Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2005-00815-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 27001-23-31-000-2005-00815-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2005-00815-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 27001-23-31-000-2005-00815-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
10 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Árgenis Lozano García y otros
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES AÉREOS - análisis de las obligaciones
de la Aeronáutica Civil frente a sus deberes de seguridad aérea - FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / AERONAVES PRIVADAS - sus
propietarios deben velar por la seguridad, cuidado y servicio brindado a sus usuarios.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala de
Descongestión-, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Según la demanda, se incurrió en una falla del servicio por la omisión frente al
seguimiento y control riguroso sobre el equipo de emergencia que deben llevar a
bordo las aeronaves, hecho que produjo la muerte por asfixia del señor Darío
Córdoba Rincón, luego de que el aerodino en el que viajaba tuviera que acuatizar
de emergencia en aguas del río Baudó, sin contar con chalecos salvavidas.
I. SENTENCIA APELADA
1. Corresponde a la sentencia del 15 de julio de 2015, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, cuyas pretensiones y principales hechos y consideraciones de derecho,
son las siguientes:
Pretensiones
2. Mediante escrito presentado el 9 de agosto de 20051, las señoras Árgenis
Lozano García, en nombre propio y en representación de su hijo menor Luis
Camilo Córdoba Lozano, y Fermina del Carmen Córdoba Mena, interpusieron
demanda de reparación directa en contra de la Unidad Administrativa Especial de
1
Folio 4 del cuaderno 1.
1
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Aeronáutica Civil y los señores María Elizabeth Villamarín Díaz, Yesid Fernando
Giraldo Noreña y Mónica María Villegas Cortés (en su calidad de propietarios de
la aeronave siniestrada), con el fin de que se les declare solidaria y
patrimonialmente responsables por la muerte del señor Darío Córdoba Rincón, en
un accidente aéreo ocurrido el 9 de agosto de 2003.
3. Como consecuencia, solicitaron como indemnización por perjuicios morales el
pago del equivalente en pesos de cien (100) SMLMV para Árgenis Lozano García
y otro tanto igual para su hijo Luis Camilo Córdoba Lozano, y cincuenta (50)
SMLMV para Fermina del Carmen Córdoba Mena; por perjuicios materiales, en las
modalidades de daño emergente y lucro cesante, deprecaron la suma global de
tres millones de pesos m/cte. ($3’000.000.oo) y catorce mil cuatrocientos
veintisiete millones seiscientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y tres pesos
m/cte. ($14.427’626.463.oo), respectivamente, a favor de todos los demandantes.
Hechos
4. Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró, en síntesis, que el 9 de
agosto de 2003, la aeronave CESSNA modelo A – 185 – F, serie 18502124 de
Quibdó, con matrícula HK-1661-P, piloteada por el señor Ernesto Villamarín
Duarte, reportó una falla en la planta motriz, por lo que, por maniobras del piloto,
acuatizó en el río Baudó, hecho en el que perdieron la vida el referido piloto y el
pasajero Darío Córdoba Rincón, debido a asfixia mecánica por sumersión.
5. Según la demanda, le correspondía a la Aeronáutica Civil conocer e
inspeccionar las horas de vuelo de las aeronaves a las que les concedía licencia
para volar, a efectos de controlar el adecuado mantenimiento de las mismas. No
obstante, ésta omitió dicho deber con respecto a la aeronave accidentada, tal
como se deriva del último informe de chequeo que le fue realizado al aerodino el
30 de agosto de 2002, en el que se consignó, únicamente, el total de horas de
vuelo (1.718.10), pero no se registró, entre otros cosas, las horas de vuelo en los
últimos 90 días, las horas de vuelo en los últimos 3 días, así como tampoco las
horas en su equipo, ni mucho menos se exigió al propietario de la aeronave
información sobre tales datos.
6. Con todo, sostuvo que la Aeronáutica Civil, previo a autorizar que la aeronave
despegara, debió asegurarse de que la misma cumpliera con todos los
mantenimientos y exigirle a su propietario que suministrara toda la información
sobre el aerodino. Adicionalmente, debió cerciorarse que contara con el equipo de
emergencia necesario, tal como lo era con chalecos salvavidas; sin embargo
omitió el cumplimiento de sus deberes y ello configura la responsabilidad del ente
demandado en el siniestro y la muerte del señor Darío Córdoba Rincón, a título de
falla del servicio y, en consecuencia, le corresponde indemnizar los perjuicios
2
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
derivados de tales hechos, en conjunto con los propietarios o explotadores del
aerodino, de conformidad con el artículo 1880 del Código de Comercio, que
dispone que “el transportador es responsable del daño causado en caso de muerte
o lesión del pasajero, con la sola prueba de que el hecho que lo causó se produjo
a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o
desembarque, a menos que pruebe hallarse en cualquiera de las causales de
exoneración consagradas en los ordinales 1o. y 3o. del artículo 1003 y a condición
de que acredite, igualmente, que tomó todas las medidas necesarias para evitar el
daño o que le fue imposible tomarlas”.
La defensa
7. La Aeronáutica Civil contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, para
tal efecto, sostuvo que, si bien era cierto que la aeronave con matrícula HK-1661-
P presentó fallas en el motor y, por tanto, acuatizó en el río Baudó, también lo era
que no había incurrido en falla alguna del servicio que le fuera imputable, toda vez
que:
(i) Según el artículo 5 del Decreto 260 del 28 de enero de 2004, esa entidad no
debe ejercer un control inminente previo a la realización de un vuelo, pues su
obligación es solo la de expedir el certificado de aeronavegabilidad cuando las
aeronaves cumplan con todos los requisitos de ley para su operación legal y
segura en el territorio nacional, certificado éste con el que contaba la aeronave
accidentada de número 00016 del 22 de abril de 1997.
(ii) El tipo de aeronaves como la accidentada “P”, una vez cuentan con el
certificado de aeronavegabilidad, para su despegue solo requieren el plan de vuelo
que debe ser presentado ante la cabina de control, el cual, efectivamente fue
presentado por el piloto Ernesto Villamarín Duarte, quien, sumado a ello, era el
responsable de informar el peso con el que viaja la aeronave.
(iii) El certificado de aeronavegabilidad se expide por tiempo indefinido, a menos
que se renuncie a él, se suspenda o sea renovado o en el mismo se establezca
una fecha de vencimiento, conforme al artículo 4.4.1.7. del Decreto 260 del 28 de
enero de 2004.
(iv) Las aeronaves que cuentan con matricula “P” son de aquellas de uso exclusivo
o privado para su propietario, así como para sus relacionados, en este caso para
uso de la señora Elizabeth Villamarín Díaz, según certificado de matrícula del 15
de julio de 1996, en el que consta que la mentada señora es su propietaria, por
manera que, como el aerodino no era de uso comercial ni tampoco estaba
autorizado para prestar servicios diferentes al de su marca de matrícula, era
aquella señora la llamada a responder frente al daño causado, de acuerdo con el
3
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Código de Comercio, el cual establece que el explotador de la nave, representado
por el piloto, es el principal responsable de lo que suceda con la aeronave.
