Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2009-00090-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: daños derivados de la administración de justicia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2009-00090-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 27001-23-31-000-2009-00090-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
14 de febrero de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Daños derivados de la administración de justicia / DAÑOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Por privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - De persona sindicada del delito de rebelión / REBELIÓN - Delito contra el régimen constitucional y legal / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Detención preventiva en establecimiento carcelario / MODALIDAD DE DETENCIÓN - Orden de captura en vigencia de la Ley 600 del 2000 / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN - Insuficiencia probatoria para formular acusación / FALLA DEL SERVICIO - Indebida valoración probatoria al momento de la imposición de medida de aseguramiento
[E]l señor Jesús Rodríguez Hernández fue privado de la libertad con ocasión de un proceso penal que terminó con preclusión de la investigación, la cual, según las consideraciones expuestas por el fiscal encargado del caso, se sustentó en la insuficiencia probatoria para formular acusación por el delito de rebelión, en cuanto se desestimaron las pruebas recaudados a lo largo de la investigación, consistentes en declaraciones de personas que no brindaron credibilidad al ente acusador.
PRELACIÓN DE FALLO - Regulación normativa / PRELACIÓN DE FALLO - Decisión sin sujeción al orden cronológico por tratarse de asuntos reiterados jurisprudencialmente / PRELACIÓN DE FALLO - Pronunciamiento anticipado de juez por existir jurisprudencia consolidada y reiterada sobre privación injusta de la libertad
En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del presente proceso. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 18 / LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 16
RECURSO DE APELACIÓN - Competencia / COMPETENCIA - De jurisdicción contencioso administrativa por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia / COMPETENCIA - Tribunales administrativos conocen en primera instancia procesos de reparación directa por daños derivados de la administración de justicia / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - Conoce de procesos de privación injusta de la libertad en segunda instancia
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia reside en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia para conocer demandas reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, consultar providencia de 9 de septiembre de 2008, Exp. 34985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73
CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término dos años en casos de privación injusta de la libertad / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD - A partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de privación injusta de la libertad, consultar providencias de 14 de febrero de 2002, Exp. 13622, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y de 19 de julio de 2010, Exp. 37410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Noción. Distinción entre la material y de hecho / LEGITIMACIÓN DE HECHO - Relación procesal entre demandante y demandado que surge a partir de la notificación del auto admisorio, momento en que es trabada la litis / LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA - Participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que los demandantes hacen al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Por privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - La declaratoria de responsabilidad no opera de manera automática / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Deber del juez de analizar si la restricción se apartó de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad exigidos
[L]a Sala considera importante destacar que la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, la que mediante la sentencia C-037 de ese mismo año efectuó el análisis, entre otros, del artículo 68 ibídem, en relación con los presupuestos para la privación injusta de la libertad y señaló la necesidad de examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, razón por la cual esta Subsección, en orden a examinar los argumentos del recurso de apelación, estima necesario determinar si la entidad demandada incurrió en conductas constitutivas de falla del servicio de la Administración de Justicia, con la virtualidad de causar los perjuicios supuestamente irrogados a los extremos demandantes. (…) De conformidad con los criterios expuestos, resulta válido afirmar que el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se torne imperiosa la ponderación de las circunstancias que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento, a efectos de establecer si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el estudio de exequibilidad de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, consultar sentencia de la Corte Constitucional de febrero de 1996, Exp. C-037, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Existente por comprobarse privación injusta de la libertad proveniente de falla del servicio de la Administración de Justicia / ERROR JURISDICCIONAL - Imposición de medida de aseguramiento sin cumplimiento de los requisitos legales / FALLA DEL SERVICIO - Ausencia de indicios de responsabilidad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Imputable a la actuación de la Fiscalía General de la Nación al incumplir con su deber de investigación integral y no valorar con el debido rigor las pruebas / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Constituyó una carga que el demandante no se encontraba en el deber jurídico de soportar / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - La víctima directa no se expuso dolosa o culposamente al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Presupuestos
[L]a Sala advierte la configuración de una falla en el servicio de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que impone la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre su actuación. (…) [Se] estima que la Fiscalía General de la Nación impuso la medida de aseguramiento, pese a que no se cumplían los requisitos establecidos para proceder de conformidad, según la Ley 600 del 2000. (…) En términos del artículo 284 de la Ley 600 de 2000, todo indicio supone un hecho indicador, debidamente probado, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro, supuesto que no se encuentra acreditado en el sub lite, dado que no se aportaron pruebas de las cuales fuera posible deducir indicios graves de responsabilidad contra el señor Jesús Rodríguez Hernández. (…) En este orden de ideas, es claro que el ente acusador infringió sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal, porque, se insiste, no examinó con el debido rigor las piezas procesales obrantes en el expediente, ni ordenó adicionales para establecer la relación del aquí demandante con grupos al margen de la ley. Adicionalmente, no es posible concluir que se configuró la culpa exclusiva de la víctima directa del daño, pues la medida de aseguramiento impuesta a él no tuvo como fundamento conductas gravemente culposas o dolosas que hubiesen llevado al ente acusador a considerar como necesaria la adopción de decisiones con la suficiencia de restringir su derecho a la libertad. (…) Así las cosas, la Sala confirmará la decisión apelada en lo que a este punto se refiere. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posibilidad de declarar falla del servicio de Administración de Justicia en los casos que se evidencia detención injusta proveniente de providencia contraria al ordenamiento jurídico, consultar sentencia de 23 de agosto de 2010, Exp. 40060, C.P. Enrique Gil Botero
FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 284
ALCANCE DE LA APELACIÓN - Comprende lo atinente a la responsabilidad, incluida la liquidación de perjuicios / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA - Aspectos que se entiendan comprendidos dentro del marco del recurso. Reiteración jurisprudencial / ESTUDIO Y REVISIÓN DE LOS ASPECTOS COMPRENDIDOS O CONSUSTANCIALES EN EL RECURSO DE APELACIÓN - Deber y obligación del juez de segunda instancia
Se precisa que, si bien el ente demandado presentó el recurso de apelación sobre la base de la ausencia de responsabilidad, lo cierto es que esta comprende la estimación de los perjuicios efectuada por el Tribunal, por lo que se entenderá que la misma sí fue objeto de cuestionamiento por parte de la mencionada entidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el marco fundamental de la competencia del juez de segunda instancia, consultar sentencia de unificación de 6 de abril de 2018 Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Produce indemnización de perjuicios morales por afectación, angustia y congoja padecida por la víctima / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES - Se hace extensiva a los familiares más cercanos de la víctima
En relación con la tasación de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, siguiendo lo reiterado por esta Corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectan por la situación de zozobra por la que atravesó su familiar.
