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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00188-02

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00188-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Cinco (5) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2023-00188-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá, D. C., Dos (02) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado : 25000234200020230018802 (2154-2025)1.
Demandante : Aldair Gallo Toloza.
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema : Disciplinario – Sanción disciplinaria de destitución e
Decisión : inhabilidad por 10 años.
Sentencia de segunda instancia.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de
la sentencia dictada el Cinco (5) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda2.

1.1. Pretensiones.

El señor Aldair Gallo Toloza, actuando a través de apoderado judicial, acude a la
jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente:

Que se declare la nulidad de los actos administrativos de fechas Veintiuno (21) de Junio
de Dos Mil Veintidós (2022)3 y Veintinueve (29) de Septiembre de Dos Mil Veintidós
(2022)4, dictados dentro del proceso disciplinario EE-DESAP-2022-3, mediante los
cuales, se declaró al demandante disciplinariamente responsable y se le impuso sanción
consistente en destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por un lapso de 10
años.

Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó lo siguiente: (i) que se reintegre en el cargo y funciones, sin solución de

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Expediente digital.
2
Expediente digital de primera instancia – índice 00002 – archivo PDF 023_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
Contestaciondemanda.
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Proferido por el jefe oficina control disciplinario interno de juzgamiento No. 2 DECUN, de la Policía Nacional.
4
Proferido por la Inspectora delegada región Uno de juzgamiento, de la Policía Nacional.

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Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

continuidad, al señor Patrullero (R) Aldair Gallo Toloza; (ii) que en cumplimiento de los
requisitos establecidos por la ley, sea llamado a curso de ascenso hasta equipararlo en
antigüedad con sus demás compañeros de curso; (iii) que se condene a la Policía
Nacional a pagar todos los haberes, incluyendo sueldos, primas, cesantías y demás
emolumentos dejados de percibir por el demandante desde que se produjo su retiro hasta
cuando se haga efectivo su reintegro a la entidad; (iv) se reajusten todos los emolumentos
laborales adeudados al actor conforme a los incrementos anuales.

También que, de conformidad con los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento y
de lo Contencioso Administrativo, se reconozcan los intereses legales y moratorios e
indexación hasta la fecha en que se dé cumplimiento al pago.

Que se condene en costas y agencias del derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Los hechos

El 27 de febrero de 2014, el señor Aldair Gallo Toloza se graduó como Patrullero de la
Policía Nacional, su última unidad laboral fue en el departamento de policía San Andrés
y providencia en el cargo de Conductor.

El patrullero Gallo Toloza hasta el momento en que fue retirado de la institución llevaba
laborado Nueve (9) años, tres (3) meses, Diez (10) días al servicio de Policía Nacional.

Durante el tiempo que laboró como Patrullero de la Policía Nacional, el actor se hizo
merecedor a los siguientes reconocimientos: Tres (3) condecoraciones y treinta (30)
felicitaciones especiales y públicas, por su buen desempeño laboral.

El 22 de enero de 2022, el Patrullero Yeison David Valencia Torres, mediante informe N°
GS-2022-001666 comunicó a sus superiores que compró un teléfono celular al Patrullero
Aldair Gallo Toloza, le regaló dicho teléfono a su compañera sentimental y ella resultó
capturada por el delito de receptación, dado que, el referido equipo de comunicación
quedó envuelto en una investigación penal.

La oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía de San Andrés,
abrió investigación disciplinaria en contra del Patrullero Aldair Gallo Toloza, con base en
el informe de su compañero de trabajo.

Con auto del 14 de febrero de 2022 se citó a audiencia al investigado Gallo Toloza,
endilgándole el tipo disciplinario descrito en la ley 1015 de 2006, articulo 34 faltas
gravísimas, numeral 9, realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de
dolo, cuando se cometa con ocasión de la función, dicha conducta por vía de remisión a

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Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

la Ley 599 de 2000, Código Penal colombiano, articulo 447. «Receptación: El que sin haber
tomado parte de la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles
o inmuebles, que tenga su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar
o encubrir su origen ilícito».

El 3 de marzo de 2022, se instaló audiencia pública, donde se escucharon descargos y
se solicitó practica de pruebas.

El Patrullero Gallo Toloza supo que el celular fue reportado como hurtado el día que
capturaron a la pareja del Patrullero Valencia, es decir, el 13 de enero de 2022, 3 meses
después de haber vendido el celular, por lo tanto, esto no constituye delito de receptación,
ya que ese conocimiento debía ser previo o con antelación a la venta del celular.

La audiencia pública continuó su curso, se practicaron testimonios y se recaudaron
documentos importantes para decidir el procedimiento disciplinario.

Pese a las pruebas de la defensa, la oficina de control interno disciplinario del
departamento de Policía de San Andrés, emitió fallo disciplinario el 21 de junio de 2022,
mediante el cual, declaró disciplinariamente responsable al actor, en virtud de lo cual lo
sancionó con destitución e inhabilidad general de 10 años.

Inconforme con esta decisión, la defensa del Patrullero Gallo Toloza interpuso recurso de
apelación en contra del fallo disciplinario de primera instancia; empero, pese a los
argumentos del recurso de alzada, la decisión de primera instancia fue confirmada por el
competente, mediante decisión del Veintinueve (29) de Septiembre de Dos Mil Veintidós
(2022).

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política los artículos: 29, 122 y 209; Decreto 2400 de 1968; de la Ley 734
de 2002, los artículos: 6, 9, 13, 14, 19, 20, 21, 43, 141 y 142; de la Ley 1015 de 2006,
artículo 3, 5, 11, 12, 17, 18, 34 numerales 9 y 10; y del Código Civil el artículo 9.

En su concepto de violación el demandante señaló que los actos administrativos
acusados incurren en las causales de nulidad por violación de las normas superiores en
que debieron fundarse, violación indirecta de la ley y falsa motivación.

La causal de nulidad por violación de las normas superiores en que debieron fundarse
los actos administrativos impugnados, la explicó en que, se vulneró el derecho al debido
proceso del disciplinado al no aplicar correctamente el principio de legalidad de la falta y
la sanción, la valoración en conjunto de las pruebas, el principio de necesidad de la
prueba y la motivación de la decisión. Tales vulneraciones se explicaron primeramente

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Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

en que, se lo sancionó por una falta cuya conducta se describe como realizada mientras
el servidor público se encuentra en servicio, cuando el disciplinado probó que se
encontraba de descanso.

En detalle explicó que, la venta del celular ocurrió en horas de la tarde, mientras que, el
señor Gallo Toloza había salido de permiso o «franquicia» al mediodía, lo cual se evidenció
con las minutas de armamento, es así que, no se encontraba en servicio para el momento
de los hechos y no podía endilgársele el cargo por el que fue sancionado.

También adujo que se vulneró el principio de culpabilidad, en tanto, no se demostró el
dolo del actor en la presunta comisión de la conducta disciplinaria que le fue imputada,
por el contrario, se decidió caprichosa y arbitrariamente sin demostrar de manera
fehaciente que conocía el origen ilícito del teléfono que vendió. En conjunto con este
argumento, se planteó que los actos acusados de nulos, no se fundaron en material
probatorio suficiente para llegar a la certeza sobre la existencia de la falta, el grado de
culpabilidad y menos aún de la responsabilidad disciplinaria del demandante. Estas
circunstancias también implican una violación de los principios de legalidad, presunción
de inocencia, in dubio pro disciplinado y motivación.

El cargo por violación indirecta de la ley lo fundamento en una indebida valoración
probatoria, particularmente respecto de las minutas de armamento del 17 de octubre de
2021, un informe sobre la procedencia y reportes del celular vendido por el demandante,
además, los testimonios de Yeison David Valencia Torres, Luis Carlos Flores Quintero,
Julián Alonso Calle Balbín, Jhan Carlos Martínez Guzmán y Jimmy Pabón Vega. Con
estos elementos de prueba, considera que se acreditó que, el actor se encontraba de
descanso para el momento de los hechos, que el IMEI del teléfono celular vendido por él
no tenía reportes por vinculación a delitos antes de la venta y que él desconocía que tal
elemento estuviera envuelto en una investigación penal.

Por último, el cargo de falsa motivación lo fundó en que se declaró en las decisiones
sancionatorias que, el investigado conocía que el celular que vendió provenía de un hurto;
sin embargo, se ignoró por completo que el Patrullero Galló vendió el teléfono celular el
Diecisiete (17) de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021) y este sólo fue denunciado como
hurtado hasta el Veintinueve (29) de diciembre de Dos Mil Veintiuno (2021), aunado a
que, el mismo comprador del equipo de comunicación declaró haber constatado en
internet los respectivos registros públicos, sin encontrar algún reporte negativo.

1.2. Contestación de la demanda.5

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Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai - archivo PDF 023_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
Contestaciondemanda.

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Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

La Policía Nacional, a través de apoderado, contestó la demanda y se opuso a cada una
de las pretensiones, toda vez que, los fallos disciplinarios fueron expedidos por la
autoridad competente, se ajustaron a la normatividad vigente, respetaron el debido
proceso, con plena observancia de los precedentes jurisprudenciales sobre la materia.

Con el fin de sustentar la legalidad de los actos administrativos enjuiciados, el apoderado
reafirmó los argumentos de los fallos sancionatorios, en cuanto a que, se encontró
demostrada la tipicidad de la falta, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Posteriormente,
acudió a abundante jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional,
sobre el juicio de reproche en materia disciplinaria y la disciplina especial que se exige a
los servidores de la fuerza pública.

Adujo que, los operadores disciplinarios actuaron con fundamento en el principio de
proporcionalidad de la falta y la sanción aplicable al caso, según lo dispone el artículo 39,
numeral 4° de la Ley 1015 de 2006, dado que, para la falta cometida por el actor no
correspondía una sanción diferente a la que se le impuso.

En línea con lo anterior, a juicio del apoderado los actos administrativos acusados
cumplen con los presupuestos de existencia, validez y eficacia que la ley y la
jurisprudencia exigen, sin que se evidencie la vulneración de alguna garantía sustancial.

En esos términos propuso las excepciones que denominó «actos administrativos ajustados
a la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia» y la excepción genérica.

1.3. La sentencia de primera instancia6.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, negó las
pretensiones de la demanda, mediante sentencia del Cinco (5) de Junio de Dos Mil
Veinticinco (2025), sin condena en costas, con apoyo en los siguientes razonamientos:

La sentencia fijó tres problemas jurídicos a resolver con base en los argumentos
expuestos en el concepto de violación, el primero de ellos, se refirió a la congruencia
entre el pliego de cargos y las decisiones sancionatorias. Una vez comparó los apartes
correspondientes tanto en el pliego de cargos, como en las decisiones de primera y
segunda instancia, concluyó que no se vulneró el principio de congruencia, dado que,
siempre se señaló al señor Aldair Gallo Toloza de haber cometido la misma falta, esto es,
la descrita en el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en concordancia con
el artículo 447 del Código Penal.

Estimó que, aunque en la decisión disciplinaria de primera instancia, sí hizo referencia al

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Expediente digital primera instancia – índice 00031 de Samai – archivo PDF 035Sentencia_04D2023188Disciplina.

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Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

Decreto 1630 de 2011, el hoy demandante no fue sancionado por vulnerar tal norma, sino
porque, quedó establecido que adquirió un equipo celular involucrado en un hurto sin
evidenciar elementos de juicio que exculpen tal conducta.

En segundo lugar, el A-quo desestimó el motivo de nulidad relacionado con que el
demandante se encontraba descansando para cuando cometió la falta, en tanto, tal
circunstancia no hace que pierda la calidad de servidor público, por lo tanto, podía ser
investigado y sancionado disciplinariamente, ratificando también que se cumplió con la
adecuación típica en este caso.

