Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25001-23-42-000-2014-02609-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25001-23-42-000-2014-02609-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25001-23-42-000-2014-02609-01
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
7 de septiembre de 2018
PROCESO DISCIPLINARIO - Capitán del Ejército Nacional / CONDUCTA - Obrar con negligencia en el manejo de documentación clasificada / COMPETENCIA DEL FALLADOR DISCIPLINARIO - El brigadier general que adelantó el procedimiento sancionatorio se hallaba dentro de la línea de mando respecto de todos los militares responsables del procedimiento administrativo de contratación / ADECUACION DE LA CONDUCTA IMPUTADA - Corresponde a la descripción típica de carácter leve y culposa que se le citó en la acusación / DESCONOCIMIENTO DEL TERMINO PROCESAL - No conlleva por sí solo vulneración sustancial del derecho al debido proceso / PRESUNCION DE LEGALIDAD - No desvirtuada
La inconformidad del demandante radica en que el oficial de alto rango que actuó como investigador disciplinario, esto es, el brigadier general Guillermo Arturo Suárez Ferreira, se atribuyó de manera ilegal la potestad para sancionarlo por la falta leve, en oposición al inciso final del artículo 78 de la Ley 836 de 2003, ya que no era su superior jerárquico, ni estuvo bajo sus órdenes directas, posición que sí tenía respecto del actor el teniente coronel Herrán Villalba, a quien por esta razón le rindió el informe de los acontecimientos que motivaron la investigación. Para la Sala, la aludida falta de competencia del investigador disciplinario no existió. Por consiguiente, no hay motivo para anular de los actos demandados, en consideración a que el brigadier general que adelantó el procedimiento sancionatorio se hallaba dentro de la línea de mando militar de la «JEFATURA DE INGENIEROS» del Ejército Nacional, de la cual era jefe, dependencia que llevaba a cabo el trámite precontractual para la adquisición de las gafas antifragmentación, cuyas fichas técnicas fueron alteradas. La Sala concluye que el oficial general que impuso la sanción disciplinaria demandada actuó dentro del marco de las atribuciones legales, esto es, del artículo 78 (inciso final) de la Ley 836 de 2003 y, más que lo expuesto, garantizaba de mejor manera la aplicación de los principios de transparencia, dirección, economía e imparcialidad en la investigación y sanción de los hechos, amén de que es indiscutible que se hallaba «dentro de la línea de dependencia o mando» respecto de todos los militares responsables del procedimiento administrativo de contratación que resultó problemático. De acuerdo con la ontología de la falta y del deber funcional vulnerado, se infiere que la conducta se enmarcó dentro de régimen de responsabilidad de la culpa y no del dolo, porque quien actúa con aquella, lo hizo por falta de diligencia y cuidado. La conducta irregular imputada al actor tuvo ocurrencia, que constituyó incumplimiento del deber funcional imputado en el pliego de cargos y que corresponde a la descripción típica de carácter leve y culposa que se le citó en la misma acusación. En fin, el intento del demandante por demostrar su inocencia resultó inferior a la contundencia de las pruebas que evidencian lo contrario. Frente a la mora en resolver el recurso de reposición (7 meses), por ejemplo, la entidad disciplinaria no podía abstenerse de adoptar una decisión de fondo con fundamento en la actuación cumplida hasta el momento, si aparecían cumplidos los supuestos de hecho y de derecho, como en efecto lo estaban, esto es, la de confirmar la sanción de represión simple y no la de archivar las diligencias, so pretexto de que estaba vencido el plazo para decidir, como erradamente lo pretende el actor. Con la anterior postura no se autoriza el desconocimiento de los términos legales por parte de las autoridades, pero es claro que el Estado no puede renunciar a su potestad disciplinaria por la simple violación formal de ellos si la acción disciplinaria no estaba prescrita, como ocurre en este caso.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION “B”
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUETER
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 25001-23-42-000-2014-02609-01(3594-15)
Actor: JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURTH
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. TEMA: SANCIÓN DISCIPLINARIA DE REPRESIÓN SIMPLE. ACTUACION: DECIDE APELACIÓN DE SENTENCIA- LEY 1437 DE 2011.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 12 de junio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 2 a 28). El señor Julián Andrés Arango Betancourth, mediante apoderado, acude ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación- Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declaren nulos: i) la decisión administrativa de 15 de julio de 2013, expedida por el jefe de ingenieros militares del Ejército Nacional con sede en Bogotá, D. C., a través de la cual sancionó disciplinariamente al demandante con represión simple; y ii) el acto administrativo de 24 de febrero de 2014, con el que el mismo funcionario confirmó la decisión anterior al resolver el recurso de reposición.
A título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a las entidades públicas a las que se comunicó la sanción que eliminen de sus registros las anotaciones del respectivo antecedente disciplinario y se condenen en costas a la institución militar.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que se inició la indagación preliminar en su contra por la supuesta alteración y publicación de una ficha técnica en la página web oficial el 18 de mayo de 2012, que contenía las especificaciones técnicas para la compra directa de gafas antifragmentación para militares del grupo de desminado del Ejército Nacional, adquisición a cargo de la jefatura de ingenieros.
Que el acto de apertura de indagación se aclaró un mes después de expedido, actuación que solo se podía llevar a cabo dentro del término de ejecutoria, de acuerdo con el artículo 311 del Código General del Proceso.
Que en la decisión de apertura de investigación no se precisó la tipificación de la falta atribuida a él, si se tienen en cuenta las 60 conductas relacionadas como infracciones leves en el artículo 60 de la Ley 836 de 2003; tampoco hubo un procedimiento adecuado para sancionar, ni la determinación de los tres elementos de la falta disciplinaria, con lo cual se violó el debido proceso.
Que hubo dos decisiones de apertura de investigación de diferentes fechas y fueron contradictorias, sin que se haya notificado la de 5 de diciembre de 2012 al defensor, en la que sí se determinaba el procedimiento idóneo y la tipificación de la conducta como leve, de acuerdo con el artículo 60 (numeral 40) de la Ley 836 de 2003, esto es, por «Obrar con negligencia o descuido en el manejo de la información clasificada o de uso exclusivo de la institución», pero no se justificó cómo se materializó la conducta o descuido. La información al respecto solo la pudo conocer el apoderado cuando fue enviada en medio magnético al Tribunal con ocasión de una acción de tutela.
Que no existió prueba o indicio de la culpabilidad atribuida al señor Arango. La clave de acceso al computador donde se elaboró a la ficha técnica de las gafas antifragmentación fue compartida con militares, por eso la responsabilidad no era de una sola persona, sin embargo, se le endilgó solo al accionante.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos administrativos, los artículos 6, 29, 228 y 230 de la Constitución Política; 2, 4, 72, 74, 78, 102, 105, 115, 128, 153, 160, 161 y 173 de la Ley 836 de 2003; 26 de la Ley 80 de 1993; y 12 y 13 de la Resolución 3312 de 2008 (manual de contratación del Ministerio de Defensa Nacional).