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Criterios reiterados jurisprudencialmente para su tasación en casos de privación injusta de la libertad / PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Baremos indemnizatorios que orientan la decisión del juez. Reiteración jurisprudencial / PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Conforme al tiempo de detención y el nivel de cercanía afectiva con la víctima directa / PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Deber del juez de valorar las circunstancias particulares en cada proceso
Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos, según corresponda; asimismo, respecto del quantum indemnizatorio, se ha establecido que el juez, según su prudente juicio, analizará las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo acudir como guía de la tasación del mismo a los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los criterios jurisprudenciales para tasación de perjuicios morales por privación injusta de la libertad, consultar sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES - Se confirman las sumas otorgadas por concepto de daño emergente / DAÑO EMERGENTE - Por el pago que debió hacer la víctima al abogado que ejerció su defensa en el proceso penal
El Tribunal a quo reconoció la suma de $12’978.936, a favor del señor Jesús Rodríguez Hernández, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, como consecuencia del pago que debió hacer al abogado que ejerció su defensa en el proceso penal. (…) [L]e asistió razón al tribunal a quo al efectuar este reconocimiento económico, razón por la cual se actualizará la suma establecida en la sentencia de primera instancia, sin que ello implique la afectación de la situación del apelante único, en este caso, la entidad demandada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 27001-23-31-000-2009-00090-01(54820)
Actor: JESÚS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – falla en el servicio por indebida valoración probatoria al momento de la imposición de medida de aseguramiento / ALCANCE DE LA APELACIÓN – en aplicación del criterio jurisprudencial reciente, se entiende que la apelación de la entidad demandada comprende lo atinente a la responsabilidad, incluida la liquidación de perjuicios.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia proferida el 5 de febrero de 2015, por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así (se transcribe de forma literal con posibles errores incluidos):
“PRIMERO: DECLÁRESE administrativamente y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por lo perjuicios que sufrieron los demandantes, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor JESÚS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, entre el 23 de agosto de 2003 y el 06 de septiembre de 2004.
“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar por concepto de perjuicios morales, las siguientes cantidades:
“A. NOVENTA (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los que a continuación se relacionan: JESÚS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, (víctima directa) y a sus familiares FERNANDO RODRÍGUEZ GAMBOA (padre de la víctima), MARÍA LLANILA RODRÍGUEZ VALENCIA, SANDRA MILENA RODRÍGUEZ VALENCIA, MABEL RODRÍGUEZ VALENCIA, GERLIN RODRÍGUEZ MENDOZA, DAVISON RODRÍGUEZ PALACIOS, OMAR RODRÍGUEZ VALENCIA Y PATRICIA RODRÍGUEZ VALENCIA (hijos de la víctima).
“B. CUARENTA Y CINCO (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de MIGNONIO RODRÍGUEZ CÓRDOBA, por ser hermano de la víctima directa.
“TERCERO: CONDÉNESE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar por concepto de perjuicios materiales (daño emergente) la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($12’978.936), a favor del señor JESÚS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.
“CUARTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.
“(…)”.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
En escrito presentado el 17 de octubre de 2008, los señores Jesús Rodríguez Hernández, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos María Llanila Rodríguez Valencia, Sandra Milena Rodríguez Valencia, Mabel Rodríguez Valencia, Gerlin Rodríguez Valencia, Davison Rodríguez Palacios y Omar Rodríguez Mendoza; María Vicenta Valencia Moreno, Fernando Rodríguez Gamboa y Migdonio Rodríguez Córdoba, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados como consecuencia de la privación de la libertad que soportó el señor Jesús Rodríguez Hernández dentro de un proceso penal adelantado en su contra.
En la demanda se solicitó que se condenara a la entidad demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, al señor Jesús Rodríguez Hernández el equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes y para cada uno de los demás demandantes el equivalente a 50 salarios mínimos legales vigentes o lo que llegare a demostrarse en el proceso y de conformidad con la jurisprudencia. A su vez, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, se pidió la suma de $10’000.000, por los honorarios pagados al abogado que asistió al demandante en el proceso penal que se adelantó en su contra.
2. Los hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones, se narró que la Fiscalía General de Nación inició una investigación penal en contra del señor Jesús Rodríguez Hernández como presunto integrante de un grupo subversivo.
Según se indicó en el libelo, al aquí demandante se le impuso medida de aseguramiento por las conductas punibles de concierto para delinquir, narcotráfico y rebelión.
Se narró que, el 22 de julio de 2004, la fiscalía 101 Especializada de Quibdó precluyó la investigación por el delito de concierto para delinquir y continuó la actuación por la conducta punible de rebelión.
De acuerdo con la demanda, el 6 de septiembre de 2004, el ente acusador decretó la nulidad de la resolución del 22 de julio de 2004 y ordenó la libertad provisional del señor Rodríguez Hernández.
Finalmente, se dijo que el 16 de febrero de 2007, la Fiscalía precluyó la investigación adelantada en contra del señor Jesús Rodríguez Hernández por la conducta punible de rebelión.
3. Trámite en primera instancia
La demanda así presentada fue admitida por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante auto del 29 de mayo de 2009, providencia que fue notificada en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público.
3.2. La Fiscalía General contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones. En cuanto a los hechos, manifestó que no le constaban y que se atenía a lo que resultara probado.
Como sustento de su oposición, indicó que no le asistía responsabilidad patrimonial por la detención del ahora demandante, toda vez que actuó bajo una obligación constitucional y legal; a su vez, señaló que la medida de aseguramiento impuesta al demandante estaba ajustada a las exigencias, tanto de forma como de fondo, que contemplaba la ley penal.
