Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-42-000-2026-00268-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-42-000-2026-00268-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-42-000-2026-00268-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
30 de julio de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-42-000-2026-00268-01
Actor: YEISON ALFONSO CAMARGO ALBARRÁN
Demandado: JUZGADO TREINTA Y TRES DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ Y
OTRO
Acción: HABEAS CORPUS
Asunto: APELACIÓN DE FALLO
Síntesis del caso: el señor Ricardo Armando Beltrán Segura, en calidad de agente oficioso
del señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán presenta acción de habeas corpus por estimar
que este ya cumplió la pena de setenta y dos (72) meses de prisión impuesta por el Juzgado
Veintiséis Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá; sin embargo, sostiene
que el Juzgado Treinta y Tres de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá no
ha podido reconocer la libertad por pena cumplida porque el Establecimiento Carcelario y
Penitenciario Metropolitano La Picota de Bogotá no ha remitido la totalidad de la hoja de vida
del interno ni los documentos que acreditan la redención de la pena, aspecto que ha impedido
verificar el tiempo efectivamente descontando y por el cual se debe disponer la libertad
inmediata.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1095 de 2006 resuelve el
despacho en Sala Unitaria de Decisión la impugnación formulada por la parte actora
contra la providencia proferida el 28 de julio de 2026 por la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se declaró
improcedente la solicitud de habeas corpus formulada por el agente oficioso del señor
Yeison Alfonso Camargo Albarrán.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de habeas corpus
A través de escrito radicado el 28 de julio de 2026, el señor Ricardo Armando Beltrán
Segura, actuando en calidad de agente oficioso del señor Yeison Alfonso Camargo
Beltrán, promovió la acción constitucional de habeas corpus con el fin de que se
ordene la libertad inmediata de este último, pues, considera que ya redimió la totalidad
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Expediente 25000-23-42-000-2026-00268-01
Actor: Yeison Alfonso Camargo Albarrán
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
de la pena de setenta y dos (72) meses de prisión impuesta en sentencia proferida
por el Juzgado Veintiséis Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, la
cual es vigilada por el Juzgado Treinta y Tres de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá (índice 1 SAMAI de primera instancia – expediente digital).
2. Los fundamentos de la solicitud de habeas corpus
Como sustento fáctico de la petición del expediente se extrae, en síntesis, lo siguiente:
1) El Juzgado Veintiséis Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá en
sentencia proferida el 25 de enero de 2021 condenó al señor Yeison Alfonso Camargo
Albarrán a la pena principal de setenta y dos (72) meses de prisión como autor
responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada; asimismo, en esta decisión
se negaron los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena y
prisión domiciliaria1.
2) En cumplimiento de la anterior decisión, el señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán
fue privado de la libertad y en la actualidad se encuentra recluido en el Establecimiento
Carcelario y Penitenciario Metropolitano La Picota de Bogotá.
3) El Juzgado Treinta y Tres de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá es la autoridad judicial encargada de vigilar el acatamiento de la pena y, en
providencia del 9 de febrero de 2026 señaló que a dicha fecha el penado había
purgado un total de sesenta y un (61) meses y diecinueve punto un días de prisión
(19.1).
4) Desde el mes de junio de 2025, el señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán ha
desarrollado actividades de estudio avaladas por el Establecimiento Carcelario y
Penitenciario Metropolitano La Picota de Bogotá, las cuales, en criterio del accionante,
generan un tiempo de redención de pena equivalente a un (1) año de prisión y que
resulta suficiente para completar la totalidad de la condena impuesta de setenta y dos
(72) meses de detención intramural, de manera que el interno tiene derecho a la
libertad por pena cumplida.
1 Según consta en oficio no. 474 del 28 de julio de 2026 emitido por el Juzgado Treinta y Tres de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá (índice 9 SAMAI de la primera instancia).
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Actor: Yeison Alfonso Camargo Albarrán
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5) El 5 de junio de 2026, mediante derecho de petición, le solicitó al Establecimiento
Carcelario y Penitenciario Metropolitano La Picota de Bogotá calificar la conducta del
señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán, así como también certificar las horas de
estudio reconocidas desde el tercer trimestre del año 2025; no obstante, la entidad
guardó silencio y tampoco ha remitido al Juzgado Treinta y Tres de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá la certificación correspondiente, pese a que
las horas de estudio figuran registradas en la hoja de vida del interno.
6) El agente oficioso del señor Yeison Alfonso Camargo Beltrán considera que la
privación de la libertad del interno se ha prolongado de manera ilegal, razón por la
cual la acción de habeas corpus debe prosperar, por cuanto en su criterio el señor
Camargo ya cumplió la totalidad de la pena de prisión impuesta y, en consecuencia,
tiene derecho a que se ordene su libertad inmediata, pues, la omisión del
Establecimiento Carcelario y Penitenciario Metropolitano La Picota de Bogotá en
remitir la totalidad de las horas de estudio no es impedimento para obtener la libertad.
