentos y continuó con
la verificación de otras cajas y mercancía.
22. Que de lo anterior dio cuenta el informe elaborado por el supervisor del proceso
de seguridad postal de la empresa 472, el señor José Fredy Ríos, quien dijo que al
indagar al uniformado por la razón para guardar los elementos, este contestó que
«es un recuerdo para la familia» y que al verificar la cantidad de figuras, que según
la guía de origen eran 67, solo se contaron 65.
23. A partir de lo anterior, señaló que sí se podía verificar que el demandante se
apropió de dos elementos sin tener potestad para ello, pues el procedimiento para
este tipo de eventos no menciona la posibilidad de que el uniformado que realiza la
inspección pueda guardar objetos para culminar su verificación de manera posterior,
máxime que, en el caso concreto, concluida la inspección por parte del señor Díaz
Morales, el personal de seguridad postal se llevó la mercancía incautada como parte
del procedimiento. Que, inclusive, «el hecho de que el señor CARLOS MARIO,
luego de guardar y apropiarse de los llaveros, hubiese continuado inspeccionando
otras cajas y mercancías, lo que implica que era su intención el guardar estos
elementos como suyos (…)» y que solo cuando su supervisor lo requirió los extrajo
de su bolsillo y dijo que su intención era inspeccionarlos de manera posterior.
24. Destacó que el procedimiento previsto en la guía para el control antinarcóticos
no otorga la posibilidad al policía encargado de apropiarse o guardar elementos que
se identifiquen como sospechosos, menos si no cuentan con un registro, cadena de
custodia o embalaje para evitar contaminación de lo que luego será material de
prueba, lo que refuerza la intención del demandante de tomar como suyos aquellos
que guardó; comportamiento que se ejecutó de manera dolosa, pues lo cierto es
que su tesis de haberlos separado para distinguirlos de los no contaminados se
desvirtuaba si se tenía en cuenta que el uniformado no podía saber cuáles figuras
estaban contaminadas y cuáles no.
25. Agregó que en la actuación estaba acreditado que la demandada, inclusive de
manera oficiosa, desplegó la actividad probatoria para el esclarecimiento de los
hechos y que los actos que se expidieron durante el procedimiento fueron
notificados y comunicados al investigado y a su defensor, según correspondiera.
Que, en ese escenario, no representaba una irregularidad sustancial la solicitud
probatoria realizada antes de la diligencia de notificación, pues desde el momento
en que el señor Díaz Morales fue enterado del trámite pudo hacer uso de los
mecanismos procesales para ejercer el derecho de contradicción.
26. Que el procedimiento se llevó a cabo por el funcionario competente, quien en
cada oportunidad procesal comisionó a un servidor para la práctica de las pruebas
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y que mal podría concluirse la vulneración del derecho a la igualdad con fundamento
en meras generalidades, porque se tendría que acreditar la ocurrencia de eventos
en las mismas condiciones; como tampoco es posible determinar la afectación de
su núcleo familiar, pues el retiro del servicio obedeció exclusivamente a la actuación
del funcionario, quien obró de forma contraria a sus deberes.
27. Finalmente, advirtió que no se emitiría pronunciamiento respecto de los puntos
nuevos señalados en los alegatos de conclusión, relacionados con el término para
adelantar la investigación disciplinaria y su inasistencia a la diligencia de declaración
del capitán Reyes Tapia, por tratarse de cuestiones sobre las cuales no se permitió
a la entidad demandada un pronunciamiento.
28. Resolvió no condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
29. El demandante6 interpuso recurso de apelación, en el cual señaló que el
Tribunal realizó una interpretación errónea y desigualitaria de los medios de prueba,
lo que implicó que se profiriera un fallo incongruente, pues tanto esta autoridad
como la demandada tuvieron como prueba relevante para demostrar su
responsabilidad un video en el cual se le observaba mientras guardaba dos
elementos en el bolsillo derecho del pantalón de su uniforme, pero que ese medio
de prueba fue recolectado de manera ilegal, porque no fue aportado por el quejoso,
por lo que se «desconoce como (sic) llego (sic) dicho Video (sic) como prueba al
Proceso (sic), es decir, a poder del Comandante del Control Portuario y
Aeroportuario», situación que transforma la prueba en inexistente y que configura
una flagrante violación del derecho fundamental al debido proceso.
30. Sobre este punto, insistió en que se desconoce la manera como se recolectó el
video de las cámaras de seguridad, sumado a lo cual en el trámite disciplinario no
existe solicitud de dicha prueba, por lo que esta se recaudó sin el lleno de los
requisitos exigidos por el artículo 140 de la Ley 734 de 2002.
31. Que, además, el Tribunal sostuvo que el procedimiento de inspección se
encontraba debidamente determinado en la respectiva guía, lo cual no correspondía
a la realidad, pues existían muchas actuaciones no establecidas en dicho
documento, por ejemplo, ese mismo día debió inspeccionar unos comestibles que
debieron ser destapados y probados, luego de lo cual se les puso una cinta de sello,
procedimiento no establecido en la guía.
