Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2010-00194-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2010-00194-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 27001-23-31-000-2010-00194-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
23 de agosto de 2024
Expediente: 27001-23-31-000-2010-00194-01 (58897)
Demandante: Eleuterio Mosquera Mosquera y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 27001-23-31-002-2010-00194-01 (58897)
Demandante: Eleuterio Mosquera Mosquera y otros
Demandado: La Nación, Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Tema: Daño derivado de accidente de tránsito. Muerte de pasajero en vehículo de
transporte público. Subtema 1: Efectos de la sentencia dictada en el proceso de acción de
grupo. Subtema 2: Integración al grupo, oportunidades. Integración de quien manifiesta
interés de acogerse a la sentencia después de dictada. Subtema 3: Cosa juzgada,
configurada.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección procede al estudio del recurso de apelación interpuesto por las partes
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el cinco (5) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Herley Mosquera Castro murió en un accidente de tránsito el tres (3) de febrero de
dos mil nueve (2009), cuando viajaba en un bus de servicio público por la carretera
Medellín-Quibdó, en la jurisdicción de Carmen de Atrato (Chocó), trayecto en el
que se encontró con un deslizamiento de tierra que el conductor trató de evitar
circulando por el carril contrario, colindante con el abismo por el que cayó. La
sentencia apelada consideró que el daño es atribuible a los entes demandados por
la falta de señalización del montículo de tierra, las precarias condiciones de la
carretera y la ausencia de iluminación y demarcación. Al sustentar el recurso de
apelación, el Ministerio de Trabajo insistió en proponer la excepción de falta de
legitimación. El Invías alegó nuevamente el hecho de un tercero como causal
eximente de responsabilidad porque, en su opinión, la causa determinante del
hecho generador del daño fue la conducta imprudente del conductor y, en todo
caso, ante una eventual condena, los obligados al pago de esta son los contratistas
llamados en garantía. La parte demandante solicitó el reconocimiento del daño a la
vida de relación para los padres del fallecido y de perjuicios morales a favor de los
tíos y primos.
II. ANTECEDENTES
2.1. Eleuterio Mosquera Mosquera, Orfa Castro Palacios, Marlly Jhoana Mosquera
Castro, Osnaith Mosquera Castro, Darlinson Mosquera Peñaloza, Yhoan Smith
Mosquera Peñaloza, Jerlina Mosquera Mosquera, Darwin Mosquera Castro, Walter
Mosquera Mosquera, Wilton Mosquera Mosquera, Miriam Cabrera Palacios,
Clemencia Cabrera Palacios, Ana Fidelina Mosquera Mosquera, Ana Fidelina Serna
Mosquera, Edinson Serna Mosquera, Yanio Serna Mosquera, Ciris Jhoana Mosquera
Asprilla, Wasly Tatiana Mosquera Copete, Yirleza Serna Mosquera y Bartola
Expediente: 27001-23-31-000-2010-00194-01 (58897)
Demandante: Eleuterio Mosquera Mosquera y otros
Mosquera Mosquera, en condición de padres, hermanos, tíos y primos del fallecido
Herley Mosquera Castro, presentaron demanda en ejercicio de la acción de
reparación directa el diez (10) de septiembre de dos mil diez (2010), contra la
Nación, Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías (en adelante
Invías), para que se les declare administrativamente responsables por el daño
derivado de la muerte de su familiar, ocurrida en un accidente de tránsito el tres (3)
de febrero de dos mil nueve (2009), cuando viajaba en un bus de transporte público
en la vía Medellín-Quibdó, vereda Santa Ana, jurisdicción de Carmen de Atrato
(Chocó), “debido a las pésimas, precarias y casi inexistentes condiciones de tránsito
de la vía, falta de señalización, mantenimiento”.
Como consecuencia de la anterior declaración solicitaron el reconocimiento de los
perjuicios materiales en las modalidades de lucro cesante y daño emergente, en la
cuantía que resultara probada, y perjuicios inmateriales por daño a la vida de
relación a favor de los padres (400 smlmv) y morales para los padres (100 smlmv),
hermanos (50 smlmv), tíos y primos (30 smlmv)1.
2.1.1. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la parte accionante
enunció, en síntesis: (i) que el accidente de tránsito en el que murió Herley
Mosquera Castro ocurrió a la una de la madrugada del tres (3) de febrero de dos mil
nueve (2009), en la vía la Manza, jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato,
cuando el conductor del bus de transporte público de la empresa Rápido Ochoa
debió realizar una “maniobra evasiva” de un montículo de tierra que produjo el
volcamiento del vehículo a un abismo de 135 m, hasta caer al río Atrato; (ii) que la
maniobra “brusca e imprudente” del conductor para evitar el montículo, provocado
por un deslizamiento, “desplaza el vehículo al carril contrario de su sentido vehicular
hasta ubicar las llantas laterales izquierdas sobre el borde de la vía, causando así
el volcamiento hasta profundidades del rio Atrato”; (iii) que el Ministerio de
Transporte es el encargado de los diseños, programas y políticas para las vías
nacionales, “función que por años ha omitido” en la “trocha” donde ocurrió el
accidente; (iv) que el Invías, por su parte, era el encargado del mantenimiento y
señalización de la vía, pero “no realizó ninguna actividad tendiente a establecer
condiciones adecuadas de tránsito en el sector” aun cuando se presentaban
deslizamientos constantes, tampoco contaba con señales de tránsito, defensas
viales, demarcación ni bermas.
2.2. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante
auto dictado el veintidós (22) de septiembre de dos mil diez (2010), notificado en
debida forma2.
2.3. El apoderado del Ministerio de Transporte presentó escrito de contestación de
la demanda en el que propuso la excepción de falta de legitimación para la causa
y se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que dicha Cartera no
tiene asignadas funciones de ejecución de obras públicas en carreteras nacionales
y que, en todo caso, la causa eficiente del daño fue el desplazamiento de tierra
“natural por la topografía húmeda del terreno (…) Concurriendo como factor causal
eficiente la conducta del conductor admitida por la parte accionante, de haber
realizado maniobra imprudente e irresponsable”3, circunstancias que acreditan el
hecho de un tercero y la fuerza mayor como causales eximentes de responsabilidad.