Con el propósito de desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos acusados, formula en la demanda los cargos de falsa motivación y desviación de poder.
Respecto del primer cargo, aduce que se tuvo al actor como único culpable de la alteración de la mencionada ficha, pese a que fue elaborada por un grupo multidisciplinario de militares de la institución, y sin prueba de su responsabilidad. Que el acto de apertura de investigación de 28 de noviembre (no cita año) fue incongruente por su falta de claridad y precisión entre los fundamentos y lo decidido, hecho que violó el debido proceso.
Que como investigador disciplinario debió actuar su inmediato superior, o sea, el teniente coronel José Reynel Herrán Villalba, de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 836 de 2003, según el cual la competencia para sancionar las faltas leves la tiene «El Oficial que sea superior jerárquico inmediato a cuyas órdenes directas se encuentre el infractor dentro de la línea de dependencia o mando».
Dice que tampoco se demostró la condición de documentación clasificada ni de uso exclusivo de la entidad. Que como no existió prueba de la comisión de la falta ni la tipicidad de la conducta, debió terminarse la investigación, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 115 de la Ley 836 de 2003.
Agrega que se configuró desviación de poder, porque solo se perseguía sancionarlo por una alteración documental que no existió, ya que no se demostró la supuesta negligencia y descuido por los que fue sancionado.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 43 a 48). El Ministerio de Defensa Nacional, mediante apoderada, se opuso a las súplicas de la demanda. Arguye que la actuación disciplinaria se desarrolló con sujeción a la Ley 836 de 2003 y se respetó el debido proceso. Asegura que la imputación de cargos fue clara, en la que se precisó la conducta constitutiva de falta disciplinaria, es decir, la tipicidad en la norma; que el actor contó en todo momento con la defensa técnica de su apoderado, quien controvirtió las pruebas; se hizo una apreciación integral de ellas y referencia a todos los planteamientos de la defensa. Se probó la ocurrencia de los hechos.
1.6 La providencia apelada (ff. 195 a 246). El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), en sentencia de 12 de junio de 2015, negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de condenar en costas al accionante.
Para arribar a esta decisión expuso: i) en cuanto a la competencia disciplinaria, adujo que como la falta que motivó la sanción es leve, la facultad para investigar y sancionar a un oficial del Ejército Nacional la tiene el superior jerárquico inmediato; en este caso, recaía en el brigadier general respecto de los grados de teniente coronel y capitán, de acuerdo con los artículos 74 y siguientes de la Ley 836 de 2003, en consonancia con el artículo 1º de la Ley 1405 de 2010, que establece la jerarquía de los grados militares. De suerte que el brigadier general Guillermo Arturo Suárez Ferrería (jefe de ingenieros militares) sí tenía atribuciones legales para sancionar al demandante como capitán, tal como lo hizo. Ahora, el teniente coronel José Reynel Herrán Villalba, como superior (en la gestión precontractual), no podía actuar como investigador del señor Arango, por cuanto fue nombrado gerente del proyecto destinado a la adquisición de las gafas antifragmentación dentro del cual se alteró y publicó la respectiva ficha técnica, y por ello, en virtud de los principios de imparcialidad e independencia, no podía fungir como investigador e investigado a la vez; ii) respecto del procedimiento administrativo aplicado, sostiene que no es cierto que la administración haya iniciado la investigación disciplinaria por el modo ordinario dispuesto para las faltas graves y gravísimas y que después lo haya cambiado al abreviado; para tal fin, hace un recuento de las actuaciones administrativas y concluye que estas se llevaron a cabo, previo agotamiento de cada una de las etapas, por el procedimiento disciplinario abreviado regulado por la Ley 836 de 2003 (artículo 173), normativa que se ocupa del régimen disciplinario de las fuerzas militares. Que no es verdad que se hayan proferido dos autos de apertura de investigación disciplinaria, pues lo fue únicamente el de 5 de diciembre de 2012, a través del cual se cumplió lo ordenado en el artículo 173 de la mencionada Ley. Agrega que ni en la etapa de indagación preliminar ni en la del procedimiento abreviado se comprobó alguna de las causales previstas en el artículo 115 de la Ley 836 de 2003 para ordenar la terminación de la actuación disciplinaria; iii) sobre la falsa motivación aduce que el demandante no fue investigado y sancionado como autor o responsable de haber alterado la ficha técnica para la adquisición de gafas antifragmentación, sino por falta de diligencia en las funciones que le fueron encomendadas dentro del mencionado procedimiento de contratación, por consiguiente, la tipificación de la conducta fue adecuada. Añade que el actor corroboró personalmente el hecho de la alteración de las especificaciones de la ficha técnica, de modo que no se trata de un hecho inexistente como lo aduce, quien además, ante uno de sus superiores (el teniente coronel Herrán Villalba) manifestó: «posiblemente me habían manipulado la información de mi computador» (f. 235), equipo de trabajo que estaba bajo su cuidado y responsabilidad al que solo podía acceder con su clave personal; y v) en lo concerniente a la apreciación de las pruebas, afirma que la institución militar, en el acto sancionatorio de 15 de julio de 2013, hizo un análisis crítico de cada una de ellas y de los argumentos expuestos por la defensa en los descargos y en los alegatos de conclusión.
1.7 El recurso de apelación (ff. 248 a 260). El apoderado del actor solicita que se revoque el fallo del Tribunal y se acceda a las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones: (i) insiste en la falta de competencia del investigador disciplinario; dice que el oficial de alto rango que actuó como tal, el brigadier general Guillermo Arturo Suárez Ferreira, se atribuyó de manera ilegal la potestad para sancionarlo por la falta leve, pese a que no era su superior jerárquico inmediato, ni estuvo bajo sus órdenes directas, posición que sí tenía respecto del actor el teniente coronel José Reynel Herrán Villalba, a quien por esta razón le rindió el informe de los acontecimientos que motivaron la investigación, hecho que el Tribunal desconoció basado en una supuesta competencia general, en oposición al inciso final del artículo 78 de la Ley 836 de 2003, según el cual para sancionar las faltas leves es competente «El Oficial que sea superior jerárquico inmediato a cuyas órdenes directas se encuentre el infractor dentro de la línea de dependencia o mando»; (ii) no se imputó responsabilidad disciplinaria al demandante a ningún título, es decir, ni a modo de dolo ni de culpa, sin embargo, esto no fue objeto de reparo por el a quo; tampoco lo fue el errado procedimiento aplicado para investigar y sancionar la falta leve, ni el desconocimiento de los términos procesales que se prueba con el hecho de que las pruebas no se practicaron dentro de los 3 días, ni la decisión se profirió al vencimiento del término probatorio, ni el recurso se resolvió dentro de los 2 días siguientes a su formulación; (iii) hubo duplicidad del procedimiento investigativo (ordinario y abreviado); el que debía aplicarse era el simplificado por tratarse de una falta leve, pero no se no se hizo y prueba de ello es que se corrió traslado para alegatos de conclusión y la decisión de sanción se profirió con retraso de más de año, lo que pone en evidencia que se inobservó el procedimiento abreviado de la Ley 836 de 2003, en el que no se exige indagación preliminar ni acto de apertura de investigación disciplinaria, en vista de que los términos legales son cortos y expeditos; (iv) no se indicaron las normas supuestamente infringidas en el mencionado acto de apertura, como lo ordena el artículo 173 de la Ley 836 de 2003; (v) ningún reparo hizo el Tribunal sobre la responsabilidad compartida de las personas designadas en la Resolución 168 de 17 de mayo de 2012, por la cual se integró el comité técnico estructurador del procedimiento de contratación de las gafas antifragmentación; y (vi) se desconocieron las previsiones de la Ley 1621 de 2013 y el Decreto 857 de 2014 al momento de examinar si de acuerdo con el manual de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares los documentos del procedimiento precontractual y contractual «son clasificados o de uso exclusivo de la institución», sino que se hizo una simple apreciación e interpretación subjetiva del fallador de primera instancia, lo cual desconoció el deber del juez de emitir fallos con fundamento en las leyes aplicables al caso y, por último, no se justificó ni demostró cuál fue la negligencia y descuido en que incurrió el demandante para que fuera sancionado.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 21 de agosto de 2015 y admitido por esta Corporación a través de auto de 21 de enero de 2016, en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación, se continuó el trámite regular del proceso, para cuyo efecto se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 30 de junio de 2017, con el propósito de que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad que solo fue aprovechada por la parte actora para insistir en los motivos que adujo en la apelación de la sentencia (ff. 282 a 284).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Actos acusados.