32. Agregó que la manifestación acerca de que «se trataba de un bonito recuerdo
para su familia» quedó desvirtuada al observar que después de que guardó los
elementos en su pantalón no tuvo contacto con nadie, sumado a que la autoridad
disciplinaria no pudo determinar en qué momento se dijo ello y que si bien en la
sentencia se dijo que él no podía saber cuáles llaveros o figuras estaban
contaminados y cuales no, se usó esta circunstancia en su contra y se malinterpretó,
pues justamente lo que acredita es que tomó aleatoriamente dos elementos para
6 Véase archivo «041_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION» del expediente digital.
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continuar con su procedimiento de inspección.
33. Que los testimonios recaudados en el trámite disciplinario se valoraron de
manera parcializada en la sentencia, pues lo cierto es que resultaban
contradictorios, en la medida en que en ocasiones se refirieron a la sustracción de
dos, tres o «algunos» llaveros; aspectos que dejaban dudas sobre la realidad de los
hechos y que fueron omitidas por el Tribunal.
34. También insistió en la falta de competencia del funcionario que adelantó la
práctica probatoria en la etapa de indagación preliminar, respecto de lo cual
manifestó que si bien en el auto se comisionó al intendente Luis Fernando Moreno
Narváez, «También es cierto que dentro del expediente, no se encuentra el Auto de
Nombramiento y Posesión de dicho funcionario, lo que impedia su competencia para
tal fin» ((sic) en toda la cita); que, luego, en la investigación disciplinaria, otro
funcionario avocó conocimiento de la actuación, lo que vulneró el procedimiento
sancionatorio.
35. Reiteró que en el informe de novedad no se consignaron los hechos como
realmente ocurrieron y que se lesionó el derecho a la igualdad, pues en el mismo
video se ve cuando un compañero suyo se queda con un llavero y, no obstante,
sobre él no se elaboró ninguna queja o informe, lo que representa un trato desigual
y diferencial.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
36. El 25 de septiembre de 20247 fue admitido el recurso de apelación. En esta
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
37. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
38. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
39. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia apelada debe revocarse y, en
su lugar, es procedente declarar la nulidad de los actos demandados, pues, en
términos del apelante, en su expedición se incurrió en irregularidades en cuanto a
la valoración de los medios de prueba, al análisis de la competencia de quien
adelantó la actuación disciplinaria y respecto del desconocimiento del derecho a la
igualdad.
40. Con este fin, la providencia se referirá debido al desconocimiento del proceso
por indebida valoración probatoria como causal de nulidad de los actos
7 Véase índice 00008 de SAMAI.
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administrativos y abordará el caso concreto.
Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso
41. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los
actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
42. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 1378 y 1389 de la Ley 1437 de 2011 regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
43. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.
44. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir un
límite al ejercicio del poder público, es un mecanismo para proteger los derechos de
los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del
Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de
cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar
afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico10.
45. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por
su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
8 Del medio de control de nulidad.
9 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
10 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-
33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 11; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.
46. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del derecho
al debido proceso12 puede predicarse tanto de las providencias judiciales como de
los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución13.
47. En todos los supuestos de desconocimiento del debido proceso subyace la
aplicación de los principios estructurales de la actividad sancionatoria, en especial,
el in dubio pro disciplinado, que materializa la idea según la cual toda duda que surja
en la actuación disciplinaria debe resolverse en favor del servidor implicado; lo que,
a su vez, es consecuencia de que la carga probatoria en los procedimientos de esta
naturaleza le corresponda al Estado.
48. En especial, el defecto fáctico –que se configura cuando se valora una prueba
de manera irracional o caprichosa, se analizan medios de prueba que se debieron
omitir o se desconocen las reglas de la sana crítica14– puede llevar al operador
disciplinario a la expedición de actos administrativos sin el cumplimiento del
presupuesto procedimental para la imposición de una sanción: la certeza, más allá
de toda duda razonable, de la existencia de la falta disciplinaria y de la
responsabilidad del investigado.
49. Lo anterior se encuentra directamente relacionado con la presunción de
inocencia, arista del derecho al debido proceso según la cual «[t]oda persona se
11 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-
01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
12 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la
sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
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presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable»15 y de
la que hace eco la normativa disciplinaria aplicable al demandante, pues el artículo
7 de la Ley 1015 de 2006 dispone que «[e]l destinatario de esta ley a quien se le
atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare
legalmente su responsabilidad en fallo ejecutoriado» en tanto, de conformidad con
el artículo 6 de la misma normativa, «[e]n el proceso disciplinario toda duda
razonable se resolverá en favor del investigado o disciplinado, cuando no haya
modo de eliminarla»; y por su parte, el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 (aplicable
en virtud de lo dispuesto por los artículos 20 y 58 de la Ley 1015 de 2006) señala
que «[n]o se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba
que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del
investigado».
50. En otras palabras: en materia sancionatoria disciplinaria la presunción de
inocencia tiene influencia directa en la carga de la prueba e impacta el principio in
dubio pro disciplinado, pues corresponde a quien ostenta el poder punitivo
encaminar su despliegue probatorio a desvirtuar la presunción y si, examinadas las
pruebas existen dudas sobre la responsabilidad, la decisión solo puede ser
absolutoria16.
Caso concreto
51. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria17, la Sala destaca que:
• El 20 de octubre de 201718 la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Dirección
General de la Policía Nacional ordenó la apertura de una indagación preliminar en
contra del patrullero Carlos Mario Díaz Morales, con fundamento en el informe remitido
por el capitán Yeison Alberto Reyes Tapia, quien dio cuenta de una posible irregularidad
ocurrida el 16 de junio de 2017.