En tercer lugar, se abordó la indebida valoración probatoria a que alude la demanda, se
hizo una transcripción in extenso de los fallos disciplinarios, con el fin de exponer que la
autoridad disciplinaria hizo una amplia valoración probatoria y justificó por qué les dio
credibilidad a las pruebas recaudadas, por tanto, se fundamentó con suficiencia la
declaratoria de responsabilidad disciplinaria.

Contrario a lo afirmado por la parte ejecutante, el Tribunal consideró que en sede
disciplinaria se acreditó que el actor vendió un celular robado, conociendo tal
circunstancia, por tal motivo, su actuación se habría adecuado a la conducta descrita en
el tipo disciplinario que le fue atribuido desde la formulación del pliego de cargos. En el
marco de la valoración probatoria, compartió el Juzgador de primera instancia la
apreciación de los operadores disciplinarios, en cuanto a que, el señor Galló Toloza no
logró demostrar el origen del terminar móvil que vendió a un compañero y, que luego
resultó involucrado en un ilícito.

El Tribunal también se muestra de acuerdo con los falladores disciplinarios, respecto a
que, el Patrullero Gallo Toloza sabía o podía suponer la procedencia ilícita del celular que
posteriormente vendió a un compañero, dados sus conocimientos como servidor público
entrenado en estas materias, además que, incurrió en diferentes contradicciones en las
distintas declaraciones que rindió en materia disciplinaria y penal, contradicciones que a
juicio del A-quo demuestran que, el demandante trataba de ocultar que obtuvo el terminal
móvil de un modo que no se ajusta a las previsiones legales.

En la sentencia de primer grado, se recordó la regla de la carga de la prueba, carga que
la parte actora no satisfizo. Aunado a lo anterior, se hizo un reproche a la conducta del
Patrullero Gallo Toloza, en cuanto a que, de ningún modo, le estaba permitido
desprenderse de sus deberes como miembro de la Policía Nacional y, desatender
prohibiciones constitucionales y legales, realizando una falta como la que se comprobó.

Finalmente, la ilicitud sustancial se halló en que, el hecho por el que fue investigado y
sancionado el actor afecta no solo la imagen institucional, sino su credibilidad de la

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Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

entidad ante los particulares, a quienes debe proteger y garantizar sus derechos.

1.4. Recurso de apelación7.

El apoderado del demandante manifiesta su reproche en contra de la sentencia de
primera instancia, para solicitar que se revoque y se acceda a sus pretensiones, partiendo
de los siguientes argumentos:

Como lo hizo en su escrito de demanda, reafirma que la conducta del actor fue atípica
frente el cargo disciplinario endilgado. Asimismo, nuevamente señaló que, para cuando
el Patrullero Gallo hizo la venta verificó los sistemas de información correspondientes, sin
encontrar reporte alguno que vinculara ese equipo con alguna conducta delictiva, de
modo que, hizo la venta del móvil desconociendo que estuviera vinculado a un delito, o
al menos, sin que se hubiera probado en el procedimiento disciplinario que conocía de
tal circunstancia.

Amplió el argumento sobre la atipicidad de la conducta, en particular, hizo la
diferenciación de los tipos disciplinarios establecidos en los numerales 9 y 10 del artículo
34 de la ley 1015 de 2006, explicando que, el primero refiere a la presunta comisión de
conductas constitutivas de delito en ejercicio de las funciones propias del cargo, mientras
que el segundo alude a la presunta comisión de conductas constitutivas de delito cuando
el servidor no se encuentra en ejercicio de las funciones del cargo. Estima el recurrente
que, si se probó que el actor estaba de «franquicia» para el momento de los hechos, en
ese entendido, el tipo disciplinario por el que debió ser juzgado y sancionado sería el
previsto en el numeral 10 del artículo 34 de la ley 1015 de 2006 y no el previsto en el
numeral 9 del mismo precepto, en ese entendido, reafirmó que, la conducta es atípica y
que se lo sancionó por una conducta diferente a la que le fue atribuida.

Reprocha el recurrente que en la decisión de primera instancia se hubiera utilizado la
declaración juramentada que rindió el demandante en la investigación penal para
fundamentar la sanción, toda vez que, ello vulnera el artículo 33 de la Constitución
Política, ya que, se empleó la propia versión del uniformado en su contra. Además, a su
juicio se consideró probado que, el hoy demandante conocía el origen ilícito del teléfono
celular que vendió a un compañero con simples conjeturas o suposiciones.

Luego, el apoderado reiteró las afirmaciones y el concepto de violación de su demanda
con el fin de reforzar los motivos de su apelación, o mejor, transcribió por completo las
causales de violación de las normas superiores en que debieron fundarse, violación
indirecta de la ley y falsa motivación.

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Expediente digital primera instancia – índice 00038 de Samai – archivo PDF 038_MemorialWeb_Recurso-
RECURSODEAPELACION.

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Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

1.5. Tramite segunda instancia.

Con auto del Quince (15) de agosto de dos mil veinticinco (2025)8, el consejero
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en
virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247
de la Ley 1437 de 2011, prescindió de la etapa de alegaciones.

1.5.1. Concepto del ministerio público

El delegado del Ministerio Público para el Despacho sustanciador presentó concepto9 en
el que solicitó que se confirme la decisión de primera instancia, toda vez que, en el delito
de receptación se presume el origen ilícito del bien, en ese sentido la carga de probar la
ausencia de conocimiento sobre tal circunstancia o la adquisición lícita de tal bien está
en cabeza del disciplinado.

Por otra parte, a juicio del procurador el material probatorio con el que se cuenta no
demuestra que el actor estuviera en franquicia para el momento de la comisión de la falta,
por el contrario, su apoderado anunció una prueba con su recurso de apelación en sede
administrativa, pero no la aportó, adicionalmente, esa no era la oportunidad dentro del
procedimiento administrativo sancionatorio para aportarla.

Al explicar la presunción a que alude el delegado del Ministerio Público, respecto del dolo
en la receptación, expuso que, el dolo en estos casos es de difícil comprobación, en tanto,
«se somete al fuero interno de la persona implicada, es dable hacer una “presunción iuris tantum” – da por
cierta situación o un hecho- a partir de la comprobación de ciertos datos objetivos, que obliguen a la persona
a justificar que con base en la buena fe no conocía el origen ilícito del bien (SIC)».

Sobre esa misma línea señaló que el en materia disciplinaria la carga de la prueba,
incluso para los posibles hechos que exoneren de responsabilidad al disciplinado, está
en cabeza del Estado; sin embargo, ello no lo exime al disciplinado de presentar las
pruebas que pretenda hacer valer.

El delegado del Ministerio Público se mostró de acuerdo con los razonamientos de los
falladores disciplinarios, que aluden a las incoherencias o contradicciones del hoy
demandante sobre la adquisición del teléfono celular que luego vendió a un compañero,
con ese criterio, reiteró que el señor Gallo Toloza no demostró la adquisición de buena
fe del móvil, por el contrario, quedó demostrado que no se cercioró del origen lícito del tal
equipo y lo adquirió de un modo reprochable.

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Expediente digital - Índice 00004 de SAMAI – archivo Word 006Autoqueadmite_1921542025Admiteapel.
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Expediente digital - Índice 00009 de SAMAI – archivo PDF 009Memorial_FLF_9Concepto.

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Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

Llama la atención del delegado que, el actor hubiera estado en el lugar donde se cometió
el homicidio al que estaba vinculado el teléfono y luego hubiera estado relacionado con
una transacción sobre ese equipo celular.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)10, en esta instancia se emitirá
pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problemas jurídicos.

Le corresponde a la Sala establecer si, es procedente revocar la decisión de primera
instancia, para ello será preciso determinar:

• Si la conducta por la que fue sancionado el Patrullero [R] Aldair Gallo Toloza, fue
atípica frente a la falta descrita en el numeral 9 del artículo 34 de la ley 1015 de
2006, toda vez que, para el momento de la presunta comisión de dicha falta, se
encontraba en situación administrativa de franquicia, supuesto que, encajaría en
la falta prevista en el numeral 10 del mismo precepto, resultando en la atipicidad
de la conducta y la incongruencia en las decisiones disciplinarias.
• Adicional a lo anterior, si las pruebas recaudadas durante el procedimiento
disciplinario permitían o no, establecer que, el demandante conocía el origen ilícito
del teléfono celular que vendió a otro Patrullero de la Policía Nacional.
• Por último, si las decisiones sancionatorias se fundaron en las manifestaciones del
disciplinado y, si ello está permitido o no en el ordenamiento jurídico.

Para desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos: 2.3. Régimen
disciplinario de la Policía Nacional, 2.4. Actuación disciplinaria y 2.5. Caso concreto.

2.3. Régimen disciplinario de la Policía Nacional.

10
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».

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Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

La Constitución Política establece que la fuerza pública está integrada por las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional (artículo 216). Posteriormente, define la institución policial
como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil cuyo fin fundamental es la
conservación del ejercicio de los derechos y libertades de los habitantes en nuestro
territorio Nacional, por último, el (artículo 218) facultó al Legislador para determinar los
regímenes disciplinarios especiales de dichos servidores del Estado.

En virtud de lo anterior, el Legislador expidió la Ley 1015 de 2006 por medio de la cual
fijó el régimen disciplinario de la Policía Nacional y en el artículo 23 estableció que son
destinatarios: «(…) el personal uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que estén prestando
servicio militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren retirados, siempre que la falta se haya
cometido en servicio activo»; el artículo 58 precisa que, el procedimiento aplicable a los

sujetos pasivos del régimen disciplinario de la institución será el establecido en la Ley
734 de 2002, o la norma que la modifique.

En conclusión, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que adelanten contra los
destinatarios de la Ley 1015 de 2006, disposición que rige como normativa sustancial y
la Ley 734 de 2002 corresponde al campo procesal.

2.4. Actuación disciplinaria.

Mediante auto del Dos (2) de Febrero de Dos Mil Veintidós (2022)11, el jefe de la oficina
de control disciplinario interno del departamento de policía de San Andrés inició la
indagación preliminar en contra del Patrullero Aldair Gallo Toloza, con base en un informe
rendido por otro patrullero de la institución12, en el que se narró que el investigado le
vendió un teléfono celular, el cual, luego resultó involucrado en una investigación penal y
condujo a la captura de la compañera sentimental de quien rindió el informe, por el delito
de receptación, debido a que, se le encontró en su poder el referido teléfono celular. Este
acto administrativo fue notificado personalmente al señor Gallo Toloza en diligencia del
Tres (3) de Febrero de Dos Mil Veintidós (2022)13.

Mediante auto del Catorce (14) de Febrero de Dos Mil Veintidós (2022)14, el jefe de la
oficina de control disciplinario interno del departamento de policía de San Andrés citó a
audiencia disciplinaria al señor Patrullero Aldair Gallo Toloza. También, le formuló cargos
por presuntamente infringir el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, «Realizar

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Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 17 a 19 archivo PDF
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi.
12
Informe rendido mediante oficio 0001666 del 22 de enero de 2022, por el Patrullero Yeison David Valencia Torres; Expediente
digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 3 a 4 del archivo PDF 024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
EEDESAP20223copi.
13
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai - ff. 53 archivo PDF 024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
EEDESAP20223copi.
14
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 91 a 104 archivo PDF
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi.