(v) El aerodino de matrícula HK-1661-P se encontraba aeronavegable según su
última inspección técnica del 29 de mayo de 2003, realizada por el taller de
mantenimiento Aéreo de Colombia Ltda., MAC Ltda.
(vi) El piloto era apto para el vuelo, tanto así que realizó una maniobra autorizada
para efectos de poner a salvo la aeronave junto a sus tripulantes. Por ello, el piloto
junto con el señor Darío Córdoba Rincón salieron ilesos del acuatizaje pero
murieron momentos después debido a que no sabían nadar o por su inexperiencia
para manejar la inmersión en aguas turbulentas como las del río Baudó; muestra
de ello es que los otros tres (3) ocupantes de la aeronave si lograron salvarse,
según lo señalado en el informe del siniestro.
8. En escrito separado, la Aeronáutica Civil llamó en garantía a la Aseguradora
Colseguros S.A. y a la empresa de mantenimiento Aéreo de Colombia Ltda. La
primera con ocasión de la póliza de seguros número 9501867, cuyo objeto era
amparar la responsabilidad civil de la Aeronáutica Civil y controladores, que
surgiera de un accidente por la posesión, uso, mantenimiento o previsión de los
predios, servicios e infraestructura necesaria para la operación de aeropuertos, la
cual tenía vigencia entre el 8 de julio de 2003 hasta el 7 de marzo de 2004, mientras
que la segunda por ser la titular del contrato de mantenimiento de la aeronave
accidentada HK-1661-P2.
9. A través de Curador ad–Litem fue contestada la demanda, en representación
de los señores María Elizabeth Villamarín Díaz, Yesid Fernando Giraldo Noreña y
Mónica María Villegas Cortés, escrito en el cual se limitó a manifestar que los
hechos de la demanda no le constaban y, en consecuencia, los mismos debían
ser probados.
10. El Tribunal Administrativo del Chocó, a través de auto del 19 de julio de 20073,
admitió el llamamiento en garantía formulado por la Aeronáutica Civil.
11. La Aseguradora Colseguros S.A. contestó el llamamiento en garantía y se
opuso a las pretensiones de la demanda. Para este efecto, sostuvo que
coadyuvaba la contestación de demanda de la Aeronáutica Civil y que en el libelo
introductorio se ignoró por completo la técnica aeronáutica, pues en la exposición
del caso se desconoció el desarrollo propio de las operaciones del sector
aeronáutico y se confundieron conceptos, al punto de confundir las horas de vuelo
de la aeronave accidentada con las horas de vuelo del piloto de la misma.
2
Folios 165 a 168 del cuaderno 1.
3
Folios 242 y 243 del cuaderno 1.
4
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
12. Al lado de lo anterior, formuló la excepción del hecho de un tercero, por cuanto
el dueño de la aeronave, por vía de las acciones del piloto, tenía la obligación de
revisar las condiciones mecánicas del aerodino durante la fase de prevuelo, a
efectos de garantizar la ejecución del trayecto en condiciones técnico-mecánicas
seguras4.
13. La empresa de mantenimiento Aéreo de Colombia Ltda. no contestó la
demanda5.
Alegatos de conclusión
14. Una vez se surtió el debate probatorio6, la parte actora7, la Aeronáutica Civil8
y la Aseguradora Colseguros S.A.9, al alegar de conclusión reiteraron los
argumentos expuestos en la demanda y en sus contestaciones, respectivamente.
Adicionalmente, las dos últimas manifestaron que las señoras Árgenis Lozano
García y Fermina del Carmen Córdoba Mena carecían de legitimación en la causa
por activa, pues la primera no demostró la calidad de compañera permanente con
la que acudió al proceso, mientras que la segunda no probó que dependía
económicamente del señor Darío Córdoba Rincón.
15. El Ministerio Público guardó silencio.
La sentencia recurrida
16. Mediante sentencia proferida el 15 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo
de Antioquia -Sala de descongestión- accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda en los siguientes términos (se transcribe literal):
4
Folios 256 a 275 del cuaderno 3.
5
Según consta a folio 1202 del cuaderno del Consejo de Estado.
6
Mediante auto del 11 de diciembre de 2014 se abrió el período probatorio, dentro del cual se decretaron los
siguientes medios de prueba:
● Certificado de defunción del señor Darío Córdoba Rincón
● Copia del informe de investigación de accidente aéreo
● Copia Manual de Reglamento Aeronáuticos
● Copia del Certificado de Matrícula Aeronave CESSANA A-185F Matrícula HK-166-P
● Copia Certificado de Aeronavegabilidad 000160
● Inspección técnica
● Formulario fiaa-I
● Formulario RAC
● Contrato de prestación de servicios y mantenimiento de aeronaves
● Testimonios de las señoras Argenis Lozano García y Fermina del Carmen Córdoba
● Certificación de la Notaria Primera del Circulo de Quibdó
● Constancia de la Subsecretaria de la Cámara de Representantes
7
Folios 1114 a 1129 del cuaderno 2.
8
Folios 1109 a 1113 del cuaderno 2.
9
Folios 1130 a 1156 del cuaderno 1.
5
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
“Primero. DECLARAR probada la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Aeronáutica Civil de Colombia y de los señores Yesid Fernando, Giraldo
Noreña y Mónica María Villegas Cortés, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. DECLARAR probada la falta de legitimación en la causa por activa
de las señoras Argenis Lozano García y Fermina del Carmen Córdoba Mena,
conforme lo expuesto en la sentencia.
Tercero. DECLARAR civilmente responsable a la señora María Elizabeth
Villamarín Díaz, como propietaria y explotadora para la época de los hechos
del aeroplano matrícula HK-1661P marca CESSNA A 185 F, de los perjuicios
causados al joven Luis Camilo Córdoba Lozano, por la muerte de su padre el
señor Darío Córdoba Rincón.
Cuarto. ORDENAR a la señora María Elizabeth Viliamarín Díaz, con
consecuencia de la anterior declaración, reconocer y pagar a favor del joven
Luis Camilo Córdoba Lozano, por concepto de daños morales la suma
ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y por concepto
daños materiales en la modalidad de lucro cesante la suma total de treinta
ocho millones setenta y seis mil doscientos sesenta y un ($38.076.258,61),
según se desarrolla y explica en la parte motiva.
Quinto. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
Sexto. NO CONDENAR en costas a la parte demandada.
Séptimo. DAR cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
Octavo. DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo del Chocó
previas las anotaciones que fueren menester, a efectos de que se notifique la
sentencia de segunda instancia y se le dé el trámite posterior que
corresponda”.