3.3. Concluido el período probatorio, mediante proveído del 18 de marzo de 2011, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.
3.3.1. La parte actora señaló que en el presente asunto se probó que la privación que padeció el señor Rodríguez Hernández fue injusta, razón por la cual solicitó que se accediera a las súplicas de la demanda.
3.3.2. La Fiscalía reiteró lo expuesto en su contestación; adicionalmente, sostuvo que la parte actora no acreditó el daño respecto de los perjuicios materiales solicitados en la demanda.
3.3.3. En su concepto, el Ministerio Público consideró que dentro del expediente no se acreditó que la Fiscalía hubiese cometido un error judicial o que la privación de la libertad que soportó el señor Rodríguez Hernández fuere injusta, razón por la cual solicitó que se negaran pretensiones de la demanda.
4. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia fechada el 5 de febrero de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, tal y como se indicó al inicio de esta providencia.
Como sustento de su decisión, señaló que la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Jesús Rodríguez Hernández se tornó injusta, dado que dentro del proceso penal no se logró demostrar la responsabilidad de este, en relación con la conducta punible endilgada.
Finalmente, negó las pretensiones respecto de las demandantes María Vicenta Valencia Moreno y Manuela Palacios Córdoba, dado que no acreditaron su condición de compañera permanente y madre del señor Jesús Rodríguez Hernández, respectivamente.
5. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión anterior, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación. Como fundamento de su oposición, en síntesis, señaló que actuó en cumplimiento de un deber constitucional y legal; a su vez, sostuvo que la medida de aseguramiento impuesta al señor Rodríguez Hernández estaba ajustada a las exigencias legales, tanto sustanciales como formales, razón por la cual la privación decretada no podía tildarse de injusta. En ese sentido, solicitó que se revocara el fallo de primera instancia.
6. Trámite en segunda instancia
El recurso interpuesto fue admitido mediante auto del 30 de julio de 2015. Posteriormente se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.
6.1. La Fiscalía reiteró lo expuesto a lo largo del proceso; a su vez, sostuvo que la valoración probatoria realizada por el Fiscal que precluyó la investigación no fue la adecuada, dado que para arribar a tal decisión se tuvieron en cuenta los mismos testimonios que dieron sustento a la acusación formulada en contra del señor Jesús Rodríguez Hernández.
6.2. En su concepto, el Ministerio Público consideró que dentro del proceso penal adelantado en contra del señor Rodríguez Hernández “no se examinó, ni analizó con arreglo de la ley las pruebas del cargo endilgado”, razón por la cual consideró que se había configurado una falla en el servicio imputable a la Fiscalía General de la Nación, por tanto, solicitó que se confirmara el fallo de primera instancia.
6.3. La parte actora guardó silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Prelación de fallo
En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del presente proceso.
No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.
En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor Jesús Rodríguez Hernández, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto sobre el que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.
2. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia reside en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.
3. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
En el presente caso, la demanda se originó en los perjuicios que habría sufrido el señor Jesús Rodríguez Hernández con ocasión de la privación de la libertad de la que fue víctima, dentro de una investigación penal adelantada en su contra.
Revisado el expediente, advierte la Sala que, como no obra constancia de ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación a favor del señor Jesús Rodríguez Hernández, se tendrá en cuenta la fecha en que se dictó tal decisión, con el fin de contabilizar el término de caducidad, sin que ello en modo alguno comporte el desconocimiento del criterio antes expuesto, según el cual el cómputo del término de caducidad inicia, para estos casos, a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia absolutoria o su equivalente.
En ese sentido, como la providencia que precluyó la investigación se profirió el 16 de febrero de 2007, se impone concluir que la demanda se interpuso dentro de la oportunidad legal prevista, por cuanto se presentó el 17 de octubre de 2008.
4. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.
A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que los demandantes hacen al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
4.1. Legitimación de los demandantes
EL señor Jesús Rodríguez Hernández se encuentra legitimado en la causa por activa -de hecho-, dado que se trata de la persona que alega haber afrontado la privación de su derecho a la libertad y la prueba documental que obra en el expediente da cuenta de que se vio incurso en un proceso penal y, con ocasión del mismo, fue capturado, lo que permite establecer su intervención en el proceso como víctima directa
En cuanto a su grupo familiar, se encuentra acreditado que el señor Fernando Rodríguez Gamboa es el padre de la víctima directa, en tanto que María Llanila Rodríguez Valencia, Sandra Milena Rodríguez Valencia, Mabel Rodríguez Valencia, Gerlin Rodríguez Mendoza, Davison Rodríguez Palacios y Omar Rodríguez Mendoza acudieron al proceso como hermanos de la víctima directa, condición que acreditaron con los registros civiles de nacimiento que obran a folios 16 a 22 del cuaderno principal.
En cuanto a los señores Migdonio Rodríguez Córdoba, Patricia Rodríguez Valencia y Manuela Palacios Córdoba, la Sala se releva de hacer el correspondiente análisis, toda vez que estas personas fueron excluidas en el auto admisorio, porque no subsanaron la demanda en la forma señalada, al margen de que en la sentencia hubieren sido reconocidos como integrantes del extremo activo. En todo caso, esa imprecisión será corregida en el acápite pertinente, esto es, al momento de revisar la indemnización de perjuicios.
En cuanto a la señora María Vicenta Valencia Moreno, la Sala advierte que el Tribunal negó las pretensiones formuladas en calidad de compañera permanente de la víctima, y como la parte actora no apeló la sentencia, no hay lugar a emitir decisión al respecto.
4.2. Legitimación en la causa de la Fiscalía General de la Nación
En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi en la demanda permiten concluir que la Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que a dicha entidad se le imputa el daño objeto de la controversia.
Respecto de la legitimación material de la demandada, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita determinar si existió o no una participación efectiva en la producción del daño antijurídico alegado por los demandantes.
5. Objeto del recurso de apelación
La Fiscalía General de la Nación señaló que los actores no probaron haber sufrido un daño antijurídico, aunado a que no incurrió en conductas irregulares, dado que la medida de aseguramiento impuesta se debió al cumplimiento del deber consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política y que durante el procedimiento se respetaron los requisitos exigidos por la Constitución Política, por lo que la privación de la libertad no podía calificarse como injusta.
