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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-42-000-2026-00224-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-42-000-2026-00224-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 25000-23-42-000-2026-00224-01 providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la providencia de 27 de junio de 2026 proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-42-000-2026-00224-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de hábeas corpus.
Parte actora: Yurley Carolina Nieto Ramos.
Parte accionada: Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cundinamarca, Cárcel y Penitenciaría de Media
Seguridad de Fusagasugá -INPEC y Juzgado Tercero Penal
Municipal con funciones Mixtas de Fusagasugá.
Radicación: 25000-23-42-000-2026-00224-01.

Decisión de segunda instancia

El Despacho decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
providencia de 27 de junio de 2026 proferida por la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud

La señora Yurley Carolina Nieto Ramos quien actúa como agente oficiosa del
señor Leonardo Nieto, presentó acción de hábeas corpus contra el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, la Cárcel y
Penitenciaría de Media Seguridad de Fusagasugá -INPEC y el Juzgado
Tercero Penal Municipal con funciones Mixtas de Fusagasugá, por considerar
que existe prolongación ilegal de la privación de la libertad.

2. Supuestos de hecho y de derecho

Del análisis del escrito constitucional se extrae lo siguiente:

2.1. El señor Leonardo Nieto se encuentra recluido en la Cárcel y Penitenciaría
de Media Seguridad de Fusagasugá en virtud del proceso penal identificado

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con radicado núm. 25754-60-00-392-2022-02269-00 que conoce el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, por los delitos de
concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes.

2.2. La actora manifestó que el señor Leonardo Nieto se encuentra privado de
la libertad desde el 22 de agosto de 2023 y que desde el 14 de noviembre de
2023, fecha de la presentación del escrito de acusación, han transcurrido más
de quinientos días sin que se haya realizado la audiencia de juicio oral por
parte del juez de conocimiento. Por tanto, consideró configurada la causal de
libertad prevista en el numeral 5 del artículo 317A de la Ley 906 de 2004.

2.3. Señaló que presentó solicitud de libertad ante el Juzgado Veintidós Penal
Municipal con Función de Control de Garantías, el cual negó la libertad, al
considerar que “[…] el señor Leonardo Nieto acumulaba aproximadamente
cuatrocientos diez (410) días computables […]”, y en segunda instancia fue
confirmada la decisión.

2.4. Aseguró que, con posterioridad, promovió una nueva solicitud de libertad,
asignada al Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones Mixtas de
Fusagasugá, el cual programó audiencia para el 26 de junio de 2026 y por
motivos de congestión del despacho la reprogramó para el 3 de julio de 2026.

2.5. De lo anterior, sostuvo que se ha prolongado ilegalmente la privación de
libertad del señor Leonardo Nieto por ausencia de decisión judicial de fondo.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante auto de 27 de junio de 2026, el a quo avocó el conocimiento de la
presente acción en contra del Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cundinamarca, la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad
de Fusagasugá -INPEC y el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones

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Mixtas de Fusagasugá. En la misma providencia vinculó al Centro de Servicios
Judiciales para los Jueces del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá D.C., al
Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales Municipales de
Fusagasugá, al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales
del Circuito Especializado de Cundinamarca y al Juzgado Veintidós Penal
Municipal con Función de Control de Garantías.

La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en providencia de 27 de junio de 2026 resolvió declarar
improcedente la acción de la referencia.

A través de auto de 30 de junio de 2026, se concedió la impugnación
interpuesta por la parte accionante.

III. INTERVENCIONES

1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca
rindió informe en los siguientes términos:

Informó que el proceso penal se encuentra en etapa de juicio oral y que aún
no ha iniciado la práctica probatoria.

Indicó que la audiencia de juicio oral fue fijada para el 30 de junio de 2026 y
que se encuentra en trámite una nueva solicitud de libertad por vencimiento
de términos ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones Mixtas de
Fusagasugá, con audiencia programada para el 3 de julio de 2026.

Refirió que las diligencias fijadas para el 12 de diciembre de 2025, el 30 de
enero y el 8 de abril de 2026 fueron aplazadas por razones procesales, tales
como una solicitud de la Fiscalía, la inasistencia del defensor de uno de los
coprocesados y la licencia por luto del titular del despacho.

2. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito
Especializado de Cundinamarca informó que el proceso penal objeto de la

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acción constitucional, fue repartido al Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cundinamarca el 14 de noviembre de 2023 y que
actualmente se encuentra en trámite.