17. Al resolver el conflicto, el Tribunal a quo declaró probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por activa de las señoras Árgenis Lozano García y
Fermina del Carmen Córdoba. Al respecto, indicó que la primera no acreditó la
calidad de compañera permanente del señor Darío Córdoba Rincón, puesto que si
bien se allegó una declaración extra juicio para ese efecto, la misma no fue
ratificada dentro del proceso, lo que la hacía carente de eficacia probatoria,
mientras que, la segunda, quien concurrió en calidad de hermana del mentado
señor, no allegó el respectivo registro civil de nacimiento ni tampoco prueba alguna
que acreditara dicha condición.
18. Por otra parte, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de los
señores Yesid Fernando Giraldo Noreña y Mónica María Villegas Cortés, porque
en la demanda no se precisó la calidad en la que aquellos debían responder,
máxime cuando en el certificado de matrícula de la aeronave y en el formulario de
6
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
inspección anual de la misma, figuraba como propietaria del aerodino únicamente
la señora Elizabeth Villamarín Díaz.
19. Asimismo, declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Aeronáutica Civil, por encontrar acreditado que la muerte del señor Darío
Córdoba Rincón obedeció al ahogamiento en aguas del río Baudó, luego de que
la aeronave en la que se transportaba acuatizó en el lugar tras sufrir una falla en
el motor. A partir de lo cual concluyó que la condición del mentado señor -no saber
nadar- era una situación que escapaba de la órbita de las obligaciones y deberes
del ente demandado el cual únicamente estaba llamado a cumplir unos
procedimientos mínimos en el desarrollo de su actividad misional y, en general, a
establecer políticas para el ejercicio de la actividad aérea.
20. Sumado a lo anterior, señaló que la actora le imputó responsabilidad al ente
demandado, porque, según su dicho, no vigiló que la aeronave accidentada
contara con el equipo de emergencia y salvamento con chalecos salvavidas, tal
como lo indicaba los numerales 4.0., 4.18.5, 4.18.5.2. y 4.4.1.20 del RAC -
Reglamento Aeronáutico de Colombia-, el cual aportó al expediente de manera
incompleta, lo que, en criterio del Tribunal, lo hacía carente de valoración
probatoria, por cuanto le faltaban las páginas que contenían el articulado en
mención.
21. En todo caso, sostuvo que consultada la página web de la Aeronáutica Civil,
encontró que la sección 6 del RAC -sobre requerimientos de instrumentos y
equipos- solo refiere que las aeronaves de empresas de servicio aéreo comercial
de transporte deben contar con el equipo de emergencia y flotación, sin hacer
mención a los chalecos salvavidas ni mucho menos que éstos deben ser portados
en aeronaves privadas, todo lo cual se acompasa con el informe de accidente de
aviación de la Aeronáutica Civil -aportado como prueba al proceso-, que en su
título de “recomendaciones” refiere que “los pilotos de aviones monomotores que
vuelen sobre zonas selváticas cuyas áreas apropiadas para una emergencia solo
sean ríos, llevar chalecos salva vidas … Exigir en las pruebas de ditching a los
pilotos que sepan nadar”, pero insistió que se trataba de una mera recomendación,
mas no de un deber legal.
22. De otra parte, encontró probado que la aeronave accidentada era de uso
privado y su propietaria era la señora Elizabeth Villamarín Díaz. También, que el
monomotor sufrió una falla técnica y, en razón a ello, su piloto tuvo que realizar
una maniobra y pudo acuatizarla en orillas del río Baudó, logrando que todos los
tripulantes del aerodino salieran ilesos; no obstante, al descender de la aeronave,
el piloto y el señor Darío Córdoba Rincón se ahogaron en las aguas del río en
mención, pues, según el informe de accidente de aviación elaborado por la
Aeronáutica Civil, ellos no sabían nadar.
7
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
23. En ese orden, el Tribunal a quo aseguró que, conforme a los artículos 982,
1003, 1880 y 1885 del Código de Comercio, los propietarios de aeronaves, a
través de los pilotos, tienen el deber y la obligación de seguridad y cuidado de los
pasajeros, debiendo velar no solo por la llegada de los mismos a su destino, sino
también que se presente en los tiempos estipulados, con las personas sanas y
salvas, situando al transportador con relación al pasajero en una obligación de
resultado.
24. Así pues, para el caso bajo estudio, el piloto de la aeronave tenía el deber de
seguridad frente a sus pasajeros, que se extendía hasta que éstos fueran dejados
en el destino pactado o en un lugar similar. En ese orden, sostuvo que debieron
brindarse las condiciones de seguridad que le permitieran al señor Darío Córdoba
Rincón proveerse de las mismas y por sus propios medios ponerse a salvo,
situación que no se presentó, puesto que el piloto, a pesar de que debía conocer
el medio donde transitaría la aeronave, no previó que podía presentarse una
emergencia o una situación que lo obligara a descender, tal como sucedió en este
caso, al río Baudó, por lo cual debía tener equipos flotadores o chalecos
salvavidas en la aeronave, así no hubiera norma que lo estipulara, pero que sí lo
exigía de una persona diligente y cuidadosa que presta una actividad peligrosa
como lo es la del transporte aéreo, descuido o falta que le costó la vida a él y al
señor Córdoba Rincón.
25. En ese orden de ideas, el daño le resultaba imputable únicamente a la
propietaria de la aeronave, señora Elizabeth Villamarín Díaz, por manera que
estaba llamada a reparar los perjuicios derivados de la muerte del pasajero Darío
Córdoba Rincón10.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Síntesis del recurso de apelación
26. En su apelación, la parte actora cuestionó que no se le hubiera dado valor
probatorio al RAC, por no contener la primera página, pues, a su juicio, al tratarse
de una norma de orden nacional no tenía la obligación de aportar el texto completo,
conforme a lo previsto en el artículo 188 del C.P.C., en armonía con el artículo 167
de la Ley 1437 de 2011. Basado en este documento, el actor considera que está
demostrada la falla en el servicio, habida cuenta de que la autoridad aeronáutica
no vigiló ni controló debidamente el aerodino accidentado, lo que a su vez le
impidió advertir que el mismo no contaba con el equipo de emergencia según las
obligaciones que imponía el RAC. De esta manera, el actor sostiene que está
10
Folios 1199 a 1227 del cuaderno del Consejo de Estado.
8
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
acreditada la relación causal entre las omisiones referidas y el ahogamiento del
señor Darío Córdoba Rincón -ante la indisponibilidad de un chaleco salvavidas-.
27. También mostró inconformidad en cuanto a que no se le hubiera dado eficacia
probatoria a la declaración extrajuicio aportada, para efectos de acreditar la
convivencia entre los señores Árgenis Lozano García y Darío Córdoba Rincón.
