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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00435-01

Fecha
6 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00435-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFÍRMASE la providencia impugnada, proferida el 1 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, 8 Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2023-00435-01 Pedro Antonio Peñuela Rivera en contra del Juzgado Veinte (20) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá Subsección “E”, que negó la acción de habeas corpus interpuesta por señor Pedro Antonio Peñuela Rivera. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2023-00435-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Hábeas corpus (impugnación)
Expediente : 25000-23-42-000-2023-00435-01
Actor : Pedro Antonio Peñuela Rivera
Accionado : Juzgado Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá

Se ocupa este despacho de decidir la impugnación interpuesta por el señor Pedro
Antonio Peñuela Rivera, quien actúa en nombre propio, en contra de la
providencia del 1° de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, que negó la acción
constitucional de la referencia1.

I. ANTECEDENTES

1.1 La acción.

Por medio del escrito de 1° de diciembre de 2023, el actor, quien actúa en nombre
propio instauró acción de hábeas corpus, prevista en el artículo 30 de la
Constitución Política, con fundamento en los hechos que se sintetizan a
continuación:

Hechos

Aduce que, mediante sentencia del 11 de enero de 2018 el Juzgado Dieciséis (16)
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá lo condenó a la pena
principal de 13 meses y 15 días de prisión, como cómplice del delito de tentativa
de hurto calificado y agravado, decisión confirmada el 12 de febrero del mismo
año por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal.

Agregó que el 15 de noviembre de 2023 solicitó su libertad por el cumplimiento de

1 Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en expediente digital contenido

en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.

Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2023-00435-01 Pedro Antonio Peñuela Rivera en
contra del Juzgado Veinte (20) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

la pena, por cuanto dedico su tiempo a estudiar y trabajar al interior de la cárcel,
aspecto que, en su criterio, le permitió redimir algunos meses. Tal petición fue
resuelta negativamente por el Juzgado Veinte de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá mediante autos del 15 de noviembre y del 1º de
diciembre de 2023, toda vez que, “registra un total de 12 meses y 21 días de
privación de la libertad, lo que implica que no ha cumplido la totalidad de la pena
(…)” impuesta.

1.2 Trámite de la acción.

Revisado el expediente digital, se observa que el presente asunto correspondió
por reparto, en primera instancia, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “E”, concretamente, asignado al Despacho de la
magistrada Patricia Victoria Manjarrés Bravo, quien asumió su conocimiento a
través del auto de 1° de diciembre de 2023 y se pronunció de mérito sobre el
asunto, el mismo día.

Mediante acta individual de reparto del 4 de diciembre de esta anualidad,
correspondió a este Despacho desatar la impugnación formulada contra la anterior
decisión.

1.3 Contestación de la acción

Juzgado Veinte (20) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá. La autoridad judicial informó que, “(…) con autos de (…) 15 de noviembre
(…) y 1º de diciembre de 2023, se resolvió negar al [actor] la libertad por
cumplimiento de la sanción, por cuanto, hasta la data solo totaliza 13 MESES- 8
DÍAS de la pena de 13 meses – 15 días que le fue impuesta”.

Agrego que, a pesar de que el accionante insiste en que se debe dar trámite al
reconocimiento de redención de pena a la que, a su parecer, tiene derecho, con
ocasión de las actividades que efectuó en el centro carcelario del Espinal, “(…)
hasta la fecha no ha[n] sido enviad[os] a este asunto (…) los certificados de TEE a
[su] favor (…), para [efectuar el correspondiente] estudio (…)”, a pesar de que
fueron requeridos de manera previa a los centros carcelarios que vigilan la pena
que se le impuso.

2

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contra del Juzgado Veinte (20) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

1.4 Decisión de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”,
por medio de providencia del 1° de diciembre de 2023, negó la acción de hábeas
corpus, por cuanto “no cumple (…) el requisito de subsidiariedad para que (…)
resulte procedente, en la medida en que la competencia para resolver este tipo de
solicitudes está en cabeza del juez de ejecución (…)”. Además, “(…) con el
informe rendido por el Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá se establece que el accionante no fue privado de la libertad en forma
ilegal (pues esta obedece a la pena privativa de la libertad de 13 meses y 15 días
por el delito de hurto calificado en la modalidad de tentativa impuesta por el
Juzgado 16 Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá) ni que
esta se ha prolongado en forma ilícita (como quiera que hasta la fecha ha
cumplido 13 meses y 8 días de detención física)”.

