Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-42-000-2026-00130-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-42-000-2026-00130-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-42-000-2026-00130-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
10 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Radicación: núm. 25000-23-42-000-2026-00130-01
Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de
Asuntos Internacionales
Vinculado: Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá “La
Picota”
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
El Despacho decide la impugnación presentada por el apoderado del señor
Jaminson Erazo Bolaños, en contra de la providencia de 7 de abril de 2026
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, por medio de la cual se negó la solicitud de habeas corpus.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud
1. Juan Camilo Sanclemente Zamora, actuando como apoderado del señor
Jaminson Erazo Bolaños, mediante escrito de 6 de abril de 20261 presentó
solicitud de habeas corpus en contra de la Fiscalía General de la Nación -
Dirección de Asuntos Internacionales, por considerar que existe violación al
derecho a la libertad consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política y a lo
dispuesto en los artículos 7.5 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
I.2. Los supuestos de hecho y de derecho
2. El apoderado manifestó que el señor Jaminson Erazo Bolaños fue capturado en
la ciudad de Cali el 7 de marzo de 2025 y desde entonces se encuentra privado de
la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá “La Picota”.
3. Señaló que el Gobierno de los Estados Unidos de América formalizó solicitud de
extradición el 21 de abril de 2025, dentro del trámite adelantado ante la Corte
1 Índice 3 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
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Radicación: 25000-23-42-000-2026-00130-01
Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, bajo el radicado CUI
11001020400020250112300.
4. Indicó que el 29 de julio de 2025 el requerido y su defensa solicitaron la
aplicación de la figura de extradición simplificada prevista en el parágrafo 1º del
artículo 500 de la Ley 906 de 31 de agosto de 20042.
5. Expuso que, mediante concepto CP 294-2025 de 26 de noviembre de 2025,
notificado el 10 de diciembre del mismo año, la Corte Suprema de Justicia emitió
concepto favorable a la extradición solicitada por el Gobierno de los Estados
Unidos de América.
6. Precisó que, a través de la Resolución 007 de 6 de enero de 2026, notificada el
21 de enero de 2026, el Ministerio de Justicia y del Derecho concedió la
extradición del ciudadano requerido y ordenó su entrega al Estado solicitante, bajo
las condiciones previstas en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
7. Manifestó que contra dicha resolución no se interpuso recurso alguno, por lo que
quedó en firme el 4 de febrero de 2026, momento a partir del cual, a su juicio, el
requerido quedó a disposición del Estado requirente para efectos de su traslado.
8. Sostuvo que, desde el 5 de febrero de 2026, comenzó a correr el término legal
de treinta (30) días previsto en el artículo 511 de la mencionada Ley 906 para
materializar la entrega, sin que a la fecha de interposición de la acción se haya
efectuado el traslado del ciudadano requerido.
9. Anotó que el 1.º de abril de 2026 se presentó solicitud de libertad incondicional
ante la Fiscalía General de la Nación – Dirección de Asuntos Internacionales, sin
que hasta la fecha se haya emitido respuesta.
10. Afirmó que la privación de la libertad del señor Erazo Bolaños se ha prolongado
de manera ilegal, por cuanto han transcurrido más de treinta (30) días desde que
fue puesto a disposición del Estado requirente sin que se haya producido su
traslado.
11. Agregó que dicha situación vulnera el derecho fundamental a la libertad
personal consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política, así como los
artículos 7.5 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
garantizan el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en
libertad y a controvertir la legalidad de la detención.
12. Señaló que, conforme al principio pro homine y a la naturaleza del habeas
corpus como mecanismo inmediato de protección de la libertad, la prolongación
2 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal […]”.
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Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
injustificada de la detención configura una privación arbitraria que debe ser
finalizada de manera inmediata.
13. En consecuencia, solicitó que se ampare el derecho fundamental a la libertad
personal del ciudadano Jaminson Erazo Bolaños y se ordene su libertad inmediata
e incondicional, ante el vencimiento del término legal para su entrega al Estado
requirente.
II. TRÁMITE
14. El habeas corpus fue presentado y repartido en la Oficina de Apoyo Judicial del
Complejo Judicial de Paloquemao DSAJ de Bogotá3.
15. Mediante proveído del mismo día4, el Despacho sustanciador dispuso avocar
conocimiento de la solicitud de habeas corpus y, en consecuencia, ordenó vincular
a la Fiscal General de la Nación, a la Dirección de Asuntos Internacionales de la
Fiscalía General de la Nación y al Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá
“La Picota”, disponiendo su notificación por la Secretaría General del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
16. Asimismo, ordenó notificar al solicitante y a su apoderado sobre la admisión de
la acción y requirió a las autoridades vinculadas para que, a la mayor brevedad,
rindieran informe detallado sobre las actuaciones adelantadas con ocasión de la
privación de la libertad del señor Jaminson Erazo Bolaños.
III. INTERVENCIÓN DE LOS VINCULADOS
Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
17. La Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación,
por conducto de su Directora encargada, manifestó que comparece dentro del
trámite en virtud de la delegación efectuada por el Fiscal General de la Nación
mediante la Resolución 0-0569 de 2 de abril de 2014, en la cual se asignó a dicha
dependencia la facultad de representar a la entidad en las solicitudes de habeas
corpus relacionadas con asuntos de extradición.
18. Refirió,
como antecedentes del trámite de extradición, que el Director de
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
mediante oficio S-DIAJI-22-014123 de 10 de junio de 2022, remitió la Nota Verbal
0895 de la misma fecha, por medio de la cual la Embajada de los Estados Unidos
de América solicitó la captura con fines de extradición del señor Jaminson Erazo
Bolaños.