2.3.1. Por su parte, el apoderado del Invías alegó la configuración de una causa
extraña en la causación del daño, porque, primero, el montículo que ocupaba parte
de la vía devino por un hecho de la naturaleza insuperable e irresistible, como fue
1 Folio 1 del c. 1.
2 Folios 178, 187 y 188 del c. 1.
3 Folio 190 del c. 2.
Expediente: 27001-23-31-000-2010-00194-01 (58897)
Demandante: Eleuterio Mosquera Mosquera y otros
el desprendimiento de tierra ocurrido “con fecha precedente a la del accidente”, que
no “registró ningún percance” ni generó “cierre de la vía, ni parcial ni total por esa
causa” y, segundo, por la conducta imprudente del conductor al maniobrar el
vehículo con sobrecupo, circunstancia que, a su juicio, alteró el centro de gravedad,
“sumado a las condiciones climáticas (lluvia, neblina) y de tiempo (hora de
ocurrencia)”. Adicionalmente, solicitó llamar en garantía a las Sociedades Cass
Constructores y Cia., Constructora LHS S.A., Compañía de Estudios e Interventoría
CEI S.A., y a los señores Luis Héctor y Carlos Alberto Solarte Solarte, personas con
las que supuestamente el Invías suscribió un contrato para “el mejoramiento y
mantenimiento” de la carretera Quindó-La Mansa-Bolívar, entre otras4.
2.4. El Tribunal Administrativo del Chocó admitió el llamamiento en garantía
solicitado por el apoderado del Invías, decisión en virtud de la cual el apoderado de
la sociedad Ponce de León en liquidación, presentó escrito en el que se opuso a las
pretensiones de la demanda al considerar, primero, que se configuro el hecho de
un tercero como eximente de responsabilidad y, segundo, que no existe nexo causal
entre el daño y la conducta de la sociedad5. El apoderado de la Sociedad CASS
Constructores, de la Compañía de Estudios e Interventoría S.A., de la Constructora
LHS y de los señores Solarte Solarte se opuso a las pretensiones porque, a su juicio,
al llamamiento en garantía debía contar con la autorización del comité de
conciliación del ente accionado6. En auto posterior, el tribunal tuvo como pruebas
los documentos allegados por las partes, decretó la practica de testimonios y ordenó
expedir oficios7.
2.5. El Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia dictada el cinco (5) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), declaró administrativamente responsables
a los entes demandados, los condenó al pago de perjuicios morales a favor de los
padres y hermanos de la víctima del accidente de tránsito, les ordenó realizar un
acto público de disculpas y exoneró a los llamados en garantía. Al sustentar la
legitimación del Ministerio de Transporte, el tribunal afirmó que la competencia de
esa Cartera no se circunscribe a la formulación de políticas, planes, programas,
proyectos y regulación económica del trasporte, también le compete la regulación
técnica de transporte y tránsito del modo carretero, pues “trazar la política lleva
implícito su control de ejecución”.
Frente al eximente de responsabilidad por fuerza mayor consideró que el Invías era
conocedor de las condiciones adversas de la carretera, por tanto, “le era previsible
la ocurrencia de derrumbes y pérdida de la banca que la obligaban a efectuar la
debida señalización”. Tampoco demostró el instituto que el conductor hubiera
incurrido en una conducta irresponsable al maniobrar el vehículo ni que el derrumbe
hubiera ocurrido por un hecho inesperado de la naturaleza, “por el contrario (…), a)
la vía estaba afectada de tiempo atrás porque el derrumbe que afectaba la banca
llevaba días sin ser atendido; b) la vía estaba proyectada de doble sentido; c) la
calzada Medellín-Quibdó estaba completamente colapsada y d) no había ningún
tipo de señalización del evento traumático vial.”.
En cuanto al sobrecupo del bus como causa eficiente del daño, el tribunal afirmó
que tal circunstancia constituye una contravención de carácter administrativo, no la
causa del volcamiento, pues por esa carretera circulaban vehículos de mayor peso
“que no corrieron igual suerte (…), aunado a que no estaba prohibida la circulación
de los mismos”, lo que quiere decir que el volumen del automotor no fue
determinante en el acaecimiento del hecho. Frente a las condiciones físicas del
conductor al momento del accidente manifestó que “el sueño, el cansancio y estar
4 Folio 228 del c. 2 y anexo.
5 Folios 57 del c. 2 anexo 1 y 67 del anexo 3.
6 Folio 48 del c. 2 anexo 4.
7 Folio 466 del c. 3.
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Demandante: Eleuterio Mosquera Mosquera y otros
escuchando música a alto volumen (…), tampoco constituyen la razón de ser de lo
ocurrido toda vez que precisamente en ese tramo de la carretera el conductor era
conocedor del derrumbe, lo que naturalmente los lleva a que permanezca alerta
mientras realiza el paso con todas las condiciones anímicas para sobrepasar el
peligro, y por lo tanto es poco probable la tesis que el Invías edifica en tal sentido.”.
Concluyó entonces que el “volcamiento del bus se dio al derrumbarse la banca por
el mal estado de la carretera, aunado a que el conductor no pudo advertir el peligro
existente por la ausencia de señalización, demarcación del carril e iluminación;
únicas causas eficientes, directas y determinantes del daño (…), imputable
solidariamente tanto al Invías como al Ministerio de Transporte.”. Por último,
exoneró de responsabilidad a los llamados en garantía porque no encontró
acreditado que para la fecha del accidente (3 de febrero de 2009) los contratistas
hubieran tenido la obligación de intervenir el tramo de la vía donde ocurrió el
volcamiento, pues el contrato de obra suscrito el diez (10) de septiembre de dos mil
ocho (2008), con el objeto de hacer el mantenimiento de varias vías, “no contaba ni
siquiera con el acta de inicio”, según lo afirmado por el representante de la Unión
Temporal8.
2.6. El apoderado del Ministerio de Transporte interpuso recurso de apelación
contra la sentencia en el que reiteró que dicho ente carece de legitimación en la
causa por pasiva, pues el hecho dañoso no tuvo como causa la realización u omisión
de actuaciones administrativas relacionadas con planes y programas de
construcción, “función que por su naturaleza es política (…), no tiene que ver, en la
actual legislación, con la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación
y conservación de la infraestructura vial nacional (…), es un ente regulador y no
ejecutor.”9.
2.6.1. El Invías, por su parte, adujo que la sentencia apelada tuvo por acreditado el
nexo causal aun cuando la apreciación en conjunto de las pruebas allegadas da
cuenta de que la causa determinante del hecho dañoso fue la conducta imprudente
del conductor, quien, a pesar de conocer la ubicación del montículo por el ejercicio
habitual de su oficio en la misma carretera, realizó una maniobra evasiva que lo
ubicó en el carril contrario hasta rodar por el abismo, “hecho de orillarse que no era
necesario (…), [por] no ser sorpresivo el pequeño deslizamiento y contar con
espacio suficiente”, dado que el ancho de la vía era de 6,25 m y el deslizamiento de
tierra ocupaba 2,25 m, según consta en el informe del Grupo de Seguridad Vial de
la Policía, Seccional Antioquia, semejante al informe rendido por la Administración
Vial10.