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Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

una conducta descrita en la Ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión
o como consecuencia de la función o cargo», falta que se considera un tipo disciplinario en

blanco y que fue complementada con el artículo 447 de la Ley 599 de 2000, es decir, el
delito presuntamente cometido fue el de receptación tipificado así: «El que sin haber tomado
parte en la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o
inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar
o encubrir su origen ilícito […]» (Negrillas de la Sala).

En la exposición del modo en que se realizó la conducta disciplinaria, el auto que citó a
audiencia y formuló cargos, detalló lo siguiente:

«[…] Al parece el señor Patrullero ALDAIR GALLO TOLOZA realizó una conducta descrita en
la ley como delito el pasado 17 de octubre de 2021, cuando al parecer poseía un teléfono
celular marca Samsung S20 el cual transfirió a título de venta al señor patrullero YEISON
DAVID VALENCIA TORRES quien se lo obsequió el mismo a su cónyuge, a quien capturaron
el pasado 13 de enero de 2022, por el delito de receptación de un equipo móvil el cual está
inmerso en un proceso penal bajo el Número único de Noticia Criminal
88001601209202100181 […]».

Este acto administrativo fue notificado personalmente al demandante en diligencia del
Quince (15) de Febrero de Dos Mil Veintidós (2022)15.

La audiencia pública dentro del proceso disciplinario identificado con radicado EE-
DESAP-2022-3, se instaló el Dos (2) de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022)16, con la
participación del apoderado del Patrullero Aldair Gallo Toloza y se desarrolló en varias
sesiones.

Durante la oportunidad para rendir alegatos, esto es, en la sesión de audiencia pública
del Veintiocho (28) de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022)17, el demandante envió un
documento contentivo de su versión libre18.

En audiencia pública del Veintiuno (18) de Junio de Dos Mill Veintidós (2022)19, la
inspección delegada de juzgamiento N.o 1 dictó decisión disciplinaria de primera
instancia, por medio de la cual, declaró disciplinariamente responsable al Patrullero Aldair
Gallo Toloza de infringir la Ley 1015 de 2016, artículo 34, numeral 9, en consecuencia, le
impuso correctivo disciplinario consistente en destitución e inhabilidad general por el
término de diez (10) años.

15
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 Samai - ff. 105 archivo PDF 024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
EEDESAP20223copi.
16
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai - ff. 115 a 117 archivo 024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
EEDESAP20223copi.
17
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai - ff. 151 a 151 archivo 024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
EEDESAP20223copi.
18
Expediente digital de primera instancia – índice 00002 de Samai – ff. 117 a 118 archivo PDF
4_ALDESPACHOPORREPARTO_03ANEXOS.
19
Expediente digital de primera instancia – índice 00002 de Samai – ff. 128 a 162 archivo PDF
4_ALDESPACHOPORREPARTO_03ANEXOS.

12

Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

El defensor interpuso recurso de apelación, mediante memorial que envió digitalmente el
Veintidós (22) de Junio de Dos Mil Veintidós (2022)20.

De acuerdo con el recuento hecho previamente, la actuación se adelantó como lo dispone
la Ley 1015 de 2006, al demandante se le notificó de las decisiones proferidas en la
actuación administrativa, y se hizo representar por un abogado que participó en cada
etapa de la actuación21, con ello, se garantizó el principio de publicidad, el derecho de
contradicción, su defensor participó durante todas las etapas del procedimiento
disciplinario, solicitó pruebas, participó en la práctica de las que fueron decretadas e hizo
las manifestaciones que estimó procedentes, a priori, no se advierten vicios en la
actuación disciplinaria, que hubieran lesionado los derechos de del demandante, por tal
motivo, la Sala entrará a analizar los cargos propuestos en el recurso de alzada.

2.4. Caso concreto.

Aunque no está en discusión, se comprobó la calidad de Patrullero de la Policía Nacional
del señor Aldair Gallo Toloza, con la respectiva acta de posesión como tal y el extracto
de su hoja de vida22, documentos que, evidencian su calidad de sujeto disciplinable en
los términos de la Ley 1015 de 2006.

La Sala considera necesario advertir inicialmente que, la investigación penal por
receptación, sobre estos mismos hechos que dieron origen al procedimiento disciplinario,
se integró a la iniciada por el homicidio de la señora María Mercedes Gnecco Serrano,
bajo el número único de investigación 880016001209202100181, la cual, se encuentra
en etapa de juicio oral según la información que arroja el sistema SPOA de la Fiscalía
General de la Nación23.

Copia de algunas piezas procesales de tal actuación fue remitida por la Fiscalía 11
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito – Grupo Homicidios, mediante correo
electrónico24 y fue tenida en cuenta en el procedimiento disciplinario, como prueba
trasladada, en los términos del artículo 135 de la Ley 734 de 200225, en ese sentido, las

20
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 225 a 249 archivo PDF
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi.
21
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 110 a 111 archivo PDF
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi.
22
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 73 a 77 archivo PDF
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi.
23
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/#1536851620255-61ce92ac-374f.
24
Dichas piezas procesales se observan en el archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL, incluido en la carpeta Folio 90, a su vez
dentro de la carpeta 22AnexoContestacionExp.Disciplinario, que integra el expediente digital compartido en OneDrive visible en el
índice 00002 de Samai, del expediente digital de segunda instancia.
25
ARTÍCULO 135. PRUEBA TRASLADADA. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro
o fuera del país y los medios materiales de prueba, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el
respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código. También podrán trasladarse los elementos
materiales de prueba o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación del escrito de
acusación en el proceso penal, aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan

13

Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

piezas procesales de la precitada investigación penal, se valoraran en conjunto con los
medios de prueba recaudados en la investigación disciplinaria, a efectos de determinar
si proceden o no los cargos formulados por el recurrente en contra de la sentencia de
primer grado.

Ahora bien, con un panorama general de la actuación disciplinaria, la Sala pasa a resolver
el primer cargo de apelación relacionado con la indebida valoración probatoria, en sede
disciplinaria y la atipicidad de la conducta, por cuanto, estaría probado, a juicio del
recurrente, que el Patrullero Aldair Gallo Toloza se encontraba en situación administrativa
de franquicia o permiso para el día de los hechos.

A fin de resolver este cargo y los demás propuestos en el recuso vertical, será preciso
ejercer un control integral de los actos administrativos disciplinarios para garantizar la
tutela judicial del sancionado, siendo un postulado de la Constitución Política el respeto
de la dignidad humana, el trabajo y demás principios de orden constitucional que orientan
el control judicial de las decisiones adoptadas en materia disciplinaria, de acuerdo con,
los parámetros fijados en la sentencia de unificación del 201626.

Tal y como se refirió en el acápite de la actuación disciplinaria, dicho procedimiento se
inició con el informe contenido en el oficio GS-2022-001666/ESTPO- CAI COLOMBIA 29-
25, del Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Veintidós (2022), suscrito por el Patrullero
Yeison David Valencia Torres27. El policial que lo suscribió narró que, compró un celular
al Patrullero Aldair Gallo Toloza entre el Dieciséis (16) y Veintiuno (21) de Octubre de
Dos Mil Veintiuno (2021), le regaló el equipo de comunicación a su compañera
sentimental y ella lo llamó el Trece (13) de Enero de Dos Mil Veintidós (2022)
comentándole que estaba siendo judicializada por el delito de receptación, ya que, el
teléfono que él le regaló estaba inmerso en una investigación penal.

En el informe se precisó que el celular que Valencia le compró a Gallo fue un Samsung
Galaxy S-20, con numero de IMEI 354399110860671.

por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o evidencias físicas deberán ser sometidos a
contradicción dentro del proceso disciplinario. Cuando la Procuraduría General de la Nación o el Consejo Superior de la Judicatura
necesiten información acerca de una investigación penal en curso o requieran trasladar a la actuación disciplinaria elementos
materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, así lo solicitarán al Fiscal General de la Nación. En cada
caso, el Fiscal General evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales de prueba o evidencias físicas
puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma.
26
«[…] Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1)
La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de
la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el
control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en
el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso
administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no
sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios
que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva». Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena de Sección Segunda. Sentencia del 9 de agosto de 2016. Consejero
Ponente: DR. William Hernández Gómez (E) Expediente: 11001032500020110031600. (1210-11).
27
Expediente digital – índice 00023 Samai – ff. 3 a 4 archivo PDF 110 a 111 archivo 024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
EEDESAP20223copi.

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Número Interno: 2154-2025
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Una vez se dio la orden de apertura de la indagación preliminar en contra del Patrullero
Aldair Gallo Toloza, se ordenó la práctica de la declaración juramentada del Patrullero
Yeison David Valencia Torres, suscribiente del informe que motivó el inicio la
investigación disciplinaria.

En su declaración juramentada, el Patrullero Yeison David Valencia Torres28 reconoció el
contenido del informe y su firma, se ratificó en lo que ahí se anuncia y en su relato sobre
los hechos. Detalló que, al momento de la venta, el Patrullero Gallo le indicó que el celular
lo había comprado para su novia pero que a ella no le gustó el color, luego al presentarse
el problema, lo llamó y le dijo que iba a conseguir las facturas con el pelao que se lo
vendió, que al parecer fue un auxiliar de policía a quien se lo recibió en parte de pago por
la compra de unos tiquetes, pero nunca se comunicó con tal auxiliar de policía. También
explicó que, él -Yeison Valencia- en dos ocasiones verificó en su equipo PDA de la policía y
la página web IMEI Colombia, sin encontrar reportes negativos del equipo.

Cuando capturaron a su novia, Valencia se trasladó a la ciudad de Cali, donde ella vive,
al haber sido quien le regaló el teléfono fue entrevistado por funcionarios de policía judicial
y, en tal entrevista reiteró su relato y acompañó las pruebas que trajo al proceso
disciplinario. En esas diligencias los funcionarios de policía judicial le informaron que el
equipó móvil estaba vinculado a una investigación por un homicidio de una señora en
San Andrés y que la víctima lo habría utilizado horas antes de su deceso.

Acompañó a su testimonio la constancia de una transferencia bancaria por Seiscientos
Mil pesos ($600.000) que hizo al hoy demandante a través de la aplicación Nequi, el
Diecisiete (17) de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), por la compraventa del celular en
cuestión29. Asimismo, aportó pruebas de su asignación al cuadrante 13 de la ciudad de
San Andrés, las funciones que cumplía y lugar de facción el Cinco (5) de Octubre de Dos
Mil Veintiuno (2021)30, prueba del permiso que disfrutó y cuando le regaló el teléfono a
su novia.

Con estos documentos el testigo señaló que, el día que ocurrió el homicidio en que
también fue hurtado el equipo celular, estaba cumpliendo turno de vigilancia en un sitio
diferente, de ahí que, nunca estuvo en el lugar que ocurrió el homicidio. Adicionalmente,
pagó al Patrullero Gallo el precio que pidió por el celular y una vez completó el negocio

28
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 27 a 28 archivo PDF 110 a 111 archivo
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi; audio en el MP3 DECLARACION PT VALENCIA, dentro de la
carpeta Folio 90, a su vez en la carpeta ZIP OneDrive_2025-02-26 (1), que también figura dentro de la carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario del expediente digital compartido a través de OneDrive cuyo enlace figura en el índice 00002
de Samai para el expediente digital de segunda instancia.
29
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 123 a 128 archivo PDF 110 a 111 archivo
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi.
30
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 31 a 35; 41 a 47 archivo PDF 110 a 111 archivo
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi.

15

Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
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se fue de permiso a la ciudad de Cali, donde obsequió el equipo a su novia. También,
entregó la copia de la contraseña del señor Wilber Rolando Duran Flórez, a quien señaló
como el auxiliar de policía que supuestamente le vendió a Gallo el celular.