Manifestó que no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos que
sustentan la acción constitucional, al tratarse de una dependencia de apoyo
administrativo, y por ello solicitó su desvinculación del trámite.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

Mediante providencia de 27 de junio de 2026, la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente
la acción de hábeas corpus por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.

Al respecto, señaló que la pretensión de la presente acción constitucional
coincide con la solicitud de libertad que cursa ante el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones Mixtas de Fusagasugá, cuya resolución se encuentra
prevista para la audiencia del 3 de julio de 2026.

Afirmó que, al encontrarse en trámite un mecanismo judicial específico para
resolver la solicitud de libertad por vencimiento de términos formulada por la
parte accionante, la acción de habeas corpus resulta improcedente. Lo
anterior, por cuanto el juez constitucional no puede sustituir ni anticipar una
decisión que corresponde de manera principal al juez penal, quien deberá
valorar las circunstancias alegadas por la accionante, relacionadas con el
nuevo período de privación de la libertad que se habría consolidado y con el
aplazamiento de las diligencias debido a la congestión del despacho judicial.

En ese sentido, indicó que “[…] el criterio que acoge este Despacho es que,
cuando la privación de la libertad tiene origen en una decisión penal ordinaria
revestida de legalidad, las circunstancias posteriores que eventualmente
puedan constituir causales de libertad deben ser valoradas de manera plena e
integral dentro del respectivo proceso penal […]”.

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V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora afirmó que la providencia impugnada incurrió en defecto fáctico
por omisión probatoria, al considerar que la autoridad judicial no verificó el
expediente penal para examinar la legalidad de la privación de la libertad.

Manifestó que incurrió en motivación aparente e incongruencia omisiva al
considerar que, “[…] descartó el análisis calificándolo de “simples sumas
aritméticas”, sin señalar un solo error en la contabilización efectuada por esta
parte, sin identificar qué días se descontarían y por qué razón, y sin realizar el
cómputo que la norma impone […]”. [Sic en toda la cita]

Finalmente, advirtió que incurrió en desconocimiento del precedente
constitucional, dado que no aplicó las reglas fijadas en la Sentencia SU-220
de 2024 de la Corte Constitucional, las cuales son vinculantes en materia de
libertad por vencimiento de términos dentro del Sistema Penal Acusatorio.

VI. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Este Despacho es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 7° de la Ley 1095 de 20061.

2. El hábeas corpus y la regla pro homine

El hábeas corpus fue consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política
y reglamentado por la Ley 1095 de 20062, como un derecho fundamental a

1 “Artículo 7°. Impugnación. La providencia que niegue el Hábeas Corpus podrá ser
impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación. La impugnación
se someterá a las siguientes reglas:
[…]
2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado
integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir de la
aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se
tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del Hábeas Corpus”.
2 “[…] Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política. […]”.

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través del cual se busca la tutela de la libertad individual cuando la aprehensión
de una persona se realiza con violación de las garantías constitucionales o
legales, o cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.

En la decisión de hábeas corpus debe darse aplicación al principio pro
homine3, en virtud del cual se debe acudir a la norma o a la interpretación más
amplia, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a
la norma o a la interpretación más restringida, cuando se busca fijar
limitaciones a su ejercicio o su suspensión extraordinaria.

Es importante recordar que la libertad es un derecho fundamental que ha sido
reconocido en varios instrumentos internacionales, entre los que se destacan
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos4, la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre5 y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos6.

3 Corte Constitucional. Sentencia T-284/06. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas
Hernández.
4 Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica-,

aprobada mediante la ley 16 de 1972. “Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de
su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas.3.
Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona
detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin
demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe
ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer
funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser
puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar
condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.
5Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “Artículo XXV Nadie puede

ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes
preexistentes. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez
verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de
lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante
la privación de su libertad”.
6 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la ley 74 de 1968,

artículo 9º: “Artículo 9. (…) 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado
de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido
en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las
razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 3. Toda
persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho
a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva
de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad
podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto
del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la

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3. Problema jurídico

Determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la providencia de 27 de
junio de 2026 proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

4. Cuestión Previa

Se advierte que el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
Penales del Circuito Especializado de Cundinamarca solicitó la desvinculación
y que el juez de primera instancia omitió pronunciarse al respecto, por tanto,
en esta instancia se resolverá.