1.5 La impugnación.

Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandante la impugnó el 2 de
diciembre de 2023, para lo cual argumentó que aportó los certificados de
redención de pena por estudios, con los cuales se demuestra que, contrario a lo
indicado por el Juzgado Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, ya superó la pena impuesta de 13 meses y 15 días.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

2.1 La competencia.

Conforme a la previsión contenida en el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006 2,
corresponde a este Despacho, como integrante del Consejo de Estado, ocuparse
de la impugnación formulada contra la decisión del 1° de diciembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”, que negó la acción constitucional de hábeas corpus interpuesta
por el señor Pedro Antonio Peñuela Rivera.

2.2 De la acción.

2 “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”.

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Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2023-00435-01 Pedro Antonio Peñuela Rivera en
contra del Juzgado Veinte (20) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

La libertad personal comprende uno de los derechos fundamentales sobre los
cuales se cimienta el Estado Social de Derecho, en la medida en que configura un
presupuesto esencial para el ejercicio de ciertas garantías como la dignidad, la
libre locomoción, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros.
Adicionalmente, se constituye como un elemento primario del ser humano para
lograr su convivencia en sociedad.

En ese sentido, el artículo 30 de la Carta Política, establece que, “[q]uien estuviere
privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante
cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el
habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”. Dicho
instrumento ha sido previsto, en ese mismo sentido, en instrumentos internacionales
como el el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos3 y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos4.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, “el habeas corpus
constituye una ‘garantía judicial indispensable’ y configura el instrumento más
importante para la protección de la libertad y de otros derechos fundamentales como
la vida y la integridad personal”5. Por lo tanto, el habeas corpus es un instrumento
esencial para el individuo, como mecanismo “efectivo de protección frente al peligro
de la arbitrariedad estatal y, muy particularmente, frente a una de sus más gravosas
representaciones, el ejercicio del ius puniendi”6.

En ese contexto el legislador expidió la Ley 1095 de 20067, con el propósito de
reglamentar el artículo 30 de la Constitución, y, en su artículo 1° definió el habeas
corpus como “un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que
tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de
las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente”. De ese
modo, puede colegirse que, dicha herramienta ha sido “prevista para dos eventos: (i)

3 Artículo 9. 4. “Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá

derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de
su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
4 Artículo 7.6. “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal

competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y
ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Parte cuyas leyes prevén
que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un
juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso
no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”.
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-042 de 2018.
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-350 de 2019.
7 “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”.

4

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contra del Juzgado Veinte (20) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

cuando hay privación de la libertad con violación de las garantías constitucionales o
legales, o (ii) cuando se prolonga ilegalmente la privación de la libertad”8.

Respecto al primer evento, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, “ocurre
comúnmente cuando se detiene a una persona sin que medie orden de autoridad
judicial competente”9. Y, frente al segundo, se presenta “cuando la detención, a
pesar de que cumplió con todos los requisitos legales, deviene ilegal porque
desaparecen las causas que la justificaban o porque se verificó una circunstancia
que imponía conceder la libertad. En el último caso, puede suceder que se presente
una de las causales de libertad que prevé el artículo 317 del Código de
Procedimiento Penal (en adelante C.P.P.) o que exista una circunstancia de
excarcelación y que, a pesar de ello, el juez se niegue a otorgar la libertad”10.

Ahora bien, tanto la jurisprudencia constitucional11, como la dictada por el Consejo
de Estado, ha insistido en señalar que, el habeas corpus no puede constituirse como
un remedio judicial alternativo o supletorio para debatir temáticas propias de los
procesos en los cuales se investiga y juzga determinada conducta punible. En
consecuencia, el habeas corpus “es un medio judicial excepcional de protección de
la libertad y de los otros derechos fundamentales que de ahí se derivan, como la
vida, la integridad personal y el de no ser sometido a desaparecimiento o a tratos
crueles y torturas”.