Ante las preguntas del instructor precisó varias cuestiones, a saber: Unos días después
de la primera transferencia le hizo una consignación al Patrullero Gallo por Doscientos
Mil pesos ($200.000), a través de un corresponsal bancario, con lo cual se completó el
precio acordado por el celular, pero no pudo obtener constancia de tal transacción,
porque el banco le dijo que era reservada. También que, inscribió el celular en Movistar
sin problema. Que la venta se hizo en horas de la tarde y el Patrullero Gallo Toloza se
encontraba uniformado. Puntualizó que, por la primera transferencia de dinero que hizo
al Patrullero Gallo, a través de Nequi, la compra se dio específicamente el Diecisiete (17)
de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021).

En este punto, quiere destacar la Sala que, en el curso de la actuación disciplinaria no
hubo discusión sobre la fecha de la venta que hizo el Patrullero Gallo al Patrullero
Valencia del celular en cuestión, Valencia dijo que ello sucedió el Diecisiete (17) de
Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), tal hecho nunca fue controvertido e incluso el hoy
demandante, ratificó la fecha en su versión libre31, sobre la cual se ahondará más
adelante, de modo que la venta se realizó, el Diecisiete (17) de Octubre de Dos Mil
Veintiuno (2021), esta data es importante para definir la cuestión respecto de la
atipicidad de la conducta planteada en el recurso de apelación.

La Sala comparte el argumento del recurrente en cuanto a que hay dos tipos disciplinarios
que involucran la realización de una conducta descrita en la Ley como delito, el primero
de ellos, puede realizarse con ocasión o como consecuencia de la función o cargo,
al tiempo que, el segundo tipo disciplinario se ejecuta cuando el servidor policial se
encuentra en situaciones administrativas tales como: Franquicia, permiso, licencia,
vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio, o en hospitalización,
así se puede constatar del texto de los numerales 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de
200632 y 10 del mismo precepto33.

En este punto se aparta la Sala de un argumento de la sentencia de primera instancia,
relativo a que, en este caso era irrelevante si el demandante estaba en funciones como
policía o no, ello era determinante para definir la falta disciplinaria en que pudo haber
incurrido; aun así, el comportamiento desplegado por Aldair Gallo Toloza el Diecisiete

31
Expediente digital de primera instancia – índice 00002 de Samai – ff. 117 a 118 archivo PDF
4_ALDESPACHOPORREPARTO_03ANEXOS.
32
ARTÍCULO 34. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: […] 9. Realizar una conducta descrita en la ley como
delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo. […].
33
ARTÍCULO 34. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: […]10. Incurrir en la comisión de conducta descrita en
la ley como delito, cuando se encuentre en situaciones administrativas tales como: Franquicia, permiso, licencia, vacaciones,
suspendido, incapacitado, excusado de servicio, o en hospitalización.[…].

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Número Interno: 2154-2025
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(17) de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), si encuadra en el tipo disciplinario fijado en
el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, como quedó establecido en el auto
de citación a audiencia y las decisiones sancionatorias, dado que, no se demostró que
se encontraba de permiso o franquicia el día de los hechos.

El demandante pretendió acreditar tal situación de franquicia, con una copia del libro de
control de armamento del Diecisiete (17) de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021)34, que
aportó con sus alegatos de segunda instancia en el trámite disciplinario. En
contraposición al documento indicado anteriormente, reposa en el plenario, el oficio del
Veinte (20) de Enero de Dos Mil Veintidós (2022)35, por medio del cual, la oficina de
talento humano del departamento de policía de San Andrés Islas, certificó que el
Patrullero «GALLO TOLOZA ALDAIR identificado con cedula de ciudadanía No. 1090478171, figura con
09 días de permiso para la fecha 19/10/2021 hasta el día 28/10/2021».

La certificación de la oficina de talento humano del departamento de Policía de San
Andrés se debe valorar en conjunto con la declaración del Patrullero Yesid David Valencia
Torres, de cuyo relato se extrae que, el día de la transferencia del celular el demandante
estaba uniformado, sumado al testimonio del Capitán Luis Carlos Flórez Quintero36,
comandante de la estación de policía San Andrés para la época de los hechos y jefe
directo del Patrullero Gallo, quien narró que él era su conductor y cumplía turnos de
disponibilidad permanente por 45 días y 9 días de descanso.

Con el documento referenciado y las dos declaraciones, se puede concluir que, en efecto
el Patrullero Aldair Gallo Toloza no se encontraba disfrutando de ningún permiso o
franquicia el día que transfirió a título de venta el celular presuntamente hurtado al
Patrullero Yesid David Valencia Torres, por el contrario, se encontraba en servicio como
conductor disponible del comandante de la estación de policía de San Andrés.

Ahora bien, en el contexto del control integral a las decisiones disciplinarias, se recuerda
que, el requisito de la tipicidad ha sido estudiado en diversas oportunidades por esta
Corporación, entre ellas, en sentencia del 21 de octubre de 2021, donde se dijo «el principio
de tipicidad en materia disciplinaria está integrado por la definición previa de la falta en la ley (principio de
legalidad) y por la obligación del ente disciplinario de determinar la conducta objeto de reproche y la sanción
(subsunción típica). Entonces la autoridad disciplinaria al formular el cargo debe encuadrar la situación
fáctica en la norma que describe correctamente la falta con el fin de garantizar los elementos del citado
principio37».

34
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 Samai – ff. 274 a 279 archivo PDF 110 a 111 archivo
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi.
35
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 193 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.
36
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 49 a 50 archivo PDF 110 a 111 archivo
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi; audio en el MP3 DECLARACION CT FLOREZ, dentro de la
carpeta Folio 90, a su vez en la carpeta ZIP OneDrive_2025-02-26 (1), que también figura dentro de la carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario del expediente digital compartido a través de OneDrive cuyo enlace figura en el índice 00002
de Samai para el expediente digital de segunda instancia.
37
C.E. Sección 2, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés, Rad: 25000-23-42-000-2015-01429-01(3719-18)

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Número Interno: 2154-2025
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De cara a la noción sobre la tipicidad en materia disciplinaria, la Sala comparte el criterio
de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, referido a que, la conducta
en que incurrió el Patrullero Aldair Gallo Toloza se subsume en el tipo disciplinario que le
atribuyó la autoridad disciplinaria, esto es, transferir a título de venta un celular cuyo
origen estaba relacionado con una conducta punible, -el homicidio y hurto que tuvo como víctima
la señora María Mercedes Gnecco-.

El documento en que funda el argumento del recurrente no contradice la certificación de
la oficina de talento humano, el testimonio del comprador del teléfono y del jefe directo
del disciplinado, todos los cuales, evidencian que se encontraba en servicio para cuando
realizó la conducta por la que fue investigado y sancionado. Específicamente, el hoy
demandante sí se encontraba en ejercicio de sus funciones para el momento que le
vendió el móvil Samsung Galaxy S20, identificado con el IMEI 354391108606710, al
Patrullero Yeison Alejandro Valencia Torres, de tal modo que, su conducta se adecuó al
tipo disciplinario previsto en el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, por el
cual, fue investigado y sancionado.

Al tiempo, este argumento de la apelación se relacionaba con una pretendida
incongruencia en las decisiones disciplinarias, que habría sido prohijada por la sentencia
de primera instancia.

La incongruencia aducida se relaciona con diferencias ostensibles entre los cargos
formulados y la falta por la cual se sancionó al servidor público, en este caso está probado
que, tanto en la formulación de cargos, como al momento de declarar responsable
disciplinariamente al demandante, los operadores disciplinarios aludieron a la falta
descrita en el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2008, que como tipo disciplinario
en blanco se complementa con el artículo 447 del Código Penal Ley 599 de 2000. A lo
que alude el demandante en su recurso para plantear incongruencia en la decisión son
los argumentos que rodearon la construcción del cargo.

Contrario a lo que considera el recurrente, tal y como lo determinó el A-quo, la autoridad
disciplinaria describió el tipo disciplinario, el tipo penal que lo complementó y, explicó
detalladamente, tanto en el auto que convocó a audiencia pública, como en las decisiones
sancionatorias, los elementos que componen el tipo disciplinario, a saber: (1) el verbo
rector de la conducta disciplinaria del tipo imputado «realizar»; (2) el primer ingrediente
normativo del tipo imputado, esto es, una conducta descrita en la ley como delito; (3) el
segundo ingrediente normativo del tipo imputado, que el delito se cometió a título de dolo;
y (4) el tercer ingrediente normativo del tipo disciplinario, cuando se cometa con ocasión
de la función.

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Asimismo, en lo relativo al tipo penal que se realizó se detallaron, los siguientes
elementos: (1) que el verbo rector de la conducta descrita en la ley como delito fue
«transferir»; (2) la acción que contempla el verbo rector del tipo penal, o mejor lo que se

transfiere, en este caso, se detalló como transferir un bien mueble, el teléfono celular
marca Samsung Galaxy S20 IMEI: 354399110860671; y (3) el ingrediente normativo del
tipo penal, relacionado con que los bienes tengan su origen mediato en un delito,
concretado en, el homicidio y hurto de que fue víctima la señora María Mercedes Gnecco
propietaria del equipo móvil.

De modo que, los operadores disciplinarios sustentaron detalladamente los elementos
que componen la tipicidad en este caso, abordaron la comprobación de cada uno de ellos
de cara a los testimonios y documentos recaudados en el curso del procedimiento
disciplinario, mantuvieron la descripción del tipo durante toda la etapa de investigación y
sancionaron al Patrullero Gallo Toloza con base en el mismo tipo disciplinario con el que
formularon cargo o llamaron a audiencia pública, por manera que, no está probada la
incongruencia alegada en el recurso de alzada.

Vistas así las cosas, respecto la atipicidad de la conducta y una presunta incongruencia,
el recurso de alzada no prospera.

El segundo argumento de apelación, se centra en si se demostró que el demandante
conocía o no el origen ilícito del celular marca Samsung modelo S20, identificado con el
IMEI 354399110860671, supuesto que se relaciona con la calificación dolosa de la falta
por la que fue sancionado.

El recurrente adujo que, en las consideraciones del fallo de primera instancia, igual que,
en las decisiones disciplinarias, para dar por acreditado el dolo, fueron planteados
argumentos que se acercan más a la culpa grave o al dolo eventual que, al dolo, por
cuanto, se habló de ignorancia de una norma y la adquisición del teléfono celular de forma
irregular asumiendo el riesgo que pudiera provenir de un origen ilícito.

Tanto en la decisión disciplinaria de primera como de segunda instancia, se argumentó
que el demandante si cometió la conducta disciplinaria a título de dolo, por no cumplir
con las exigencias del artículo 4 inciso 3 del decreto 1630 de 2011, la cual debía conocer
como funcionario de Policía, asimismo, que no fue capaz de dar explicaciones de cómo
obtuvo el equipo de telecomunicaciones hurtado.

Para rebatir la comprobación del conocimiento sobre el origen ilícito del equipo celular, el
recurrente aduce que, Aldair Gallo Toloza verificó en la página web IMEI Colombia y no
encontró ningún reporte como robado, que el Patrullero Yeison David Valencia Torres
hizo la misma validación obteniendo el mismo resultado, de igual modo, que Valencia

19

Número Interno: 2154-2025
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inscribió el celular que le regaló a su novia en la página web oficial de la empresa
Movistar, sin inconvenientes.

En su testimonio el Patrullero Yeison David Valencia Torres38 admitió que verificó en la
página web de IMEI Colombia39 el estado del equipo de comunicaciones que su
compañero Gallo le vendía, incluso tal y como se argumenta en el recurso, este policial
consultó el dispositivo PDA que tenía asignado de la Policía Nacional sin encontrar
reporte algún reporte de hurto.