3 Ibidem.
4 Índice 5 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
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Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
19. Indicó que el referido señor es requerido por la Corte Distrital de los Estados
Unidos de América para el Distrito Medio de Florida, con el fin de que comparezca
a juicio por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para
delinquir.
20. Expuso que la Vicefiscal General de la Nación con asignación de funciones del
Despacho del Fiscal General, mediante Resolución de 14 de junio de 2022,
ordenó la captura con fines de extradición del mencionado señor, al estimar
cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 509 de la Ley 906 de 2004.
21. Precisó que, mediante informe de 7 de marzo de 2025, la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional dejó a disposición del Despacho del Fiscal
General de la Nación al señor Jaminson Erazo Bolaños, quien fue capturado ese
día, con fundamento en la orden previamente emitida.
22. Señaló que el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, mediante oficio S-DIAJI-25-013767 de 5 de mayo de 2025,
remitió la Nota Verbal 0807 de la misma fecha, a través de la cual la Embajada de
los Estados Unidos de América formalizó el pedido de extradición del señor
Jaminson Erazo Bolaños.
23. Agregó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
mediante proveído de 26 de noviembre de 2025, emitió concepto favorable al
pedido de extradición.
24. Manifestó que la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia
y del Derecho, mediante oficio MJD-OFI26-0014493-DAI-10100 de 27 de marzo
de 2026, informó a la Fiscalía que, por medio de la Resolución Ejecutiva 007 de 6
de enero de 2026, el Gobierno Nacional concedió la extradición del señor
Jaminson Erazo Bolaños a los Estados Unidos de América y, en consecuencia,
solicitó dejarlo a disposición con fines de entrega.
25. Indicó que, en atención a dicha solicitud, la Dirección de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía, mediante oficio de 6 de abril de 2026, dejó a
disposición de la Embajada de los Estados Unidos de América al señor Jaminson
Erazo Bolaños, para efectos de que se efectuara su traslado dentro del término de
treinta (30) días previsto en el artículo 511 de la Ley 906 de 2004.
26. Aludió al artículo 35 de la Constitución Política y a los artículos 509 y 511 de la
Ley 906 de 2004, destacando que el último prevé la libertad incondicional del
reclamado cuando no se formaliza la petición de extradición dentro de los sesenta
(60) días desde la captura, o cuando, una vez puesto a disposición del Estado
requirente, este no procede a su traslado dentro de los treinta (30) días siguientes.
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Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
27. Explicó que la extradición constituye un mecanismo de cooperación
internacional en la lucha contra el delito, cuya finalidad es la entrega de una
persona a un Estado extranjero para que comparezca ante la autoridad judicial
que la requiere o cumpla la pena impuesta, y sostuvo que la captura con fines de
extradición se justifica mientras el Gobierno Nacional, previo concepto de la Corte
Suprema de Justicia, adopta la decisión correspondiente sobre la solicitud.
28. Precisó que la resolución ejecutiva por medio de la cual se concede la
extradición solo resulta ejecutable una vez el Estado requirente otorga, por vía
diplomática, las garantías exigidas por el Estado colombiano respecto del
cumplimiento de las condiciones impuestas.
29. Sostuvo que para que proceda la entrega de la persona requerida es necesario
que el Ministerio de Justicia y del Derecho, una vez reciba tales garantías, solicite
a la Fiscalía General de la Nación la entrega del individuo, momento en el cual
dicha entidad procede a dejarlo a disposición del país respectivo para que se
efectúe el traslado a territorio extranjero.
30. Con fundamento en lo anterior, afirmó que ni la Resolución Ejecutiva emanada
del Gobierno Nacional concediendo la extradición, ni la solicitud de entrega
elevada por el Ministerio de Justicia y del Derecho a la Fiscalía General de la
Nación, pueden entenderse como actos de puesta a disposición al Estado
requirente.
31. La Fiscalía puso de presente que el señor Jaminson Erazo Bolaños solo fue
dejado a disposición de la Embajada de los Estados Unidos de América el 6 de
abril de 2026, razón por la cual, a su juicio, el término de treinta (30) días para el
traslado apenas comenzó a correr desde esa fecha y, por ende, no se encontraba
vencido al momento de rendir el informe.
32. Añadió que el 1.º de abril de 2026, bajo el número 2026106000886061, fue
radicada una solicitud de libertad en representación del señor Jaminson Erazo
Bolaños, la cual sería resuelta oportunamente conforme a las consideraciones
expuestas en esta respuesta.
33. Manifestó que la privación de la libertad de una persona capturada con fines de
extradición únicamente puede cesar en cuatro eventos: (i) por retiro de la solicitud
de captura por parte del Estado requirente; (ii) por concepto desfavorable de la
Corte Suprema de Justicia; (iii) por decisión negativa del Gobierno Nacional frente
al pedido de extradición; o (iv) por vencimiento de los términos de formalización o
de entrega previstos en el artículo 511 de la Ley 906 de 2004; y afirmó que en el
caso particular no concurre ninguna de esas causales.
34. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la solicitud de habeas corpus,
al considerar que el señor Jaminson Erazo Bolaños se encuentra legalmente
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Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
privado de la libertad, con observancia del debido proceso y de la normatividad
vigente en materia de extradición, a la espera de que se culmine el trámite de
entrega al Estado requirente.
Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá “La Picota”
35. El Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá “La Picota”, fue notificado en
debida forma5, sin embargo, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de
derecho de la solicitud de habeas corpus.
