Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2010-00193-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2010-00193-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 27001-23-31-000-2010-00193-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
17 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: YESSICA MURILLO GARCÍA Y OTROS
Demandado: LA NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE - INVÍAS
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE VEHÍCULOS, NAVES O AERONAVES –
vehículo de servicio público que cae por un abismo / FALLA EN EL SERVICIO – falta de
mantenimiento y señalización en la vía / ACCIÓN DE GRUPO - la integración del grupo y
los efectos vinculantes de la sentencia / DERECHO DE EXCLUSIÓN - la sentencia
proferida en la acción de grupo vincula a todos sus miembros, excepto i) cuando se solicita
expresamente la exclusión del grupo en la oportunidad pertinente, ii) cuando habiendo
participado en el proceso, se demuestre, en el término establecido, que sus intereses no
fueron representados en forma adecuada por el representante del grupo o que hubo graves
errores en la notificación y, iii) cuando la acción de carácter individual se hubiera interpuesto
antes de la admisión de la acción de grupo / COSA JUZGADA - la cosa juzgada en la
acción de grupo y su efecto en la acción de reparación directa / COSA JUZGADA - probada
al existir identidad jurídica de partes, causa y objeto.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes
contra la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2016, por el Tribunal
Administrativo del Chocó, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 3 de febrero de 2009, en la vía que de Medellín conduce al municipio de Quibdó,
a la altura de la vereda “Santa Ana”, un vehículo de servicio público afiliado a la
Sociedad Rápido Ochoa S.A., se encontró con un derrumbe que no estaba
señalizado y por tratar de esquivarlo se salió de la vía y cayó por un precipicio; como
consecuencia de lo anterior, fallecieron 43 personas, entre ellas, el señor Jhon
Freyler Becerra García.
Los demandantes pretenden que se declare la responsabilidad de las entidades
demandadas, porque la obstrucción de la vía a causa de un deslizamiento de tierra,
la carencia de seguridad y demarcación vial, la inestabilidad del terreno y la
inexistencia de planes y programas para la realización de un proyecto vial acorde a
las necesidades del sector, fueron determinantes en la producción del resultado
lesivo.
Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
En escrito presentado el 10 de septiembre de 2010 (fls. 1 a 17 c. 1), los señores
Olegario Becerra Palacios, Ana Quitéria García Palacios, quien actúa en nombre
propio y en representación de sus hijos menores de edad Yulitza Becerra García,
Yazmina Becerra García y Yineth Becerra García; Jenny Patricia Rivas García,
quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Deicy
Gómez Rivas; Yessica Murillo García, Yeison Yesid Becerra García, Benedicto
García Palacios, Rubén Darío García Palacios y Veneranda Ibargüen Palacios, por
conducto de apoderado judicial (fls. 20 a 23 c. 1), interpusieron demanda en contra
de la Nación-Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, para
que mediante la acción de reparación directa se declarara su responsabilidad por la
muerte del señor Jhon Freyler Becerra García, ocurrida el 3 de febrero de 2009,
como consecuencia de un accidente de tránsito en la vía que de Medellín conduce
a Quibdó.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se reconocieran las
siguientes indemnizaciones:
1.- Por concepto de perjuicios morales
Se reclamó una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, para cada uno de los padres de la víctima, y cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de sus hermanos, sobrina y
tíos.
2.- Por concepto de “daño a la vida de relación”
Se solicitó para los padres de la víctima, una suma equivalente a cuatrocientos (400)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.
3.- Por concepto de perjuicios materiales
• Lucro cesante
Se pidió la suma de $72’816.408 para la señora Ana Quitéria García Palacios, en
su calidad de madre de la víctima.
• Daño emergente
Se deprecó el valor de los honorarios de abogado que equivalían al 30% del valor
de la condena.
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
El 2 de febrero de 2009, el vehículo de servicio público de placas SYK-680, afiliado
a la Sociedad Rápido Ochoa S.A, salió de Medellín hacia Quibdó.
El 3 de febrero de 2009, a las 01:00 a.m., a la altura del sector conocido como “Santa
Ana”, el conductor perdió el control del automotor al tratar de esquivar un derrumbe
que se encontraba en la carretera y que no contaba con señalización, por lo que el
vehículo se volcó y cayó por un abismo, hasta quedar sumergido en el río Atrato.
Como consecuencia de lo anterior, al menos 43 personas perdieron la vida, entre
ellas, el señor Jhon Freyler Becerra García, uno de los pasajeros del vehículo de
servicio público siniestrado.
Según la demanda, el INVÍAS y el Ministerio de Transporte eran las entidades
llamadas a responder por los perjuicios causados a los familiares de la víctima, con
fundamento en el régimen de falla del servicio por omisión, porque el resultado
lesivo se produjo por las deficiencias de la vía, debido a la falta de señalización, los
deslizamientos constantes y la carencia de elementos básicos de seguridad y
control.
2.- El trámite en primera instancia
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante
providencia del 22 de septiembre de 2010, que se notificó en debida forma a las
entidades demandadas y al Ministerio Público (fl. 175 c. 1).
El Ministerio de Transporte contestó oportunamente la demanda y argumentó que
la vía donde ocurrió el accidente estaba a cargo del INVÍAS, a quien le correspondía
la construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento, conservación,
administración y operación de la carretera, por ser de orden nacional, de acuerdo
con la distribución de competencias por jurisdicción territorial.
Sostuvo que la causa eficiente del siniestro vial obedeció al hecho de la naturaleza,
por la ocurrencia de un deslizamiento de tierra que creó un montículo sobre la
carretera, lo que produjo la maniobra imprudente e irresponsable del conductor del
vehículo, al realizar un movimiento evasivo que ocasionó el volcamiento y la caída
del bus a un precipicio.
En línea con lo anterior, formuló las excepciones de: i) falta de legitimación en la
causa por pasiva, ii) caso fortuito y fuerza mayor producto de un hecho de la
naturaleza y, iii) ausencia de título de imputación (fls. 188 a 200 c. 1).
El Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- contestó la demanda dentro de la respectiva
oportunidad procesal y sostuvo que no incumplió ninguna de las funciones a su
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
cargo, porque para la época en que ocurrió el siniestro se encontraban en ejecución
diferentes contratos de mantenimiento y conservación de la vía “Quibdó -La Mansa”;
sin embargo, se presentó un fuerte invierno que pudo dar lugar al desprendimiento
de tierra, hecho que resultaba insuperable e imprevisible.
Propuso las excepciones de: i) fuerza mayor por la imprevisibilidad de los derrumbes
y la época invernal y ii) el hecho de un tercero, por el actuar imprudente del
conductor del vehículo de la empresa Rápido Ochoa, al transitar por la vía donde
sucedió el accidente con sobrecupo, además de que presentaba cansancio, sueño,
distracción y conducía con exceso de velocidad, a pesar de que conocía las
condiciones de peligrosidad de la vía que transitaba.
Finalmente, puso en conocimiento la interposición de dos acciones de grupo con
ocasión del mismo accidente, una por los afectados en contra de la Empresa de
Transportes Rápido Ochoa S.A., ante el Juzgado Único Civil del Circuito de Quibdó,
radicado 2009-00225 y, otra, ante el Juzgado 17 Administrativo de Medellín,
interpuesta por los afectados en contra del INVÍAS y el Ministerio de Transporte,
radicado 2009-00241-00, acciones que por su carácter indemnizatorio y de
sentencia con efectos de cosa juzgada, daban lugar, a su juicio, a que se declarara
la existencia de un “pleito pendiente” (fls 226 a 241 c. 2).