En este escenario, afirmó que la falta de señalización no fue determinante en el
suceso, pues el conductor y su auxiliar conocían la ubicación del montículo, por
ende, “tuvo la oportunidad de representar el peligro que significaba orillarse
demasiado, en especial, dadas las condiciones de sobrecupo con que conducía el
vehículo, convirtiéndose su actuar en un proceder determinante y único en el
resultado”. El accidente devino por “alta velocidad, sueño, inobservancia del estado
de climático” y sobrecupo, pues “se habla de 51 a 58 personas involucradas”, esto
es, “entre 19 y 26 personas” adicionales, hecho que “disminuye la capacidad de
maniobra y reacción, por cuanto el centro de gravedad está por fuera de sus
límites.”. Asimismo, aseveró que no se demostró el desprendimiento de la calzada,
pues “la banca no cedió, el terreno está firme (…), sólo se evidencia el
desprendimiento normal de la tierra y vegetación que dejó el paso del vehículo al
rodar”.
8 Folios 665 y 841 del c. ppal.
9 Folio 713 del c. ppal.
10 Folio 737 del c. ppal.
Expediente: 27001-23-31-000-2010-00194-01 (58897)
Demandante: Eleuterio Mosquera Mosquera y otros
Por último, afirmó que en el expediente existe prueba de que los contratistas
llamados en garantía tenían la obligación de “señalización y/o retiro de derrumbe
que se dice se encontraba en la carretera”, pues para la época del accidente existía
orden de iniciación del contrato nro. 1438 de 2008, fechada el primero (1) de
diciembre de ese año, además, los informes de interventoría dan cuenta de que
realizaron labores de regado, remoción de derrumbes y afirmado para tapar huecos
en la ruta Quibdó – La Mansa – Bolívar, y continuarían con trabajos de
mantenimiento para “garantizar la transitabilidad de la vía a partir de la orden de
inicio y hasta la finalización de la obra”.
2.6.2. El apoderado de los demandantes circunscribió su inconformidad a la
denegación de la indemnización por el daño a la vida de relación a favor de los
padres y del perjuicio moral solicitado por los tíos y primos del causante, sustentado
en el grado de consanguinidad acreditado con los registros civiles y en la relación
afectiva que, según su dicho, puede acreditarse con los testimonios dejados de
practicar en primera instancia11.
2.7. El Tribunal Administrativo del Chocó convocó a las partes a la audiencia de
conciliación de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, diligencia que fue
celebrada el veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017) y declarada
fallida por ausencia de ánimo conciliatorio, por lo que concedió los recursos de
apelación12.
2.8. Esta Corporación, mediante auto de veinte (20) de septiembre de dos mil
dieciocho (2018), admitió el recurso de apelación interpuesto por las partes13. En
auto posterior, el magistrado sustanciador negó la solicitud de la práctica de los
testimonios decretados, en razón a que dicha situación devino porque el apoderado
de los demandantes “renunció de manera irrevocable a la prueba testimonial” por
resultarle imposible localizar a los testigos. Al correr traslado a las partes para que
presentaran alegaciones finales y al Ministerio Público para que emitiera concepto14,
el apoderado de los accionantes insistió en que la causa determinante del hecho
dañoso fue la presencia del montículo y la ausencia de señalización y demarcación
de la vía, conocidas por las entidades accionadas. Los apoderados del Invías y del
Ministerio de Transporte reiteraron las inconformidades expuestas en el recurso de
apelación15.
2.9. El Magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó su impedimento por haber
rendido concepto en este asunto en condición de Procurador Primero Delegado ante
el Consejo de Estado. El impedimento fue declarado fundado mediante auto de
nueve (9) de julio de dos mil diecinueve (2019), porque la situación descrita está
enmarcada en la causal descrita en el artículo 141.12 del Código General del
Proceso16.
III. CONSIDERACIONES
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, habida
consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo
preceptuado en los artículos 129 y 132 del CCA 17, pues el proceso inició con
11 Folio 813 del c. ppal.
12 Folios 817 y 820 del c. ppal.
13 Folio 856 del c. ppal.
14 Folio 866 e índice 40 del aplicativo Samai.
15 Índices 41, 42 y 46 del aplicativo Samai.
16 Folios 859 y 861 del c. ppal.
17 CCA, artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
Expediente: 27001-23-31-000-2010-00194-01 (58897)
Demandante: Eleuterio Mosquera Mosquera y otros
vocación de doble instancia al estimar la demanda una cuantía superior a la exigida
para la competencia de los tribunales administrativos en primera instancia18.
3.1. Problemas jurídicos
En consideración a que en este asunto ambas partes presentaron razones de
inconformidad con la sentencia apelada, la Sala procede al análisis de los
siguientes problemas jurídicos:
3.1.1. En atención a que la responsabilidad de los órganos demandados en este
contencioso por los daños derivados del accidente de tránsito ocurrido el tres (3)
de febrero de dos mil nueve (2009), en la vía Medellín-La Mansa-Quibdó, fue
objeto de pronunciamiento favorable a través de la sentencia dictada en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el quince (15) de marzo de
dos mil dieciséis (2016), en el proceso número 2009-00241-01, la Sala
determinará, en primer lugar, si ¿debe declararse, de oficio, la excepción de cosa
juzgada frente a la responsabilidad de los órganos demandados y a los perjuicios
causados con el daño antijurídico?
Si la respuesta al anterior interrogante es negativa, la Sala procederá a resolver
los siguientes asuntos:
3.1.2. ¿La carga obligacional del Ministerio de Transporte guarda conexión con
el hecho generador del daño que se le imputa, al punto de legitimar su
vinculación como parte pasiva de la acción de reparación directa?
3.1.3. El daño antijurídico sufrido por los accionantes con motivo de la muerte
de su familiar en un accidente de tránsito ocurrido cuando se movilizaba en un
bus de transporte público por la vía Medellín-La Mansa-Quibdó, ¿devino por una
causa extraña o es imputable a los entes demandados a título de falla del servicio
por la omisión de la carga obligacional referente al mantenimiento y señalización
de vías?