28. Sumado a ello, sostuvo que el juez de primera instancia, bajo sus poderes
oficiosos, debió requerir al abogado de la parte actora para que allegara el
respectivo registro civil de nacimiento de la señora Fermina del Carmen Córdoba
Mena, a fin de tenerla como legitimada en la causa por activa y que, en todo caso,
arrimaba el respectivo documento para que fuera tenido en cuenta en el trámite de
la segunda instancia.
29. Por otra parte, manifestó su inconformidad con respecto a que se reconoció
como indemnización de perjuicios morales el equivalente en pesos a ochenta (80)
SMLMV, para el hijo del señor Darío Córdoba Rincón, mientras que, para efectos
de la indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante
futuro, se tuvo como base el salario mínimo mensual vigente, a pesar que para la
fecha del hecho catastrófico aquél señor se desempeñaba como representante a
la cámara y su salario era muy superior a ese valor y el cual se debió tener en
cuenta para efectos de la tasación de tal indemnización.
30. Así las cosas, solicitó que: (i) se declare no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Aeronáutica Civil y, en consecuencia, se
le condene patrimonialmente por la muerte del señor Darío Córdoba Rincón, dada
la falla del servicio, por no vigilar y/o controlar que ese aerodino tuviera abordo un
chaleco salvavidas; (ii) se declare probada la legitimación en la causa por activa
de las señoras Árgenis Lozano García y Fermina del Carmen Córdoba Mena y,
por tanto, se acceda a sus pretensiones, (iii) se liquide la indemnización a que haya
lugar con base en el salario que devengaba el señor Darío Córdoba Rincón al
momento de su fallecimiento y, finalmente, (iv) se reconozca como indemnización
por concepto de perjuicios morales el equivalente en pesos de cien (100) SMLMV,
para Luis Camilo Córdoba Lozano11.
Los alegatos de conclusión
31. La Aseguradora Colseguros S.A. insistió en lo esbozado a lo largo del
proceso12, mientras que las demás partes y el Ministerio Público guardaron
silencio.
11
Folios 1232 a 1234 del cuaderno del Consejo de Estado.
12
Folios 1261 a 1278 del cuaderno del Consejo de Estado.
9
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
III. CONSIDERACIONES
32. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación.
El objeto del recurso de apelación
33. Como se ha reseñado, la apelación de la parte demandante está circunscrita
a solicitar que se modifique la sentencia apelada, en cuanto que: (i) las señoras
Árgenis Lozano García y Fermina del Carmen Córdoba Mena demostraron que
están legitimadas en la causa por activa, (ii) la Aeronáutica Civil está legitimada en
la causa por pasiva y debe ser declarada responsable patrimonialmente y, (iii)
debe aumentarse la indemnización reconocida por concepto de perjuicios morales
y materiales.
Legitimación en la causa por activa (señoras Árgenis Lozano García y
Fermina del Carmen Córdoba Mena)
34. Al proceso acudieron en calidad de demandantes las señoras Árgenis Lozano
García y Fermina del Carmen Córdoba Mena. La primera en su condición de
compañera permanente del señor Darío Córdoba Rincón y la segunda en calidad
de su hermana.
35. Para acreditar tales calidades, la parte actora allegó la declaración extrajuicio
rendida por la señora Rosalba Mosquera Mosquera ante la Notaría Primera del
Circuito de Quibdó, en la que sostuvo que, bajo la gravedad de juramento, “me
consta que ella [Árgenis Lozano Mosquera] sostenía vida marital bajo techo con
quien en vida respondió al nombre de Darío Córdoba Rincón, desde hace
aproximadamente 12 años de cuya unión nació el menor Luis Camilo Córdoba
Lozano, quien en la actualidad cuenta con 9 años de edad …”.
36. En relación con dicha certificación, debe precisarse que para que la misma
pueda ser valorada en un proceso judicial se debe surtir el trámite previsto para la
ratificación en los términos de los artículos 229, 298 y 299 del Código de
Procedimiento Civil, pues de no surtirse ese trámite dentro del proceso en el que
se intenta hacer valer, no pueden ni siquiera tenerse tales declaraciones extrajuicio
como indicio, en la medida que no se garantizaría el principio de contradicción y
de defensa de la parte contraria.
37. En lo concerniente al caso concreto, se observa que la declaración rendida por
la señora Rosalba Mosquera Mosquera, no surtió el trámite de la ratificación. Por
esta razón, no puede ser valorada; en consecuencia, al no allegarse ningún otro
10
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
medio de prueba que acredite la calidad en la que acudió la citada demandante se
negaran las pretensiones frente a la señora Árgenis Lozano García.
38. Ahora, para demostrar la legitimación en la causa por activa de la señora
Fermina del Carmen Córdoba Mena, si bien se allegó al trámite de la segunda
instancia su registro civil de nacimiento a efectos de acreditar el parentesco con el
señor Darío Córdoba Rincón, mediante auto del 4 de octubre de 2016 13, el
Magistrado sustanciador del proceso de la época negó la solicitud de pruebas
elevada por la parte actora, al advertir que dicha prueba documental no se
adecuaba a ninguno de los eventos previstos en el artículo 214 del CCA para
incorporarlo como prueba documental en esta instancia, por manera que no puede
ser tenido en cuenta en esta instancia procesal.
39. Ahora, es pertinente resaltar que la actividad oficiosa del juez debe ejercerse
cuando considere necesario decretar pruebas y no opera a solicitud de la parte.
En otras palabras, el juez es quien por voluntad propia determina si -de oficio-
decreta las pruebas que a su propio juicio -no al de la parte- considere necesarias
para tener un mejor conocimiento de la verdad de los hechos materia de discusión.
40. Así pues, debe señalarse que el tribunal a quo no tenía la obligación de
decretar pruebas de oficio para tener por demostrado el parentesco de los
afectados respecto de quienes aducen la calidad de cónyuge, padres, hijos,
hermanos, suegros y/o cuñados, comoquiera que esa es una carga procesal que
está a cargo de la parte actora, por manera que decretar dicha prueba implicaría
cumplir una carga probatoria de las partes y, con ello, asumir una posición que le
corresponde de forma exclusiva a los interesados, pues no debe olvidarse que es
deber de los sujetos activos acreditar los supuestos de hecho en que sustentan
sus pretensiones14.
41. En ese orden, se negarán las pretensiones frente a la señora Fermina del
Carmen Córdoba Mena.
Legitimación en la causa por pasiva de la Aeronáutica Civil
42. En el caso concreto, la parte demandante sostiene que la autoridad
aeronáutica está llamada a responder por el daño, habida cuenta de que las fallas
en las actividades de control y vigilancia a su cargo le impidieron advertir que el
aerodino accidentado no tenía equipo de emergencia, lo que devino en el
13
Folio 1258 del cuaderno del Consejo de Estado.
14
La carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de
P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima
una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma
plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación.
11
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
ahogamiento del señor Darío Córdoba Rincón por no contar con un chaleco
salvavidas.