Por consiguiente, para esta Corporación, “el juez que conoce del habeas corpus
carece de competencia para examinar los elementos propios de la conducta punible,
la responsabilidad de los procesados, la validez o valor de persuasión de los medios
de convicción, o la labor procesal que desarrolle el funcionario judicial, pues el
ejercicio de esta acción sólo permite el examen de los elementos extrínsecos de la
medida que afecta la libertad. En otras palabras, el mecanismo de protección judicial
que nos ocupa es extraordinario y no puede utilizarse para sustituir los
procedimientos judiciales comunes dentro de los que, necesariamente, deben
formularse las peticiones de libertad”12.

Adicionalmente, el mecanismo constitucional que nos ocupa no tiene la facultad de
reemplazar los recursos ordinarios de reposición y de apelación establecidos como

8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 2 de mayo de 2022. Rad. Interno: 3736.
9 Idem.
10 Ibidem.
11 Sentencia T-491 de 2014.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 2 de mayo de 2022. Rad. Interno: 3736.

5

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contra del Juzgado Veinte (20) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho
a la libertad personal, “ni sirve para desplazar al funcionario judicial competente, y
obtener así una opinión diversa —a manera de instancia adicional— de la autoridad
llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas. No obstante, se ha
aceptado la procedencia excepcional de la solicitud de habeas corpus cuando, a
pesar de que las cuestiones relativas a la libertad se puedan discutir en el respectivo
proceso penal, se adviertan circunstancias especiales que pueden generar un
perjuicio irremediable si se espera a que el juez del proceso penal decida sobre la
solicitud de libertad o se hubiere configurado una vía de hecho”13.

En esa misma línea, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha
considerado que, “el habeas corpus no ha sido instituido para sustituir al funcionario
judicial legalmente encargado de resolver los recursos, ni tampoco para juzgar la
conducta del competente para resolver las peticiones de libertad; autorizar una
intervención de esta naturaleza conduciría a la modificación de las competencias y
procedimientos establecidos y desnaturalizaría el objeto y finalidad del amparo
constitucional”. Por lo tanto, “el carácter supletorio de la acción tutelar de la libertad
es incuestionable e inmodificable en el sistema jurídico interno. La pretensión de que
por esta vía excepcional se solucionen problemas relativos a la libertad y se hagan
juicios de valor acerca de las decisiones judiciales que la niegan, sin intervención del
funcionario judicial legalmente llamado a resolverla, implica ni más ni menos
intromisión indebida e intolerable en asuntos que escapan, en principio, al juez de
habeas corpus”14.

2.3 Solución al caso concreto

De las pruebas allegadas al expediente, es posible advertir desde ya, que la
providencia proferida el 1° de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, por medio de la cual negó la
acción de hábeas corpus interpuesta por el señor Pedro Antonio Peñuela Rivera
deberá ser confirmada.

Lo anterior, por la concurrencia de varios factores, tales como:

Teniendo en cuenta la naturaleza excepcional del habeas corpus, el asunto
propuesto por el accionante no se circunscribe dentro de ninguno de los dos
13 Idem.
14 Cfr. Providencia AHP4462-2022 del 30 de septiembre de 2022, expediente 62488.

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Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2023-00435-01 Pedro Antonio Peñuela Rivera en
contra del Juzgado Veinte (20) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

supuestos previstos por el artículo 1 de la Ley 1095 de 2006, por cuanto: (i) en
este caso no se debate sobre la ilegalidad de la captura del actor, toda vez que se
trata de un ciudadano que se encuentra cumpliendo una pena privativa de la
libertad dictada por el juez competente; y (ii) en el expediente no se demostró
algún tipo de contrariedad con la ley respecto a la detención del demandante.

Ahora bien, frente al segundo factor de procedencia del recurso de habeas corpus,
es decir, cuando se prolonga ilegalmente la privación de la libertad, en el presente
caso se tiene que, la pena dictada en contra del señor Peñuela Rivera fue de 13
meses y 15 días, los cuales, a la fecha aún no concluyen, como acertadamente lo
advirtió el juez de este mecanismo en primera instancia.