3.2.1 Decisión administrativa de 15 de julio de 2013, expedida por el jefe de ingenieros militares del Ejército Nacional con sede en Bogotá, D. C., a través de la cual sancionó disciplinariamente al demandante con represión simple.
3.2.2 Acto administrativo de 24 de febrero de 2014, con el que el mismo funcionario confirmó la decisión anterior al resolver el recurso de reposición.
3.3 Problema jurídico. La Sala debe resolver si la sentencia apelada fue ajustada a derecho, en cuanto negó las pretensiones de la demanda. Para tal fin, examinará si el investigador disciplinario carecía de competencia para expedir los actos acusados, si se inobservó el debido proceso por desconocimiento de los términos procesales y si la conducta era atípica, según las inconformidades planteadas por el actor en la apelación de la providencia.
3.4 Marco normativo -régimen disciplinario de la Policía Nacional. En virtud de las funciones específicas que cumplen los miembros de la fuerza pública (fuerzas militares y Policía Nacional), el constituyente en los artículos 217 (inciso tercero) y 218 (inciso segundo) de la Constitución Política, facultó al legislador para determinar los regímenes disciplinarios especiales de tales servidores.
Como resultado de las facultades extraordinarias concedidas al ejecutivo por la Ley 587 de 2000, se profirió el Decreto 1797 de 14 de septiembre de 2000, «Por el cual se expide el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares».
El anterior reglamento fue derogado por la Ley 836 de 16 de julio de 2003, «Por la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares», en cuyo artículo 15 preceptuaba: «Las disposiciones de este reglamento se aplicarán al personal de oficiales, suboficiales y soldados, en servicio activo, de las Fuerzas Militares»; el artículo 198 preveía que «Para lo no previsto en el presente ordenamiento deberá remitirse a la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html" \l "1" 734 de 2002, Código Disciplinario Único. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren con auto de cargos continuarán su trámite hasta el fallo definitivo de conformidad con el procedimiento anterior».
Por último, se expidió la Ley 1862 de 4 de agosto de 2017, «Por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario», que derogó expresamente la anterior.
El asunto que ahora la ocupa la atención de la Sala fue resuelto en sede administrativa bajo las previsiones de la Ley 836 de 16 de julio de 2003, vigente para la época de los hechos y de la investigación disciplinaria.
3.5 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación con los problemas jurídicos derivados de las causales de nulidad invocadas en la apelación de la sentencia de primera instancia:
i) El demandante, señor Julián Andrés Arango Betancourth, al momento de los hechos investigados (en 2012), se desempeñaba como capitán del Ejército Nacional, adscrito a la jefatura de ingenieros militares, con sede en Bogotá, D. C., según el extracto de hoja de vida visible en los folios 120 a 127 del expediente principal.
ii) Como capitán de la institución militar, el actor hizo parte del comité técnico estructurador del proyecto «Para el proceso de contratación directa Nº 284 de 2012, cuyo objeto es: ADQUISICIÓN GAFAS ANTIFRAMENTACIÓN», integrado por Resolución 168 de 17 de mayo de 2012 de la jefatura de ingenieros militares, dirección administrativa de ingenieros (ff. 89 a 95, c. ppal).
iii) Rotulado como documento «RESERVADO», obra en el expediente copia de la «FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN GAFAS ANTIFRAMENTACIÓN» de 1º de enero de 2012, en la cual se consignan las especificaciones para la compra de dichos elementos, elaborada por integrantes del comité técnico de la jefatura de ingenieros dispuesto para tal fin, entre ellos el actor (ff. 99 a 122, c. ppal).
iv) El 24 de mayo de 2012, el accionante, como integrante del citado comité, presentó un «Informe situación ficha Técnica Gafas anti- fragmentación» al teniente coronel José Reynel Herrán Villalba, en el que expresó «[…] me puse a comparar la carpeta [del computador] de las fichas técnicas que estaban firmadas con la carpeta de las fichas que se pasaron para la primera revisión al señor CR Becerra y efectivamente las especificaciones técnicas estaban cambiadas de la ficha técnica […] le manifesté que me sentía asombrado por lo que había sucedido que posiblemente me había manipulado la información […] efectivamente se encontraba modificada (sic) las especificaciones técnicas de la Ficha técnica en Mención (sic) […] le manifesté que posiblemente me habían manipulado la información de mi computador» (ff. 3 y 4 c. 3).
iii) Obra en cuaderno anexo 3, copia del expediente disciplinario.
A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver los cargos planteados en la apelación de la sentencia.
3.6 Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la Constitución Política, 4 de la Ley 836 de 2003 y 6 de la Ley 734 de 2002 consagran la garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de obligatorio acatamiento por parte de los operadores disciplinarios, en cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia una violación del debido proceso. Según la jurisprudencia constitucional, «[…] en el ámbito de la potestad disciplinaria tienen aplicación, los principios que dominan la actividad sancionadora del Estado, “cuáles son los de legalidad, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, responsabilidad, proporcionalidad”.»