43. La Sala estima necesario precisar que en materia de la actividad aeronáutica
existen dos variables de responsabilidad: una frente al explotador de la aeronave,
a quien le resulta aplicable el artículo 188015 del Código de Comercio, y, otra, frente
a la autoridad aeronáutica, la cual se fundamenta en la falla del servicio.
44. En cuanto a la responsabilidad que incumbe al explotador de la aeronave (con
quien la víctima ha suscrito un contrato de transporte), su régimen, que no hace
distinciones respecto de la naturaleza contractual o extracontractual de los
perjuicios que se reclamen, está determinado por el artículo 1880 del Código de
Comercio. Esta disposición consagra una presunción de responsabilidad a cargo
del explotador de la aeronave, o lo desvirtuable mediante la prueba de cualquiera
de las causales señaladas en el artículo 1003 del mismo código, con exclusión de
la fuerza mayor; imponiéndose, además, en todos los casos, la obligación del
explotador de demostrar que "tomó todas las medidas necesarias para evitar el
daño o que le fue imposible tomarlas’.
45. En lo que atañe a la responsabilidad de la autoridad aeronáutica, contrario de
lo anterior, ha sido fundamentada siempre en la falla del servicio, con base en las
reglas jurisprudenciales establecidas por esta Corporación.
46. Ahora bien, al producirse un accidente, puede activarse un régimen de
responsabilidad solidaria entre el explotador y la autoridad aeronáutica con base
en lo consagrado en el artículo 2344 del Código Civil. Asimismo, al operar la
eximente de fuerza mayor, la responsabilidad solo recaería en cabeza del
explotador de la aeronave. Por lo tanto, para imputar los daños antijurídicos a la
autoridad aeronáutica debe acreditarse la falla en el servicio siempre que fuese la
causa eficiente del accidente, ante lo que puede eximirse probando la ausencia de
falla o el cumplimiento adecuado y razonable de sus funciones16.
47. Al lado de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Aeronáutica Civil como
autoridad en la materia y regida por los artículos 68, 69 y 70 del Decreto 2171 de
199217, tiene la obligación de garantizar la utilización segura y adecuada del
15
Artículo 1880. Responsabilidad del transportador por daño en caso de muerte o lesión del pasajero. “El
transportador es responsable del daño causado en caso de muerte o lesión del pasajero, con la sola prueba
de que el hecho que lo causó se produjo a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de
embarque o desembarque, a menos que pruebe hallarse en cualquiera de las causales de exoneración
consagradas en los ordinales 1o. y 3o. del artículo 1003 y a condición de que acredite, igualmente, que tomó
todas las medidas necesarias para evitar el daño o que le fue imposible tomarlas.
Dichas operaciones comprenden desde que los pasajeros se dirigen a la aeronave abandonando el terminal,
muelle o edificio del aeropuerto hasta que ellos acceden a sitios similares”.
16
“Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 3 de mayo de 2013, expediente 25774”.
17
“Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y
se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”.
12
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
espacio aéreo, la que, a su vez, se fundamenta en la importancia del transporte
aéreo para la satisfacción de necesidades básicas de la vida moderna y en los
riesgos asociados a la actividad, en cuanto considerada como potencialmente
peligrosa para la sociedad, lo que amerita la intervención del Estado para
garantizar unas condiciones adecuadas que minimicen los riesgos y ofrezcan
confianza a las personas que deciden asumir la prestación del transporte aéreo,
que con su fuerza laboral lo hacen posible y que requieren de este servicio para la
solución de las múltiples necesidades de tipo económico, social y familiar18.
48. Ahora bien, de acuerdo con la Convención sobre Aviación Civil Internacional19,
adoptada por Colombia mediante la Ley 12 de 1947, los estados contratantes se
comprometen a colaborar a fin de lograr el más alto grado de uniformidad en
reglamentos, normas, procedimientos y organización relacionados con las
aeronaves, personal, rutas aéreas y servicios auxiliares y en todas las materias
que faciliten y mejoren la navegación aérea. Algunos de los aspectos que siguen
la normativa internacional se relacionan, por ejemplo, con el mínimo de requisitos
para otorgar licencia al personal de vuelo, procesos de matriculación e
identificación de aeronaves, navegabilidad de aeronaves, reglamentos de aire y
procedimiento de regulación del tráfico aéreo.
49. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 105 de 200320, la Aeronáutica Civil
conserva el control del tráfico aéreo y es responsable por el correcto
funcionamiento de las ayudas aéreas; asimismo, ejerce una adecuada supervisión
sobre la seguridad aérea y el control técnico (artículo 48). De igual forma, mediante
el Decreto 260 de 2004 se modificó la estructura de la Aeronáutica Civil y, entre
otras disposiciones, se estableció que a dicha autoridad “le corresponde también
la prestación de servicios aeronáuticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y
operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio aéreo
colombiano se efectúe con seguridad” (artículo 2).
50. Por su parte, el artículo 1790 del Código de Comercio estipula que “la autoridad
aeronáutica establecerá los requisitos técnicos que deban reunir las aeronaves y
dictará las normas de operación y mantenimiento de las mismas. La autoridad
aeronáutica expedirá un certificado de navegabilidad, en donde consten las
condiciones de operación de la aeronave”.
51. Con fundamento en el anterior marco normativo, se tiene que la Aeronáutica
Civil tiene la obligación de verificar que las aeronaves que realizan operaciones en
el país cumplan con unas condiciones mínimas de aeronavegabilidad establecidas
18
“Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 3 de mayo de 2013, expediente 25774”.
19
Esta convención fue firmada en Chicago, el 7 de diciembre de 1944.
20
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones”.
13
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia -RAC-, condición que se verifica
anualmente a través del Formulario de Inspección Anual de Aeronave (FIAA) y el
certificado de aeronavegabilidad.
52. En conclusión, la actividad aeronáutica en cabeza de la Aeronáutica Civil es
concebida a partir de una serie de facultades, funciones y deberes que
comprenden desde la autorización, certificación anual de la aeronavegabilidad, el
control del tráfico aéreo y la garantía suficiente y razonable de la infraestructura
aeronáutica, meteorológica y de seguimiento.
53. De conformidad con las definiciones dadas en los Reglamentos Aeronáuticos
Colombianos -RAC- el certificado de aeronavegabilidad es el “documento público
otorgado por la Oficina de Control y Seguridad Aérea de la UAEAC; mediante el
cual se acredita que, a la fecha de su otorgamiento, la aeronave en él descrita es
aeronavegable, o sea, apta para ser operada en forma segura dentro de las
condiciones asociadas a su categoría, clasificación y de acuerdo a las limitaciones
establecidas en su Certificado Tipo”21. Sin embargo, estas condiciones deben
permanecer en el tiempo y, para esto, es obligación del piloto y del explotador de
la aeronave realizar las actividades tendientes a mantener la aeronavegabilidad
de la aeronave, sin que se encuentre estipulado como obligación en cabeza de la
Aeronáutica Civil, realizar inspecciones permanentes y previas a cada uno de los
vuelos que se realicen en el país a fin de asegurar que los pilotos y explotadores
cumplan con los requisitos mínimos de aeronavegabilidad22.
