Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00312-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2023-00312-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00312-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2023-00312-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2023-00312-01 (2916-2025)
Demandante: Sandra Mabel Barrera Barrera
Demandado: Nación — Fiscalía General de la Nación
Temas: Bonificación por compensación. Pago del emolumento no
demostrado. Carga de la prueba. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco
(2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Sandra Mabel Barrera Barrera instauró demanda1 en contra de la
Nación — Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin
de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto administrativo n.° 20173100066901 del 25 de
octubre de 2017 y del acto ficto producto del silencio administrativo negativo ante
el recurso de apelación con radicado 20176111146622 del 7 de noviembre de
2017, por medio del cual la entidad negó el pago del 80 % de las diferencias
existentes entre las cesantías devengadas por los congresistas y las
reconocidas a los magistrados de altas cortes; como restablecimiento del
1 Ver índice 3 de SAMAI- Tribunal de origen.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2023-00312-01 (2916-2025)
derecho, sea condenada a pagar las sumas que resulten del ajuste mencionado
por tener estas incidencia en la remuneración de los fiscales delegados,
reconocidas a través del rubro de la prima especial de servicios del artículo 15
de la Ley 4.ta de 1992, desde el 2 de mayo de 2013 y hasta el momento en que
efectivamente se paguen.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
3. Que prestó sus servicios a favor de la entidad como fiscal delegada ante la Corte
Suprema de Justicia del 15 de abril al 8 de mayo del 2015; del 24 de junio al 26
de junio del 2015; del 9 al 30 de julio de 2015, del 21 de diciembre del 2015 al
14 de enero del 2016; del 29 de junio al 14 de julio del 2016, y como fiscal auxiliar
ante la misma corporación, desde el 2 mayo de 2013 hasta el 14 de abril de
2015; del 9 de mayo al 23 de junio del 2015; 27 de junio al 8 de julio del 2015;
1.° de agosto al 20 de diciembre del 2015; 15 de enero al 28 de junio de 2016, y
desde el 15 de julio del 2016 al menos hasta la fecha de presentación de la
demanda.
4. Que tiene derecho a percibir el 80% de la prima especial de servicios del articulo
15 de la Ley 4.ta de 1992, pues esta resulta relevante para la liquidación de la
bonificación por compensación, por lo que elevó solicitud ante la entidad en ese
sentido, pero le fue negada a través de los actos acusados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
5. Considera violados los artículos 1, 13, 25, 53 y 58 de la Constitución Política;
artículo 2, literal a), Ley 4ª de 1992; 1, 2 y 4 Decreto 10 de 1993; 14 del Código
Sustantivo del Trabajo, 137 del Código Contencioso Administrativo, numeral 7
del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, y la sentencia de unificación del 18 de
mayo de 2016.
6. Que los actos acusados vulneraron normas constitucionales, legales y
jurisprudenciales al negarle el reconocimiento del 80 % de las diferencias
existentes entre las cesantías de los congresistas y las reconocidas a
magistrados de altas cortes, valores que, a su juicio, debían pagarse como prima
especial de servicios y tener incidencia en la bonificación por compensación
prevista en el Decreto 610 de 1998.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 25000-23-42-000-2023-00312-01 (2916-2025)
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
7. La demanda fue admitida el 3 de noviembre de 20232. La entidad manifestó3 que
la liquidación de los conceptos laborales de la actora se ha realizado conforme
a la ley y que operó el fenómeno de la prescripción.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 27 de junio
de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones. Expresó que, al encontrarse
acreditado que la actora se desempeña como fiscal auxiliar ante la Corte
Suprema de Justicia desde el 2 de mayo de 2013 y ser destinataria de los
Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012, tenía derecho a percibir una bonificación
por compensación equivalente al 80 % de lo devengado por un magistrado de
alta corte, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas. Precisó a su vez que dicho emolumento constituía factor salarial
para efectos pensionales.
9. Sin perjuicio de lo anterior, solo reconoció el derecho desde el 11 de septiembre
de 2014, por operar de la prescripción trienal. Explicó que, conforme a la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, los derechos causados antes
del 11 de septiembre de 2014 se encontraban prescritos, pues la reclamación
administrativa fue presentada el 11 de septiembre de 2017.