En el informe se relató que al parecer ese día el patrullero se habría apropiado de unos
llaveros que eran objeto de revisión en control de carga de la empresa de envíos de
Colombia 472, que estaban enrutados para París (Francia) bajo la guía de correo
EE102677993CO, los que, aparentemente, hacían parte de unas artesanías
contaminadas con lo que al parecer era cocaína19.
15 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En relación con la
presunción de inocencia, señaló: «[s]ignifica que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente,
partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el
que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad».
16 Sobre el alcance de la presunción de inocencia, cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289-2012. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto: «La presunción de inocencia ‘se constituye en regla básica sobre la carga de la
prueba’ de acuerdo con la cual ‘corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una
persona es responsable de un delito (…) lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La
actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la
presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para
su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica.
Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que
conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe
demostrarle su culpabilidad’».
17 Disponible en el índice 00020 de SAMAI.
18 Véanse páginas 26-27 del archivo «17_MemorialWeb_Respuesta-59_25000234200020230(.pdf)».
19 La cadena de remisión del informe de novedad es la siguiente: el jefe del área de Control Portuario y
Aeroportuario (E), teniente coronel Javier Orlando Arias Rojas remitió a la subdirección de Antinarcóticos el
informe que elaboró el mayor Héctor Ruiz Arias, comandante de la Compañía Antinarcóticos de Control
Aeroportuario de Bogotá. Este último funcionario a su vez remitió la novedad suscrita por el capitán Yeison
Alberto Reyes Tapias, responsable de Control Portuario y Aeroportuario de dicha Compañía. El servidor Reyes
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• El 15 de febrero de 2019 se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en
contra del patrullero Díaz Morales, tras considerar que el funcionario podría encontrarse
incurso en la comisión de una falta, lo que llevaba a la necesidad de verificar la
ocurrencia del hecho, determinar si constituía un comportamiento con incidencia
disciplinaria y esclarecer los motivos determinantes de su ejecución20.
• Por auto del 2 de septiembre de 2020 se formuló al señor Díaz Morales el siguiente
cargo:
«Adecuación típica disciplinaria
Con el fin de evitar yerros de interpretación y habida cuenta que el tipo disciplinario
es compuesto, esto es, describe una pluralidad de conductas en las cuales puede
incurrir un servidor del Estado, para que se configure el comportamiento
reprochable, para dar claridad y permitir una defensa óptima se hace necesario
delimitar la conducta y el verbo rector en que presuntamente pudo haber incurrido
el investigado en su actuar. En esa medida, la adecuación queda de la siguiente
forma:
Ley: 1015 de 2006 (Régimen Disciplinario para la Policía Nacional)
Título: IV De las Faltas y de las Sanciones Disciplinarias.
Capítulo: I Clasificación y Descripción de las Faltas.
Artículo: 34 FALTAS GRAVÍSIMAS
NUMERAL: 14. Apropiarse, (…) [de] pertenencias, (…) de (…) particulares, con
intención de (…) obtener beneficio propio (…)» (negrillas y corchetes en el texto
original).
Se dijo que se habría incurrido en dicha falta el 16 de junio de 2017 cuando al parecer
el comportamiento del patrullero estuvo orientado a la apropiación de una pertenencia
(2 llaveros artesanales) de propiedad de la empresa Artesanías Colombianas y que esta
conducta aparentemente se encaminó a la obtención de un beneficio propio (emplear
los elementos como un recurso para su familia).
En ese orden, se determinó de manera provisional que se incurrió en una falta
gravísima, en la modalidad de acción y de manera dolosa21.
• El 20 de mayo de 2021 se expidió la decisión disciplinaria de primera instancia. En esta
se ratificó la calificación de la falta y del grado de culpabilidad, tras determinar que las
pruebas recaudadas brindaban el grado de certeza exigido por la ley respecto de la
ocurrencia de los hechos y la responsabilidad del investigado en los mismos.
En efecto, se encontró que sobre las 10:19 horas del 16 de junio de 2017 el patrullero
Díaz Morales tomó dos llaveros de una encomienda de 67 elementos, los cuales
inspeccionaba tras identificar una sustancia pulverulenta, y los guardó en el bolsillo
derecho de su pantalón. Al ser indagado por el encargado del procedimiento por parte
de la empresa 472 le manifestó que «serían un bonito recuerdo para su familia». No
obstante, sobre las 15:00 horas del mismo día, al ser abordado por el capitán Jeyson
Reyes Tapias, los sacó de su bolsillo y se los entregó, ante lo cual se pudo verificar que
se trataba de un sombrero vueltiao y un carriel.
Que lo anterior, daba cuenta de que no atendió el procedimiento previsto en la Guía
Tapias, a su vez, remitió la novedad reportada por el supervisor postal de la empresa 473, el señor Fredy Ríos,
junto con los soportes de video, los elementos (llaveros) y la minuta de servicios, según lo que se detalló como
anexo: «Cinco (05). (1. Informe de novedad remitido por 472 en seis (06 folios, 2. Dos (2) llaveros artesanales
embalados, rotulados, con cadena de custodia. 3. Videos trazabilidad novedad 472 en dos (02) cds embalados,
rotulados y con cadena de custodia. 4. Copia minuta de servicio en tres (03) folios. 5. Video sorteo servicio de
carga y correos en un (01) cd embalado, rotulado y en cadena de custodia». Cfr. Páginas 2 a 25 del archivo
«17_MemorialWeb_Respuesta-59_25000234200020230(.pdf)».