54. En este punto, se hace necesario resaltar que, si bien la parte actora cuestionó
que el a quo no le hubiera dado valor probatorio al RAC que fue aportado, por no
contener la primera página, pues, a su juicio, al tratarse de una norma de orden
nacional no tenía la obligación de aportar el texto completo, conforme a lo previsto
en el artículo 188 del C.P.C., lo cierto es que el fallador de primera instancia
manifestó que, luego de consultada la página web de la Aeronáutica Civil, encontró
que la sección 6 del RAC -sobre requerimientos de instrumentos y equipos- solo
refiere que las aeronaves de empresas de servicio aéreo comercial de transporte
deben contar con el equipo de emergencia y flotación, sin hacer mención a los
chalecos salvavidas ni mucho menos que éstos deben ser portados en aeronaves
privadas, lo cual lo llevó a concluir que el daño le resultaba imputable únicamente
21
Mediante Resolución No. 2450 de 1974, modificada mediante Resolución No. 2617 de 1999, la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en uso de sus facultades legales, adoptó e incorporó en su
momento a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia la Parte Primera (hoy RAC 1) de dichos Reglamentos,
denominada “Disposiciones iniciales”. Numeral 1.2.1. Definiciones. “Certificado de aeronavegabilidad:
Documento público otorgado por la Oficina de Control y Seguridad Aérea de la UAEAC; mediante el cual se
acredita que, a la fecha de su otorgamiento, la aeronave en él descrita es aeronavegable, o sea, apta para
ser operada en forma segura dentro de las condiciones asociadas a su categoría, clasificación y de acuerdo
con las limitaciones establecidas en su Certificado Tipo”.
22
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 15 de febrero
de 2018, exp. No. 39326. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
14
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
a la propietaria de la aeronave, señora Elizabeth Villamarín Díaz, todo lo cual
evidencia que el a quo si le dio valor probatorio al RAC.
55. Ahora bien, en el caso que es materia de análisis, se probó que la aeronave
HK-1661-P fue matriculada e inscrita en el Registro Aeronáutico Nacional de
Colombia el 15 de julio de 199623 y contaba con el certificado de aeronavegabilidad
00016024.
56. También obra en el expediente el Formulario de Inspección Anual de Aeronave
(FIAA) del 5 de junio de 2003, en el cual se hizo constar que la última inspección
de condiciones mínimas de aeronavegabilidad del aerodino en cuestión se realizó
29 de de mayo de 2003, por la Empresa de Mantenimiento Aéreo de Colombia
Ltda.
57. En ese orden, se tiene que previo al hecho catastrófico -9 de agosto de 2003-
el aeromotor cumplía con toda la documentación para su navegabilidad lo que lleva
a la Sala a concluir que fueron cumplidas las obligaciones de la autoridad
aeronáutica, tales como expedir los certificados de matrícula de la aeronave y de
aeronavegabilidad de la misma, así como también el Formulario de Inspección
Anual de Aeronave, para efectos de establecer las condiciones de operatividad de
la nave.
58. Ahora, está probado en el expediente, con el certificado de matrícula25 y de
aeronavegabilidad de la aeronave26, que la misma era de propiedad privada y, en
su momento, de la señora Elizabeth Villamarín. En ese entendido, correspondía a
ésta y al piloto de la aeronave, mantenerla en condiciones de operación una vez
obtuvo el certificado de aeronavegabilidad, con independencia de los controles que
posteriormente pudiera hacer la Aeronáutica Civil.
59. Lo anterior, guarda relación con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia -
RAC-, que reúnen la normativa referente a las medidas de seguridad,
autorizaciones, requisitos y todo lo concerniente a la actividad aérea en
Colombia27, el cual se compone de varios apartados, diferenciados con números
no consecutivos, que integran la regulación especial, por temas.
23
Folio 112 del C.1
24
Folio 113 del C.1.
25
Folio 112 del cuaderno 1.
26
Folio 113 del cuaderno 1.
27
En efecto, tal como lo sostuvo el a quo, al expediente se aportó copia del Reglamento Aeronáutico de
Colombia, pero el mismo se encuentra incompleto y tampoco está disponible en línea en la página del diario
oficial, debido a su antigüedad; sin embargo, en la página oficial de la Aeronáutica Civil es posible consultar
el compendio normativo de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, con las modificaciones surtidas hasta
la fecha. Algunas disposiciones no han sufrido alteración y resultan útiles para dar contexto al asunto que se
analiza en este proceso.
15
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
60. Así pues, se tiene que, de conformidad con los RAC, una vez obtenido el
certificado, correspondía al explotador y propietario de la aeronave, que en el caso
bajo estudio -se itera- era la señora Elizabeth Villamarín, cumplir con los requisitos
de mantenimiento para que la aeronave siguiera siendo aeronavegable. Al
respecto, los RAC preceptúan28:
“4.2.4.2. GENERAL
a) El propietario o explotador de una aeronave es el responsable primario de
mantener esa aeronave en condiciones de aeronavegabilidad, incluyendo el
cumplimiento del Capítulo III de esta parte.
(…)
4.2.1.2. AERONAVEGABILIDAD EN AERONAVES CIVILES a) Ninguna
persona puede operar una aeronave civil, a menos que dicha aeronave se
encuentre en condiciones de Aeronavegabilidad. b) El piloto al mando de una
aeronave civil es responsable de determinar si la aeronave está en condiciones
para el vuelo seguro. El piloto al mando no debe iniciar el vuelo cuando ocurra
una condición de NO AERONAVEGABILIDAD.
(…)
4.5.7.2. Responsabilidad de la aeronavegabilidad.
a) Todo titular de un certificado es responsable de:
1. La aeronavegabilidad de sus aeronaves incluyendo estructuras,
motores de la aeronave, hélices, equipo de emergencia y partes de estos;
y
2. La ejecución del mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones de
sus aeronaves, incluyendo estructuras, motores, de la aeronave, hélices,
accesorios, equipo de emergencia y partes de aquellos de acuerdo con su
Manual General de Mantenimiento y las regulaciones de Aviación Civil de la
UAEAC.
a) El titular de un certificado puede contratar con una organización debidamente
autorizada, la ejecución de cualquier mantenimiento, mantenimiento preventivo
o alteraciones. Sin embargo, esto no exime al titular del certificado de las
responsabilidades especificadas en el párrafo (a) de este numeral.