En ese sentido, la entidad demandada sostuvo que su eventual responsabilidad debe analizarse a la luz de la falla en el servicio, con el fin de establecer si incurrió en alguna irregularidad, la cual, según su criterio, no existió.
En tal medida, la Sala analizará si los demandantes sufrieron un daño antijurídico, de ser así, si le resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación y, en caso afirmativo, resolverá sobre los perjuicios reconocidos por el a quo.
6. Hechos probados
La Sala, de conformidad con el material probatorio debidamente allegado al expediente, encuentra acreditado lo siguiente:
6.1. El 11 de abril de 2003, la Fiscalía 101 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó ordenó vincular, mediante diligencia de indagatoria, al señor Jesús Rodríguez Hernández al proceso tramitado bajo el radicado 140.762 y para tal fin libró orden de captura su contra. Posteriormente, el 11 de agosto de 2003, agentes del CTI, en cumplimiento de la mencionada orden, capturaron al señor Rodríguez Hernández.
6.2. El 14 de agosto de 2003, el señor Jesús Rodríguez Hernández rindió indagatoria ante el ente acusador.
6.3. En providencia del 21 de agosto de 2003, la Fiscalía 101 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó resolvió la situación jurídica del señor Rodríguez Hernández, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva, por su supuesta responsabilidad en el delito de “concierto para delinquir, en la modalidad de narcotráfico y rebelión”, contra la anterior decisión el Procurador 157 Judicial Penal II interpuso recurso de apelación.
6.4. Mediante proveído del 26 de septiembre de 2003, la Fiscalía 11 Delegada ante el Tribunal Superior de Quibdó revocó parcialmente la providencia impugnada, en cuanto al delito de concierto para delinquir en la modalidad de narcotráfico y, a su vez, confirmó la mencionada decisión en lo que respecta al punible de rebelión.
6.5. El 22 de julio de 2004, Fiscalía 101 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó profirió resolución de acusación en contra del aquí demandante, por la conducta punible de rebelión, decisión que fue impugnada por el señor Rodríguez Hernández.
6.6. En providencia del 6 de septiembre de 2004, la Fiscalía 11 Delegada ante el Tribunal Superior de Quibdó decretó la nulidad del proveído del 22 de julio del mismo año y ordenó la libertad provisional del señor Jesús Rodríguez Hernández. Como consecuencia de lo anterior, el 15 de septiembre de 2004, el mencionado actor suscribió acta de compromiso.
6.7. Finalmente, en proveído del 16 de febrero de 2007, la Fiscalía Octava Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Quibdó precluyó la investigación en favor del señor Rodríguez Hernández, con fundamento en las siguientes razones (se transcribe de forma literal con posibles errores incluidos):
“Nótese como los encartados JESÚS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, FERNANDO RODRÍGUEZ BENÍTEZ Y HERNANDO RODRÍGUEZ BENÍTEZ, han sido enfáticos, reiterativos y coherentes en señalar que no hacen parte de la guerrilla, que se les vincula con ese grupo subversivo por la relación que existe entre el 57 Frente de las FARC y su familiar PEDRO MARTIDO quien si hace parte de dicho grupo; pero que ellos jamás han ingresado a las filas de agrupaciones al margen de la Ley, que no les han colaborado ni mucho menos han portado armas o vestido uniformes de uso privativo de las fuerzas militares; por el contrario, señalan sin ambages de ninguna índole que siempre se han dedicado a la agricultura, a la siembra de plátano, a aserrar y vender madera y a la pesca, e inclusive el primero fue designado como Inspector de Policía del Corregimiento de Campo Alegre, cargo que desempeñaba al momento de su detención.
“Obsérvese que estos señores fueron claros en manifestarle a la Fiscalía 101 Especializada a esta instrucción, que existía de vieja data una desavenencia con el señor WILSON IBARGÜEN RODRÍGUEZ (MISAEL) en razón a que éste le había hurtado algunas pertenecías al señor JESÚS RODRÍGUEZ, y al verse descubierto y conducido ante un organismo de Policía Judicial donde fue golpeado, prometió en venganza hacerles pagar por lo ocurrido. Situación que dicho despacho no averiguó y que seguramente podría haber dilucidado los argumentos esbozados por estos sindicados.
“Resáltase además que tal como pregonan estos procesados, quienes alegan ser simples trabajadores del campo, ajenos a las filas de cualquier grupo al margen de la ley, se escuchó en declaración a las señoras MANUEL CÓRDOBA PALACIOS, DAICY ROSMIRA PALACIOS y ETELVINA CHAVERRA MENA y, a los señores ZENON CHAVERRA PARRA, FRANCISCO MENA NAVIA, BERNARDO ABAD CHAVERRA MURILLO, CRECENCIANO MORENO CÓRDOBA y FIDEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, quienes al unísono exponen que dichos individuos son cultivadores de la tierra, trabajadores de la madera, pescadores, dedicados a su familia. Testimonios a los cuales el Despacho les otorga credibilidad por cuanto son coherentes y armónicos entre sí, además no se advierte en ellos interés distinto al de narrar la verdad.
“Por el contrario para esta delegada los testimonios de los señores WILSON IBARGÜEN RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL MORENO MOSQUERA, EMILIANO MARTÍNEZ RODRIGUEZ, VÍCTOR ALEXÍS BERRIO CÓRDOBA e IVE HINESTROZA RODRÍGUEZ; así como los de los reinsertados EDUARDO HINESTROZA ALBORNOZ, FRANCISCO RODRÍGUEZ CHAVERRA y JAIRO MORENO CHAVERRA, aun cuando en algunos aspectos son coincidentes, para esta delegada resultan poco creíbles si se tienen en cuenta que no tienen respaldo probatorio, por cuanto ninguna de estas personas explica con claridad de qué manera obtuvieron esas informaciones.