IV. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
36. El a quo mediante providencia de 7 de abril de 20266, previo recuento de los
hechos y del trámite de la solicitud de habeas corpus y luego de exponer
consideraciones relacionadas con la naturaleza del citado instrumento, señaló
que era innecesaria la entrevista personal con el accionante al estimar
suficientemente claros los hechos expuestos.
37. Precisó que el habeas corpus es un derecho fundamental y una acción
constitucional destinada a proteger la libertad personal cuando la privación de la
libertad es ilegal o cuando esta se prolonga indebidamente, conforme a la
Constitución y la Ley 1095 de 2006.
38. Consideró que esta acción no puede ser utilizada para sustituir los
procedimientos ordinarios ni los recursos previstos en el ordenamiento jurídico, ni
para desplazar a la autoridad competente encargada de resolver sobre la
libertad, en atención al principio de subsidiariedad.
39. Refirió que en el caso concreto no se cumple el requisito de “subsidiariedad”,
por cuanto la solicitud de libertad elevada mediante la acción de habeas corpus
coincide con la petición previamente radicada por el accionante ante la Dirección
de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación el 1.º de abril de
2026, autoridad competente para pronunciarse sobre la causal prevista en el
artículo 511 de la Ley 906 de 2004.
40. Concluyó que no corresponde al juez de habeas corpus sustituir el trámite
ordinario ni desplazar a la Fiscalía General de la Nación en la valoración de la
procedencia de la libertad, por lo que la acción resulta improcedente.
41. Sin perjuicio de lo anterior, el a quo analizó el fondo del asunto y recordó que
el artículo 511 de la Ley 906 de 2004 establece como causal de libertad el
transcurso de treinta (30) días desde la puesta a disposición del Estado
requirente sin que se haya efectuado el traslado.
5 Índice 7 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia
6 Índice 8 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
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Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
42. En este sentido, puso de presente que la controversia radicaba en determinar
el momento a partir del cual debe contabilizarse dicho término, si desde la
ejecutoria de la resolución que concede la extradición o desde la efectiva puesta
a disposición del requerido al Estado requirente.
43. Ela quo consideró, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de
Estado que el término previsto en el artículo 511 se cuenta a partir de la puesta a
disposición efectiva del requerido al Estado requirente, y no desde la expedición
o ejecutoria del acto administrativo que concede la extradición.
44. Con fundamento en ello, concluyó que no es posible conceder el amparo
solicitado porque no se configura ninguna de las causales previstas en el
ordenamiento jurídico para que resulte procedente, como quiera que la privación
de la libertad del señor Jaminson Erazo Bolaños obedece al cumplimiento de una
orden de captura emitida por la Fiscal General de la Nación, la cual se sustenta
en un requerimiento de la Embajada de los Estados Unidos de América.
45. Adicionalmente, señaló que tampoco existe una prolongación ilícita como
quiera que, tal y como lo adujo la Directora encargada de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, el término legal de treinta
(30) días previsto en el artículo 511 de la Ley 906 de 2004 para que se efectúe el
traslado al Estado requirente, debe contabilizarse a partir de su puesta a
disposición, la cual se realizó el 6 de abril de 2026.
46. Expuso que, tal y como se verifica en la Resolución Ejecutiva 007 de 6 de
enero de 2026, el Presidente de la República concedió la extradición del
accionante para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados
Unidos de América y ordenó su entrega bajo el compromiso de que este cumpla
con las garantías establecidas en la Ley 906 y, una vez eso ocurra, se proceda a
la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.
47. Por lo anterior, argumentó que de acuerdo con los oficios S-DIAJI-26-010388
de 25 de marzo de 2026 expedido por el Director de Asuntos Jurídicos
Internacionales de la Cancillería y MJD-OFI26-0014493-DAI-10100 de 27 de
marzo de 2026 expedido por la Directora encargada de Asuntos Internacionales
del Ministerio de Justicia y del Derecho el compromiso del Gobierno de los
Estados Unidos de América se recibió hasta el 24 de marzo de 2026 y se remitió
a la Fiscal General de la Nación el 27 de marzo de 2026, por lo que el término no
puede contabilizarse de la forma en que pretende el solicitante.
48. En consecuencia, el a quo negó la solicitud de habeas corpus presentada por
el apoderado del señor Jaminson Erazo Bolaños.
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V. LA IMPUGNACIÓN
49. La decisión de primera instancia fue impugnada por el apoderado del señor
Jaminson Erazo Bolaños, para lo cual cuestionó los dos fundamentos del fallo: (i)
la falta de “subsidiariedad” de la solicitud de habeas corpus y (ii) la inexistencia de
prolongación ilegal de la privación de la libertad.
50. En relación con la “subsidiariedad”, sostuvo que el Tribunal aplicó un criterio
meramente formal, pues si bien se presentó solicitud de libertad ante la Fiscalía el
1.º de abril de 2026, dicha autoridad guardó silencio, lo que torna ineficaz el
mecanismo ordinario.
51. Indicó que la falta de respuesta de la Fiscalía habilita la intervención del juez
constitucional, dado que el habeas corpus no solo protege frente a privaciones
ilegales, sino también frente a la prolongación indebida de la detención y la
inactividad de las autoridades.
52. Argumentóque el estándar constitucional y convencional exige que los
mecanismos de protección de la libertad sean efectivos, inmediatos y no
meramente formales, conforme al artículo 7.6 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y la jurisprudencia constitucional e interamericana.
53. Sostuvo que la interpretación del Tribunal desconoce el control judicial efectivo
de la detención y genera un vacío de protección del derecho fundamental a la
libertad, al supeditar su garantía a la inactividad de la autoridad competente.