61. Frente a lo anterior, es pertinente señalar que las presuntas irregularidades
cometidas por el señor Ernesto Villamarín Duarte -piloto de la aeronave
accidentada-, tal como lo era no llevar el equipo de emergencia en el aeromotor o,
en su defecto, chalecos salvavidas, es una situación que está lejos de ser
reprochada a la Aeronáutica Civil, pues, como se indicó, son el propietario y el
piloto del aerodino los directamente responsables de cumplir con los requisitos de
28
RAC 4. Normas de aeronavegabilidad y operación de aeronaves en:
file:///C:/Users/capon/Downloads/https___www.aerocivil.gov.co_normatividad_RAC_RAC%20%204%20-
%20Normas%20%20de%20Aeronavegabilidad%20%20y%20%20Operaci%C3%B3n%20de%20aeronaves
%20(1).pdf
consultado el 1 de septiembre de 2022.
16
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
mantenimiento a efectos de que la aeronave sea aeronavegable, entre ellos,
contar con el equipo de emergencia, tal como se desprende de las precitadas
normas.
62. Bajo estas consideraciones, contrario a lo que se afirma en el recurso de
apelación, no resulta procedente orientar el estudio hacia la responsabilidad de la
Aeronáutica Civil, toda vez que el desarrollo de la actividad de transporte aéreo no
estaba a cargo de la entidad demandada y la aeronave siniestrada tampoco era
de su propiedad ni se encontraba bajo su guarda.
63. Así pues, se tiene que no hubo un incumplimiento de las obligaciones
atribuibles de la Aeronáutica Civil, y que, por el contrario, el lamentable siniestro
obedeció a causas diferentes a cualquier acción u omisión por parte del ente
demandado que, como lo determinó el a quo, son atribuidas a la propietaria de la
aeronave, al punto que fue condenada en primera instancia, sin que ello haya sido
objeto de inconformidad por ninguna de las partes.
64. En conclusión, cuando se encuentra suficientemente establecida, como en
este caso, la falta de legitimidad en la causa por pasiva, la decisión no puede ser
otra sino denegar las pretensiones de la demanda frente a la entidad pública
demandada, lo cual impone confirmar la sentencia de primera instancia.
Perjuicios morales
65. El daño moral comprende el aspecto interno del individuo, la afección directa
a los sentimientos del ser humano y para que haya lugar a su indemnización,
resulta necesario que dicho daño esté acreditado, pues, debe recordarse que solo
los perjuicios derivados de la afectación a la vida o integridad psicofísica de la
persona se presumen respecto de la víctima directa y de sus familiares más
cercanos.
66. Tal como se demostró en el proceso, el señor Darío Córdoba Rincón falleció
el 9 de agosto de 2003, como consecuencia de la muerte por asfixia mecánica por
sumersión (ahogamiento).
67. Es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan
tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afectaciones de los sentimientos,
cuando un ser querido muere en las condiciones acreditadas en este caso.
68. En el presente asunto, la Sala encuentra probada la legitimación material en
la causa para acceder al reconocimiento de perjuicios en favor de Luis Camilo
17
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Córdoba Lozano29, porque en el proceso obra certificación de la Notaría primera
del Circulo de Quibdó en la que consta que en el libro de registro de nacimientos
del 6 de octubre de 1994, bajo el serial 21953674, se encuentra asentado el
nacimiento de aquel menor el 23 de septiembre de 1994, siendo hijo del señor
Darío Córdoba Rincón.
69. Ahora bien, teniendo en cuenta que la valoración de dichos perjuicios debe
ser hecha por el juzgado, en cada caso concreto, según su prudente juicio, en el
presente asunto se considera que la muerte de Darío Córdoba Rincón, a no
dudarlo, le implicó una grave aflicción, congoja y dolor al demandante, quien era
un niño al momento del fallecimiento de su padre.
70. Se observa que en la demanda se solicitó como indemnización de perjuicios
morales el equivalente en pesos de cien (100) SMLMV para Luis Camilo Córdoba
Lozano; no obstante, el fallador de primera instancia le reconoció la suma en
pesos de ochenta (80) SMLMV, con lo cual estuvo en desacuerdo la parte
recurrente.
71. Para esta sala, la pérdida de un padre permite inferir una grave afectación
moral para el hijo, razón por la cual resulta del caso acceder al reconocimiento de
una indemnización equivalente al monto que se concede en caso de muerte de
personas, en aplicación de los parámetros fijados por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en sentencias de unificación del 28 de agosto de
201430, esto es, una indemnización correspondiente al equivalente en pesos de
cien (100) SMLMV, todo lo cual impone modificar la sentencia apelada en ese
aspecto.
Lucro cesante
72. Según el artículo 1614 del Código Civil, el lucro cesante es “la ganancia o
provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la
obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento”. A
partir de allí, queda claro que la indemnización de perjuicios abarca el aumento
patrimonial que fundadamente podía esperar una persona de no ser por haber
tenido lugar, en el caso de la responsabilidad extracontractual, el hecho dañoso,
por lo tanto, este perjuicio se corresponde con la idea de ganancia frustrada31.
29
Folio 14 del cuaderno 1.
30
Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa. Sentencia de unificación del
14 de septiembre de 2011. Exp. 19031, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
31
En cuanto al lucro cesante esta Corporación ha sostenido reiteradamente, que se trata de la ganancia
frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado
ya o en el futuro al patrimonio de la víctima. Pero que como todo perjuicio, para que proceda su indemnización,
debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna. Así las cosas,
este perjuicio, como cualquier otro, si se prueba, debe indemnizarse en lo causado”, Consejo de Estado,
sentencia del 21 de mayo de 2007, exp. 15989.
18
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
73. En este caso, como se indicó párrafos atrás, la inconformidad de la parte
recurrente parte del valor que se reconoció como indemnización por concepto de
lucro cesante consolidado y futuro, pues, a su juicio, debió liquidarse con base en
el salario que como Representante a la Cámara devengaba el señor Darío
Córdoba Rincón. Al respecto, sostuvo:
“Violaron el principio de igualdad al no tener en cuenta para la liquidación de
la indemnización el valor de los salarios que devengaba Darío Córdoba
Rincón a la fecha de su muerte, reduciéndolo al salario mínimo legal vigente
Se sirva modificar la sentencia impugnada
(…)
3. Liquidando la indemnización a favor de los demandantes con base en el
sueldo que devengaba Darío Córdoba Rincón a la fecha de su fallecimiento,
y no con base en un salario mínimo mensual”.