Se considera que comoquiera que el Centro de Servicios Administrativos de
los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cundinamarca, tiene
dentro de sus funciones la realización del reparto de los procesos penales y,
en ejercicio de dicha competencia, efectuó el reparto del proceso penal objeto
de estudio, identificado con el radicado No. 25754-60-00-392-2022-02269-00,
no resulta procedente su desvinculación, razón por la cual esta será negada.

5.Caso concreto

Es oportuno hacer referencia al informe rendido por el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones Mixtas de Fusagasugá frente a la presente acción
constitucional, en el que afirmó que el 17 de junio recibió por reparto solicitud
de libertad por vencimiento de términos del señor Leonardo Nieto y que fijó
fecha para la realización de audiencia el 26 de junio de 2026 y por
imposibilidad en su realización fue reprogramada para el 3 de julio de la misma
anualidad, la cual le fue notificada a las partes.

ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o
prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad
posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda
persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener
reparación”.

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Ahora bien, el ámbito de aplicación de la acción de hábeas corpus se restringe
a dos hipótesis referidas a: (i) cuando la aprehensión de una persona se realiza
con violación de las garantías constitucionales o legales, o (ii) cuando la
privación de la libertad se prolonga ilegalmente.

La Corte Constitucional al analizar los dos supuestos de aplicación en la
sentencia C-187 de 2006, por medio de la cual se revisó el proyecto de ley
estatutaria 284/05 Senado y 229/04 Cámara “[…] mediante el cual se
reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política […]”, precisó:

“[…] Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la
protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad
impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28 y 30 de
la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para
autorizar la privación de la libertad de la persona, más aún si se considera
que ésta constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y
derechos.

Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad
con violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden
citar los casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a una
persona en lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para
la detención de personas7, o lo hace sin mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las
formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté
definido en ésta.

También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad
judicial, la que, al disponer sobre la privación de la libertad de una
persona, lo haga sin las formalidades legales o por un motivo no
definido en la ley.

En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad
también pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en
la cual se detiene en flagrancia a una persona (C. Pol. art. 32) y no se
le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36
horas siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública
mantenga privada de la libertad a una persona después de que se ha
ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la
libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, las detenciones
legales pueden volverse ilegales, como cuando la propia autoridad
judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la
Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la

7 En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año de 1979 sobre

el caso Argentino, esta Comisión recomendó que “[…] para evitar que se produzcan nuevos
casos de desaparición, crear un registro central de detenidos que permita a los familiares de
éstos y a otros interesados conocer, en breve plazo, las detenciones practicadas; ordenar que
éstas detenciones sean llevadas a cabo por agentes debidamente identificados e impartir
instrucciones a fin de que los detenidos sean trasladados sin demora a lugares
específicamente destinados al objeto […]”.

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solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho […]”.
[Se destaca].

Adicionalmente, en dicha sentencia se precisó que la acción de hábeas corpus
“[…] no es un mecanismo alternativo, supletorio o sustitutivo para debatir
los extremos que son propios al trámite de los procesos en que se
investigan y juzgan conductas punibles, sino que, por el contrario, se
trata de una acción excepcional de protección de la libertad y de los
eventuales derechos fundamentales que por conducto de su afectación
puedan llegar a vulnerarse, como la vida, la integridad personal y el no ser
sometido a desaparecimiento, o a tratos crueles y torturas […]”8.

En igual sentido, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
en sentencia de 18 de febrero de 20159 señaló que “[…] el habeas corpus no
puede sustituir los recursos judiciales ordinarios establecidos para
impugnar las decisiones que afectan la libertad personal, ya que su
finalidad es distinta: proteger a los ciudadanos de detenciones arbitrarias e
ilegales […]”10 [negrillas fuera del texto].

De ahí que el juez constitucional que conoce de este tipo de acción no puede
reemplazar a la autoridad competente en tanto es ella a la que le corresponde
realizar los pronunciamientos sobre la definición de la situación jurídica,
teniendo en cuenta que este instrumento constitucional de protección de
derechos no sustituye los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento
jurídico. Actuar en contrario conduciría al desconocimiento del principio del
juez natural, de la seguridad jurídica y de la naturaleza de este mecanismo.