54. En cuanto a la interpretación del artículo 511 de la Ley 906 de 2004, afirmó que
el fallo incurre en un error jurídico al supeditar el inicio del término de treinta (30)
días a la voluntad de la Fiscalía, permitiendo una prolongación indefinida de la
privación de la libertad.
55. Manifestó que dicha interpretación desconoce el principio
pro homine al no
optar por la interpretación más favorable a la libertad personal, y vacía de
contenido el límite temporal previsto en la norma.
56. Señalóque la carga de materializar la entrega recae exclusivamente en el
Estado, por lo que su inactividad no puede trasladarse al detenido ni justificar la
prolongación de la detención.
57. Afirmó que en el caso concreto existió una dilación superior a sesenta (60) días
desde la ejecutoria de la resolución que concedió la extradición sin que se
materializara el traslado, lo cual constituye una prolongación indebida de la
privación de la libertad.
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Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
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58. Anotó que la puesta a disposición del requerido solo se produjo el 6 de abril de
2026, durante el trámite del habeas corpus, lo que evidencia la inactividad previa
de la administración.
59. Manifestó que el Tribunal omitió valorar el tiempo real de privación de la libertad
y la falta de diligencia estatal, incurriendo en un defecto fáctico por omisión en la
apreciación del material probatorio.
60. Argumentó que la detención prolongada sin justificación vulnera el estándar de
plazo razonable previsto en el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
61. Concluyó que la detención del señor Jaminson Erazo Bolaños se tornó
arbitraria al prolongarse por inactividad estatal, carecer de control judicial efectivo
y no cumplir una finalidad inmediata.
62. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, conceder el
habeas corpus y ordenar la libertad inmediata e incondicional del ciudadano
requerido.
VI. CONSIDERACIONES
VI.1. El habeas corpus y la regla pro homine
63. El habeas corpus fue consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política y
concebido por la Ley 1095 de 2 de noviembre de 20067, como un derecho
fundamental en el que se busca la tutela de la libertad individual como garantía,
cuando la aprehensión de una persona se realiza con violación de las garantías
constitucionales o legales, o cuando la privación de la libertad se prolonga
ilegalmente.
64. En la decisión del habeas corpus debe darse aplicación al principio pro
homine8, en virtud del cual se debe acudir a la norma o a la interpretación más
amplia, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la
norma o a la interpretación más restringida, cuando se busca fijar limitaciones a su
ejercicio o su suspensión extraordinaria.
65. Es importante anotar que se trata de un derecho fundamental que ha sido
reconocido en varios instrumentos internacionales, entre los que se destacan la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos9, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre10 y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos11.
7 “[…] Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política […]”.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-284/06. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
9 Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante
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VI.2. El caso concreto
66. El señor Jaminson Erazo Bolaños, a través de apoderado judicial, mediante
escrito presentado el 6 de abril de 2026, promovió solicitud de habeas corpus en
contra de la Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales,
con fundamento en el artículo 30 de la Constitución Política así como en lo
dispuesto en los artículos 7.5 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, al considerar que se ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad
personal del requerido por la presunta prolongación ilegal de su privación de la
libertad dentro del trámite de extradición, al haberse superado, según afirmó, el
término previsto en el artículo 511 de la Ley 906 de 2004 para su traslado al
Estado requirente.
67. Mediante providencia del mismo día, el a quo avocó conocimiento de la
solicitud, ordenó notificar y vinculó al Complejo Penitenciario y Carcelario de
Bogotá “La Picota”, con el fin de que rindieran los informes correspondientes sobre
las actuaciones adelantadas en relación con la privación de la libertad del señor
Jaminson Erazo Bolaños.
68. Con fundamento en el informe rendido por la Dirección de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, el a quo consideró que no se
configura una privación ilegal o arbitraria de la libertad, en la medida en que el
solicitante había presentado petición de libertad ante la Fiscalía General de la
Nación el 1.º de abril de 2026, autoridad competente para pronunciarse sobre la
la Ley 16 de 1972.“ Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a
la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes
dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda
persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del
cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora,
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su
libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio […]”.
10Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. “Artículo XXV Nadie puede ser privado de
su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Todo individuo que
haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y
a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a
un tratamiento humano durante la privación de su libertad […]”.
11 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968. “Artículo
9. […] 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y
con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el
momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación
formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea
privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que
éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera
ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener
reparación […]”.
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Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
procedencia de la causal prevista en el artículo 511 de la Ley 906 de 2004, por lo
que la solicitud de habeas corpus no puede prosperar, en tanto no está instituida
para sustituir los procedimientos ordinarios ni desplazar a la autoridad competente
en la resolución de solicitudes de libertad dentro del trámite de extradición.
69. Sin perjuicio de lo anterior, consideró que la detención del solicitante se deriva
de un trámite de extradición adelantado conforme a la ley y que el término de
treinta (30) días previsto en el artículo 511 de la Ley 906 de 2004 no se
encontraba vencido, dado que la puesta a disposición del requerido al Estado
solicitante solo se materializó el 6 de abril de 2026.
70. En este sentido, el Despacho procederá a analizar los dos aspectos que
sustentan la decisión impugnada, estos son el cumplimiento del requisito de
“subsidiariedad” de la solicitud de habeas corpus y la eventual configuración de
una prolongación ilegal de la privación de la libertad.
Cumplimiento del requisito de “subsidiariedad” de la solicitud de habeas
corpus
71. El ámbito de aplicación de las solicitudes de habeas corpus se restringe a dos
hipótesis: (i) cuando la aprehensión de una persona se realiza con violación de las
garantías constitucionales o legales, o (ii) cuando la privación de la libertad se
prolonga ilegalmente.