3.6.1 Solución a los problemas jurídicos. La Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las súplicas de la demanda, por las siguientes razones:
3.6.1.1 El investigador disciplinario tenía plena competencia para actuar. Para Corte Constitucional «La competencia, que ha sido definida como el grado o la medida de la jurisdicción, tiene por finalidad delimitar el campo de acción, función o actividad que corresponde ejercer a una determinada entidad o autoridad pública, haciendo efectivo de esta manera el principio de seguridad jurídica (...) La competencia es parte esencial del debido proceso y presupuesto de validez de los actos que se profieren, pues si una autoridad expide un acto sin tener facultades para hacerlo, éste es nulo. En materia disciplinaria, que es el tema que se regula en las normas acusadas, también rige el principio del juez natural, esto es, aquél a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto (...) De conformidad con estos preceptos, la competencia debe ser constitucional o legal; preexistente, es decir, anterior al hecho que motiva la actuación o proceso correspondiente, y explícita»
En el caso del Ejército Nacional la atribución legal para investigar y sancionar las faltas disciplinarias se hallaba regulada en su momento por la Ley 836 de 2003 en cuyo artículo 78, cuando de faltas leves se trataba, disponía: «Tercer Grado: Para sancionar por faltas leves. El Oficial que sea superior jerárquico inmediato a cuyas órdenes directas se encuentre el infractor dentro de la línea de dependencia o mando. También tendrá esta atribución el suboficial que se desempeñe como comandante de pelotón».
El artículo 92 de la misma Ley preceptuaba: «El funcionario subalterno según el factor funcional, no podrá proponer colisión de competencias al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel de plano, resolverá lo procedente», en tanto que en el artículo 101 se refería al principio de jerarquía, según el cual «Nadie podrá investigar o sancionar a un superior o a otro más antiguo».
Ahora, el procedimiento (aplicado al actor) para investigar y sancionar las faltas leves estaba consagrado en el artículo 73 de la mencionada Ley 836, así:
PROCEDIMIENTO ABREVIADO.-La investigación y sanción de faltas leves, así como aquellas en que el presunto infractor sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta serán adelantados por el procedimiento abreviado indicado a continuación: cuando el superior con atribuciones disciplinarias tenga motivos para considerar que posiblemente se ha incurrido en una falta disciplinaria leve que requiere sanción para encauzar la disciplina militar o haya sorprendido en flagrancia al presunto infractor, procederá a requerir por escrito un informe del presunto responsable, sobre los hechos respectivos indicándole las normas presuntamente infringidas le hará saber los derechos que le asisten y le impondrá un plazo máximo de dos (2) días para que rinda por escrito los descargos respectivos. Contra el requerimiento no procede recurso alguno. Recibida la respuesta al requerimiento se procederá, mediante auto a resolver sobre las pruebas solicitadas o se decretarán las que de oficio se consideren necesarias.
La notificación de este auto se hará personalmente y contra él sólo procederá el recurso de reposición que se interpondrá y resolverá inmediatamente. Las pruebas se practicarán dentro de un plazo improrrogable de tres (3) días, vencido este término se emitirá el fallo motivado y en forma escrita, la notificación se hará según las disposiciones de este reglamento. Contra el fallo proferido sólo procederá el recurso de reposición que se interpondrá y sustentará en la notificación o por escrito dentro de los dos (2) días siguientes y se resolverá en un plazo máximo de dos (2) días.
Con lo actuado se conformará el expediente disciplinario.
PARÁGRAFO 1o. Cuando se trate de faltas gravísimas o graves, el informe a que se refiere el inciso primero de este artículo se tendrá como auto de cargos para todos los efectos de evaluación y clasificación.
PARÁGRAFO 2o. En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.
El demandante, como capitán del Ejército Nacional, fue sancionado a través de los actos acusados con represión simple, por haber incurrido en la falta leve, descrita en el artículo 60 (numeral 40) de la Ley 836, consistente en «Obrar con negligencia o descuido en el manejo de documentación clasificada o de uso exclusivo de la Institución» (f. 17, c. 2 de pruebas), en concreto por «[…] la negligencia y descuido en el manejo de la documentación que se encontraba bajo su cuidado y custodia, documentación relacionada con las fichas técnicas elaboradas dentro del proceso de destinado a la adquisición de GAFAS ANTIFRAGMENTACIÓN» (f. 17, c. 2 de pruebas), «[…] mas no por la alteración y modificación [irregular] de la ficha técnica» (f. 21, ibidem), y porque «[…] como consecuencia de dicha conducta la administración tuvo que elaborar otra resolución para llevarse a cabo nuevos nombramientos dentro del proceso para la adquisición de Gagas Antifragmentación» (f. 25 ).
Lo anterior, en virtud de que, según se demostró en la investigación disciplinaria, «[…] se puede evidenciar la alteración de la ficha técnica, en cuanto a las especificaciones técnicas, datos referentes a las mediciones necesarias para el elemento gafas anti- fragmentación, toda vez que no eran las que el comité técnico había determinado» (f.13, c. 2 de pruebas ). El hecho fue reconocido por el mismo demandante como «Integrante Comité estructurador» en informe escrito que dirigió el 24 de mayo de 2012 al teniente coronel José Reynel Herrán Villalba en el que manifestó «[…] me puse a comparar la carpeta [del computador] de las fichas técnicas que estaban firmadas con la carpeta de las fichas que se pasaron para la primera revisión al señor CR Becerra y efectivamente las especificaciones técnicas estaban cambiadas de la ficha técnica […] posiblemente me habían manipulado la información de mi computador» (ff. 3 y 4 c. 3).
En lo que atañe a la competencia, la inconformidad del demandante radica en que el oficial de alto rango que actuó como investigador disciplinario, esto es, el brigadier general Guillermo Arturo Suárez Ferreira, se atribuyó de manera ilegal la potestad para sancionarlo por la falta leve, en oposición al inciso final del artículo 78 de la Ley 836 de 2003, ya que no era su superior jerárquico, ni estuvo bajo sus órdenes directas, posición que sí tenía respecto del actor el teniente coronel José Reynel Herrán Villalba, a quien por esta razón le rindió el informe de los acontecimientos que motivaron la investigación.
Para la Sala, la aludida falta de competencia del investigador disciplinario no existió. Por consiguiente, no hay motivo para anular de los actos demandados, en consideración a que el brigadier general que adelantó el procedimiento sancionatorio se hallaba dentro de la línea de mando militar de la «JEFATURA DE INGENIEROS» del Ejército Nacional, de la cual era jefe, dependencia que llevaba a cabo el trámite precontractual para la adquisición de las gafas antifragmentación, cuyas fichas técnicas fueron alteradas.
La estructura funcional referida se constata, entre otros documentos, con la Resolución 168 de 17 de mayo de 2017, expedida por la citada jefatura, a través de la cual se nombró como gerente del proyecto para la adquisición de esos elementos al señor José Reynel Herrán Villalba (teniente coronel) y como uno de los integrantes del respectivo comité técnico al hoy demandante (capitán). Así, el brigadier general era el superior jerárquico común de estos dos militares, razón por la cual tenía plenas atribuciones disciplinarias para actuar, como lo hizo, en atención a que si bien el mencionado teniente coronel era el más inmediato superior del actor, resulta claro que también podía tener responsabilidad disciplinaria en los hechos investigados, en virtud de que era el gerente del proyecto de contratación sobre el que recayó la alteración de los documentos y prueba de esto es que puso en conocimiento de su superior, del brigadier general Suárez Ferreira, las irregularidades halladas, mediante comunicación de 14 de mayo de 2012. El mismo accionante reconoce que existía responsabilidad compartida y censura precisamente que el Tribunal no hizo ningún reparó sobre las demás personas comprometidas que habían sido designadas en la Resolución 168 de 17 de mayo de 2012 como integrantes del comité técnico estructurador del proceso de contratación de las gafas antifragmentación, entre los que se encontraba el señor José Reynel Herrán Villalba (teniente coronel), superior jerárquico inmediato del demandante, en ese entonces.