En contra de la afirmación sobre la consulta del Patrullero Valencia en los aplicativos de
la Policía Nacional, milita en el plenario en el documento denominado «Reporte Consulta de
Antecedentes a IMEI del 10/10/2021 00:00 al 30/10/2021 00:00» 40, que refleja las consultas de

equipos celulares realizadas por el Patrullero Valencia Torres durante todo el mes de
octubre de 2021, a través de los aplicativos de la institución, sin que figure en dicha
relación de consultas alguna respecto del dispositivo móvil marca Samsung modelo S20,
identificado con el IMEI 354399110860671.

De las piezas procesales de la investigación penal se recalca la denuncia por hurto
agravado presentada por Cristina Serrano Gnecco el Veintinueve (29) de Diciembre de
Dos Mil Veintiuno (2021)41. La denunciante indicó que empezó a preocuparse por el
celular de su madre - María Mercedes Gnecco Serrano – cuando recibió mensajes de cobro de
la empresa Claro respecto de su línea telefónica 3107945574. También, explicó que su
madre estaba utilizando un celular marca Samsung cuando fue víctima de homicidio,
mientras que el que fue incautado por los servidores de policía judicial fue uno marca
Huawei, por tal razón, lo denunció como hurtado en ese momento.

A partir de esta denuncia inició la investigación para establecer lo ocurrido con el terminal
móvil Samsung S20, que luego sería identificado plenamente con el IMEI
354399110860671, asociado a la línea celular 3107945574, cuya última actividad, fue
una llamada a las 19:25 horas de ese Cinco (5) de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021),
al parecer entre las 20:00 y las 20:30 horas, antes de ser asesinada la señora Gnecco
Serrano. Esta información se extrajo de, las búsquedas selectivas en bases de datos que
realizó la policía judicial y que constan en el Informe de Investigador de Campo -FPJ-11
del Doce (12) de Enero de Dos Mil Veintidós (2022)42.

38
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 27 a 28 archivo PDF 110 a 111 archivo
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi; audio en el MP3 DECLARACION PT VALENCIA, dentro de la
carpeta Folio 90, a su vez en la carpeta ZIP OneDrive_2025-02-26 (1), que también figura dentro de la carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario del expediente digital compartido a través de OneDrive cuyo enlace figura en el índice 00002
de Samai para el expediente digital de segunda instancia.
39
https://www.imeicolombia.com.co/.
40
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 Samai – ff. 29 a 30 archivo PDF 110 a 111 archivo
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi.
41
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 55 a 59 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.
42
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 78 a 84 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.

20

Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

De cara a lo expuesto previamente, el celular que motivó la investigación disciplinaria no
estaba denunciado como robado para el mes de octubre de 2021, cuando el demandante
se lo vendió a su compañero, lo fue unos meses después; no obstante, tal y como
consideró el juzgador de primera instancia y las autoridades disciplinarias, estas
circunstancias, por sí solas, no demuestran que el actor desconociera por completo el
origen ilícito del bien que vendió.

Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la transferencia entre los
Patrulleros Gallo y Valencia, se retoma la declaración juramentada del Capitán Luis
Carlos Flórez Quintero43, quien fungía para la época de los hechos como comandante de
la estación de policía San Andrés. Este testigo afirmó que, conoció de la novedad que
involucraba a los Patrulleros Valencia y Gallo porque el primero de ellos le comentó de la
captura de su compañera sentimental por el delito de receptación. Coincide en lo que
respecta a esta situación con Valencia.

Ante las preguntas del instructor detalló que cuando interrogó a Gallo sobre lo ocurrido,
este le dijo que le había comprado el celular a un bombero de una bomba o en estación
de gasolina, asimismo que, antes de lo ocurrido Gallo nunca le comentó de la venta.

Del anterior testimonio resulta relevante que, el Capitán admitió conocer que el equipo
de telefonía estaba relacionado con un homicidio sucedido el Cinco (5) de Octubre de
Dos Mil Veintiuno (2021), que se reportó tal equipo como hurtado en ese contexto.
También narró que, asistió el día del homicidio al lugar de los hechos, acompañado del
Patrullero Gallo Toloza quien fungía como su conductor, pero afirmó que, el Patrullero se
quedó inicialmente en la camioneta ingiriendo unos alimentos y luego se bajó a pasarle
una linterna, pero se quedó cerca de camioneta, él simplemente hizo una verificación
externa de la casa donde ocurrió el homicidio.

Luego rindió declaración bajo juramento el Intendente Julián Alonzo Calle Balbín44,
funcionario de policía que atendió como primer respondiente el homicidio ocurrido en el
sector de Radar o Loma Radar de San Andrés el Cinco (5) de Octubre de Dos Mil
Veintiuno (2021).

43
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 49 a 50 archivo PDF 110 a 111 archivo
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi; audio en el MP3 DECLARACION CT FLOREZ, dentro de la
carpeta Folio 90, a su vez en la carpeta ZIP OneDrive_2025-02-26 (1), que también figura dentro de la carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario del expediente digital compartido a través de OneDrive cuyo enlace figura en el índice 00002
de Samai para el expediente digital de segunda instancia.
44
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 65 archivo PDF 110 a 111 archivo
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi; audio en el MP3 DECLARACION IT CALLE BALBIN, dentro de la
carpeta Folio 90, a su vez en la carpeta ZIP OneDrive_2025-02-26 (1), que también figura dentro de la carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario del expediente digital compartido a través de OneDrive cuyo enlace figura en el índice 00002
de Samai para el expediente digital de segunda instancia.

21

Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

En su narración explicó que, ese día cumplía turno de cuadrante 10 en esa zona, con su
compañero de patrulla, recibieron llamado radial entre las 20:00 y las 21:00 horas, en el
que se reportaba una alteración del orden en la dirección indicada, al llegar encontraron
la puerta abierta y a un señor en el parqueadero diciendo que le habían disparado a su
esposa en la sala, le informaron por el radio al comandante de policía del departamento,
al ingresar a la casa encontraron a la femenina herida y con apoyo de unidades del GOES
de la policía la evacuaron a un hospital. Su labor consistió en rendir el informe de primer
responsable y entregar la escena a las unidades de policía judicial.

En lo que interesa a este proceso, ante las preguntas del instructor explicó que, no vio
ingresar a la casa ni al Patrullero Gallo ni al Capitán Flórez, ni vio el instante en que
llegaron, pero si vio que estuvieron en el lugar el día del homicidio.

Se escuchó el testimonio del Patrullero Jahn Carlos Martínez Guzmán 45 compañero de
habitación de los Patrulleros Valencia y Gallo, cuyo relato consistió en que Gallo le ofreció
el teléfono celular y al preguntarle por la procedencia del equipo le dijo que se lo había
comprado a un auxiliar, tiene presente que era un celular marca Samsung, pero no
recordó el color o el modelo especifico, él no estuvo interesado en el equipo ofrecido, por
eso no tiene mayor conocimiento al respecto. Posteriormente Valencia le comentó que
se lo había comprado a Gallo, sin más detalles.

Fue escuchado en declaración juramentada Jimmy Pabón Vega46 también compañero de
alojamiento de los Patrulleros Valencia y Gallo, comentó que se enteró de lo ocurrido con
el teléfono móvil, una mañana de enero de 2021, cuando Valencia le comentó que habían
capturado a su esposa en Cali por receptación, debido al celular que él le había regalado
a ella, y que a su vez, le había comprado a Gallo. Valencia le comentó que tanto él como
Gallo habían verificado el equipo en IMEI Colombia y no lo encontraron reportado como
hurtado.

De esta declaración sobresale que, el Patrullero Pabón Vega fue comandante de los
auxiliares de policía que prestaban su servicio militar obligatorio en San Andrés, el indagó
a Gallo sobre la procedencia del celular y este le comentó que le había prestado
Doscientos Mil pesos ($200.000) a un auxiliar y cuando dicho auxiliar ya se iba de San
Andrés comentó a Gallo que no le habían pagado, le ofreció el celular en venta, le pidió

45
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 67 archivo PDF 110 a 111 archivo
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi; audio en el MP3 DECLARACION PT MARTINEZ, dentro de la
carpeta Folio 90, a su vez en la carpeta ZIP OneDrive_2025-02-26 (1), que también figura dentro de la carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario del expediente digital compartido a través de OneDrive cuyo enlace figura en el índice 00002
de Samai para el expediente digital de segunda instancia.
46
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 67 archivo PDF 110 a 111 archivo
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi; audio en el MP3 DECLARACION PT PABON, dentro de la carpeta
Folio 90, a su vez en la carpeta ZIP OneDrive_2025-02-26 (1), que también figura dentro de la carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario del expediente digital compartido a través de OneDrive cuyo enlace figura en el índice 00002
de Samai para el expediente digital de segunda instancia.

22

Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

un excedente e hicieron el negocio. Ese mismo día Gallo le pidió a Pabón Vega el
número de celular del entonces ex-auxiliar Wilmer Durán, él se lo dio y luego se
comunicó por WhatsApp con Durán preguntándole si le había vendido el celular a Gallo,
ante lo cual, el auxiliar negó rotundamente tal negocio.

Cuando el instructor le preguntó a este testigo si Gallo le dijo expresamente el nombre
del auxiliar al que le compró el equipo móvil, el testigo indicó que le preguntó a Gallo y
este no recordaba el nombre del auxiliar, en su relato explicó el testigo que, empezó a
nombrar los auxiliares uno a uno porque él había trabajado con ellos, entonces Gallo le
pidió el número del auxiliar Durán. Para especificar el instructor siguió indagando y el
testigo respondió que no sabía concretamente el nombre del auxiliar que le vendió
el teléfono a Gallo, infirió que fue Wilmer Durán porque el hoy actor le pidió su número.

Los testimonios de los Patrulleros Yeison David Valencia Torres47, Jhan Carlos Martínez
Guzmán48 y Jimmy Pabón Vega49 se practicaron de nuevo con la participación del
apoderado del hoy demandante, reiterando sus dichos. Tales diligencias se llevaron a
cabo en la sesión audiencia pública del procedimiento disciplinario, realizada el Ocho (8)
de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022)50.

Se comparte el análisis que sobre estos testimonios se hizo en primera instancia, esto
es, que con ellos quedó establecido cómo el Patrullero Aldair Gallo Toloza ofreció
diferentes versiones sobre el origen del celular vendido al Patrullero Yeison Valencia. A
sus compañeros de alojamiento les indicó que lo había recibido en parte de pago o lo
había comprado a un auxiliar, mientras que, a su superior jerárquico le narró que lo
había comprado a una persona que trabajaba en una gasolinera o estación de
gasolina, tales incoherencias fueron apreciada en su contra.

Más allá de estas incongruencias en el relato que se reconstruyó a partir de los
testimonios, el mismo demandante presentó al menos 3 versiones diferentes de cómo
obtuvo el celular que luego resultó denunciado por hurto, conforme se extrae de lo
documentado en el proceso disciplinario y la investigación penal que milita como prueba
trasladada.