72. La Corte Constitucional al analizar los dos supuestos de aplicación en la
sentencia C-187 de 2006, por medio de la cual se revisó el proyecto de ley
estatutaria 284/05 Senado y 229/04 Cámara “[…] mediante el cual se reglamenta
el artículo 30 de la Constitución Política […]”, precisó:
“[…] Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la
protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad
impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28 y 30 de la
Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar la
privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que ésta
constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos.
Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con
violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden citar los
casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a una persona en
lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de
personas12, o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades
previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.
12 En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año de 1979 sobre el caso
Argentino, esta Comisión recomendó que “[…] para evitar que se produzcan nuevos casos de desaparición,
crear un registro central de detenidos que permita a los familiares de éstos y a otros interesados conocer, en
breve plazo, las detenciones practicadas; ordenar que éstas detenciones sean llevadas a cabo por agentes
debidamente identificados e impartir instrucciones a fin de que los detenidos sean trasladados sin demora a
lugares específicamente destinados al objeto […]”.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2026-00130-01
Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial,
la que, al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo
haga sin las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley.
En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también
pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se
detiene en flagrancia a una persona (C. Pol. art. 32) y no se le pone a
disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas
siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada
de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por
la autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser
aquella en la cual, las detenciones legales pueden volverse ilegales, como
cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior
al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los
términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene
derecho […]” (negrilla fuera del texto).
73. De lo anterior se desprende que el habeas corpus “[…] no es un mecanismo
alternativo, supletorio o sustitutivo para debatir los extremos que son
propios al trámite de los procesos en que se investigan y juzgan conductas
punibles, sino que, por el contrario, se trata de una acción excepcional de
protección de la libertad y de los eventuales derechos fundamentales que
por conducto de su afectación puedan llegar a vulnerarse, como la vida, la
integridad personal y el no ser sometido a desaparecimiento, o a tratos crueles y
torturas […]”, según lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia citada.
(Negrilla fuera del texto).
74. Ciertamente, el juez constitucional que conoce del habeas corpus no puede
reemplazar a la autoridad competente en tanto es ella a la que le corresponde
realizar los pronunciamientos sobre la definición de la situación jurídica, teniendo
en cuenta que tal instrumento constitucional de protección de derechos no
sustituye los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. Actuar
en contrario conduciría al desconocimiento del principio del juez o autoridad
natural, a quebrantar la seguridad jurídica y desvirtuar la naturaleza de esta acción
constitucional.
75. La acción de habeas corpus no se encuentra establecida como un mecanismo
alternativo o sustitutivo de las actuaciones administrativas y judiciales ordinarias,
por lo que al juez constitucional no le es posible modificar o suplir a la autoridad
competente.
76. En tal sentido se resalta que el amparo regulado en la Ley 1095 de 2006, no se
encuentra instituido como una instancia de resolución de peticiones y de los
recursos ordinarios que proceden contra las decisiones adoptadas dentro del
procedimiento penal13.
13 Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que la
petición que tenga relación directa con el respectivo proceso no debe realizarse mediante el mecanismo
13
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77. En este orden de ideas, se precisa que, si bien el Tribunal de primera instancia
aludió al incumplimiento del requisito de “subsidiariedad”, dicha exigencia no
resulta predicable de la acción de habeas corpus, en tanto se trata de un
mecanismo preferente e inmediato de protección del derecho fundamental a la
libertad personal. No obstante, ello no implica que su ejercicio habilite al juez
constitucional para actuar como instancia alternativa, supletoria o sustitutiva de las
autoridades ordinarias, pues su ámbito de intervención se limita a verificar la
existencia de una privación ilegal de la libertad o su prolongación indebida, sin
desplazar la competencia funcional de la autoridad llamada a decidir dentro del
respectivo trámite.
78. Según el plenario, en el sub examine no resulta procedente que el solicitante
pretenda que el juez constitucional del habeas corpus decida en torno a la
configuración de una causal de libertad dentro del trámite de extradición, cuya
verificación corresponde a la autoridad competente en dicho procedimiento.
79. La intervención del juez constitucional no puede traducirse en una instancia
paralela ni en una actuación supletoria o alternativa de los mecanismos ordinarios
previstos en la ley. El habeas corpus, si bien es preferente, como acción
excepcional de protección de la libertad, no sustituye la competencia de la Fiscalía
General de la Nación para pronunciarse sobre la procedencia de la libertad en el
marco del trámite de extradición, ni permite desplazar a dicha autoridad en la
valoración de los presupuestos legales establecidos para tal efecto.
80. En el presente asunto se advierte que el solicitante afirmó que el 1.º de abril de
2026 presentó solicitud de libertad incondicional ante la Fiscalía General de la
Nación - Dirección de Asuntos Internacionales, sin que a la fecha de la
presentación de la solicitud de habeas corpus, 6 de abril de 2026, se hubiese
emitido respuesta. Por su parte, la autoridad accionada indicó que dicha solicitud
fue radicada bajo el número 2026106000886061 y que sería resuelta
oportunamente.
81. En ese contexto, se evidencia el inicio de la actuación prevista en el artículo
511 de la Ley 906 de 2004 respecto de la solicitud de libertad del solicitante y que
la definición definitiva de dicha petición corresponde a la Fiscalía General de la
Nación en el marco del trámite de extradición, sin que resulte procedente que el
juez de habeas corpus sustituya ese pronunciamiento, en tanto ello implicaría
desplazar la competencia legalmente asignada a dicha autoridad.
constitucional de habeas corpus. Sin embargo, de manera excepcional, se ha considerado que la acción
puede ser ejercida para solicitar la libertad, aun si ésta fue restringida con ocasión del proceso penal, y ello es
posible cuando el mecanismo ordinario resulta inane. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Rad.: 26503. Sentencia de 27 de noviembre de 2006.