En escrito separado, el INVÍAS llamó en garantía los integrantes de la Unión
Temporal Metrovías Corredores, constituida por la Sociedad Cass Constructores y
Cia S.C.A., la Sociedad Constructora LHS S.A., la Compañía de Estudios e
Interventorías S.A. y las personas naturales Luis Héctor y Carlos Alberto Solarte
Solarte, con ocasión del contrato No. 1438 de 10 de septiembre de 2008, cuyo
objeto era el mejoramiento y mantenimiento de algunas carreteras, entre ellas, la
vía “Quibdó -La Mansa -Bolívar”, lugar donde ocurrió el referido accidente de tránsito
(fls 1 a 5 c. 4).
El Tribunal Administrativo a quo, a través de auto de 16 de marzo del 2011, admitió
el llamamiento en garantía formulado por INVÍAS (fl. 44 c. 4).
La Sociedad Cass Constructores y Cia. S.C.A. contestó la demanda y el
llamamiento en garantía y en ese sentido manifestó que si bien el INVÍAS suscribió
con la Unión Temporal Metrovías Corredores el contrato No. 1438 de 10 de
septiembre de 2008, en el cual quedó incluido el tramo en el cual ocurrió el
accidente, para el momento de los hechos, el convenio estaba apenas en la fase de
diseño. Aclaró que la obligación de asegurar y garantizar la circulación vial surgía
para el contratista a partir del momento en que se suscribió el acta de inicio de la
obra y no con la orden de iniciación del contrato, pues eran dos momentos
totalmente diferentes.
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
Propuso las excepciones denominadas i) “Hecho exclusivo y determinante de un
tercero y fuerza mayor, ii) Inexistencia del deber de responder por las actuaciones
u omisiones de la entidad demandada, por inexistencia de obra pública en el lugar
del accidente y por perfecto cumplimiento de las obligaciones del contrato” y, iii)
“superposición de acciones judiciales e imposibilidad de coexistencia de múltiples
acciones en procura de la indemnización de daños producidos por la misma causa”
(fls. 48 a 56 c. 4).
Por su parte, la Sociedad Ponce de León Asociados S.A. en Liquidación Judicial
contestó el llamamiento en garantía y para tal efecto formuló las siguientes
excepciones: i) ausencia de responsabilidad, porque para el momento de ocurrencia
del accidente, el INVÍAS no había definido los tramos de la vía que se debían
intervenir, ii) hecho y responsabilidad de un tercero, en consideración a que la
transportadora Rápido Ochoa S.A. permitió el viaje con sobrecupo y autorizó que el
conductor hiciera el recorrido en estado de cansancio, iii) inexistencia de nexo
causal entre el daño y la actuación de la sociedad, porque no intervino en la
producción del daño y, iv) atribución o imputación de responsabilidad al
comportamiento realizado por la empresa transportadora, en razón a que infringió
varias normas de tránsito (fls. 65 a 66 c. 8).
El 11 de diciembre de 2012, el tribunal de primera instancia abrió el proceso a
pruebas y, mediante auto del 23 de septiembre de 2013, dio traslado a las partes y
al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente (fls. 447 a 450; 603 c. 2).
La parte demandante expresó que estaba demostrada la falla del servicio en la
conservación y mantenimiento, porque la ausencia de seguridad y señalización en
la vía y la inestabilidad del terreno, fueron determinantes en la producción del
resultado lesivo (fls. 618 a 624 c. 3).
El INVÍAS alegó que la ausencia de señales que advirtieran de la presencia de un
derrumbe no constituía un hecho relevante en la producción del accidente, como sí
ocurría con las conductas imprudentes del conductor del vehículo, al desplazarse
con sobrecupo, sueño, distracción y cansancio, lo cual disminuyó su capacidad de
maniobra y reacción (fls. 605 a 614 c. 3).
El Ministerio de Transporte reiteró en su integridad los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda (fls. 615 a 617 c. 3).
En su concepto, el Ministerio Público refirió que las causas adecuadas del accidente
consistieron en que no se inhabilitó la vía después de la ocurrencia del derrumbe,
lo que hubiera impedido el accidente, así como la imprudencia del conductor del
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
bus, toda vez que conocía la inseguridad del sector; sin embargo, sometió a los
pasajeros a un riesgo que hubiera podido evitar.
Explicó que solo se debía condenar al INVÍAS porque el mantenimiento de la
carretera en la que ocurrió el accidente estaba a su cargo a través de sus
contratistas; sin embargo, tal delegación no lo eximía de responsabilidad y, en todo
caso, podía solicitar el reembolso de la indemnización a que resultara condenado,
lo cual no podía hacerse extensivo a la Sociedad Rápido Ochoa, a la cual se
encontraba vinculado el conductor, porque no fue demandada en el presente
proceso (fls. 627 a 640 c. 3).
3. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 11 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo del
Chocó accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Transporte, porque esta entidad
incumplió sus funciones de coordinación, vigilancia e inspección de las políticas
públicas en materia de tránsito y transporte, en atención a que no ejerció en debida
forma el control sobre el INVÍAS, el cual para la época del accidente todavía no
había construido en su integridad una carretera que formalmente había previsto,
pero que materialmente no existía.
Sostuvo que antes de la ocurrencia del accidente existía un derrumbe que no había
sido removido ni señalizado, lo cual obligó al conductor del bus a realizar una
maniobra evasiva consistente en desplazar el automotor hacia el carril contrario
para poder pasar, lugar en el que no existían vallas protectoras que aislaran el
peligro del abismo, lo que conllevó a que, por la inexistencia de la berma y lo
inconsistente del terreno, éste cediera provocando que el vehículo cayera al vacío.
En este sentido, estimó que el INVÍAS era conocedor de las condiciones adversas
de la carretera y, por tanto, le era previsible la ocurrencia de derrumbes y la pérdida
de la banca, por lo que le correspondía efectuar una debida señalización que
advirtiera el peligro, de modo que quienes transitaban por ese lugar pudieran tomar
las precauciones necesarias para desplazarse de manera segura; sin embargo, tal
obligación no fue cumplida por esa entidad, a lo que agregó que el servicio público
de pasajeros tampoco había sido suspendido por el Ministerio de Transporte.
Con fundamento en las premisas antes señaladas, consideró que el accidente
ocurrió al derrumbarse la banca por el mal estado de la carretera, sin que el
conductor hubiera podido advertir el peligro existente por la ausencia de
señalización, demarcación del carril y la falta de iluminación, las cuales constituían
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
las únicas causas eficientes, directas y determinantes del daño, el cual era
imputable solidariamente a las entidades demandadas.
Por último, concluyó que no se contaba con el material probatorio que permitiera
acreditar que la Unión Temporal Metrovías Corredores, llamada en garantía, debía
intervenir el tramo donde ocurrió el accidente y, por ende, eliminar las circunstancias
de peligro de la vía (fls. 701 a 741 c. ppal).
4. Los recursos de apelación
4.1. Inconforme con la anterior decisión, el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-
interpuso recurso de apelación y como sustento manifestó que el a quo no tuvo en
cuenta que el conductor del vehículo conocía con suficiencia la vía La Mansa –
Quibdó, porque transitaba con regularidad por ese lugar, razón por la cual debía
conocer los peligros de la zona y conducir a una velocidad moderada y, de esa
manera, esquivar cualquier obstáculo en la vía de forma adecuada, sin embargo,
se desplazaba a alta velocidad y con sobrecupo, además de que presentaba sueño
y cansancio, las cuales constituyeron las causas eficientes y determinantes del
accidente.