20 Véanse páginas 39 a 41 del archivo «17_MemorialWeb_Respuesta-59_25000234200020230(.pdf)».
21 Véanse páginas 85 a 106 del archivo «18_MemorialWeb_Respuesta-60_25000234200020230(.pdf)».
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2IT-GU-0002, pues ante el resultado positivo del narco test debió proceder con la
incautación de la totalidad de las figuras, y no guardar dos de ellas para sí;
procedimiento del que tenía pleno conocimiento, pues en distintas ocasiones recibió la
debida instrucción, como quedó acreditado en la actuación.
También destacó que la aparente contradicción respecto de la cantidad de llaveros
tomados por el uniformado quedó resuelta con el contenido del informe del capitán
Reyes Tapias, pues finalmente se pudo corroborar que eran 2 y no 3 e, inclusive, tales
elementos fueron aportados a la actuación disciplinaria.
En relación con los argumentos de la defensa, acerca de la ausencia de intenciones de
apropiarse de los llaveros, la demandada advirtió que desde el momento mismo en que
en la inspección aleatoria se detectó el clorhidrato de cocaína, la totalidad de la
encomienda hacía parte del procedimiento policial, por lo que se debía incautar la carga
completa y no guardar dos objetos para sí. Se reiteró que la Guía 2IT-GU-0002 señalaba
con claridad lo que el uniformado debió hacer en esta situación. Que su conducta no se
debió a un «error», como lo quiso hacer ver su apoderado, porque si bien se los entregó
al capitán Reyes Tapias, lo cierto es que nunca debió guardarlos en su uniforme.
Se dijo que el comportamiento reprochado se ejecutó de manera deliberada y a
sabiendas de que tal no era la forma de actuar ante esta situación, pues del registro
fílmico que aportado al trámite disciplinario se apreciaba con claridad que, en medio de
la inspección, el patrullero tomó los dos llaveros, los separó del resto, los olió y los
guardó en su uniforme y que la valoración integral de las pruebas practicadas daba
cuenta de la forma como ocurrieron los hechos22.
• Esta decisión se confirmó por la Inspección Delegada Especial de la Dirección de la
Policía Nacional mediante el auto del 27 de diciembre de 2021. En esta oportunidad se
resolvieron los reproches relacionados con la falta de parcialidad la práctica probatoria,
el alcance del comentario «están bonitos para un recuerdo familiar», que, a juicio de la
defensa, pudo tratarse simplemente de un elogio sobre la fabricación de los llaveros y
la interpretación del «error» en el cual sostuvo el investigado que incurrió en su
interacción con el capitán Reyes Tapias, que, para el apoderado, debió tomarse como
una confesión y aplicar las reglas en la materia.
Se destacó que el reproche de la defensa sobre la práctica probatoria resultaba en
exceso genérico y no permitía identificar de qué manera se desconoció la imparcialidad;
también se indicó que en el trámite sancionatorio no se pasó por alto que fue el
investigado quien detectó la mercancía contaminada, pero se precisó que esto no lo
habilitaba para apropiarse de dos elementos; de manera que el desarrollo de su función
no tenía la fuerza para desestimar el hecho probado.
Respecto de la frase «están bonitos para un recuerdo familiar» indicó que no podían
perderse de vista los hechos ciertos y jurídicamente relevantes acreditados en la
actuación: (i) los llaveros fueron entregados por el patrullero al capitán Reyes Tapias,
lo que daba cuenta de que estaban en su poder; (ii) el investigado tuvo acceso directo
tanto a los elementos contaminados como a los que no; (iii) como medio de prueba se
contaba con un registro fílmico que permitió determinar en tiempo, modo y lugar la
ocurrencia de los hechos, que ubicaban al señor Díaz Morales como responsable de la
inspección y de los bienes analizados.
Sobre el alcance de la interacción del investigado con el capitán Reyes Tapias, la
demandada señaló que no podía tener el alcance de una confesión porque además de
tratarse únicamente de la respuesta al requerimiento de su superior, lo cierto es que
esto no hacía parte de ninguna actuación procesal y el capitán no tenía atribuciones
disciplinarias, de manera que «lo consecuente y su obligación era poner en
conocimiento tal evento por el medio más expedito»23.
22 Véanse páginas 149 a 178 del archivo «18_MemorialWeb_Respuesta-60_25000234200020230(.pdf)».
23 Véanse páginas 191 a 198 del archivo «18_MemorialWeb_Respuesta-60_25000234200020230(.pdf)».
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52. El apelante señaló que tanto en la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca como en los actos demandados se incurrió en
lesión del debido proceso por indebida valoración probatoria, porque (i) se valoró un
video cuya incorporación al trámite sancionatorio no quedó clara; (ii) no
correspondía a la realidad que el procedimiento que llevó a cabo el 16 de junio de
2017 se encontrara claramente determinado en la respectiva Guía; (iii) la
manifestación «es un bonito recuerdo para la familia» quedó desvirtuada porque
cuando guardó los llaveros no tuvo contacto con nadie y (iv) las pruebas
testimoniales resultaban contradictorias, porque generaban dudas respecto de la
cantidad de elementos de los que supuestamente se apropió.