14
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Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
82. Por lo anterior, el Despacho considera que no le asiste razón al recurrente
cuando sostiene que la falta de respuesta inmediata por parte de la Fiscalía
General de la Nación torna ineficaz el mecanismo ordinario previsto en el artículo
511 de la Ley 906 de 2004.
83. En efecto, si bien se encuentra acreditado que el accionante presentó solicitud
de libertad el 1.º de abril de 2026, dicha circunstancia no habilita, por sí sola, la
intervención del juez constitucional a través del habeas corpus, en tanto no se
evidencia una omisión prolongada o injustificada que haga inoperante el
mecanismo ordinario, ni un desconocimiento palmario del derecho fundamental a
la libertad.
84. En ese sentido, la sola alegación de falta de respuesta dentro de un lapso breve
no configura, per se, la ineficacia del mecanismo ordinario, ni habilita
automáticamente la procedencia del habeas corpus, máxime cuando no se ha
acreditado la existencia de una dilación irrazonable o arbitraria que comprometa
de manera directa el derecho fundamental a la libertad personal.
85. De otra parte, si bien el recurrente invoca el artículo 7.6 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y la necesidad de un control judicial efectivo,
lo cierto es que dicho estándar no puede interpretarse en el sentido de desconocer
las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico a las autoridades
encargadas del trámite de extradición, ni convertir al juez de habeas corpus en
una instancia sustitutiva de dichas autoridades.
86. En consecuencia, no se advierte que la actuación de la Fiscalía General de la
Nación haya generado un vacío de protección del derecho fundamental a la
libertad, ni que se configure una inactividad que justifique la intervención
excepcional del juez constitucional.
87. Por lo que, aun cuando el a quo fundamentó su decisión en el incumplimiento
del requisito de “subsidiariedad”, se precisa que la improcedencia del amparo en el
presente caso se deriva de los límites propios de este mecanismo, el cual no
puede emplearse como instancia alternativa, supletoria o sustitutiva de las
autoridades competentes dentro del trámite de extradición.
Prolongación ilegal de la privación de la libertad
88. El Despacho, además del análisis anterior sobre los límites de la solicitud de
habeas corpus, considera pertinente abordar el segundo argumento de
impugnación relacionado con la presunta prolongación ilegal de la privación de la
libertad, en garantía de los principios de congruencia, efectividad del derecho de
defensa y contradicción, así como de la protección reforzada del derecho
fundamental a la libertad personal, lo cual impone al juez constitucional un examen
integral de los cargos planteados.
15
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Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
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89. En este sentido, se pone de presente que en el marco de la solicitud de habeas
corpus, la prolongación ilegal de la privación de la libertad se configura cuando,
aun existiendo una causa legal que justifique la detención, esta se extiende más
allá de los términos previstos en la Constitución o la ley, o cuando la autoridad
competente omite adoptar oportunamente las decisiones a las que está obligada.
90. Como se precisó previamente, la Corte Constitucional ha resaltado que la
prolongación ilegal puede presentarse, entre otros eventos, cuando la autoridad
judicial o administrativa no resuelve dentro de los términos legales una solicitud de
libertad presentada por quien tiene derecho a ello, situación que compromete
directamente el núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad personal.
91. En materia de extradición, el artículo 511 de la Ley 906 de 2004 establece que
la persona reclamada será puesta en libertad incondicional si, transcurrido el
término de treinta (30) días desde cuando fuere puesta a disposición del Estado
requirente, este no procede a su traslado:
Artículo 511. “[…] Causales de libertad. La persona reclamada será puesta en
libertad incondicional por el Fiscal General de la Nación, si dentro de los
sesenta (60) días siguientes a la fecha de su captura no se hubiere
formalizado la petición de extradición, o si transcurrido el término de treinta
(30) días desde cuando fuere puesta a disposición del Estado requirente,
este no procedió a su traslado.
En los casos aquí previstos, la persona podrá ser capturada nuevamente por
el mismo motivo, cuando el Estado requirente formalice la petición de
extradición u otorgue las condiciones para el traslado […]” (negrilla fuera de
texto).
92. En el caso concreto, se alega que la privación de la libertad del señor Jaminson
Erazo Bolaños se ha prolongado ilegalmente, en la medida en que el término
previsto en la citada disposición debe contabilizarse desde la ejecutoria de la
Resolución 007 del 6 de enero de 2026 que concedió la extradición, el 4 de
febrero de esta anualidad, sin que a la fecha de interposición de la acción se
hubiese materializado su traslado.
93. La autoridad accionada indicó que dicho término debe contabilizarse a partir de
la efectiva puesta a disposición del requerido al Estado requirente, lo que, en el
presente asunto, solo se materializó el 6 de abril de 2026, razón por la cual el
término legal no se encontraba vencido.
94. Por lo tanto, la controversia se centra en la determinación del momento a partir
del cual debe iniciarse el cómputo del término previsto en el artículo 511 de la Ley
906 de 2004, si desde la ejecutoria del acto administrativo que concede la
extradición o desde la puesta a disposición efectiva del requerido al Estado
solicitante.