Para el extremo recurrente, sí existía prueba de la obligación del contratista de
garantizar la transitabilidad de la vía en forma segura para los usuarios, pues le
correspondía efectuar el mantenimiento, la conservación y la señalización en el
sector contratado, con la finalidad de disminuir la accidentalidad y asegurar la
estabilidad de las obras existentes, entonces, ante una eventual condena, la unión
temporal llamada en garantía debía reintegrar los valores pagados por concepto de
indemnización (fls. 748 a 768 c. ppal).
4.2. Por su parte, el Ministerio de Transporte controvirtió la decisión del a quo,
porque no entendió que carecía de funciones operativas relacionadas con la
construcción, conservación, señalización y mantenimiento de las carreteras
nacionales, pues dichas obligaciones fueron trasladadas al INVÍAS. En
concordancia con lo anterior, indicó que no podía impartirle órdenes al Instituto
Nacional de Vías, porque era una entidad descentralizada, con autonomía
administrativa, patrimonialmente independiente, con capacidad financiera y, por
ello, respondía individualmente por sus acciones y/o omisiones.
Adicionalmente, expresó que por el accidente objeto del litigio fue condenado en
primera instancia en una acción de grupo que cursaba en el Juzgado 17
Administrativo de Medellín, pero exonerado en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por haber prosperado la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva (fls. 810 a 820 c. ppal).
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
4.3. La parte demandante manifestó su discrepancia con la sentencia de primera
instancia porque el a quo desconoció que estaba acreditada la afectación de los
bienes constitucional y convencionalmente protegidos de los padres de la víctima,
porque se vulneraron sus derechos a la familia, al libre desarrollo de la personalidad,
la integridad familiar y la vida digna.
Igualmente, expresó su discrepancia con la sentencia de primera instancia en lo
atinente a la negativa del a quo a reconocer la indemnización de perjuicios morales
reclamada a favor de los tíos de la víctima, cuando existían suficientes pruebas
sobre su causación (fls. 825 a 830 c. ppal).
5. El trámite en segunda instancia
Los recursos fueron concedidos el 24 de enero de 2017 y admitidos el 9 de marzo
siguiente. Posteriormente, el 3 de agosto de 2017 se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fls.
844, 849; 854 c. ppal).
El Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- y el Ministerio de Transporte reiteraron los
argumentos expuestos a lo largo de la presente acción (fls. 856 a 872; 874 a 905 c.
ppal).
El Ministerio Público solicitó que se modificara la sentencia de primera instancia en
el sentido de confirmar la responsabilidad del INVÍAS y declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Transporte.
Argumentó que el accidente de tránsito se produjo por distintos factores, desde la
actuar imprudente del conductor del vehículo por exceso de velocidad y sobrecupo,
hasta la omisión por parte de los contratistas encargados por el INVÍAS, al no
instalar las señales de advertencia para que los conductores tuvieran tiempo de
reaccionar. Precisó que el INVÍAS debía responder por ser el administrador de la
vía y no ejercer una correcta vigilancia sobre sus contratistas.
Expresó que no le asistía responsabilidad al Ministerio de Transporte porque solo
fijaba las políticas correspondientes al área, pero el INVÍAS si era el encargado del
cuidado y mantenimiento de las carreteras nacionales (fls. 930 a 947 c. ppal).
La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal (fl. 948 c. ppal).
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1.- Competencia
La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en
razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia
del 11 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó,
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
toda vez que la cuantía de la demanda, fijada por la sumatoria de las pretensiones 1,
supera la exigida por la norma vigente para la fecha de su presentación para tal
efecto2.
2.- La cosa juzgada
El fenómeno de la cosa juzgada, que se ha asimilado al principio del "non bis in
idem", tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han sido resueltas a
través de cualquiera de los medios aceptados por la ley no vuelvan a ser debatidos
en otro juicio posterior; por tanto, lo resuelto obliga a las partes, dado que lo antes
decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por ende, es inmutable al tener
plena eficacia jurídica3.
La figura de la cosa juzgada está regulada en los artículos 332 del CPC 4 y 175 del
CCA5, en los cuales se establecen los elementos formales y materiales para su
configuración.
El primer elemento, formal, implica que no es posible volver sobre una decisión
tomada en providencia ejecutoriada dentro del mismo proceso o en otro en el que
se debatan las mismas pretensiones y fundamentos jurídicos; lo anterior, para
garantizar estabilidad y seguridad jurídica. El segundo elemento, el material, hace
alusión a la intangibilidad de la sentencia en firme, pues se tiene por cierto que la
actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación objeto de la contienda y
que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio.
Ahora bien, para que una sentencia tenga “fuerza de cosa juzgada” deben concurrir
los siguientes elementos, a saber: (i) identidad jurídica de partes, (ii) identidad de
objeto y (iii) identidad de causa.
1
De conformidad con el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y en
virtud de la modificación realizada por la Ley 1395 de 2010, los Tribunales Administrativos conocían
en primera instancia, entre otras, de las acciones de reparación directa cuando la cuantía excediera
la suma equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes; en ese
sentido, como en la demanda, presentada el 10 de septiembre de 2010, la sumatoria de las
pretensiones correspondió a 6141 salarios mínimos legales mensuales vigentes -la sumatoria de lo
solicitado por concepto de perjuicios morales, daño a la vida de relación y materiales en favor de los
demandantes-, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer de los
recursos de apelación interpuestos.
2
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, la competencia se fija al momento de
presentación de la demanda.
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de mayo de 2016, exp. No.
50001-23-31-000-2003-20430-01(36350) M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
4
“ARTÍCULO 332. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde
en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes
(…)”.
5
“ARTÍCULO 175. (…) La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa
y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma
causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en
procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y
obtenido esta declaración a su favor” (…).
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
La cosa juzgada cuenta con una doble finalidad, negativa o de abstención, que
prohíbe al funcionario judicial conocer, tramitar y fallar un asunto ya resuelto y otra
positiva, que le imprime seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento
jurídico. En esa línea ha precisado que una decisión alcanza el valor de cosa
juzgada cuando: i) la demanda versa sobre la misma pretensión material o
inmaterial ya decidida (identidad de objeto), ii) se sustenta en los mismos
fundamentos fácticos ya resueltos (identidad de causa petendi), y iii) concurren al
proceso las mismas partes e intervinientes que fueron vinculados y obligados por la
decisión que constituye cosa juzgada6.
Esta Corporación ha considerado que el propósito de la cosa juzgada es proteger
las decisiones judiciales que han adquirido firmeza para otorgar seguridad jurídica
en la solución de los conflictos sometidos al conocimiento de la jurisdicción y con
fundamento en este objetivo, tanto a las partes como al juez, les está vedado debatir
de nuevo una situación previamente resuelta a través de sentencia ejecutoriada7.
3. La acción de grupo y el derecho de exclusión
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 48 de la
Ley 472 de 1998, en la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los
hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por
separado su propia acción, ni haya otorgado poder.
Por su parte, en el artículo 55 de la misma ley se determina que quienes hubieren
sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a
pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el
daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al
conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no
concurra al proceso podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte días
siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior.