Con fundamento en los supuestos fácticos y jurídicos narrados, la Sala concluye que el oficial general que impuso la sanción disciplinaria demandada actuó dentro del marco de las atribuciones legales, esto es, del artículo 78 (inciso final) de la Ley 836 de 2003 y, más que lo expuesto, garantizaba de mejor manera la aplicación de los principios de transparencia, dirección, economía e imparcialidad en la investigación y sanción de los hechos, amén de que es indiscutible que se hallaba «dentro de la línea de dependencia o mando» respecto de todos los militares responsables del procedimiento administrativo de contratación que resultó problemático.
Cabe mencionar que, en todo caso, como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, dentro de la relación jerárquica-funcional en que se desarrolla generalmente la función pública, lo tradicional es que quien ejerce el control en la correcta prestación del servicio, pueda adoptar las medidas sancionatorias correspondientes derivadas del incumplimiento de las funciones, deberes y obligaciones que orientan el comportamiento disciplinario de su personal. Lo anterior, claro está, siempre que se colmen las exigencias fundamentales del debido proceso y del derecho de defensa.
Según la Corte Constitucional, «Esa atribución del control disciplinario interno a los superiores jerárquicos resulta ser más la regla que la excepción en el derecho comparado, y ello se ha considerado como un elemento de la naturaleza misma de la función administrativa, en la medida que permite que quien tiene a su cargo la responsabilidad por el ejercicio de una función pública, cuente con instrumentos de control que le permitan asegurar que los empleados al servicio de la respectiva entidad se sujeten a las pautas de conducta que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de su objeto».
Por último, destaca la Sala que la aludida falta de competencia no fue objeto de reclamación por el demandante en sede administrativa, pese a que bien pudo haberla opuesto como causal de nulidad, en todo caso, antes de que se profiriera decisión definitiva, al tenor de lo previsto en los artículos 160 y 163 de la Ley 836 de 2003.
De acuerdo con lo expuesto, el cargo de falta de competencia funcional del investigador disciplinario no está llamado a prosperar.
3.6.1.2 En el pliego de cargos se tipificó adecuadamente la conducta imputada y el régimen de responsabilidad (culpa). En este acápite la Sala resolverá de manera conjunta los cargos relacionados con la (i) falta de determinación del régimen de responsabilidad (dolo o culpa) en el pliego de cargos, (ii) ausencia de citación de las normas que contenían el deber funcional vulnerado y (iii) falta de prueba para sancionar, formulados en la apelación de la sentencia.
En lo atiente al régimen de responsabilidad, recuerda la Sala que la derogada Ley 836 de 2003, aplicable al demandante, preceptuaba: «ARTÍCULO 7o. CULPABILIDAD. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».
De acuerdo con la configuración normativa, le corresponde al funcionario investigador en cada caso, según se haya manifestado la voluntad del investigado en la comisión de la falta, determinar si este actuó de manera culposa o dolosa, en consonancia con la naturaleza de la conducta, claro está.
En tal sentido, la Corte Constitucional también ha sostenido que «La determinación de si un comportamiento puede ser ejecutado a título de dolo o culpa depende de la naturaleza misma del comportamiento. En otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales. De allí que sea la propia ontología de la falta la que determina si la acción puede ser cometida a título de dolo o de culpa o, lo que es lo mismo, que la estructura de la conducta sancionada defina las modalidades de la acción que son admisibles».
En presente el caso destaca esta Corporación que el hecho que dio lugar a la investigación y posterior sanción del actor no fue por hallarlo responsable de la adulteración de la ficha técnica que contenía las especificaciones de las gafas antifragmentación que el Ejército Nacional pretendía adquirir, en cuyo procedimiento participaba, sino que, como lo señaló la entidad, «[…] al oficial ARANGO se le formuló un juicio de reproche con ocasión al (sic) obrar con negligencia y descuido [en el manejo] de la documentación que estaba a su cargo»( f. 49 , c. 2), relacionada con el mencionado trámite de contratación.
Y no hay razón para desconocer la responsabilidad del accionante, por cuanto, se insiste, el hecho fue reconocido por él mismo como «Integrante Comité estructurador» en el informe escrito que rindió el 24 de mayo de 2012 al teniente coronel José Reynel Herrán Villalba(gerente del proyecto de adquisición de los equipos) en el que expresó «[…] me puse a comparar la carpeta [del computador] de las fichas técnicas que estaban firmadas con la carpeta de las fichas que se pasaron para la primera revisión al señor CR Becerra y efectivamente las especificaciones técnicas estaban cambiadas de la ficha técnica […] posiblemente me habían manipulado la información de mi computador» (ff. 3 y 4 c. 3), dispositivo de trabajo que estaba bajo su cuidado y responsabilidad al que solo él podía acceder con su usuario y clave personal, respecto de la cual, en la versión libre, declaró «Mi Coronel Herrán nunca me manifestó que no entregara las claves del computador y de los documentos.[…] Yo sí entregué la clave del computador y de los documentos partiendo del principio de la buena fe» (f. 96, c.3). De modo que la existencia de la falta y la responsabilidad disciplinaria del señor Arango Betancourth son incuestionables, como se demostró en la actuación disciplinaria y se consignó en los actos acusados.
Por otra parte, la tipicidad fue determinada en los cargos. Contrario a lo que aduce el apelante, en el sentido de que en el pliego de acusaciones no se le indicó si la conducta atribuida era culposa o dolosa, ni que se le hubieran citado las normas supuestamente infringidas, como lo exigía el artículo 173 de la Ley 836 de 2003, al revisar el expediente administrativo encuentra esta Sala que en el acto de apertura de investigación disciplinaria de 5 de diciembre de 2012, según lo previsto en la citada normativa, la institución militar, después de una breve fundamentación sobre la existencia de los hechos investigados, imputó cargo al demandante por falta leve y le citó como norma presuntamente trasgredida el artículo 60 (numeral 40) de la Ley 836 de 2003 por «Obrar con negligencia o descuido en el manejo de documentación clasificada o de uso exclusivo de la Institución».
De acuerdo con la ontología de la falta y del deber funcional vulnerado, se infiere que la conducta se enmarcó dentro de régimen de responsabilidad de la culpa y no del dolo, porque quien actúa con aquella, lo hizo por falta de diligencia y cuidado.