16
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Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
95. Para resolver este problema jurídico, se enunciarán y examinarán los medios
de prueba allegados al proceso, con el fin de establecer las actuaciones surtidas y
el alcance de estas:
• Oficio S-DIAJI-22-014123 de 10 de junio de 2022, mediante el cual la Cancillería
remitió a la Fiscalía General de la Nación la Nota Verbal 0895 de la Embajada de
los Estados Unidos, contentiva de la solicitud de captura con fines de extradición
del señor Jaminson Erazo Bolaños14.
• Resolución de 14 de junio de 2022, expedida por el Fiscal General de la Nación,
mediante la cual se ordenó su captura con fines de extradición15.
• Informe de 7 de marzo de 2025, mediante el cual se dejó a disposición del Fiscal
General de la Nación al señor Erazo Bolaños, capturado en la ciudad de Cali en
cumplimiento de la orden de captura16.
• Documentación soporte de la solicitud de extradición, incluida la declaración
jurada de 10 de abril de 2025 suscrita por la autoridad judicial del Estado
requirente17.
• Actuaciones surtidas ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de las cuales
obra solicitud de extradición simplificada y el concepto favorable emitido el 26 de
noviembre de 202518.
• Resolución Ejecutiva 007 de 6 de enero de 2026, mediante la cual el Gobierno
Nacional concedió la extradición del señor Erazo Bolaños, la cual quedó
ejecutoriada el 4 de febrero de esta anualidad19.
• Oficio S-DIAJI-26-010388 de 25 de marzo de 2026, mediante el cual el Director
de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería remitió al Ministerio de
Justicia y del Derecho la Nota Verbal 0043 de 24 de marzo de 2026, expedida por
la Embajada de los Estados Unidos de América, relativa a los condicionamientos
para la entrega en extradición del señor Jaminson Erazo Bolaños20.
• Oficio MJD-OFI26-0014493-DAI-10100 de 27 de marzo de 2026, por medio del
cual el Ministerio de Justicia y del Derecho informó a la Fiscalía General de la
Nación sobre la expedición de la Resolución Ejecutiva 007 de 6 de enero de 2026
14 Índice 8 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
15 Ibidem.
16 Índice 3 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
17 Ibidem.
18 Índice 3 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
19 Ibidem.
20 Índice 10 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
17
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Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
que concedió la extradición, y remitió copia de dicho acto junto con el compromiso
asumido por el Estado requirente respecto de los condicionamientos impuestos21.
96. Del análisis conjunto de los medios de prueba, se encuentra acreditado que el
señor Jaminson Erazo Bolaños fue detenido el 7 de marzo de 2025 en
cumplimiento de orden de captura con fines de extradición; que el Gobierno de los
Estados Unidos de América formalizó la solicitud respectiva; que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable el 26
de noviembre de 2025 y que, mediante Resolución Ejecutiva 007 del 6 de enero
de 2026, el Gobierno Nacional concedió la extradición. Así mismo, se evidencia
que, una vez surtidas las comunicaciones entre Cancillería, Ministerio de Justicia y
Fiscalía, esta última procedió a dejar a disposición del Estado requirente al
ciudadano solicitado.
97. Según lo anterior, la puesta a disposición del señor Jaminson Erazo Bolaños al
Estado requirente no puede entenderse como un efecto automático derivado de la
ejecutoria de la Resolución Ejecutiva que concedió la extradición, sino como una
actuación posterior y diferenciada dentro del trámite, condicionada al cumplimiento
de las exigencias diplomáticas y procedimentales previstas en la ley.
98. El Despacho encuentra acreditado que dicha actuación solo se materializó el 6
de abril de 2026, momento a partir del cual inicia el término de treinta (30) días
previsto en el artículo 511 de la Ley 906 de 2004.
99. El artículo 511 de la Ley 906 de 2004 consagra de manera expresa y taxativa
las causales de libertad dentro del trámite de extradición, estableciendo dos
hipótesis diferenciadas: (i) cuando no se formaliza la solicitud de extradición dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la captura, y (ii) cuando, una vez el requerido
ha sido puesto a disposición del Estado requirente, este no procede a su traslado
dentro de los treinta (30) días siguientes.
100. Así las cosas, la “[…] puesta a disposición del Estado requirente […]”
constituye el hecho relevante a partir del cual surge la obligación de traslado por
parte de dicho Estado y el inicio del cómputo del término de treinta (30) días para
efectos de evaluar la procedencia de la libertad.
101. Por lo indicado, se debe diferenciar entre la decisión administrativa que
concede la extradición y la efectiva puesta a disposición del requerido, lo que
permite concluir que el término previsto en el artículo 511 no se inicia con la
ejecutoria del acto administrativo, tal y como se advirtió en la Resolución Ejecutiva
007 de 6 de enero de 2026, a través de la cual el presidente de la República
concedió la extradición del acá solicitante, al ordenar su entrega “[…] bajo el
compromiso de que éste cumpla las condiciones establecidas en el inciso
21 Ibidem.
18
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Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano
requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y
confiscación […]” (negrilla fuera de texto).
102. Cabe resaltar que en dicho acto administrativo se destacó que “[…] tan pronto
se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del Derecho
remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la
Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta
a disposición del Estado requirente de la persona reclamada […]” (negrilla
fuera de texto).
103. Bien lo consideró el a quo al hacer referencia a un pronunciamiento de esta
Corporación22, en el cual se analizó un caso en el que el solicitante dentro de una
acción de habeas corpus sostenía que el término de treinta (30) días previsto en el
artículo 511 de la Ley 906 de 2004 debía contabilizarse desde la ejecutoria de los
actos administrativos que concedieron la extradición.