En el artículo 56 de esta disposición normativa, referente a la exclusión del grupo,
se preceptúa que dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término de
traslado de la demanda, cualquier miembro de un mismo grupo podrá manifestar su
deseo de ser excluido y, en consecuencia, no ser vinculado por el acuerdo de
conciliación o la sentencia; sin embargo, transcurrido el referido término sin que el
miembro así lo exprese, los resultados del acuerdo o de la sentencia lo vincularán.
6
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-774 de 25 de julio de 2001, exp. D- 3271, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
7
En este sentido, consultar Consejo de Estado, Subsección B, sentencia de 2 de julio de 2020, exp.
65499 A, M.P. Ramiro Pazos Guerrero y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 21 de mayo de 2021, exp. 65026, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
En este sentido, solo si decide excluirse del grupo, podrá intentar una acción
individual por indemnización de perjuicios.
4. La cosa juzgada en la acción de grupo y su efecto en la acción de reparación
directa
En el artículo 66 de la Ley 472 de 1998 se prescribe que la sentencia tendrá efectos
de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas
que, perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente
su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en Sala Especial de Decisión 8,
sobre la integración del grupo y los efectos vinculantes de la sentencia, así como
respecto del fenómeno jurídico de la cosa juzgada entre la acción de grupo y la
acción de reparación directa, esbozó las siguientes consideraciones:
La Sección Tercera de la Corporación, en sentencia del 29 de septiembre de
20159, se refirió a la conformación del grupo. En este sentido señaló que, al
tenor de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 472 de 1998, cualquier miembro
de un grupo de no menos de veinte personas “que reúne condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales” puede
presentar una acción de grupo con el fin de “obtener el reconocimiento y pago
de la indemnización” de los mismos.
Aclaró sobre el particular, que quien actúa como demandante representa a las
demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos
vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por
separado su propia acción, ni haya otorgado poder, lo que no excluye el que,
con el fin de obtener la indemnización de su daño individual, estos últimos
puedan hacerse parte del proceso -antes de la apertura a pruebas- o, de no
concurrir al mismo, acogerse a lo allí decidido -dentro del término de veinte días
siguientes a la publicación de la sentencia.
La Sala destaca, que en la misma decisión la Sección Especializada señaló
que las resultas del acuerdo conciliatorio celebrado con el grupo demandante,
o la sentencia proferida en dicha acción, vinculan a todos los miembros del
grupo, salvo aquellos que: i) hayan solicitado expresamente su exclusión en la
oportunidad pertinente –dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del
traslado de la demanda-; ii) habiendo participado en el proceso, demuestren,
en el término establecido, que sus intereses no fueron representados en forma
adecuada por el representante del grupo o que hubo graves errores en la
notificación; o iii) como ha señalado la jurisprudencia, hubiesen ejercido
acciones individuales antes de la admisión de la acción de grupo. En otros
términos, y como lo señala expresamente el artículo 66 de la referida ley, la
sentencia proferida en acción de grupo “tendrá efectos de cosa juzgada en
relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que,
perteneciendo al grupo interesado, no manifestaron oportuna y expresamente
su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso”.
Es importante resaltar que el ordenamiento jurídico permite, en virtud del
derecho de exclusión, que el interesado pueda iniciar una acción independiente
8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 9,
sentencia de 9 de septiembre de 2020, exp. No. 76001333100120080013401. M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de septiembre de 2015, exp. No. 25000-23-
25-000-2000-09014-05(AG), M.P. Danilo Rojas Betancourth.
11
Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
del resto de las personas cobijadas por la misma causa que originó un daño
plural10, no obstante, cuando no ejercen el derecho de exclusión del grupo,
resultan vinculadas por lo decidido en una acción instaurada en su nombre,
tanto si se han hecho parte en el proceso como si no11.
Sobre este último tema en particular, la Sala destaca el pronunciamiento de la
Sección Tercera del 16 de marzo de 2006,12 que se reitera hasta el presente13,
en el cual determinó que de conformidad con lo establecido en los artículos 47
y 55 inciso final de la Ley 472, debe entenderse como excluidos del grupo
sometido al proceso iniciado en ejercicio de la acción grupo, a aquellos
afectados que antes de la admisión de la demanda hayan ejercido su acción
individual.
En aquella decisión, quedó en claro que el derecho a presentar las acciones
individuales debe entenderse limitado en el tiempo por la formulación y
admisión de la acción de grupo, dado que una vez admitida ésta, el proceso
vincula a todos los afectados que no hayan formulado acciones individuales,
porque si ya las instauraron, el proceso iniciado en ejercicio de la acción de
grupo solo los integrará si expresamente el interesado pide su acumulación a
la acción de grupo.
En otros términos, todos los afectados por una causa común quedan vinculados
con la sentencia que se profiera en una acción de grupo, a menos que antes
de la admisión de la demanda de la acción de grupo hayan ejercido la acción
indemnizatoria individual, o que dentro de los términos establecidos en la ley,
soliciten expresamente su exclusión; aceptada ésta podrán intentar, no otra
acción de grupo, sino una acción individual por indemnización de perjuicios, en
la medida en que los términos para accionar no estén vencidos.
(…)
La Sala resalta que la Sección Tercera de la Corporación se ha ocupado en
numerosas oportunidades de analizar la cosa juzgada que se puede presentar
entre las acciones de reparación directa y de la acción de grupo. En efecto, el
artículo 46 de la Ley 472 de 1998, indica que la acción de grupo se ejerce “para
obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios”, lo que
la asemeja a la acción de reparación directa. En este punto, la Corporación ha
considerado que la igualdad en la naturaleza indemnizatoria o resarcitoria de
las dos acciones, permite advertir que lo que hace tránsito a cosa juzgada en
una acción de grupo, es lo mismo que produce efectos de cosa juzgada en una
acción de reparación directa, esto es, que es necesario analizar el objeto, la
causa y las partes en litigio. Bajo el entendido de que, por la particularidad de
la acción de grupo, la parte actora no es quien interpuso la demanda sino el
grupo a favor del cual se presentó.
Sobre el particular, la misma sentencia anotó que si bien es cierto que las
acciones de grupo “obedecen a una nueva concepción de las instituciones
jurídicas, que se concreta en la aparición de nuevos intereses objeto de
protección y de nuevas categorías en relación con su titularidad”, distintos a los
individuales; también lo es que ello “no altera las características del interés
protegido, que sigue siendo un daño individual, tal como sucede en la acción
de reparación directa”.
En este orden de ideas, se advierte que el criterio acogido por la Corporación14
en estos eventos en que se interponen acciones de reparación directa y
acciones de grupo, es aquel en el cual se estudia el fenómeno de la cosa
10
Corte Constitucional, sentencia C-036 de 1998. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
11
Ibidem.
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de marzo de 2006, exp. No. 76001-23-31-
000-2001-04011-01(AG) A, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de septiembre de 2015, exp. No. 25000-
23-25-000-2000-09014-05(AG). CP. Danilo Rojas Betancourth.
14
Pueden verse al respecto las siguientes providencias. Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 24 de mayo de 2018. Expediente núm. 05001-23-33-000-2015-02028-01.
12
Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
juzgada ligado al objeto del litigio, esto es, que se trata en el fondo de asuntos
en los que se debaten y definen intereses subjetivos. De manera que la cosa
juzgada se materializa en el hecho en que en sede judicial no pueda debatirse
nuevamente un proceso, que sea tramitado por las mismas partes, verse sobre
igual objeto, y se funde en la misma causa de otro que ya haya sido definido
mediante sentencia ejecutoriada. En suma, en estos casos, el litigio está
constituido por tres aspectos. Elementos a los que hace referencia en igual
sentido, el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable al medio de
control de reparación de perjuicios a un grupo, en virtud de la remisión
normativa del artículo 306 del CPACA.