3. La actuación procesal
Las diligencias procesales adelantadas en el presente asunto fueron las siguientes:
1) Surtido el respectivo reparto, correspondió el conocimiento de la acción de la
referencia a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca quien, en Sala Unitaria presidida por el magistrado Carlos Alberto
Orlando Jaiquel, la admitió en primera instancia a través de auto de 25 de junio de
2025 (índice 5 SAMAI de primera instancia), según lo establecido en el artículo 5 de
la Ley 1095 de 2006.
En esa misma providencia ordenó comunicar la decisión al Juzgado Treinta y Tres de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y al director del
Establecimiento Carcelario y Penitenciario Metropolitano La Picota de Bogotá para
que, a la mayor brevedad posible, rindieran un informe sobre los hechos que dieron
lugar al ejercicio de la acción constitucional y allegaran las actuaciones surtidas en el
proceso penal seguido en contra del penado Yeison Alfonso Camargo Albarrán.
2) En cumplimiento de la orden de que trata el numeral anterior, el Establecimiento
Carcelario y Penitenciario Metropolitano La Picota de Bogotá, lo mismo que el Juzgado
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Actor: Yeison Alfonso Camargo Albarrán
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
Treinta y Tres de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad de Bogotá allegaron los
informes a ellos requeridos (índices 8 y 9 SAMAI de primera instancia).
3) En proveído de 28 de julio de 2026 (índice 11 SAMAI de primera instancia) fue
resuelta la solicitud de habeas corpus en el sentido de declarar improcedente la
acción.
4) La anterior providencia fue notificada tanto al señor Yeison Alfonso Camargo
Albarrán como al agente oficioso (índices 13 y 24 SAMAI de primera instancia), quien
interpuso recurso de “reposición” (índice 17 SAMAI de primera instancia).
5) En auto de 29 de julio de 2025 el a quo declaró improcedente el recurso de
reposición y lo adecuó a apelación, el cual fue concedido (índice 18 SAMAI de primera
instancia).
4. La providencia impugnada
Mediante la decisión impugnada se declaró improcedente la solicitud de habeas
corpus elevada por el agente oficioso del señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán con
sustento en las siguientes consideraciones (índice 11 SAMAI de la primera instancia):
1) El Juzgado Treinta y Tres de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
en oficio del 28 de julio de 2026 informó que el sentenciado Yeison Alfonso Camargo
Albarrán ha descontado sesenta y siete (67) meses y seis punto un (6.1) días de la
pena de setenta y dos (72) meses de prisión impuesta en su contra; asimismo, precisó
que ese tiempo corresponde al periodo de privación efectiva de la libertad y a las
redenciones de pena reconocidas hasta esa fecha, de modo que el sentenciado aún
no ha cumplido la totalidad de la providencia condenatoria.
2) Al detenido le queda pendiente para el cumplimiento de la totalidad de la pena un
como menos de cinco meses de prisión, aspecto que también es confirmado por el
Establecimiento Carcelario y Penitenciario Metropolitano La Picota de Bogotá, quien
refirió que no cuenta con documento alguno que ordene la libertad o modifique la
situación del condenado.
3) El accionante afirma que no se ha analizado el tiempo que debe descontarse por
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estudios realizados, empero no le asiste razón, pues, el Juzgado Treinta y Tres de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá en providencia del 23 de julio
de 2026 precisamente examinó la situación del condenado y concluyó que a este le
restaban por cumplir cuatro (4) meses y veintiséis punto nueve (26.9) días de la
totalidad de la pena, razón por la cual denegó la solicitud de libertad por pena
cumplida; además, ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá se estudia el recurso de apelación interpuesto contra la mentada decisión
judicial y, en la cual, a su vez, se analiza una petición de nulidad.
4) La acción constitucional de habeas corpus no procede para sustituir los
mecanismos procesales previstos en el ordenamiento jurídico ni para discutir el
contenido de las decisiones judiciales y, en ese sentido, en el asunto de la referencia
se encuentra en trámite el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión
que negó la libertad del sentenciado, de modo que es el juez natural competente quien
debe resolver esa controversia.
5) Por su parte, si la inconformidad del accionante radica en que a la fecha no ha
obtenido un pronunciamiento del Establecimiento Carcelario y Penitenciario
Metropolitano La Picota de Bogotá respecto del derecho de petición elevado el 5 de
junio de 2026 -a través del cual solicitó la calificación de la conducta y certificación de
horas reconocidas por estudio del señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán-, lo
procedente es la interposición de la acción de tutela para obtener la protección de los
derechos fundamentales que considere conculcados, pues, la acción constitucional
de habeas corpus es improcedente para debatir la remisión de documentos
relacionados con la redención de la pena.
5. El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión el agente oficioso la impugnó2 e insistió en que
debe ordenarse la libertad del señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán con sustento
en los siguientes argumentos3:
1) En ningún momento se desconoce el tiempo de redención reconocido por el
2 Índice 16 SAMAI de la primera instancia.