RECURSO DE APELACIÓN
10. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación por considerar que el
tribunal de origen desconoció el Decreto 1102 de 2012, pues esta norma que
reincorporó la bonificación por compensación estableció que esta solo constituye
factor salarial para efectos pensionales. Argumentó, además, que no se
encuentra probado que la entidad no haya pagado el emolumento reclamado
conforme con el mencionado decreto, rubro que ha sido debidamente cancelado
a la actora.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
11. El 5 de diciembre de 20256 se admitió el recurso. Las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
2 Ver índice 5 de SAMAI- Tribunal de origen.
3 Ver índice 14 de SAMAI- Tribunal de origen.
4 Ver índice 33 de SAMAI- Tribunal de origen.
5 Ver índice 37 de SAMAI- Tribunal de origen.
6 Ver índice 5 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 25000-23-42-000-2023-00312-01 (2916-2025)
CONSIDERACIONES
12. La Sala debe determinar si el pago de la bonificación por compensación en un
equivalente al 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de
altas cortes ha sido realizado de manera oportuna por la entidad, y, en
consecuencia, no procede reajuste alguno.
Marco normativo y jurisprudencial
Bonificación por compensación
13. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.
14. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto7, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma
dispuso una nivelación progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo
devengado por estos últimos.
15. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 20018, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.
16. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
7 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se
aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
8 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp. CE-
SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 25000-23-42-000-2023-00312-01 (2916-2025)
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.
17. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.
18. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 20119, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.
19. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.
20. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.
21. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 10, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.
11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 25000-23-42-000-2023-00312-01 (2916-2025)
22. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.
Resolución del caso concreto
23. Inicialmente la Subsección debe precisar que, en virtud del principio de
congruencia derivado del artículo 281 del CGP, así como de la competencia del
superior en segunda instancia conforme al artículo 328 del CGP, es claro que en
esta oportunidad solo es posible emitir pronunciamientos de fondo respecto de
los argumentos de reparo puntuales.
24. En ese orden, se observa que parte del sustento de la impugnación de la entidad
consistió en manifestar que la bonificación por compensación solo constituye
factor salarial para efectos pensionales. No obstante, la sentencia apelada
precisamente fue acorde con tales planteamientos. Por tanto, lo que procede en
este caso es abstenerse de resolver este punto específico por falta de
correspondencia entre lo fallado y lo formulado como inconformidad.
25. El asunto bajo estudio deberá enfocarse en el único motivo de disenso expuesto,
que consiste en el pago oportuno del derecho de la actora.
26. Sobre el particular, y con la claridad de que no existe controversia en torno a la
titularidad de la demandante a percibir el emolumento durante el periodo de
tiempo en el que fue reconocido en primera instancia, corresponde aclarar que,
en cuanto al reparo de la demandada relacionado con el pago oportuno de la
bonificación mencionada, lo cierto es que, no obra prueba en el expediente que
permita corroborar tal afirmación y concluir que la obligación de la entidad con la
actora ha sido satisfecha. No obstante, la demandada deberá pagar únicamente
la diferencia entre los valores previamente reconocidos, si existieren, y los que
resulten de la liquidación ordenada en primera instancia.
27. En este punto es de resaltar que tal como lo prevé la regulación procesal, es
deber de las partes desplegar una actividad probatoria11 suficiente y adecuada
para lograr el efecto jurídico de los preceptos que fundamentan el derecho
11 El concepto de carga procesal debe entenderse, tal y como fue definido por la Corte Constitucional, en
Sentencia C-123 del 18 de febrero de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis, así:
«Las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta
de realización facultativa, normalmente establecida en beneficio del mismo sujeto y cuya omisión trae aparejada
para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive
hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Por tanto, no debe perderse de vista que este principio, ante todo es una carga procesal, cuya inobservancia
genera una desestimación de las pretensiones o excepciones alegadas por los sujetos procesales».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 25000-23-42-000-2023-00312-01 (2916-2025)
reclamado o su defensa, lo cual se traduce en la concreción del postulado
adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 167 del CGP12.
28. En consecuencia, por no demostrase el pago mencionado, se confirmará el fallo
apelado.
De la condena en costas en segunda instancia
29. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
30. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
31. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
32. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte demandada,
por cuanto se niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de junio de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual accedió parcialmente a las pretensiones.
12 «Artículo 167. Carga de la prueba. Artículo 167. Carga de la prueba incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.[…]»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 25000-23-42-000-2023-00312-01 (2916-2025)
Segundo. Condenar en costas a la demandada en segunda instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
(Ausente con permiso)
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.