En los términos de la Ley 472 de 1998, lo decidido en el medio de control
colectivo tiene efectos de cosa juzgada para los miembros del grupo a favor del
cual se interpuso –tanto si hicieron parte del proceso o no y salvo las
excepciones antes señaladas-, lo que, en consideración a lo dispuesto en el
entonces artículo 175 del CCA y ahora 140 del CPACA sobre las acciones de
reparación directa, significa que a favor del mismo grupo no podrá adelantarse,
contra el mismo demandado, otra acción con un objeto idéntico y con
fundamento en la misma causa.
5.- El caso concreto
En el trámite de primera instancia, el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- manifestó
que, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2000, en la
vía Medellín-Quibdó, se interpusieron dos acciones de grupo, una, en el Juzgado
Único Civil del Circuito de Quibdó, por parte de los afectados en contra de la
Empresa de Transporte Rápido Ochoa S.A., identificada con el número de
radicación 2009-00225 y, otra, ante el Juzgado 17 Administrativo de Medellín,
incoada por los afectados en contra del INVÍAS y del Ministerio de Transporte,
identificada con el número de radicación 2009-00241-00, acciones que por su
carácter indemnizatorio y de sentencia con efectos de cosa juzgada, daban lugar, a
su juicio, a que se declarara la existencia de un “pleito pendiente” sobre los mismos
hechos15.
La Sociedad CASS Constructores y Cia S.C.A., llamada en garantía por el INVÍAS,
contestó la demanda y propuso la excepción de “superposición de acciones
judiciales e imposibilidad de coexistencia de múltiples acciones en procura de la
indemnización de daños producidos por la misma causa”, por cuanto los aquí
demandantes ya habían promovido dos acciones de grupo por los mismos
acontecimientos.
Explicó que, de conformidad con la Ley 472 de 1998, aquellas personas
pertenecientes a un grupo que hubieran sufrido un daño y que expresamente no
solicitaran al juez de conocimiento su voluntad de ser excluidos antes del
15
Los escritos correspondientes a las acciones de grupo se allegaron con la contestación de la
demanda, la radicada en el Juzgado Único Civil del Circuito de Quibdó obra a folios 364 a 371 del
cuaderno No. 3 y, la radicada en el Juzgado 17 Administrativo de Medellín obra a folios 372 a 416
del cuaderno No. 3.
13
Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
vencimiento del traslado de la demanda, quedaban incluidos en tal proceso y se
entendían cobijados por los efectos de la sentencia.
Adicionalmente, solicitó que se oficiara al Juzgado Único Civil del Circuito de Quibdó
y al Juzgado 17 Administrativo de Medellín para que certificaran sobre la existencia
de las acciones de grupo radicadas con los números 2009-00225 y 2009-00241-00,
(fls. (fls. 48 a 56 c. llamamiento en garantía), a lo cual accedió el Tribunal
Administrativo del Chocó mediante auto de 11 de diciembre de 2012 (fls. 447 a 450
c. 2).
Con la contestación de la demanda el INVÍAS allegó la acción de grupo interpuesta
el 22 de septiembre de 2009 ante los Juzgados Administrativos de Medellín, por los
señores María Rocío Castrillón Holguín y otros, la cual fue tenida como prueba
mediante auto de 11 de diciembre de 2012 (fls. 447 a 450 c. 2). En ésta se expresó
que se interponía a nombre de las personas relacionadas en la demanda y a favor
de aquellas que fueron víctimas directas o indirectas del accidente de tránsito
ocurrido el 3 de febrero de 2009, en la vía que de Medellín conduce a Quibdó (fls.
372 a 416 c. 2).
En su recurso de apelación, el Ministerio de Transporte sostuvo que, dentro de la
acción de grupo radicada con el número 2009-00241-00, fue condenado en primera
instancia mediante sentencia de 21 de mayo de 2015, proferida por el Juzgado 17
Administrativo de Medellín, pero que, en segunda instancia, fue declarada su falta
de legitimación en la causa por pasiva, a través de la sentencia de 15 de marzo de
2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad,
en la cual solo se mantuvo la condena en contra del INVÍAS (fls. 770 a 788 c. ppal).
Con el propósito de demostrar lo anterior, allegó el fallo de segunda instancia (fls.
815 a 824 c. ppal).
Mediante auto de 12 de septiembre de 2022, esta Subsección decretó como prueba
de oficio, incorporar al presente expediente -58726- las pruebas que obraban en el
expediente -58728-, consistentes en las sentencias de 21 de mayo de 2015,
proferida por el Juzgado 17 Administrativo de Medellín, de 15 de marzo de 2016,
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, dentro
del proceso radicado con el número 2009-00241-01, el listado relativo a las
personas que solicitaron su integración y su exclusión de la acción de grupo y las
resoluciones expedidas por la Defensoría del Pueblo -Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos-, mediante las cuales se conformó el grupo de
personas que cumplieron los requisitos para ser beneficiarios de la correspondiente
indemnización. Lo anterior con el objeto de verificar la posible configuración del
fenómeno jurídico procesal de la cosa juzgada respecto de la acción de grupo No.
2009-00241-01 (fls. 966 a 969 c. ppal).
14
Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
En la sentencia de primera instancia, proferida el 21 de mayo de 2015, por el
Juzgado 17 Administrativo de Medellín, se adoptaron las siguientes declaraciones
y condenas:
Primero: Declárase responsable al Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- y al
Ministerio Nacional de Transporte de los daños ocasionados como consecuencia
del fallecimiento, lesionamiento y desaparición de pasajeros del bus de placas
SYK 860, afiliado a la empresa Rápido Ochoa S.A. accidentado en el kilómetro
80 + 500 de la carretera Quibdó – La Mansa, sector Santa Ana, jurisdicción del
municipio del Carmen de Atrato, Chocó, en las primeras horas del día 03 de
febrero de 2009.
Segundo: Condénase a la Nación - Ministerio de Transporte y al Instituto
Nacional de Vías -INVÍAS-, a pagar a título de indemnización de perjuicios
materiales, la suma de seis mil doscientos cuarenta millones cuatrocientos treinta
mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y cuatro centavos
($6.240.430.449,84) a los integrantes del grupo constituido como parte en el
proceso que da lugar a esta sentencia y los que lo hagan después, en los
términos señalados en la parte motiva.
Tercero: Como consecuencia de la orden anterior, dispónese que dentro de los
diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este proveído, el monto de la
indemnización colectiva objeto de esta condena, sea entregado al Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos administrado por el Defensor
del Pueblo, y a cargo del cual se pagarán las indemnizaciones, según lo
ordenado en el artículo 65-3 de la Ley 472 de 1998.
Cuarto: Dispónese las indemnizaciones correspondientes a las demás personas
del grupo que no hayan concurrido al proceso, de acuerdo con los requerimientos
establecidos en la parte motiva de esta decisión y que dentro de los 20 días
siguientes a la publicación de la presente sentencia decidan acogerse a lo aquí
dispuesto, suministrando la información de que trata el artículo 55 de la Ley 472
de 1998, los que no podrán invocar daños extraordinarios excepcionales a los
probados en el presente proceso. Para lo cual deberá observarse, igualmente,
lo preceptuado en el literal b) del numeral 3º del artículo 64 in fine (fls. 793 a
814 c. ppal).