3 El recurso de apelación y el expediente de la referencia fue recibido en esta Corporación el 30 de julio
de 2026 a las 9:35 am (índice 2 SAMAI).
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Juzgado Treinta y Tres de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá ni
mucho menos se cuestiona las decisiones adoptadas por dicho despacho, las cuales
fueron oportunamente recurridas y se encuentran en trámite; por el contrario, el
cuestionamiento se encuentra en que el Establecimiento Carcelario y Penitenciario
Metropolitano La Picota de Bogotá no ha remitido al juzgado de conocimiento la
información necesaria para consolidar el cumplimiento de la pena.
2) La omisión del establecimiento penitenciario ha ocasionado la prolongación ilegal
de la privación de la libertad del señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán, pues, este
cumplió las actividades académicas necesarias para acceder a la redención de la
pena y obtener la libertad por pena cumplida; sin embargo, tales actividades aún no
han sido certificadas por el mencionado establecimiento.
3) La falla administrativa no puede constituirse en un obstáculo para el reconocimiento
del derecho a la libertad, la cual debe ser ordenada, pues, el penado ya redimió la
totalidad de la condena impuesta en su contra.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios de la acción constitucional, sin que exista causal
alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede esta Sala Unitaria a resolver el
asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) contenido y regulación
del habeas corpus y, 2) el caso objeto de decisión.
1. Contenido y regulación del habeas corpus
Respecto del contenido, naturaleza jurídica y regulación del habeas corpus, es
pertinente precisar lo siguiente:
1) El Constituyente de 1991 instituyó el habeas corpus como derecho constitucional
fundamental en el artículo 30 de la Constitución Política en los siguientes términos:
“Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo
ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en
todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe
resolverse en el término de treinta y seis (36) horas”.
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2) Esa elevada garantía fue reglamentada por la Ley 1095 de 2006 la que en el artículo
1° le otorgó la doble connotación de derecho fundamental y de acción constitucional
de amparo de la libertad personal aspecto este que, según la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, en particular por lo expuesto en la sentencia C-187 de 2006, la
circunstancia de considerarse que el habeas corpus es una acción en modo alguno le
quita la naturaleza de derecho constitucional fundamental, el cual precisamente se
materializa a través del ejercicio de la acción.
En esa perspectiva el habeas corpus es entonces un derecho constitucional
fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal
cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales
o legales, o esta se prolongue ilegalmente y que, únicamente puede incoarse por una
sola vez y para su decisión se debe aplicar el principio pro homine.
3) De lo anterior se establece que las causales para invocar la solicitud de habeas
corpus se concretan en dos: a) la violación de las garantías constitucionales y, b) la
privación ilegal de la libertad o su ilegal prolongación, aspecto esto sobre el cual, con
ocasión de analizar la exequibilidad de la Ley 1095 del 2006, en la sentencia C-187
de ese mismo año la Corte Constitucional precisó lo siguiente: “se trata de hipótesis
amplias y genéricas que hacen posible la protección del derecho a la libertad personal
frente a una variedad impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28
y 30 de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar
la privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que ésta constituye
un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos”.
4) En ese marco legal y jurisprudencial se advierte que la acción constitucional de
habeas corpus procede cuando hay una privación ilegal de la libertad y el afectado no
cuenta con un mecanismo procesal eficiente para la protección de su derecho.
2. El caso objeto de decisión
1) Se pone de presente que en el presente asunto el tribunal de primera instancia
declaró improcedente la solicitud de habeas corpus por el hecho de que i) el señor
Yeison Alfonso Camargo Albarrán se encuentra detenido en cumplimiento de una
sentencia condenatoria, la cual se encuentra en firme y ejecutoriada; ii) no procede la
acción constitucional para cuestionar la decisión judicial que negó la libertad por pena
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cumplida y, iii) la acción constitucional no procede para obtener la libertad por la
supuesta falta de remisión de documentos relacionados con estudios o por la no
contestación de un derecho de petición; además, el agente oficioso pretende es
obtener la libertad por pena cumplida cuyo estudio se encuentra en cabeza del juez
de ejecución de penas y medidas de seguridad.
El demandante en la impugnación insiste en que la libertad se debe ordenar ante la
omisión del establecimiento carcelario en remitir los certificados de estudios.
2) En los términos en los que ha sido propuesta la apelación, esta Sala de Decisión
confirmará la sentencia de primera instancia por las razones que se exponen a
continuación:
a) El artículo 2 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal con base en el
cual se adelanta el proceso penal en contra del señor Yeison Alfonso Camargo
Albarrán, prevé que nadie podrá ser privado de su libertad sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades
legales y por motivos previamente definidos en la ley, el texto de la norma es el
siguiente:
“ARTÍCULO 2. LIBERTAD. Toda persona tiene derecho a que se
respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni
privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y
por motivos previamente definidos en la ley.