En el evento de encontrar acreditada la imputación del daño y los perjuicios
aducidos por la parte actora, se determinará lo siguiente:
3.1.4. Los llamados en garantía por el Invías, en condición de contratistas de las
obras de “Mejoramiento y Mantenimiento” de la vía Quindó-La Mansa-Bolívar,
¿tienen la obligación de garantizar el pago de la indemnización?
3.1.5. Por último, se determinará si los perjuicios morales reclamados por los
tíos y primos del causante están sustentados en la acreditación de una relación
afectiva entre parientes del tercer y cuarto grado de consanguinidad. Asimismo,
se establecerá si la indemnización por daño a la vida de relación reclamada a
favor de los padres del causante obedece a una afectación diferente al daño
moral reconocido en primera instancia.
3.2. Hechos probados relevantes para resolver los problemas jurídicos
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión. El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo
184 de este código.
Artículo 132. “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6.
De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales.”.
18 La demanda presentada el 10 de septiembre de 2010, estimó la cuantía en ochocientos cincuenta y cuatro
millones novecientos mil pesos ($854.900.0000), cifra que equivalía a más de 1500 smlmv (Folio 13 del c. 1).
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3.2.1. El registro civil de defunción y el informe pericial de necropsia allegados al
expediente acreditan que Herley Mosquera Castro falleció el tres (3) de febrero de
dos mil nueve (2009), como consecuencia de la fractura cervical a nivel C6, con
sección medular, causada en accidente de tránsito ocurrido a la una de la
madrugada, en la vereda Santana, municipio de Carmen de Atrato, Chocó, cuando
el autobús de la empresa Rápido Ochoa “sufrió volcamiento y cayó a un
precipicio”19.
3.2.3. El “informe de comisión” de cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009),
realizado por un profesional del Invía después de la inspección al sitio del accidente
ocurrido el día anterior en la carretera La Mansa-Quibdó, vía 6002, PR-80+0500,
da cuenta de que para esa fecha se contaba con el registro de diez (10) personas
heridas, veintinueve (29) muertos y dieciséis (16) desaparecidos20. Afirmó que el
sitio donde ocurrió el accidente presentaba “un derrumbe que obstruye un ancho
de la banca de 2 metros, quedando un ancho libre de 4 metros, sin haberse
removido el derrumbe, por el sitio han transitado camiones, buses y automóviles.
La altitud aproximada desde la superficie de la banca hasta el sitio donde se alojó
el bus es de 90 metros, quedando en posición invertida y sumergido en el lecho del
río Atrato, lo cual ha dificultado las labores de rescate. El talud inferior presenta
desplazamiento de la vegetación como producto del deslizamiento del bus.” 21.
Al describir las posibles causas del accidente, el profesional del Invías señaló: (i)
“un pequeño deslizamiento de tierra, el cual el conductor quizás pudo tratar de
evadir, perdiendo el control del vehículo y precipitándose al abismo”; (ii)
“distraerse”, porque si bien se encontraba un deslizamiento, “los vehículos
transitaban de manera normal, ya que se contaba con un espacio suficiente para
hacerlo, sin embargo el conductor pudo haberse distraído (manipulación del radio
del bus, discutir con el ayudante), el cual al darse cuenta del deslizamiento quiso
esquivarlo y fue a dar al precipicio”; (iii) “sueño por cansancio debido a que el
siniestro tuvo ocurrencia en las horas de la madrugada”. A lo anterior se suma “el
exceso de sobrecupo que llevaba el conductor al momento del accidente, lo cual
pudo incidir en la desestabilización y pérdida del control del vehículo.” 22.
El croquis y el formato del registro de accidentes, adjuntos al informe del profesional
del Invías, muestran que el accidente ocurrió en el trayecto La Monsa-Quibdó, en
una vía de 6,30 m de ancho, con “curva izquierda” (abismo) y montículo de tierra
de 2,20 m a la derecha, en un terreno montañoso con superficie mojada23.
3.2.4. La dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, Seccional Antioquia, en
el informe realizado el nueve (9) de febrero de dos mil nueve (2009) con motivo del
accidente ocurrido el 3 de febrero de 2009, describió la vía con utilización de doble
sentido, no demarcada, con ancho de 6,10 m, de “material afirmado”, en “estado
regular”, sin iluminación artificial y ningún “control y señal”. Afirmó que se encontró
un montículo de tierra “que ocupaba el afirmado de los vehículos por una distancia
de 2,15 m de manera transversal sobre la vía. Se evidencia un desprendimiento del
terreno en el borde izquierdo, adyacente a la bancada por una distancia de 90
centímetros. Posición final del vehículo a 120 metros del borde de la vía a lo largo
del abismo, con una pendiente de 60 grados y sumergido en el agua”. El bus
accidentado era de transporte público, marca Chevrolet, modelo 1995, inscrito a la
Empresa Rápido Ochoa, con treinta y dos (32) pasajeros registrados al momento
de iniciar la ruta24.
19 Folios 46 y 67 del c. 1.
20 Folios 337-342 del c. 2.
21 Folio 337 del c. 2.
22 Folio 340 del c. 2.
23 Folios 350 y 351 del c. 2.
24 Folio 81 del c. 1.
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Demandante: Eleuterio Mosquera Mosquera y otros
En la “dinámica del accidente”, el informe de la dirección de Tránsito y Transporte
describe que el conductor “realiza una maniobra evasiva con respecto al montículo
de tierra por deslizamiento ubicado sobre el carril de su circulación, maniobra
consistente en el direccionamiento de su vehículo hacia el carril contrario de su
sentido vehicular hasta ubicar las llantas laterales izquierdas sobre el borde de la
vía, causándose volcamiento lateral por su lado izquierdo, proyectándose a 120
metros de longitud sobre el abismo”. Las “apreciaciones del investigador” fueron las
siguientes25:
≪ Es de anotar que para el conductor del vehículo en relación, hubo una fase de
percepción de un primer peligro en forma oportuna, representada por el montículo de
tierra sobre el carril de su sentido vehicular a causa del deslizamiento del terreno, por
lo cual reacciona ante este para evitarlo, direccionando su vehículo hacia el extremo
contrario de su sentido de circulación, encontrándose con un segundo riesgo de
accidente del cual no hubo una percepción oportuna y que se refleja con el
desbordamiento del terreno que le ocasionó el volcamiento, condición que no dio
lugar a tomar una reacción que le permitiera evitar el accidente, dado que fue una
situación sorpresiva como causa del peso del vehículo en un estado blando de
terreno. El tramo de la vía en que se presenta el accidente carece de elementos
básicos de seguridad (defensas viales, bermas, demarcaciones viales, señalización,
etc (…) Es de afirmar que el espacio de terreno desprendido al lado de la vía en el
punto donde se volcó el vehículo en relación, no hace parte del afirmado de
circulación de los vehículos, espacio determinado de acuerdo a lo observado en el
lugar y para el caso en relación, igualmente la vegetación del terreno adyacente a la
vía, no permite a los usuarios visibilizar claramente el peligro que representa la
geografía quebrada del sector (…)≫
3.2.5. En las entrevistas realizadas con motivo de la investigación iniciada por la
Fiscalía General de la Nación, URI-Quibdó, por el delito de “homicidio culposo por
accidente de tránsito”, allegadas al expediente por la parte actora e incorporadas
por el A quo como pruebas documentales, el pasajero Oscar Darío Carvajal, el 5
de febrero de 2009, narró que al momento del accidente estaba lloviendo, lo
recuerda porque “una pasajera le dijo al conductor que fuera más despacio para
cerrar la ventana ya que se iba mojando, pero antes de sentir que el bus se fuera
al vacío”, “había neblina”, “en ese momento todos iban dormidos” , las luces internas
del bus estaban apagadas26.