Como fundamento de su decisión, sostuvo que el accidente se produjo por la
existencia de un derrumbe que no se encontraba señalizado y que taponaba el carril
de circulación por el que se desplazaba el bus, así como por el desprendimiento de
la vía en el momento en el que el automotor intentó avanzar por el carril contrario.
Consideró que se configuró una falla del servicio, porque la construcción,
conservación, mantenimiento y señalización de las carreteras nacionales,
correspondía al INVÍAS. En este sentido expresó el siguiente razonamiento:
Se desprende la culpa del incumplimiento de parte de la demandada, pues no
acreditó que cumplía con su deber de velar por el mantenimiento de la carretera
en que ocurrió el accidente, además omitió la realización de la debida
señalización, pues debía prevenir a usuarios y transeúntes sobre la existencia
de un derrumbe y la mala situación de la vía. El INVÍAS no instaló las señales
temporales requeridas tratándose de la aproximación a obstáculos y/o peligros
sobre la vía -que en el caso concreto lo constituye un derrumbe que limitaba el
espacio de la calzada-, obligación impuesta por las Resoluciones No. 001937
de marzo 30 de 1994 y 5246 de julio 2 de 1985, a través de las cuales se expidió
el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras,
proferidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
(…)
15
Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
Hecho que se presentara por la existencia en la vía de un derrumbe sin la
debida señalización, restringiendo el área de circulación por la misma y que
ante la decisión de avanzar esta cedió y se presentan los resultados ya
plasmados, conclusión a la que se arriba con los medios probatorios allegados,
declaraciones, interrogatorio de parte e informes del siniestro aportados, sin
que la tesis defensiva: hecho de un tercero para el INVÍAS y culpa exclusiva de
la víctima para el Ministerio de Transporte, se acreditaran debidamente como
era su carga.
Argumentó que la vía donde ocurrió el accidente no cumplía con las normas para
su transitabilidad y que se presentó una conducta omisiva del Ministerio de
Transporte, porque expidió la Resolución No. 000370 de 6 de febrero de 2009,
mediante la cual prohibió el tránsito de vehículos de servicio público de pasajeros
en el tramo donde ocurrió el accidente, cuando el daño ya había ocurrido. Además,
indicó que los informes elaborados por la autoridad de tránsito y por las demás
entidades competentes no demostraban como causa determinante del accidente la
culpa de las víctimas, esto es, de los pasajeros del bus siniestrado.
Frente a la responsabilidad de la Unión Temporal Metrovías Corredores -
conformada por la sociedades Cass Constructores y Cia S.C.A., Constructora LGS
S.A., Compañía de Estudios e Interventorías S.A. CEI S.A. y las personas naturales
Luis Héctor y Carlos Alberto Solarte Solarte-, llamada en garantía por el INVÍAS,
consideró que el contrato No. 1438 de 2008, cuyo objeto era el mantenimiento y
mejoramiento de la carretera, aún no se ejecutaba, porque de acuerdo al programa
de trabajo presentado por el contratista al INVÍAS, las obras en el tramo “Quibdó -
La Mansa – Bolívar” se iniciarían el 4 de septiembre de 2009, dado los trámites
correspondientes a permisos y licencias, luego no se podía concluir que esta unión
temporal contribuyó a la producción del daño (fls. 793 a 814 c. ppal).
En la sentencia de segunda instancia, proferida el 15 de marzo de 2016, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, confirmó la declaratoria de
responsabilidad del INVÍAS y excluyó al Ministerio de Transporte, por haber
prosperado la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. De esta
providencia se extraen las siguientes consideraciones:
De esta manera, no puede concluirse, por la sola consideración de que el
Ministerio de Transporte expidió la Resolución No. 000170 de 6 febrero de
2009, que al mismo son atribuibles las omisiones referidas, en tanto como se
observa, la conservación, mantenimiento y reparación de las vías del sistema
nacional de vías, le corresponde al INVÍAS.
Se reitera que la responsabilidad del Estado derivó de la omisión de efectuar el
mantenimiento de la carretera, la debida señalización, la obligación de prevenir
a los usuarios sobre el derrumbe y el mal estado de la vía, según se lee a folio
1686 del expediente, obligaciones que no corresponden al Ministerio de
Transporte, en tanto es un ente regulador, que direcciona y fija la política
pública en la materia, pero que no ejecuta directamente los proyectos de
mantenimiento y conservación de la infraestructura vial.
16
Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
Razón por la cual, estando certificado que la vía es de primer orden y la
competencia de su mantenimiento, conservación y reparación corresponde al
INVÍAS, debe concluirse la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Ministerio de Transporte (fls. 815 a 824 c. ppal).
Conviene precisar que la sentencia de segunda instancia de fecha 15 de marzo de
2015 quedó debidamente ejecutoriada el 4 de abril de 2016, de conformidad con lo
establecido en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, para efectos de establecer si la decisión definitiva proferida en la acción
de grupo radicada con el número 2009-00241-01 tiene efectos de cosa juzgada
respecto de la presente acción de reparación directa, procede la Sala a verificar i)
si la demanda versa sobre la misma pretensión material o inmaterial ya decidida
(identidad de objeto), ii) se sustenta en los mismos fundamentos fácticos ya
resueltos (identidad de causa petendi), y iii) concurren al proceso las mismas partes
e intervinientes que fueron vinculados y obligados por la decisión que constituye
cosa juzgada.
En cuanto a la identidad de objeto se debe señalar que en la presente demanda de
reparación directa se solicita la declaratoria de responsabilidad de la Nación-
Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, por la muerte del
señor Jhon Freyler Becerra García, como consecuencia del accidente de tránsito
ocurrido el 3 de febrero de 2000, en la vía que de Medellín conduce a Quibdó.
Concretamente, se pidió “DECLARAR administrativamente responsable de manera
solidaria sin división de cuotas, por las conductas negligentes e imprudentes de la
Nación – Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, por
todos los daños y perjuicios sólo patrimoniales y extrapatrimoniales, peticionado en
la demanda y todos los que resulten probados en el curso del proceso, derivados
del siniestro en que perdió la vida el señor Jhon Freyler Becerra García, el día 3 de
febrero de 2009” (fl 3 c. 1).
En la demanda que dio origen a la acción de grupo, se pidió “Declárase que es la
NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE TRANSPORTE y el INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS- o cualquier otra persona que hubiese sido citada al
proceso de oficio por el Despacho de conformidad con la facultad otorgada por el
artículo 52 de la Ley 472 de 1998, administrativa y solidariamente responsables, por
todos los daños y perjuicios que han sufrido o que pudieran sufrir cada una de las
víctimas directas o indirectas del accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero de
2009 en la vía que de Medellín conduce a Quibdó” (fl. 398 c. 2).
El Juzgado 17 Administrativo de Medellín se pronunció sobre esta pretensión de
responsabilidad y al respecto consideró que se configuró una falla del servicio,
17
Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
porque el INVÍAS no cumplió con su deber de velar por el mantenimiento de la
carretera en que ocurrió el accidente de 3 de febrero de 2009 y, además, omitió la
debida señalización, con la cual debía prevenir a usuarios y transeúntes sobre la
existencia de un derrumbe y la mala situación de la vía. Frente al Ministerio de
Transporte estimó que incurrió en una conducta omisiva, en atención a que prohibió
el tránsito de vehículos de servicio público de pasajeros en el tramo donde ocurrió
el accidente cuando el daño ya había ocurrido.