El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la
Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte
necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba
o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente,
por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este
código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las
circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o
desproporcionada (…)” (negrillas fuera de texto).
b) El artículo 298 de la Ley 906 de 2004 estatuye que la persona que es aprehendida
para el cumplimiento de una sentencia condenatoria debe ser puesta a disposición del
juez de conocimiento que la profirió, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 298. CONTENIDO Y VIGENCIA. El mandamiento escrito
expedido por el juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los
motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al
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indiciado o imputado, cuya captura se ordena, el delito que provisionalmente
se señale, la fecha de los hechos y el fiscal que dirige la investigación.
La orden de captura tendrá una vigencia máxima de un (1) año, pero podrá
prorrogarse tantas veces como resulte necesario, a petición del fiscal
correspondiente, quien estará obligado a comunicar la prórroga al
organismo de Policía Judicial encargado de hacerla efectiva.
La Policía Judicial puede divulgar a través de los medios de comunicación
las órdenes de captura.
De la misma forma el juez determinará si la orden podrá ser difundida por
las autoridades de policía en los medios de comunicación, durante su
vigencia.
PARÁGRAFO. La persona capturada en cumplimiento de orden judicial
será puesta a disposición de un Juez de Control de Garantías en el plazo
máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control
de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo
pertinente con relación al aprehendido. Lo aquí dispuesto no se aplicará
en los casos en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento
de la sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición del juez
de conocimiento que profirió la sentencia” (negrillas de la Sala).
c) La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la
anterior norma, ha considerado que el control de legalidad de la captura se realiza por
parte del juez de conocimiento cuando no ha obrado ejecutoria de la sentencia,
empero, en los casos en los que ello ha ocurrido, la competencia pasa al juez de
ejecución de penas, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 906 de
20044, de la siguiente forma:
4 ARTÍCULO 38. DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. Los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen:
1. De las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones
penales se cumplan.
2. De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias proferidas en
procesos distintos contra la misma persona.
3. Sobre la libertad condicional y su revocatoria.
4. De lo relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza.
5. De la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las
solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las
condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.
6. De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad.
Asimismo, del control para exigir los correctivos o imponerlos si se desatienden, y la forma como se
cumplen las medidas de seguridad impuestas a los inimputables.
En ejercicio de esta función, participarán con los gerentes p directores de los centros de rehabilitación
en todo lo concerniente a los condenados inimputables y ordenará la modificación o cesación de las
respectivas medidas, de acuerdo con los informes suministrados por los equipos terapéuticos
responsables del cuidado, tratamiento y rehabilitación de estas personas. Si lo estima conveniente
podrá ordenar las verificaciones de rigor acudiendo a colaboraciones oficiales o privadas.
7. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a
reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal.
8. De la extinción de la sanción penal.
9. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya
sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia.”.
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Actor: Yeison Alfonso Camargo Albarrán
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
“En el caso en estudio, no se discute la legalidad de la privación de la libertad
de JUAN DAVID QUINTERO CARVAJAL, por el contrario, se acepta que
ella obedeció al cumplimiento de la sentencia de condena proferida el 27 de
septiembre de 2013 por el Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali, modificada el 3 de agosto de 2016 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.
Ahora bien, el accionante advirtió que se le está prolongando ilegalmente
del derecho a su libertad, por cuanto al ser capturado el viernes 7 de febrero
de 2019 a las 11:15 de la mañana, no fue puesto a disposición del Juez con
Funciones de Conocimiento que profirió la sentencia, ni ante un Juez con
Función de Control de Garantías, para que en los términos de la sentencia
C-042 de 2018 impartiera legalidad a la privación de la libertad (…).
En el caso en estudio, el Juez 60 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cali, a quien le correspondió por reparto la vigilancia de la
pena de JUAN DAVID QUINTERO CARVAJAL, avocó conocimiento y libró
orden de captura para que se cumpliera la sentencia proferida en su contra.
Capturado el sentenciado el 7 de febrero de 2019 en virtud de la orden dada
por el Juez 6 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, los
funcionarios del CTI pusieron a este ciudadano a disposición del juez
ejecutor, quien (…) efectuó el control de legalidad de la captura.
Encuentra el despacho que el accionante por esta vía excepcional
pretende cuestionar la interpretación adoptada por el juez vigía de la
pena, desconociendo la finalidad otorgada a esta acción
constitucional, que tal como se dijo al inicio de los considerandos de
la presente decisión, no es otra que hacer efectiva la tutela del derecho
a la libertad, sin que sea el espacio propicio para obtener una opinión
diversa a la ya expuesta por el juez natural dentro del proceso.
Como se señaló en líneas anteriores, sólo se habilita la intervención del juez
constitucional de observarse que la decisión cuestionada en sede de habeas
corpus es ilegal, caprichosa o arbitraria, condiciones que no se advierten en
el presente asunto.