53. El demandante no elevó reproches relacionados con los elementos
estructurales de la responsabilidad disciplinaria. De sus manifestaciones no se
advierten inconformidades dirigidas a cuestionar la adecuación típica de su
comportamiento, la afectación o no del deber sustancial ni la forma de culpabilidad;
aspectos que, en perspectiva de control sustancial de la actuación, la Sala
encuentra que se desarrollaron conforme a los parámetros de la normativa
disciplinaria, de tal forma que las conclusiones en cada punto se fundaron en la
valoración conjunta de las pruebas legal y oportunamente practicadas.
54. El recurso de apelación se ubica fundamentalmente en el ámbito de la
valoración probatoria y un par de cuestiones accesorias que se abordarán más
adelante. Considera que se configuró una lesión al debido proceso con el alcance
para que la providencia recurrida sea revocada y los actos demandados sean
anulados. La Sala anuncia desde ya que los reproches formulados por el señor Díaz
Morales no tienen vocación de prosperidad, pues no se advierte ninguna lesión al
régimen del decreto, práctica y valoración probatoria en la actuación que concluyó
con la imposición del correctivo disciplinario hoy cuestionado.
55. Respecto de la forma como se incorporó el video «UPIS 2 AEROPUERTO 1000-
1100-16062017.asf», el expediente de la actuación disciplinaria da cuenta de que
ese fue aportado por el capitán Jeyson Alberto Reyes Tapias, quien para el 16 de
junio de 2017 se desempeñaba como responsable del Control Portuario y
Aeroportuario en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Así quedó consignado en
su informe:
«Este hecho fue informado personalmente y posteriormente soportado
mediante oficio No (sic) 657 por parte del señor ELVER OVIEDO CERÓN,
profesional de seguridad logística internacional 4-72, quien remite a esta unidad
el oficio suscrito por el señor JHON FREDY RIOS ALVAREZ, supervisor de
proceso de seguridad postal 4-72 donde relaciona los pormenores de lo narrado
anteriormente.
De igual forma el día de hoy 21/06/2017, dado que la empresa de seguridad no
pudo suministrar en su momento las imágenes grabadas en el sistema de
cámaras, fueron recolectados dos vídeos de las cámaras de seguridad ubicadas
en la bodega 4-72, donde se puede apreciar las acciones antes descritas,
especialmente cuando el señor Patrullero (sic) CARLOS MARIO DIAZ, siendo
las 10:19 horas de la mañana guarda en el bolsillo derecho de su pantalón los
dos llaveros que había separado anteriormente y que hacían parte del hallazgo
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de la posible contaminación.
De estos hechos, posterior de conocer la novedad y dado los servicios en el
terminal aéreo, me entrevisto siendo aproximadamente las 15:00 horas con el
señor Patrullero (sic) CARLOS MARIO DIAZ MORALES, y conocer la situación
presentada, donde este me manifiesta que tuvo un error en haber tomado para
sí algo que no le pertenecía y saca de su bolsillo derecho del pantalón dos
llaveros artesanales, consistentes en un sombrero volteado y un carriel paisa
los cuales me hace entrega, ofreciendo disculpas»24.
56. Luego, al ampliar y ratificar referido informe, el capitán Reyes Tapia afirmó que
los videos reproducidos por el funcionario sustanciador correspondían a los que
había visto antes de informar la novedad, reconoció en ellos tanto al patrullero Díaz
Morales como a otros dos uniformados que el 16 de junio de 2017 prestaban sus
servicios en la bodega de la empresa 4-72 y agregó que para dicha fecha los
visualizó en el computador del jefe de seguridad de logística, el señor Elver
Oviedo25.
57. Si se repara en la forma como la información y sus anexos llegó a la autoridad
disciplinaria, aparece con total claridad que el comandante del Control Portuario y
Aeroportuario, mayor Héctor Ruiz Arias, recibió el reporte de la novedad junto con
los distintos archivos anexos de parte del capitán Reyes Tapias, según consta en el
oficio S-2017-358887/SURAN-CREG1-29.57 del 22 de junio de 201726 y procedió a
remitirlos jefe del área de Control Portuario y Aeroportuario, quien a su vez los envió
a la Subdirección de Antinarcóticos27, dependencia a través de la cual se canalizó
hacia la oficina de atención al ciudadano28 y, finalmente, se puso en conocimiento
del jefe de Control Disciplinario Interno.
58. De manera que no corresponde a la realidad la afirmación del apelante, según
la cual no es claro cómo se obtuvo el registro fílmico, pues el mismo reposaba en la
actuación desde el momento en que se dispuso la apertura de la indagación
preliminar y al cual el señor Díaz Morales pudo acceder desde cuando fue notificado
de dicha actuación, el 9 de enero de 201829. Esto significa que en las distintas
etapas del trámite disciplinario contó con la posibilidad de ejercer su derecho de
contradicción y, en ese sentido, pronunciarse respecto de los puntos formales y
sustanciales que considerara relevantes.