En la sentencia de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la declaratoria de responsabilidad del INVÍAS y excluyó al Ministerio de
Transporte, por haber prosperado la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.
En lo que respecta a la identidad de causa, en la acción de reparación directa se
narró la manera como se produjo el accidente y al respecto se adujo que el 3 de
febrero de 2009, a las 01:00 a.m., el vehículo de servicio público de placas SYK-
680 salió de Medellín hacia Quibdó y que a la altura del sector conocido como “Santa
Ana”, el conductor perdió el control del automotor al tratar de esquivar un derrumbe
que se encontraba en la carretera y que no contaba con señalización, por lo que el
vehículo se volcó y cayó por un abismo, hasta quedar sumergido en el río Atrato.
Como consecuencia de lo anterior, al menos 43 personas perdieron la vida, entre
ellas, el señor Jhon Freyler Becerra García, uno de los pasajeros del vehículo de
servicio público siniestrado.
En la acción de grupo se manifestó que “Aproximadamente a la 1:00 a.m. a la altura
del kilómetro 90 + 250 metros en la vía que de Medellín conduce a Quibdó,
jurisdicción del municipio del Carmen de Atrato (sector Santa Ana), el bus de placas
SYK-680, cayó al río Atrato, como consecuencia del deficiente estado de la vía y de
la falta de defensas, pavimentación, iluminación y mantenimiento de la misma, pues
se presentó un desprendimiento de parte de la vía y además existía un derrumbe
sin ninguna señalización que taponaba el carril de circulación que le correspondía
al vehículo conducido por el señor Montoya Zapata, lo que generó, reiteramos, que
el vehículo cayera al río Atrato” (fl. 380 c. 2).
Como se puede apreciar, la acción de reparación directa se sustentó en los mismos
fundamentos fácticos expuestos en la acción de grupo y que fueron tenidos en
cuenta por el Juzgado 17 Administrativo de Medellín para declarar la
responsabilidad de las entidades demandadas en las dos acciones, incluso, en el
acápite denominado “De los hechos probados en el proceso”, se señaló que se
tenía acreditado que “El bus de placas SYK 860, afiliado a la empresa Rápido Ochoa
S.A., en las primeras horas del día 3 de febrero de 2009, a la altura del kilómetro 90
+ 50 metros de la vía Medellín-Quibdó, sector Santa Ana, jurisdicción del Carmen
18
Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
de Atrato, Chocó, cae al río Atrato, fallecieron en los hechos, entre otros, Albeiro de
Jesús Álvarez Castrillón, Alfonso Abad Giraldo García y Juan Clemente Palacios
Palacios, últimos por quienes aquí se demanda; además quedaron también
personas lesionadas y desaparecidas. De conformidad con los informes obrantes
en el proceso, el Juzgado 17 Administrativo de Medellín realizó un listado de las
personas fallecidas en el accidente ocurrido el 3 de febrero de 2009, en la vía
Medellín-Quibdó, entre las que figura el señor Jhon Freyler Becerra García.
En lo atinente a la identidad de partes, se tiene que las dos acciones se dirigieron
en contra de la Nación-Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías -
INVÍAS-. En las dos acciones fue llamada en garantía la Unión Temporal Metrovías
Corredores.
En la sentencia de primera instancia, el Juzgado 17 Administrativo de Medellín
declaró la responsabilidad de las dos entidades demandadas y, en segunda
instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la declaratoria de
responsabilidad del INVÍAS y excluyó al Ministerio de Transporte, por haber
prosperado la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, todo lo cual
traduce que en la acción de grupo radicada con el número 2009-00241-01, ya se
realizó un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de estas dos
entidades en el accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009, en la vía
Medellín-Quibdó.
En cuanto a la parte demandante, la acción de reparación directa fue interpuesta
por los señores Olegario Becerra Palacios, Ana Quitéria García Palacios, Yulitza
Becerra García, Yazmina Becerra García, Yineth Becerra García, Jenny Patricia
Rivas García, Deicy Gómez Rivas, Yessica Murillo García, Yeison Yesid Becerra
García, Benedicto García Palacios, Rubén Darío García Palacios y Veneranda
Ibargüen Palacios, quienes resultaron afectados por el accidente de tránsito
acaecido el 3 de febrero de 2009, en la ruta que de Medellín conduce a Quibdó, en
el que también falleció el señor Jhon Freyler Becerra García.
En la acción de grupo se señaló como criterio de identificación que se formulaba a
favor de “Toda persona natural o jurídica quien hubiera resultado lesionada o
afectada en un interés económico por el accidente de tránsito ocurrido el día 3 de
febrero de 2009, en la vía que conduce de Medellín a Quibdó, en donde resultó
implicado el vehículo de placas SYK 860 afiliado a Rápido Ochoa, o toda persona
que tenga una relación económica, sentimental o moral con las personas
lesionadas, fallecidas o desaparecidas en dicho accidente” (fls. 372 a 416 c. 2).
Como se puede apreciar, existe identidad de partes, porque la acción de grupo se
interpuso a favor de todas las personas que fueron víctimas directas o indirectas del
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2000, en la vía que de Medellín
conduce a Quibdó, entre las que deben entenderse incluidas las personas que
demandaron en la presente acción de reparación directa, en consideración a que
reunieron condiciones uniformes respecto de la misma causa que originó los daños
individualmente considerados.
En la sentencia de primera instancia, el Juzgado 17 Administrativo de Medellín
realizó un listado de las personas fallecidas en el accidente ocurrido el 3 de febrero
de 2009, en la vía Medellín-Quibdó, entre las que figura el señor Jhon Freyler
Becerra García y dispuso que, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
sentencia, el monto de la indemnización colectiva se entregara al Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, a cargo del cual se pagarían las
indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso como
integrantes del grupo, así como las correspondientes a las solicitudes que llegaren
a presentar oportunamente los interesados que no hubieren intervenido en el
proceso y que reunieran los requisitos exigidos por el juez en la sentencia.
De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que en el sub lite se acredita la
identidad de los tres presupuestos que configuran la cosa juzgada -causa, objeto y
partes-; sin embargo, todavía resulta necesario verificar si los aquí demandantes
ejercieron oportunamente su derecho de exclusión del grupo, para establecer si lo
decidido en la acción de grupo radicada con el número 2009-00241-01 tiene para
ellos carácter vinculante y obligatorio o si podían interponer una acción de carácter
individual.
Del marco normativo y jurisprudencial antes referido se desprende que el acuerdo
conciliatorio celebrado con el grupo demandante o la sentencia proferida en dicha
acción, vinculan a todos los miembros del grupo, excepto i) cuando la acción de
carácter individual se hubiera interpuesto antes de la admisión de la acción de
grupo, ii) cuando se solicita expresamente la exclusión del grupo en la oportunidad
pertinente y, iii) cuando habiendo participado en el proceso, se demuestre, en el
término establecido, que sus intereses no fueron representados en forma adecuada
por el representante del grupo o que hubo graves errores en la notificación.
Obra el oficio 046 de 28 de enero de 2013, mediante el cual el Juzgado 17
Administrativo de Medellín certificó que dentro de la acción de grupo radicada con
el número 2009-00241-00 se profirió el auto admisorio de la demanda el 20 de
octubre de 2009 (fl. 486 c. 1), y la presente acción de reparación directa se interpuso
el 10 de septiembre de 2010 (fls. 1 a 17 c. 1), es decir que la acción de carácter
individual no se interpuso antes de la admisión de la acción de grupo, de modo que
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
no se configuraría el primer supuesto de exclusión y en estas condiciones los
resultados de la sentencia de grupo vinculan a los aquí demandantes.