En efecto, el Juez 6 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
adquirió la competencia para conocer del asunto en virtud de lo
normado en el artículo 41 de la Ley 906 de 20044, por ello libró orden
de captura y, al ser quien tenía materialmente asignado el expediente
ejerció el control de legalidad al que se refiere el parágrafo 1° del
artículo 298 del C.P.P., en tanto que era quien conocía las incidencias
procesales y podía verificar que la orden de captura fuese librada para
cumplir la sentencia de condena, que ésta se encontrara vigente al
momento de la aprehensión de QUINTERO CARVAJAL y que estuviese
dirigida en contra del mismo ciudadano que fue capturado (…).
Bajo ese entendido, como a JUAN DAVID QUINTERO CARVAJAL no se le
ha quebrantado su derecho a la libertad, pues al ser aprehendido el 7 de
febrero de 2019 a las 11:15 de la mañana, en virtud de orden de captura
proferida por el Juez 6° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Cali, para cumplir con la pena impuesta en sentencia, fue puesto a
disposición del juzgado ejecutor con informe de investigador de campo de 7
de febrero de 2019, suscrito a las 02:00 de la tarde, recibido en el despacho
el 8 de febrero de 2019 a las 10:32 de la mañana (…)5” (negrillas
adicionales).
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 1° de marzo de 2019, expediente
AHP775-2019 no. 54796, MP Eugenio Fernández Carlier.
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Expediente 25000-23-42-000-2026-00268-01
Actor: Yeison Alfonso Camargo Albarrán
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
d) Por su parte, el artículo 34 de la Ley 906 de 2004 dispone que el recurso de
reposición procede contra todas las decisiones dictadas por los jueces penales,
mientras que el artículo 176 del mismo Código Procedimiento Penal preceptúa que es
la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial la competente para
resolver el recurso de apelación presentado en contra de los autos proferidos por los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, así:
“ARTÍCULO 34. De los tribunales superiores de distrito. Las salas
penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen:
1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera
instancia profieran los jueces del circuito y de las sentencias proferidas por
los municipales del mismo distrito.
2. En primera instancia, de las actuaciones que se sigan a los jueces del
circuito, de ejecución de penas y medidas de seguridad, municipales, de
menores, de familia, penales militares, procuradores provinciales,
procuradores grado 1, personeros distritales y municipales cuando actúan
como agentes del Ministerio Público en la actuación penal, y a los fiscales
delegados ante los jueces penales del circuito, municipales o promiscuos,
por los delitos que cometan en ejercicio de sus funciones o por razón de
ellas.
3. De la acción de revisión contra sentencias proferidas por los jueces de
circuito o municipales pertenecientes al mismo distrito, y preclusiones
proferidas en investigaciones por delitos de su competencia.
4. De las solicitudes de cambio de radicación dentro del mismo distrito.
5. De la definición de competencia de los jueces del circuito del mismo
distrito, o municipales de diferentes circuitos.
6. Del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de
ejecución de penas”
ARTÍCULO 176. Recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la
reposición y la apelación.
Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se
sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia
(…).” (negrillas fuera de texto).
e) Ahora bien, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado
que, en los casos en los cuales se solicita la libertad cumplimiento de la pena, se debe
formular la petición de libertad ante el juez competente y agotar los recursos
correspondientes, así:
“25. La acción de habeas corpus tiene por objeto la protección del derecho
a la libertad, cuando:
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Expediente 25000-23-42-000-2026-00268-01
Actor: Yeison Alfonso Camargo Albarrán
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
(i) se priva de ella a un individuo con violación de las garantías
constitucionales o legales, o
(ii) siendo legítima, se prolonga con vulneración de las disposiciones que la
regulan (artículo 30 superior y 1º de la Ley 1095 de 2006).
26. Esa acción constitucional no está concebida para sustituir los
mecanismos previstos al interior del procedimiento penal, que propenden
por la protección de la vigencia del derecho fundamental a la libertad, al
punto que desconocer su existencia, equivaldría a pasar por alto «la
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio», de
conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Carta Política.
27. De manera que, cuando existe un proceso judicial en trámite, el
habeas corpus no puede utilizarse con ninguna de las siguientes
finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro
de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii)
reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación a través
de los cuales deben impugnarse las decisiones que interfieren el
derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial
competente; y iv) obtener una opinión diversa – a manera de instancia
adicional – de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad
de las personas .
28. Igualmente, en los casos en que la privación de la libertad está
respaldada en providencia judicial, las solicitudes de libertad deben
formularse dentro del cauce ordinario respectivo y haciendo uso de los
recursos legales existentes, admitiéndose que sólo en eventos
extraordinarios se justifica la procedibilidad de la acción de habeas
corpus, cuando la actuación judicial constituya una auténtica vía de
hecho y contra la misma no proceda algún recurso.
29. Pues bien, confrontados los lineamientos expuestos con el caso
sometido a consideración, se anticipa que la acción de habeas corpus no
tiene vocación de prosperidad, tal como lo concluyó el a quo.