47
Expediente digital de segunda instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido a través de OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario – carpeta ZIP OneDrive_2025-02-26 (1) - carpeta Folio 90 – audio minuto 00:06:45 a 00:23:29
del MP3 CONTINUACION AUDIENCIA DISCIPLINRIA ETAPA DE PRUEBAS-20220308_151712-Grabación de la reunión (1).
48
Expediente digital de segunda instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido a través de OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario – carpeta ZIP OneDrive_2025-02-26 (1) - carpeta Folio 90 – audio minuto 00:26:00 a 00:36:30
del MP3 CONTINUACION AUDIENCIA DISCIPLINRIA ETAPA DE PRUEBAS-20220308_151712-Grabación de la reunión (1).
49
Expediente digital de segunda instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido a través de OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario – carpeta ZIP OneDrive_2025-02-26 (1) - carpeta Folio 90 – audio minuto 00:38:05 a 00:45:15
del MP3 CONTINUACION AUDIENCIA DISCIPLINRIA ETAPA DE PRUEBAS-20220308_151712-Grabación de la reunión (1).
50
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai – ff. 139 a 140 archivo PDF 110 a 111 archivo
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi.

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Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

Una primera versión surge del Informe de Investigador de Campo -FPJ-11- del Veintiséis
(26) de Enero de Dos Mil Veintidós (2022)51, que contiene entre otros, el resumen de la
declaración juramentada rendida en dicha investigación por Aldair Gallo Toloza, quien
ante las preguntas del investigador expresó que nunca le había vendido un teléfono a
Valencia, desconoce el teléfono de que se habla, no ha tenido negocios con él, lo único
que hizo fue prestarle un dinero ($600.000) y no ha hablado con ningún oficial superior
sobre el tema. El Patrullero Gallo Toloza aportó con su declaración juramentada varios
documentos52, en lo relevante las siguientes:

• Las constancias de pago de unos tiquetes aéreos de la empresa Viva Air, para los
trayectos San Andrés – Bogotá el Veinte (20) de Octubre de Dos Mil Veintiuno
(2021), Bogotá – Cúcuta el Veintidós de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021) y,
Bogotá San Andrés el Treinta y Uno (31) Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021)53,
tenidas en cuenta por la sala para establecer que el permiso del que habló sucedió
con posterioridad a la venta.
• Un extracto de la cuenta de ahorros 32-096329-62 de propiedad de Aldair Gallo
Toloza para el mes de octubre de 2021, en la que se evidencia que recibió una
transferencia desde Nequi el 17 de ese mes por la suma de Seiscientos Mil pesos
($600.000) y una consignación a través de un corresponsal bancario por
Doscientos Mil pesos ($200.000) el 25 de ese mismo mes y año54.
• Pantallazos de las llamadas que le hizo el Patrullero Valencia el Trece (13) de
Enero de Dos Mil Veintiuno (2021)55.
• Extracto de su cuenta de ahorros número 230-540-18245-8 del mes de octubre de
202156.
• Desprendible de nómina o extracto salarial de octubre de 202157.

Como se indicó anteriormente, esta declaración del actor se contrapone a la del Patrullero
Yeison David Valencia Torres, quien además demostró al menos una de las trasferencias
de dinero que le hizo, la cual coincide con una de las que se reflejan en el extracto
bancario aportado por el demandante. Ese mismo documento aportado por el señor Gallo
Toloza, muestra otra transacción que recibió mediante consignación en un corresponsal

51
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 131 a 135 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.
52
Además de las enlistadas se aportaron: Pantallazos de las llamadas que le hizo el Patrullero Valencia el Trece (13) de Enero de
Dos Mil Veintiuno (2021); el Extracto de su cuenta de ahorros número 230-540-18245-8 del mes de octubre de 2021; y el Desprendible
de nómina o extracto salarial de octubre de 2021, pero su contenido no tiene ninguna relación con el debate probatorio en este caso.
53
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 99 a 103 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.
54
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 155 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.
55
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 145 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.
56
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 153 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.
57
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 154 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.

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Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

bancario, la cual coincide en la época y el valor, en que el señor Valencia Torres afirmó
haber completado el segundo pago acordado con Gallo por la compra del celular.

Por otra parte, se destaca que en el curso de la actuación penal se ordenaron diferentes
búsquedas selectivas en base de datos, que condujeron a solicitar y practicar la captura
Natalia Sánchez Perlaza, en la ciudad de Cali, como sindicada del delito de receptación,
dado que, tenía en su poder el teléfono celular Samsung S20, identificado con el IMEI
354399110860671, que fue hurtado en el contexto del homicidio de María Mercedes
Gnecco Serrano. Lo anterior se evidencia en el Informe de Investigador de Campo -FPJ-
11- del Trece (13) de Enero de Dos Mil Veintidós (2022)58.

Este informe corrobora lo dicho en su informe y testimonio por el Patrullero Yeison David
Valencia Torres, por cuanto, su compañera sentimental -Natalia Sánchez Perlaza- dijo en la
diligencia de allanamiento que, él le regaló el teléfono celular que motivó tales
actuaciones judiciales.

Con otro Informe de Investigador de Campo de la misma fecha59, se verificaron los
interrogatorios que en calidad de indiciados rindieron Natalia Sánchez Perlaza y Yeison
David Valencia Torres, en los que se confirma la versión sobre cómo llegó a sus manos
el equipo de telecomunicaciones, aunado a lo anterior, es importante reseñar que, en
este mismo informe se ordenó la interceptación de la línea celular 32096332962
presuntamente utilizada por Aldair Gallo Toloza.

Pues bien, las manifestaciones que dio en su declaración jurada Aldair Gallo Toloza, se
contradicen con lo anotado en el Informe de Investigador de Campo -FPJ-11- del
Veintiséis (26) de Enero de Dos Mil Veintidós (2022)60, que contiene los resultados de las
interceptaciones a las líneas de telefonía celular utilizadas, tanto por él cómo por Yeison
David Valencia Torres, informe que, debe ser analizado unido al del del Treinta y Uno
(31) de Enero de Dos Mil Veintidós (2022)61, contentivo de las transcripciones y análisis
de los resultados de las interceptaciones telefónicas.

En el segundo informe se registró que, el Trece (13) de Enero de Dos Mil Veintidós (2022)
• día en que fue capturada Natalia Sánchez Perlaza - compañera sentimental de Valencia Torres,

este policial llamó a Gallo Toloza cuatro veces, a las 07:10, 07:23, 07:43, 09:23. En todas
esas llamadas Valencia le comenta a Gallo que capturaron a su compañera sentimental
por el celular que él le vendió, a la par que, este no niega haber vendido el móvil.

58
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 85 a 94 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.
59
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 99 a 103 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.
60
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 239 a 249 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.
61
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 250 a 266 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.

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Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

En la primera llamada Gallo simplemente dice «entonces voy a llamar a este man haber que me
dice», en la segunda le comenta a Valencia que «marica chicharron, alo estoy marcandole al pelao

que me lo dio pero no me contesta, us tiene el pantallazo (SIC)», más adelante Yeison le señala
«entonces obviamente a mí me van a decir bueno y a usted quien le vendió el celular, marica y a mí me
toca que decir que vos», Gallo responde «si claro igual a mi también me toca decir quien me lo dio»,

Yeison reitera «por eso te digo» y a su vez Gallo responde «no marica pues voy a intentar que
este marica me conteste».

Gallo insiste en las siguientes llamadas en que intenta comunicarse con el pelao o el
chino a quien le compró el celular pero fue imposible, en la llamada de las 07:43 le
responde a Valencia lo siguiente «no marica no no ese teléfono se acuerda que yo lo recibí por
una plata, yo le hice el favor al pelado de prestarle una plata pa unos tiquetes una vez, el chino cuando
se fueron de mocha, el chino me dijo mi patru me espera o me recibe el celular, pues obviamente pa yo
asegurarlo le recibí el celular porque después de que se vaya quien me va a pagar a mí, si me entiende
(SIC)», de ahí en adelante, Gallo insiste en que está intentando comunicarse con esa
persona pero no lo logró.

Es relevante poner de presente que, en este informe de policía judicial, se dejó constancia
que, los registros del monitoreo de las interceptaciones realizadas al teléfono de Yeison
David Valencia Torres, fueron sometidos a control posterior de legalidad el Veintiséis (26)
de Enero de Dos Mil Veintidós (2022), «ante juez constitucional» (SIC).

Las referidas interceptaciones permiten evidenciar que, de la voz del propio demandante,
en las llamadas que le hizo su compañero Valencia Torres, surgió una versión distinta de
la que dio en el interrogatorio al indiciado que practicaron los cuerpos de policía judicial.
Gallo Toloza manifestó en su interrogatorio al indiciado que no había vendido ningún
celular a Valencia Torres; sin embargo, días antes de ese interrogatorio, en las llamadas
que le hizo Valencia Torres admitió ante él el negocio, inclusive, coincidió con lo que otros
testigos manifestaron, esto es, que le había recibido el móvil a un pelao o chino como
parte de pago por un dinero que le prestó para la compra de unos tiquetes.

Si bien es cierto, las incoherencias en la explicación del señor Gallo Toloza sobre como
obtuvo el equipo hurtado, fueron reconstruidas en la sentencia de primera instancia a
partir de los testimonios de sus compañeros; no es menos cierto que, tal y como
evidencian los elementos de juicio analizados hasta este punto, él mismo brindó varias
versiones sobre tal circunstancia, sin que ninguna de ellas diera cuenta real de cómo
obtuvo el aludido terminal móvil.

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Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

Para cerrar este punto, en el expediente penal trasladado obra la entrevista a Wilmer
Rolando Durán Flórez62, sobre quien recae el señalamiento como el auxiliar o exauxiliar
que vendió el teléfono al hoy demandante.

Este testigo negó tajantemente el negocio del celular, igualmente, señaló que prestó
servicio militar obligatorio en San Andrés hasta el Nueve (9) de Septiembre de Dos Mil
Veintiuno (2021). Ante las preguntas del investigador de Policía Judicial indicó que el
Cinco (5) de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021) se encontraba en Cúcuta, en los
cumpleaños de su sobrina menor.

En igual sentido, el joven Durán Flórez explicó que la única comunicación telefónica que
sostuvo con Aldair Gallo Toloza fue una llamada que éste le hizo el Veintiuno (21) de
Enero de Dos Mil Veintidós (2022), en la cual, este policial le dijo que está involucrado en
la venta de un celular a él, es decir, a Gallo Toloza, ante esto el deponente quedó
sorprendido e indicó que no sabía ni de que le estaban hablando. Posteriormente se
comunicó con quien fuera su comandante cuando estaba prestando servicio militar
obligatorio, el Patrullero Jimmy Pabón Vega, este le comentó que en el alojamiento donde
dormían estos patrulleros decían que él -Durán Flórez- le vendió el celular a Gallo,
asimismo, se mencionó a otro auxiliar de apellido Torres, pero él realmente no tenía
ningún conocimiento respecto de las circunstancias de este caso.

De cara a lo expuesto por el anterior testigo, Aldair Gallo Toloza no sólo fue incoherente
en sus declaraciones, sino que quien sugirió le vendió el equipo celular no estaba en la
isla de San Andrés el día que dicho equipo fue hurtado, de modo que, como se estimó
por los operadores disciplinarios, no es de recibo la explicación dada por el demandante
sobre cómo obtuvo el teléfono, más aún, si no mantuvo un relato claro al respecto y a
quien se señaló como vendedor no podía materialmente haberlo hecho porque se marchó
de San Andrés en septiembre de 2021, mientras que, el hurto y homicidio ocurrieron en
octubre.