Adicionalmente, en criterio del accionante, a dicho término debe restarse el tiempo
que él dedico a estudiar y trabajar dentro de la institución carcelaria, motivo por el
cual, considera que al día de hoy su detención se prolonga ilegalmente.

En este punto, es necesario advertir que, la decisión proferida el 1 de diciembre de
esta anualidad por el Juzgado Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, la cual es objeto de censura en esta oportunidad, la autoridad
judicial explicó de forma detallada los tiempos de “libertad por pena cumplida”, para
un total de 398 días. Adicionalmente, explicó que, para ese entonces había
satisfecho 13 meses y 8 días de reclusión, por lo tanto, habiendo sido condenado de
la pena de 13 meses y 15 días, no era posible acceder a su petición de libertad.

Sin embargo, aunque el actor no aportó los certificados que den cuenta de las
jornadas de estudio y de trabajo llevadas a cabo en las instituciones carcelarias en
las que ha estado recluido, el Juzgado en comento solicitó, en esa misma
determinación, oficiar de manera inmediata y urgente a “la Dirección y Oficina
Jurídica de la Cárcel y penitenciaria de Media Seguridad La Modelo y al
Establecimiento Penitenciario Carcelario del Espinal – Tolima, para que en forma
INMEDIATA remita los documentos necesarios para estudio de redención de pena
del condenado PEÑUELA RIVERA, así como aquellas ORDENES DE TRABAJO
que le hayan sido autorizadas para laborar tiempo extra, iterando que se trata de una
solicitud de pena cumplida que realiza el sentenciado”.

En ese sentido, para este Despacho, la actuación del Juzgado Veinte de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá no fue caprichosa, desproporcionada o

7

Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2023-00435-01 Pedro Antonio Peñuela Rivera en
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arbitraria y, por el contrario, en estricto apego a la Constitución y a la ley, resolvió la
petición del accionante, tanto en un término razonable, como de fondo y con la
proactividad que debe caracterizar a la justicia en este tipo de asuntos que
involucran la libertad de los individuos, requiriendo los soportes necesarios para
certificar el dicho del demandante.

Por último, es preciso acotar que, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación,
que, a su vez recoge la postura de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, el habeas corpus procede, excepcionalmente, cuando “se adviertan
circunstancias especiales que pueden generar un perjuicio irremediable si se
espera a que el juez del proceso penal decida sobre la solicitud de libertad o se
hubiere configurado una vía de hecho”. (Énfasis propio)

Sobre ese particular, en el caso bajo análisis, se reitera, no se demostró que la
autoridad accionada haya negado la solicitud de libertad bajo argumentos arbitrarios
o contrarios a la ley, ni, tampoco es factible advertir alguna circunstancia que derive
en un perjuicio irremediable para el actor, frente al trámite actual de las
certificaciones de estudio y de trabajo, entre otras cosas porque, incluso sin ellas, el
tiempo para el cumplimiento de la pena está por fenecer.

Por todo lo expuesto y, dentro de la órbita constitucional otorgada por la
Constitución y la ley a esta Corporación en los asuntos relativos a la acción de
habeas corpus, es preciso confirmar la decisión de primer grado dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”,
mediante la cual negó la acción de hábeas corpus interpuesta por el señor Pedro
Antonio Peñuela Rivera.

II. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado del Consejo de Estado, sección
segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFÍRMASE la providencia impugnada, proferida el 1 de diciembre
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

8

Acción de hábeas corpus 25000-23-42-000-2023-00435-01 Pedro Antonio Peñuela Rivera en
contra del Juzgado Veinte (20) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá

Subsección “E”, que negó la acción de habeas corpus interpuesta por señor Pedro
Antonio Peñuela Rivera.

SEGUNDO. Comuníquese lo decidido al Juzgado Veinte de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá.

TERCERO. Por secretaría, notifíquese al señor Pedro Antonio Peñuela Rivera, a
la brevedad, y remítase copia completa de esta decisión.

CUARTO. Surtido lo anterior, previas las anotaciones que fueren menester,
devuélvase el expediente constitucional al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase,

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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