“Adveramos esto por cuenta si bien es cierto que señalan a esta personas como milicianos del Frente 57 de las FARC, no hacen precisión de los lugares específicos donde los observaron desempeñando estas labores al margen de la ley, ni mucho menos las fechas, ya que tan solo se dedican a pregonar sin responsabilidad de ninguna naturaleza que algunos de los encartados se dedican a comprar insumos y comida para la guerrilla, sin decir la época en que los observaron ejerciendo esta labor, ni mucho menos los lugares donde adquieren esos elementos (…).
“Valga resaltar además que tal como se indicó en la resolución interlocutoria de junio 29/06, se sabe que la obtención, producción y allegamiento de algunos de los testimonios de cargos al proceso no ha sido clara, ya que antes de deponer ante la Fiscalía, ya habían tenido contacto con los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, y al parecer a cambio de dadivas o mediante presión suministraban informaciones que finalmente fueron aportadas a este pesquisa, es más, algunos de estos testigos son informantes que por los datos que aporten reciben dinero a cambio y/o reinsertados que en su afán de obtener beneficios en su proceso de entrega voluntaria hacen un serie de sindicaciones graves en contra de personas que en muchas ocasiones resultan ser inocentes.
“(…).
“Para esta delegada, de conformidad con lo expuesto en los párrafos que anteceden, necesario es concluir que no existen pruebas suficientes en el plenario para concluir que JESÚS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, LUIS LANA CONDE, YUBER MORENO MOSQUERA, FERNANDO RODRÍGUEZ BENÍTEZ, HERNANDO RODRÍGUEZ BENÍTEZ y SOL MARÍA MOSQUERA VALENCIA sean guerrilleros del Frente 57 de las FARC o milicianos de dicho grupo, trabajadores campesinos oriundos de la región de Tanguí, dedicados a la pesca, la agricultura, el corte de madera e inclusive la enfermería en lo que tiene que ver con SOL MARÍA MOSQUERA.
“Valga anotar además que no obstante a que existen algunos testimonios que señalan a los encartados como guerrilleros, sus declaraciones no tienen la fuerza suficiente para darle la convicción al Despacho de que estas personas investigadas engrosaban las filas de la subversión, ni mucho menos para restarle credibilidad al dicho de los deponentes que tuvieron oportunidad de ser escuchados en indagatoria, debiendo prevalecer en este caso al principio de la presunción de inocencia a favor no solo de estos indagados sino además a favor de quienes fueron vinculados como ausentes”.
Como se observa del aparte trascrito de la providencia, la Fiscalía precluyó la investigación adelantada contra el señor Jesús Rodríguez Hernández porque no se probó fehacientemente su responsabilidad en el ilícito, toda vez que existían pruebas en ambos sentidos –unas que lo inculpaban y otras que lo favorecían- y ello generó en el ente investigador dudas sobre su participación en el delito endilgado, manteniéndose así incólume su presunción de inocencia, de ahí que pueda sostenerse que la investigación se precluyó con fundamento en el principio de in dubio pro reo.
Establecidos los hechos probados, la Sala procederá a analizar los elementos de la responsabilidad en el caso bajo estudio, a efectos de concluir si le asiste razón o no a la Fiscalía, en relación con los cuestionamientos formulados contra la sentencia de primera instancia, es decir, si está llamada a responder patrimonialmente por los perjuicios causados a los demandantes.
7. Análisis de responsabilidad en el caso concreto
7.1. Daño
En el caso concreto, el daño alegado por los hoy demandantes consistió en la restricción del derecho fundamental a la libertad del señor Jesús Rodríguez Hernández, durante una investigación penal que se adelantó en su contra.
En consideración a lo anterior y, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, la Sala encuentra que el primer elemento de la responsabilidad está acreditado, porque el demandante en mención estuvo privado de la libertad entre el 11 de agosto de 2003 y el 15 de septiembre de 2004, según se explicó en el acápite de hechos probados.
7.2. Imputación
Establecida la existencia del daño, se procederá a realizar el correspondiente juicio de imputación.
Revisado el material probatorio recaudado en el expediente, la Sala considera importante destacar que la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, la que mediante la sentencia C-037 de ese mismo año efectuó el análisis, entre otros, del artículo 68 ibídem, en relación con los presupuestos para la privación injusta de la libertad y señaló la necesidad de examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, razón por la cual esta Subsección, en orden a examinar los argumentos del recurso de apelación, estima necesario determinar si la entidad demandada incurrió en conductas constitutivas de falla del servicio de la Administración de Justicia, con la virtualidad de causar los perjuicios supuestamente irrogados a los extremos demandantes.
Ciertamente, la Corte Constitucional, al realizar el estudio del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sostuvo que no resultaba viable la reparación automática de perjuicios a favor de personas involucradas en procesos penales en los que se afectaron sus derechos a la libertad. Sobre el particular, esa Corporación consideró:
“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”.
Así mismo, en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 -exp. 46.947-, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, se concluyó que en todos los casos es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, luego, no basta probar la restricción de la libertad y posterior ausencia de condena.
Por último, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-072/18, señaló que ningún cuerpo normativo -ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996- establecía un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, entonces, será el juez el que, en cada caso, deberá realizar un análisis para determinar si la privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o proporcionada.
De conformidad con los criterios expuestos, resulta válido afirmar que el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se torne imperiosa la ponderación de las circunstancias que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento, a efectos de establecer si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido.
En las condiciones analizadas, se encuentra que el señor Jesús Rodríguez Hernández fue privado de la libertad con ocasión de un proceso penal que terminó con preclusión de la investigación, la cual, según las consideraciones expuestas por el fiscal encargado del caso, se sustentó en la insuficiencia probatoria para formular acusación por el delito de rebelión, en cuanto se desestimaron las pruebas recaudados a lo largo de la investigación, consistentes en declaraciones de personas que no brindaron credibilidad al ente acusador.
Ciertamente, desde la imposición de la medida de aseguramiento se evidenciaron imprecisiones por parte de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal del Chocó, a tal punto que se revocó la decisión respecto de los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico, al tiempo que la confirmación de la medida por el delito de rebelión tuvo como sustento la valoración de testimonios de supuestos reinsertados, sin acompasar sus dichos con otro tipo de elementos probatorios.