La pasajera Astrid María Mercado, en entrevista realizada el 5 de febrero de 2009,
afirmó que iba dormida con su hija abrazada cuando sintió que el bus empezó a dar
vueltas y oyó los gritos de la gente. Al preguntársele sobre el comportamiento del
conductor del bus afirmó que “se encontraba de buen ánimo, colocaron música y
estaban hablando con el ayudante, se quedaban callados por ratos y otra vez
seguían hablando y en el momento del accidente medio recuerda que iba la música
prendida” 27.
El conductor del bus, en entrevista realizada el 7 de febrero de 2009, narró que la
carretera “desde que viaja para allá, ha estado en pésimo estado (…), hay huecos,
despeñaderos, abismos e incluso hay partes donde el vehículo le da dificultad
pasar, que Rápido Ochoa es la única empresa que se arriesga a prestar el servicio,
por allí hay muchas comunidades indígenas y que también lo hace por no
abandonarlos porque estas son las personas que recogen por el camino y que
incluso no les cobran el servicio, que ellos dan lo que voluntariamente quieran y
tengan (…), en el Siete recogió entre 10 a 12 indígenas (…) el accidente ocurrió
entre las 12:30 y 01:00 horas, que el pasó y observó la carretera normal y cuando
25 Folio 85 del c. 1.
26 Folios 109, 110 y 113 del c. 1.
27 Folio 114 del c. 1.
Expediente: 27001-23-31-000-2010-00194-01 (58897)
Demandante: Eleuterio Mosquera Mosquera y otros
menos pensó sintió que el carro colapsó con algo en la parte de atrás y que de
inmediato comenzó a rodar y luego lo botó y lo mandó encima de un árbol y por la
mañana lo recogieron unos soldados, sufrió una fractura en el pie derecho, tiene
dos costillas fracturadas, la columna dislocada, golpes y contusiones en la
cabeza.”28.
El mismo día fue entrevistado el pasajero Oliverio Cortés, quien manifestó que tomó
el bus en el corregimiento de El Siete, veinte minutos antes de las once de la noche,
“había recorrido aproximadamente ocho (8) kilómetros del corregimiento el Siete
hacia Zabaleta, el bus viajaba normalmente sin ninguna falla, faltaba de 10 a 15
minutos para llegar a Zabaleta , cuando de pronto sentí que el bus se salió de la
vía, para mi parecer el conductor llevaba el volumen de la música alta y se distrajo,
antes que ocurriera el accidente varios pasajeros le habían pedido al conductor que
le bajara el volumen a la música, pero el conductor no hizo caso y siguió con el
volumen de la música. Ya después lo único que escuchaba eran gritos nada más e
ahí no recurso nada porque perdí el conocimiento.” 29.
La pasajera Adis Mercado Castillo, en entrevista realizada el 7 de febrero de 2009,
narró que en el sitio conocido como El Siete subieron los indígenas, “el conductor
y el ayúdate estaban conversando y colocando música (…) sentí un estruendo y la
gente comenzó a gritar y el bus comenzó a dar muchas vueltas, yo abracé mi niña
y de un momento a otro me sentí fuera del bus” 30.
En la misma fecha, José Fabian Henao, habitante del municipio de Santa Ana,
afirmó que en el punto donde ocurrió el accidente había un derrumbe que “ya estaba
y puede tener a lo menos dos meses” 31. Albeiro Carreño Enrique, cabo tercero del
Ejército, afirmó igualmente que “el derrumbe que esta frente a donde se fue el bus
ya estaba con anterioridad no sé qué tantos días atrás, pero si estaba, (…) nosotros
patrullamos la zona y lo habíamos visto antes. La visibilidad de la noche del
domingo era nula, lluvia y neblina intensa, los centinelas vieron pasar el bus a eso
de las doce de la noche, aproximadamente, nosotros fuimos los primeros que
llegamos al sitio” 32.
3.2.6. Virgilio de Jesús Montoya Zapata, en diligencia practicada por el Juzgado
Primero Administrativo de Medellín el 27 de junio de 2016, comisionado por el
tribunal para la práctica de los testimonios decretados en este contencioso,
afirmó: (i) que era el conductor del autobús accidentado; (ii) que “llevaba un año y
medio conduciendo por esa carretera [Medellín-Quibdó-Medellín], tres o cuatro
veces a la semana (…)”; (iii) que la ruta atravesaba “zona selvática, lluviosa, con
neblina”, (iv) que el deslizamiento de tierra llevaba más de mes y medio allí y, (v)
que el viaje anterior al accidente lo hizo el dos (2) de febrero de dos mil nueve
(2009), con llegada a Medellín a las 10 pm, que descansó hasta el día siguiente y
salió a las 6 pm con destino a Quibdó33.
Narró que el día del accidente salió desde Medellín a las 6 pm, después de cinco
horas, aproximadamente, se detuvo en el sector de El Siete, lugar donde era
habitual descansar para continuar el camino hacia Quibdó y recoger a los indígenas
que esperaban esa única ruta de transporte público. Describió que minutos después
de continuar la ruta, al avanzar por la izquierda del derrumbe, al lado del abismo,
“pasó la trompa del vehículo cuando siento que el vehículo me hala de la parte de
atrás y se va al abismo”.