59. En efecto, la autoridad disciplinaria, al resolver sobre el decreto de pruebas en
la indagación, investigación, formulación del pliego de cargos y pruebas en
descargos no decretó dicho video; pero no es menos cierto que si ocurrió de ese
modo se debió a que este fue aportado y se incorporó al trámite sancionatorio desde
la etapa de preliminar. Luego, si dentro de su ejercicio legítimo del derecho a
defenderse y contradecir, el entonces investigado o su apoderado consideraban que
debía incorporarse al plenario bajo otra ritualidad, así pudo haberlo propuesto.
24 Véanse páginas 5-6 del archivo «17_MemorialWeb_Respuesta-59_25000234200020230(.pdf)».
25 Véanse páginas 37-38 del archivo «17_MemorialWeb_Respuesta-59_25000234200020230(.pdf)».
26 Véase página 4 del archivo «17_MemorialWeb_Respuesta-59_25000234200020230(.pdf)».
27 Véase oficio S-2017/SURAN-ARPAE-29.57 del 27 de junio de 2017, en la página 3 del archivo
«17_MemorialWeb_Respuesta-59_25000234200020230(.pdf)».
28 Véase oficio S-2017-366458/DIRAN-ATECI-29.25 del 6 de julio de 2017, en la página 2 del archivo
«17_MemorialWeb_Respuesta-59_25000234200020230(.pdf)».
29 Véanse páginas 31-32 del archivo «17_MemorialWeb_Respuesta-59_25000234200020230(.pdf)».
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60. De manera que los reproches relacionados con la formalidad bajo la cual se
integró el archivo «UPIS 2 AEROPUERTO 1000-1100-16062017.asf» al acervo
probatorio no constituyen razones para viciar de nulidad los actos demandados, en
la medida en que el medio de prueba fue conocido por el funcionario implicado
desde que se le notificó la primera actuación procedimental y, a lo largo del trámite
pudo tacharlo, solicitar su reincorporación y, en general contradecir los elementos
formales y sustanciales de su existencia.
61. Tampoco se advierte irregularidad en la conclusión a la cual arribó el Tribunal
respecto de la reglamentación del procedimiento de inspección de mercancía.
Sobre este punto, el apelante dijo que en la Guía a la que se hizo referencia no
están contemplados todos los trámites que se adelantan cuando se revisa
mercancía y puso como ejemplo la apertura de comestibles que ocurrió antes de la
verificación de los llaveros.
62. Al respecto, la Sala destaca que la «Guía procedimental para el control
antinarcóticos en aeropuertos con destinos internacionales», Código 2IT-GU-0002
sí contiene parámetros claros respecto del procedimiento a seguir en caso de hallar
elementos ilícitos en medio de una inspección:
«Cuando el Inspector (a) de Control Portuario y Aeroportuario halle elementos
ilícitos durante la inspección física a la carga, deberá realizar la incautación de
los elementos ilícitos y la captura del ciudadano (si hubiese lugar), debiendo
informar inmediatamente al comandante directo para que coordine con Policía
Judicial, diligenciando los documentos requeridos y que se cumpla con el
protocolo de judicialización ante la Fiscalía, dejando el registro fotográfico para
la compañía.
(…)»30 (subrayas de la Sala).
63. Como lo precisó la autoridad disciplinaria y lo señaló el Tribunal, el
uniformado tenía conocimiento del trámite que debía adelantar si, en el marco de la
inspección, encontraba sustancias o elementos ilícitos y, en efecto, ningún aparte
de la referida Guía permite al personal de la Policía Nacional que guarde objetos de
aquellos que integren las cargas que les corresponda inspeccionar, ni que las
pruebas para determinar si se encuentran o no contaminados pudieran realizarse
con posterioridad.
64. Ni esta Sala ni el Tribunal son las autoridades para determinar si el
procedimiento anterior a la verificación del paquete marcado con la guía
EE102677993CO de la empresa 4-72, se ajustó o no a los parámetros exigidos a
los funcionarios de la Policía Nacional, ni puede juzgarse la legalidad de los actos
objeto de este proceso con fundamento en lo que se hizo o se dejó de hacer ante
otros eventos, pues lo cierto es que los hechos relevantes disciplinariamente
ocurrieron cuando, en medio de la inspección de la encomienda de 67 llaveros, el
señor Díaz Morales tomó dos de estos elementos y los guardó en el bolsillo derecho
del pantalón de su uniforme.
65. Esa situación se corroboró, en primer lugar, con el contenido del pluricitado
30 Véanse páginas 64 a 84 del archivo «17_MemorialWeb_Respuesta-59_25000234200020230(.pdf)».
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video31, del cual pueden extraerse los siguientes hitos:
• .A partir del minuto 11:30 (marcado como las 10:11:32 a.m.) una funcionaria de
la empresa 4-72 destapa una caja sobre el escritorio en el cual se encontraba
ubicado el demandante, quien inicia con el procedimiento de verificación.
• Sobre el minuto 13:07 el uniformado perfora uno de los elementos (identificado
como llavero) con un taladro y lo huele.
• A los 14:52 minutos toma algunos paquetes y los ubica hacia su costado
izquierdo, mientras continúa con la verificación de los demás.