30. En efecto, ÁLVARO ALFONSO GARCÍA ROMERO reclama su
liberación porque estima que el proceso por el que se encuentra privado de
la libertad ha rebasado los términos que se consideran razonables, pues
supera los 14 años, además que de encontrarse culpable del delito por el
que está siendo procesado en el radicado 33663, al acumularse las penas,
no se debería ordenar ni un solo día adicional de prisión.
31. En ese orden, el punto de discusión no se ubica en el acto que dio origen
a la privación intramuros. Realmente, lo que el interesado debate es el
tiempo que ha tomado el último proceso en su contra (…).
32. De cara a esa pretensión, se destaca que el habeas corpus al
instituirse como medio excepcional no puede desconocer los trámites
dispuestos al interior del proceso en curso, ni el juez constitucional
encargado de resolverlo está habilitado para sustituir a los
funcionarios encomendados del conocimiento de tales
procedimientos, al punto que le está vedado cuestionar situaciones del
resorte exclusivo de la jurisdicción ordinaria.
33. Lo anterior, por cuanto toda solicitud de libertad de quien se encuentra
privado de ese derecho fundamental en virtud de decisión judicial debe ser
elevada ante el juez encargado de resolverla, en este caso la Sala Especial
13
Expediente 25000-23-42-000-2026-00268-01
Actor: Yeison Alfonso Camargo Albarrán
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
de Primera Instancia, de modo que, no le corresponde al juez constitucional,
en sede de habeas corpus, sustituir al ordinario, salvo que agotados los
medios y los recursos legales, se considere que la privación de la libertad
del detenido legalmente se prolonga de manera ilícita (…).
35. Al margen de lo anterior, las solicitudes referidas a la libertad del
procesado deben ser elevadas al interior del proceso penal, como
efectivamente lo realizó la defensa de GARCÍA ROMERO, en asunto que en
primera instancia fue resuelto de manera desfavorable en auto AEP 081-
2024 del 22 de julio de 2024, y que se encuentra pendiente de ser desatado
en sede de apelación. De ahí que el habeas corpus resulta improcedente,
pues se utiliza como una medida paralela en búsqueda de obtener lo pedido
de cualquier manera.
36. Lo expuesto es suficiente para concluir que, en el caso concreto no
procede la acción constitucional invocada y la ineludible consecuencia es la
confirmación del proveído impugnado.”6 (se resalta).
f) De las pruebas allegadas al proceso de la referencia se tiene que el señor Yeison
Alfonso Camargo Albarrán, en sentencia del 25 de enero de 2021 fue condenado por
el Juzgado Veintiséis Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá a la
pena principal de setenta y dos (72) meses de prisión como autor responsable del
delito de violencia intrafamiliar agravada; asimismo, en esa decisión se negaron los
beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria
(índice 9 SAMAI de la primera instancia).
g) El señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán le solicitó al Juzgado Treinta y Tres de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá la libertad por cumplimiento
de la pena, petición que fue negada por aquel en auto del 23 de julio de 2026, decisión
contra la cual presento recurso de apelación y que esta siendo conocido en el efecto
devolutivo por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
h) Sobre esto último, es importante poner de presente que en el expediente de la
referencia no fue aportada la decisión del 23 de julio de 2026 ni el recurso de
apelación; sin embargo, se conoce de su existencia porque tanto la decisión como el
recurso se encuentran relacionados en el sistema de gestión judicial de la Rama
6
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
AHP4243-2024 no. 66899, MP Carlos Roberto Solórzano Garavito.
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Expediente 25000-23-42-000-2026-00268-01
Actor: Yeison Alfonso Camargo Albarrán
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
Judicial7 y, en todo caso, es el propio accionante quien refiere que no se las
decisiones relacionadas con la petición de libertad “fueron oportunamente recurridas
y se encuentran en trámite”8.
j) Lo anterior es de importancia, pues, es el propio accionante quien reconoce que en
providencia dictada por el Juzgado Treinta y Tres de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá se negó la petición de libertad del señor Yeison Alfonso
Camargo Albarrán y, que la misma, se encuentra en discusión a través de los recursos
ordinarios dispuestos para ello en el Código de Procedimiento Penal.
k) Lo anterior conduce, inequívocamente, a concluir que la petición de habeas corpus
es improcedente puesto que, como fue explicado anteriormente, en el marco de la
regulación constitucional y legal, la acción de habeas corpus es un instrumento
especial y excepcional de protección de la libertad individual de las personas pero,
que no puede ser utilizado o aplicado en forma indiscriminada y menos aun cuando el
condenado cuenta con instrumentos judiciales ordinarios idóneos y eficaces de
protección y de defensa para salvaguarda y eficacia del derecho constitucional
fundamental a la libertad.