En la sentencia primer grado se consideró que el demandante sí conocía el origen ilícito
del celular que luego vendió a un compañero, tal aserto se explica en la providencia del
siguiente modo:

«Ahora bien, respecto a que no se configuró el dolo dado que el señor Aldair Gallo Toloza no
tenía conocimiento que el celular era hurtado y lo compró de buena fe; la Sala considera que,
le asiste razón a la entidad en cuanto, el actor no logró demostrar que adquirió el teléfono de
buena fe, y aunque afirmó en la versión libre que este lo compró a un mototaxi no allegó
ninguna información de dicha persona, ni la forma en que lo adquirió, máxime cuando no tenía
ningún documento relacionado con el celular -factura o similar-. Adicional, es claro que el

62
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 166 a 168 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.

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Número Interno: 2154-2025
Demandante: Aldair Gallo Toloza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa–
Policía Nacional

demandante cuando rindió declaración ante la Fiscalía -prueba trasladada al disciplinario-
señaló que no conocía el teléfono y nunca lo había vendido a nadie, lo que resulta
contradictorio con su declaración del proceso disciplinario y las demás pruebas obrantes en
el expediente».

El recurrente sólo pretende rebatir esta conclusión con el hecho que varios testigos
indican que el demandante y el segundo comprador del celular verificaron los
antecedentes en la página IMEI Colombia, así como, que la denuncia por el hurto de
dicho equipo se presentó meses después.

Cobra relevancia en este punto el indicio como medio de prueba en materia disciplinaria,
este se define como la construcción lógica de una inferencia, en la cual, demostrado un
hecho indicador se encuentra probado un hecho indicado. Esta Subsección lo ha
considerado medio de prueba en materia disciplinaria, de cara a la noción que sobre el
mismo construyó la Corte Constitucional63, de modo que, el mismo no será suficiente para
fundar por sí solo una decisión sancionatoria, pero sí debe ser apreciado en conjunto con
los demás elementos de convicción con que se cuente, de cara las reglas de la sana
crítica y la apreciación racional de la prueba.

Mas allá de las argumentaciones del A-quo, la Sala encuentra indicios que convergen
para establecer que Aldair Gallo Toloza, sí conocía el origen ilícito del celular que vendió
a su compañero Valencia:

1. El primero de tales indicios consiste en que, se quería desprender rápidamente del
equipo, fíjese que, entre la comisión del delito -5 de octubre de 2021- y la venta -17 de
septiembre de 2021- solo pasaron unas semanas, el señor Gallo Toloza lo estuvo

ofreciendo a otros compañeros de alojamiento, al menos se lo ofreció en venta al
Patrullero Jhan Carlos Martínez Guzmán como este depuso ante la autoridad
disciplinaria.
2. Un segundo indicio es de mala justificación que corroboraba el conocimiento de la
naturaleza ilícita del hecho de Gallo Toloza, estructurado a partir que, no pudo
explicar cómo obtuvo el teléfono, negando inicialmente haberlo tenido y luego
indicando que se lo compró a alguien más sin especificar.
3. El tercer indicio es precisamente la comprobación de lo tuvo en su poder y lo
vendió ágilmente a un tercero, con el fin de ocultar o dificultar su vinculación con
el ilícito.
4. Su entrenamiento como policía sí implicaba conocimientos sobre lo dispuesto en
el Decreto 1630 de 2011, en tanto, la página IMEI Colombia y los sistemas de

63
«[…] En efecto, el legislador ha previsto en el inciso 2 del artículo 130 de la Ley 734 de 2002 que los indicios se tendrán en cuenta
al momento de apreciar las pruebas siguiendo los principios de la sana crítica y a su turno la jurisprudencia constitucional, en la
sentencia C-102 de 2005 define el indició como “un medio de prueba, en el que, demostrado un hecho indicador, el juez, mediante
una inferencia lógica, llega a un indicado, que, así, se tiene por demostrado”[…]». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 8 de julio de 2021. Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortés.
Expediente: 25000-23-42-000-2016-03325-01(4935-17).

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información de la Policía Nacional, a los que acceden los servidores de la
institución, se implementaron precisamente en desarrollo de tal decreto.
5. Un cuarto indicio, se aprecia la intención del demandante de beneficiarse
económicamente de un bien que fue objeto de un delito.

De cara a lo expuesto, hay al menos 5 indicios claros que apuntan a que Aldair Gallo
Toloza sí conocía el origen ilícito del equipo de telecomunicaciones que transfirió a un
tercero e intentó ocultar tal situación, desprendiéndose rápidamente del mismo,
conociendo que el ordenamiento jurídico dispone unos mecanismos de seguridad y
verificación para la venta de esta clase de aparatos, negando haber realizado la
operación sin dar explicaciones satisfactorias de como lo consiguió y habiendo procurado
obtener un provecho económico de toda esta situación.

Lo que no comparte el recurrente es que, tanto en materia disciplinaria, como en materia
judicial se les hubiera reprochado su desatención a las normas del el Decreto 1630 de
2011, relativo a las medidas para restringir la operación de equipos terminales hurtados,
que son utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles.

Para la Sala la desatención a las previsiones del Decreto 1630 de 2011, no orientan la
conducta del demandante hacia la culpa grave o el dolo eventual al infringir la ley
disciplinaria, como lo plantea el recurrente, esa actitud lo que confirma es que el
demandante conocía el origen ilegítimo del celular que trasfirió a un tercero, ello en tanto,
él mismo lo admitió, el comprador también lo narró y otros testigos concordaron en que
para realizar la venta se consultaron las bases de datos de la página web IMEI Colombia
y los dispositivos que utiliza la Policía Nacional para ese fin.

No es de recibo entonces que, el demandante señale que desconocía que los terminales
móviles en Colombia deben ser vendidos por personas autorizadas, deben contar con
factura y documentos que soporten su procedencia, porque desconoce la norma que
prevé tales formalidades, pero al mismo tiempo afirme que, sí conoce las normas que
regulan las bases de datos en las que se inscriben los reportes de equipos hurtados o
vinculados a un delito, ello en tanto, todas estas particularidades -los requisitos y el registro
público- están regulados en la misma disposición, el Decreto 1630 de 2011.

No se trata de que el actor estuviera obligado a saber de memoria los detalles de cada
artículo de la reglamentación creada para restringir la operación de equipos terminales
hurtados, que son utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones
móviles, empero, no puede afirmar que, al menos a manera general, no tenía
conocimiento de tal regulación, pues precisamente entre sus funciones como integrante
de la Policía Nacional estaba aplicar tales regulaciones, consultando y verificando la lícita

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procedencia no de los terminales móviles que tuviera en su poder, sino de todos los que,
por razón de sus funciones debía consultar.

Considera la Sala que, la argumentación cabe dentro del margen de análisis de la
conducta, que se hace en materia disciplinaria, lo cual, va más allá de la simple
constatación de la comisión de un delito. El bien jurídico tutelado en el derecho
disciplinario es el correcto funcionamiento de la administración pública, en tal sentido, el
estudio sobre la adecuación típica, la culpabilidad y la ilicitud sustancial exigen que se
verifique si el servidor tenía el deber de conocer el precepto legal que regulaba la
situación particular, por cuanto, el derecho disciplinario no se circunscribe al ámbito del
derecho penal64.

En síntesis, el comportamiento de Aldair Gallo Toloza relativo a no verificar el origen lícito
del equipo móvil que vendió a un compañero de labor, converge con su afán por
desprenderse rápidamente del celular, su falta de explicación sobre cómo lo consiguió,
su preparación como policía que sí involucraba el conocimiento de la forma en que se
negocian legalmente los equipos móviles en Colombia y su intención de beneficiarse
económicamente, convergen para inferir que sí conocía el origen ilícito del celular en
cuestión.

A esta conclusión se llegó en materia disciplinaria y se llega en materia judicial, por
cuanto, esta clase de circunstancias del conocimiento de la persona o del elemento
volitivo se enmarcan en su fuero interno y resultan de difícil comprobación, en ese
entendido, se acude a la prueba indirecta para establecer una inferencia que permita
reconstruir la voluntad del servidor público de cometer la falta disciplinaria.

Finalmente, el tercer argumento plateado en el recurso de alzada se opone a uso dado
a la declaración juramentada que rindió el demandante en la investigación penal para
fundamentar la sanción, toda vez que, ello vulnera el artículo 33 de la Constitución
Política, ya que, están utilizando la propia versión del uniformado en su contra.

Frente a este argumento la Sala quiere poner de presente que, la garantía de la no
autoincriminación protege a quien es vinculado a un juicio penal o disciplinario de
injerencias indebidas, presiones, o cualquier forma de coacción que normativa o

64
«En palabras de la Corte Constitucional, esta diferencia entre el derecho penal y el derecho disciplinario “se deriva de la admisión
de los tipos en blanco o abiertos y de los conceptos jurídicos indeterminados en materia disciplinaria, [y] hace referencia a la amplitud
hermenéutica con que cuenta el operador disciplinario al momento de interpretar y aplicar la norma disciplinaria. Así las cosas, la
jurisprudencia constitucional ha admitido que el investigador disciplinario dispone de un campo más amplio para determinar si la
conducta investigada se subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes. En este mismo sentido, esta
Corte ha señalado en múltiples oportunidades que en materia disciplinaria el fallador goza de una mayor amplitud para adelantar el
proceso de adecuación típica de las conductas reprochables, pues por lo general la descripción de las faltas disciplinarias debe ser
objeto de complementación o determinación a partir de la lectura sistemática de un conjunto de normas jurídicas que desarrollan
deberes, mandatos y prohibiciones». Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 26 de marzo de 2014,
radicado interno 0263/2013, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gomez Aranguren. Postura reiterada en: Consejo de Estado,
Sección Segunda Subsección A, sentencia del 22 de marzo de 2018, radicado interno 0171-11, consejero ponente: César Palomino
Cortes.

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procesalmente lo obliguen a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro los niveles de consanguinidad y afinidad previstos en la
norma.

La aludida garantía constitucional, como derecho del investigado, es susceptible de
renuncia por parte de su titular, en el entendido que, si decide romper su silencio aquello
que manifieste puede ser utilizado en su contra, la norma penal tiene distintos dispositivos
normativos que establecen la posibilidad del indiciado, procesado, imputado o acusado
de renunciar a su derecho a guardar silencio, siempre como prerrogativas potestativas
de las que este dispone, así lo ha explicado esta Corporación en anteriores
oportunidades65.

Lo ocurrido en este caso en concreto no fue que se presionó al demandante para rendir
una declaración o se lo compelió de alguna manera a participar en la investigación penal,
lo que sucedió fue que él libremente y asesorado por su abogado, decidió absolver un
interrogatorio ante los organismos de policía judicial, en el que incluso se le recordó su
derecho a guardar silencio, como se puede leer en el acta respectiva66, valorar esta
declaración no constituye una vulneración al principio de no autoincriminación, porque lo
que protege tal principio es que quien ofrezca su declaración y está tenga efectos en su
contra, lo haga sin ninguna clase de injerencia indebida.

Si bien la norma disciplinaria no prevé que se sancione al investigado con base
únicamente en las deposiciones que brinde en otros proceso, no prohíbe que se valore y
se las tome en cuenta en conjunto con el resto del acervo probatorio, como se hizo en
este proceso, tal interrogatorio o atestación la rindió el demandante libre y
voluntariamente asesorado por su abogado y se tuvo como prueba trasladada en el
procedimiento disciplinario, sin que en el curso de la actuación el apoderado se hubiera
opuesto o hubiera manifestado que no podía valorarse.

Adicional a lo expuesto en las líneas que anteceden, se evidenció en el expediente que,
en sesión de audiencia pública del Ocho (8) de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022) 67, se
corrió traslado de toda la documentación recibida como prueba traslada de la
investigación penal al apoderado del hoy demandante y, dicho profesional del derecho
no hizo manifestación alguna de oposición o tacha respecto de tal documentación.