28 Folios 115 y 116 del c. 1.
29 Folio 118 del c. 1.
30 Folio 122 del c. 1.
31 Folio 125 del c. 1.
32 Folio 127 del c. 1.
33 Folio 640 y CD al mismo folio del c. 3.
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Demandante: Eleuterio Mosquera Mosquera y otros
Al preguntarle la juez cuáles eran las condiciones de la vía, el conductor afirmó que
“tiene puntos destapados, lomas, bajadas. Es una carretera llena de huecos,
derrumbes, abismos, deslizamientos”. A la pregunta de la apoderada del Invías
sobre si al llegar al derrumbe, él o el ayudante “se bajaron para verificar si era
factible o no el paso por el sitio”, el testigo respondió: “Como lo dije anteriormente,
llevábamos aproximadamente mes y medio todos los vehículos que conducían
hacia Quibdó y hacia la ciudad de Medellín pasando por este lado del derrumbe,
como me ocurrió a mi le hubiera podido ocurrir a otro vehículo el accidente”.
3.2.6.1. El testigo Oliverio Cortés Jaramillo, el 25 de julio de 2016, relató ante el
juzgado promiscuo municipal de Carmen de Atrato, comisionado por el Tribunal
Administrativo del Chocó, que en el sector de El Siete le insistieron al conductor
que los transportara, “aunque fuera parados, nos montamos como 15 pasajeros de
pie fuera de los que venían de Medellín (…), el chofer iba escuchando música y
algunos pasajeros pidieron que bajara el volumen, le insistieron dos veces y el
conductor como que no escuchó”. Afirmó que el bus iba “pesado y despacio, cuando
una señora gritó atrás el bus ya estaba en el aire y se estaba volcando”, que la vía
era “malísima, muy poco le hacían mantenimiento”34.
3.2.6.2. Por su parte, el testigo Carlos Leonel Yagarí narró que el bus recogió
pasajeros en el sector de El Siete, entre los que había 10 indígenas y citó algunos
de los nombres de las personas de la comunidad de Sabaleta a la que dijo
pertenecer. Al preguntársele sobre las condiciones de la vía manifestó que eran
críticas y no había señalización35.
3.3. Consideraciones sobre el primer problema jurídico
La cosa juzgada se ha asimilado al principio del "non bis in idem" y tiene por objeto
que los hechos y conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los
medios aceptados por la ley para la resolución de conflictos no vuelvan a ser
debatidos en otro juicio posterior; así, esta institución cumple una función doble para
la eficacia de las decisiones judiciales. En primer término, da seguridad, estabilidad
y certeza a la relación sustancial que se decide. En segundo término, prohíbe que,
mediante un nuevo proceso, se vuelva a discutir lo resuelto, de modo que, si el juez
encuentra una decisión previa con el mismo objeto, causa y partes no puede proferir
una buena decisión sobre la controversia frente a la cual se predica la cosa juzgada.
El artículo 97 del Código de Procedimiento Civil (CPC) —hoy artículo 92 del Código
General de Proceso (CGP) — prevé la cosa juzgada como excepción, ineludible
cuando el juez que conoce del nuevo proceso encuentra acreditados los
presupuestos para su configuración. El instituto de la cosa juzgada está regulado
en los artículos 175 del Código Contencioso Administrativo (CCA) y 332 del Código
de Procedimiento Civil (CPC), aplicables para la época de los hechos, que
establecen los elementos formales y materiales de procedencia.
El elemento formal implica que no es posible volver sobre una decisión tomada en
providencia ejecutoriada dentro del mismo proceso o en otro en el que se debatan
las mismas pretensiones y fundamentos jurídicos; lo anterior, para garantizar
estabilidad y seguridad jurídica. El elemento material hace alusión a la intangibilidad
de la sentencia en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se
ocupó plenamente del objeto de la contienda y que fue decidido con la plenitud de
las formas propias del juicio. Por consiguiente, para que una sentencia tenga fuerza
34 Folio 651 del c. 1.
35 Folio 654 del c. 1.
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de cosa juzgada, los elementos que deben concurrir son: (i) la identidad jurídica de
partes, (ii) la identidad de objeto y (iii) la identidad de causa36.
3.3.1. En este caso se encuentra demostrado que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo profirió sentencia en segunda instancia en el marco de una acción de
grupo ejercida para lograr el reconocimiento de los perjuicios causados a los
familiares de las víctimas del accidente ocurrido el tres (3) de febrero de dos mil
nueve (2009), en la vía Medellín-La Mansa-Quibdó. Los demandantes en este
contencioso, por su parte, ejercieron la acción de reparación por la misma causa y
con el mismo objeto debatido en el proceso anterior, motivo por el que resulta
oportuno realizar las siguientes precisiones:
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 472 de 1998, son titulares de la acción de
grupo las personas naturales o jurídicas que hubieran sufrido un perjuicio individual
y reúnan condiciones uniformes frente a la causa del daño, por tanto, quien actúa
como demandante representa a las demás personas que hayan sido afectadas
individualmente, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por
separado su propia acción ni haya otorgado poder.
En cuanto a la integración del grupo, el artículo 55 ibidem establece que las
personas afectadas individualmente por un daño devenido por una misma causa
pueden hacerse parte del proceso en dos momentos: “(i) antes de la apertura a
pruebas, para lo cual deberán presentar un escrito en el que se indique el daño
sufrido, su origen, y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al grupo de
individuos que interpuso la demanda o, (ii) dentro de los 20 días siguientes a la
publicación de la sentencia”37. Dicha norma también prevé que “las acciones
individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo,
a solicitud del interesado”38, quien ingresará al grupo, por tanto, “terminará la
tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de
grupo”.
En lo atinente a la exclusión del grupo, la Ley 472 de 1998 prevé que los miembros
del grupo podrán solicitar la exclusión en los siguientes términos: (i) dentro de los
cinco (5) días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda,
término en el que cualquier miembro podrá manifestar su deseo de ser excluido del
36 El objeto como uno de los elementos que configura la cosa juzgada se refiere a la relación jurídica sustancial
o el derecho que decide una sentencia. Así, se verificará la identidad de objeto, si lo decidido en una providencia
ejecutoriada coincide con el derecho o la pretensión que se presenta en una nueva demanda -petitum-. A su
vez, la causa de pedir se refiere al hecho jurídico que sustenta la pretensión, es decir, la razón o motivo por el
que se pide -causa petendi-. De allí que habrá identidad de causa si los supuestos de hecho que llevaron a la
adopción de una providencia ejecutoriada y los que se exponen en una nueva demanda son -en esencia- los
mismos. La identidad de partes se presenta si los sujetos, que comparecieron -a nombre propio o
representados- en un proceso decidido con una providencia ejecutoriada, vuelven a un nuevo proceso -bien sea
en calidad de demandantes o de demandados. Cfr. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo
– Sección Tercera – Subsección B, sentencia del veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012), número
interno 19269.