En lo referente al segundo de los supuestos de exclusión, se debe precisar que en
auto de 12 de septiembre de 2022, esta Subsección decretó una prueba de oficio,
mediante la cual incorporó al presente expediente -58726- las pruebas que obraban
en el expediente -58728-, entre ellas, un listado de todas las personas que
solicitaron su integración al grupo durante el proceso y posteriormente, dentro de
los veinte días siguientes a la publicación de la sentencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998. Asimismo, un listado de todas las
personas que solicitaron su exclusión de la acción de grupo radicada con el número
2009-00241-00, según lo establecido en el artículo 56 de la Ley 472 de 1998.
En virtud de lo anterior, el Juzgado 17 Administrativo de Medellín certificó el 3 de
junio de 2022, que los señores Ana Quitéria García Palacios, Yulitza Becerra
García, Yazmina Becerra García, Yineth Becerra García, Jenny Patricia Rivas
García, Yessica Murillo García y Yeison Yesid Becerra García solicitaron su
integración al grupo posterior a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia
(SAMAI – índice 57), luego en estas condiciones, tampoco se configuraría el
segundo supuesto de exclusión.
Si bien en el listado remitido por el Juzgado 17 Administrativo de Medellín no figuran
los señores Olegario Becerra Palacios, Deicy Gómez Rivas, Benedicto García
Palacios, Rubén Darío García Palacios y Veneranda Ibargüen Palacios, debe
entenderse que resultaron incluidos en el grupo de víctimas directas o indirectas del
accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009, en la vía que de Medellín
conduce a Quibdó y que no ejercieron oportunamente su derecho de exclusión de
la acción de grupo, de conformidad con los parámetros establecidos en la ley 472
de 1998, de modo que también resultan vinculados por lo decidido en la acción de
grupo, circunstancia que los imposibilitaba para intentar una acción individual por
los mismos hechos ya debatidos.
Finalmente, se debe indicar que los demandantes tampoco acreditaron el tercer
supuesto de exclusión, habida cuenta de que no demostraron de alguna manera
que sus intereses no fueron representados en forma adecuada o que hubo graves
errores en la notificación.
Al respecto, se debe puntualizar que los aquí demandantes resultaron vinculados
por lo decidido en la acción de grupo, tanto si se hicieron parte en el proceso como
si no, pues debieron ejercer oportunamente su derecho de exclusión, lo cual debía
ser aceptado por el juzgado de conocimiento para poder intentar una acción
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
individual por indemnización de perjuicios, en la medida en que los términos para
accionar no estuvieran vencidos.
Mediante auto de 12 de septiembre de 2022, esta Subsección también incorporó al
proceso el listado realizado por la Defensoría del Pueblo -Fondo para la Defensa de
los Derechos e Intereses Colectivos- referente a todas las personas que figuraban
como beneficiarios de la indemnización ordenada en la acción de grupo 2009-
00241-01, quienes presentaron oportunamente las correspondientes solicitudes de
pago y cumplieron los requisitos establecidos en los artículos 55 y 65 numeral 3,
literal b) de la Ley 472 de 1998 y en la sentencia de 21 de mayo de 2015, proferida
por el Juzgado 17 Administrativo de Medellín.
Al proceso se allegó la Resolución No. 1428 de 1 de noviembre de 2017, proferida
por la Defensoría del Pueblo, mediante la cual se conformó el grupo de personas
que cumplieron los requisitos para ser beneficiarios de la indemnización, entre
quienes figuran los señores Olegario Becerra Palacios, Ana Quitéria García
Palacios, Yulitza Becerra García, Yazmina Becerra García, Yineth Becerra García,
Jenny Patricia Rivas García, Yessica Murillo García y Yeison Yesid Becerra García
(SAMAI – índice 57).
En esta perspectiva, si los demandantes no participaron en la acción de grupo ni
reclamaron la indemnización a que tenían derecho, es una conducta atribuible solo
a ellos, que no puede servir de justificación para que en sede de reparación directa
se profiera una nueva decisión en un asunto ya debatido, sobre el que se produjeron
los efectos de la cosa juzgada, toda vez que no fueron excluidos oportunamente del
grupo y, por tanto, quedaron vinculados con las resultas de ese proceso.
Por último, conviene precisar que esta Subsección profirió el fallo de 3 de julio de
2020, dentro del expediente radicado con el número 5872516, en el cual se declaró
la responsabilidad administrativa del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, como
consecuencia de la muerte de una persona en el mismo accidente de tránsito
ocurrido el 3 de febrero de 2009, en la vía que de Medellín conduce a Quibdó,
providencia en la que además se resolvió lo siguiente:
Adicional a lo anterior, se advierte que los familiares de las víctimas del
accidente de tránsito del 3 de febrero de 2009 interpusieron una acción de
grupo, que se distingue bajo el radicado número 27001-3103-001-2009-00225-
00. Consultado en el sistema de procesos de la página web del Consejo
Superior de la Judicatura, la Sala encuentra que la mencionada acción de grupo
surtía trámite en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó y que el 18 de
julio de 2019 -última actuación reportada- se envió para reparto de los juzgados
administrativos de Quibdó, sin que se observe que alguno hubiese avocado
conocimiento.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 3 de julio de 2020, exp. No.
58725. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
Entonces, como en esta providencia se declarará la responsabilidad
extracontractual del Invías por el daño ocasionado a los aquí demandantes, al
igual que en la primera instancia, debe enviarse copia de esta decisión al
juzgado administrativo de Quibdó que conozca de la acción de grupo con
radicado número 27001-3103-001-2009-00225-00, para que se excluya a los
aquí demandantes de las personas que pertenecen al grupo.
Sobre este particular se debe aclarar que la acción de grupo radicada con el número
27001-3103-001-2009-00225-00, a la que se hace alusión, fue interpuesta por los
afectados en contra de la Sociedad de Transportes Rápido Ochoa S.A., en virtud
del contrato de transporte de pasajeros y no fue dirigida en contra de las entidades
aquí demandadas, luego respecto de esa acción no se podría predicar la
configuración de la cosa juzgada, por falta de identidad de las partes.
En la providencia de 3 de julio de 2020 -exp. No. 58725- no se argumentó que
durante el trámite de ese proceso se hubiera conocido de la existencia de la acción
de grupo 2009-00241-00, porque de esta manera lo hubieran informado las partes
de ese proceso, como sí ocurrió en el presente asunto, pues ante ese conocimiento,
en aplicación del principio de seguridad jurídica, debía declararse igualmente
configurada la cosa juzgada.
En este orden de consideraciones, la Sala revocará la providencia impugnada, para
en su lugar, declarar configurado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada respecto
de la sentencia proferida dentro de la acción de grupo radicada con el número 2009-
00241-0117.
6. Condena en costas
Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171
del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Chocó,
el 11 de noviembre de 2016 y, en su lugar, DECLARAR probada la excepción de
17
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 26 de
agosto de 2022, exp. No. 58728., sentencia de 23 de septiembre de 2022, exp. 58896. M.P. José
Roberto Sáchica.
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Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00193-01 (58726)
Actor: Yessica Murillo García y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa
cosa juzgada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidado
r.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
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