65
«Sobre el derecho a la no autoincriminación, la misma norma dispone que se puede renunciar a tal derecho “siempre y cuando se
trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre el
asesoramiento de su abogado defensor”». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 18 de enero de 2017. Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortés. Expediente: 11001-03-15-000-2016-03385-
00(AC).
66
Expediente digital de primera instancia - índice 00002 de Samai - expediente digital compartido en OneDrive - carpeta
22AnexoContestacionExp.Disciplinario - carpeta Folio 90 – ff. 166 a 168 archivo PDF 01. ELEMENTOS EN GENERAL.
67
Expediente digital de primera instancia – índice 00023 de Samai - ff. 139 a 140 archivo PDF
024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-EEDESAP20223copi.

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Lo que hizo el juzgador de primera instancia fue tomar en conjunto todas las
declaraciones del demandante y de los testigos, valorarlas y advertir que todas
apuntaban a una conclusión, esto es, el demandante ofreció distintas versiones o
hipótesis sobre como obtuvo el celular y ello se puede interpretar como una intención de
ocultar el origen ilícito del mismo o indica el conocimiento certero de tal origen lícito. En
cualquiera de los escenarios que se extraen de tales deposiciones, el actor no supo dar
cuenta de cómo obtuvo el aludido terminal móvil y la interpretación que de esa
circunstancia hizo el tribual concuerda con el resto del material probatorio y no vulnera el
derecho a la no autoincriminación del demandante, porque no se lo presionó de ninguna
forma para declarar.

De cualquier modo, el señor Aldair Gallo Toloza no aportó ningún elemento de prueba en
el curso de la investigación disciplinaria que confirmara su dicho, no convocó a rendir
testimonio al supuesto particular al que le compró el teléfono, no aportó ninguna
constancia de cómo le pagó el precio que este le pidió, no convocó testigos que hubieren
visto el momento en que se realizó la negociación con ese tercero que le vendió el equipo,
en general no aportó en el curso del procedimiento sancionatorio algún elemento de
conocimiento que permitiera verificar de su relato sobre como obtuvo el celular. Por el
contrario, como se ha explicado de manera suficiente en la motivación de esta sentencia,
obran varias pruebas que apuntan a que tal versión no es creíble y que lo que ocurrió fue
que el señor Gallo Toloza intentó encubrir el origen ilícito del bien que adquirió y vendió
rápidamente a un compañero policial.

En ejercicio del control integral de la actuación disciplinaria, la sala analiza en el sub lite,
el segundo elemento necesario para poder imponer una sanción, esto es, la ilicitud
sustancial. Frente a aquella debe indicarse que, para el momento de los hechos objeto
de este proceso estaba vigente el artículo 4 de la Ley 1015 de 2006, que la definía en los
siguientes términos aquel elemento de la responsabilidad disciplinaria, «Ilicitud sustancial. La
conducta de la persona destinataria de esta ley será contraria a derecho cuando afecte el deber funcional
sin justificación alguna».

Los operadores disciplinarios encontraron probada esta categoría normativa con el
material probatorio recaudado, en el sentido que, el actor defraudó sus deberes
funcionales de actuar acorde a la Constitución y a la ley, junto con, el deber de garantizar
una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales.

En concreto, se verificó que, el Patrullero Aldair Gallo Toloza, incurrió en una conducta
descrita en la ley como delito, al haber transferido a un compañero de labor un bien
vinculado a la comisión de un delito, conociendo el origen espurio del bien.

32

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Se consideró claramente infringido el deber funcional de actuar acorde con la
Constitución y la ley, amen que, con tal circunstancia se lesionó la imagen institucional
de manera grave al quedar probado que un integrante de la Policía Nacional, contra todos
sus deberes y funciones como garante del orden jurídico y la institucionalidad, realizó una
conducta descrita en la ley como delito.

A la par del anterior argumento, las decisiones disciplinarias sustentan la ilicitud
sustancial en lo establecido en el artículo 19 de la Ley 62 de 1993, que establece las
funciones generales de la Policía Nacional, entre las que están incluidas garantizar el
ejercicio de las libertades públicas y los derechos que de éstas se deriven, prestar el
auxilio que se requiere para la ejecución de las leyes y las providencias judiciales, así
como, prevenir la comisión de hechos punibles.

Coincide la Sala con las anteriores apreciaciones y las adiciona, en el sentido que, Aldair
Gallo Toloza infringió los precitados deberes funcionales, en tanto, antes que prevenir la
comisión de hechos punibles y auxiliar la ejecución de la ley, incurrió en un
comportamiento descrito como delito y omitió la ejecución del ordenamiento jurídico cuyo
cumplimiento era su deber, de manera dolosa.

Los antedichos supuestos se conjugan con una desobediencia a la actividad de policía
que involucra el ejercicio material de hacer cumplir las disposiciones las leyes y los
reglamentos, que propenden por el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, conforme lo ha considerado la Corte
Constitucional68.

Por último, en cuanto al elemento de la culpabilidad, tenemos que:

El artículo 11 de la Ley 1015 de 2006, vigente para el momento de los hechos que se le
imputan al demandante, prescribía: «En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva y las faltas son sancionables a título de dolo o culpa» .

Conforme a lo anterior, en virtud del principio de culpabilidad, en materia disciplinaria el
servidor público sólo puede ser sancionado si ha procedido de forma dolosa o culposa;

68
«A su vez, conforme al artículo 20 del Código, la actividad de policía consiste en el ejercicio de materialización de los medios y
medidas correctivas, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de la
Policía Nacional. Mediante esta materialización se concretan y se hacen cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la
función de policía, a las cuales la referida institución se encuentra subordinada. La actividad de policía es, por lo tanto, una labor
oficial estrictamente material y no jurídica, al tenor de la propia norma en mención. A este respecto, la Constitución expresamente se
ocupa de denotar el alcance de las funciones de la Policía Nacional. 36. De acuerdo con el artículo 218 de la Constitución, la
Policía es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil. Su finalidad primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Así mismo, la disposición superior prescribe que su papel es asegurar que los
habitantes del territorio nacional convivan en paz. En este sentido, la misión de los servidores de la Policía Nacional es
esencialmente preventiva, en la medida en que del adecuado cumplimiento de sus funciones depende que cada uno de los asociados
puedan ejercer a plenitud sus facultades y garantías constitucionales. Así mismo, la debida ejecución de su papel permite la
salvaguarda de la convivencia pacífica al interior de las comunidades locales y la sociedad». Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencia C-134 de 2021. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera.

33

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estando entonces proscrita la responsabilidad objetiva. Debe aquí precisarse que la
culpabilidad está implícita en el debido proceso, conforme lo dispuesto en el artículo 29
constitucional, el cual consagra que «Toda persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable».

En este asunto se le condenó al demandante ante la comisión de una falta disciplinaria
gravísima, consagrada en el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, a título de
dolo, por cuanto, el Patrullero Aldair Gallo Toloza, en virtud de su formación profesional
en la Policía Nacional, su antigüedad en el nivel ejecutivo y sus más de 8 años de
servicio69, conforme a lo previsto en la Ley 62 de 1993, era plenamente consciente que al
transferir a título de venta un terminal móvil cuyo origen era ilegitimo o adquirió por fuera
de la normativa aplicable, podía incurrir en una conducta sancionable en materia
disciplinaria, así como, en materia penal, pues como miembro de la institución conoce las
conductas descritas en la ley como delito y las medidas reglamentarias tomadas para
restringir la operación de celulares hurtados, que son utilizados para la prestación de
servicios de telecomunicaciones móviles, dado que, su función es precisamente la
prevención de la comisión de tales conductas.

La Sala finalmente quiere poner de presente que, la potestad sancionatoria del Estado
tiene como finalidad «la salvaguarda de la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los
servidores del Estado70. Asímismo, por la garantía de la buena marcha y buen nombre de la administración
pública y la obligación de asegurar a los gobernados que las funciones oficiales sean ejercidas en beneficio
de la comunidad (Art. 2º de la CP) 71. En consecuencia, desde el punto de vista interno, persigue el
cumplimiento de los deberes a cargo de los servidores públicos y desde el punto de vista externo, tiene el
propósito de que se alcancen los fines del Estado y los principios de la función pública72».

En esa dirección, la jurisprudencia constitucional, además, ha dicho que el Código
Disciplinario Único consagra para todos los servidores públicos un deber general
afirmativo, relativo al cumplimiento del servicio que le haya sido encomendado con las
exigencias de diligencia, eficiencia e imparcialidad; otro deber general negativo, referido

69
Así se puede leer en su hoja de vida visible a folios 218 a 220 del archivo PDF 024_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
EEDESAP20223copi, en el índice 00023 de Samai.
70
Sentencias C-341 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-1093 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-818 de 2005.
M.P. Rodrigo Escobar Gil. En la Sentencia C-948 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), precisó la Sala: “[c]onstituye elemento básico
de la organización estatal y de la realización efectiva de los fines esenciales del Estado social de derecho, la potestad del mismo de
desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de éstos al Estado, en razón de la relación jurídica
surgida por la atribución de una función pública; de manera que, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se efectúe
dentro de una ética del servicio público y con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que caracterizan la actuación
administrativa y el cabal desarrollo de la función pública”.
71
Ver sentencias C-155 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-762 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; y C-948 de
2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis. En la Sentencia C-280 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), la Corte explicó que el derecho
disciplinario “es consustancial a la organización política y absolutamente necesario en un Estado de Derecho (C.P. art. 1º), por cuanto
de esta manera se busca garantizar la buena marcha Por ello el derecho disciplinario "está integrado por todas aquellas normas
mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones" , ya que los
servidores públicos no sólo responden por la infracción a la Constitución y a las leyes sino también por la omisión o extralimitación en
el ejercicio de sus funciones (CP. art. 6º)”. Ver, así mismo, Sentencias C-341 de 1996. En esta misma decisión, se resaltó que la
administración se halla instituida para servir a los altos intereses de la comunidad, lo cual se traduce en el deber de desarrollar
actividades concretas de beneficio colectivo para satisfacer las necesidades insatisfechas de ésta, mediante el ejercicio de los
diferentes poderes de intervención de que dispone, todo lo cual impone que la actividad de los funcionarios estatales se adecue a los
imperativos de la eficacia, la eficiencia y la moralidad administrativa. De este modo, afirmó la Sala, “se asegura el adecuado
funcionamiento de los servicios estatales, el correcto manejo y la preservación del patrimonio público, y la buena imagen de la
administración, la cual gana legitimidad y credibilidad frente a la comunidad”.
72
Sentencia C-721 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

34

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a la abstención de cualquier clase de acto u omisión que origine la suspensión o
perturbación injustificada de un servicio esencial o el abuso indebido del cargo o de las
funciones encomendadas; y una obligación de carácter general de comportarse con
respeto, imparcialidad y rectitud en las relaciones interpersonales en razón al servicio
público que le haya sido encomendado73.

En tal sentido, no podía servir de causal de exculpación para el demandante el
desconocimiento de una norma que estaba íntimamente relacionada con su labor.

Los argumentos del recurso de alzada no lograron rebatir el material probatorio en el que
se fundó la sanción disciplinaria impuesta al actor, la Sala hizo un control integral del
procedimiento disciplinario, sin hallar vicios que lo anulen, además que, los
razonamientos sobre la indebida valoración probatoria no encontraron asidero en los
elementos de convicción recaudados en sede disciplinaria, partiendo de las anteriores
premisas, la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones
aquí expuestas.

2.5. Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011; por lo tanto, no se
impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Cinco (5) de Junio de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

73
Sentencia C-30 de 2012.

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(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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