37 Corte Constitucional, sentencia C-242 de 22 de marzo de 2012.
38 Artículo 55 de la Ley 472 de 1998. Integración al Grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños
ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u
omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio
podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito
en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de
pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al
proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones
vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la
sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales
para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas. La integración de
nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la indemnización
contenida en ella. Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de
grupo, a solicitud del interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la
acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo. (El texto subrayado fue declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-241 de 2009).
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grupo y, en consecuencia, no estar vinculado al acuerdo conciliatorio o a la
sentencia; (ii) dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia,
“cuando la persona vinculada por una sentencia pero que no participó en el proceso,
demuestre en el mismo término que sus intereses no fueron representados en forma
adecuada por el representante del grupo que hubo graves errores en la notificación.
Transcurrido el término sin que el miembro así lo exprese, los resultados del
acuerdo o de la sentencia lo vincularán. Si decide excluirse del grupo, podrá intentar
acción individual por indemnización de perjuicios.” (art. 56).
En atención a que la Ley 472 de 1998 permite la integración de “nuevos miembros
al grupo, con posterioridad a la sentencia”, la providencia que define el asunto debe
contener (art. 65)39:
(i) El pago de la indemnización colectiva, “que contenga la suma ponderada
de las indemnizaciones individuales”;
(ii) Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios ausentes del proceso
para reclamar la indemnización en el término fijado por la ley con posterioridad
a la sentencia;
(iii) La publicación de un extracto de la sentencia en un diario de amplia
circulación nacional, “dentro del mes siguiente a su ejecutoria o a la notificación
del auto que hubiere ordenado obedecer lo dispuesto por el superior, con la
prevención a todos los interesados”, lesionados por el mismo hecho, que no
concurrieron al proceso, “para que se presenten al Juzgado, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización;
(iv) La orden de entregar la suma indemnizatoria al Fondo para la Defensa de
los Derechos e Intereses Colectivos, “dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria, el cual será administrado por el Defensor del Pueblo”, quien
pagará las indemnizaciones individuales “de quienes formaron parte del
proceso como integrantes del grupo” y las indemnizaciones correspondientes
a los interesados que presentaron solicitudes dentro del término fijado después
de la publicación de la sentencia y acreditaron los requisitos dispuestos en la
providencia, las cuales son tramitadas y decididas “conjuntamente mediante
Acto Administrativo en el cual se reconocerá el pago de la indemnización (…)
Los dineros restantes después de haber pagado todas las indemnizaciones
serán devueltos al demandando”;
(v) La liquidación de las costas y;
(vi) La liquidación de los honorarios del abogado coordinador.
En cuanto a los efectos de la sentencia, el artículo 66 de la ley citada establece que
constituye cosa juzgada “en relación con quienes fueron parte del proceso y de las
personas que, perteneciendo al grupo interesado, no manifestaron oportuna y
expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso” 40,
mismos a los que hace referencia el artículo 55 al prever la integración al grupo
durante el proceso antes de “la apertura a pruebas”, en la oportunidad prevista
después de dictada la sentencia y por motivo de que “las acciones individuales
relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud
del interesado”.
Frente al procedimiento referido, la Corte Constitucional ha considerado que “el
trámite de la acción de grupo está diseñado de forma tal que facilita la reunión de
los dispersos, durante las distintas etapas del proceso, permitiendo, incluso, el uso
de los medios masivos de comunicación para convocar a los afectados (Ley 472 de
1998 arts. 53 y 55). Como se indicó, con la demanda se requiere que el demandante
identifique o permita identificar las víctimas del daño, por lo menos en un número
39 Artículo 65 de la Ley 472 de 1998. “Contenido de la sentencia”.
40 Artículo 66 de la Ley 472 de 1998. (Negrilla de la Sala).
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de veinte, lo que permite a su vez que durante el proceso y por acción del propio
juez los afectados sean llamados y vinculados para hacer efectivos sus reclamos
(…), exigencia establecida en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 472 de 1998,
(…) que no viola la Constitución Política ni afecta los derechos de igualdad, debido
proceso y acceso a la justicia, al estar acorde con los propósitos que busca la
implementación de las acciones de grupo, entre otros, proteger a quienes han sido
víctimas de daños masivos (…) en forma ágil, sin que se elimine la opción de acudir
a las acciones individuales indemnizatorias” 41.
3.3.2. En el presente caso se encuentra acreditado que el Juzgado Diecisiete
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en sentencia de primera instancia
dictada el veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015)42, resolvió lo siguiente:
(i) declaró patrimonialmente responsables al Invías y al Ministerio de Transporte “de
los daños ocasionados por el fallecimiento, lesionamiento y desaparición de
pasajeros del bus (…) accidentado en el kilómetro 80 + 500 de la carretera Quibdó-
La Mansa, sector Santa Ana, jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato, Chocó,
en las primeras horas del día 03 de febrero de 2009”, con la precisión de que la
condena se reduciría en 50 % porque “encuentra probada una concurrencia de
culpas”; (ii) condenó a los órganos mencionados al pago de seis mil doscientos
cuarenta millones cuatrocientos treinta mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos
con ochenta y cuatro centavos ($6.240.430.449.84), por concepto de perjuicios
morales y materiales para “los integrantes del grupo constituido como parte en el
proceso que da lugar a esta sentencia, y los que lo hagan después (…)”; (iii) dispuso
pagar la indemnización a las personas del grupo que dentro de los veinte (20) días
siguientes a la publicación de la sentencia decidieran acogerse a lo dispuesto en
dicha providencia y acreditaran los requisitos establecidos en la parte motiva; (iv)
ordenó entregar el monto de la indemnización al Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos, administrado por el Defensor del Pueblo, dentro
de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la providencia, “según lo ordenado
en el artículo 65.3 de Ley 472 de 1998”; (v) previó que el Fondo para la Defensa de
los Derechos Colectivos “devolv[iera] el dinero sobrante a las entidades
demandadas (…) luego de finalizado el pago de las indemnizaciones individuales,
en cumplimiento del inciso 3 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998” y, (vi) negó las
demás pretensiones de la demanda43.