Sobre esto último, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de la Corte
Suprema de Justicia han precisado, puntualmente, que la acción de habeas corpus
no constituye un recurso ordinario adicional a los preestablecidos por el legislador en
la ley procesal penal, ni una instancia adicional del proceso ni tampoco desplaza los
7
La revisión del sistema de gestión judicial de consulta de procesos de la página de la Rama Judicial
en el aparte de Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, bien sea que se
consulte por los apellidos del condenado o por su cédula de ciudadanía, da cuenta que en el expediente
no. 1001-60-99-069-2020-50610-00 se dictó el 23 de julio de 2026 un auto que niega la libertad por
pena cumplida y contra el cual se interpuso recurso de apelación. El artículo 95 de la Ley 270 de 1996
dispone que “el Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología
de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a
mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la
comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de
información. Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios
técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones. Los
documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y
eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales”, de igual manera el artículo 2, literal
a) de Ley 527 de 1999 define los “mensajes de datos” como “la información generada, enviada,
recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser,
entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el
télex o el telefax”; por su parte, en el literal j) del mismo artículo se establece que por “sistema de
información” se entenderá “todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de
alguna otra forma mensajes de datos”.
8 Fl. 2 del PDF “25” índice 16 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente 25000-23-42-000-2026-00268-01
Actor: Yeison Alfonso Camargo Albarrán
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
medios o instancias ordinarias para reclamar la garantía del derecho a la libertad
individual, por ello resulta improcedente el ejercicio del habeas corpus ante la
existencia y viabilidad de los mecanismos medios ordinarios de protección del derecho
a la libertad personal. En esa directriz resulta de especial ilustración lo expresado por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 7 de junio
de 2007:
“En este caso, el accionante alega que ha existido una prolongación ilícita
de la privación de la libertad, debido a que el Juzgado Doce de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá no le ha resuelto el recurso de
reposición interpuesto contra la providencia mediante la cual se le negó la
detención domiciliaria como padre cabeza de familia; sin embargo, debe
advertirse de una vez que tal pretensión no está llamada a prosperar, toda
vez que a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento,
todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado
deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo
constitucional de Habeas corpus, pues esta acción no está llamada a
sustituir el trámite del proceso penal ordinario.
Al respecto ha sostenido la Corte Suprema de Justicia:
El núcleo del habeas corpus responde a la necesidad de proteger el
derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por
definición de quien tiene la facultad para hacerlo y ante él se dan, por
el legislador diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto,
nadie duda que el habeas corpus está por fuera de este ámbito y
pretender aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas. Su inmediatez,
su perentoriedad, su efecto indiscriminado, al punto que no hay fuero o
especialidad de competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia el
que se le haga actuar en donde no es el radio de su intervención.
No es aceptable la existencia de dos medios judiciales alternativos
para controvertir las decisiones que afectan la libertad y, por ello,
resulta necesario armonizar los instrumentos constitucionales con los
procesales, previstos para la protección del derecho a la libertad. De
ahí que la Sala haya sostenido reiteradamente que el habeas corpus
constituye un mecanismo excepcional y extraprocesal, que no está
llamado a prosperar cuando se cuenta con los recursos legales
ordinarios al interior del proceso mismo.
(...). Resulta indiscutible que al interior del proceso penal se cuenta con la
posibilidad de solicitar la libertad condicional o la sustitución de la pena de
prisión por la prisión domiciliaria, tal como lo ha hecho LUIS FERNANDO
AYALA RODRÍGUEZ ante los jueces de ejecución de penas que vigilan el
cumplimiento de la pena, y si bien es cierto que no ha logrado sacar avante
su propósito, ese sólo hecho no lo faculta para acudir al habeas corpus.
La insistencia del accionante en citar jurisprudencia de la Corte
Constitucional para señalar que los subrogados penales constituyen
derechos del condenado, ello no implica que puedan exigirse a través de la
acción excepcional del habeas corpus, pues tal como lo señaló el a-quo,
dichas solicitudes deben elevarse al interior del proceso y en caso de existir
desacuerdo con la decisión, deben agotarse los recursos ordinarios
previstos para el efecto (…).” (destaca la Sala Unitaria).
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Expediente 25000-23-42-000-2026-00268-01
Actor: Yeison Alfonso Camargo Albarrán
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
l) Por consiguiente, como el señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán presentó una
solicitud de libertad condicional ante el juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad, no puede el juez constitucional decidir sobre la supuesta privación cuando
en estos momentos se está surtiendo el recurso de apelación contra la decisión que
negó la libertad por pena cumplida9; no puede pretenderse válidamente, a través del
mecanismo excepcional de habeas corpus desplazar o sustituir la competencia que
sobre el particular tiene el juez natural, pues, el juez constitucional no está llamado a
invadir esferas que le corresponden al juez penal competente para conocer y dilucidar
el caso en estudio, motivo por el cual la petición resulta improcedente.
m) De otro lado, es pertinente resaltar que, como lo expuso el tribunal de primera
instancia, la acción constitucional de habeas corpus no es el mecanismo para obtener
documentos emitidos por el Establecimiento Carcelario Establecimiento Carcelario y
Penitenciario Metropolitano La Picota de Bogotá ni mucho menos pretender obtener
la libertad por la supuesta falta de envío de dichos documentos ante el juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad.