• Sobre el minuto 16:32 toma dos de los elementos y los ubica sobre unos
documentos que tenía en el costado izquierdo de su escritorio. Los funcionarios
de 4-72, incluido quien tenía una chaqueta marcada como «seguridad postal»,
embalaron nuevamente los restantes llaveros a partir del minuto 16:45.
• En el minuto 17:20 el funcionario con la chaqueta de «seguridad postal», que
está ubicado frente al patrullero Díaz Morales le señala los dos llaveros que
reposaban sobre los documentos de su costado izquierdo y, luego de lo que al
parecer es un breve intercambio de palabras, continúan con el embalaje de los
elementos, que culmina sobre el minuto 21:04.
• Entre tanto, en el minuto 18:15 el patrullero empuja los dos llaveros hacia el
extremo izquierdo de su escritorio, para liberar los documentos sobre los que
reposaban, pues debía diligenciarlos.
• Sobre el minuto 18:30 toma los dos paquetes, los olfatea y los vuelve a ubicar
sobre la izquierda y al parecer tiene una breve conversación con los funcionarios
de 4-72.
• Sobre el minuto 19:10 se incorpora y se dirige hacia un compañero uniformado
que se encontraba detrás y, al retornar a su puesto, se retira el guante de la
mano derecha y la olfatea.
• Sobre el minuto 19:15 regresa al escritorio, toma las dos figuras, las olfatea
nuevamente y, con su mano derecha, las guarda en el bolsillo derecho de su
uniforme, luego de lo cual procede a ponerse nuevamente el guante (minuto
19:24).
• En el minuto 20:46 toma lo que parecen ser un par de bolsas vacías y también
las guarda en el bolsillo derecho, luego de olerlas.
66. Luego, el testimonio del señor José Fredy Ríos Álvarez permitió ratificar la línea
de acontecimientos descrita. El declarante manifestó que el 16 de junio de 2017
laboraba como supervisor del proceso de seguridad de la empresa 4-72 en el
Aeropuerto El Dorado, que advirtió el faltante de los llaveros y por ello informó a su
superior, quien de inmediato trasladó la novedad al capitán Reyes Tapia. Que al
darse cuenta de la acción del uniformado le indagó y este le dijo que los llaveros
«estaban bonitos para un recuerdo familiar», luego de lo cual no volvió a tener
contacto con el policía. También señaló que de 67 elementos que ponía la guía de
origen se advirtió un faltante de 332.
31 Véase archivo «UPIS 2 AEROPUERTO 1000-1100-16062017.asf», disponible en la carpeta .zip
«37_RECIBEMEMORIAL_CORREO_UPIS2AEROPUERTO10001_0_20260604124711919», del índice 00030
de SAMAI.
32 Véanse páginas 42 a 47 del archivo «18_MemorialWeb_Respuesta-60_25000234200020230(.pdf)».
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67. Para la Sala, lo que el apelante califica como contradicciones entre lo dicho por
el declarante y el contenido del informe de novedad suscrito por el capitán Reyes
Tapia no tiene la fuerza de generar una duda que debiera resolverse en su favor,
por dos razones: primero, porque el tipo disciplinario imputado no exige una
cantidad determinada de elementos para su configuración y, en ese orden, la
«apropiación» pudo consistir en 1, 2 o cualquier cantidad de elementos, sin que el
número varíe la calificación de la falta; y, segundo, porque si bien el señor Ríos
Álvarez manifestó que el demandante se habría apropiado de 3 elementos, esto se
debió a dos circunstancias: (i) que al contrastar los objetos embalados luego de la
inspección con la información de la guía de origen así se advirtió; y (ii) que hay una
segunda ocasión en que el entonces uniformado guardó algo en su bolsillo, como
se describió previamente, lo que el funcionario de 4-72 pudo confundir con la
apropiación de un tercer llavero.
68. Con todo, fue la interacción del demandante con el capitán Reyes Tapia lo que
despejó cualquier inquietud respecto del número de llaveros que tenía en su poder,
pues como quedó plasmado en el informe de la novedad, que el referido capitán
ratificó, al señalarle lo que se evidenció en los videos del circuito cerrado de
televisión, el patrullero extrajo dos llaveros de su bolsillo y se los entregó. Estos,
como se indica en las piezas del trámite sancionatorio, se embalaron y, en cadena
de custodia, se entregaron a la oficina de Control Interno Disciplinario 33.
69. Respecto de la aleatoriedad en la selección de los elementos cabe señalar que
descartada la tesis del «error» que defendió el apoderado del señor Díaz Morales
tanto en la actuación disciplinaria como en el ejercicio de este medio de control, lo
cierto es que los hitos observados en el archivo de video dan cuenta de que el
demandante tomó un buen número de precauciones antes de guardar los llaveros
en su bolsillo: se retiró los guantes, verificó el olor de sus manos y también
inspeccionó con su olfato en varias oportunidades ambos elementos, por lo que si
bien no podía saber cuáles estaban contaminados y cuáles no, aplicó las reglas de
su experiencia para reducir las probabilidades de que los elementos guardados
correspondieran a aquellos que posiblemente contenían clorhidrato de cocaína.
70. De manera que no se advierte lesión al debido proceso, derivada de la indebida
valoración de los medios de prueba, pues con los practicados sí se podía llegar a la
certeza que exige la normativa disciplinaria para imponer un correctivo. En
consecuencia, estos reproches no prosperan.