Inconforme con la anterior decisión, la Nación, Ministerio de Transporte, interpuso
recurso de apelación que fue decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia
en sentencia del quince (15) de marzo de dos mil dieciséis (2016) 44, en la que
confirmó parcialmente la sentencia del juzgado y la modificó en los numerales 1 y 2
“en el sentido de excluir a la Nación, Ministerio de Transporte, por haber prosperado
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva” 45.
3.3.3. Las providencias citadas denotan que existe identidad de objeto y causa con
el presente proceso de reparación directa, porque en ambos casos las pretensiones
se encaminaron a lograr la declaración de responsabilidad del Estado, en cabeza
de la Nación, Ministerio de Transporte, y del Instituto Nacional de Vías, por los
perjuicios causados con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el tres (3) de
febrero de dos mil nueve (2009), en la vía que de Medellín conduce al municipio de
Quibdó, cuando el vehículo tipo bus cayó al rio Atrato, siniestro que ocasionó la
41 Corte Constitucional, sentencia C-116 de 13 de febrero de 2018.
42 Folio 1211 a 1231, cuaderno principal.
43 Folio 567 del c. 3.
44 Folio 1201 a 1210, cuaderno principal.
45 Folio 590 del c. 3.
Expediente: 27001-23-31-000-2010-00194-01 (58897)
Demandante: Eleuterio Mosquera Mosquera y otros
muerte de varios de los pasajeros que se movilizaban en ese vehículo, entre los que
se encontraba Herley Mosquera Castro46.
En lo atinente a las partes, la identidad del grupo, definida a partir del vínculo de
parentesco con las víctimas del accidente, denota que todas las personas que
tienen la condición de parientes de los fallecidos y lesionados integraron el grupo,
aun cuando no se conocieran sus nombres al momento de la demanda o no
hubieran participado en el trámite procesal, dado que el criterio identificador implica
que al ser determinables formaron parte del grupo y quedaron vinculadas a la
sentencia.
Ahora, si bien es posible que los integrantes del grupo soliciten su exclusión dentro
de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda
o dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia, eventos en los
que “podrá intentar acción individual por indemnización de perjuicios”, en el caso
bajo estudio la parte actora no acreditó dicha exclusión en forma expresa y
oportuna, motivo por el cual se entiende que los aquí demandantes integraron el
grupo y quedaron vinculadas a la sentencia.
Corrobora lo anterior la certificación expedida por el Juzgado Diecisiete
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, incorporada al expediente en respuesta
al requerimiento de oficio dictado por la Sala47, en la que consta el nombre de las
personas que solicitaron la exclusión, lista en la que no aparece ninguno de los
accionantes, por tanto, se entiende que mantuvieron la condición de integrantes del
grupo. En todo caso, es pertinente precisar conforme a esta certificación, que las
solicitudes de exclusión presentadas en el trámite procesal fueron negadas
mediante autos de 3 de agosto de 2021 y 13 y 18 de febrero de 2013.
En este orden, es válido afirmar que en este caso se encuentra configurada la
cosa juzgada porque: (i) en ambos procesos las pretensiones son las mismas, se
fundan en los mismos hechos y se debaten entre las mismas partes, bien en calidad
de demandantes o de demandados48, (ii) los actores no solicitaron la exclusión del
grupo como integrantes determinables por el vínculo de parentesco con la víctima
del accidente de tránsito; (iii) la acción de reparación directa fue ejercida después
de la admisión de la acción de grupo, pues la primera data del diez (10) de
septiembre de dos mil diez (2010) y el auto fue dictado dieciséis (16) de octubre de
dos mil nueve (2009)49.
Por lo expuesto, la Sala concluye que la sentencia dictada por el Juzgado Diecisiete
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el veintiuno (21) de mayo de dos mil
quince (2015), confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Antioquia
el quince (15) de marzo de dos mil dieciséis (2016), constituye cosa juzgada para
los aquí demandantes al haber integrado el grupo en condición de parientes de
46 El Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en la sentencia de primera instancia, realizó
un listado de las personas que, según los informes obrantes en dicho proceso, fallecieron producto del
accidente, entre esos incluyó a Alexander Salazar López. Página 26 de la mentada providencia.
47
Aplicativo Samai, expediente electrónico, índice 90
48 “La identidad jurídica de partes, se presenta cuando se trata de los mismos sujetos que en nombre propio o
por medio de representante comparecieron al proceso anterior -bien en calidad de demandante o de
demandado- y actúan en el nuevo. Así, dado que la sentencia no obliga sino a quienes tuvieron calidad de parte
en el proceso (excepto que la ley consagre un efecto erga omnes, como ocurre, por ejemplo, con la que declara
la nulidad de los actos administrativos), se impone analizar quiénes son los sujetos litigantes y la calidad en que
actúan en ambos procesos, sin que se exija una identidad física sino jurídica, como tampoco una posición
procesal en uno y otro como demandante o demandado”. (negrillas fuera del texto). Consejo de Estado – Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del veintiuno (21) de abril de dos mil nueve (2009) y del diez
(10) de noviembre de la misma anualidad, radicación número 11001-03-15-000-2007-00581-00 y 11001-03-15-
000-2008-01180-00; reiterada en Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera
– Subsección B, sentencia del veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012), radicación número 20001-23-
31-000-1999-00229-01.
49 Fecha incluida en la sentencia de primera instancia de la acción de grupo, página 6.
Expediente: 27001-23-31-000-2010-00194-01 (58897)
Demandante: Eleuterio Mosquera Mosquera y otros
Herley Mosquera Castro, quien murió en el accidente de tránsito ocurrido el tres (3)
de febrero de dos mil nueve (2009), objeto de la declaración de responsabilidad
extracontractual definida mediante sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, el quince (15) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en el trámite de
la acción de grupo radicada bajo el número 2009-00241-01. En consecuencia, la
sentencia apelada en este contencioso que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda será revocada. En su lugar, se declarará de oficio la excepción de
cosa juzgada.
IV. Costas
No hay lugar a la imposición de costas, porque no se evidencia en el caso concreto
actuación temeraria de alguna de las partes, presupuesto exigido por el artículo 55
de la Ley 446 de 1998 para que proceda dicha condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó
el cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). En su lugar se dispone:
SEGUNDO: DECLARAR, de oficio, la excepción de cosa juzgada.
TERCERO: Sin condena en costas.
En firme esta providencia, por Secretaría de la Sección, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
VF
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