n) Si el demandante considera que Establecimiento Carcelario y Penitenciario
Metropolitano La Picota de Bogotá no ha remitido al Juzgado Treinta y Tres de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá la totalidad de los documentos
relacionados con la redención de la pena, debe solicitarle a esa autoridad judicial que
requiera al establecimiento carcelario para que los remita; además, en caso de
incumplimiento del requerimiento, la autoridad judicial, de oficio o a solicitud de parte,
puede tomar las medidas correccionales dispuestas para ello en el artículo 143 del
Código de Procedimiento Penal10.
o) Lo anterior cobra mayor importancia, pues, se insiste, corresponde al Juzgado
9 Cuando existe una actuación judicial en trámite, la acción de habeas corpus no puede utilizarse para
i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones
de libertad, ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como
mecanismo legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieran el derecho a la libertad
personal, iii) desplazar al funcionario judicial competente y iv) obtener una opinión diversa de la
autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de la persona. Al respecto se puede consultar,
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, expediente 26.503, sentencia de 27 de noviembre
de 2006.
10 “ARTÍCULO 143. PODERES Y MEDIDAS CORRECCIONALES. El juez, de oficio o a solicitud de
parte, podrá tomar las siguientes medidas correccionales: (…) 4. A quien le falte al debido respeto en
el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, o desobedezca órdenes impartidas por él en el
ejercicio de sus atribuciones legales lo sancionará con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días”.
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Expediente 25000-23-42-000-2026-00268-01
Actor: Yeison Alfonso Camargo Albarrán
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
Treinta y Tres de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá verificar el
cumplimiento de la pena impuesta al señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán y decidir
sobre su eventual libertad por pena cumplida; aspecto que en efecto aquel realizó,
pues, en ejercicio de esa competencia, dicha autoridad examinó la solicitud de
libertad, concluyó que el sentenciado aún no había extinguido la sanción y, en
consecuencia, negó la libertad, decisión contra la cual se interpuso recurso de
apelación, el cual se encuentra pendiente de resolución.
p) Asimismo, la acción constitucional de habeas corpus no constituye el mecanismo
procesal idóneo y pertinente para obtener respuesta a una petición elevada por el
agente oficioso del señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán, pues, tal como lo expuso
el a quo, si el agente oficioso considera que el Establecimiento Carcelario y
Penitenciario Metropolitano La Picota de Bogotá vulneró el derecho fundamental de
petición por no resolver la solicitud presentada, cuenta con la acción de tutela para
obtener la protección del derecho constitucional de petición.
q) Por lo tanto, dada la improcedencia de lo pretendido se impone confirmar la
sentencia de primera instancia que así lo declaró en relación con la petición de libertad
elevada por el agente oficioso del señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán a través
de la acción de habeas corpus.
3) El despacho ordenará que la presente providencia sea notificada de manera
personal al señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán identificado con cédula de
ciudadanía no. 1.013.651.465, quien se encuentra recluido en el Establecimiento
Carcelario y Penitenciario Metropolitano La Picota de Bogotá; asimismo, la decisión
debe ser notificada al agente oficioso en el correo electrónico por aquel informado,
esto es, “ricbel99@yahoo.es”.
En mérito de lo expuesto, a las 3:20 pm de hoy 30 de julio de 2026, el magistrado
Fredy Ibarra Martínez del Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección B, en
Sala Unitaria de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Confírmase la providencia impugnada de 28 de julio de 2026 proferida la Sala
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Expediente 25000-23-42-000-2026-00268-01
Actor: Yeison Alfonso Camargo Albarrán
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
Unitaria de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Magistrado Ponente Carlos Alberto Orlando Jaiquel.
2°) A través de los funcionarios de la Secretaría General del Consejo de Estado,
notifíquese inmediatamente de manera personal esta providencia al señor Yeison
Alfonso Camargo Albarrán, identificado con cédula de ciudadanía no. 1.013.651.465
y quien se encuentra recluido en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario
Metropolitano La Picota de Bogotá, para lo cual deberá entregársele copia integral de
la decisión. Una vez se efectué la notificación de esta providencia, se deberá allegar
en forma inmediata la constancia de notificación al correo institucional de este
despacho judicial “notifibarra@consejodeestado.gov.co” o al correo electrónico de la
secretaría general “secgeneral@consejodeestado.gov.co”.
3°) A través de los funcionarios de la Secretaría General del Consejo de Estado,
notifíquese inmediatamente esta decisión al señor Ricardo Armando Beltrán
Segura, agente oficioso del señor Yeison Alfonso Camargo Albarrán, en el correo
electrónico “ricbel99@yahoo.es”.
4°) Comuníquese esta decisión al Juzgado Treinta y Tres (33) de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá y al Establecimiento Carcelario y Penitenciario
Metropolitano La Picota de Bogotá.
4°) Ejecutoriada esta decisión, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, previas las respectivas constancias de rigor en la Secretaría
General del Consejo de Estado.
NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado ponente
en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
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