Lo anterior, pese a que el artículo 173 de la Ley 836 de 2003 (cuyo incumplimiento censura el actor) no estipulaba que para la investigación de las faltas leves por el procedimiento abreviado debía mencionarse expresamente si la conducta era dolosa o culposa, ya que la disposición solo se refería a que «[…] cuando el superior con atribuciones disciplinarias tenga motivos para considerar que posiblemente se ha incurrido en una falta disciplinaria leve que requiere sanción para encauzar la disciplina militar o haya sorprendido en flagrancia al presunto infractor, procederá a requerir por escrito un informe del presunto responsable, sobre los hechos respectivos indicándole las normas presuntamente infringidas le hará saber los derechos que le asisten y le impondrá un plazo máximo de dos (2) días para que rinda por escrito los descargos respectivos. Contra el requerimiento no procede recurso alguno. Recibida la respuesta al requerimiento se procederá, mediante auto a resolver sobre las pruebas solicitadas o se decretarán las que de oficio se consideren necesarias» (se destaca).
Como se trataba de una falta de carácter leve, no tenía cabida en este caso la imputación dolosa de la conducta, si se tiene en cuenta que la culpa se caracteriza, en general, por el descuido o falta de diligencia en el comportamiento, de acuerdo con los alcances consagrados en el artículo 63 del Código Civil.
Respecto de la existencia de prueba para sancionar, además de las relacionadas en el capítulo de hechos de esta providencia, verifica la Sala que en los actos administrativos cuestionados el órgano disciplinario hizo un análisis general e integral de las piezas procesales y de las pruebas recaudadas, así como explicó y justificó ampliamente su decisión, y el hecho de que el actor esté en desacuerdo con tal razonamiento, no implica que haya incurrido en expedición irregular, o violación de los derechos de contradicción, defensa y debido proceso, que no existieran elementos probatorios suficientes para sancionar o ausencia de valoración en conjunto de los mismos.
También reprocha el demandante que el Tribunal desconoció las previsiones de la Ley 1621 de 2013 y el Decreto 857 de 2014 al momento de examinar si los documentos del procedimiento precontractual y contractual en cuestión «son clasificados o de uso exclusivo de la institución», y que no se justificó, ni demostró cuál fue la negligencia y descuido en que incurrió el demandante para que fuera sancionado.
Al respecto advierte esta Colegiatura que ninguna de las disposiciones antes mencionadas fueron citadas en la demanda como vulneradas por los actos acusados; no obstante, se puede verificar que a la «FICHA TÉCNICA GAFAS ANTIFRAGMENTACIÓN» debía dársele tratamiento «RESERVADO», por cuanto así aparece rotulado el mismo documento y no le corresponde a esta instancia cuestionarlo, amén de que resulta claro que debido a la negligencia del actor en el manejo del equipo, donde se guardaba y preparaba la información para la compra de las citas gafas, fue alterada por falta de cuidado imputable al señor Arango, como él mismo lo reconoció ante uno de sus superiores (f. 3 y 4 , c. 3), lo que dio lugar a que finalmente se perdiera ese trabajo (tiempo y recursos) y «[…] como consecuencia de dicha conducta la administración tuvo que elaborar otra resolución para llevarse a cabo nuevos nombramientos dentro del proceso para la adquisición de Gafas Antifragmentación» (f. 25 ).
Todo lo anterior pone en evidencia que la conducta irregular imputada al actor tuvo ocurrencia, que constituyó incumplimiento del deber funcional imputado en el pliego de cargos y que corresponde a la descripción típica de carácter leve y culposa que se le citó en la misma acusación. En fin, el intento del demandante por demostrar su inocencia resultó inferior a la contundencia de las pruebas que evidencian lo contrario
Ahora bien, congruente con el pliego de cargos, después de agotar la etapa investigativa, la de pruebas y de haber dado la oportunidad de escucharlo en alegatos de conclusión, el demandante, como capitán del Ejército Nacional, fue sancionado a través de los actos acusados con represión simple, por haber incurrido en la falta leve, descrita en el artículo 60 (numeral 40) de la Ley 836, consistente en «Obrar con negligencia o descuido en el manejo de documentación clasificada o de uso exclusivo de la Institución» (f. 17, c. 2 de pruebas), en concreto por «[…] la negligencia y descuido en el manejo de la documentación que se encontraba bajo su cuidado y custodia, documentación relacionada con las fichas técnicas elaboradas dentro del proceso de destinado a la adquisición de GAFAS ANTIFRAGMENTACIÓN» (f. 17, c. 2 de pruebas), «[…] mas no por la alteración y modificación [irregular] de la ficha técnica» (f. 21, ibidem), y porque «[…] como consecuencia de dicha conducta la administración tuvo que elaborar otra resolución para llevarse a cabo nuevos nombramientos dentro del proceso para la adquisición de Gafas Antifragmentación» (f. 25), actuación en la cual tampoco se advierten vicios de legalidad capaces de anularla.
Por último, sobre las consecuencias la falta de diligencia y cuidado de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones, resulta pertinente hacer mención de lo expuesto por la Corte Constitucional, que sostuvo: «Así entonces, si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica de tal principio no podría ser otra que la necesidad de castigo de las conductas que atentan contra tales presupuestos, conductas que - por contrapartida lógica- son entre otras, la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia. […]. Para ahondar en las razones que justifican la metodología de los números abiertos, téngase en cuenta que, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 200, la falta disciplinaria se constituye con el “incumplimiento de los deberes” por parte del agente estatal, deberes que, según el artículo 40-2 son “cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso o ejercicio indebido del cargo de función”. De lo cual se deduce que lo que genera el reproche de la administración al agente estatal o al particular que ejerce función pública no es propiamente la voluntad de lesionar los intereses protegidos de la función pública sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto o defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan»
En consideración a lo expuesto, la Sala declara no probados los cargos de atipicidad de la conducta y de falta de prueba para sancionar.
3.6.1.3 El desconocimiento formal de un término procesal no conlleva por sí solo vulneración sustancial del derecho al debido proceso y demás garantías fundamentales en la actuación administrativa. Este derecho de rango constitucional, lo consagra el artículo 29 de la Carta Fundamental, así: «El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. […] Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa»; además, el artículo 85 superior lo cataloga expresamente como derecho fundamental, de aplicación inmediata.
A su turno, la Ley 836 de 2003 disponía: «ARTÍCULO 4o. DEBIDO PROCESO. Los destinatarios de este reglamento deberán ser investigados por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de la ley vigente al momento de la realización de la conducta».
De antemano, reitera esta Colegiatura que si bien la garantía del debido proceso abarca un conjunto de principios materiales y formales de obligatoria observancia por parte de las autoridades disciplinarias, que a la vez constituyen derechos de los sujetos disciplinables, tampoco se puede desconocer que los actos de la administración gozan de la presunción de legalidad, hoy por expresa disposición del artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, indemnidad que adquiere mayor connotación cuando se trata de actos sancionatorios de carácter disciplinario, en virtud de que su formación estuvo precedida de la participación activa del investigado y/o de su apoderado, mediante defensa técnica y material, con ejercicio de los derechos de contradicción y defensa. De ahí que en sede judicial se realice un juicio de validez de la actuación disciplinaria, no de corrección, y por ello no cualquier defecto procesal tiene el poder de lacerar la presunción de legalidad que ampara dichos actos administrativos.