Dicha situación se prolongó hasta la etapa de calificación del mérito del sumario, en la medida en que el investigado continuó privado de la libertad únicamente por cuenta de supuestas labores de inteligencia y testimonios que no fueron confrontados con otros medios de prueba. Así lo puso en evidencia el fiscal encargado del caso al señalar que las declaraciones rendidas por habitantes del sector y por reinsertados de la guerrilla “resultaban poco creíbles si se tiene en cuenta que no tiene respaldo probatorio, por cuanto ninguno de estas personas explica con claridad de qué manera obtuvieron esas informaciones”.
En criterio de la Sala, la conclusión a la que arribó el fiscal del caso permite cuestionarse si esa carencia probatoria no podía advertirse desde la vinculación al proceso del aquí demandante y no esperar más de un año de reclusión para vislumbrar la ausencia de respaldo probatorio de las personas que señalaron al señor Jesús Rodríguez Hernández como integrante de la guerrilla.
Dicho de otra manera, si bien existían algunas afirmaciones en contra del señor Rodríguez Hernández y unas supuestas actividades de inteligencia por cuenta del DAS, lo cierto es que el ente investigador pudo adelantar la actuación pertinente sin privar de la libertad al sindicado, máxime cuando no contaba con pruebas que permitieran, por lo menos, considerar la vinculación de este con el grupo ilegal, circunstancia que evidentemente compromete su actuación, porque la conclusión que sustentó la decisión de preclusión fue precisamente la falta de credibilidad de quienes pretendieron involucrar a esa persona en la supuesta comisión del delito de rebelión.
De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte la configuración de una falla en el servicio de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que impone la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre su actuación.
En efecto, la actuación desplegada por la Fiscalía General de la Nación fue deficiente, dado que: i) se basó en supuestos informes de inteligencia realizados por el DAS, pese a que no eran susceptibles de valoración probatoria; ii) como sustento de la medida de aseguramiento, tuvo en cuenta las declaraciones, entre otros, de habitantes del sector -Wilson Ibargüen- y de reinsertados de la guerrilla –Víctor Alexis Berrio, alías papucho y palillo-, a pesar de que, al momento de precluir la investigación, desestimó su credibilidad porque sus afirmaciones carecían de respaldo probatorio (situación que pudo evidenciar desde su relato inicial) y iii) no agotó las actividades de investigación necesarias para esclarecer si efectivamente el señor Jesús Rodríguez Hernández pertenecía o prestaba colaboración a grupos al margen de la ley.
Pues bien, en términos del artículo 314 de la Ley 600 del 2000, vigente para la época de ocurrencia de los hechos, las labores previas de verificación adelantadas por la policía judicial carecían de la condición de medio probatorio, por manera que no podían tenerse como sustento de una medida con la suficiencia para restringir el derecho a la libertad del implicado, pues, para el particular, según lo previsto en el artículo 356 ejusdem se requería de “por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso”.
En segundo lugar, si bien las personas mencionadas en párrafos precedentes incriminaron a los hoy demandantes, no es menos cierto que la Fiscalía General de la Nación no contaba con pruebas adicionales -además de estos testimonios- para asumir que ellos prestaban apoyo a algún grupo al margen de la ley y que, en virtud de ello, perpetraron el ilícito de rebelión.
Una vez capturado el señor Jesús Rodríguez Hernández, el ente investigador lo mantuvo privado de la libertad, sin que existieran motivos para mantener tal determinación, según lo previsto en el artículo 341 de la Ley 600 de 2000, pues, se reitera, no existían elementos -además de los informes del DAS- que los relacionaran con grupos al margen de la ley.
Asimismo, se advierte que 16 de febrero de 2007, la Fiscalía Octava Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Quibdó precluyó la investigación en favor del señor Rodríguez Hernández, ante la evidencia de que los elementos de juicio allegados, que no eran otros distintos a los que mediaban al momento de imponer la medida de aseguramiento, resultaban insuficientes para relacionarlo con el delito de rebelión.
Entonces, la Sala estima que la Fiscalía General de la Nación impuso la medida de aseguramiento, pese a que no se cumplían los requisitos establecidos para proceder de conformidad, según la Ley 600 del 2000.
De conformidad con los artículos 355 y 356 de la Ley 600 del 2000, para decretar las medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario se requería, en primer lugar, de la configuración de, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad en contra del implicado y, en segundo, de la necesidad de su imposición, bien con el fin de garantizar la comparecencia de los sindicados al proceso, asegurar la ejecución de la pena privativa de la libertad, evitar la continuación de su actividad delictual o impedir el entorpecimiento de la actividad probatoria.
En términos del artículo 284 de la Ley 600 de 2000, todo indicio supone un hecho indicador, debidamente probado, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro, supuesto que no se encuentra acreditado en el sub lite, dado que no se aportaron pruebas de las cuales fuera posible deducir indicios graves de responsabilidad contra el señor Jesús Rodríguez Hernández, por las razones expuestas en precedencia, particularmente, las que atañen al precario contenido de las declaraciones que vinculaban a la persona en mención con el delito de rebelión.
En tercer lugar, lo que correspondía a la Fiscalía General de la Nación era adelantar la actividad investigativa, a fin de verificar la certeza de las manifestaciones de los declarantes; sin embargo, omitió proceder de conformidad y, en su lugar, dio por probado lo sostenido en los informes del DAS.
En este orden de ideas, es claro que el ente acusador infringió sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal, porque, se insiste, no examinó con el debido rigor las piezas procesales obrantes en el expediente, ni ordenó adicionales para establecer la relación del aquí demandante con grupos al margen de la ley.
Adicionalmente, no es posible concluir que se configuró la culpa exclusiva de la víctima directa del daño, pues la medida de aseguramiento impuesta a él no tuvo como fundamento conductas gravemente culposas o dolosas que hubiesen llevado al ente acusador a considerar como necesaria la adopción de decisiones con la suficiencia de restringir su derecho a la libertad.
Tampoco se cuenta con elementos de juicio para establecer que el daño causado a los demandantes provenga de manera exclusiva y determinante de la conducta de un tercero, en este caso, de las personas que, en su momento, implicaron al hoy demandante con la participación e integración de grupos subversivos.