104. En esa oportunidad se concluyó que dicho entendimiento constituía una visión
aislada, en la medida en que, si bien la orden de entrega había adquirido firmeza,
la puesta a disposición del requerido al Estado solicitante estaba condicionada al
cumplimiento previo de las exigencias diplomáticas impuestas, particularmente a
la manifestación expresa del Estado requirente de garantizar los derechos
fundamentales del solicitado.
105. En ese sentido, se precisó que la Fiscalía General de la Nación no podía
proceder a la entrega inmediata del requerido tras la ejecutoria del acto
administrativo, pues resultaba indispensable contar previamente con la respuesta
del Estado extranjero frente a los condicionamientos impuestos, lo cual impedía
entender iniciada la etapa de puesta a disposición.
106. En la providencia se señaló:
“[…] d) Frente a lo anterior, esta instancia considera que el argumento de
la parte actora no es acertado y constituye una visión aislada de los
hechos, si bien la orden de entrega adquirió firmeza después de que se
notificó la Resolución no. 281 del 28 de septiembre de 2022, en la cual se
resolvió el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de Johan
Sebastián Montoya Arango contra la Resolución no. 191 del 2 de septiembre
de 2022, lo cierto es que para el cumplimiento previo y necesario de las
condiciones dispuestas era indispensable que el Gobierno de los
Estados Unidos de América expresara su compromiso de no someter a
dicha persona a delitos de desaparición forzada, torturas, tratos o penas
crueles, penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, además de
garantizarle la prestación de un servicio médico adecuado dada su condición
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Providencia de 14 de enero de
2023. Rad.: 2023-00067-01. MP.: Dr. Fredy Ibarra Martínez.
19
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Demandante: Jaminson Erazo Bolaños
Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
especial de salud, por consiguiente, hasta tanto no se hiciere efectivo el
cumplimiento de tales condicionamientos la persona no podía ser
puesta a disposición del gobierno extranjero requirente […]” (negrilla
fuera de texto).
107. De acuerdo con el acervo probatorio, solo hasta finales del mes de marzo de
2026 se acreditó el cumplimiento de los condicionamientos exigidos para la
entrega en extradición del señor Jaminson Erazo Bolaños. En efecto, mediante
oficio S-DIAJI-26-010388 de 25 de marzo de 2026, la Cancillería remitió la Nota
Verbal 0043 de 24 de marzo de 2026, a través de la cual el Estado requirente
manifestó su compromiso frente a dichas exigencias, y, posteriormente, mediante
oficio MJD-OFI26-0014493-DAI-10100 de 27 de marzo de 2026, el Ministerio de
Justicia y del Derecho informó a la Fiscalía General de la Nación sobre la
concesión de la extradición y allegó el compromiso correspondiente. En
consecuencia, solo a partir de ese momento se habilitaba jurídicamente la puesta
a disposición del requerido al Estado solicitante, la cual, como se anotó, se realizó
el 6 de abril de este año.
108. En tal virtud, el término de treinta (30) días previsto en el artículo 511 de la Ley
906 de 2004 no se encuentra que haya vencido.
109. Frente al planteamiento del recurrente según el cual la interpretación acogida
por el a quo supedita el inicio del término previsto en el artículo 511 de la Ley 906
de 2004 a la voluntad de la Fiscalía General de la Nación, no le asiste razón, en
tanto dicha interpretación no obedece a un criterio discrecional de la autoridad,
sino a la estructura normativa propia del trámite de extradición, que distingue entre
la decisión que concede la extradición y la efectiva puesta a disposición del
requerido al Estado solicitante, actuación esta que se encuentra vinculada al
cumplimiento de las condiciones previas exigidas, esto es, una vez las garantías y
el compromiso del Estado requirente se hayan allegado y se comunique a la
Fiscalía General de la Nación, sin que se evidencie una dilación injustificada o
desproporcionada.
110. Por lo anterior, no se advierte desconocimiento del principio pro homine, en la
medida en que la interpretación acogida no implica una restricción arbitraria del
derecho a la libertad personal, sino la aplicación del presupuesto normativo
definido por el legislador para la configuración de la causal de libertad.
111. De igual forma, si bien el recurrente sostiene que la carga de materializar la
entrega recae en el Estado, ello no conduce automáticamente a predicar la
existencia de una prolongación ilegal de la privación de la libertad, pues para ello
resulta indispensable acreditar el incumplimiento de los términos y condiciones
legalmente previstos, lo que, en el caso concreto no se acreditó, como se precisó
con antelación.
20
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Demandada: Fiscalía General de la Nación - Dirección de Asuntos Internacionales
112. Tampoco se advierte la configuración de un defecto fáctico por omisión en la
valoración probatoria, como lo sostiene el recurrente, pues el a quo tuvo en cuenta
el desarrollo del trámite de extradición y los medios de prueba allegados al
proceso, en particular, la resolución ejecutiva y la fecha de puesta a disposición
del requerido, a partir de la cual efectuó el análisis jurídico correspondiente.
113. Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración del estándar de plazo
razonable previsto en el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, se considera que no se configura en el presente caso una detención
arbitraria o desproporcionada, en tanto la privación de la libertad del señor
Jaminson Erazo Bolaños se encuentra sustentada en un trámite de extradición en
curso, adelantado conforme a las reglas legales aplicables, sin que se haya
acreditado una dilación injustificada que desborde los márgenes de razonabilidad
exigidos por el derecho convencional.
114. En conclusión, no se configura alguno de los supuestos que habilitan la
procedencia del habeas corpus, razón por la cual se confirmará la decisión de
instancia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de 7 de abril de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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