Sobre el incumplimiento de términos en la actuación disciplinaria, esta Sala, en aplicación de la Ley 200 de 1995, señaló que «[…] el vencimiento de los plazos no implica la pérdida de competencia para actuar en cuanto que, como ya tuvo oportunidad de expresarlo la Sala, las normas disciplinarias previstas en los artículos 55 y siguientes de la ley 200 de 1995 no estatuyen como consecuencia para el funcionario disciplinante la pérdida de la facultad para continuar conociendo el asunto y, tampoco se encuentra prevista como causal de nulidad del proceso disciplinario, el adelantamiento de actuaciones después de vencidos los plazos […]».
En vigencia y para la aplicación de la Ley 734 de 2002, la Sala ha reiterado que el vencimiento del término señalado para las etapas del procedimiento disciplinario acarrea sanciones para el funcionario que tiene a cargo realizar las diligencias y por descuido deja superar el término, pero no es causal de nulidad de los actos recurridos, si no se presenta violación al debido proceso, y tampoco implica la pérdida de competencia del funcionario que adelanta el procedimiento.
Por su parte, la Corte Constitucional ha precisado como regla inicial que la simple trasgresión de las normas procesales no implica afectación del debido proceso. Estas irregularidades menores se refieren a la afectación de las formas propias de los juicios, pero dada su baja intensidad en la definición del conflicto, no quedan cobijadas por el inciso final del artículo 29 constitucional.
La misma Corte, en sentencia de unificación SU-901 de 2005, sobre los efectos del incumplimiento de términos en la actuación disciplinaria, sostuvo:
De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación previa no conduce a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de garantías constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada caso, debe determinarse el motivo por el cual ese término legal se desconoció, si tras el vencimiento de ese término hubo lugar o no a actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el curso del proceso. Es decir, del sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación.
De este modo, aparte de la eventual falta disciplinaria en que pueda incurrir el servidor que incumplió ese término, él se halla en el deber de tomar una decisión con base en la actuación cumplida hasta el momento en que el vencimiento de ese término operó. Si en tal momento existen dudas, éstas se tornen insalvables y surge la obligación de archivar la actuación; pero si tales dudas no existen, esto es, si aparecen cumplidos los objetivos pretendidos con la indagación preliminar, nada se opone a que se abra investigación disciplinaria pues precisamente esta es una de las decisiones que se pueden tomar en tal momento. (…)
Claro, este proceder de la Procuraduría General de la Nación no es, ni mucho menos deseable. Todo lo contrario, se trata de un comportamiento que linda en la responsabilidad disciplinaria pues toda persona investigada tiene derecho a que las decisiones procedentes se tomen dentro de los plazos legalmente establecidos. No obstante, como tras el vencimiento del término de indagación preliminar no se cumplió ninguna actuación adicional como quiera que sólo hubo lugar a la apertura de investigación que se dispuso con base en la actuación oportunamente cumplida, no concurren razones para inferir una manifiesta irregularidad lesiva de derechos fundamentales que ha de conducir a la anulación del proceso y de las sanciones en él impuestas.
En suma, si bien en el proceso disciplinario adelantado contra el actor se desconoció el término legalmente fijado para la investigación preliminar, tal irregularidad no afectó ni el debido proceso ni el derecho de defensa y por ello no puede haber lugar al amparo constitucional de tales derechos y a la declaratoria de invalidez de lo actuado.
En el caso sub examine, el demandante, para justificar la impugnación de la sentencia, se refirió en este aspecto a una violación meramente formal del debido proceso, que no sustancial, ya que aduce simplemente que el procedimiento empleado para investigar y sancionar la falta leve fue errado, por cuanto no se practicaron las pruebas dentro de los 3 días, ni la decisión se profirió al vencimiento del término probatorio, ni el recurso se resolvió dentro de los 2 días siguientes a su formulación; que además se corrió traslado para alegatos de conclusión y la decisión de sanción se profirió con retraso de más de un año, lo que pone en evidencia que se inobservó el procedimiento abreviado regulado en la Ley 836 de 2003 (artículo 73), en el que no se exige indagación preliminar, ni acto de apertura de investigación disciplinaria.
Como se puede observar, el demandante se limitó a señalar que se violó formalmente el debido proceso administrativo, pero no justificó de qué manera ello pudo afectar gravemente sus derechos de naturaleza ius fundamental, como los de defensa y contradicción, o que esa situación hubiera incidido en el sentido de la decisión, de tal forma que la hiciera más gravosa.
Lo cierto es que, de acuerdo con lo que reposa en el expediente administrativo, la Sala puede constatar que desde el inicio de la actuación disciplinaria el Ejército Nacional le brindó todas la garantías legales y constitucionales para su defensa y si sobrepasó algunos términos legales, esto no representó menoscabo de los derechos fundamentales del actor, sino que, por el contrario, algunos de ellos se extendieron en su beneficio.
Para mayor ilustración, la Sala destaca las principales actuaciones que materializaron las garantías adjetivas y sustanciales del demandante durante el procedimiento disciplinario. Así, se verifica que: i) fue notificado el 22 de junio de 2012 del acto de apertura de indagación preliminar en el que se le pusieron de presentes todas las formas de ejercer su defensa (f. 20, c. 3); ii) intervino en la práctica del dictamen pericial (f. 37, c. 3); iii) rindió versión libre (f. 95 a 97, c. 3); iv) se notificó de la práctica de pruebas testimoniales, a las que no asistió (ff. 139 a 144, c. 3); v) confirió poder a abogado para que lo representara, quien pidió copia del expediente y le fue entregada (ff. 149 a 155 y 248, c.3); vi) el apoderado solicitó la preclusión o archivo de la indagación preliminar (ff. 159 a 166, c. 3); vii) a través del profesional del derecho presentó descargos en los que pidió pruebas (ff. 2009 a 217), que le fueron negadas unas y decretadas otras (ff. 224, c.3 ); viii) se le corrió traslado para que presentara alegaciones finales (ff. 242 a 246, c. 3) y así lo hizo su defensor mediante escrito que obra en los folios 261 a 270 y también el mismo demandante (ff. 276 a 279); viii) interpuso recurso de reposición contra el acto sancionatorio (ff. 318 a 335); y ix) por último, instauró acción de tutela contra la sanción de represión simple impuesta (ff. 331 a 346, c. 3) [no se aportó copia del fallo de tutela], por citar algunas actuaciones que prueban el pleno ejercicio de sus derechos.
Aceptar la escueta tesis del demandante sobre el incumplimiento de términos legales conllevaría el sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional, en los términos indicados por la jurisprudencia constitucional mencionada. Frente a la mora en resolver el recurso de reposición (7 meses), por ejemplo, la entidad disciplinaria no podía abstenerse de adoptar una decisión de fondo con fundamento en la actuación cumplida hasta el momento, si aparecían cumplidos los supuestos de hecho y de derecho, como en efecto lo estaban, esto es, la de confirmar la sanción de represión simple y no la de archivar las diligencias, so pretexto de que estaba vencido el plazo para decidir, como erradamente lo pretende el actor.