La Sala afirma lo anterior, dado que los señalamientos efectuados por personas ajenas a este proceso, si bien incidieron en la adopción de la medida de aseguramiento, no se erigen como la causa exclusiva de la privación de la libertad, razón por la cual no hay lugar a concluir que se hubiere configurado el hecho de un tercero, con la vocación de desvirtuar la imputación del daño antijurídico a la Fiscalía General de la Nación.
Dicho de otra manera, las declaraciones de las personas en el proceso penal no desviaron el curso de la investigación ni manipularon la misma con la finalidad de afectar al señor Rodríguez Hernández, lo que ocurrió fue que gozaron de mérito probatorio para sustentar la medida de aseguramiento pero no la resolución de acusación en contra del sindicado –aspecto atribuible al ente investigador-, por tanto, no revisten las características de una causa extraña en el caso bajo estudio.
Por las razones expuestas, se desestimará el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General, entidad que deberá responder por los perjuicios ocasionados a los demandantes.
Así las cosas, la Sala confirmará la decisión apelada en lo que a este punto se refiere.
8. Indemnización de perjuicios
Se precisa que, si bien el ente demandado presentó el recurso de apelación sobre la base de la ausencia de responsabilidad, lo cierto es que esta comprende la estimación de los perjuicios efectuada por el Tribunal, por lo que se entenderá que la misma sí fue objeto de cuestionamiento por parte de la mencionada entidad.
Lo anterior con fundamento en la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Sección, providencia en la cual se unificó el criterio respecto de la competencia del juez de segunda instancia, para lo cual se expusieron, entre otras, las siguientes consideraciones:
“(…) Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada (…)” (se destaca).
De conformidad con lo expuesto, la Subsección entrará a analizar si los reconocimientos económicos efectuados por el Tribunal a quo a favor de los actores deben o no mantenerse.
8.1. Perjuicios morales
El Tribunal Administrativo del Chocó condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de los demandantes Jesús Rodríguez Hernández, Fernando Rodríguez Gamboa, María Llanila Rodríguez Valencia, Sandra Milena Rodríguez Valencia, Mabel Rodríguez Valencia, Gerlin Rodríguez Valencia, Davison Rodríguez Palacios y Omar Rodríguez Mendoza y Patricia Rodríguez Valencia, la suma equivalente a 90 SMLMV, para cada uno de ellos, y a favor del señor Migdonio Rodríguez Córdoba la suma de 45 SMLMV.
Tal como se indicó en los antecedentes procesales, los demandantes Patricia Rodríguez Valencia y Migdonio Rodríguez Córdoba fueron excluidos de la parte demandante por no haber atendido la orden impartida por el tribunal a quo, en relación con la subsanación del escrito inicial y el otorgamiento de poder.
Lo anterior se traduce en que el reconocimiento efectuado por el tribunal de primera instancia supuso un fallo ultra petita, en la medida en que se pronunció frente a personas que no hicieron parte del proceso, bien sea porque no se incluyeron en el escrito de demanda -caso de la demandante Patricia Rodríguez Valencia-, o porque no cumplió la orden de otorgar poder para la representación de sus intereses, a pesar de haber sido requeridos para tal efecto -Migdonio Rodríguez Córdoba-, lo cual devino en su exclusión del extremo activo, al margen de la imprecisión en que incurrió la autoridad judicial en comento.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala modificará la sentencia en lo que atañe al reconocimiento económico de las personas que se acaban de mencionar.
En relación con la tasación de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, siguiendo lo reiterado por esta Corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectan por la situación de zozobra por la que atravesó su familiar.
Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos, según corresponda; asimismo, respecto del quantum indemnizatorio, se ha establecido que el juez, según su prudente juicio, analizará las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo acudir como guía de la tasación del mismo a los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014, los cuales, se resumen en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:
En el presente caso, la Sala encuentra que los señores Jesús Rodríguez Hernández, Fernando Rodríguez Gamboa, María Llanila Rodríguez Valencia, Sandra Milena Rodríguez Valencia, Mabel Rodríguez Valencia, Gerlin Rodríguez Valencia, Davison Rodríguez Palacios y Omar Rodríguez Mendoza acreditaron la calidad con la que afirmaron acudir al proceso –víctima directa, padre e hijos, respectivamente-, según se indicó en el acápite de legitimación en la causa por activa, razón por la cual se infiere que a ellas se les causó una afectación moral, susceptible de ser indemnizada.
Así pues, atendiendo al período de privación de la libertad que soportó el señor Jesús Rodríguez Hernández, esto es, 1 año y 4 días, se tiene que el monto que reconoció el Tribunal a quo a favor de los demandantes -90 S.M.L.M.V.-, está acorde con los parámetros contenidos en la mencionada sentencia de unificación, razón por la cual la Sala mantendrá la condena impuesta en primera instancia, por este concepto.
8.2. Perjuicios materiales
El Tribunal a quo reconoció la suma de $12’978.936, a favor del señor Jesús Rodríguez Hernández, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, como consecuencia del pago que debió hacer al abogado que ejerció su defensa en el proceso penal.
Revisado el expediente, la Sala evidencia que a folio 45 del cuaderno principal obra certificación suscrita por el abogado Fausto Palacios Córdoba, a través de la cual manifestó que recibió del señor Jesús Rodríguez Hernández la suma de $10’000.000, por concepto de honorarios profesionales, con ocasión de “un proceso de carácter penal seguido en contra de este por la Fiscalía 101 Especializada de Quibdó”.
La certificación en comento se acompasa con la prueba documental que obra a folios 244 y siguientes del cuaderno número 3 y que da cuenta de la intervención del mencionado profesional en procura de los intereses del entonces investigado.
En virtud de lo anterior, le asistió razón al tribunal a quo al efectuar este reconocimiento económico, razón por la cual se actualizará la suma establecida en la sentencia de primera instancia, sin que ello implique la afectación de la situación del apelante único, en este caso, la entidad demandada
En este orden de ideas, la actualización de los montos reconocidos es la siguiente.
Al demandante le fue reconocida la suma correspondiente a $12’978.936, luego:
$12’978.936 Índice final
Índice inicial
$12’978.936 143.86 = $15’524.650
120.27
Esto es, quince millones quinientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta pesos.