74. El fallador de primera instancia sostuvo en el proveído recurrido que, a efectos
de definir el salario que serviría como base de liquidación, se analizarían tres
etapas, “(i) entre el momento del fallecimiento y la fecha en que finalizaría el
periodo al que fue elegido, el cual se liquidará por ese lapso con el salario básico
como congresista -3.396.737 según certificación a folios 20 al 24 del expediente-
, (ii) a partir de la fecha en que se terminó el periodo para el que fue elegido y
hasta la fecha de la sentencia se liquidará con el salario mínimo mensual vigente
actual por ser más favorable, los resultados de estas dos operaciones constituirán
el lucro cesante pasado o consolidado, luego (iii) se tomará el salario mínimo
actual por resultar más favorable, y se liquidará el lucro cesante futuro hasta que
el joven Luis Camilo Córdoba Lozano cumpliera los 25 años, todo lo anterior
aplicando la fórmula reconocida por la jurisprudencia para la liquidación de
perjuicios”.
75. La inconformidad de la parte actora se centra en el análisis que realizó el
tribunal a quo en las etapas segunda y tercera, a efectos de liquidar el lucro
cesante, puesto que, en el recurso de alzada, nada se dijo en relación a la primera
etapa, en la que se tuvo en cuenta el momento del fallecimiento y en el que
finalizaría el periodo constitucional para el que fue elegido el señor Darío Córdoba
Rincón, como Representante a la Cámara, así como el salario básico que éste
devengaba como congresista de ($3.396.737)32, por lo que sobre tal punto no hará
pronunciamiento alguno.
76. En este caso, resulta preciso señalar que, de acuerdo con la Constitución, los
cargos de elección popular son temporales, y acceder y mantenerse en ellos
32
Folios 20 a 24 del C. 1.
19
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
depende de variables propias de un sistema democrático participativo, las cuales
comportan aleatoriedad e impiden contar siquiera con una relativa certidumbre
sobre si una determinada persona será elegida. De esta manera, la certeza de
que el señor Darío Córdoba Rincón siguiera ocupando el cargo de Representante
a la Cámara o uno equivalente, se reduce a un grado que comporta una mera
hipótesis y por tal razón no es posible para efectos de la liquidación del lucro
cesante consolidado o futuro el pago del salario que devengaba como congresista
cuando falleció, sino, únicamente, tenerlo en cuenta hasta la fecha en que
finalizaría el periodo para el cual fue elegido y no, por ejemplo, hasta la edad de
vida probable de éste o de que su hijo cumpliera 25 años de edad.
77. Es preciso indicar que, para que resulte procedente la indemnización de un
perjuicio que aún no se ha causado, es menester demostrar la certeza de su
ocurrencia, pues la mera hipótesis o eventualidad de su acaecimiento no es un
presupuesto razonable para hacer cargar a un sujeto con el deber de asumir el
pago de su ocurrencia.
78. De acuerdo con la constancia de la Subsecretaria de la Cámara de
Representantes33, en la que consta que el señor Darío Córdoba Rincón fue
elegido como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del
departamento del Chocó para el periodo constitucional 2002 -2006, cargo del cual
tomó posesión el 20 de julio de 2002 y que desempeñaría hasta el 20 de julio de
2006, es dable inferir que a partir de ésta última fecha no resultaba posible tener
el salario básico del señor Córdoba Rincón, para efectos de liquidar el lucro
cesante consolidado y futuro.
79. Así pues, como no había certeza que aquel señor hubiese sido reelegido en
las siguientes legislaturas, para la Sala fue acertada la decisión del tribunal a quo,
en el sentido de liquidar el lucro cesante teniendo en cuenta, para el primer
período la fecha de la muerte de la víctima y en la que terminaba su legislatura,
esto es, desde el 9 de agosto de 2003 hasta el 20 de julio de 2006, con base en
el salario básico que ostentaba como representante a la cámara -valor que no fue
objeto de inconformidad-, y el segundo y tercer periodo entre el 21 de julio de 2006
hasta la fecha de la sentencia recurrida 15 de julio de 2015 y del 16 de julio de
2015 hasta el 6 de octubre de 2019, cuando el menor Luis Camilo Córdoba Lozano
cumplía los 25 años de edad, respectivamente, teniendo como factor salarial el
mínimo mensual legal vigente34.
33
Folio 928 del cuaderno 5.
34
Lo anterior, por analogía con casos en los que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que para
reconocer perjuicios por concepto de lucro cesante debe existir prueba de una actividad productiva, pero “en
el caso de soldados conscriptos, esa regla no es exigible, en la medida en que se entiende que la prestación
del servicio militar obligatorio ya implica el ejercicio de una, aunque no sea remunerada con un “salario”, por
manera que la liquidación deberá efectuarse con base en salario mínimo legal mensual vigente de la época
en la que terminó la prestación del servicio militar obligatorio, sin perjuicio de adoptar el SMLMV de la época
de expedición de la sentencia, siempre que el primero resulte inferior -una vez actualizado a la época presente-
20
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
80. En ese orden, la suma reconocida por el fallador de primera instancia por
concepto de daño material, en la modalidad de lucro cesante -$38’076.258-, será
actualizada conforme a la fórmula de matemática financiera que para el efecto
aplica la Corporación, así:
Ra = Rh ($38’076.258) X índice final – agosto/202235 (121,50)
Índice inicial - julio/2015 (85,37)
81. Como consecuencia, se reconocerá a título de perjuicio material, en la
modalidad de lucro cesante, a favor de Luis Camilo Córdoba Lozano, la suma de
cincuenta y siete millones ciento noventa mil setecientos sesenta y un pesos
m/cte. ($57’190.761).
Condena en costas
82. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el 15 de julio de 2015; en consecuencia, dicha providencia quedará
así:
“PRIMERO. DECLARAR civilmente responsable a la señora María Elizabeth
Villamarín Díaz, como propietaria y explotadora para la época de los hechos
del aeroplano matrícula HK-1661P marca CESSNA A 185 F, de los perjuicios
causados al joven Luis Camilo Córdoba Lozano, por la muerte de su padre el
señor Darío Córdoba Rincón.
SEGUNDO. ORDENAR a la señora María Elizabeth Viliamarín Díaz, con
consecuencia de la anterior declaración, reconocer y pagar a favor del joven
Luis Camilo Córdoba Lozano, por concepto de daños morales la suma de cien
“. Sentencia proferida dentro del expediente con número de radicado 73001-23-31-000-20011-00087-01
(58.922).
35
Último IPC conocido.
21
Radicación: 27001-23-31-000-2005-00815-01 (56.127)
Actor: Argenis Lozano García y otros
Demandado: Aeronáutica Civil y otros
Referencia: Acción de reparación directa
(100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y por concepto daños
materiales en la modalidad de lucro cesante la suma total de cincuenta y siete
millones ciento noventa mil setecientos sesenta y un pesos m/cte.
($57’190.761), según se desarrolla y explica en la parte motiva.
TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO. NO CONDENAR en costas a la parte demandada.
QUINTO. DAR cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
SEXTO. DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo del Chocó
previas las anotaciones que fueren menester, a efectos de que se notifique la
sentencia de segunda instancia y se le dé el trámite posterior que
corresponda”.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, el fallo objeto de apelación, por las
razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
22
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.