Por tanto, se tiene que la acción de hábeas corpus no se encuentra establecida
como un mecanismo subsidiario de los medios judiciales ordinarios de
defensa, por lo que al juez constitucional no le es posible modificar o suplir a

8 sentencia C-187 de 2006.
9 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 18 de febrero de 2015. Rad.: 44497.
10 Sobre el tema, ver la sentencia de 10 de mayo de 2007 de la Sala de Casación Penal, Rad.: 27587,

en la cual la Corte Suprema de Justicia señaló que “[…] la acción de habeas corpus no es procedente
cuando el solicitante no ha hecho uso de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, como los
recursos de apelación o de reposición, que la ley procesal penal le otorga para impugnar las decisiones
que afectan su libertad […]”. Igual consideración se plasmó en la sentencia de 29 de septiembre de 2010,
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Rad.: 34697: “[…] la acción de
habeas corpus no está diseñada para corregir la inactividad o negligencia del procesado o su defensa
en la interposición de los recursos ordinarios previstos en la ley para controvertir las decisiones judiciales
[…]”.

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la autoridad judicial competente. En tal sentido se resalta que el amparo
regulado en la Ley 1095 de 2006 no se encuentra instituido como una instancia
de resolución de peticiones y de los recursos ordinarios que proceden contra
las decisiones adoptadas dentro del procedimiento penal11.

En el presente caso, la accionante impugnó el fallo de primera instancia al
considerar que no se valoró adecuadamente el expediente del proceso penal,
del cual se evidencia que, desde la presentación del escrito de acusación el
14 de noviembre de 2023, han transcurrido más de quinientos días sin que se
haya realizado la audiencia de juicio oral. Por ello, sostiene que se configura
la causal de libertad prevista en el numeral 5 del artículo 317A de la Ley 906
de 2004.

Al respecto, se advierte, como lo señaló el juez de primera instancia, que existe
una nueva solicitud de libertad por vencimiento de términos en trámite ante el
Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Fusagasugá.
Además, según el informe remitido por ese despacho, dicha petición será
resuelta en la audiencia programada para el 3 de julio de 2026. En
consecuencia, no corresponde al juez de hábeas corpus anticipar un
pronunciamiento ni sustituir la competencia atribuida al juez natural de la
causa.

Significa lo anterior que la acción de hábeas corpus no es el mecanismo
principal para obtener la libertad por vencimiento de términos, puesto que para
tal fin la parte actora dispone de otra herramienta ante la autoridad
competente.

El anterior mecanismo era de pleno conocimiento por parte de la actora, que
el 17 de junio de 2026 -previa interposición de la presente acción
constitucional- elevó solicitud de libertad por vencimiento de términos que se

11 Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de

Justicia que la petición que tenga relación directa con el respectivo proceso no debe realizarse
mediante el mecanismo constitucional de habeas corpus. Sin embargo, de manera
excepcional, se ha considerado que la acción puede ser ejercida para solicitar la libertad, aun
si ésta fue restringida con ocasión del proceso penal, y ello es posible cuando el mecanismo
ordinario resulta inane. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Rad.: 26503.
Sentencia de 27 de noviembre de 2006.

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encuentra asignada al Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones Mixtas
de Fusagasugá, la cual a la fecha se encuentra pendiente de resolver.

De ahí que la intervención del juez constitucional en este contexto no puede
traducirse en una instancia paralela ni en una revisión sustitutiva de los
mecanismos ordinarios previstos en la ley, dado que la acción de hábeas
corpus como mecanismo excepcional de protección de la libertad no sustituye
la competencia de la autoridad correspondiente para adoptar decisiones
propias del trámite de solicitud de libertad por vencimiento de términos y
mucho menos constituye un mecanismo subsidiario, paralelo o alternativo.

En todo caso resulta oportuno agregar que, de conformidad con el material
probatorio obrante en el expediente del proceso penal, la audiencia de juicio
oral se encuentra programada para el 3 de julio de 2026. Asimismo, la solicitud
de libertad se resolverá en audiencia de 3 de julio del año en curso.

Así las cosas, como bien lo sostuvo el a quo, se considera que la anterior
pretensión de libertad de la accionante debe ser ventilada y definida por la
autoridad judicial correspondiente, habida cuenta que, se insiste, este
mecanismo no puede ser utilizado para desplazar al funcionario judicial
competente.

Bajo los anteriores razonamientos, este Despacho confirmará el fallo de
primera instancia que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de la
referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado
de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

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providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la providencia de 27 de junio de 2026 proferida por
la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de la presente providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el consejero
ponente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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