Como consecuencia de lo anterior, la suma a reconocer al señor Jesús Rodríguez Hernández por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, corresponde a la suma de quince millones quinientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta pesos ($15’524.650).
9. Condena en costas
Dado que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, el 5 de febrero de 2015, la cual quedará así:
“1. DECLARAR que la Nación - Fiscalía General de la Nación es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad que soportó el señor Jesús Rodríguez Hernández.
“2. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a los demandantes Jesús Rodríguez Hernández, Fernando Rodríguez Gamboa, María Llanila Rodríguez Valencia, Sandra Milena Rodríguez Valencia, Mabel Rodríguez Valencia, Gerlin Rodríguez Valencia, Davison Rodríguez Palacios y Omar Rodríguez Mendoza, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.
“3. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del Jesús Rodríguez Hernández, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de quince millones quinientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta pesos ($15’524.650).
“4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
“5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
“6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que se encuentre reconocido en la actuación.
“7. SIN condena en costas”.
SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folios 112 a 113 del cuaderno de primera instancia. En esa providencia se evidencia la exclusión de los demandantes Manuela Palacios Córdoba, Patricia Rodríguez Valencia y Migdonio Rodríguez Córdoba. Lo anterior en atención a que la demanda no fue subsanada en la forma indicada en auto anterior, puesto que se había ordenado incluirlos como parte del extremo activo y allegar el poder otorgado por el señor Rodríguez Córdoba, lo cual no ocurrió. La demanda fue presentada ante los Juzgados Administrativos de Quibdó y le correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó; sin embargo, dicho juzgado declaró su falta de competencia para conocerlo y remitió el proceso al Tribunal Administrativo del Chocó para que asumiera el trámite del proceso. Folios 117 a 122 del cuaderno de primera instancia. Folio 197 del cuaderno de primera instancia. Folios 199 a 200 del cuaderno de primera instancia. Folios 201 a 206 del cuaderno de primera instancia. Folios 223 a 227 del cuaderno de primera instancia. Folios 248 a 268 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 272 a 283 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 321 a 322 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 328 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 330 a 334 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 342 a 347 del cuaderno del Consejo de Estado. Sobre este tema consultar auto proferido por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, el 9 de septiembre de 2008, exp. 34.985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, Sección Tercera, Subsección A, expediente: 37.410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Folios 65 a 81 del cuaderno de primera instancia. Folio 15 del cuaderno de primera instancia. Folios 206 a 207 del cuaderno No. 1 de pruebas. Folios 90 a 91 del cuaderno No. 3 de pruebas. Folios 98 a 108 del cuaderno No. 3 de pruebas. Folios 120 a 130 del cuaderno No. 3 de pruebas. Folios 144 a 152 del cuaderno No. 3 de pruebas. Folios 170 a 182 del cuaderno No. 3 de pruebas. Folios 128 a 146 del cuaderno No. 4 de pruebas. Folios 152 a 157 del cuaderno No. 4 de pruebas. Folios 168 a 182 del cuaderno No. 4 de pruebas. Folios 194 a 195 del cuaderno No. 4 de pruebas. Folios 279 a 295 del cuaderno No. 4 de pruebas. Sentencia del 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, providencia mediante la cual se efectuó la “Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, ‘Estatutaria de la Administración de Justicia’ ”. Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Folio 291 del cuaderno de pruebas No. 4. En este sentido la Sección se pronunció en sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación: 40060, C.P.
Enrique Gil Botero, en los siguientes términos:
“No obstante, en aquellos eventos en que pese a configurarse la causal de absolución penal permitiera enmarcar el estudio de la responsabilidad patrimonial bajo un régimen de carácter objetivo pero en el proceso contencioso administrativo quedó acreditada la existencia de una falla del servicio, se impone la declaratoria de la misma en aras de emitir un juicio de reproche y, de paso, permitir a la administración que, identificada la irregularidad cometida, analice la conveniencia de iniciar la acción de repetición contra los funcionarios que dieron origen a la condena pecuniaria.
“No significa lo anterior que la Sala esté fijando un régimen subjetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad sino que, se insiste, la perspectiva objetiva o subjetiva (culpabilística) dependerá en cada caso concreto de los motivos de absolución o preclusión criminal; sin embargo, cuando la falla del servicio sea evidente y palmaria en el proceso contencioso será imprescindible advertir su existencia y, por lo tanto, acoger la responsabilidad sin ambages por esa circunstancia (…)”. Estas consideraciones se plasmaron en un caso de características similares al actual; al respecto puede consultarse la sentencia proferida por esta Subsección de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 29 de noviembre de 2018, proceso identificado con el número interno 61.233.
“Artículo 341. Restricción a la libertad del indagado. Si terminada la indagatoria subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento, dentro de la misma diligencia podrá el funcionario judicial ordenar la privación de la libertad mientras se le define su situación jurídica, librando la correspondiente boleta de encarcelación al establecimiento de reclusión respectivo.
“En el evento en que no se ordene inmediatamente la privación de la libertad, en caso de presentación espontánea sin que medie citación ni orden de captura, se ordenará suscribir diligencia de compromiso, mientras se resuelve la situación jurídica”. Identificados en la decisión que impuso la medida de aseguramiento – folio 123 del cuaderno No. 3-. Folios 279 a 295 del cuaderno No. 4 de pruebas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, Consejero Ponente Danilo Rojas Betancourth. Expediente 05001 2331 0002001 0306801 (46.005). Ocurre cuando pese a que el fallo está centrado en los aspectos que integran el debate litigioso excede los límites que a ellos fijaron las partes o la ley. Entre los mencionados documentos se destacan el poder otorgado por el señor Jesús Rodríguez Hernández al abogado Fausto Palacios Córdoba, el auto a través del cual se le reconoció a este como abogado defensor, así como solicitudes probatorias y las relacionadas con la libertad provisional del investigado. IPC vigente a la fecha de expedición de la presente providencia –IPC enero de 2019- (se advierte que estos valores se publican mes vencido y a la fecha no se ha publicado el correspondiente a febrero de 2019). IPC vigente a la fecha de expedición de la sentencia de primera instancia (febrero de 2015).
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