Con la anterior postura no se autoriza el desconocimiento de los términos legales por parte de las autoridades, pero es claro que el Estado no puede renunciar a su potestad disciplinaria por la simple violación formal de ellos si la acción disciplinaria no estaba prescrita, como ocurre en este caso.
Tampoco afectó el debido proceso administrativo el hecho de que, previo a la investigación disciplinaria adelantada por el procedimiento abreviado del artículo 173 de la Ley 836 de 2003, se hubiera realizado indagación preliminar, o dictado auto de apertura de investigación disciplinaria y ordenado el traslado para alegar, así no estuvieren expresamente señalados en la normativa, si con ello no se afectaron derechos sustanciales del sancionado, sino que, por el contrario, le representaron mejores garantías y más amplias oportunidades para que preparara y ejerciera su defensa, como en efecto lo hizo a través de su apoderado de confianza. Tal circunstancia no da lugar a desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, sino que la confirma. De este modo se manifestó la justicia material.
Por consiguiente, el cargo de violación del debido proceso por inobservancia formal de los términos procesales, tampoco está llamado a prosperar.
No pasa por alto esta Corporación que los miembros de la fuerza pública tienen el deber de observar mayor disciplina y pulcritud en el cumplimiento de sus funciones, dada la responsabilidad constitucional a cargo de la Policía Nacional, del «mantenimiento las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas» (artículo 218 superior).
Sin más consideraciones y bajo una sana hermenéutica jurídica, la Sala arriba a la convicción de que los actos administrativos demandados fueron expedidos con sujeción al orden jurídico vigente, por lo tanto, se confirmará la sentencia apelada, que negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de condenar en costas al demandante.
3.7 Otros aspectos procesales.
3.7.1 Reconocimiento de personería. En vista de que el Ministerio de Defensa Nacional constituyó nuevo mandatario, se reconocerá personería al profesional del derecho destinatario del poder visible en el folio 293.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1.° Confírmase la sentencia de 12 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección C), que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Julián Andrés Arango Betancourth contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, conforme a la parte motiva.
2.º Reconócese personería como nuevo mandatario de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, al profesional del derecho Johnatan Javier Otero Devia, identificado con cédula de ciudadanía 1.075.212.451 y tarjeta profesional 208.318 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al poder que obra en el folio 293.
3.º Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase.
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr. Folios 195 a 246. Folios 3 a 34 cuaderno 2 - pruebas. Folios 37 a 51 cuaderno de pruebas. Notificado personalmente el 24 de febrero de 2014, según lo reconoce el actor en el hecho 18 de la demanda. Ver folio 8. Folios 262 y263. Folio 268. Folio 274. Folios 3 a 34 cuaderno 2 - pruebas. Folios 37 a 51 cuaderno de pruebas. Notificado personalmente el 24 de febrero de 2014, según lo reconoce el actor en el hecho 18 de la demanda. Ver folio 8. Publicada en el diario oficial No. 50.315 de 4 de agosto de 2017. Como gerente del proyecto «Adquisición Equipos de Ingenieros de Combate , Guerra de Minas» Ver folio 3 del cuaderno 3
Sentencia C-053 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Ver, entre otras, las sentencias T-438 de 1992 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-195 de 1993 M. P. Alejandro Martínez Caballero, C-1079 de 2005 M. P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencia C- 1079 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil. Por la cual se expide el reglamento del régimen disciplinario para las Fuerzas Militares
Como gerente del proyecto «Adquisición Equipos de Ingenieros de Combate , Guerra de Minas» Ver folio 3 del cuaderno 3
Ver folios 123 a 129
Reposa fotocopia en los folios 1 y 2 del cuaderno 3 del expediente. Para sancionar las faltas leves es competente «El Oficial que sea superior jerárquico inmediato a cuyas órdenes directas se encuentre el infractor dentro de la línea de dependencia o mando. También tendrá esta atribución el suboficial que se desempeñe como comandante de pelotón». Ley 836 de 2003, artículo 93. Sentencia C-1079 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil. Ibidem.
«ARTÍCULO 160. NULIDADES. Son causales de nulidad las siguientes: 1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo o tomar decisión de fondo […]
ARTÍCULO 163. SOLICITUD. Quien proponga una nulidad lo podrá hacer hasta antes de proferirse el fallo definitivo y deberá determinar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular nueva solicitud de nulidad sino por causal diferente o por hechos posteriores. El funcionario competente resolverá la solicitud de la nulidad, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su recibo». Por la Ley 1862 de 2017. Sentencia C-181 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Como gerente del proyecto «Adquisición Equipos de Ingenieros de Combate , Guerra de Minas» Ver folio 3 del cuaderno 3
«ARTÍCULO 63. La ley distingue tres especies de culpa y descuido: Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro».
«Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones».
«Por el cual se reglamenta la Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, “por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones»
Ver folio 99, cuaderno 3. Sentencia C- 181 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
«Por la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares».
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]». Sentencia de 8 de noviembre de 2007, C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, expediente 47001-23-31-000-2001-00955- 01(3834-04); ver también sentencia de 17 de agosto de 2017, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 11001-03-25-000-2013-00591-00 (1152-2013). En sentencia de 18 de octubre de 2007, expediente 760012331000200303595 01 (2250-2006) Actor: Nelly Caicedo Lourido. C.P. Alejandro Ordoñez Maldonado, precisó la Sala: “La Corte Constitucional mediante la sentencia C-720 de 2000, declaró la exequibilidad de la norma en mención (Art. 141 de la Ley 200 de 1995) y al respecto estableció que el legislador en ejercicio de su libertad configurativa está facultado para fijar las diferentes etapas y términos de los procesos disciplinarios. No obstante lo anterior, el vencimiento del plazo no implica como lo señala la parte recurrente la pérdida de competencia para actuar porque las normas disciplinarias que contemplan el factor de la competencia previstas en los artículos 55 y s.s. de la Ley 200 de 1995 no estatuyen como consecuencia para el funcionario disciplinante la pérdida del poder de continuar conociendo del asunto y tampoco se prevé como causal de nulidad del proceso disciplinario el adelantamiento de actuaciones después del plazo anterior a voces del artículo 131 y s.s. ibídem. Además, como la misión de la autoridad disciplinaria durante el trámite de la indagación preliminar es establecer si se presentó una actuación constitutiva de falta disciplinaria y a quien podría imputársele la autoría de ese comportamiento, esa misma autoridad estaría abocada a ver comprometida su conducta disciplinaria con el desconocimiento de los términos para cumplir la función inherente a esta etapa”. Sentencia de 17 de agosto de 2017, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 11001-03-25-000-2013-00591-00 (1152-2013). Véase igualmente la sentencia de 18 de agosto de 2011, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente 25000-23-25 000-2007-00753-01 (0532-08), entre otras. Sentencia T-233 de 2007. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
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