71. El apelante también se refirió a dos cuestiones relacionadas con el trámite
sancionatorio: (i) que el funcionario que adelantó la práctica probatoria en la
indagación preliminar actuó sin competencia y (ii) que se desconoció el derecho a
la igualdad porque en el mismo video que sirvió como sustento del correctivo que
se le impuso se observa que otro uniformado se quedó con un llavero y, sin
embargo, este no fue disciplinado.
72. Respecto de lo primero, la Sala encuentra que en el ejercicio del control integral
de la actuación disciplinaria el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se refirió a
33 Véanse páginas 17 a 19 del archivo «17_MemorialWeb_Respuesta-59_25000234200020230(.pdf)».
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los funcionarios que expidieron los distintos actos administrativos y la forma como
comisionaron a quien adelantaría la práctica probatoria de cada etapa.
73. En particular, sobre la indagación preliminar, se tiene que en el auto del 20 de
octubre de 2017 se comisionó al intendente Luis Fernando Moreno Narváez para
que practicara las pruebas que allí se ordenaron, para lo cual le concedió el término
de 180 días. Esta actuación se fundamentó en el artículo 133 de la Ley 734 de 2002,
que dispone:
«Practica de pruebas por comisionado. El funcionario competente podrá
comisionar para la práctica de pruebas a otro servidor público de igual o inferior
categoría de la misma entidad o de las personerías distritales o municipales.
En la decisión que ordene la comisión se deben establecer las diligencias objeto
de la misma y el término para practicarlas.
El comisionado practicara aquellas pruebas que surjan directamente de las que
son objeto de la comisión, siempre y cuando no se le haya prohibido
expresamente. Si el término de comisión se encuentra vencido se solicitara
ampliación y se concederá y comunicara por cualquier medio eficaz, de lo cual
se dejara constancia.
Se remitirán al comisionado las copias de la actuación disciplinaria que sean
necesarias para la práctica de las pruebas.
El Procurador General de la Nación podrá comisionar a cualquier funcionario
para la práctica de pruebas, los demás servidores públicos de la Procuraduría
sólo podrán hacerlo cuando la prueba deba practicarse fuera de su sede, salvo
que el comisionado pertenezca a su dependencia» (subrayas de la Sala).
74. De conformidad con esta disposición, ante la decisión de comisionar la práctica
de pruebas, que puede recaer en un funcionario de la misma entidad, de menor
jerarquía, se exige a la autoridad disciplinaria que precise cuáles son las diligencias
objeto de la misma y el término con que se contará para su práctica; requisitos que
fueron satisfechos no solo en la providencia que ordenó la apertura de la indagación
preliminar, sino en todas aquellas que se expidieron a lo largo del trámite
disciplinario, pues (i) el funcionario comisionado era intendente y el jefe de la oficina,
además de dicha posición, tenía el grado de teniente coronel; (ii) se indicó en el acto
el objeto de la comisión y (iii) se fijó un lapso para la práctica probatoria comisionada.
75. Si el investigado consideraba relevante la incorporación del acto de
nombramiento y posesión del servidor comisionado, contó con las oportunidades
procesales para elevar una solicitud en ese sentido a la demandada. Pero la
ausencia de un documento de tales características en nada impacta la presunción
de legalidad de los actos demandados, máxime si se tiene en cuenta que las
decisiones de (i) abrir indagación preliminar, (ii) abrir investigación disciplinaria, (iii)
ordenar la práctica de pruebas de oficio, (iv) formular pliego de cargos, (v) expedir
el acto sancionatorio de primera instancia y (vi) resolver el recurso de apelación,
fueron adoptadas por quienes podían ejercer la potestad disciplinaria al interior de
la entidad.
76. Ahora, respecto de la lesión del derecho a la igualdad, baste con reiterar al
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apelante que la responsabilidad disciplinaria es individual y que, bajo esa misma
lógica, un comportamiento con interés para el régimen sancionatorio no deja de
serlo porque otro funcionario lo ejecute y a ese no se le investigue. Tal no es el
sentido de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 1015 de 2006, pues dicha norma
exige a la autoridad que trate de modo igual a sus destinatarios, sin establecer
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, lengua, religión o grado;
pero no se traduce en un deber para la demandada de cesar una actuación si por
lo que se relata como la «misma» conducta no inició otra.
77. Si el señor Díaz Morales advirtió una actuación irregular en el comportamiento
de otro funcionario, bien pudo informarlo a las instancias competentes, pero la
inacción del aparato disciplinario para unos no implica en modo alguno la exclusión
de responsabilidad respecto de quienes se tiene la certeza, más allá de toda duda
razonable, de que con su actuación incurrieron en una conducta que la normativa
califica como falta disciplinaria.
78. En síntesis, la Sala no encuentra deficiencias sustanciales en la valoración
probatoria contenida en los actos demandados; tampoco que se hubiese actuado
por fuera de las competencias en la materia, ni que se hubiese lesionado el derecho
a la igualdad; razones suficientes para confirmar la sentencia apelada.
De la condena en costas
79. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
80. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
81. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
82. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte demandante,
por cuanto se negarán las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR proferida el veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia al demandante. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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